ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Parece ser, no es ninguna novedad, que el Gobierno está dividido acerca de si se debe o no se debe subir el salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo ha recurrido a crear una comisión de expertos. Ahora todo el mundo utiliza a los expertos. Son famosos los del Ministerio de Sanidad, porque nadie los había visto ni conocía sus nombres y, sin embargo, estaban detrás de todas las medidas que anunciaban Illa y Simón. Pero, en realidad, como se supo después, nunca existieron. La ministra de Hacienda también ha creado su grupo de expertos para que digan en materia fiscal lo que interesa al Gobierno. Y es que la finalidad de los expertos está siempre en concluir aquello que desea quien les nombra. De lo contrario, no son tenidos por expertos.

En lo referente al SMI, se han manifestado también otros grupos de expertos, que lo son por oficio, no por captación, lo cual no quiere decir que carezcan de ideología: son los del Banco de España, los del servicio de estudios del BBVA, o los de la AIREF, por ejemplo. Todos ellos se han pronunciado sobre el crecimiento del SMI, y unos y otros han seguido un método empírico, observar las variaciones en esta variable y contrastarlas con los datos de desempleo. Los resultados en este aspecto son siempre relativos, porque en el nivel de paro actúan, además del SMI, otras muchas variables difíciles de de  separar o ser tenidas en cuenta de forma aislada. Resulta, por tanto, arriesgado conceder carácter absoluto a cualquier conclusión que se obtenga.

Al margen de lo más o menos exactas que puedan ser las deducciones que se extraigan de estos estudios, no está de sobra que analicemos, desde el enfoque puramente teórico, cuáles son la relaciones entre los salarios, concretamente el SMI, y el empleo en los distintos estados de la economía, y suponiendo que el resto de las variables permanecen constantes. Hay algo cierto, la intensa relación existente entre productividad y salarios. Incrementar esta última magnitud sin que por ello tengan que elevarse las cifras de paro es perfectamente viable, con tal de que a su vez la productividad suba en igual o mayor cuantía, y se impida que todo el aumento vaya a engrosar el excedente empresarial. Es más, la subida salarial puede tener un efecto económico positivo, y aumentar el empleo, puesto que la propensión a consumir suele ser más elevada en los trabajadores (y más en el colectivo al que afecta el SMI), con lo que se expandirán la demanda y la actividad económica.

La realidad cambia, sin embargo, cuando los incrementos de productividad son cero o incluso simplemente inferiores a las alzas salariales. El tema es especialmente delicado al tratarse del SMI y afectar por tanto a los puestos de trabajo más marginales y de baja productividad. Además, como su propio nombre indica, es interprofesional, es decir, transversal, no es exclusivo de ningún sector o profesión, con lo que resulta harto difícil analizar la evolución de la productividad de un colectivo tan heterogéneo. Hay, no obstante, pocas dudas de que cualquier empresario prescindirá de un puesto de trabajo cuyos ingresos no compensen la retribución del personal, tanto más si es precario y fácil de suprimir.

De todos modos, la relación es compleja y el resultado distinto dependiendo del escenario económico. Y ello se debe a que la productividad que importa para este análisis no es la que se expresa en meros términos cuantitativos, sino monetarios, de valor. La productividad no se incrementará por el simple hecho de que un mismo número de trabajadores produzca un mayor número de tuercas si a su vez el precio de las tuercas se reduce en la misma cuantía, o viceversa.

Desde esta perspectiva, nos podemos encontrar en tres situaciones distintas cuando se pretende elevar el SMI y el aumento de la productividad es cero o sencillamente inferior al que proyectamos del SMI. En el primer supuesto se acepta que nos movemos en una economía semicerrada, es decir, el Gobierno mantiene todavía algún control sobre exportaciones e importaciones. En este caso el aumento del SMI no tendría por qué traducirse forzosamente en cifras mayores de paro, ya que es posible que los empresarios optasen por un incremento en el precio de los productos y servicios correspondientes, siempre que la demanda lo permitiese y se diese un cierto proteccionismo que eliminase la competencia exterior. Se habría incrementado de esta manera la productividad en términos monetarios de esos artículos. El resultado se concretaría tan solo en una transferencia de rentas de los consumidores de tales productos a los trabajadores afectados.

En el segundo caso estaríamos en presencia de una economía totalmente abierta en la que se practica el libre cambio, pero el Gobierno tiene el control de la moneda. En estas circunstancias, el resultado puede ser más incierto. Pero, así y todo, sería posible la subida del salario mínimo sin afectar al empleo, siempre que se produjera una depreciación del tipo de cambio que permitiese la elevación de los precios en moneda nacional de los productos afectados por el salario mínimo, sin impacto en los precios de estos mismos artículos en moneda extranjera. El resultado sería el mismo que en el caso anterior, una transferencia de renta hacia los perceptores del SMI.

En el tercer escenario la economía está plenamente abierta y además el país no tiene moneda propia o su Gobierno no la controla. Es la situación en la que se encuentran todos los países de la Eurozona. En esta coyuntura, por poco que los productos y servicios afectados por el SMI estén sometidos a la competencia exterior, habrá muy pocas posibilidades de que el aumento de esta variable se pueda repercutir en el precio, lo que hace previsible que los empresarios prescindan de aquellos empleos que ya no les son rentables, tanto más si, como es el caso, son temporales o precarios, y cuyo despido sale muy barato, o al menos no contrataran nuevos trabajadores.

El análisis, como se ve, es complejo. Sin embargo, sí parece extraerse una conclusión: sin incremento de productividad, en unas coordenadas de libre comercio y en ausencia de moneda propia, la probabilidad de que un aumento del SMI no influya en los niveles de empleo se hace pequeña. Esto se debería tener muy en cuenta en todos los países miembros de la Unión Monetaria.

Es curioso lo que le ocurre a la izquierda española. Es como si hubiesen olvidado que la pertenencia a la Eurozona cambia radicalmente las posibilidades que tienen los gobiernos. Los que desde la izquierda criticamos en su día la creación de la Unión Monetaria lo hicimos porque éramos conscientes de que su constitución hacía muy difícil la aplicación de una política socialdemócrata. No está de más recordar la gran disparidad que el SMI presenta entre los diferentes países europeos. El de España, con un valor de 1.108 euros, se encuentra en el medio. Por encima se sitúan Luxemburgo (2.142), Irlanda (1.707), Países Bajos (1.654), Bélgica (1.594), Alemania y Francia (1.584). Es curioso que los dos Estados con el SMI más elevado sean paraísos fiscales. Por debajo de España están todos los demás miembros, con Eslovenia (941) y Malta (777) a la cabeza, pasando por Grecia (758) y Portugal (741), y el resto de países hasta finalizar la serie con Rumania (466), Letonia (430) y Bulgaria (312). En cierta forma, también se sitúan detrás Italia, Chipre, Suecia, Dinamarca y Finlandia, puesto que ninguno de ellos tiene SMI.

