ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

“Yo revelo todo mi corazón, amigos míos -atestiguaba Nietzsche por boca de Zaratustra-. Si hubiese Dios, ¿cómo soportaría no serlo? Luego Dios no existe”. Sánchez, aunque sea de forma inconsciente, piensa de la misma manera: si hay rey, ¿cómo soportaría no serlo? Luego delenda est monarchia. La razón de la ofensiva de Sánchez contra la monarquía (ofensiva disimulada, pero no por eso menos agresiva) se encuentra sí en la necesidad de dar gusto a sus socios independentistas, que tienen como uno de sus primeros objetivos destruirla, no tanto como monarquía sino como representación de la unidad del Estado, y atacar al Rey no tanto como rey sino como jefe del Estado.

Pero, también, en un deseo inconsciente frustrado, el de ser rey, pero no rey parlamentario -que necesita para realizar cualquier acto el refrendo del gobierno-, sino absoluto, del Antiguo régimen, de los que aglutinan todos los poderes, tal como los poseía el ahora denostado Juan Carlos I a la muerte de Franco y a los que renunció para transferirlos al pueblo, el español, que según la Constitución es el único soberano. Cuando Sánchez coincide en un mismo acto con el jefe del Estado se nota demasiado su desagrado por tener que ocupar el segundo lugar.

Una noticia no ha tenido quizás la relevancia que merecía, la contestación de la Moncloa al Consejo de Transparencia, acerca del uso del Falcon para asuntos privados o de partido. Han sido tres meses largos de disputas con el Consejo y se han necesitado dos pronunciamientos de la Audiencia Nacional para forzar a Sánchez a reconocer que lo ha empleado para asuntos propios y del partido en infinidad de situaciones. Nunca un presidente de gobierno se ha negado como este a dar información sobre el uso de los medios públicos. Ninguno ha necesitado tantas llamadas de atención por parte del Consejo de Transparencia. Ninguno ha tenido que ser amonestado por la Audiencia Nacional por negarse a facilitar los datos y esconderse detrás de los secretos oficiales.

Con todo, lo más relevante es la argumentación aportada por Moncloa y enviada al Consejo de Transparencia para justificar la utilización de los medios públicos para fines privados: “La condición del presidente del gobierno se ejerce de forma continuada e íntegra durante todo el laxo de tiempo que discurre entre su nombramiento y cese, sin contemplar ningún periodo determinado o determinable en que el jefe del ejecutivo no ostente esa condición”. La contestación no deja de ser sorprendente, ya que parece que se considera la presidencia del gobierno como un cierto manto para cubrir todo lo que se haga y en todo momento, patente de corso, una especie de inviolabilidad para la utilización de los recursos públicos con absoluta discrecionalidad.

Es curioso que ahora que se discute la inviolabilidad del Rey, parece que Sánchez pretende establecerla para la presidencia del gobierno. Con una gran diferencia, en el caso del jefe del Estado la Constitución se la concede después de atarle las manos y establecer que todas sus decisiones sean refrendadas por el Gobierno; de tal manera, que en sentido contrario sus actos son nulos. En nuestra Constitución el jefe del Estado no puede decidir nada por sí mismo. Sus actuaciones se encuentran condicionadas por la voluntad del Gobierno. No puede ir a Cataluña ni a ningún otro sitio si el Ejecutivo no le autoriza; y, piense lo que piense, no ha tenido más remedio, por ejemplo, que firmar los indultos de los condenados por el procés cuando el Gobierno se los ha presentado para su ratificación.

La situación del presidente del Gobierno es totalmente distinta. En un sistema como el español el poder del jefe del Ejecutivo es amplísimo y no necesita para la mayoría de sus decisiones refrendo alguno. De ahí la gravedad de que Sánchez quiera añadirle la irresponsabilidad en el uso de los medios públicos. Quiere ser rey, pero de los de la antigua usanza. Poder acudir en Falcon con su esposa al festival de Benicassim o desplazarse utilizando el mismo medio de transporte por toda España en campaña electoral o en actos de partido, invitar a sus amigos al Palacio de las Marismillas sin dar cuenta a nadie, y sin dar explicaciones marcharse de excursión a Nueva york. En fin, no distinguir entre asuntos particulares y oficiales en la utilización de los medios públicos con el argumento de que él es presidente de gobierno en todo momento haga lo que haga.

