ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Algo parecido se podría decir de la Unión Europea. Las instituciones y los mandatarios europeos son expertos en desfigurar las palabras y manejarlas con el sentido contrario al que realmente tienen. Todos los medios de comunicación han divulgado, pletóricos de euforia, la buena nueva. La prensa suele ser cómplice de las instancias oficiales en la transmisión de las noticias que distorsionan la realidad. Europa avanza, han dogmatizado los titulares. La razón: que el Eurogrupo había aprobado crear un presupuesto para la Eurozona.

Expuesta así, la noticia era de envergadura. Muchos de los que hemos criticado la Unión Monetaria hemos basado nuestra repulsa en que la ausencia de una unión fiscal, es decir, la carencia de un presupuesto, condenaba a la Eurozona al fracaso e incrementaba los desequilibrios y desigualdades entre los Estados. En principio, por tanto, era de pura lógica que a las 4,30 de la madrugada, al terminar la reunión del Eurogrupo, el resultado del acuerdo produjese entre todos los asistentes un clima de euforia y optimismo. El ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, calificó el pacto de mini revolución. En la misma línea, el alemán Olaf Scholz se refirió a ello como “un gran salto”. Más comedido fue el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, que declaró: “Hemos dado un número de pequeños pasos que, combinados, dan como resultado un progreso real”. El comisario de Asuntos económicos, Moscovici, se mostró mucho más prudente y, poniéndose la venda antes de la herida, pidió que no se desprecie la “importancia simbólica” del acuerdo.

Se comprende que recurriese a la importancia simbólica, porque no hay posibilidad de encontrar otra, ya que, si se va mas allá de los titulares, se descubre que el rey está desnudo, es decir, que el acuerdo nace vacío de contenido. Lo que se ha diseñado carece de cualquier similitud con un verdadero presupuesto. Es un mero fondo. Aunque no se han dado demasiadas explicaciones, parece vislumbrarse como un híbrido entre los de Fondos de cohesión y el MEDE. Solo se sabe que se dirigirá a inversiones y a reformas. Ni se cuantifica ni se especifica su financiación. Ahora, eso sí, ya se adelanta que las inversiones tendrán que ser cofinanciadas por los países beneficiarios. Se presume que el instrumento creado -si finalmente ve la luz- será un parche más, orientado a despejar el balón y que, como mucho, al igual que los de cohesión, el MEDE o el FEDER, servirán para aliviar u ocultar los problemas de la Unión Monetaria temporalmente, pero en modo alguno la harán viable a medio plazo.

Lo que resulta palmario es que no se puede tomar como un presupuesto, tal como lo entiende cualquier teoría sobre la hacienda pública, y tal como se da en cualquier Estado por muy federal o confederal que sea, y como resulta necesario para que una Unión Monetaria pueda funcionar y no genere mayores desequilibrios entre los países. Un presupuesto comunitario para la Eurozona, aun cuando partiese de un esquema muy simple, debería contar al menos con algunos elementos esenciales. En primer lugar y de forma ineludible, con figuras tributarias propias que recayesen por igual sobre todos los ciudadanos europeos (no sobre los países) y cuya única diferencia estuviese marcada por la capacidad económica. En segundo lugar, con mecanismos claramente redistributivos y anticíclicos como puede ser un seguro de desempleo unitario.

El seguro de desempleo constituye un buen instrumento anticíclico, pero es muy posible que en momentos de dificultades aquellos países más castigados por la crisis y que tengan que realizar ajustes, al carecer de moneda propia, no puedan utilizarlos, porque los mercados no se lo permitan. Parece lógico, por lo tanto, que exista un sistema colectivo que sea global y distribuya los costes para toda la Eurozona. Existe, además, un argumento de justicia. La imposibilidad de modificar el tipo de cambio entre los países miembros genera grandes diferencias en los saldos del sector exterior, lo que se traducirá en tasas de paro también muy dispares. Mientras unos países Alemania, Holanda y Austria presentan unas tasas de desempleo del 3,5%, 3,9%, y 4,8%, respectivamente, otros presentan tasas de paro mucho más elevadas: Grecia (18%), España (15%), Italia (10%), Francia (9%) y Chipre (8%) etc. Ambas situaciones son cara y cruz de la misma moneda. El coste de soportar el paro debería recaer, por tanto, sobre la totalidad de la Eurozona.

El tema resulta tan evidente que en la actualidad lo defiende, por supuesto sin éxito, el propio comisario de Asuntos económicos. De ahí su decepción, al salir el otro día de la reunión del Eurogrupo, y no tener más remedio que hablar de valor simbólico. Lo cierto es que, de acuerdo con esa misma lógica, la idea (por supuesto solo la idea) lleva presente en Europa hace ya algunos años. En 2015 el informe llamado de los cinco presidentes (Comisión, Consejo, BCE, Eurogrupo y Parlamento) lo proponía y fijaba la fecha de 2017 para su entrada en vigor. Estamos en el 2019 y la propuesta continúa en el mundo de las ideas y es de prever que allá se perpetuará, y si en algún momento se implanta será deformada y jibarizada, de manera que no cumpla sus objetivos, pero sobre todo que no mutualice costes ni implique políticas redistributivas.

Es la norma en Europa. Buen ejemplo de ello lo tenemos en la Unión Bancaria aprobada hace ya seis años, pero cuya implantación solo se ha hecho realidad en aquellos elementos que representan traslado de competencias a los órganos comunitarios, y aun ello con bastantes limitaciones. Por el contrario, ni visos de todo lo que signifique mutualización de riesgo, de costes o de deudas. Sigue sin desarrollarse el fondo de garantía de depósitos europeo. En este tema, la última reunión del Eurogrupo no ha dado ningún paso hacia adelante. Tampoco el Fondo Único de Resolución Bancaria ha entrado en funcionamiento. No ha asumido el coste de las últimas crisis de entidades financieras -Popular en España y Veneto Banca en Italia-, ya que ha recaído sobre los respectivos países: accionistas en el Popular y contribuyentes en el Veneto.

El fracaso -aunque muchos de los participantes y parte de la prensa lo califiquen de forma distinta- de la última reunión del Eurogrupo, pone en evidencia entre otras cosas la petulancia de Macron que, con engreimiento y frivolidad, creyó que él solo era capaz de arreglar todos los problemas de la Moneda Única. Merkel le ha tomado el pelo. Pretendió hacer un pacto con la canciller alemana por el que se comprometía a aplicar en Francia las medidas que venían exigiendo las instituciones europeas, a condición de que Alemania y los países del Norte admitiesen en la Unión Monetaria las reformas necesarias, entre ellas la creación de un presupuesto de la Eurozona. Merkel dio buenas palabras, pero como siempre echó balones fuera. El presidente francés sí introdujo muchas de las medidas de ajuste, hasta el punto de incendiar el país galo con la revuelta de los chalecos amarillos y perder más y más popularidad, lo que hace muy improbable su reelección. Pero de las reformas de la Eurozona, como se ha visto en la última reunión, han quedado solo una sombra, porque sombra de presupuesto es lo que acaba de aprobar el Eurogrupo.

Macron, sin embargo, continúa creyéndose el gran líder de Europa y está alborotando el Consejo, en ese mercadillo que mantienen los jefes de gobierno para repartirse los cargos de la Unión Europea. Merkel, abandonando el lenguaje diplomático, ha llegado a exclamar: «Macron no manda aquí. Esto no es Paris, sino Bruselas». Y es que Macron se considera una especie de emperador respecto a determinados territorios entre los que debe estar España, porque de manera inaudita se ha permitido intervenir en la política interna de nuestro país, manifestando los pactos que le gustan o no le gustan. Claro que ello difícilmente hubiera sucedido si no se lo hubiese pedido el propio presidente del Gobierno español que, como contrapartida, se ha convertido en su acólito en Europa. Mala costumbre esta de recurrir a los extranjeros para solucionar los pleitos internos. A Sánchez se le ha debido pegar de sus, a veces, compañeros de cama, los independentistas. El internacionalismo de los conflictos tiene profundas raíces españolas. Salvando las enormes diferencias de tiempo y ocasión, también el rey felón reclamó la intervención de los cien mil hijos de San Luis para finiquitar el trienio liberal e iniciar la década ominosa.

Macron, acosado por Le Pen, es muy sensible a los populismos, pero poco al secesionismo, ya que no le molestan los pactos que Sánchez realiza con los golpistas. El populismo parece estar de moda, aunque nadie sabe muy bien qué es. Tal vez porque lo haya de múltiples clases. Populista es, a mi entender, también quien utiliza los partidos políticos para su ascenso, los denigra después y pasa de ellos para crear su propio movimiento, plataforma o como quiera que se llame, convirtiéndose en su caudillo. Macron, Valls, Carmena, podrían servir de ejemplo. Acaso también Sánchez, si bien por otro camino, el de las primarias, sistema plenamente populista.

republica.com 28-6- 2019

Hay mantras que terminan configurando el pensamiento único. Uno de ellos lo constituye la afirmación de que existe una enorme desigualdad entre los géneros. No digo yo que no exista, sino que, por una parte, se le otorga una dimensión desproporcionada y, por otra, se equivoca la causa, que es más cultural que legal o económica. Por otra parte, no creo que esta sea la desigualdad más grave e hiriente que existe en nuestra sociedad. Eso sí, es la única que tiene ministerio propio.