En un mercado único con libre circulación de capitales y en el que la mayoría de los países tienen la misma moneda una disparidad tan grande en los salarios tiene por fuerza que crear numerosas distorsiones. La diferencia salarial tiene menos importancia entre economías que tienen estructuras productivas dispares, mano de obra de distinta cualificación y tecnología diversa, pero puede crear complicaciones ingentes cuando esa desigualdad en las retribuciones de los trabajadores se da entre países con similares estructuras productivas y que, por lo tanto, entran en competencia.

Desde la crisis pasada la economía española arrastra una baja tasa de productividad. Un desproporcionado desequilibrio exterior (el déficit por cuenta de renta ascendía al 10% del PIB en 2007) estuvo en el origen de la recesión de España, que provocó un enorme nivel de desempleo. Al no poder ajustar el tipo de cambio, la salida de la recesión y la recuperación de la competitividad exterior, cerrando el déficit de la balanza de pagos, se basó en lo que se denomina “devaluación interna”, bajada de precios y salarios. Se creó, sí, una cantidad considerable de empleo, pero en gran medida empleo basura, de muy baja calidad y con salarios reducidos.

Por otra parte, desde 2016 el SMI en España ha subido un 45 %. En una economía sometida al libre comercio y sin moneda propia no cuesta mucho suponer que determinados sectores expuestos a la competencia internacional pueden tener problemas a la hora de asumir en cuatro años una subida de este tipo y terminen por prescindir de trabajadores cuya productividad no compensa el incremento salarial.

Un gobierno de izquierdas debería ser consciente de que nos encontramos en la Unión Europea y en la Eurozona y que ello crea múltiples condicionantes que impiden aplicar determinadas medidas, por muy progresistas que parezcan a priori. Tendrán que estudiar al menos cuál va a ser el resultado final, no sea que el remedio sea peor que la enfermedad. En el caso del SMI, no se puede olvidar la baja calidad del empleo actual en España. Ciertamente se puede cambiar la estructura productiva, pero eso es más fácil decirlo (de hecho, lo dice todo el mundo) que hacerlo, dado que la que tenemos es en gran parte la que nos han dejado en ese reparto de papeles que se ha ido produciendo poco a poco dentro de la Unión Europea, y que no va a ser sencillo invertir ni con fondos ni sin ellos.

La subida del SMI es sin duda una decisión muy tentadora para un gobierno que se predica de izquierdas. Es una medida aparentemente muy social y además no cuesta un solo euro al erario público. Pero cuando se juega en un escenario de total competencia exterior y con puestos de trabajo de muy baja productividad, resulta ineludible preguntarse cómo va a afectar al empleo, precisamente al de aquellos trabajadores que se dice querer proteger.

Es lícito que un gobierno juzgue que determinados empleos basura deben desaparecer, pero si no se crean otros de mayor cualificación, al menos tendrá que potenciarse y ampliarse el seguro de desempleo, no sea que la alternativa a un mal empleo sean las colas del hambre.

republica.com 1-7-2021

Un viejo proverbio oriental afirma que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Pero hay veces que el necio no lo es tanto como parece. La pretensión de algunos de que todos miremos al dedo tiene una finalidad muy clara, que nadie repare en la luna. Es lo que ha ocurrido con la manida foto de Colón. Sucedió la vez pasada, cuando el Gobierno procuró por todos los medios que los ciudadanos se fijasen en el dedo, en quiénes eran los que acudían a la manifestación, en lugar de escrutar la luna, es decir, por qué se hacía. No querían que se detuviesen en contemplar cómo Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, era capaz de aceptar un relator (un intermediario internacional) en la mesa de negociación entre el Gobierno español y el de la Generalitat como si fuesen representantes de Estados soberanos.

En esta ocasión han querido volver a la foto del Colón, a fijarse en los manifestantes, en si iban o no por separado o si la presidenta de la Comunidad de Madrid decía esto o aquello, cualquier cosa con tal de que el personal reparase lo menos posible en el objeto de la manifestación. En este caso, la luna se identificaba con los indultos, e incluso con lo que subyace a ellos. La gravedad de los indultos radica en que para argumentarlos los revisten en forma de amnistía, como justificación, incluso como rehabilitación de los golpistas. Lo más peligroso es que para intentar explicarlos se asume el discurso de los sediciosos, discurso que no ha cambiado lo más mínimo, por mucho que nos hayan querido vender que en cierto modo la carta de Oriol Junqueras constituía una variación en sus posiciones.

Quien haya leído la misiva se dará cuenta de que no hay tal rectificación. Además, la reiteración queda confirmada y ratificada no solo por la facción de Puigdemont o por la CUP, sino por la propia Esquerra Republicana. El discurso no ha variado ni un ápice. Ocurre, tan solo, que los golpistas han aprendido de los errores pasados y piensan que la situación no está madura para conseguir la independencia por la fuerza. De momento, les conviene más la negociación, pero, si esta fracasa y las circunstancias cambian, no dudarán en repetir la jugada.

Los secesionistas piensan que con seguridad la mesa de negociación no servirá a corto plazo para conseguir la ansiada independencia, pero sí les dotará de más medios para intentarlo de nuevo más adelante. Además, en tanto en cuanto el Gobierno legitime su discurso, su posición en el extranjero mejorará y les será más fácil dar el salto en el futuro. ¿Cómo van a condenarles en el exterior si el gobierno de España les absuelve? ¿Quién va a defender las sentencias ante la justicia europea? ¿La abogacía del estado?

Recordar ahora las palabras de Borrell, cuando era ministro de Pedro Sánchez, y se quejaba de que los gobiernos de Rajoy no habían sabido combatir adecuadamente el discurso de los golpistas en el extranjero, y se comprometía a que los gobiernos de Sánchez se dedicarían con ahínco a esta tarea, no puede por menos que causar hilaridad. Borrell, al margen de cuáles fuesen sus intenciones, tendría que haber inferido que un gobierno que debía el poder a los golpistas sería incapaz de refutar sus prédicas. Después de tres años, se puede comprobar que no solo es que no las haya rebatido, sino que ha terminado asumiendo sus mismos planteamientos.