No deja de ser curioso que quien se ha negado durante tanto tiempo a dar explicaciones, que quien ha sido amonestado reiteradamente por el Consejo de Transparencia como ninguna otra institución y que quien, creando un precedente gravísimo, ha sido obligado a dar las informaciones que se le reclamaban por la Audiencia Nacional se preocupe tanto por la transparencia de la Casa Real, cuando esta institución, al menos ahora, aparece a la cabeza en todos los rankings en esta materia y además el jefe del Estado debe ser refrendado en todas sus actuaciones por el Gobierno.

Hay asuntos que rayan en lo ridículo, como el hecho de que los ministros y demás acólitos del sanchismo repitan como papagayos la frase ingeniosa del maestro de que el emérito debe dar explicaciones. Lo cierto es que la frase choca con la insistencia en afirmar que ahora es una persona privada, hasta el punto de no poder pernoctar en la Zarzuela, por tratarse de un edificio público, como si no lo fuera el Palacio de las Marismillas y privados los amigos de Sánchez. Juan Carlos ha dado explicaciones, las que podía dar, a través de su abogado, donde las personas privadas las dan, en los tribunales. Aunque en este caso ha sido en la Fiscalía, donde el expediente ha permanecido durante dos años sin llegar siquiera a los jueces. Ya se ha encargado la Fiscalía, bien aleccionada por Lola Delgado, de hacer todo tipo de filtraciones.

En este tema creo que políticos y periodistas han desplegado una buena dosis de hipocresía. Desde que se aprobó la Constitución hasta su abdicación, el anterior jefe del Estado estuvo sometido al refrendo de los distintos gobiernos que respondían por él de sus actos. Es increíble que estos no supiesen nada de las transgresiones o excesos que presuntamente ha cometido el anterior jefe del Estado. Desde el Gobierno de Suárez hasta el de Zapatero, todos en cierta manera han sido responsables. PP y PSOE, PSOE Y PP, no pueden lavarse ahora las manos, y mucho menos rasgarse las vestiduras. Tampoco los independentistas, del PNV y de Convergencia. Algo parecido ocurre con los periodistas.

El sanchismo practica lo del Evangelio. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. En estos momentos en los que las encuestas les son desfavorables se enrocan en el discurso de la presunta corrupción, la mayoría de casos antiguos, de los demás, pero se olvidan de la suya actual o de la de sus compañeros de viaje. Por ejemplo, el PSC mantiene a Colau en la alcaldía de Barcelona con varias imputaciones.

En cuanto a la corrupción, existe cierta confusión. A menudo solo se considera, o únicamente se le da importancia, a la que comporta el propio provecho y principalmente la malversación en efectivo. Cuántas veces hemos escuchado eso de ”pero ellos no se han enriquecido” Sin embargo, pienso que suele ser bastante peor la corrupción que se comete para favorecer al propio partido que la que el infractor realiza exclusivamente en beneficio propio. Si en ambos casos hay malversación de fondos públicos, en el primer supuesto se ataca además la neutralidad que debe imperar en el juego democrático. Se da ventaja a una formación política por encima de las demás.

Y, para corrupción, la de los amigos de Sánchez, los independentistas, que emplearon en contra del resto de los catalanes gran cantidad de recursos públicos orientados a vulnerar la Constitución y romper el Estado, es decir, a actos delictivos. En el fondo siempre hay enriquecimiento propio, puesto que lo que va al partido o a favorecer la propia opción ideológica termina de una u otra manera beneficiando al autor de la corrupción. Y ¿hay mayor corrupción y enriquecimiento que convertir a un aprendiz de economista incapaz de publicar una tesis sin copiar, en presidente del gobierno a base de cesiones, de comprar con medios públicos, no solo dinerarios sino también políticos, a todos los que pretenden romper el Estado?