No cabe punto de comparación con la que tradicionalmente se ha entendido como desigualdad social o económica, la que se da entre los grupos o clases sociales. Diferencias que suelen extenderse, como es bien sabido, a la cultura y al poder. Hay también otra desigualdad que va adquiriendo cada vez más importancia en nuestro país, la de los desequilibrios regionales. Estos, al amparo de la organización territorial de las Autonomías, se hacen más profundos y ostentosos. A lomos del nacionalismo y de los partidos regionalistas (estos últimos cada vez más abundantes), que cuando juegan en el tablero nacional se preocupan solo de los intereses de su demarcación, se generan injusticias y discriminaciones sin cuento. El hecho de que con frecuencia los partidos mayoritarios les hayan concedido el papel de bisagras ha colaborado a esta situación perversa.

El nacionalismo, tanto el catalán como el vasco, a pesar de pertenecer a las regiones más ricas y políticamente más privilegiadas, no abandona su victimismo. Se quejan de que el resto de España les maltrata. España nos roba. ¿Cómo no ver en esta postura el rechazo de los ricos a la política redistributiva del Estado? Es la negación a colaborar en la corrección de los desequilibrios regionales que genera el mercado.

Los nacionalistas vascos han conseguido escabullirse de la redistribución estatal mediante el mantenimiento de una antigualla medieval incompatible con una hacienda pública moderna; no obedece a los criterios que presiden un Estado democrático, sino que es propia de una monarquía feudal regida por fueros y privilegios. Lo cierto es que, gracias al cupo y a los chantajes a los respectivos gobiernos a la hora de calcularlo, el País Vasco y Navarra se acogen en el Estado Español a todo lo que creen que les beneficia, y eluden todo lo que les puede representar un coste. Se crea un proceso redistributivo a la inversa, de las regiones más pobres a dos de las más ricas de España.

El nacionalismo catalán se ha venido rebelando también contra la función redistributiva del Estado. Tal pretensión estuvo presente en la negociación del último estatuto. ¿Qué es si no ese planteamiento de proporcionalidad que exige que la inversión estatal en Cataluña represente respecto de la total un porcentaje equivalente a la participación del PIB catalán en el de la nación? ¿Acaso el tan reivindicado principio de ordinalidad no es la negación de todo proceso tendente a la corrección de las desigualdades?, ¿qué pensaríamos si esas mismas exigencias se plasmasen en el plano personal por los mayores contribuyentes de España?

Quiérase o no, el proceso de rebeldía que estos últimos años ha sacudido a la sociedad catalana tiene su origen cronológico y etiológico en el intento de alcanzar la misma situación privilegiada en el orden fiscal que poseen el País Vasco y Navarra. Cronológicamente, porque la sedición se inició cuando Rajoy negó a Mas el pacto fiscal, sistema similar al del cupo. Fue el mismo presidente de la Generalitat el que dejó perfectamente claro que o se le concedía ese régimen de excepción o pondría en marcha el proceso hacia la independencia. No deja de ser significativo que la visita de Mas a la Moncloa se efectuase después de que la enorme manifestación de descontentos obligase al presidente de la Generalitat a entrar en helicóptero al Parlament. A partir de entonces, el Gobern se las ingenió para lavarse las manos y echar todas las culpas al Estado, que “robaba a los catalanes”, y para presentar como única solución caminar hacia la tierra prometida, la independencia.

Etiologicamente porque la razón última del procés se encuentra en el anhelo de la burguesía y de las elites catalanas de librarse de las transferencias que Cataluña como región rica debe hacer a los territorios menos afortunados en compensación al flujo de dinero que se produce en sentido contrario a través del mercado, por el hecho de pertenecer todos a la misma unidad económica. Esa causa última, sin embargo, se envuelve y se esconde en un discurso más ideologizado y romántico, capaz de agitar las pasiones y pulsiones de una parte de la sociedad. Se explotan los sentimientos identitarios o supremacistas, pero detrás de todo ello se vislumbra la repulsa a una hacienda pública estatal.

Esta realidad aparece de forma clara en el comportamiento de los empresarios catalanes que -encelados con la idea de una hacienda pública propia, en la que no tuvieran que contribuir al bienestar de otras regiones- colaboraron, al menos con el silencio, al procés, en la creencia de que la sangre no llegaría al río, y ellos sacarían tajada; pero se asustaron, y muchos de ellos salieron corriendo cuando el proceso se convirtió en un golpe de Estado difícil de asimilar. Ahora quieren que retorne la normalidad, su normalidad, porque demandan de Torra, sí, que acate la ley, pero al mismo tiempo andan apremiando al presidente del Gobierno e insinuándole que la forma de solucionar el conflicto es concediendo a Cataluña el pacto fiscal y la condición de nación.

Pero ahí está precisamente el peligro porque, definida Cataluña como nación (no solo en el sentido cultural, sino también en el legal y constitucional), el nacionalismo no tardaría en reclamar de nuevo y con más argumentos la independencia, aunque en realidad con el pacto fiscal la habría conseguido ya en el aspecto más importante, el fiscal y presupuestario. Trocear la hacienda pública sería agrandar enormemente las desigualdades entre los distintos territorios. Si en las cuatro últimas décadas estas se han incrementado, la situación se haría claramente insostenible sin el paraguas fiscal del Estado. Ello aparece de forma palmaria al contemplar el reparto regional de la renta, en dos supuestos distintos, lo que llamamos los economistas antes de impuestos y después de impuestos, es decir, antes y después de la acción redistributiva del Estado. En el segundo caso las desigualdades no desaparecen pero sí se reducen notablemente. Por esto resulta tan incompresible que partidos o personas que se consideran de izquierdas asuman y defiendan los planteamientos de los secesionistas.

Pedro Sánchez ha dado pruebas suficientes de que para mantenerse en el gobierno no le importa pactar con los independentistas y ceder en lo que sea necesario. Bien es verdad que es difícil de creer que pueda concederles su pretensión máxima, la de convocar un referéndum, pero sí el pacto fiscal con las perversas consecuencias que se seguirían de ello. No es extraño por tanto que muchos miren a Ciudadanos en actitud si no suplicante al menos expectante (y algunos de forma crítica y de censura) para que se abstenga, tanto más cuanto Pedro Sánchez de una manera muy hábil ha echado sobre ellos la carga de la prueba. Si pacta con los independentistas, es porque no le dejan otro remedio.

Pues bien, no parece que la abstención pueda ser la solución; más bien se configura como una trampa. Una vez en el gobierno, nadie garantiza que Pedro Sánchez no pacte con los golpistas siempre que le venga bien a sus intereses y necesite sus votos para gobernar. El gran triunfo del que se jacta Sánchez se reduce a 123 diputados, el mismo número que obtuvo Pérez Rubalcaba, y que le llevó a dimitir, y también los mismos que logró Rajoy en el 2015, y menos de los que este alcanzó en 2016. Número, en suma, que resulta a todas luces insuficiente para gobernar en solitario. Precisarán continuamente el apoyo de otras fuerzas. La simple abstención sin contrapartidas resulta inútil para asegurar que los independentistas no condicionen la gobernabilidad de España y que no consiguen sus objetivos.

Sería muy distinto si, tal como hizo Rajoy en el 2015 con el PSOE y Ciudadanos, Sánchez hubiera ofrecido a Rivera formar un gobierno de coalición, que comprometiese al primero y diese garantía al segundo. Nada de eso plantea ni planteará. Está muy lejos de sus intenciones. Además, Sánchez ha demostrado sobradamente que no es de fiar. Desde el minuto uno, después de las elecciones, ya en la composición de las mesas, ha exteriorizado de forma clara cuál es el camino que se ha trazado. Su petición de abstención sin contrapartida constituye tan solo una excusa, una coartada, para justificar su pacto con los golpistas y alegar después que no le han dejado otro camino.

republica.com 21-6-2019

Milton Friedman, en una conferencia que pronunció en la Universidad de Londres y que, junto con otros trabajos, publicó en castellano hace ya muchos años la editorial Gedisa, relataba cómo al colaborar en un libro sobre la historia monetaria de los Estados Unidos se vio obligado a leer medio siglo de informes del Banco de la Reserva Federal, y que el único elemento que hizo más liviana esa tarea ingrata y tediosa fue la oscilación cíclica que estos informes atribuían a la importancia y efectividad de la política monetaria. En los años buenos se decía: «Gracias a la excelente política monetaria de la Reserva Federal…»; en los años malos, por el contrario, se afirmaba: «Pese a la excelente política de la Reserva Federal…», y luego se criticaba lo que consideraban políticas y medidas erróneas.

Seguro que algo parecido le sucedería al estudioso español que quisiera bucear en los informes del Banco de España (BE) y consultar en las hemerotecas las declaraciones de sus responsables. La experiencia sería también terriblemente monótona, porque año tras años vienen repitiendo las mismas cantinelas y proponiendo las mismas recetas. Entre sus obsesiones se encuentra siempre presente el tema de las pensiones públicas. Hay que reconocer, sin embargo, que en este aspecto el BE no es nada original, las pensiones constituyen también la obsesión de la OCDE, del FMI, de la Comisión, del BCE, etc., y, como no podía ser menos, de los servicios de estudios de todas las entidades financieras, que no en balde obtienen jugosos beneficios de los fondos privados de pensiones.