Los indultos van acompañados de un relato que se fundamenta en buena medida en las falacias que usan los secesionistas. Da por hecho que las condenas obedecen a la venganza y a la represión. Supone que los sentenciados, lejos de ser culpables de delitos muy graves, son presos políticos. Proclama que todos somos culpables en el conflicto. La asimilación de las patrañas es tan profunda que se expresa a menudo de forma inconsciente. Así, Carmen Calvo manifestó que se trata de superar el enfrentamiento entre España y Cataluña, dando por hecho que los soberanistas se identifican con Cataluña y que Cataluña constituye algo ajeno a España.

Ione Belarra, para defender la vuelta de los prófugos, ha retornado a esa falacia tan repetida por los independentistas y aceptada por Sánchez de que no hay que judicializar la política. Habrá que preguntarse qué se pensaría si alguien defendiese que no hay que judicializar la fiscalidad y por lo tanto que a los defraudadores no se les deberían aplicar la ley y las sanciones, sino que la Agencia Tributaria tendría que dedicarse a dialogar y negociar con los infractores. Y ahora que los sindicatos y empresarios están tan identificados con el Gobierno y demandan los indultos de los golpistas, me pregunto cómo se pondrían si a alguien se le ocurriese afirmar que no hay que judicializar la actividad laboral y reclamasen que se eliminara la jurisdicción de trabajo y el derecho laboral para reducir todo al diálogo y a la negociación.

Y, por último, sería interesante ver la reacción de Ione Belarra si a alguien se le ocurriese plantear que hay que desjudicializar las relaciones de pareja y la violencia de género, para reducirlas a un problema doméstico y que, dado que los métodos penales y de represión no funcionan, hay que sustituirlos por la concordia y el diálogo. Nada de aconsejar a las mujeres que denuncien al agresor, sino todo lo contrario, que se sienten a negociar con él.

En el relato de los sanchistas, con el que se pretende adornar los indultos, ocupa un lugar preeminente la atribución que hacen al Gobierno de Rajoy de los dos intentos de referéndum, de la declaración unilateral de independencia y de la aprobación por el Parlament de las leyes de desconexión, claramente golpistas. Se podría pensar que esto es tan solo una argucia de Sánchez para atacar al PP; sin embargo, conlleva un contenido mucho más profundo y peligroso. Lo que se encuentra implícito es una falsificación del golpe y de la sedición. En esta versión los sediciosos no se dirigían contra el Estado, sino contra un gobierno de derechas y fascista. Por eso Sánchez no se siente implicado.

Pero la verdad es que el golpe fue contra el Estado y contra todas sus instituciones, y fueron también sus tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los que reaccionaron y derrotaron a los golpistas. Bien es cierto que Sánchez, arrastrado por el PSC, no se sintió muy implicado en el tema, aceptando el 155 de manera tardía, a regañadientes e introduciendo muchas limitaciones. Si su implantación dejó mucho que desear se debió a Sánchez y a los condicionantes que introdujo en el proceso.

Por otra parte, si en los últimos años los independentistas no han repetido los desafueros de 2017, no ha sido ni mucho menos mérito de Sánchez. Todo lo contrario. Lo que les impide repetir la hazaña es la experiencia de su fracaso y sobre todo el miedo a tener que enfrentarse de nuevo con la justicia. No obstante es ahora, con los indultos, cuando piensan que ganan frente al Estado y que este muestra sus debilidades. Lo único que está haciendo Sánchez desde que ha llegado al gobierno gracias a los golpistas es jugar en campo contrario. Así se produce la extraña paradoja de que mientras el independentismo denigra y mantiene el boicot al jefe del Estado, se encama con el presidente del Gobierno.

republca.com 24-6-2021

Leire Pajín ha pasado a los anales como ejemplo de megalomanía y petulancia con la frase “el próximo acontecimiento histórico del planeta es la coincidencia de la presidencia de Obama en EE. UU. y de Zapatero en la Unión Europea”. Ahí es nada. Pero a todo hay quien gane y el Gobierno de Sánchez no está dispuesto a que alguien le supere en prepotencia y ensueño de excelencia. Deja atrás a los Ejecutivos de Zapatero. Pedro Sanchez en Bruselas, en la reunión de la OTAN, peripatético él, en un simple paseíllo con el presidente de EEUU, ha arreglado todos los problemas mundiales e incluso cósmicos. El sanchismo en todo es lo más

España está a la cabeza de Europa en la vacunación, en ayudas sociales y en crecimiento económico; España es el país que más crecerá de Europa en 2021; España es el único país que ha elaborado un plan a treinta años vista. La llegada de los fondos europeos constituye, según Sánchez, junto con la entrada en el Mercado Común y la creación del euro, uno de los tres acontecimientos más importantes de la democracia. Al presidente del Gobierno se le olvidó incluir en ese grupo el acontecimiento de carácter planetario señalado por Leire Pajín; sin embargo, calificó el plan de recuperación como la mayor movilización de recursos desde el Plan Marshall. Todo es histórico. Todo, lo más grande.

Los recursos europeos se magnifican hasta extremos indecibles porque las cifras se utilizan sin discriminar, mezclando todo, préstamos y transferencias, y en términos brutos. Lo cierto es que, tomándolos en su justo valor, netos, y solo los que son transferencias, están muy por debajo de lo que han representado los fondos de cohesión y estructurales. A su vez, estos, en términos también netos, que es como hay que considerarlos, han sido muy inferiores a las transferencias que se producirían de los países ricos a los menos prósperos si en la Unión Europea (UE) existiese un sistema fiscal y presupuestario unitario.

Los fondos de recuperación no caen del cielo, sino que deben financiarlos todos los países. De los recursos que reciba España hay que descontar las aportaciones que nuestro país tenga que hacer como un miembro más de la UE. Podemos señalar a modo de ejemplo el hecho de que de los 80.000 millones de euros que va emitir como bonos este año la Comisión, alrededor de 8.000 van a recaer sobre España por uno u otro procedimiento, bien sea por un incremento de su endeudamiento público bien cediendo determinados impuestos a la UE.

Aun cuando hasta ahora nuestro país no ha recibido ni siquiera un solo euro, los distintos ministerios están gastando desde hace tiempo un dinero que España no ha cobrado, y lo hacen de manera precipitada, sin demasiada planificación  ni control. Me temo que los llamados fondos europeos vayan a ser un mal negocio para la hacienda pública española. Dentro de unos años podríamos descubrir que los recursos se han esfumado con escasos frutos; pero eso sí, el endeudamiento público se habrá incrementando de forma extraordinaria.

