ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Hay quienes afirman que la dicotomía izquierda-derecha ha perdido su razón de ser. Recuerdo que Aranguren en el capítulo IX de su obra “Ética y política” contestaba con una metáfora a los que ya entonces (1966) hablaban de la superación de tal alternativa. Refería que, ante la opinión extendida de que no existía el diablo, algún autor católico realizó con agudeza la siguiente reflexión: “La última astucia del diablo es divulgar la noticia de su muerte”. Pues bien, añadía Aranguren, la última astucia de la derecha es propagar la noticia de que la antítesis entre derecha-izquierda ha desaparecido. Es evidente que en 1966 la aseveración de Aranguren era totalmente certera en todos los aspectos. ¿Pero qué sucede en los momentos actuales?

Soy un convencido de que también ahora la diferencia entre izquierdas y derechas mantiene todo su sentido en el ámbito ideológico. Pero una cosa es la teoría y otra, su concreción en la práctica. La pertenencia a la Unión Monetaria impone límites muy severos a los Estados a la hora de conformar su política económica. Los gobiernos pierden en buena medida su soberanía, que se traspasa al Banco Central Europeo y a los llamados mercados, mercados que tienen poco de racionales, pero que están prestos a castigar cualquier desviación que consideren contraria a sus intereses. Los partidos políticos, se denominen como se denominen, tienen que converger en sus actuaciones. La política es más que nunca el arte de lo posible, y la pericia y competencia de los gobernantes se hacen más importantes que la propia ideología.

No sería malo que en estas circunstancias los futuros votantes abandonasen el fundamentalismo de siglas y, tanto los que se creen de derechas como los que se autocalifican de izquierdas, tuviesen en cuenta la solvencia de los que se presentan a las elecciones. Tenemos un buen ejemplo en el Gobierno Zapatero. Los destrozos económicos y sociales causados por su ineptitud y la de sus ministros no pueden ser compensados con su teórico marchamo de izquierdas, por otra parte bastante discutible. No es el momento de hacer un relato completo de su desastrosa gestión y de cómo esta, junto a la de Aznar, estuvo en el origen de la mayor crisis económica que ha padecido España en sus últimos cincuenta años. Me referiré tan solo a un hecho poco comentado y que adquiere actualidad en los momentos presentes en los que la cotización del oro vuelve a estar por las nubes.

Pedro Solbes, en el periodo del 2005 al 2007, cuando ya se estaba gestando la crisis -y se supone que con el permiso de Zapatero- decidió vender más del 45% de las reservas de oro (7,7 millones de onzas) al grito de que ya no era una inversión rentable. En esos años la cotización de la onza no alcanzaba los 500 euros, con lo que el precio obtenido, aun cuando no se conoce a ciencia cierta, hay que suponer que se situó alrededor de los 3.500 millones de euros. Cuatro años después la cotización se había incrementado un 125%. Hoy, el oro vendido tendría un valor aproximado de 9.765 millones de euros. Un espléndido negocio y una magnífica profecía.

Bien es verdad que en esto el Gobierno español no estuvo solo. Las instituciones europeas le animaron a hacerlo. En 1999, los bancos centrales europeos firmaron un acuerdo, renovado en 2004, comprometiéndose a desprenderse progresivamente de las reservas de oro. Era fruto del triunfalismo y la miopía que presidieron la creación del euro. Pensaban que la moneda única era garantía suficiente de estabilidad. Pocos años después se comprobó lo equivocados que estaban. Por otra parte, el convencimiento no debía de ser muy general, puesto que,según parece, los únicos países que acometieron ventas en cantidades significativas fueron España, Grecia y Portugal.

Alemania, por el contrario, en 2013, en plena crisis, repatrió 36.000 millones de dólares en lingotes de oro que tenía en otras plazas (Nueva York, París y Londres). La razón verdadera (aun cuando las autoridades alemanas nunca la reconocieron y adujeron otros motivos) era la desconfianza frente al euro y la conveniencia de armarse financieramente por lo que pudiera ocurrir. El hecho es que, en estos momentos, el país germánico ocupa el segundo lugar detrás de EE.UU. en reservas de oro, seguido del Fondo Monetario Internacional, Italia y Francia. Mientras que España se sitúa en el puesto 19, con una cifra escasa de 9,1 millones de onzas.

Es más, el Gobierno alemán en agosto de 2011 pretendió que España e Italia, acuciadas entonces por el problema de la deuda y por los mercados, vendiesen parte de sus reservas en oro. Menos mal que en aquellas fechas Zapatero había anunciado ya la convocatoria de elecciones anticipadas (28 de julio) y no estaba por tanto en disposición de acometer una operación de esa envergadura, y el gobierno siguiente -parece que con más cordura- supo resistir las presiones que venían de Europa.

Ahora, las grandes incertidumbres que planean sobre la economía internacional han conducido a que los bancos centrales (principalmente de países emergentes) como los de Rusia, China, Turquía, Kazajistán, India, etc. se hayan apresurado a comprar oro como factor de seguridad. Es significativo que entre los compradores figuren países de la Unión Europea tales como Polonia y Hungría.

«El oro ya no es una inversión rentable y España no presenta la misma necesidad de divisas, dada la fortaleza del euro». Esta afirmación de Pedro Solbes en su intervención en el Senado el 6 de junio de 2007 para acallar las críticas surgidas por la venta de oro que había realizado el Gobierno quedará marcada en la historia entre las más desafortunadas y ridículas, solo comparable con la de su antecesor Carlos Solchaga en 1992, cuando tras dos devaluaciones de la peseta, el 17 de septiembre (5%) y el 21 de noviembre (6%), solemnemente afirmó: “No habrá una nueva devaluación, el nuevo tipo de cambio es estable y duradero”. No hubo que esperar mucho tiempo (13 de mayo de 1993) para que los mercados forzasen una tercera devaluación (8%), que no fue la última pues el 6 de marzo de 1995 hubo una cuarta devaluación (7%), aunque para entonces ya estaba en el gobierno Pedro Solbes (ver mi libro «Contra el euro» de la editorial Península).

Aunque alejadas en el tiempo, las dos frases lapidarias tienen el mismo origen, una falta de realismo y una fe ciega en la Unión Europea. Solchaga nos introdujo en el Sistema Monetario Europeo antes de lo pactado y contra viento y marea quiso mantener para la peseta un tipo cambio a todas luces irreal, consiguiendo únicamente incrementar el déficit y el endeudamiento exterior a niveles poco sostenibles. Contra su voluntad, los mercados forzaron cuatro devaluaciones de la peseta y, contra las previsiones de las lumbreras europeas, pusieron patas arriba el Sistema Monetario Europeo. El resultado: adentrar a nuestro país en una recesión a la que tuvo que hacer frente Solbes (1993-1996), que contó a su favor con las cuatro devaluaciones que ayudaron a salir de la crisis, y a las que lógicamente no pudo recurrir en 2007.

Solbes al llegar de nuevo, años más tarde (2004), al Ministerio de Economía debería haber tenido en cuenta la experiencia anterior y a dónde conduce un tipo de cambio fijo y, por lo tanto y con más razón, una unión monetaria. Si en 1992 un 3% de déficit exterior con el correspondiente endeudamiento originó la desconfianza de los mercados, un 6%, que era el nivel existente a su llegada al Ministerio, hubiese sido suficiente para ponerle en guardia y para hacerle pensar que un 10%, nivel que alcanzó en su mandato, desencadenaría el desastre, como así ocurrió.

No obstante, persistió todos esos años en la creencia ingenua en el euro y en la aquiescencia bobalicona del discurso que venía de Bruselas. Solo así se entiende que se desprendiese de nuestras reservas de oro a las puertas de la crisis y que negase esta cuando era ya evidente. Ahora que aparecen de nuevo los nubarrones económicos, hay que echarse a temblar porque si estas torpezas y desaciertos se cometieron en la época de los maestros, ¿que podrá ocurrir en tiempos de los becarios?

republica.com 22-9-2019

En las conversaciones que mantenía con un viejo amigo ya fallecido, al comentar los muchos errores que cometían nuestros políticos, me subrayaba siempre lo mismo: Platón tenía razón. Habría que ir al gobierno de los mejores, de los sabios. Mi contestación era también invariablemente idéntica. El problema radica en quién determina quiénes son los mejores.

Sin duda, la democracia es un sistema bastante imperfecto y en su funcionamiento, con frecuencia, se cometen muchos desatinos y desmanes, pero hoy por hoy no se ha inventado otro mejor. Lo que no quiere decir que su aplicación en los respectivos países no sea susceptible de perfeccionarse. Ciertamente para ser diputado, ministro o presidente del gobierno no se precisa título universitario ni se convocan oposiciones. Se exige solo ser elegido por los procedimientos que en cada caso determina la Constitución, pero no estaría mal que los designados tuviesen algún bagaje intelectual y técnico.

Comprendo las veleidades sofocráticas o noocráticas que invadían a menudo a mi amigo. Él era un intelectual (no ciertamente de la pléyade de la farándula que firma manifiestos) y, como tal intelectual, con desviaciones aristocráticas. Resultaba explicable que en ocasiones se desesperase cuando consideraba que el pueblo se equivocaba. Es una falacia y tiene mucho de demagogia afirmar rotundamente que el pueblo no se equivoca. Porque el pueblo con frecuencia se equivoca.

Lo que no es fácil de entender es que esos mismos arrebatos los sufra Pedro Sánchez -el de la tesis plagiada- y que exija a los otros el carnet de intelectual para estar en el gobierno. Le guste o no, él no debe el hecho de ser presidente del gobierno a sus dotes intelectuales, profesionales o técnicas, sino a los votos de los diputados de Podemos, a cuyos dirigentes tiene ahora como apestados y, lo que es peor, a los votos de aquellos que perpetraron un golpe de Estado. Es más, si ahora cuenta con 123 diputados, paradójicamente se los debe a esos mismos apoyos, porque el resultado que hubiese obtenido en las últimas elecciones habría sido muy inferior de haber seguido todos estos meses en la oposición. Y digo que paradójicamente porque el incremento de votos del PSOE corresponde a los que Podemos ha perdido.