En el informe de 2018 publicado hace unos días no podía faltar el tema de las pensiones. El BE reitera la urgencia de la reforma del sistema y reprocha al Gobierno no haberla acometido ya, aun cuando no se hubiese logrado el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Lo cierto es que la postura resulta un tanto ingenua, puesto que en plena campaña electoral era imposible no ya la unanimidad, ni siquiera el mínimo acuerdo. Más bien, cada partido ha aprovechado la cuestión para apuntarse el tanto, presentándose como el máximo defensor del sistema público, al tiempo que reprochaba a los otros partidos que cuestionasen su viabilidad y que estuviesen dispuestos a reducir en el futuro la cuantía de las prestaciones.

No es la primera vez que ocurre. Ya sucedió a principio de los noventa, cuando el PSOE y el PP se acusaban mutuamente de poner en riesgo el sistema. El Pacto de Toledo nació en buena medida del deseo de sacar el tema de las pensiones de la confrontación política y electoral y convertirlo en un pacto de Estado. En realidad, este fue el único elemento positivo del pacto, tal vez junto al compromiso de todos los partidos de que las prestaciones se actualizasen todos los años con el IPC que, si bien garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, les privaba de cualquier participación en la prosperidad y en el crecimiento de la economía. Compromiso que, por otra parte, ha sido roto recientemente.

Al margen de esto, el Pacto de Toledo introdujo al sistema público en una trampa de difícil salida al ligar su financiación a un solo ingreso, el de las cotizaciones. Se le hace depender así de la pirámide de población, del número de trabajadores, del empleo y de la relación activos/pasivos. Incluso se le somete a soportar la ofensiva de los empresarios y de los políticos liberales, que demandarán la bajada de las cotizaciones como forma de ser más competitivos y crear más empleo. Se separó a la Seguridad Social del Estado, no solo administrativamente sino también financieramente. Para que la operación tuviese algunos visos de verisimilitud, la sanidad y otras prestaciones se sustrajeron a la SS, y se presentó a esta como un sistema cerrado (ahora reducido únicamente a pensiones) que tiene que autofinanciarse.

Este artificial fraccionamiento entre Estado y SS se refuerza con dos prácticas también erróneas y que inducen a confusión. La primera es la que se llama falsamente “hucha de las pensiones” constituida por los superávits en las cuentas de la SS (que lógicamente cada vez serán más raros), teóricamente destinada a enjugar los déficits que se producen en otros años. La segunda son los créditos que el Estado concede a la SS cuando la cuantía de sus ingresos es inferior a la de los gastos.

El error de fondo consiste en considerar a la SS como algo distinto del Estado, que precisa tener una hucha o que le preste el propio Estado. Lo lógico sería que los excedentes de la SS (cuando los hubiere) revirtiesen en el Estado y que sus déficits (en su caso) se enjugasen con aportaciones (no préstamos) del mismo Estado. Hasta el momento no hay ningún partido que defienda este planteamiento. Todos hablan de préstamos y no de aportaciones a fondo perdido. Es más, el discurso de algunos políticos se ha rodeado de sorprendente demagogia acerca de la hucha de las pensiones. El Tribunal de Cuentas participa de esa misma equivocación cuando afirma que la SS está en quiebra. Olvida que es parte del Estado y sus cuentas se integran en las estatales, y su deuda desaparece al consolidar las cuentas de la Administración central. Son todos los ingresos del Estado los que deben garantizar las pensiones públicas y no hay por qué dar a su financiación un tratamiento diferente del que se proporciona a la sanidad (antes estaba en la SS), a la educación, al seguro de desempleo, a los gastos de dependencia, etc. No se necesita una reforma de las pensiones, sino del sistema fiscal.

La solución que propone el informe del Banco de España es, como de costumbre, muy simple. Todo se reduce a minorar por uno u otro procedimiento las prestaciones, con el peligro de que el sistema quede convertido en pura beneficencia. Aconseja alargar la vida laboral y retrasar la edad legal de jubilación. La contestación parece evidente. Vale poco dilatar la edad legal, cuando la edad real es bastante inferior, ya que se utiliza la jubilación anticipada como un escape de la presión de los expedientes de regulación de empleo y un sustituto del seguro de desempleo. Es más, mientras el paro ascienda a tres millones de personas, es absurdo hablar de retrasar la edad de jubilación porque seguro de desempleo y prestaciones de jubilación constituyen vasos comunicantes. Lo que se ahorre en pensiones se gastará en seguro de desempleo.

Tampoco es muy feliz la idea de considerar la totalidad de la vida laboral a efectos de calcular las pensiones. En realidad, es tan solo una forma de reducir la cuantía de las prestaciones, amén de modificar la concepción que de las pensiones públicas tiene la Constitución española. Su razón, según la Carta Magna, no está en reintegrar al pensionista lo cotizado a lo largo de su vida laboral, sino en garantizar que el trabajador tras la jubilación contará con ingresos similares a los que tenía antes de jubilarse. No se trata de una prestación privada basada en el “do ut des”, dotación-rescate. No tiene por qué existir una equivalencia entre cotización y prestación. De ahí que se conforme como sistema de reparto y que su carácter sea público.

La idea de las pensiones que tiene nuestra Constitución se aleja de ese modelo liberal en el que estaba seguramente pensando Carlos Solchaga, ex ministro socialista de Economía, cuando, en contestación a los pensionistas que se manifestaban, afirmó que estaban recibiendo mucho más de lo que habían aportado. En el sistema español las cotizaciones, que en su mayor medida corren a cargo de los empresarios, tienen la condición de tributos y no de aportaciones a un fondo que se rescatará posteriormente, y las pensiones no son la recuperación de ningún ahorro personal sino una prestación social más, que al igual que la educación, el seguro de desempleo, la sanidad, etc., son propiedades (en el sentido aristotélico del término) que siguen necesariamente a la esencia del Estado social.

Carece de sentido plantear el tema como lucha entre generaciones. Primero porque todos o casi todos, antes o después, seremos pensionistas y los posibles recortes, si bien van a afectar a los jubilados actuales, tendrán un impacto aún mayor sobre los futuros pensionistas. Segundo porque durante toda su vida laboral los pensionistas actuales no solo han contribuido con las cotizaciones sociales, sino con impuestos con los que se han costeado la educación, las infraestructuras, etc., beneficiando así a las generaciones más jóvenes, y elevando la productividad de la economía y con ello el nivel de vida promedio de todos los ciudadanos. En los últimos cuarenta años se habrá duplicado la renta per cápita.

La viabilidad de las pensiones al igual que la de todos los gastos sociales no depende, como nos quieren hacer creer, de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce y de la decisión política y social sobre la distribución de lo que se produce. Sin embargo, son estos dos parámetros los que parecen estar en crisis. El pensamiento único neoliberal domina la Unión Europea, y la falta de una armonización fiscal, laboral y social dificulta la posibilidad de una política redistributiva y la suficiencia y progresividad de los sistemas fiscales. A su vez, la necesaria creación de empleo en España dentro de la Unión Monetaria parece conducir, tal como apuntan las últimas estadísticas, al estancamiento de la productividad. He ahí el verdadero peligro que acecha no solo a las pensiones, sino a todo el Estado Social.

republica.com 14-6-2019

Cuentan, y creo que cuentan con fundamento aquellos que lo saben bien, que allá en 2004, cuando nadie esperaba el triunfo de Zapatero (puesto que nadie podía imaginar la tragedia que iban a originar los terroristas en Madrid), antes de que se hubiesen cerrado los colegios electorales, el difunto Botín llamó a Peces Barba. Existía ente ellos una buena relación debido a las actividades académicas que financiaba el Banco Santander (de los mecenazgos hablaremos otro día). La finalidad de la llamada era comunicarle que el partido socialista había ganado los comicios y que el ministro de Economía tenía que ser Pedro Solbes, como así fue finalmente.

No me detendré en el hecho de cómo las fuerzas económicas y empresariales, a menudo, intervienen y condicionan la actividad política ni en la desconfianza que la bisoñez e impericia del equipo de Zapatero despertaba en el poder económico. Pretendo señalar tan solo cómo para quienes dominan ciertos medios e instrumentos les es posible conocer los resultados electorales antes de que cierren los colegios.

No es de extrañar por tanto que el día 26 del pasado mes, el Gobierno conociese los resultados con anterioridad a que se hiciesen públicos. De ahí que Pedro Sánchez quisiera comparecer sin esperar al final del recuento, sabedor de que había perdido la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid (sus dos grandes apuestas) y muy posiblemente Aragón, Castilla y León, Murcia, La Rioja y un montón de alcaldías de plazas principales. Su prematura aparición le libraba de tener que dar explicaciones más tarde sobre estas posibles pérdidas. Podía, como así hizo, comparecer con Borrell afirmando que había ganado las elecciones europeas, únicas en las que era indudable su triunfo (una vez más Borrell se había prestado a blanquear a Sánchez), y también en las municipales y autonómicas, puesto que era cierto que el PSOE había sido el partido más votado, pero eso no significaba, al igual que le había ocurrido al PP en las elecciones de hace cuatro años, que los votos se transformasen automáticamente en opciones de gobierno.