            La ostentación y la pomposidad han contagiado a todos los ministros. La de Trabajo, en la última firma del diálogo social sobre la prolongación de los ERTE, nos sorprendió a todos proclamando que con ese acuerdo España daba una lección a toda Europa, y se  convertía en un ejemplo para el mundo. Puestos a ser grandilocuentes…  casi como el acontecimiento planetario de Pajín. No parece, sin embargo, que sea nada extraordinario conseguir un acuerdo entre los agentes sociales, tanto más cuanto que beneficia a las dos partes y el Estado se muestra dispuesto a regarlo con dinero público sin poner límites.

            El Gobierno no tiene ningún motivo para presumir, dispara con pólvora del rey y, además, la medida estaba ya en la reforma laboral de Rajoy. Resulta llamativo que su implantación haya concitado la aquiescencia de todo el mundo, tanto de la izquierda como de la derecha. No parece que haya mérito en conseguir el apoyo de los sindicatos y de los empresarios cuando ambos se benefician de su aprobación y el único coste recae sobre el erario público. Coste sustancioso que se estima que ascenderá hasta septiembre en aproximadamente 22.000 millones de euros. Es posible que sea financiado por el SURE, pero tan solo como préstamo y no a fondo perdido, como algunos quieren dar a entender.

            Aun si tuviéramos la opinión más positiva de este instrumento legal, no podríamos renunciar a plantear algunas cuestiones. La primera consiste en saber si es posible continuar calificándolo como temporal cuando va a prolongarse como mínimo año y medio. La segunda y relacionada con la anterior es hasta qué punto no se está manteniendo a empresas zombis y, por lo tanto, dado que los recursos son limitados, no se deberían considerar otras alternativas; por ejemplo, haber potenciado y ampliado el seguro de desempleo.

En cualquier caso, para lo que de ningún modo se pueden utilizar los ERTE es para disfrazar las cifras de paro. El Gobierno afirma que son un recurso fundamental para proteger el empleo. Lo cual no es cierto. Los ERTE no impiden la aparición del desempleo, tan solo dan al fenómeno y a su cobertura un tratamiento diferente. Los trabajadores en estas circunstancias están obligados a abandonar, aunque sea temporalmente (la situación de parado en principio debería ser siempre temporal), su puesto de trabajo. Son desempleados, aunque no figuren formalmente en las estadísticas.

Jactarse, tal como ha hecho la ministra de Trabajo, de que en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor es engañarse a sí misma y ocultar la realidad. En mayo del año pasado las personas en ERTE ascendieron a 3,6 millones de personas. ¿Cuál hubiese sido el porcentaje de paro si a la cifra oficial, 3,8 millones, se le sumasen los 3,6 millones que se encontraban en ERTE? Quizás cuando el desempleo se analiza en horas trabajadas los datos comienzan a tener más sentido, el descenso en 2020 fue del 30%.

Con tal de vanagloriarse, el Gobierno está dispuesto a hacerse trampas y presentar un panorama económico falseado. Buena prueba de ello es la campaña de propaganda que se ha desplegado recientemente alrededor de las cifras de paro en mayo. El ministro Escrivá ha presumido de que la afiliación a la seguridad social había alcanzado ya cifras de prepandemia. No sé si pretende confundirnos o confundirse a sí mismo. Porque, según señala con razón el Banco de España, el ministro ha ofrecido el dato de afiliación en términos brutos sin descontar los trabajadores en ERTE, reducción que debe hacerse puesto que estos, aunque mantienen la afiliación a la seguridad social, lo hacen de manera nominal y por el único motivo de que lo financia el Estado. En ningún caso se puede decir que están trabajando.

En mayo de 2021 el número de parados se ha reducido en 129.378. Ha faltado tiempo para que los propagandistas del Gobierno vociferen que ha constituido el mayor descenso mensual de este mes en la serie histórica. Dadas las características de esta crisis, con bajada del PIB (y consecuente incremento del desempleo) en el año 2020, de forma totalmente desproporcionada y sin parangón en los cuarenta años de democracia, y sometida la evolución económica a las decisiones administrativas derivadas de la pandemia, los incrementos mensuales o trimestrales tienen poco sentido y seguramente menos las tasas interanuales. La única forma de juzgar cómo va la economía es comparar en cada momento los datos con los mismos de fechas similares anteriores a la pandemia.

En mayo de 2021 las cifras de paro ascendían a 3,78 millones de trabajadores, mientras que en 2019 se elevaban a 3,08 millones. Se ha incrementado por tanto en estos dos años en 700.000 personas, a las que hay que sumar 542.000 trabajadores que se encuentran en estos momentos en ERTE, mientras que en 2019 no había ninguno en esta situación. En definitiva, el dato significativo es que actualmente existen casi 1.242.000 parados más que en el mismo mes previo a la pandemia.

A lo largo de este año tendremos que acostumbramos a los continuos mensajes triunfalistas del Gobierno y de sus cañones mediáticos acerca de que estamos en plena recuperación y de que en este ejercicio la tasa de crecimiento de España va a ser superior a la del resto de los países europeos. Este último hecho no es ningún título de gloria ni para nuestra economía ni mucho menos para el Ejecutivo. Todo lo contrario. Si este año vamos a crecer más es porque la economía española se desmoronó en el ejercicio anterior en mucha mayor medida que todas las otras economías.

Si de verdad queremos saber cuál es la situación económica y en qué grado nos vamos recuperando de la debacle, si pretendemos también confrontar en cada momento la marcha de los distintos países, el índice significativo es el que resulta de comparar las cifras actuales con las correspondientes de 2019, es decir, con los valores anteriores a la pandemia. Muy pocos serán los países europeos, casi ninguno, que logren alcanzar ese nivel en 2021, casi todos lo harán en 2022, y hay que temer que España y algún otro país no lo consigan hasta el 2023. Cualquier otro discurso que utilice diferentes índices o tasas es tan solo una forma de engañar al personal y de hacerse trampas.

republica 18-6-2021

El 23 de mayo pasado el diario El País recogía en un reportaje lo que denominaba inquietud de los cuerpos superiores de la Administración por la reforma del acceso a la función pública que, según ha sugerido en varias ocasiones el ministro de Política Territorial, está estudiando el Gobierno. No es la primera vez que desde el Ejecutivo se cuestiona el sistema de oposiciones y que, utilizando el pretexto de la modernidad, han planteado modificar el acceso a la función pública.