El problema de Pedro Sánchez es que equivoca los escenarios. Mientras pretende nombrar ministros a técnicos e independientes, coloca a los políticos de su partido en sitios técnicos, al frente de las empresas públicas como si de un botín de guerra se tratase. En el fondo, todo gira alrededor de la misma finalidad, mantener el poder absoluto dentro y fuera del partido. Tras la moción de censura elaboró un gobierno no con los mejores, desde luego, sino con los que le convenían. Una parte, políticos de su extrema confianza (que eran pocos) estuviesen o no capacitados para el cometido. Lo importante era la fidelidad sin fisuras al jefe. La otra parte, por miembros de lo que denominaba sociedad civil, en una composición de lo más variopinto: una fiscal, dos jueces, una burócrata europea, un presentador de tele magacín y hasta un astronauta. Lo que buscaba es que no tuviesen personalidad política y que nadie le pudiera hacer sombra.

Es por eso por lo que Sánchez desbarató la federación de Madrid y, al margen de toda la estructura orgánica regional, colocó a dedo como candidato a presidente de la Comunidad a un catedrático de Metafísica, sin ningún enraizamiento en el partido, y que ya ha fracasado dos veces en el cometido. En estas últimas elecciones completó el cuadro y designó (aunque después se hiciese una mascarada de primarias) como candidato a la alcaldía de la capital de España a un buen entrenador de baloncesto. Y es por eso también por lo que hasta ahora se ha negado, como si tuviera mayoría absoluta, a hacer, bien sea a la derecha o a la izquierda, un gobierno de coalición. A Podemos lo más que le ofreció fue incorporar a técnicos independientes próximos a esa formación política. Las ofertas posteriores no iban en serio (me remito a mi artículo de hace dos semanas).

Y en ese «quid pro quo» que tan bien practica Sánchez -por eso alguien le llamó impostor-, tras el fracaso de la investidura, su acción política no se ha orientado a dialogar y negociar con las otras formaciones políticas, a fin de obtener el apoyo de diputados que le faltan, sino que ha mareado la perdiz y entretenido el tiempo, reuniéndose con los representantes de una imaginaria sociedad civil. Nunca he entendido demasiado bien este término. Desconfío de él. Pienso que no hay espacio intermedio entre el sector público y el sector privado (económico). A menudo lo que se llama sociedad civil es lisa y llanamente sociedad mercantil: fundaciones, asociaciones, institutos, etc., creados por las fuerzas económicas y por las grandes corporaciones con la finalidad de controlar la opinión pública, los valores, la cultura y otros muchos aspectos de la sociedad.

Con frecuencia, otras veces, la llamada sociedad civil es mera prolongación del sector público, solo que sin la transparencia y sin los controles exigidos a las instituciones públicas. La gran mayoría de las llamadas organizaciones no gubernamentales, a pesar de su nombre, tienen bastante de gubernamentales. Viven enchufadas directa o indirectamente a las ubres de los presupuestos, bien sean estos municipales, autonómicos o de la administración central. A menudo son instrumentos de determinadas fuerzas políticas que, cuando gobiernan en cualquier administración o institución pública, les transfieren recursos de forma opaca y sin la necesaria justificación.

Lo peor de todo este conglomerado tan variado de fundaciones, asociaciones, organizaciones e instituciones es que no se sabe muy bien a quién representan ni la manera en la que han sido designadas para ser portavoces de colectivos más amplios. Siendo una minoría, se constituyen en medios para forzar e imponer decisiones al margen de los verdaderos representantes de los ciudadanos. El recurso a la sociedad civil se transforma a menudo en un modo de bordear la democracia y los mecanismos constitucionales establecidos.

Tal es la estrategia que parece asumida por Pedro Sánchez en estos momentos. Las elecciones le han proporcionado tan solo 123 diputados y, para gobernar, pretende superar esta limitación, no acudiendo al resto de representantes de los ciudadanos, como sería lógico, sino a una supuesta sociedad civil constituida principalmente por organizaciones afines: ecologistas, feministas, asociaciones de la España desierta (a las que ha prometido algo tan ocurrente como diseminar los organismos públicos por los pueblos abandonados); representantes de la industria, de la enseñanza, del comercio, del turismo, etc., sin que nadie sepa quién les ha dado tal representación; artistas y cantantes que se definen como organizaciones culturales y, por último, como guinda, las representaciones sindicales y empresariales a las que sí se les supone una representación, pero no política, sino social y económica, y, que en lugar de llamarles a una ronda de consultas abracadabrante, lo que debería hacer un gobierno es promocionar y respetar la negociación social, cosa que precisamente no ha hecho Pedro Sánchez, que hasta ahora ha ignorado a los agentes sociales.

No parece que existan muchas dudas de que la sociedad civil por poco que sea es mucho más que los convocados por Sánchez. Además, la sociedad (sociedad civil, se supone) ya decidió en las pasadas elecciones. Otra cosa es que, a Sánchez, por mucho que lo celebrase por todo lo grande, proclamando que había ganado las elecciones, no le convenza el resultado, ya que no le permite gobernar autocráticamente. Por cierto, lo de ganar o perder en unas elecciones solo se puede afirmar en los sistemas presidencialistas, pero no en los parlamentarios. En estos, cada formación política obtiene un número de diputados, mayor o menor, y el ganar o perder está condicionado a las negociaciones y las alianzas que se establezcan entre ellos.

Sánchez hubiera deseado conseguir 350 diputados para poder ejercer el gobierno como un dictador. En realidad, no le gusta la democracia. No le complacía dentro de su partido, y por eso nunca estuvo dispuesto a someterse al Comité Federal, supremo órgano entre congresos. Con ayuda de las primarias, institución partidista de las más antidemocráticas, por caudillista, pero que paradójicamente se ha instalado en la mayoría de las formaciones como el bálsamo de Fierabrás, ha logrado hacerse con todo el poder en el PSOE y establecer un régimen radicalmente absolutista. Riámonos de aquello de «Quien se mueva no sale en la foto».

Tampoco le gusta en el sistema político y por eso no está dispuesto a compartir poder con nadie. Quiere un gobierno exclusivo de Pedro Sánchez y, para conseguirlo, pretende el apoyo de los otros partidos sin ofrecer nada a cambio; todo lo más un programa, que será papel mojado tan pronto obtenga el gobierno. Siendo en nuestro país constructiva la moción de censura, una vez en el poder, será imposible desalojarlo haga lo que haga.

A Pedro Sánchez no le gusta la democracia, como no sea la orgánica, que parece ser la que ha practicado estos días en sus contactos con la sociedad civil, tampoco la noocracia, a no ser que sea él el que elija a los sabios, lo sean o no. Lo suyo es la autocracia. Alguien podría pensar que su fijación por resucitar a Franco y andar con él para arriba y para abajo es porque se siente seducido por su figura y que tal vez le gustaría ejercer el poder de forma tan despótica como el dictador lo ejerció.

republica.com 15-9-2019

Terminaba yo el artículo de la semana pasada afirmando que valía más no tener experiencia de gestión que una mala experiencia. Venía esto a cuenta del reproche que los sanchistas hacían a Podemos de carecer de práctica de gobierno. Lo cierto es que en los momentos actuales ningún partido político puede jactarse del currículum vitae de sus dirigentes. La casi totalidad de ellos ha iniciado desde muy temprano la actividad política en las respectivas juventudes, abandonando estudios y cualquier otra profesión. Se hacen expertos en escaramuzas y refriegas internas. Su bagaje se reduce en el mejor de los casos al ejercicio de responsabilidades organizativas o a la asunción de cargos públicos en Ayuntamientos y Comunidades.

Y ahí es donde viene lo de la mala experiencia en la gestión, porque las deficiencias, cuando no la corrupción, se han originado principalmente en las administraciones locales y autonómicas. Es uno de los puntos oscuros -no el único, desde luego- del estado de las Autonomías. Las administraciones nuevas se han construido sin los controles ni los contrapesos necesarios. No es ningún secreto que en aquellas Comunidades como el País Vasco, Cataluña o Andalucía en las que el poder apenas ha cambiado de manos, el clientelismo político haya sido el principio en el que se ha basado el reclutamiento de los funcionarios.

Estos días no se ha dado demasiada importancia a una noticia que venía de Andalucía. El anterior equipo de gobierno había dejado 4.656 millones de euros en derechos pendientes de cobro y 3.990 millones de subvenciones sin justificar. Según afirman desde el gobierno actual de la Junta, y parece que nadie lo ha desmentido, hay deudas de hace más de 30 años y son muchas las irrecuperables por haber prescrito ante la pasividad de la anterior administración. Es de esperar que se trate solo de negligencia (aunque ya es grave) y no de corrupción.

El problema radica, además, en que el anterior equipo de la Consejería de Hacienda es el mismo que rige ahora el Ministerio de Hacienda. La pregunta surge de forma espontánea, ¿es a esta experiencia a la que se refiere Pedro Sánchez? En la situación actual las Comunidades Autónomas, excepto el País Vasco y Navarra, apenas tienen gestión en materia fiscal, y sería de desear que se mantuviese así durante mucho tiempo. La cuestión es que, si las escasas competencias de que disponen se han desarrollado tan incompetentemente en Andalucía, ¿qué se puede esperar, además de verborrea, del funcionamiento actual del Ministerio de Hacienda donde el número y la importancia de asuntos a gestionar es infinitamente superior?

Siendo el tema fiscal en buena medida el núcleo en el que se debate la posibilidad o no de dar respuesta al Estado social, ¿nos puede extrañar que Podemos quiera estar presente en la gestión, como garantía de que la asfixia presupuestaria no aborta cualquier reforma social necesaria? Otra cosa distinta es si ello mejoraría o no la situación y, sobre todo si, tal como plantea la corriente anticapitalista, no constituiría una trampa para la formación morada al quedar comprometida en la marcha del Gobierno.

La Administración tributaria del Estado tiene una larga tradición y muchos años de experiencia. Se puede decir que marcha sola, al margen del buen o mal hacer de los responsables políticos. Pero no es cierto del todo. En primer lugar, la interferencia de estos puede ser decisiva, en especial si se pretende utilizar como arma política. En segundo lugar, porque las decisiones políticas son imprescindibles en muchos temas, no solo en el aspecto normativo, sino en algo tan sensible como el fraude fiscal.