Sin duda alguna, Madrid enturbia el triunfalismo de los sanchistas, puesto que tanto el candidato de la Comunidad como el del Ayuntamiento eran apuestas personales de Sánchez. Desde que fue elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez no ha tenido reparo alguno en intervenir de forma dictatorial en aquellas federaciones que eran vulnerables, al tiempo que caía en la ocurrencia de realizar nombramientos estrambóticos de personas a las que llama independientes, pero que en realidad son astronautas en el mundo de la política (en algunos casos en el sentido estricto). De la sociedad civil, se afirma, como si hubiese dos sociedades distintas. Ya en 2015, entró en la organización de Madrid como elefante en una cacharrería. Despreciando todos los procedimientos democráticos, cesó al secretario general de Madrid. Le echó de malas maneras de la propia sede sin permitirle ni siquiera recoger sus enseres. Nombró una gestora a su conveniencia, y también por obra y gracia del dedazo nombró a Ángel Gabilondo, sin ningún arraigo en el partido, candidato a presidir la Comunidad de Madrid. Ciertamente, no tuvo demasiado éxito en las elecciones.

En 2019 no solo ha mantenido el mismo candidato para la Comunidad, sino que, en un alarde de genialidad y despreciando a muchos militantes con historia y méritos más relevantes, ha colocado como candidato a alcalde a quien parece saber mucho de baloncesto, pero que carece de cualquier capacitación para ejercer de político. Las primarias para su designación constituyeron toda una pantomima, pues había un mandato implícito (bueno, no tan implícito) del secretario general a la militancia. Su presencia en los debates constituyó una ópera bufa pues se le preguntase lo que se le preguntase contestaba «déjeme que les diga» y leía un papel que alguien le habría escrito, sin relación, por supuesto, con la pregunta. Y como el que no se engaña es porque no quiere, se jactaba de haber ganado unas primarias. Los resultados electorales fueron los que cabía esperar.

La fiesta va por barrios. En la legislatura anterior la división de la izquierda permitió al PP ser el partido más votado. Pero eso no supuso la posibilidad de gobernar de forma generalizada. En muchas Comunidades y Ayuntamientos los pactos le mandaron a la oposición. A menudo, esta situación no fue aceptada de buen grado por los populares (políticos y partidarios mediáticos). Reclamaban el poder para la formación más votada. En múltiples ocasiones, me he referido a lo ilógico de tal pretensión, puesto que no se ajusta a un sistema parlamentario y no mayoritario como el nuestro, en el que debe gobernar quien consiga el apoyo de más parlamentarios o concejales, y por lo tanto resulta imprescindible abrirse a los pactos.

Pues bien, paradójicamente, ahora al estar dividida la derecha es el PSOE el que ha sido en la mayoría de los sitios el partido más votado, pero por el mismo motivo es posible que en muchos de ellos los pactos puedan arrebatarles el gobierno. Y ahora también es el PSOE el que se queja de ello y Pedro Sánchez afirma aquello de que los españoles han votado a los socialistas, lo mismo que hace cuatro años los populares mantenían que los ciudadanos habían manifestado su deseo de que fuese el PP el que gobernase. Lo cierto es que los ciudadanos o los españoles con mayúscula no existen a la hora de votar. Es cada uno de forma individual el que se inclina por una u otra formación política. A no ser que haya mayoría absoluta -lo que en España va resultando cada vez más difícil-, es de ese sudoku y de los pactos y consensos de donde surge la voluntad popular y por lo tanto el gobierno.

Pedro Sánchez lleva muy mal que a pesar de ser el PSOE el partido más votado en la mayoría de las Comunidades y Ayuntamientos termine gobernando en muchas de ellas otra formación política gracias a las negociaciones. Con el mal perder que le caracteriza, recurre a innobles artimañas en el extranjero para que se presione a Ciudadanos con la finalidad de que pacte con el PSOE y no con el PP. Sánchez no tiene ningún reparo en utilizar su cargo de presidente del Gobierno y aprovechar la comida que en concepto de tal mantuvo con el primer ministro francés para comparecer a continuación en público y afirmar con pose de tartufo y en clara alusión a Ciudadanos que en Europa no se entiende que un partido liberal pacte con la ultraderecha.

Tanto dialogar con los golpistas, a Sánchez se le ha pegado la pésima costumbre de internacionalizar los conflictos nacionales, dando entrada a los extranjeros en aquellos asuntos que deben ser solucionados exclusivamente por los españoles. Cada país tiene leyes propias, sus características, sus problemas y su forma de solucionarlos. Lo de la extrema derecha, lo mismo que lo de la extrema izquierda, no constituye un término univoco. En principio, son conceptos vacíos. Indican tan solo que en una ordenación de izquierda a derecha del espacio político (por otra parte, cada vez más difícil de delimitar en los momentos actuales) se está en el extremo de uno u otro lado. Se rellenan y adquieren contenido solamente en cada país. Ciertamente con semejanzas, pero también con muchas diferencias. Las reacciones ante ellos no pueden ser las mismas.

Se comprende que Macron tenga a Le Pen como enemiga pública número uno, la considere el máximo peligro y pretenda aislarla, no en vano le pisó los talones en las generales y le ganó en las europeas. Pero la situación en España es muy distinta. Vox por mucho que Pedro Sánchez lo agite, de acuerdo con su conveniencia, como un fantoche, para meter miedo, no constituye ningún peligro. Aquí la amenaza radica en el independentismo (que apenas existe en Francia) y más concretamente en el secesionismo golpista. Por todo ello es tan hipócrita el planteamiento de Sánchez al condenar toda relación con Vox al tiempo que la ha mantenido y mantiene con los sediciosos, siendo presidente del Gobierno gracias a ellos. Entre ambos grupos no existe comparación, por mucho que se empeñen Ábalos y la ministra de Justicia.

El 23 de diciembre del pasado año, al comentar en estas mismas páginas las reacciones a las elecciones andaluzas, señalaba yo la incongruencia que se comete cuando se anatematiza a Vox, por muchos que sean los desacuerdos que se tengan con sus planteamientos. Nuestro sistema político es tan garantista que consiente lo que otros prohíben. Permite a los partidos mantener todo tipo de opiniones por muy contrarias que sean a lo políticamente correcto e incluso a la propia Constitución. No es ningún delito criticar algunos aspectos de la Carta Magna y desear su modificación. De hecho, es muy posible que como buen documento de consenso no haya nadie que esté al cien por cien de acuerdo con ella. Todos, comenzando por el presidente del Gobierno, querrían cambiarla. El problema es que las reformas señaladas por cada uno serían distintas y que el consenso se vería mucho más reducido que el conseguido en 1978.

El hecho de no estar de acuerdo con determinadas partes de la Carta Magna no convierte a una formación política en anticonstitucional, incluso es perfectamente lícito que abogue por su modificación, siempre que el cambio se plantee siguiendo los procedimientos que establece la propia Constitución. Lo que hace a los nacionalistas catalanes ser golpistas y anticonstitucionalistas es pretender cambiar la Constitución por la fuerza, valiéndose del inmenso poder que les concede controlar todas las instancias de una de las Comunidades más ricas y más descentralizadas de España. Y lo que convierte también en sospechosos de mantener una postura ambigua ante la Carta Magna, a los que defienden el derecho a decidir, es que parecen conceder este derecho a las regiones o a las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, la soberanía, cuando la Constitución no la confiere.

Por más disparatados que pensemos que son los planteamientos de Vox, no parece estar entre sus intenciones dar un golpe de Estado o modificar la Constitución por la fuerza. Es más, cuanto más desatinadas sean sus pretensiones, menos peligro representará. Por otra parte, su nacimiento se debe en buena medida a los desmanes cometidos por los independentistas y por lo que consideran tibia reacción ante ellos de los gobiernos y de los partidos de implantación nacional. Por más que le interese a Sánchez, no equivoquemos la diana. El peligro se encuentra en los partidos supremacistas que pretenden hablar en nombre de no se sabe qué pueblo y que desprecian al resto. Dejemos a Europa en Europa, a Macron en Francia y preocupémonos de las fuerzas centrífugas que amenazan con destruir el Estado español.

republica.com 7-6-2019

Los sanchistas han pedido al PP y a Ciudadanos que, por el “bien de España”, se abstengan en la votación de investidura a la presidencia del Gobierno. Saben de sobra que esto no va a ocurrir, pero les sirve como excusa de su previsible pacto con los secesionistas, responsabilizando de la decisión al resto de las formaciones políticas. Ciertamente los partidos nacionales, durante los últimos cuarenta años, deberían haber tenido en cuenta lo del «bien de España», para pactar entre ellos y ponerse de acuerdo en que el gobierno nunca dependiese de los partidos nacionalistas y de aquellas otras formaciones que, lejos de defender el interés de todo el Estado, se cuidan solo del provecho de una región o territorio concreto. Pero, de hecho,no ha sido así.