Jordi Sevilla, siendo ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de Zapatero, propuso sustituir el sistema de oposiciones por otros mecanismos, según él, más modernos, pero sin duda mucho más discrecionales, en los que las garantías de neutralidad y objetividad son menores. Menos mal que esta ocurrencia, como otras muchas ideas geniales del ministro, quedó en mero proyecto. En múltiples ocasiones se ha señalado cómo las oposiciones han constituido un instrumento sustancial a la hora de asegurar la profesionalidad e independencia de los empleados públicos (ver mi artículo publicado en este medio el 13 de febrero de 2020 y titulado “El acceso a la judicatura y a la función pública”).

Allí ya señalaba cómo un renombrado administrativista escribió que las oposiciones fueron la única institución democrática que permaneció durante la época franquista. Incluso en todos estos años de democracia la Administración se ha convertido en un muro que ha contenido a menudo las veleidades autocráticas de los gobiernos. Es por eso por lo que los poderes públicos han pretendido siempre instrumentarla y moldearla según sus conveniencias, siendo las oposiciones, y la seguridad en el empleo que conlleva, una de las principales condiciones para que resista.

Me atrevería a decir que esa inquietud que se señala en los cuerpos superiores de la Administración debería extenderse a toda la función pública e incluso a todos los ciudadanos, ya que la neutralidad e independencia de la Administración es un bien inestimable en una sociedad democrática. El desasosiego es lógico si tenemos en cuenta los antecedentes de este Gobierno. Ha multiplicado el número de asesores ajenos a la función pública. Ha empleado como norma la excepcionalidad de nombrar directores generales no funcionarios. No ha tenido ningún reparo en confundir la libre designación con la libre remoción, cesando a los abogados del Estado que no se plegaron a sus enjuagues. Ha llenado las empresas públicas de políticos y paniaguados sin ninguna preparación, relegando a los empleados públicos. Pretende potenciar las agencias públicas que pueden contratar personal de forma discrecional. Ha nombrado como fiscal del Estado a una ministra, pero no a una ministra cualquiera, sino a una de las más sectarias, con la finalidad de mediatizar lo más posible el Ministerio Fiscal.

No es pasarse de susceptible, por tanto, suponer cuál va a ser la finalidad de la reforma, en la que muy probablemente se flexibilizarán los procedimientos objetivos para potenciar los discrecionales, que permitirán al órgano seleccionador separarse de los criterios de mérito y capacidad y atender a otros más partidistas o doctrinarios.

La zozobra se intensifica al considerar quién es el titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y cuáles son sus orígenes y sus méritos. Los políticos, que en su mayoría no son funcionarios, a menudo mantienen frente a la función pública un sentimiento de celos o de envidia, que se traduce además en desconfianza y prevención como ante todo lo que se desconoce.

Sin duda, son aquellos cuya profesión ha sido únicamente la política y que desde muy jóvenes se han dedicado exclusivamente a la militancia los que se muestran más reticentes y con cierto desprecio ante la Administración. Se podría decir de ellos lo que se aplicaba hace bastantes años a las mujeres que no se habían incorporado al mercado laboral: de profesión, sus labores. Se entiende entonces que el señor Iceta no sea el más indicado para acometer la reforma de la función pública. No solo es que no sea funcionario, sino que no posee una mala licenciatura, ya que abandonó enseguida los estudios universitarios e ingresó en las juventudes socialistas a los 17 años.

Hay otra característica de Iceta que le inhabilita aún más para acometer esta operación. Proviene del PSC. No es ningún secreto que tradicionalmente la profesión de empleado público no se encontraba entre las preferencias de los ciudadanos catalanes. Sus predilecciones se orientaban más bien al sector privado; tan solo una vez establecida la Autonomía, la sociedad catalana ha ido viendo con mejores ojos la función pública.

Es verdad, sin embargo, que casi todas las administraciones autonómicas, especialmente aquellas como Cataluña cuyo gobierno ha estado en manos del mismo partido, no se han formado con la exigida neutralidad, y el acceso a la función pública deja mucho que desear desde la óptica de la objetividad y la igualdad de oportunidades. Particularmente, el nacionalismo se ha esforzado por configurar la administración catalana como una prolongación del propio soberanismo, y el PSC, tras tantos años de coqueteo con los independentistas, ha tenido por fuerza que contagiarse de esta concepción de la función pública. Es lógico, por tanto, que la presencia de Iceta al frente de la reforma de la Administración, en especial del sistema de reclutamiento de los empleados públicos, cree todo tipo de alarmas.

Los que denostan el sistema de oposiciones basan su crítica principalmente en su carácter memorístico. Hay una concepción cada vez más extendida que menosprecia la memoria y le concede un puesto secundario dentro de las facultades humanas. No obstante, por poco que se profundice, hay que reconocer que su funcionamiento es esencial en la actividad intelectual. Es más, sin ella no existe nada, ni raciocinios, ni pensamientos, ni siquiera  conciencia del propio yo. La persona solo es tal cuando es capaz de unir el presente con el pasado y predicar las distintas vivencias del mismo sujeto. El que haya sufrido la desgracia de tener un familiar con Alzheimer sabe cómo la conciencia y la persona van deteriorándose al mismo ritmo que la memoria.

La memoria, qué duda cabe, es un factor fundamental en el aprendizaje y, por lo tanto, debe serlo también en las oposiciones. No obstante, la memoria se puede utilizar de dos maneras distintas.  Ha sido el psicólogo David Paul Ausubel quien ha distinguido entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico. El primero se efectúa cuando las nuevas ideas se relacionan y se sistematizan con las antiguas. Los contenidos recién aprendidos adquieren su significado a la luz de los conocimientos que se poseen con anterioridad, de manera que tanto los viejos como los nuevos se entrelazan y se modifican mutuamente. Existe una elaboración.

Totalmente distinto es el aprendizaje memorístico o repetitivo en el que las nuevas ideas se archivan en la memoria de modo mecánico sin elaboración alguna y sin relación con los conocimientos previos.Se basa en retener mentalmente datos sin procesarlos detenidamente. La mayoría de las veces no son comprendidos y tampoco se intenta analizar su significado. La información se repite las veces necesarias hasta que se recuerda. Normalmente se trata de un conocimiento a muy corto plazo, al no estar relacionado con ninguno otro contenido.

La casi totalidad de los ejercicios de las oposiciones se basan en un aprendizaje significativo, bien sea mediante la resolución de problemas prácticos o por la realización de pruebas escritas sobre diferentes temarios. No obstante, es verdad que han ido imponiéndose los ejercicios orales en los que se aplica el mero aprendizaje memorístico. Sin saber por qué, puesto que los programas oficiales no lo dicen, los preparadores y los tribunales someten a los opositores a ejercicios orales inhumanos, inhumanos porque están lejos de la elaboración intelectual propia de los seres racionales, en los que deben recitar los temas como papagayos, a la máxima velocidad posible y como si fuese el padre nuestro o la lista de los reyes godos, sin entender muy bien lo que se recita. Tan es así que no se habla de exponer un tema sino de cantarlo, porque realmente es eso lo que se hace, cantar.