A Sánchez habría que llamarle Pedro el de las mercedes por similitud con aquel Enrique II, iniciador de la dinastía Trastámara e hijo bastardo de Alfonso XI, que para llegar al trono y mantenerse en él tuvo que hacer todo tipo de cesiones a los nobles, y que por ello es por lo que la historia lo conoce como Enrique el de las mercedes. Sánchez llegó a la Moncloa y se mantiene en ella a costa de comprar los votos de los enemigos del Estado, pagando un precio muy caro. ¿Hablamos de corrupción?

republico.com 2-6-2022

Hace casi dos años (11-6-2020) en un artículo en este mismo periódico, señalaba el acierto que había tenido Rubalcaba al bautizar con el nombre de Frankenstein al gobierno que Pedro Sánchez acariciaba en 2016, y que motivo que le descabalgasen de la Secretaría General del PSOE, que al final logró formar en 2018 con 85 diputados, para repetirlo en 2020 con 120. La semejanza con el personaje creado en su novela por Mary Shelley es evidente. Construido en la ficción con despojos de distintos individuos, porciones con orígenes plurales y heterogéneos, es deforme y repelente. Pero, es además, al ser contra natura resulta funcionalmente no apto para la vida.

Algo casi idéntico sucede con el Gobierno formado por Sánchez. Se apoya en un conglomerado híbrido de múltiples formaciones políticas totalmente inconexas, la mayoría minoritarias, de aquí y de allá, muchas de ellas con la única pretensión de romper España. ¿Cómo no va ser contra natura que gobierne el Estado quien quiere destruirlo? Pero, también, al igual que el personaje literario, es inhábil funcionalmente. Difícilmente puede cumplir los objetivos que se le asignan a un gobierno. Su historia se reduce a una serie de contradicciones y contrasentidos que sería interminable relatar. Cada uno nuevo que emerge supera a los anteriores. Se van acumulando y complicando la situación.

Últimamente, los despropósitos han surgido alrededor de una noticia sin garantía alguna de veracidad, publicada en un periódico de Canadá, acerca de que se había investigado con el programa Pegasus a una serie de independentistas catalanes. El reportaje habría pasado casi desapercibido si no hubiese sido porque los soberanistas, que en parte lo habían propiciado, no estaban dispuestos a dejar pasar ocasión tan propicia para hacerse, como es su costumbre, las víctimas. Magnificaron el asunto, dando por probado lo que era una mera especulación. Han puesto el grito en el cielo y lo han utilizado para uno de sus objetivos preferidos, la internacionalización, según dicen, del conflicto.

Hemos tenido que ver a Puigdemont, el fugado de la justicia, acompañado por unos cuantos acólitos, con pancartas a la puerta del Parlamento Europeo, quejándose de que les habían espiado, y hemos tenido que aguantar que ese hombre de Estado que es Rufián se mostrase intranquilo y abatido porque lo que, según él, estaba en solfa no era la legislatura, sino el sistema democrático. Y esto lo dice quien es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado. Pero todo ello no puede extrañarnos, entra dentro de la conducta a la que nos tienen acostumbrados los independentistas. Lo que no parece normal ni presentable es que un gobierno reaccione tal como lo ha hecho el  de Sánchez.

Cualquier otro gobierno en una situación parecida no se habría dado por enterado mientras la información no estuviese probada. Consideraría la noticia como una más, de la que no se sabe qué parte es invención y qué parte realidad, y que por lo tanto el Gobierno no tiene por qué confirmarla o desmentirla al tratarse, además, de materia de secretos oficiales. En todo caso, mantendría que, verdad o mentira, no tendría nada de raro que aquellos que habían dado un golpe de Estado y afirmaban que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; sostendría que sería totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España, hayan sido investigados por los servicios secretos; y defendería que sería razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.

Pero todo esto sería así, si el Gobierno fuese normal, pero estamos en presencia de un gobierno Frankenstein. Margarita Robles tendría que haber sido consciente de ello, puesto que, desde el primer momento -2016-, se situó al lado de Sánchez frente al Comité Federal, cuando manejaba ya la idea de realizar todas estas alianzas espurias, le acompañó en su hégira de las segundas primarias y ha formado parte desde el principio del Gobierno Frankenstein. Sin embargo, se olvidó de todo ello, cuando en el Congreso se enfrentó muy digna a los nacionalistas, con la siguiente pregunta: ¿Qué tiene que hacer un Estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?

Alguien podría haber respondido: Que ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Si es el Frankenstein: indultar a los golpistas, gobernar con ellos, asumir el lenguaje soberanista respecto al espionaje, desplazar al ministro de la presidencia a Barcelona a pedir disculpas y humillarse frente a un miembro de tercera fila del Gobern, convocar una rueda de prensa precipitadamente y por sorpresa para anunciar que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido espiados hace un año? El hecho de publicitarlo –que resultaba un tanto insólito e incomprensible- adquirió sentido más tarde, al comprender que servía de pretexto para cesar a la directora del CNI y dar así satisfacción a los golpistas.