La superación del bipartidismo alentaba cierta esperanza, pronosticaba que la multiplicación de formaciones políticas tal vez hiciese posible el acuerdo entre ellas y, en consecuencia, innecesario, el chantaje nacionalista o regionalista. No ha ocurrido nada de eso. Más bien, todo lo contrario. El problema ha empeorado. Primero porque algunos de los que eran nacionalistas se han transformado en independentistas, incluso en sediciosos. Segundo porque las formaciones regionalistas o reducidas a un solo territorio se han multiplicado como las setas, aun en Comunidades en las que nunca se hubiese sospechado que algo así llegase a ocurrir.

Tras las elecciones del 28 del pasado abril, continúa viva la conveniencia de que el Gobierno se libre del chantaje nacionalista y, dados los resultados obtenidos, la única vía posible es que la alianza se trenzase entre PSOE y Ciudadanos, pero parece que eso tampoco es viable. Rivera ha reiterado con frecuencia a lo largo de la campaña electoral que no pactaría nunca con Pedro Sánchez. Una promesa intempestiva e imprudente cuya única finalidad era disputar absurdamente el liderazgo de la derecha al PP, pero que le hizo perder el centro a favor del PSOE. Ahora bien, eso no representa ciertamente el mayor obstáculo, ya que no es la primera vez que Rivera cambia de opinión. Terminó pactando con Rajoy cuando había afirmado que no lo haría nunca.

La causa de la gran dificultad de este pacto no se encuentra en el líder de la formación naranja, sino en el propio Pedro Sánchez. La invitación de Sánchez y sobre todo la motivación que aduce no se pueden tomar muy en serio cuando provienen de quien en 2015, ante una situación similar pero a la inversa, se negó a cualquier negociación o apoyo a Rajoy hasta el extremo de que tuvieron que repetirse las elecciones pagando incluso el coste de obtener peores resultados. Esta pérdida de escaños no le hizo cambiar de táctica, por el contrario, continuó acariciando la idea de conseguir un gobierno Frankenstein.

No deja de ser irónico que los sanchistas demanden ahora la abstención cuando rompieron la disciplina de partido y Pedro Sánchez dimitió de su acta de parlamentario para no tener que abstenerse en la investidura de Rajoy. Es difícil tomar en serio tal petición cuando el actual secretario general del PSOE hizo del «no es no» y de la imputación de pactistas a sus contrincantes el arma principal en las primarias. Su victoria no se basó en la España multinacional, sino en la utilización de los sectarios sentimientos anti PP de la militancia socialista, simétricos a los que las bases del PP tienen frente al PSOE.

Una vez de nuevo en la secretaría general del PSOE, no solo no evitó «por el bien de España» que Rajoy pactase con los nacionalistas del PNV, sino que le incitaba a ello para justificar su falta de apoyo, ocasionando que el Gobierno pagase (la sociedad entera) un elevado precio. Pero, sobre todo, la petición de los sanchistas aparece como el culmen de la hipocresía y evidencia que no van en serio cuando se confronta con la moción de censura y los nueve meses de gobierno posteriores, en los que Pedro Sánchez no solo llega al poder con los votos de nacionalistas e independentistas, sino que les hace todo tipo de cesiones con la finalidad de mantenerse en el poder.

La falta de credibilidad de la solicitud de los sanchistas se hace patente cuando se analizan las semejanzas y desemejanzas entre la situación creada tras las elecciones del 2015 y la situación actual. En las elecciones del 2015, el PP como partido más votado obtuvo 123 diputados, el mismo número que ha conseguido el PSOE como formación triunfadora en los últimos comicios. En 2015, se quebró el bipartidismo y esta superación se mantiene en los momentos presentes. Pero a partir de ahí comienzan las diferencias.

En el 2015, Rajoy, nada más conocer los resultados, fue consciente del nuevo escenario en el que a partir de entonces se iba a desarrollar la realidad política, un abanico mucho más abierto y en el que ningún partido podría gobernar por sí mismo, ya que necesitaría siempre el concurso de otro u otros. Creyendo también que el problema más importante de España era la rebelión en Cataluña y la posible disgregación territorial generada por el nacionalismo, lo primero que hizo fue llamar al diálogo y a la negociación a las fuerzas políticas que consideraba constitucionalistas, diálogo totalmente abierto sin prejuzgar el tipo de alianza que al final se produjese, bien gobierno de coalición, bien pacto de legislatura o simplemente acuerdo para la investidura.

Sin embargo, como es sabido, este posible consenso fracasó desde sus inicios por la negativa radical de Sánchez a sentarse a negociar con Rajoy. De haberse llegado a un pacto, del tipo que fuese, los acontecimientos en Cataluña seguramente hubieran sido distintos. La unión de los tres partidos habría puesto las cosas mucho más difíciles a los independentistas, y les hubiera hecho pensar más sus actos. Pero es que incluso desde la óptica económica y social los resultados habrían sido más positivos. En lo económico, mayor estabilidad; y, a la vista de lo que Rajoy cedió frente a Ciudadanos y al PNV, cuánto más grandes no hubieran sido sus concesiones sociales a lo largo de esos cuatro años de haberse llegado a un acuerdo desde el principio; seguramente bastante más importantes que los obtenidos en toda esta frustrada legislatura, incluyendo los nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez.

La oferta al diálogo de Rajoy parecía totalmente sincera. Contrasta, por tanto, con la petición que los sanchistas hacen a Ciudadanos para que se abstengan. No es creíble ni están dispuestos a hacer nada para conseguirlo. En primer lugar, porque en ningún momento se propone como negociación, sino como un voto de adhesión sin nada a cambio. En segundo lugar, porque, cuando se produce, el PSOE de Pedro Sánchez ha tomado ya determinadas decisiones que indican bien a las claras cuáles son sus preferencias y por dónde va a orientarse su actuación política. Se intuye que se encamina en la misma dirección de los nueve meses anteriores de gobierno.

El pacto para la constitución de las mesas de Congreso y Senado no indica para nada que su propuesta a Ciudadanos fuese en serio. El nombramiento en las dos Cámaras de presidentes del PSC y con posturas más bien ambiguas frente al nacionalismo, y las primeras actuaciones de ambos indican sin género de duda cuál va a ser el tratamiento y la relación con los golpistas, más cerca de ellos que de los constitucionalistas. En especial, Batet nos va a proporcionar días de gloria. Miguel Cruz, por su parte, en una entrevista retaba a que le dijesen qué motivos había en los momentos actuales para aplicar el 155. Me atrevo con modestia a remitirle a mi artículo de hace quince días en estas mismas páginas.

Dados estos resultados electorales, las encuestas indican de forma clara que el pacto preferido por la mayoría de los españoles sería el de PSOE y Ciudadanos. Incluso entre los mismos votantes del PSOE. Tal vez estén pensando en el «bien de España». Nunca he sabido muy bien qué es eso de España. Quizás el resultado de un devenir histórico. Lo que sí sé bien es lo que es el Estado español, que sin duda podría ser otro, pero es el que es y en él se asientan el derecho, la democracia y la única posibilidad de mayor igualdad. Todo ataque al Estado es un asalto a esas realidades. Su desintegración nos retrotrae a la tribu. ¿Por el bien de España? Por el bien de los españoles, por el bien del Estado, la actuación del PSOE debería ser bien distinta.

republica.com 31-5-2019

En 2014, en las últimas elecciones al Parlamento europeo, la participación global en toda Europa fue tan solo del 42,6%, dato bastante expresivo del interés que suscitan estos comicios en la sociedad. De hecho, tal porcentaje no ha dejado de descender desde 1979, fecha en la que se situó en el 63%. En 2014 solo dos países mantienen una participación superior al 60%, Bélgica (89,64) y Luxemburgo (85,55), lo que obedece, tal vez, a que ambos viven -y viven bien- de la Unión. España ha seguido un proceso similar al total de Europa La participación en las últimas elecciones fue del 43,81%. Solo ha habido dos excepciones, en 1994 y en 1999, años en los que la cifras están distorsionadas por coincidir el primero de los procesos con las andaluzas y el segundo, con las municipales y autonómicas. Ocurrirá lo mismo el próximo domingo, la participación no será significativa. Habrá que preguntarse cuál sería el porcentaje de abstención si no coincidiesen con las municipales y con las autonómicas. Y es que es bastante evidente que el Parlamento europeo sirve para poco, aun cuando se pretenda rellenar la usencia real de competencias con discursos grandilocuentes y toda una serie de ritualismos y teatralidades que, a base de agitación, parece que tienen contenido. Pero el poder está en otra parte: en el Consejo, en la Comisión y en el Banco Central Europeo.

Los jefes de Estado y de gobierno se reunieron ya el jueves día 9 en Rumanía con la intención de comenzar un proceso complicado, el de repartirse el pastel, o más bien iniciar la lucha por el reparto. Han quedado de nuevo para el día 28, dos días después de las elecciones, para continuar con el mercadeo de cargos. No es que el resultado electoral vaya a servir para algo, pero hay que guardar las apariencias. Cada presidente de gobierno (importa poco a qué partido pertenezca) luchará por colocar en los puestos más relevantes a sus compatriotas, porque el juego es en clave nacional y no ideológica. Por mucho que se diga lo contrario y que el discurso oficial denigre al nacionalismo, en materia ideológica apenas existe diferencia (en realidad el diseño no lo permite) y todo se debate en el ámbito territorial.