Ciertamente este tipo de ejercicio constituye una proporción muy reducida de la totalidad de las pruebas de cada una de las oposiciones. Citaré a título de ejemplo las oposiciones a interventores y auditores del Estado, que son las que más conozco. El proceso selectivo consta de seis ejercicios. Cinco de ellos sin duda corresponden a lo que hemos llamado aprendizaje significativo, dos de contabilidad superior y matemática financiera, otros dos escritos sobre distintos temas y uno de idioma; pero el sexto, que es oral, se ha convertido en una prueba irracional que lo único que evalúa es quién es el que puede “cantar” cuatro temas de quince minutos cada uno, a la mayor velocidad posible, para introducir en ellos toda la cantidad factible de materia. Es evidente que esta forma de recitar (cantar) los temas no permite juzgar la comprensión de los conocimientos ni la claridad en la exposición ni la capacidad de expresión oral, que es lo que paradójicamente dispone la convocatoria de la oposición para este sexto ejercicio. Pero una cosa es el BOE y otra la práctica impuesta por preparadores y tribunales.

Resulta bastante indudable que esta manera de entender el ejercicio oral resulta irracional para toda persona con un mínimo de sentido común y proporciona munición y argumentos a los que reniegan de las oposiciones y pretenden cambiarlas. Aunque haga referencia a una porción reducida de sus pruebas, los detractores se las ingenian para extrapolarla a la totalidad y poner así en cuestión el sistema de oposición en su conjunto como algo obsoleto.

La preocupación de los cuerpos superiores es lógica, pero harían bien, además de intranquilizarse, en promover el cambio de aquellos elementos que son irracionales, porque si ellos no acometen las reformas de todo aquello que es lógico modificar, el Gobierno se sentirá justificado para aprobar su reforma y la eliminación de las oposiciones.

republica 11-6-2021.

Bla, bla, bla. Es increíble la palabrería que rodea el tema de los indultos. Todo ello para justificar lo injustificable. El caso es que algunos se lo creen o fingen creérselo. La doblez y la hipocresía llega a extremos inauditos. El ministro de Justicia afirma que hay que ver los indultos con naturalidad. Puede que tenga razón, pero verlos con naturalidad es mirar lo que hay debajo de toda esa charlatanería de frases grandilocuentes y egregios cometidos.

Si prescindimos una vez más de la representación y de toda la farfolla creada para ocultar la verdadera realidad, lo que encontramos es algo muy simple, pero al mismo tiempo bastante grave: el cohecho más insólito cometido por un gobierno. ¿No hablaríamos de cohecho frente a un funcionario que recibiese un notable patrimonio, por ejemplo, un chalet o algo similar, de una empresa a la que hubiera concedido una importante adjudicación o concesión administrativa?

Lo que hace distinto este indulto de cualquiera que se haya otorgado anteriormente es que en ningún otro caso quien lo concedía debía el gobierno y el mantenerse en el poder a aquellos a quienes indultaba. No cabe comparación posible. Malamente Sánchez puede recurrir al hecho de que Felipe González indultase al general Armada, ya que este no había nombrado presidente del gobierno a González. Y lo mismo cabe decir de Aznar y Barrionuevo. La afirmación de Pedro Sánchez de que actuaría igual si tuviese 300 diputados no resulta demasiado creíble, teniendo en cuenta que defendía todo lo contrario cuando no era presidente de gobierno. Por otra parte, su aseveración actual resulta un brindis al sol de igual manera que si el funcionario del ejemplo anterior nos asegurase que la adjudicación se habría producido igual si no le hubiesen regalado el chalet.

El hecho de que Pedro Sánchez deba el gobierno a los golpistas es lo que contamina todo en esta ocasión y, tal como afirma el informe del Tribunal Supremo, convierte la medida de gracia en una especie de autoindulto, prohibido por el artículo 103 de la Constitución. Quien concede la medida de gracia no solo es el Gobierno, sino quien está detrás y mueve y fuerza al Gobierno. En este contexto, todo otro argumento deviene sospechoso y constituye un subterfugio.

Entre las múltiples excusas y pretextos que conforman esa enorme hojarasca con la que se pretende ocultar la verdadera razón, hay un alegato especialmente peligroso y es el empleado por Sánchez en Bruselas, contraponiendo el entendimiento y la concordia, valores que él dice seguir, y que designó como valores constitucionales, con los que afirma que no lo son como la revancha y la venganza que, lógicamente, atribuye a los tribunales y a todos los que se oponen al indulto. Formulación parecida realizó al día siguiente en el Parlamento, alegando que hay tiempo para el castigo y tiempo para la concordia, y cierta similitud se encuentra en las declaraciones del portavoz de En Comú Podem, al proclamar que ha terminado el tiempo de la justicia y comienza el de la política. Qué manía tienen estos muchachos de separar la justicia y la ley de la política.

La gravedad de este planteamiento radica en que Sánchez, de alguna manera, asume el discurso de los independentistas que consideran a los encarcelados presos políticos y las penas y hasta la misma sentencia, fruto de la venganza y de la revancha. La argumentación del nacionalismo, participada por Podemos y ahora parece que por el propio sanchismo, es que el indulto (mejor la amnistía) es el último mecanismo que repara los derechos humanos violados. El Gobierno, mediante la medida de gracia, corrige los desafueros de la justicia (revancha y venganza).

Que el Ejecutivo dé cobertura a estas ideas tiene muy graves repercusiones en el exterior, legitima frente al extranjero el mensaje del nacionalismo. ¿Cómo van a creer los organismos internacionales y las instituciones de otros países que los independentistas catalanes son unos delincuentes si no lo cree el propio gobierno?

En ese blablablá con el que se pretenden justificar los indultos se encuentra también la teoría del diálogo, la concordia y la pacificación, que choca frontalmente con la postura de los golpistas que no solo no se arrepienten de nada, sino que proclaman con toda desfachatez que van a volver a repetir el golpe. Incluso alguno en el culmen de la chulería ha llegado a pregonar que se metan los indultos por donde les quepa.