Qué tiene que hacer un gobierno, se preguntaba Margarita Robles. Pues si ese gobierno es el Frankenstein, parece que forzar a la presidenta del Congreso a que cambie las reglas del juego para constituir la Comisión de Secretos Oficiales e introducir en ella a los independentistas, golpistas y herederos de Batasuna; obligar a comparecer en esta Comisión a la directora del CNI y mostrar todos los expedientes y las correspondientes autorizaciones judiciales; y, por último, cesarla a petición de los golpistas y utilizando la coartada previamente preparada del espionaje al Gobierno.

¿Por último? No es la expresión adecuada, porque parece que los independentistas no van a conformase con lo obtenido hasta ahora y van a seguir chantajeando al Gobierno. Parece que exigen que se desclasifiquen los expedientes referentes a las escuchas y las respectivas autorizaciones judiciales. Pero seguramente lo que no les gustaría es extender la desclasificación al contenido de los pinchazos, ya que se escucharían y se verían muchas cosas que a los secesionistas no les interesaría que se supiesen. No saldrían quizás muy bien parados. Es posible que sea ese mismo motivo el que hace que no estén muy decididos a ir a los tribunales. A lo largo de los procesos saldrían a la luz toda una serie de hechos e informaciones que seguramente les perjudicarían.

Hay quienes piensan que existe aún una baza pendiente en aras de dar satisfacción a los nacionalistas, el cese de Margarita Robles, una vez que haya pasado la asamblea de la OTAN. Las múltiples reiteraciones de la ministra de Defensa acerca de que cuenta totalmente con la confianza de Sánchez tienen muy poco valor y si no que se lo digan a Ábalos, a Calvo o a Iván Redondo. Poco vale que Robles saque a pasear que ha acompañado a Sánchez desde el principio. Lo cual es cierto y también el mayor manchón en su vida política e incluso democrática,  pero es que, además, no les sirvió de nada a los tres citados anteriormente para impedir su cese.

Lo único cierto es que la todavía ministra de Defensa hizo un tremendo papelón en la rueda de prensa en la que comunicó el cese (sustitución lo denominó ridículamente) de Paz Esteban como directora del CNI. Fue todo un espectáculo. Ha decepcionado a muchos que se creían que Robles era distinta de los otros miembros del ejecutivo, lo que constituye sin lugar a dudas un espejismo. Todos participan de la misma culpa, les une el mismo pecado, la pertenencia al Gobierno Frankenstein. Habrá quien se interrogue sobre la causa de que Margarita Robles no haya dimitido. La pregunta no deja de ser ingenua. Quien admite gobernar apoyándose en golpistas, por qué se va a detener con bagatelas como la de participar en este aquelarre de dar satisfacción a los secesionistas con el cese de la directora del CNI.

No se piense, sin embargo, que la sangre va a llegar al rio. Nadie está interesado en romper la baraja. Todo queda en un mero teatro. Estirar la cuerda, pero sin que llegue a romperse. ¿Con qué gobierno van a estar mejor los independentistas? Otegui lo dejó muy claro. Junqueras habló ya de seguir apoyando. Solo exigen que el Gobierno les prometa que no cometerán de nuevo tamaña osadía. La cosa no deja de ser paradójica. Los que afirman que repetirán el golpe de Estado exigen que los servicios secretos y los jueces no vuelvan a vigilarles.

Hasta ahora era evidente que Sánchez gobernaba supeditado al chantaje de un revoltijo de fuerzas políticas de lo más dispar, desde “Teruel existe” hasta ”Bildu”. Tras haberse descubierto el presunto espionaje de que ha sido objeto el presidente del Gobierno, surge una pregunta: ¿no habrá alguien más que se haya apuntado al chantaje? Solo así se explicaría ese acontecimiento de lo más misterioso, el cambio repentino y sin contar con nadie que adoptó Sánchez sobre la posición de España en el tema del Sáhara. ¿Qué tiene que esconder?