Hay un mito acerca de la Unión Europea, que viene desde muy antiguo, y es el de situar su origen y razón en el deseo de construir una Unión Política que hiciera imposible la repetición de las contiendas que arrasaron Europa. Paradójicamente, ahora que Gran Bretaña abandona la Unión, se piensa que fue Winston Churchill quien el 19 de septiembre de 1946 en un discurso en la Universidad de Zúrich, basándose en estos motivos, lanzó la idea de construir los Estados Unidos de Europa.

El guante fue recogido por Robert Schumann, quien propuso administrar en común la producción franco-alemana del carbón y del acero. Sobre esta base, en 1951 se creaba entre Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). El acuerdo más que económica tenía una finalidad política. El Tratado hacía imposible que ninguno de los firmantes pudiera fabricar individualmente armas de guerra para utilizarlas contra los otros.

Pero ahí terminó todo. El fracaso en 1954 de la Comunidad Europea de Defensa (CED) propuesta por Francia hizo patentes ya las dificultades y la casi inviabilidad de cualquier avance en la unidad política. A partir de ese momento, el proyecto se encaminaría únicamente por la integración de ciertos aspectos de la realidad económica, más concretamente de la comercial. En 1958 los mismos países que habían firmado el CECA constituyeron el Mercado Común. En el fondo, lo que se creaba era exclusivamente una unión aduanera, con un periodo transitorio de doce años. El modelo había cambiado radicalmente. Los principios que lo informarían de ahí en adelante serían los del neoliberalismo económico, y los intereses, los del poder económico. Hubo quien justificó el giro producido acudiendo a la gradualidad, alegando que se comenzaba por los temas económicos, pero que detrás de estos vendrían los políticos. Lo que nunca ha ocurrido ni ocurrirá.

El proceso al principio fue muy lento y transcurrieron más de treinta años sin consecuencias notables. Al fin al cabo se trataba únicamente de una integración comercial y entre países bastante similares. Las contradicciones comenzaron a surgir a partir de 1989 con la implantación del Acta Única y más aún con la introducción a principios de siglo de la moneda única. Todo ello acompañado de un proceso de ampliación que convertía a la Unión en un conglomerado totalmente heterogéneo de 28 países.

La libre circulación de capitales se adoptó sin armonización fiscal, laboral ni social, lo que ha generado una competencia desleal entre los Estados a base de reducción de impuestos, deterioro de las condiciones laborales y recortes de los gastos sociales. La consecuencia era inevitable: incrementar la desigualdad entre los grupos sociales dentro de cada país. A su vez, la moneda única se constituyó sin integración fiscal ni presupuestaria, lo que ha agrandado brecha entre los distintos Estados. La Eurozona no cumple casi ninguna de las características de lo que la teoría económica señala como criterios necesarios de las zonas monetarias óptimas.

En los momentos actuales, la dispersión entre los países es tan grande que es imposible hablar de Unión o de establecer una política económica común, y mucho menos soñar con una Europa federal. La renta per cápita de Luxemburgo es más de cinco veces la de Bulgaria. Y sin irnos a los extremos, la renta per cápita de Austria, Holanda, Alemania, Suecia, etc., casi duplica a la de Grecia, Hungría, Polonia y Portugal, todos ellos países de la UE. La misma dispersión se encuentra en los salarios. La media se sitúa cerca de los 2.000 euros mensuales, pero hay países que, como Dinamarca y Luxemburgo, exceden ampliamente los 3.000 euros, mientras todos los del Este no llegan a los mil, y otros como Portugal y Grecia que apenas los sobrepasan.

Tales diferencias situadas en un mercado común con libre circulación de capitales tienen por fuerza que generar un sinfín de contradicciones, y lanzar a los países a una carrera orientada a ganar competitividad frente a terceros, a través de la bajada de impuestos, y el deterioro de las condiciones laborales y sociales. La situación se complica aún más dentro de la Unión Monetaria. Sin moneda propia, los países, ante posibles desequilibrios, no pueden acudir a la devaluación y el ajuste se realiza en el sector real bien mediante paro o bien mediante deflaciones internas que castigan gravemente a las clases bajas. No puede extrañarnos por tanto que la desigualdad se haya incrementado en todos los países. Los sistemas fiscales se han hecho más regresivos, los costes laborales reales han crecido menos que la productividad, con lo que la distribución de la renta ha evolucionado en contra de los salarios y a favor del excedente empresarial.

No solo es que la Unión Monetaria haya incrementado la desigualdad dentro de los Estados, sino que se han ampliado todavía más las divergencias entre ellos. La brecha entre los países del Norte y los del Sur se ha agudizado. Las diferencias en los saldos de la balanza por cuenta corriente crean empleo en unos y lo destruyen en otros, lo que se traduce en tasas de paro muy distintas: Grecia (18%) y España (15%) encabezan el ranking; les siguen Italia (10%), Francia (9%) y Chipre (8%). En el otro extremo se encuentran Alemania (3,5%), Holanda (3,99%) y Austria (4,8%). La misma existencia de la prima de riesgo contradice la homogeneidad precisa en una unión monetaria. Indica la diferencia del tipo de interés de cada país con el de Alemania, y por lo tanto entre todos ellos. La diversidad en el coste de financiación crea una situación de partida dispar entre los miembros, que por fuerza falsea la competencia.

El centro de reflexión Bruegel acaba de publicar un estudio que señala cómo la Unión Monetaria ha incrementado la brecha entre el Norte y el Sur. La tasa media anual de crecimiento de la renta per cápita en el periodo 2003-2017 señala de forma clara la distinta evolución seguida por los dos bloques de países. Los países más perjudicados han sido Grecia (-0,74%) e Italia(-0,24) con tasas negativas. Otros países del Sur como Portugal (0,63%), España (0,64%)y Francia (0,75), aunque presentan tasas positivas son muy inferiores a las de la mayoría de los Estados del Norte: Finlandia (0,84%), Bélgica (0,87%), Austria (1,05%), Holanda (1,08%), Suecia (1,33%) y Alemania (1,39%). Existe en algunos casos tales como los de España e Italia un agravante, el hecho de que se hayan potenciado las divergencias económicas internas entre las distintas regiones, lo que incentiva movimientos independentistas en las más pudientes que, dado el ejemplo del modelo europeo, quieren librarse de los mecanismos redistributivos.

Todos esos datos son totalmente lógicos y de alguna manera constituyen el resultado que cabría esperar cuando se ha negado toda viabilidad a una unión fiscal y presupuestaria. El presupuesto comunitario (1,2%) es radicalmente incapaz de compensar los desequilibrios territoriales que surgen de cualquier unión económica. Es más, se ha desechado todo procedimiento de mutualización de deuda y de compartir riesgos.

Las enormes discrepancias entre los países miembros exigirían fuertes mecanismos de cohesión y redistribución, pero paradójicamente la misma importancia de esas diferencias hace imposible una unión fiscal y presupuestaria; jamás los países ricos aceptarán una transferencia a los países menos desarrollados de recursos tan cuantiosos como los que se producirían. ¿Puede extrañarnos que cada vez sean más los ciudadanos de todos los países que desconfíen de la Unión Europea y que se pregunten (teniendo en cuenta que la unión política no es posible,) si no habrá que dar marcha atrás en esta integración que es meramente comercial, financiera y monetaria?

Las oligarquías europeas, con intereses personales en el proyecto, arremeten contra lo que califican de retroceso nacionalista. Pero lo único que se ha internacionalizado hasta ahora son los mercados, el capital y las monedas, y aparece como imposible internacionalizar la fiscalidad, las condiciones laborales, las prestaciones sociales, las finanzas públicas, los gobiernos y en general el poder político. En estas condiciones y ya que no existen en la Unión Europea mecanismos democráticos para controlar a los mercados y a los poderes económicos, habrá que preguntarse si no sería lógico someterlos de nuevo a los Estados nacionales. En fin, por lo menos parece bastante coherente que los europeos se interroguen con cierto escepticismo acerca de si sirven para algo las elecciones al Parlamento europeo.

republica.com 24-5-2019

Pedro Sánchez manifestó su intención de nombrar a Iceta presidente del Senado. Muchos son los comentarios que a propósito de esta designación, aunque abortada, habría que hacer, porque son muchos también los mensajes que el secretario general del PSOE ha pretendido lanzar con ella. Aunque hay uno que resalta por encima de todos, la intención y el deseo de enterrar el 155. La mayoría absoluta conseguida por Pedro Sánchez en el Senado alejaba ya la posibilidad de una futura aplicación en Cataluña, pero, por si cupiera alguna duda, Sánchez había ideado colocar de presidente de esta segunda cámara a quien más obstaculizó en el pasado su aplicación y cuando esta fue ya ineludible más presionó para que fuera lo más blanda y por el periodo más corto posible.