Es por ello, por lo que,por ejemplo, el Sindicato de Técnicos de Hacienda se ha dirigido en estos días a las autoridades del Ministerio para que se aborde el agujero negro del fraude de los autónomos. Contrastan los pronunciamientos habituales del sindicato del cuerpo de titulados medios (GESTHA) con el silencio del cuerpo superior (inspectores), que es del que se nutren los altos cargos de la Administración tributaria. En esta ocasión, sin embargo, tiene su lógica, ya que son los técnicos los que asumen principalmente la inspección de los autónomos, por lo que saben bien de qué hablan.

Los datos además son los datos, y no deja de ser llamativo que uno de cada cinco autónomos con trabajadores a su cargo declare que gana menos que sus propios empleados. Según las estadísticas, hay tres millones de trabajadores por cuenta ajena que cobran más que sus jefes. Que el colectivo de autónomos constituye una importante bolsa de fraude no es ninguna novedad. Quien tenga curiosidad y ganas, puede consultar la hemeroteca y comprobar cómo los que éramos responsables de la materia a mediados de los ochenta denunciábamos ya la diferencia que se advertía en la tributación del IRPF entre los trabajadores dependientes y los empresarios (autónomos) y rentas de capital, en perjuicio de los primeros. Seguro que muchos lectores recordarán aún una figura que se hizo popular en la sociedad, la del fontanero, como ejemplo típico de facturación en negro.

Precisamente el sistema de módulos surgió en buena medida con la finalidad de que los beneficios gravados de los autónomos se adecuasen lo más posible a los reales. Ante la imposibilidad de poder controlar debidamente los ingresos y los gastos de millones de pequeños empresarios, especialmente si facturaban directamente al consumidor, se implantó el sistema de módulos. Tras el estudio detallado de una serie de sectores y de analizar en cada uno de ellos la correlación que existía entre determinados indicadores y los beneficios, este régimen fiscal preveía que los primeros sirviesen de valoración de los segundos. Aun cuando la estimación se realizó de forma conservadora, el impacto en la recaudación fue considerable. El sistema era voluntario, pero muchos autónomos se acogieron a él ante el riesgo de que en caso contrario podían sufrir una inspección, ya que el número de contribuyentes a inspeccionar de forma directa se reducía sustancialmente, y además se habían reclutado 5.000 funcionarios nuevos (agentes tributarios) con esta finalidad.

Pero lo que en un principio fue un régimen positivo para reducir el fraude en el colectivo de los autónomos se ha convertido en un mecanismo que progresivamente ha ido minorando la contribución de muchos de ellos y generando una clara injusticia con respecto al resto de contribuyentes. La razón hay que buscarla en que los diferentes gobiernos, en lugar de actualizar correctamente los módulos, llevados por la presión del colectivo y la rentabilidad electoral, han apostado por bajarlos de forma reiterada hasta el extremo en el que se encuentran ahora y que con razón denuncian los técnicos de Hacienda.

Mucho ha cambiado en estos últimos treinta años el colectivo de autónomos. Constituyen en la actualidad un grupo enormemente heterogéneo. La liberalización del mercado laboral y la permisividad de la que disfrutan las empresas para externalizar muchas de sus actividades han creado una clase laboral nueva, que podríamos denominar de falsos autónomos. En realidad, nada les diferencia de los trabajadores por cuenta ajena excepto la carencia de la mayoría de los derechos. Constituyen en muchos casos la parte más precarizada del mundo laboral. Desde luego no es ahí donde se encuentra el fraude ni es a ellos a los que se refiere el comunicado de GESTHA.

Hay otro grupo que podríamos denominar “autónomos a la fuerza”. Es el de aquellos que, ante la dificultad de encontrar un empleo, se lanzan en su desesperación a montar su propio negocio, que en la mayoría de los casos carece de viabilidad. A menudo estamos en presencia de paro encubierto. Tampoco es a estos ciertamente a los que se refiere el informe de los técnicos de Hacienda. Es muy improbable que alguno de ellos tenga capacidad para contratar asalariados o para la defraudación fiscal. Con frecuencia somos testigos en nuestros barrios de cómo se cierran locales comerciales y tornan a abrirse con nuevos dueños y quizás con un objeto comercial distinto, buscando afanosamente un nicho en un mercado cada vez más estrecho por la expansión de las grandes superficies.

Aun excluyendo los dos grupos anteriores, la tipología continúa siendo amplísima y muy heterogénea. Profesiones liberales (notarios, arquitectos, médicos y personal sanitario con consulta privada, dentistas, abogados, asesores fiscales o financieros, un gran número de periodistas, etc.). Además, todo tipo de oficios destinados principalmente a la obra doméstica (pintores, albañiles, electricistas, fontaneros, carpinteros…etc. y en general pequeños empresarios con negocios consolidados. La diversidad es enorme no solo en la actividad sino en las cantidades que facturan, pero sin peligro de equivocarnos la casi totalidad de ellos tributan menos que aquellos que perciben cantidades semejantes, pero en calidad de trabajadores por cuenta ajena.

Hay otro grupo de autónomos que han dejado de serlo fiscalmente, porque de forma un tanto tramposa se han transformado en sociedades sin que existan más socios que los familiares o los que con carácter de mariachis figuran tan solo a efectos legales. Este colectivo cae ciertamente fuera del objeto del informe de los técnicos de Hacienda y le afecta un impuesto distinto al IRPF, el de sociedades, lo cual no quiere decir que este tipo de sociedades y las patrimoniales no constituyan claramente un nicho de fraude y un campo abonado para que actuase prioritariamente la inspección de Hacienda. La extensión de esta actitud fraudulenta se ha hecho claramente presente con la composición del Gobierno de Pedro Sánchez y la manía de este de nombrar a lo que llamaba “representantes de la sociedad civil”. Poco a poco fueron cayendo, de uno en uno como en la novela “Los diez negritos” de Agatha Christie. Se fue descubriendo que muchos de los nuevos ministros poseían una sociedad que, se quiera o no, solo podía tener una finalidad, contribuir menos a Hacienda.

El informe de GESTHA ha provocado la indignación de las asociaciones de autónomos. No es de extrañar, últimamente no están acostumbrados a la crítica, dada la opinión favorable que se ha ido extendiendo en la sociedad respecto a este colectivo desde que se acuñó el término de emprendedor. Todos los partidos políticos y los creadores de opinión se han esforzado por encomiar su figura y defender la disminución de sus gravámenes y cotizaciones. Los primeros, porque consideraban que les proporcionaba réditos electorales; los segundos, porque muchos de ellos son autónomos.

Lo peor del asunto es que esta defensa a ultranza se hace sin la menor discriminación y sin establecer diferencia alguna en un colectivo que, como hemos visto, es muy heterogéneo y complejo y, se quiera o no, una buena parte de los que lo componen pertenece a eso que algunos periodistas llaman clase media y que en realidad no lo es. Son ciudadanos que se encuentran en los estratos del 10 o del 5% de la población con mayor renta, y que tributan muy por debajo de lo exigido por su capacidad económica.

La fiscalidad de los autónomos es uno de tantos aspectos a tratar en una reforma fiscal, que es algo mucho más complejo que elevar el gravamen de las grandes fortunas o establecer un impuesto ecológico. No digo que no haya que subir la tributación a las rentas altas, pero ello más por justicia y ejemplaridad que por efectos recaudatorios. Si se quiere garantizar el Estado social, no hay más remedio que abordar una reforma fiscal en profundidad más allá de toques cosméticos o demagógicos. Bien es verdad que en ese cometido aparecerá el obstáculo de siempre, la Unión Europea que dictamina sobre la mantequilla, las bolsas de plástico y la contaminación, pero que en un contexto de libre circulación de capitales se niega a toda armonización fiscal y consiente los paraísos fiscales.

republica.com 8-8-2019

Si algo quedó claro de la sesión de investidura de la semana pasada, es que el gobierno de coalición no entraba en los planes de Pedro Sánchez. Del mismo modo que logró hacerse con todo el poder dentro del PSOE y transformarlo en un instrumento a su mayor gloria, con sus 123 diputados ha pretendido y pretende gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Al igual que persigue (aun cuando se hizo famoso por su «no es no») la abstención sin contrapartidas de Ciudadanos o del Partido Popular, ha ambicionado desde el primer momento que, de forma graciosa y sin nada a cambio, Podemos votase afirmativamente su investidura. No reiteraré lo ya señalado en mi artículo de la pasada semana acerca de la cantidad de pretextos que los sanchistas fueron desgranando para evitar negociar un gobierno de coalición.

La ultima excusa, cosa totalmente insólita, el veto al líder de la formación con la que se tenía que pactar y que estaba sin duda orientada a abortar radicalmente cualquier posibilidad de coalición. La renuncia de Pablo Iglesias debió de cogerles por sorpresa y los dejó momentáneamente desorientados. Los sanchistas no tuvieron más remedio que sentarse a negociar, pero para comenzar una transacción enloquecida y delirante, cuya finalidad era más bien justificar la ruptura que conseguir el acuerdo. Solo así se explica que se pretendiese abordar en cinco días una negociación que, por ejemplo, en Alemania duró más de tres meses, y con múltiples momentos de desencuentro que daban la impresión de que iba a romperse la baraja.

A quien conozca un poco la Administración no le puede caber la menor duda de que Pedro Sánchez y sus secuaces han pretendido burlarse de los podemitas, al tiempo que construían un relato falsario e hipócrita tendente a echar sobre la otra parte la responsabilidad de la ruptura que se vislumbraba y se perseguía desde el principio. Solo la ignorancia de los periodistas y la adhesión de muchos de ellos al poder representado en este momento por el PSOE han podido hacer que se comprase el relato de los sanchistas y que no se haya visto desde el primer momento el retorcimiento y mala fe con los que estos han actuado.