Hay algunos periodistas que, puestos a especular, se han aventurado a ser exegetas e interpretar en clave buenista las intenciones de Sánchez; y especulan acerca de que el objetivo del presidente del Gobierno es ser el pacificador de Cataluña, al igual que Zapatero lo fue del País Vasco. A pesar de ser una versión interesada, es totalmente ilusoria y fantasiosa. Zapatero no fue pacificador de nada. Más bien inició el incendio en Cataluña con la aprobación de un estatuto inconstitucional, y no realizó un desaguisado en el País Vasco porque ETA rompió la negociación con el atentado del aeropuerto de Barajas. Si el terrorismo fue derrotado no se debió a ningún diálogo establecido con Zapatero, sino al haber perdido la batalla, gracias a la política antiterrorista y a los policías y a los jueces.

Sánchez no es tan ingenuo como para pensar que por la vía del diálogo se puede llegar a lo que llama “la pacificación de Cataluña”. El soberanismo catalán da pruebas todos los días de que la única pacificación que busca es la independencia y que no cejará hasta conseguirla. Por otra parte, es que quizás a Pedro Sánchez no le importe demasiado la reconciliación en Cataluña. No persigue tanto el futuro, perpetuarse en la historia, como el presente: mantenerse en el poder y en el gobierno.

Entre los que tras una apariencia de bienintencionados buscan justificar al Gobierno se encuentran aquellos que aseveran a diario que el otro camino ya se ha seguido y que ahora habrá que intentar el del diálogo. Nada menos cierto, porque el único sendero recorrido desde la Transición ha sido el de las cesiones en las que ha terminado siempre toda negociación. Concesiones que solo han servido de plataforma para realizar nuevas reivindicaciones.

La historia es muy distinta de cómo la cuenta Sánchez. La ruptura constitucional del golpismo, el referéndum del primero de octubre y la declaración unilateral de independencia no eran contra Rajoy y contra el PP, sino contra el Estado. Y si después no se ha repetido el golpe no ha sido gracias a los diálogos de Sanchez y sus mesas de negociaciones, que lo único que han generado han sido nuevas cesiones y dar más alas a los golpistas, sino a la acción de la justicia y al miedo al castigo que ahora se quiere eliminar. Eso es lo único que, al margen de bravuconadas, mantiene relativamente parado al secesionismo.

La actuación del sanchismo a rebufo del PSC sirvió únicamente de rémora. Participó en la aprobación del artículo 155, pero a remolque, con reticencias y poniendo toda clase de limitaciones. Cuando, basado en ello, Sánchez tiene la osadía de reclamar el apoyo del PP a los indultos, habría que contestarle que, hasta donde sabemos, el Ejecutivo de Rajoy no dependía de los soberanistas catalanes. En todo caso, si la implantación del 155 tuvo algún impacto fue el de facilitar la moción de censura que les costó el gobierno a los populares.

Por último, en la descripción del ruido que rodea el tema de los indultos habrá que incluir a ese periodista que para justificarlos va de tertulia en tertulia afirmando “Que algo habrá que hacer”. Hacer por hacer… por qué no jugar a los bolos o al pinacle. El activismo sinsentido, aparte de ser ilógico, puede acarrear resultados muy negativos. Hay soluciones que empeoran el problema.

Pero dejémonos de zarandajas y de monsergas. Como decíamos al principio del artículo, solo hay una motivación que explique los indultos, mantener en el poder a Pedro Sánchez. Lo que resulta irónico es que el PSOE pretenda proclamarse el único partido que tiene sentido de Estado, cuando está dispuesto a permitir que el Estado se trocee con tal de permanecer en el gobierno.

republica.com 4-6-2021

Todos los gobiernos han usado y abusado del decreto-ley. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional ha venido utilizando manga ancha, de manera que ha dejado siempre en manos del poder ejecutivo el determinar si se da la extraordinaria y urgente necesidad que establece la Constitución. Muy burdo ha tenido que ser el comportamiento del actual Gobierno para que el alto tribunal se haya visto obligado a intervenir. Y es que no ha habido ningún otro ejecutivo que haya empleado con tanto descaro y profusión la figura del decreto-ley a la hora de legislar.

La razón habrá que buscarla, primero, en que Sánchez es el presidente de gobierno cuyo grupo parlamentario (el propio, el de su partido) es el más reducido de toda la historia democrática. Y segundo, en que Pedro Sánchez ha demostrado suficientemente que carece de escrúpulos, y que está dispuesto a saltarse cualquier obstáculo que se oponga a sus intereses.

El hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional algunas de las previsiones introducidas en los decretos-leyes por los que se establecía el estado de alarma tira por tierra el argumento del Gobierno acerca de la deslealtad de la oposición al no haber apoyado su aprobación. Aparece con claridad que el Gobierno no ha querido pactar y ha preferido tener las manos libres para introducir en los decretos-leyes todo aquello que le interesaba.

Resulta disparatado calificar de extraordinaria y urgente necesidad el cambio de la ubicación administrativa de los servicios destinados a gestionar las pensiones de los empleados públicos, trasladándolos del Ministerio de Hacienda al nuevo de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La única necesidad que se vislumbraba era la de dar satisfacción al capricho de un ministro deseoso de atribuciones y competencias, competencias que, por otra parte, no sabe muy bien después qué hacer con ellas, como lo demuestran los continuos fracasos en su gestión.

Es posible que hayan sido muchos los funcionarios que hayan recibido con cierto alivio la sentencia del Tribunal Constitucional, no porque en principio sus pensiones tengan un trato de favor con respecto al resto, sino porque los servicios de clases pasivas vienen funcionando sin problemas y con normalidad en el Ministerio de Hacienda, y la experiencia enseña que nunca se sabe lo que puede pasar con el actual titular del Ministerio de Seguridad Social.

Por el contrario, me imagino que muchos pensionistas y futuros jubilados estarán poseídos de cierta intranquilidad puesto que parece que la reforma de las pensiones va a depender del ministro Escrivá. Después del desastre cometido con el ingreso mínimo vital, surgen los peores augurios acerca de lo que vaya a suceder con las prestaciones de jubilación. El primer error cometido en lo que parece ser el proyecto del Ministerio es que continúa considerando a la Seguridad Social como algo ajeno al Estado y hace depender su viabilidad, por tanto, de las cotizaciones sociales, con lo que queda condicionada a los problemas demográficos, a los cambios en el empleo e incluso a las decisiones del gobierno acerca de beneficios fiscales a los empresarios.

El señor Escrivá permanece preso de la separación de fuentes y ha llegado a manifestar en alguna entrevista radiofónica que las pensiones no necesitan de los impuestos para financiarse. Debe ignorar que las cotizaciones sociales constituyen ya una figura contributiva y así se considera en todos los documentos de los organismos internaciones que las sitúan dentro de la presión fiscal como un impuesto más. El señor ministro, arrastrado quizás por el triunfalismo que caracteriza a todo el gobierno sanchista, mantiene que el sistema público de pensiones puede financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Bien es verdad que lo condiciona a las reformas que proyecta y que se reducen de manera principal a eliminar el desfase que existe entre la edad de jubilación legal y la real. Toda su estrategia de cara a la viabilidad del sistema parece limitarse a retrasar la edad de jubilación.