Hace más de año y medio, concretamente el 2 de noviembre de 2017 –casualidad, el día de los difuntos- en un columna titulada «El artículo 155 y las elecciones anticipadas», escrita en esta misma plataforma digital, criticaba yo la tardanza en aplicar el citado artículo en Cataluña y, sobre todo, que se hubiese fijado a priori el plazo de su vigencia. Se situaba su final en la toma de posesión de un nuevo gobierno salido de las elecciones autonómicas que se convocaban en ese mismo momento. Anticipaba -y lo grave es que acertaba- los problemas que se iban a derivar de tal precipitación. Se retornaría, apuntaba, a la misma situación existente con anterioridad a la aplicación del artículo. Y así ocurrió, y si la situación no ha sido exactamente la misma se debe a la actuación de la justicia y al miedo que los secesionistas parecen haber tomado a los tribunales. Lo cual es lógico cuando se vive excesivamente bien (nada de opresión) y no se está dispuesto a arriesgar nada. El independentismo en Cataluña ha sido, por el contrario, toda una fuente de privilegios y prebendas. Los secesionistas continúan con su proyecto y no tienen ningún inconveniente en saltarse una y otra vez la legalidad, con la única limitación de no incurrir en alguna de las figuras tipificadas en el Código Penal.

Criticaba también en aquella columna lo que en mi opinión era una excesiva dramatización de la medida. Quizás porque no se había aplicado nunca (tan solo se había amagado una vez con ella en la época de Felipe González), se consideraba su implantación una grave excepcionalidad que solo debía utilizarse en casos extremos. Sin embargo, eso no es lo que parece deducirse de la redacción literal del artículo. Según la ley, su aplicación se justifica siempre que una Comunidad Autónoma incumpla las obligaciones que la Constitución o las leyes le imponen o actúe de forma que atente gravemente contra el interés general de España y que, además, el Gobierno autónomo se resista a rectificar. No se trata del simple incumplimiento, sino de la obcecación en mantener la irregularidad y la inobservancia.

Como se ve, la intervención puede obedecer a dos motivos. Por acción o por omisión. En el primer caso, los responsables de la Comunidad Autónoma actúa en contra del interés general de España y la ley exige una condición, que ese atentado sea cometido de forma grave. En el segundo caso, es por omisión, cuando los representantes de la Autonomía dejan de cumplir determinadas obligaciones que las leyes le imponen. En este segundo supuesto no se habla de la gravedad. Se entiende que a las Comunidades Autónomas y a sus responsables se les debe pedir en todas las ocasiones el cumplimiento de la ley, al igual que se les demanda a los ciudadanos, aun cuando el quebrantamiento no constituya un delito tipificado en el Código Penal.

En este segundo caso, dadas las múltiples competencias que poseen las autoridades de una Comunidad Autónoma, es lógico que las leyes les impongan también múltiples obligaciones, y así mismo que los incumplimientos que pueden cometer sean numerosos y de importancia, materia y clase muy variadas. Habrá que concluir por tanto que las formas de aplicar el 155 podrán ser igualmente muy diferentes tanto en su amplitud como en su intensidad. De ahí que el mandato de la ley al Gobierno central de «adoptar las medidas necesarias» adolezca también de una gran generalidad. Es el grado y la clase del incumplimiento lo que determinará qué medidas son necesarias emplear y, en consecuencia, la intensidad y amplitud de la aplicación del 155. Es lo que se llama proporcionalidad; ahora bien, proporcionalidad no quiere decir inacción.

Estas consideraciones conducen a señalar que durante estos cuarenta años de vigencia de la Constitución habrían sido varias las veces que hubiera sido necesario aplicar el 155 (y no solo en Cataluña) o, al menos, haber hecho el requerimiento al presidente de la Comunidad respectiva. Se imponía, como mínimo, en todas aquellas ocasiones en las que los responsables de una Comunidad Autónoma han hecho oídos sordos a las sentencias de los tribunales y han continuado manteniendo el incumplimiento de la ley como si no pasase nada. Es posible que muchos de los problemas actuales que presenta el Estado de las Autonomías se deban a la pasividad con que los distintos gobiernos han contemplado las violaciones legales cometidas por algunas Comunidades y por sus responsables.

No obstante, ha sido en Cataluña, y desde el año 2015, cuando se ha hecho más evidente que el Gobierno de la nación tenía que haber actuado y haber requerido a las autoridades autonómicas a cumplir la legalidad y no haber esperado a esa situación límite de la proclamación unilateral de independencia. En esta demora ha tenido mucho que ver la postura del PSC y, más concretamente, de su primer secretario, que al estar contaminados de nacionalismo veían como una suerte de sacrilegio la intervención del Gobierno central en Cataluña. Por una parte, Rajoy pretendía que a la hora de tomar la decisión hubiera consenso al menos entre las tres formaciones que él consideraba constitucionalistas; por la otra, Iceta forzaba a Pedro Sánchez a ser totalmente reticente hasta el último instante en que la decisión era ya inevitable, e incluso en esta ocasión a descafeinar hasta el extremo la medida.

La aplicación raquítica en su momento del 155 ha dejado que en la actualidad perduren, excepto en materia penal, los mismos hechos, infracciones, incumplimientos y dejación de funciones que aconsejaban entonces su empleo. De la educación al orden público, del Diplocat y las llamadas embajadas a los medios públicos de comunicación, pasando por un largo etcétera, son muchos los aspectos en los que las autoridades de la Generalitat no cumplen ni el papel ni las obligaciones que la Constitución y las leyes les encomiendan.

Existe una teoría bastante extendida, y defendida incluso a menudo desde el Gobierno central, de que para la aplicación del 155 se precisan hechos y actuaciones de las autoridades autonómicas. Ello puede ser cierto en materia penal (aunque el delito de conspiración para la rebelión existe, aun cuando esta no se ha producido), pero no para la utilización del 155, que pretende corregir también las omisiones, el mero incumplimiento de las obligaciones propias del puesto que se ocupa. No solo “el hacer”, sino también “el no hacer”.

Resulta innegable que en la actualidad tanto el presidente de la Generalitat como el resto de consejeros y muchos de sus cargos públicos intentan infligir daño, cuanto más grave mejor, a lo que llaman el Estado español, desacreditándolo y calumniándolo frente a los otros países. Es también patente que el presidente de la Generalitat y otras muchas autoridades no cumplen con las obligaciones de su cargo que la ley les impone. Pretenden disfrazarlo bajo el paraguas de la libertad de expresión. Nadie le impide al señor Torra que goce de la más absoluta libertad de expresión, pero en tanto en cuanto no la ejerza en su calidad de presidente de la Generalitat, y por lo tanto máximo representante del Estado en su Autonomía.

Recientemente se ha producido un hecho curioso y sintomático. La Junta Electoral ordenó a Torra quitar los lazos del Palacio de la Generalitat, a lo que el president se ha resistido hasta el último momento, hasta que no ha tenido más remedio que cumplir el mandato, puesto que ya iban a intervenir los mossos por orden judicial. La pregunta surge de inmediato: ¿Es únicamente durante la campaña electoral cuando deben desaparecer los signos partidistas de los edificios oficiales?, ¿no están obligadas las respectivas autoridades a garantizar la neutralidad y evitar el uso particular de los medios públicos?, ¿no debería intervenir el Gobierno central cuando de forma generalizada se incumplen estos principios legales sin esperar a que lo imponga un juez? Para eso está el 155. Después nos quejamos de que se judicializa la política. Si se judicializa es tan solo porque antes la política se ha inhibido. La política no solo es diálogo, sino también imposición cuando el diálogo no es posible.

Mientras el Gobierno dependía de los secesionistas era imposible pensar en aplicar el 155. Después de las elecciones generales y dados los resultados, la situación apenas ha cambiado, porque con toda probabilidad el próximo Ejecutivo, más allá de desencuentros tácticos, va a apoyarse de nuevo en los sediciosos. Con la propuesta, aunque fallida, de Iceta como presidente del Senado, Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje. El 155 está enterrado y bien enterrado, y hagan lo que hagan los golpistas no piensa resucitarlo. Para ello lo mejor era transferir la llave del sepulcro al PSC. A pesar de la respuesta desairada dada por motivos electorales por los independentistas, el significado del mensaje no cambia. La cuestión es saber qué piensan los militantes de Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, etc. Y, sobre todo, si van a decir algo. Como se preguntaba Alfonso Guerra en la presentación de su libro: «¿Hay alguien ahí?».

republica.com 17-5-2019

Entre las muchas cosas que han podido sorprendernos de la campaña electoral se encuentra la ausencia, a lo largo de toda ella, de uno de los dos grandes problemas que tiene nuestro país, la pertenencia a la Unión Europea (UE) y a la Moneda Única (el otro es, sin duda, el de las Autonomías y el peligro de desintegración territorial). Ninguna formación política se refirió en toda la campaña a la UE y a los retos que en todos los órdenes representa para nosotros. Tampoco se trató el tema en los dos debates mantenidos por los candidatos, ni siquiera en el segundo que tan manipulado estuvo por los presentadores y medios de comunicación anfitriones.

Pero en cuanto han terminado las elecciones, la prosa se ha impuesto a la poesía, y, al menos, el Gobierno no ha tenido más remedio que mirar a la Unión Europea, dada la necesidad de enviar a la Comisión el programa de estabilidad. Pero eso sí, lo ha hecho con un lenguaje muy alejado de la demagogia propia de una campaña electoral. Contrasta, sobre manera, con lo que se ha venido diciendo las semanas anteriores. ¿Cómo no extrañarse al observar al Gobierno de Pedro Sánchez encomiar la política económica del Ejecutivo anterior?