Las ofertas presentadas por el PSOE eran para lanzar una carcajada. Solo humo, promesas sin contenido, flatus vocis. Nadie puede tomarse en serio a poco que se reflexione la propuesta del PSOE: una vicepresidencia sin saber muy bien lo que incluía, excepto un comisionado inventado en su momento por Sánchez para hacer creer al personal su extrema preocupación por la pobreza infantil y para colocar a unos cuantos fieles, entre ellos a la actual ministra de sanidad. Las competencias del comisionado: hacer estudios y recomendaciones a los ministros.

Tras más de cuarenta años de democracia y la existencia de múltiples gobiernos, cada uno con su estructura, conocemos ya bastante bien que la importancia de una vicepresidencia depende de varios factores. Primero, de las competencias y cometidos que el decreto de organización del ejecutivo le asigne directamente. Segundo, de los ministerios que dependan de ella, aun cuando el poder es menor que si asumiese directamente esas competencias. Hecho que conocen muy bien los vicepresidentes económicos, que siempre han preferido que Hacienda estuviese unida a Economía y a la Vicepresidencia, formando un único ministerio. Tercero, del número de vicepresidencias que haya en el ejecutivo; y cuarto y principal, del papel y las tareas que quiera encomendarle en cada momento el presidente. A la vista de todo ello, parece bastante claro que no había nada que garantizase que Irene Montero no quedase convertida en un elemento ornamental, un jarrón chino como diría González.

La burla se confirma con los tres ministerios ofrecidos por los sanchistas a Podemos, poco más que direcciones generales. Dos de ellos pertenecen a la hornada de ministerios ficción creados por Zapatero en su etapa de esnobismo y ocurrencias, diseñados como puros instrumentos de publicidad y propaganda y para dar cabida a las ministras de la cuota. El primero es Vivienda, que en 2004 surgió por la transformación de una dirección general, retrotrayéndose a la época franquista, única etapa en la que había existido como tal, y que en 1977 se había transformado ya en dirección general. Había, además, un factor que hacía más inexplicable y cómico el retorno: en 2004 las competencias estaban ya transferidas casi en su totalidad a las Comunidades Autónomas. Todo ello lo deben conocer bien tanto Cristina Narbona como Borrell. La primera ocupó esa dirección general a mediados de los noventa en el Ministerio de Fomento, en el que era precisamente titular el segundo. El ministerio duró lo que duró Zapatero. En los momentos actuales, la dirección general ha retornado a Fomento, eso sí, convertida en una secretaría general. Cosas de la inflación administrativa.

El otro ministerio de origen zapateril es el de igualdad, ministerio fugaz que no duró ni siquiera una legislatura. Creado por Zapatero para Bibiana Aído, que aportaba amplios conocimientos de gestión adquiridos como directora de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Se formó con retales extraídos del Ministerio de Trabajo, tales como el Instituto de la Juventud y el de la Mujer. No tenía como finalidad combatir, por supuesto, la desigualdad con mayúscula, sino únicamente la de género, y habrá que convenir, sectarismos aparte, que no es la más grave, ni representa según las encuestas el problema número uno de los españoles. Sin embargo, sí es cierto que esgrimir la bandera de su persecución les suele resultar muy rentable desde el punto de vista electoral a los partidos políticos y puede constituir al mismo tiempo el medio para que la izquierda disimule y justifique el desistimiento en la batalla de las otras desigualdades más radicales, pero más difíciles de corregir. El éxito del nuevo ministerio debió de ser tan arrollador que fue el mismo Zapatero el que, dos años después de su creación, decidió integrarlo en el departamento de Sanidad, eso sí, convertido ya en secretaría de Estado.

Y con el rango de secretaría de Estado permanece actualmente en el gabinete de Pedro Sánchez, incardinado en la vicepresidencia de Calvo (bonitas). Resalto lo del rango porque otra cosa no tiene; tan solo una dirección general, e incluso le sobra, ya que las competencias sobre la materia se encuentran, como no puede ser de otro modo si se pretende de verdad la igualdad de hombres y mujeres, en los otros ministerios: Trabajo y Seguridad Social, Interior, Justicia, Sanidad, Hacienda, Educación, etc., etc. Recordaré para terminar que la ocurrencia de Zapatero acerca de la creación de estos dos ministerios llenó, en primer lugar, de estupor a los funcionarios de Hacienda que tuvieron que implementar las correspondientes modificaciones presupuestarias, contables y de control y, más tarde, de cierta indignación acerca del desconocimiento y ligereza con que los políticos jugaban con la organización administrativa. Me imagino ahora su cara de asombro y sorpresa al escuchar a Calvo y a Lastra afirmar que han ofrecido las joyas de la corona a Podemos.

El tercer ministerio propuesto, el de Sanidad, aparentemente es el que tiene más consistencia, pero tampoco debe olvidarse que, desde que Aznar se bajó los pantalones frente a Pujol en el Majestic, la materia está transferida a las Comunidades Autónomas. En fin, resulta evidente que -tal como proclamó Andrea Lastra desde la tribuna del Congreso en un intento perverso de anatematizar a Podemos- a estos se les habían ofrecido las dos terceras partes del Gobierno. ¿Sabrá acaso la portavoz del grupo parlamentario socialista cuáles son las funciones del Gobierno y cuál es la organización administrativa?

Con todo, lo más indignante radica en el tratamiento despectivo que los sanchistas infligieron a Podemos, a los que se calificó de novatos, incompetentes e inexpertos. Lo más indignante por el grado de humillación que implicaba para la formación morada, a la que además deben el gobierno, y por el nivel de osadía y presunción que denotaba en los mariachis de Pedro Sánchez, que no destacan precisamente por su cualificación ni intelectual ni profesional, empezando por el propio presidente del Gobierno, cuyo único mérito es haber presentado una tesis doctoral plagiada y terminando por Andrea Lastra que no fue capaz de acabar la carrera. Resulta sarcástico escuchar a la portavoz del partido socialista reprochar a Pablo Iglesias que quiera conducir un coche sin saber siquiera dónde está el volante. Desconozco si los podemitas saben o no saben dónde está el volante, pero de lo que no me cabe duda es que no es precisamente este Gobierno el que puede dar clases de conducción.

En cuanto a la gestión, vale más no tener experiencia que contar con una mala experiencia. Me viene siempre a la memoria esa simpática novela de Pérez Lugín, «La Casa de la Troya», y la perorata del primer día de clase del catedrático, protagonizado en la película por Pepe Isbert, en la que afirmaba que entre un alumno que no supiese nada de la asignatura y otro que se aprendiese el libro de memoria aprobaría al primero y suspendería al segundo. Y daba la siguiente razón: porque el primero algún día podría aprender la materia, pero el segundo, nunca. Permítanme que haga una digresión y afirme que esto deberían tenerlo también en cuenta ciertos tribunales de opositores (abogados del Estado, interventores, inspectores, etc.) que se empeñan en que los opositores canten los temas en lugar de exponerlos. Pero retornando a la gestión administrativa, hay experiencias acuñadas entre tantos vicios, errores y descalabros que impiden cualquier intento de aprender a gestionar adecuadamente en el futuro. Mejor el no tener experiencia de gestión.

En estos días ha sido enormemente ilustrativo el haber descubierto quiénes eran los verdaderamente interesados en que Pedro Sánchez fuese nombrado presidente del gobierno. En las novelas de suspense hay siempre que interrogarse acerca de a quién beneficia el crimen. Aquí la pregunta sería «a quiénes favorecía la investidura». La respuesta parece inmediata. Lo dejaron medianamente claro ellos mismos, tanto desde de la tribuna como desde fuera: Bildu, Esquerra, Compromis y el PNV se posicionaron como los más entusiastas fans de Pedro Sánchez. Sería también enormemente aclaratorio que nos preguntemos acerca de sus motivos. Dejemos la contestación para un próximo artículo. Desde luego, nada tiene que ver en ellos el sentido de Estado que pretende Aitor el del tractor, que va de nube en nube, es decir, de bolsillo en bolsillo, ni por supuesto la política de izquierdas. Nunca he creído que el nacionalismo, y mucho menos el secesionismo, fuese de izquierdas. En este momento me contentaré tan solo con repetir ese refrán popular de “dime con quién andas y te diré quién eres”. Dime quiénes son los que te quieren y es posible que se pueda pintar tu retrato.

republica.com 1-8-2019

No sé muy bien por qué Pablo Iglesias tiene fama de dictador. No le conozco personalmente e ignoro cuál es su carácter y su forma de ser. Es posible que simplemente dé esa impresión o que él desee verdaderamente serlo, pero, si es así, tiene muy poco éxito. Pocas formaciones políticas adolecen de tanta anarquía y desgobierno como Podemos. De hecho, se tiene la sensación de que no es una formación política, sino un conglomerado de ellas. Podría pensarse que esto no es de extrañar teniendo en cuenta que su origen se encuentra en un movimiento de protesta y de indignación llamado 15-M. Lo cierto, sin embargo, es que de eso hace ya algunos años y lo lógico sería que hubiera ido evolucionando hacia un partido clásico. Pero no ha sido así. Según va pasando el tiempo, las fuerzas centrífugas se hacen más y más presentes y la crisis se ha ido agudizando.

Tanto en las elecciones generales como en las provinciales y autonómicas, Podemos ha perdido posiciones de manera muy significativa. No han faltado los análisis y las opiniones, desde dentro y desde fuera, acerca de la causa del deterioro. Las versiones son distintas, pero en general creo que no abundan los que aciertan con las verdaderas razones. La primera de estas hay que buscarla en la concepción territorial de España que Podemos mantiene, más por conveniencias y oportunismo que por fundados convencimientos teóricos, y que les hace muy vulnerables en la situación actual.

Es cierto que la proximidad política al nacionalismo ha permitido a Podemos alcanzar cierto éxito en las comunidades en las que las fuerzas centrífugas tienen más presencia, pero eso ha sido a condición de configurarse (incluso en el nombre) de forma distinta en cada una de ellas, hasta el punto de que muchas veces se dude de si estamos ante una misma formación política o ante una multitud de estas. Al cuestionar la unidad de España, lo que ponen en peligro es al mismo tiempo la unidad del propio partido, de manera que tienden hacia un reino de taifas. Desde Andalucía a Cataluña, pasando por Galicia, Madrid, o Valencia, el cisma y la contestación se han hecho habituales y, a pesar de la imputación de despotismo a Pablo Iglesias y a la dirección central, es difícil saber quién manda en Podemos.