Republica.com 19-5-2022

Al alcalde de Madrid le parece raro que la Fiscalía solo investigue contratos del PP. ¿Raro?, ¿por qué?, me pregunto yo. Lo extraño  sería que siendo Dolores Delgado la actual Fiscal General del Estado, la Fiscalía investigase los innumerables contratos de Illa o de Ábalos. Y que nadie se engañe, admitir a trámite no quiere decir que los investigue y que no se mueran en un cajón.  ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Así se expresaba Sánchez en televisión cuando prometía traer preso a Puigdemont de vuelta a España. Eso sí que es inverosímil. Ahora se le mantiene con dinero público, viviendo como un marqués en Bélgica, y parece ser que no resulta raro.

Tampoco tiene que sorprendernos que, estando Dolores Delgado de Fiscal General del Estado, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas haya rebajado la responsabilidad contable de los condenados por el procés de los 9 millones de euros que había fijado la instructora del caso a 3,2 millones. Ni siquiera nos debe chocar que la nueva sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas haya estimado contra todo sentido común que la Hacienda Pública podía avalar ante la justicia a quienes responden por delitos de malversación contra esa misma Hacienda Pública. Para eso se han cambiado los consejeros.

Almeida no debe considerar absurdo que, aun cuando de momento no hay nada que recriminarle judicialmente, el PSOE intente montar una moción de censura y, sin embargo, no deje caer a la alcaldesa de Barcelona que está imputada por corrupción y que depende solo del PSC (PSOE) el que se mantenga en el cargo

Igualmente, no nos tiene que resultar insólito que en el Consejo de Ministros se siente alguien que participó, aunque fuese simplemente votando, en el golpe de Estado en el que se pretendió partir España. Y hablo de golpe de Estado porque (independientemente de cuál sea la calificación penal: rebeldía o sedición) es un concepto de teoría política que se ajusta como una definición de manual a lo que cometieron los independentistas en Cataluña. Tampoco debería ser motivo de asombro el hecho de que los que dieron el golpe sean hoy socios del Gobierno de España. Más aún, que esos mismos continúen impertérritos afirmando que volverán a repetirlo en cuanto tengan ocasión y mientras tanto, se esfuercen de forma ostentosa por dar la impresión, en todo aquello que puedan, de que son un Estado independiente y de que a ellos no les afectan ni los tribunales ni las leyes de España.

¿Por qué extrañarnos de que no ocurra absolutamente nada cuando un gobierno autonómico se declara en rebeldía y manifiesta que no va a cumplir las sentencias de los tribunales, negándose a introducir el castellano en las escuelas catalanas? En Alemania ven como lógico que el canciller Olaf Scholz se niegue a ir a Ucrania después del veto que en ese país han impuesto al presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier. En España, sin embargo, vemos normal lo contrario, y no tenemos por qué admirarnos de que el gobierno de Cataluña haga feos continuos al jefe del Estado de España y, sin embargo, el presidente del Ejecutivo se ayunte con ellos cada poco.

Después de mayo de 2018, fecha en la que Sánchez pactó con todas las formaciones defensoras del derecho de autodeterminación y, por tanto, con muchas de ellas que esperan una nueva oportunidad para intentar romper el Estado, todo es posible y nada debe sorprendernos. La fuerza de Sánchez, lo que le ha permitido gobernar, primero solo con ochenta diputados y después con 120, se encuentra en estar dispuesto a pactar con cualquier formación política, defienda lo que defienda. Por eso, ante la propuesta de Núñez Feijóo de que gobierne el partido más votado, plantea la alternativa de los bloques.

En una entrevista en Antena Tres, Sánchez plantea la gobernabilidad del país como una disyuntiva. O bien el PP con la ultraderecha o bien el centro-izquierda, materializado por el PSOE, y lo que representa el espacio de Yolanda Díaz. Todo ello dicho en tono episcopal, con toda la intención, y como siempre con falacias y retorciendo la verdad. En un lado coloca al PP y a Vox, pero no denominándolo por su nombre, sino designándole como la ultra derecha; en el otro, sitúa lo que se apresura a llamar centro-izquierda, acentuando lo de centro. Pero más significativo es el desglose que realiza: partido socialista y lo que “representa el espacio de Yolanda Díaz”.