“…Tras cinco años de recesión, entre 2008 y 2013, el PIB recuperó el signo positivo en 2014, iniciando una fase expansiva que se mantiene hasta la actualidad… La evolución de la economía española en los últimos años refleja no solo una elevada resistencia y fuerte dinámica de recuperación de la crisis, sino también cambios estructurales importantes, que han reforzado su potencial de crecimiento a medio plazo al establecer un patrón de crecimiento más equilibrado y sostenible… En efecto, al contrario que en etapas anteriores, el crecimiento no se sustenta en fenómenos insostenibles (crecimiento excesivo del crédito, sobredimensionamiento del sector inmobiliario, déficit excesivo de balanza de pagos por cuenta corriente y necesidad de financiación frente al exterior…)”. Parece que se está refiriendo a la época de Zapatero.

“…Sino que cuenta con fundamentos más sólidos, que explican que el crecimiento esté siendo rápido, duradero y compatible con un cuadro macroeconómico equilibrado. Así, el crecimiento económico registrado desde 2014 ha permitido avanzar en la corrección de algunos desequilibrios heredados importantes: la tasa de desempleo se ha reducido en más de doce puntos, desde el máximo del 26,9% en el primer trimestre de 2013; el saldo por cuenta corriente tiene signo positivo desde entonces, incluso con tasas de crecimiento de la demanda interna elevadas; se ha reducido la posición deudora neta de la economía española frente al resto del mundo; y se ha redimensionado el sector de la construcción residencial…”.

…” El proceso de consolidación previsto ha de sumarse al significativo ajuste fiscal llevado a cabo en España durante los últimos años. En el periodo 2011-2018, el déficit público se ha reducido en más de siete puntos de PIB. Casi la mitad del ajuste fiscal realizado en este periodo ha sido estructural, situándose España entre los países europeos que mayor consolidación fiscal han realizado…”.

En el programa de estabilidad, el Gobierno de Sánchez, tras recordar el buen hacer del Ejecutivo de Rajoy en todas estas materias, parece que promete a las instituciones europeas continuar en la misma senda y manifiesta que “su compromiso con la disciplina fiscal es indudable”. Así, establece unos objetivos hasta el año 2022, acomodados y en consonancia con las exigencias comunitarias. Es verdad que el papel es muy sufrido y admite casi todo. No obstante, las cifras tienen que tener alguna coherencia y ahí es donde el programa anunciado presenta lagunas difíciles de justificar. La Comisión ha puesto ya en duda que las cifras de déficit se puedan cumplir para este año y el próximo. La incertidumbre sin embargo es mucho mayor para los ejercicios sucesivos.

Por una parte, Pedro Sánchez se ha llenado la boca, y no solo en la campaña electoral, afirmando la finalidad y el papel social de su Gobierno, y criticando duramente los ajustes que acometió el anterior. En el mismo plan de estabilidad se incide en la preocupación por el gasto social y los servicios públicos, así como en la dedicación especial que se va a dar a estos capítulos: sanidad, educación, etc. Pues bien, para medir adecuadamente este objetivo, al margen de las ocurrencias de los viernes sociales, hay que mirar a la evolución del consumo público (gasto en el consumo final de las administraciones públicas). Las previsiones que el Gobierno establece para esta magnitud en los años futuros no van precisamente por este camino.

Era de esperar que un gobierno que se jacta de ser social estableciese que el consumo público, después de los recortes sufridos, y de la continua pérdida de peso relativo en el PIB experimentada desde 2010, se recobrase y creciese a un ritmo mayor que esta última variable, aunque fuese tan solo para recuperar el porcentaje del que disfrutaba con anterioridad a la crisis. Pues nada de eso, los incrementos reales que se establecen para el periodo 2019-2022 son 1,9, 1,6, 1,5 y 1,4%. Todos ellos inferiores a los respectivos del PIB real: 2,2, 1,9, 1,8 y 1,8%.

Lo mismo cabe decir referente al gasto total, que descenderá desde el 41,3% PIB al 40,7% del 2019 al 2022. El Gobierno se apresura a decir que ello no representa ningún recorte, sino simplemente que esta partida crece menos que el PIB real. Pues ese es el problema, que constituye una minoración de la importancia que dentro de la economía nacional va a tener el sector público y, desde luego, lo que no se va a conseguir es una recuperación de los muchos recortes que se han dado a lo largo de estos años a los bienes y servicios públicos.

Dentro de las razones dadas por el Gobierno para explicar el escaso incremento del gasto público se encuentra el recurso a los ahorros que se van a generar por las reformas derivadas de la auditoría que está realizando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Todo menos independiente. La aseveración resulta un tanto risible. Primero por la escasa capacidad que puede tener la AIReF para realizar un trabajo de tal envergadura, y segundo porque casi todos los gobiernos se han propuesto lo mismo sin que se llegase a buen puerto y es que, a pesar de la mucha demagogia existente sobre todo entre los periodistas y los medios de comunicación, no es fácil podar de forma significativa el sector público.

El consumo público se compone fundamentalmente de sueldos y salarios, pero las cuantías importantes y representativas a nivel macroeconómico no están en los costes de la burocracia -que es lo que todo el mundo piensa de inmediato y donde supone que se encuentra el despilfarro-, sino en la educación, en la sanidad, en la policía, en la justicia, etc. La reducción del gasto implica menos personal o sueldos más reducidos. En ambos casos se produce un deterioro del servicio, aulas saturadas, enormes listas de espera en la sanidad, retrasos excesivos en los juzgados, etc.

Tampoco por el lado de los ingresos parece que las cuentas cuadren demasiado bien. Según el plan de estabilidad, el Gobierno prevé elevar la presión fiscal del 35,1% en 2018 al 37,3% en el 2022, lo que va representar un incremento en la recaudación de más de 26.000 millones de euros. En principio, no habría nada que objetar. Es totalmente cierto que en nuestro país se ha venido desarbolando, reforma tras reforma, el sistema tributario, de manera que la presión fiscal en España se sitúa varios puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Todo aquel que examine objetivamente el presupuesto tiene que llegar a la conclusión de que, si se quiere mantener la economía del bienestar, se precisa una reforma en profundidad del sistema fiscal, lo que ningún partido se atreve a defender, excepto Podemos, y eso de una manera un tanto chapucera y desorganizada.

¿Dónde radica entonces el problema? En que el Gobierno en el pacto de estabilidad no concreta de dónde va a sacar el dinero. Los sanchistas tenían razón cuando durante la campaña electoral exigían a aquellos partidos que de forma un tanto osada y delirante proponían rebajas impositivas a gogó que explicasen qué gastos iban a recortar como contrapartida. Pues por el mismo motivo habría que exigirle al Gobierno que especifique qué tributos piensa elevar.

El pacto de estabilidad únicamente concreta la subida de impuestos respecto al año 2020, en el que se espera que entren en vigor las medidas fiscales establecidas en los presupuestos de 2019, que no pudieron aprobarse y cuya contribución cifra el Gobierno en 5.654 millones de euros. Resulta dudoso que esta cifra se alcance, ya que, al ser en parte el resultado de gravámenes nuevos y un tanto novedosos, se desconoce cómo van a funcionar y cuál va a ser su capacidad recaudatoria, pero en cualquier caso estarán muy lejos de los 26.000 millones en los que se cifra la recaudación para el año 2022, a efectos de elevar la presión fiscal 2,2 puntos y cumplir así las previsiones de déficit establecidas en el plan de estabilidad.

El Gobierno pretende engañar al personal cuando afirma que la diferencia entre los 26.000 millones de euros y los 5.654 se recaudará como consecuencia del incremento de la actividad y empleo. Y desde el diario El País, siempre presto a ayudar a Pedro Sánchez, se pretende explicarlo con gran paciencia y pedagogía. Pero también se equivocan, porque el impacto que puede tener el incremento de la actividad y el empleo está ya contemplado en el simple hecho de mantener la presión fiscal. Esta variable es un cociente entre la recaudación y el PIB, luego para que se mantenga constante el numerador debe incrementarse en la misma medida que el denominador. El incremento de presión fiscal no puede deberse al aumento de la actividad y el empleo a no ser que supongamos que la elasticidad de la recaudación sobre el PIB es muy superior a la unidad, lo que es mucho suponer.

Una vez más, el Gobierno pretende engañarnos y, de paso, engañar a la Comisión. No tiene ninguna intención de acometer una reforma en profundidad del sistema fiscal. Se contenta con unos cuantos parches, ya diseñados en el presupuesto no nato de 2019. Todo se reduce a crear algunas figuras tributarias desconocidas que no se sabe muy bien cómo van a funcionar ni sobre quiénes va recaer finalmente el gravamen, aunque en algunos casos como en el impuesto sobre el gasóleo sí se conoce: sobre los ciudadanos de menores rentas que son los que no pueden cambiar de coche de un día para otro. El Gobierno no piensa, en realidad, elevar la presión fiscal y por lo tanto cumplir los objetivos de déficit, pero si no tuviese más obligación que cumplirlos por estar en la Unión Monetaria, se vería abocado a tener que hacer importantes recortes en el gasto público, que es lo que hoy por hoy no quiere confesar.

republica.com 10-5-2019