En la otra cara de la moneda, el acercamiento no ya al nacionalismo sino incluso al independentismo proyecta una imagen pésima en muchas partes del Estado y les hace perder una cantidad importante de votos incluso en el ámbito de la izquierda. Resulta difícil votar a quienes defienden el derecho de secesión en España, a los que mantienen que los encausados del procés son presos políticos, a quienes se oponen por principio a la aplicación del 155 y, en definitiva, a quienes defienden, se sitúan al lado, y pactan con los golpistas catalanes.

Alguien podría objetar que todo esto en buena medida se podría predicar también del sanchismo y, sin embargo, el PSOE ha obtenido mejores resultados que en las elecciones pasadas. Resulta cierto que el papel de Pedro Sánchez frente al golpismo ha sido, como frente a casi todo, muy equívoco. No es posible olvidar que ha llegado al gobierno con el voto de los secesionistas y que con su apoyo y a base de hacerles concesiones de todo tipo ha gobernado durante un año. Eso sí, siempre sin traspasar esa línea que su partido de ningún modo le consentiría. Es precisamente esta ambigüedad del PSOE la que ha permitido a Sánchez vestirse con piel de cordero en la campaña electoral y en los momentos presentes.

Ha sido ese travestismo el que ha permitido que muchos de los votantes de izquierdas que no estaban dispuestos a apoyar a un partido como Podemos, que mantiene posiciones en muchos casos muy próximas al independentismo, se hayan trasladado al PSOE, en especial en Comunidades tales como Castilla-La Mancha o Extremadura en las que los secretarios generales, aun cuando no sean capaces de dar abiertamente la cara, mantienen bastantes resistencias a la cooperación con los nacionalistas. Este hecho parece confirmarse al constatar que el número de votos que ha ganado el PSOE es inferior al que ha perdido Podemos. Es esta misma estrategia la que sigue Pedro Sánchez cuando, asumiendo el papel de tartufo, señala las diferencias, más fingidas que ciertas, con Podemos respecto a Cataluña. Es consciente de que constituye una manera de robarle votos y de abocarles más y más a la crisis.

A su vez, Pablo Iglesias y en general todos los dirigentes de Podemos, han hecho de tontos útiles. Asumieron el trabajo sucio. Fueron ellos los que se mancharon las manos con los golpistas y secesionistas para conseguir que triunfase la moción de censura y lograr que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. El líder de la formación morada no pidió nada entonces, pero es precisamente lo mal que le ha resultado esa experiencia lo que le ha forzado a cambiar ahora de táctica. El quebrantamiento de las promesas por parte de Sánchez y la toma de conciencia de lo letal que ha sido para Podemos la alianza con el sanchismo han conducido a Pablo Iglesias a exigir un gobierno de coalición creyendo, quizás ingenuamente, que eso le garantizará el cumplimiento de un programa de izquierdas.

Iglesias tiene todo su derecho en reclamar un gobierno de coalición. Sus 42 diputados le habilitan para ello. Y a Sánchez, mal que le pese, sus 123 diputados le compelen a lo mismo. Rajoy fue perfectamente consciente de esta necesidad y por eso en 2015, al tener idéntico número de diputados de los que ahora tiene Sánchez, ofreció a Ciudadanos y al PSOE un pacto similar. Frente al derecho de Podemos de exigir un gobierno de coalición, no ha servido la excusa de Sánchez de que ambas formaciones políticas no suman mayoría absoluta. Hay varios gobiernos de este tipo en minoría en Europa. Por otra parte, Iglesia desbarató el argumento garantizando que renunciaría a su propuesta si el Congreso no la aprobaba.

Para justificar la negativa tan poco ha valido el pretexto tan reiterado de los poderes mediáticos próximos al sanchismo de que en España desde la Transición nunca se ha dado un gobierno de coalición. No sirve porque sí se ha producido en Comunidades y en Ayuntamientos, y si no se ha surgido en el Gobierno central es en primer lugar porque Pujol no ha querido, ya que tanto Felipe González como Aznar se lo ofrecieron y, en segundo lugar, porque nunca cinco partidos nacionales se habían repartido el arco parlamentario, y jamás nadie había pretendido gobernar con 123 diputados en solitario.

El argumento un tanto hipócrita de que lo importante es discutir programas y no sillones tiene su reverso en la afirmación de que sin sillones no hay garantía de que se apliquen los programas. La descalificación de que todo el problema consiste en que Podemos y Pablo Iglesias quieren sillones tiene también su otra cara en que Pedro Sánchez quiere quedarse con todos los sillones. Las propuestas que Sánchez filtró a la prensa, bien sean verdad o mentira, constituyen todas ellas trampas saduceas e indican bien a las claras la concepción errónea que tiene de la política y de los gobiernos de coalición. Primero ofreció carguillos administrativos, como si Podemos fuese una agrupación del partido socialista; después que si independientes; más tarde que si técnicos. Solo le ha faltado afirmar que iba a convocar oposiciones entre los militantes de Podemos, para comprobar quién era apto para ser ministro. Iglesias le ha contestado con acierto que él no ha llegado precisamente a presidente del gobierno por la tesis doctoral presentada en la Camilo José Cela. Le faltó afirmar que de momento lo ha sido gracias a él y a los golpistas. Resulta sarcástico escuchar a la ministra de Hacienda y a la portavoz del Gobierno defender cargadas de razón que los ministros de Podemos deben ser personas cualificadas. ¿Se han mirado a sí mismas y al resto del Ejecutivo? Que precisamente este Gobierno hable de personas cualificadas (lo dirán por el ministro de Fomento) tiene por fuerza que provocar una carcajada.

Entre las múltiples incoherencias y contradicciones en las que ha incurrido continuamente Sánchez a lo largo de este proceso no es la menor la pataleta que cogió por la decisión de Iglesias de consultar a las bases, arguyendo que la pregunta está sesgada. Y eso lo plantea Sánchez, maestro en recurrir a la militancia trucando el discurso y las preguntas para que le diesen la razón frente a todos los órganos de su partido. ¿Será posible que los españoles no tengamos memoria?

No es verdad -como torticeramente han dejado caer los sanchistas- que todo el problema de la investidura se resumía en que Pablo Iglesias quería ser vicepresidente. Es que tenía derecho a serlo, al menos en la misma medida que Sánchez presidente del gobierno. Ninguno de los dos son acreedores a ello por la exclusiva fuerza de su grupo parlamentario, pero sí quizás por la suma de las dos, resultantes de un pacto, en plan de igualdad o al menos de proporcionalidad. Sánchez ha utilizado todo el poder mediático que le facilita el hecho de estar en el gobierno, paradójicamente gracias a Podemos, para colocar en el centro de la diana a Iglesias haciéndole único responsable de que no hubiese investidura. El líder de la formación morada se apresuro a desbaratarle el pretexto renunciando a estar en el gobierno.

En realidad, el planteamiento no tenía ninguna lógica porque todos los inconvenientes que el líder del PSOE aducía para que Iglesias estuviese en el ejecutivo se pueden aplicar a cualquier otro miembro del partido. Es más, en sí mismos los argumentos son absurdos e incoherentes. Sánchez se rasgó las vestiduras porque Iglesias haya dicho que pretende estar en el gobierno para vigilarle. Pues para eso se hacen los gobiernos de coalición, para vigilarse mutuamente. En el fondo, Sánchez no quiere que le vigile nadie, ni los órganos de su propio partido, ni sus socios, ni el Parlamento.

En un gobierno de coalición, tal como existe en otros países, Los partidos coaligados se reparten el número de ministros de acuerdo a los resultados obtenidos y cada uno de ellos designa libremente los puestos que le corresponden sin imposiciones ni interferencias del contrario, aun cuando este sea el mayoritario. También cabe otra opción, que todos los ministros del gobierno incluyendo el presidente sean pactados nominativamente por ambas formaciones. Podemos tiene derecho en haber planteado las negociaciones en estos términos. Son los propios de cualquier gobierno de coalición. Otra cosa es que les convenga. Entre las verdaderas razones de su declive, a las que nos referíamos al principio, está el haberse abrazado en el pasado al PSOE y más concretamente al sanchismo. Han supuesto que era un partido de izquierdas, lo que es mucho suponer. Lo han blanqueado en infinidad de ocasiones y ellos se han quedado con los marrones.

El gran error de Podemos y de la actual Izquierda Unida es olvidarse de Maastricht, de la Unión Monetaria y de las enormes restricciones y limitaciones que imponen para gobernar. Cuando la IU de Anguita se opuso a la moneda única no fue por puro deporte contestatario, ni por ninguna veleidad antieuropea o por afán de malograr la fiesta, sino por el convencimiento de la pérdida de soberanía que implicaba renunciar a la moneda. Soberanía que no se transfería a instituciones democráticas (lo que hubiera sido perfectamente aceptable e incluso positivo), sino a los poderes económicos y a instituciones tecnocráticas que hacían imposible de cara al futuro instrumentar una política de izquierdas.

Los partidos europeos que se denominan socialdemócratas (el PSOE entre ellos), según iban aceptando paso a paso la construcción del proyecto europeo, especialmente la moneda única, renunciaban al mismo tiempo a la viabilidad de implantar su propio ideario. Habría que preguntarse si no es esta imposibilidad la que se ha querido rellenar, apropiándose en exclusiva y con cierto fanatismo (bonitas) de banderas transversales tales como el feminismo, la ecología y la lucha por los derechos del colectivo LGTB.

Las posiciones ideológicas en Europa se han ido acercando de manera que resulta imposible distinguir en las políticas económicas si está gobernando la derecha o la izquierda. Hay un relato común y un concierto ente todos los partidos que se llaman de gobierno: socialistas, liberales, populares. De ahí que sean fáciles los ejecutivos de coalición en los países de la UE y las alianzas en las instituciones europeas. Las discrepancias y controversias obedecen más a intereses nacionales que a posiciones ideológicas. Una foto expresiva de todo ello fue la que proporcionaron el otro día Felipe González y Aznar en buena armonía convocados por Eduardo Serra, secretario de Estado de Defensa del primero y ministro de la misma materia del segundo y hombre muy cercano al anterior monarca. Felipe González ha preferido siempre pactar con Pujol que con IU.