Evita nombrar a Podemos y en su lugar cita a la ministra de Trabajo quien, según dicen, tiene mejor prensa. En realidad, hoy por hoy Yolanda Díaz no tiene ningún espacio. Queda todo por definir, y lo poco intuido más que sabido: Colau, Oltra o Más Madrid; no pinta bien ni se sale de la órbita de los que defienden el derecho de autodeterminación. Pero lo principal es lo que Sánchez ha ocultado. Él no ha llegado a la Moncloa, tanto en 2018 como en 2020, únicamente con los votos del PSOE y Podemos. Ha necesitado de los que ya habían dado un golpe de Estado y de todas las fuerzas centrífugas que pretenden de una u otra manera romper el Estado o, al menos, colocan sus objetivos en beneficiar a una provincia o región en contra de las restantes: gobierno Frankenstein.

Esta es la diferencia entre unas alianzas y otras. Mientras el pacto se realiza entre partidos nacionales se hace en función de la ideología de cada uno de ellos y se supone que en proporción a los resultados electorales. Cuando entran en juego, sin embargo, formaciones nacionalistas o regionalistas, el acuerdo se convierte en una subasta, pletórico de concesiones del gobierno central y de privilegios hacia los territorios que representa cada partido. En ocasiones, el tema es más grave porque implica entrar en el juego del independentismo y claudicar en temas de suma importancia.

Núñez Feijóo, ante los continuos ataques sanchistas acerca de sus previsibles pactos con Vox, ha planteado al presidente del Gobierno llegar al acuerdo de que gobierne el partido más votado. Como artificio retórico está bien y le puede servir al PP para neutralizar la ofensiva de Sánchez, pero como solución carece de consistencia. Nuestro sistema ni es presidencialista ni es mayoritario. No se elige al presidente, sino a los diputados, por lo que la propuesta planteada es totalmente ajena a nuestra práctica política.

Importarlo de otros sistemas foráneos y de características muy distintas al nuestro puede producir distorsiones y acarrear múltiples problemas, por ejemplo, la existencia de un gobierno sin respaldo parlamentario, con lo que muy probablemente se produciría una parálisis total de la política. Además, quién podría asegurar que no se acabaría produciendo una moción de censura nada más haberse celebrado la investidura. Sin cambiar totalmente el sistema, hay que tener cuidado con hacer innovaciones que solo van a ser un parche en el existente. El tiro puede salir por la culata, tal como ha ocurrido con las primarias, cuyos efectos han sido nocivos, tan nocivos como para facilitar que Sánchez llegase a secretario general del PSOE.

El sistema de bloques defendido por el presidente del gobierno tiene una enorme falla. Que uno de estos bloques para llegar al poder está dispuesto a juntase con cualquiera. El resultado puede ser y es que terminen gobernando el Estado quienes conspiran contra él y pretenden romperlo. Es lógico, por tanto, que los independentistas estén enormemente crecidos. Piensan, y no les falta razón, que el gobierno está en sus manos. Se sienten con el derecho de montar continuos numeritos victimistas.

Últimamente los soberanistas catalanes se han sentido muy ofendidos porque dicen que les han expiado. Se extrañan de ello, y es que no asumen el hecho de que han dado un golpe de Estado y de que, lo que aún es peor, afirman continuamente que piensan repetirlo. Ante la amenaza de un nuevo golpe de Estado, lo menos que se puede hacer es vigilarles. La finalidad del CNI es, por supuesto, defender al Estado de los ataques exteriores, pero se supone que también de los interiores, de aquellos que pretenden quebrar la integridad del Estado.

¿Alguien se extrañaría de que el CNI hubiese expiado a Tejero y en general a aquellos militares que proyectasen repetir el golpe de Estado? Pere Aragonés, quejándose de que le hubiesen expiado, se preguntaba: “¿Es un indicio de alguna actividad criminal que defienda mis ideas, como la independencia, con métodos democráticos?”. Ese es el problema, que intentaron imponerlo por la fuerza y por procedimientos no democráticos, y que además continúan proclamando que volverán a repetirlo. Eso sí es una actividad criminal o, al menos, una amenaza de ella.

En los momentos presentes, el factor que desequilibra todo el sistema político español es la deserción del PSOE de las filas constitucionalistas. El panorama no es halagüeño, porque mientras el actual presidente del gobierno esté al frente del partido socialista, el cambio no es posible; pero hay muchas dudas de que lo pueda ser una vez que haya desaparecido. Sánchez ha hecho este PSOE a su imagen y semejanza. Me temo que su impronta se va a perpetuar durante mucho tiempo.

republica.com 28-4-2022