Podemos e IU, más que nunca hoy, no deberían perder de vista que estamos en la Unión Monetaria, así como las limitaciones que esta realidad impone al gobierno. Deberían recordar también ese discurso tan denostado de Anguita, el de las dos orillas. Estoy convencido que de continuar Zapatero en el gobierno no hubiese podido hacer cosas muy distintas de las que hizo Rajoy. Quizás las habría hecho peor. No por maldad, sino por ser más incompetente y con mucha menos habilidad para defenderse frente a Europa.

Cuando estoy terminando este artículo para mandarlo al periódico desconozco cuál será el resultado de la investidura. Como se dice en esa magnífica película titulada Casablanca, “a la historia le falta un final”. Los sanchitas pretenden conseguirla revistiendo de ministerios, las direcciones generales. En cualquier caso creo que Pablo Iglesias debería reflexionar acerca de que hay cosas mucho peores que no estar en el gobierno, por ejemplo, asumir el papel que ha terminado por desempeñar Tsipras en Grecia. Perder el norte y de repente no saber en qué orilla nos encontramos.

republica.com 25-7-2019

Las medidas proteccionistas de Trump frente a determinados países han hecho saltar las alarmas y tanto políticos como comentaristas avisan sobre el peligro de una guerra comercial entre naciones. Lo cierto es que la batalla comercial se ha producido siempre desde que existe el mercado. Desde que el mercado adquirió una dimensión internacional, por pequeña que fuese, el aumento de las exportaciones y la reducción de las importaciones se convirtió en un objetivo de todos los Estados.

El mercantilismo inició su andadura allá por el siglo XVI y mantuvo su hegemonía al menos hasta el final del siglo XVIII. Parte del hecho de que el enriquecimiento de una nación se encuentra en el ahorro, en la acumulación de metales preciosos (dinero) mediante el saldo positivo del comercio exterior, por lo que pretende incentivar las exportaciones y limitar, a través de contingentes o aranceles, las importaciones.

Con Adam Smith y David Ricardo se cambia radicalmente la óptica. Se establece el libre cambio, que sostiene que la mejor política en el campo del comercio internacional es la de la absoluta libertad, evitando cualquier tipo de restricciones gubernamentales, de manera que cada país se especialice en aquellas actividades para las que disponga de «ventajas comparativas» con respecto al resto. Este punto de vista tiene una aparente lógica que no es otra que la aplicación de la división del trabajo al comercio internacional. La desigualdad de los países en el punto de partida no constituye, según esa teoría, una objeción seria, no invalida sus conclusiones. El equilibrio se produciría de igual modo a través de la apreciación o devaluación de las divisas, dando lugar a nuevas relaciones de intercambio. Se establece así una nueva estructura de costes en la que todos los Estados presentarían ventajas comparativas.

Lo sorprendente de esta teoría es su defensa de que la mejor política posible para un país es la del libre comercio, no solo cuando es generalizada y todos los países se atienen a sus exigencias, sino aun en el caso de que otro u otros países practiquen una política proteccionista. Estarían así injustificadas las actuaciones tendentes a empobrecer al vecino mediante el uso de aranceles y contingentes a la importación. La verdad es que estas aseveraciones son bastante difíciles de creer; y, de hecho, en la práctica, ningún país las acepta y solo están dispuestos a desarmarse comercialmente a condición de que otros hagan lo mismo. Es más, los distintos acuerdos de comercio internacional son siempre extrañas mezclas de proteccionismo y de libre cambio, en los que cada nación intenta obtener la mayor libertad posible de exportación para sus productos, a la vez que busca un alto grado de protección para sus mercados frente a los artículos extranjeros. La misma existencia de la OMC es prueba de que ningún Estado es capaz de desarmarse respecto del comercio de algunos bienes si no obtiene contrapartidas en otros productos.

Los defensores del libre cambio mantienen que los desequilibrios en las balanzas de pagos, generados por la libertad de comercio, se corregirán automáticamente mediante ajustes en los tipos de cambio, cuya flotación modificará la estructura de costes y precios frente al exterior. Se transmuta así la competitividad de los respectivos países. El problema es que los gobiernos pueden intervenir en las cotizaciones de la moneda -la flotación de las divisas en la mayoría de los casos es sucia- y que el control sobre el tipo de cambio es muchas veces tan eficaz o más que los aranceles, los contingentes u otras medidas proteccionistas para robar parte del mercado y defenderse de la competencia.

Si fuese cierto el razonamiento de los partidarios del libre cambio, los países no mantendrían déficits o superávits cuantiosos en sus balanzas de pago durante mucho tiempo sin que fuesen corregidos por la variación de los tipos de cambio, pero la verdad es que los mantienen y el endeudamiento exterior que generan está en el origen de muchas crisis. Concretamente, se encuentra detrás de la gran recesión que sacudió a la economía mundial en 2008. Esta es la tesis que mantuve en el libro “La trastienda de la crisis” publicado en la editorial Península.

La libre circulación de capitales, unida a la asunción de la teoría del libre cambio, originó enormes desajustes en los saldos de las balanzas de pagos de los principales países, importantes déficits en unos y superávits en otros. Tales desequilibrios solo fueron posibles porque la libertad en los flujos de capitales permitía financiarlos, pero a condición de crear situaciones de extrema inestabilidad que provocaron a la larga una gigantesca crisis económica. Sería engañarse seguir pensando que la causa de la crisis fueron las hipotecas subprime o la avaricia de unos desaprensivos financieros. En todo caso, serían la consecuencia -si se quiere, el detonante-, de un fenómeno más profundo, unos desajustes en la economía mundial.

Si en 1980 los distintos países presentaban con pequeñas diferencias balanzas de pagos más o menos equilibradas, los saldos positivos y negativos fueron incrementándose, sobre todo a partir de finales de los noventa, y abriéndose ampliamente el abanico entre países deudores y acreedores, generando una situación inestable y explosiva que por fuerza tenía que estallar. Los países asiáticos: China, Hong Kong, Japón, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán, financiaban a los países occidentales: EEUU, Australia, Canadá, etc. Año tras año la necesidad de financiación de unos y el excedente de los otros era cada vez mayor. El endeudamiento de un país, al igual que el de una familia, tiene un límite, más pronto o más tarde hay que pagar. El dinero caliente a la misma velocidad que entra se retira, causando graves daños en la economía y en las condiciones de vida del país en cuestión.

Dado el volumen de EE.UU. y de China, las relaciones entre ellos pueden ser representativas del conjunto. Antes de la crisis, el elevado consumo en la sociedad americana se mantuvo a base de importar productos a precios muy reducidos, y el crecimiento de China se basó fundamentalmente en las exportaciones. El resultado es de sobra conocido: un cuantioso déficit en EE.UU., que se correspondía con el consiguiente superávit en la república comunista. Aunque, como ya se ha dicho, los desequilibrios en el comercio exterior no son privativos ni exclusivos de EE.UU. y de China, lo cierto es que conforman un binomio que sirve para explicar a donde nos conduce el actual sistema y en buena medida la causa última de la crisis. China ahorraba para prestarle a EE.UU., que así compraba sus productos.

En todo lo anterior no se ha citado a la Unión Europea. La razón es que en conjunto presentaba un saldo próximo a cero en su balanza por cuenta corriente, pero ello no quiere decir que en el interior no existiesen también profundos desequilibrios entre los países miembros. Mientras que en 2007 había países que tenían elevados superávits: Alemania (6,8% del PIB), Holanda (7,4%) Suecia (8,5%), Luxemburgo (10%), otros alcanzaban déficits desorbitados: España (-9,6%), Grecia (-15,6%), Portugal (-10,0), Irlanda (-6,5%), Chipre (-11,1%). En consecuencia, la crisis afectó también de lleno a Europa, con el agravante de que dentro de la Eurozona no se podía acudir a la realineación de las monedas.

Carece de fundamento afirmar que a lo largo de todos los años anteriores a la crisis no existiese una guerra comercial. Los fuertes desequilibrios no cayeron del cielo, sino de la política proteccionista propiciada por los países, ciertamente no con aranceles y contingentes, sino con otras medidas seguramente más efectivas como la manipulación del tipo de cambio. China, a pesar de proclamarse defensora de la globalización y de confesarse devota del libre comercio, constituye una economía fuertemente intervenida y el gobierno durante muchos años se ha dedicado a controlar la cotización del Yuan, basando todo el crecimiento económico en las exportaciones. En la Eurozona ni ha hecho falta violentar el tipo de cambio, el hecho de que países como Alemania mantengan la misma moneda que Grecia, España o Portugal constituye ya una medida proteccionista del comercio del país germánico, no solo respecto a los países del Sur de la Eurozona, sino también frente a terceros países. De no existir la Unión Monetaria el previsible tipo de cambio del marco sería bastante mayor que el que ahora alcanza el euro.

Tras la crisis, los desequilibrios se han moderado, pero ni lo han hecho de manera uniforme ni han desaparecido por completo. EE. UU. mantiene aún un déficit exterior muy elevado, que ha persuadido a Trump de adoptar medidas proteccionistas. Bien es verdad que el presidente de EE.UU. dirá que no es él quien comienza la guerra comercial, sino simplemente se defiende de una situación anormal en el comercio exterior y que las únicas medidas proteccionistas no son los aranceles o los contingentes.

Trump ha comenzado su ofensiva centrándose en China. Es comprensible porque en las relaciones bilaterales el mayor déficit que presenta el comercio del país americano es frente el país asiático. Pero, si consideramos la economía internacional en su conjunto, China después de la crisis ha modificado fuertemente su estrategia y ha corregido el elevado déficit de su balanza por cuenta corriente que mantenía con anterioridad, aunque es cierto que dada la opacidad del monstruo asiático es difícil estar seguro de algo. Ahora bien, al margen de todo, lo que sí es de prever es que antes o después el presidente americano tomará conciencia de que donde se encuentra ahora el verdadero problema es en la Eurozona.

Los países del Sur de Europa, aun a costa de tener que someter sus economías a los duros ajustes de una devaluación interna, han corregido sus déficits exteriores. Por el contrario, Alemania y Holanda no solo no han reducido sus superávits, sino que los han incrementado sustancialmente. Ambos hechos (la rectificación de unos y la perseverancia de otros) han originado un fenómeno nuevo y es que el saldo de la balanza por cuenta corriente de la Eurozona en su conjunto, que antes de la crisis se mantenía alrededor de cero, alcanza en estos momentos un superávit del 4%. Teniendo en cuenta la envergadura de su PIB, un 4% de excedente exterior constituye un nivel elevadísimo y se ha convertido en el máximo problema, mucho más que el de China, del comercio y de la economía mundial. El tipo de cambio del euro no es el adecuado, pero ¿cuál es el correcto? Si miramos a Alemania o a Holanda debería revalorizarse, pero si lo que contemplamos son las condiciones de España, Grecia, Portugal, e incluso Francia e Italia, tendría que depreciarse. Contradicciones de adoptar una única moneda con países tan diversos y sin realizar antes la unión política.

republica.com 18-7-2019

El día 1 de este mes terminó el plazo para la presentación de la declaración del IRPF. Uno de los temas siempre presentes durante toda la campaña, aunque tangencial a ella, es el relativo a las casillas para la financiación de la iglesia católica y para la de las organizaciones no gubernamentales (ONG). En varias ocasiones, a lo largo de estos meses, he tenido la tentación de dedicar a este tema uno de mis artículos semanales. Pero la existencia de otros asuntos quizá de mayor actualidad me hacía desistir. Sin embargo, las declaraciones del nuncio y, en mayor medida, la rabieta de la señora vicepresidenta me han hecho decidirme por abordar la cuestión reiterando las ideas que había escrito en varias ocasiones, por ejemplo, en el artículo titulado “El impuesto religioso” y publicado el 4 de junio de 2008 (hace once años) en Estrella digital, cuando este diario era algo parecido a lo que ahora es República.

Calificaba yo el sistema de cruces en la declaración del impuesto sobre la renta como una gran trampa y una enorme farsa. La Transición heredó del franquismo un sistema de financiación de la iglesia, mediante aportaciones del Estado, que era difícil de mantener. Se modificó en tiempos de Felipe González, pero como en “El Gatopardo”, se cambió para que todo continuase igual. El método actual no es sustancialmente diferente del anterior, la financiación continúa haciéndose con cargo al erario público. La iglesia y los defensores del sistema alegan que la aportación la realizan los creyentes que de forma voluntaria colocan la cruz en la casilla correspondiente. Nada más inexacto, puesto que estos no contribuyen con un euro más de lo que lo harían si no marcasen la cruz.

La aportación a la iglesia sale del erario público. Sea por el procedimiento que sea, consume fondos que no podrán destinarse a otras aplicaciones. Al final, el Estado precisará crear nuevos impuestos o elevar los existentes si quiere acometer tales gastos. En definitiva, todos, hayamos o no hayamos marcado la cruz, terminaremos afrontando un mayor gravamen. Aquí precisamente se encuentra la trampa del actual procedimiento: en que no solo van a pagar más aquellos que señalen la casilla de la iglesia, sino todos los contribuyentes, ya sean católicos o no. Una minoría dispone de lo que es de la totalidad. Cosa muy distinta sería si la aportación, aun cuando el Estado hiciera de recaudador, fuese adicional a la cuota del impuesto, y recayese exclusivamente sobre los que la aceptasen voluntariamente.

Parece lógico que el sostenimiento de una confesión religiosa recaiga únicamente sobre sus fieles, y no sobre todos los ciudadanos. Además, se obtendría así un beneficio adicional, se sabría a ciencia cierta cuántos católicos hay en España, y quizás se terminaría con el tópico de que nuestro país es mayoritariamente católico. Los teóricos creyentes parecen no estar dispuestos a financiar los servicios de la iglesia, con lo que es preciso interrogarse acerca de si el número de fieles de verdad no es mucho más reducido que el de las estadísticas oficiales. La propia iglesia saldría favorecida, pues, prescindiendo de hábitos y convenciones sociales, podría saber cuántos feligreses tiene. La jerarquía eclesiástica, sin embargo, parece querer vivir en una ficción, la de que la mayoría de los españoles son católicos; son tan católicos, que los obispos son conscientes de que no están demasiado dispuestos a sostener económicamente a la iglesia, por eso recurren al Estado.

El mismo razonamiento se podría aplicar a la casilla de las ONG. La aportación tampoco es gratuita y los recursos canalizados hacia ellas no podrán utilizarse en aplicaciones alternativas. En realidad, la casilla de las ONG ha surgido para ocultar en parte el privilegio que se concedía a la iglesia y tuvo en un principio un carácter alternativo, los que no marcaban la cruz de la iglesia católica tenían la opción de elegir la de las ONG. Más tarde, las presiones de la una y de las otras han conseguido que se puedan marcar las dos casillas, con lo que aumentan sin duda los recursos que van a estos fines, pero disminuyen los del erario público.

Se argumenta que tanto la iglesia como las ONG acometen obras benéficas de gran valor social. Habría entonces que preguntarse por qué tareas sociales que van a financiarse por el Estado deben ser gestionadas por asociaciones y organizaciones privadas, entre ellas la iglesia, a las que se está concediendo un poder delegado difícil de controlar. Si los recursos son públicos, es el Estado el que debe determinar las tareas sociales que hay que acometer y debe también controlar después su realización, aun cuando se ejecuten por entidades privadas mediante el sistema de transferencias. El mecanismo de las casillas traspasa los fondos sin control público ninguno, como si desde el principio fuese dinero privado y perteneciese en origen a la iglesia y a las ONG.

Caben pocas dudas de que el sistema de financiación de la iglesia debe cambiarse; es más, debería haberse cambiado ya. Del mismo modo tendría que haberse modificado el sistema fiscal de la iglesia, por ejemplo, la exención del IBI, que puede tener un sentido en aquellos edificios con valor cultural e histórico, pero no en otros, que incluso tienen una finalidad crematística, como los dedicados a la enseñanza. No vale argüir que los ayuntamientos no lo pagan. Los ayuntamientos son precisamente los beneficiarios del impuesto. No tiene sentido que paguen aquellos a quienes se les paga.

Pero las modificaciones que haya que realizar bien en el asunto mayor (la financiación) bien en el menor (las exenciones fiscales) no pueden ser el resultado de la pataleta de la vicepresidenta del Gobierno ante unas declaraciones más o menos afortunadas del nuncio. Quizás estas no fuesen muy diplomáticas, pero se explican y se comprenden por lo muy harto que debía de estar de aguantar a la ínclita Carmen Calvo, a la que el propio Vaticano tuvo que desmentir por la versión que ofreció de su encuentro con el secretario de Estado. Al dejar ya el cargo se ha permitido un pequeño desahogo. Es posible también que el nuncio no estuviese muy acertado al enunciar cierta observación ambigua como la de “que algunos tenían a Franco como un dictador”, observación que podía entenderse como que existiesen dudas de que lo fuera. Pero, prescindiendo de lo anterior, las observaciones del representante del Vaticano dieron en la diana al afirmar que este Gobierno había resucitado a Franco.

Son muchos los que piensan lo mismo. La gran mayoría, por no decir la totalidad de los que sufrimos a Franco, nos habíamos olvidado ya de él. Estaba enterrado y bien enterrado. Pero curiosamente son los que no le han conocido los que están empeñados en resucitarlo. Los números indican que nunca habían sido tantas las visitas al Valle de los Caídos. El otro día quedé tremendamente sorprendido al explorar el anaquel de novedades en la librería de unos grandes almacenes. Jamás había visto la publicación simultánea de tantos libros sobre Franco y el franquismo.

Lo anterior de ninguna manera quiere decir que no haya que exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Es más, tal vez se debía haber hecho antes. Pero, antes o después, se tendría que haber llevado a cabo sin concederle ninguna importancia, como algo natural y lógico después de tantos años de democracia, casi como un mero trámite, y desde luego negociando con la familia antes de anunciarlo. El problema es que se ha proyectado con una clara finalidad electoral y política, como propaganda gubernamental, que se pregonó a bombo y plantillo, como un enorme éxito y triunfo del Ejecutivo, Se ha hecho de ello una epopeya, un grito de guerra, un desafío, un artefacto para lanzar a la cara del contrario. Y ahí están las consecuencias. Por otra parte, cuidado con andar moviendo los cadáveres de todos los tiranos de la historia. ¿Qué hacemos con Fernando VII? Todo el panteón del Escorial podría peligrar.

Ya apenas existían franquistas. Como mucho, un pequeño grupo de nostálgicos que no constituían ningún peligro. Había conservadores, reaccionarios, retrógrados, católicos fundamentalistas y neoliberales económicos -los más peligrosos-, pero ni fascistas ni franquistas. Pues bien, ahora han resucitado con Franco, y su número crece como el de las setas. Al menos en esto el hasta ahora nuncio tiene razón. Tal vez por ello la elocuente Carmen Calvo ha saltado como una pantera. Ha amenazado al nuncio, al Vaticano y a toda la iglesia con quitarles las exenciones y los beneficios fiscales.

Y aquí está el quid de la cuestión, porque la señora vicepresidenta actúa como si el sistema fiscal fuese suyo y pudiese diseñarlo a su antojo en función de sus caprichos. Cree poder utilizarlo como arma arrojadiza contra todos aquellos que critican al Gobierno. El tema es tan grave que linda con el Código Penal, con la prevaricación y la apropiación indebida de las instituciones públicas. Las palabras de Carmen Calvo en su rabieta y enojo le salieron espontáneas. Pero he ahí precisamente el peligro. Porque indican la mentalidad del Gobierno, o al menos de su vicepresidenta, de adueñarse del Estado y de emplear para sus particulares fines todas sus instituciones. Hoy es al nuncio y a la iglesia a los que se amenaza, mañana puede ser a cualquier institución o ciudadano.

Si hay que quitar a la iglesia sus beneficios fiscales o, lo que es más importante, su sistema privilegiado de financiación, no puede ser porque el nuncio haya criticado al gobierno de turno, sino porque se considere justo y conveniente para el interés general.

republica.com 11-7-2019

Pablo Sebastián, editor de este periódico, ha escrito -y con razón- que Pedro Sánchez no es la solución, sino el problema. En realidad, hay que decir que lo ha sido desde el primer momento, desde las elecciones de 2015. Paradójicamente, ahora habla de bloquear el gobierno, cuando él desde hace cuatro años se ha entregado con ahínco a este cometido y ha cerrado todas las salidas que no pasasen por ser él el presidente del ejecutivo.

El problema es que para esto último los resultados nunca se lo han puesto fácil. No obstante, con 90 diputados y 33 menos que Rajoy tuvo la osadía de presentarse a la investidura. Le daba igual con quién tuviera que pactar y el contenido del pacto, con tal de que fuese un escalón hacia su objetivo. Pretendió firmar un acuerdo al mismo tiempo con Ciudadanos y con Podemos. Misión imposible, teniendo en cuenta que ambas formaciones son como el agua y el aceite en casi todos los temas; no solo en política social y económica, sino también, e incluso en mayor medida, en política territorial. Dada la inviabilidad de casar dos programas tan dispares, optó por exigir la adhesión incondicional y gratuita de Pablo Iglesias con el argumento de que Podemos no podía votar en contra de un gobierno socialista. Bien es verdad que él se presentaba en buena medida con el programa de Ciudadanos, que de socialista tenía bien poco.

Hoy vuelve a repetir la misma jugada. No quiere oír hablar de gobierno de coalición. Pretende gobernar solo, aun cuando únicamente cuenta con 123 diputados. No me cansaré de repetirlo: es el mismo resultado que originó la dimisión de Pérez Rubalcaba e idéntico también al que obtuvo Rajoy en las elecciones de 2015 y que, ante la imposibilidad de formar gobierno, condujo a la repetición de elecciones en 2016. Pretende chantajear de nuevo a Pablo Iglesias responsabilizándole de no permitir por segunda vez que exista un gobierno de izquierdas.

De izquierdas no sé, pero de Pedro Sánchez no solo lo permitió, sino que hizo de aglutinante y artífice para que pudiera gobernar (el tiempo que pudo) con 85 diputados. Intuyo que precisamente esa experiencia es la que le ha llevado a desconfiar del actual presidente del gobierno en funciones. Ha salido bastante escaldado del experimento y con una pérdida de 30 diputados. Piensa -y es posible que este en lo cierto- que la única forma de garantizar (si es que lo es) que se cumpla lo pactado es estando en el gobierno.

El chantaje de Sánchez no solo se dirige a Podemos, sino a todos los otros partidos; a algunos con el argumento de que si no le apoyan no tendrá más remedio que pactar con los secesionistas, y a todos con la tesis de que no existe otra alternativa. Especial presión se está ejerciendo sobre Ciudadanos movilizando todos los medios, tanto interiores como exteriores. Interiores, desde las fuerzas económicas hasta los medios de comunicación social pasando por la contestación interna de algunos de sus dirigentes, curiosamente y de forma particular los que están conectados con el mundo económico. No se puede olvidar que son los puestos de esta área los mejor retribuidos y algunos de ellos podrían ser ocupados por la formación política que garantizase la investidura. Mayor gravedad tienen las presiones que vienen de fuera. Resulta indignante que un jefe de Estado extranjero intervenga en los asuntos políticos de otro Estado soberano, y más si lo hace a petición del presidente del gobierno de este último país.

La teoría de que no hay otra opción solo tiene visos de realidad desde la distorsión que, desde hace bastantes años, casi desde el principio de la democracia, se lleva haciendo de nuestro sistema político. Poco a poco se ha ido transformando lo que es un sistema parlamentario en un sistema presidencialista. Se comenzó por introducir la costumbre de que cada formación política en las elecciones generales designara un candidato a la presidencia del gobierno. Por supuesto, de forma extraoficial y sin ningún valor jurídico, pero que confunde sobre el verdadero sentido de estos comicios en los que no se elige al presidente del gobierno sino solo a diputados y senadores. Según nuestro sistema político, es el Congreso de los Diputados el que después de constituido debe elegir al jefe del ejecutivo. En sentido estricto, no hay candidato a la presidencia hasta que el jefe del Estado no lo designa, y no debería designarlo hasta que de las rondas con las distintas fuerzas políticas dedujese que algún español (no tiene por qué ser diputado) tiene probabilidad de obtener los apoyos necesarios.

Recientemente ha ido tomando fuerza en esta misma dirección de deformar nuestro sistema político otra práctica con efectos bastante negativos. Me refiero a las primarias. Las critiqué desde el principio, hace ya casi veinte años. Y más tarde, según iban adquiriendo popularidad, reiteradas veces en bastantes artículos. Frente a los que las tenían y tienen por un sistema más democrático, he pensado siempre que deterioran seriamente la democracia y consagran el caudillismo, eliminando la división de poderes dentro de los partidos. Quien es elegido por la militancia considera que no debe dar cuenta a nadie, excepto a las propias bases cuya opinión es siempre bastante fácil de manipular. En la actualidad, Pedro Sánchez constituye un buen ejemplo de ello. Nunca los sistemas asamblearios han sido buenos.

Pero es que, además, el llamado sistema de primarias se asienta sobre un principio falso, el del que nuestro sistema político es presidencialista y que, en consecuencia, los ciudadanos votan directamente al presidente del gobierno. Hablar de primarias implica aceptar que hay elecciones secundarias, es decir, que posteriormente los ciudadanos eligen al jefe del ejecutivo, lo cual no es cierto, eligen a los diputados y son estos los que escogen al presidente del gobierno. La inconsistencia llega al summum cuando se convocan primarias a la secretaria general o a la presidencia de un partido. ¿Dónde están después las secundarias?

Mientras ha existido el bipartidismo, esta distorsión de nuestro sistema político, transformándolo en la práctica de parlamentario en presidencialista, no tenía demasiada importancia, porque era siempre uno de los dos partidos el que se imponía, bien con mayoría absoluta, bien con una mayoría relativa muy sólida, que necesitaba solo completarla con unos cuantos diputados que normalmente obtenía de los partidos nacionalistas pagando el correspondiente peaje. Los votantes conocían de antemano, por tanto, que uno de los dos partidos ganaría las elecciones, sabían con que programa se presentaba cada uno y quién sería, si ganaba, el presidente de gobierno.

Con el fraccionamiento del espacio político la cosa se ha complicado. Las mayorías absolutas han desaparecido y, aunque un partido teóricamente haya ganado las elecciones, los escaños obtenidos resultan claramente insuficientes para gobernar en solitario. Se vieron las dificultades que Rajoy tuvo en las legislaturas pasadas y, por mucho que Pedro Sánchez pretenda ahora convencernos de lo contrario, va a ser difícil que pueda gobernar en solitario. Solo lo consiguió y únicamente por nueve meses, apoyándose en los golpistas, pero parece que la experiencia no convenció a Pablo Iglesias, que fue el muñidor de ese gobierno, y sin embargo no está dispuesto a repetirlo.

Políticos y electores tendrían que acostumbrarse a la nueva situación. Ningún partido puede pretender aplicar en exclusiva su programa. El programa tiene que ser objeto de negociación; pero de igual modo es muy posible que se tenga que negociar la composición del ejecutivo y, aunque ahora extrañe porque va en contra de todo lo que se ha vivido hasta el momento, tenga que pactarse la propia designación de presidente del gobierno. Un partido puede elegir en solitario a su secretario general o a su presidente, pero si necesita el concurso de otro u otros dos para llegar a la Moncloa, no podrá designar en solitario qué presidente de gobierno ha de ser investido.

Pedro Sánchez, para presionar a las demás formaciones políticas, mantiene que él es la única alternativa. Pero en realidad él es el problema. Su connivencia con los golpistas durante el último año le incapacita para tener el apoyo de los partidos constitucionalistas, que además no se fían de él y piensan que la cabra siempre tira al monte. La única opción que tiene es repetir de una o de otra forma el gobierno Frankenstein, y eso siempre que Podemos acepte por fin apoyarle. Pero eso no quiere decir que no haya otra alternativa, y que esté obligado a abrazar a los golpistas. Puede dimitir e incluso sin dimisión su grupo parlamentario puede proponer para presidente de gobierno a otros candidatos y que uno de ellos fuese aceptado por los diputados de otros partidos, dejando al margen a las formaciones sediciosas que además proclaman que están dispuestas a repetir la asonada.

No cometeré el error de lanzar nombres, lo que sería una osadía por mi parte. Parto además del convencimiento de que lo que se acaba de plantear, aunque casa plenamente con nuestra Constitución y se adecua fielmente al funcionamiento de un sistema parlamentario, carece de cualquier probabilidad de que suceda. Primero porque hasta ahora nunca se ha actuado de ese modo en España, pero segundo, y principalmente, porque Pedro Sánchez ha dado suficientes muestras de no estar dispuesto a dimitir nunca. Se aliaría con el diablo con tal de continuar en la presidencia del gobierno. Tampoco existe ninguna posibilidad de que el grupo parlamentario socialista pueda actuar al margen de Sánchez. Después de las primarias, su control sobre el partido es total ya que ha construido la Ejecutiva, el Comité Federal y el grupo parlamentario de manera que no pueda existir la mínima discrepancia.

En cualquier caso, lo que es totalmente cierto es que a Pedro Sánchez no le está permitido afirmar que no existe otra alternativa. Si repite el ejecutivo Frankenstein y se apoya en los sediciosos para continuar en la Moncloa, la responsabilidad será solo suya, y suya será también la responsabilidad de todas las cesiones que haga a los nacionalistas para mantenerse en el gobierno. No podrá echar la culpa a las otras formaciones políticas. Tampoco el grupo parlamentario socialista puede lavarse las manos, por mucho que mediante las primarias y las consultas a las bases Pedro Sánchez haya establecido un régimen autocrático dentro del partido socialista. Pedro Sánchez es el problema, pero los diputados del PSOE se convertirán en cómplices.

republica.com 5-7-2019