Este planteamiento prueba que una vez más se contempla la Seguridad Social como algo distinto al Estado, y por eso no se tienen en cuenta los efectos que tales medidas tienen sobre el empleo. El ministro independiente aprecia exclusivamente la posible disminución del gasto en pensiones, sin considerar el incremento que se puede ocasionar en la cuantía del seguro de desempleo o en otros tipos de ayudas y subsidios, a no ser que estemos dispuestos a condenar a los parados a la miseria y a la indigencia.

Cuando se habla de cerrar la brecha que existe entre la fecha legal de jubilación y la real no se debe olvidar que su principal causa se encuentra en los expedientes de regulación de empleo, en  los que se utiliza la jubilación anticipada como un instrumento más destinado a facilitar el acuerdo y el despido de los trabajadores.

Retrasar la edad de jubilación podría tener sentido si estuviésemos en una economía de pleno empleo y no en una sociedad que tiene la mayor tasa de paro de Europa, sin que parezca que ello vaya a cambiar en los próximos años por mucho que el problema se haga desaparecer en ese cuento de Alicia en el país de las maravillas que nos ha presentado el presidente del Gobierno y al que ha titulado Plan 2050.

El ministro independiente, con bastante descaro y en contra del sentido común, asevera que retrasar la edad de jubilación no va a influir en las cifras de paro. Atestigua que todos los estudios lo garantizan. Habrá que preguntar qué estudios utiliza. Deben ser los mismos que empleó para configurar con tanto éxito el ingreso mínimo vital, porque la mínima lógica nos dice que los puestos laborales ocupados por aquellos trabajadores que retrasan su jubilación no pueden ser ocupados al mismo tiempo por aquellos que aspiran a incorporarse al mercado laboral.

Escrivá recurre a unos teóricos estudios, y la ministra de Hacienda, para acometer la reforma fiscal, a los expertos, convenientemente elegidos. Hoy todo el mundo puede ser experto, porque cualquiera puede ser profesor universitario de las innumerables universidades que han ido surgiendo por todo el país. Hasta Pedro Sánchez lo fue con tesis doctoral y todo. Eso sí, regalada y copiada. Y ahora incluso a su señora, Begoña Gómez, la han hecho directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la UCM. Y tan extraordinaria. Dentro de poco la veremos cómo experta.

También el presidente del Gobierno ha recurrido a los expertos. Eso sí, en mayor cantidad (100), que para eso es el jefe. Le han escrito una carta a los Reyes Magos para 2050, una arcadia feliz donde todo es posible y en la que unas medidas no se oponen a otras. El papel es muy sufrido, lo aguanta todo. Sin embargo, no han debido abundar en la confección del Plan los expertos en Economía porque han prescindido del principio básico que da lugar a la ciencia económica: “Los medios son escasos”. En el Plan no existen las limitaciones. Tan es así que hasta se llega a prometer una herencia pública universal para que los jóvenes puedan comprar una vivienda o montar su propio negocio. Bien es verdad que eso es para el año 2050 y, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. Lo único cierto es que la herencia que recibirán los españoles en 2022 es la de una deuda equivalente al 130% del PIB, unos 30.000 euros per cápita.

republica 28-5-2021

Algunos comenzamos a utilizar la expresión “armonización fiscal” hace muchos años, allá por 1989, coincidiendo con la aplicación del Acta Única en la Unión Europea. Hasta entonces, el Mercado Común era eso, un mercado, un espacio de intercambio de productos y servicios, una unión aduanera. La aprobación del Acta Única significó un salto trascendental. Entre otras cosas, se aprobó la posibilidad de que los factores de producción (la mano de obra y el capital) se moviesen entre todos los países sin ningún obstáculo.

Europa comenzaba a ser un pato cojo. Iniciaba un proceso de asimetría que se acentuaría con la Unión Monetaria. Mediante el Acta Única se aprobaba la libre circulación de capitales, pero se mantenía la fiscalidad intocable en manos de los Estados nacionales. La trampa era evidente. Con tal medida el capital puede huir de los Estados con mayor carga fiscal dirigiéndose a aquellos con sistemas tributarios más permisivos. Los países entran en una especie de competición para ver quién baja más los impuestos, y no solo evitar así la fuga de capitales, sino también lograr atraerlos. Los sistemas fiscales de todas las naciones van transformándose poco a poco y perdiendo progresividad. Los impuestos directos han ido reduciéndose a favor de los indirectos. Incluso se han permitido paraísos fiscales dentro de la Unión.

Ya desde el mismo año de 1989 hemos sido muchos los que hemos reclamado una armonización fiscal entre los países miembros como el complemento necesario a la libre circulación de capitales. Sin embargo, poco se ha avanzado en esta materia. En Europa, todo acuerdo en temas fiscales debe adoptarse por unanimidad, lo que hace casi imposible cualquier paso adelante. Quizá la armonización solo se ha producido -en muy pequeña medida y solo parcialmente- en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), lo que indica muy claramente cuál es la única preocupación de la Unión Europea, el mantenimiento de la libre competencia y el correcto funcionamiento de los mercados.

En España se ha producido cierta paradoja. Al tiempo que se criticaba en la Unión Europea la divergencia fiscal entre los países, se desmembraba el sistema impositivo español transfiriendo competencias a las Autonomías. El primer paso en esa dirección fue el reconocimiento en la Constitución del sistema de concierto del País Vasco y de Navarra, sistema económico más propio de la Edad Media que de la época actual y que incluso ha sido denunciado por Bruselas por ser un régimen que origina una competencia desleal, lo cual no deja de ser irónico tratándose de la Unión Europea, espacio en el que domina el dumping fiscal y subsisten paraísos fiscales como Irlanda o Luxemburgo.

Posteriormente fueron las sucesivas cesiones de capacidad normativa a las Autonomías del régimen común. Era un requerimiento constante de los nacionalistas, especialmente de los catalanes, pero no solo de ellos. El nacionalismo ha terminado por contagiar a todos los políticos de ámbito regional, sean del partido que sean. Lo peor es que esa cesión afecta a los principales impuestos directos: renta, patrimonio y sucesiones (y sociedades en el País Vasco y Navarra), estableciendo una competencia desleal entre las regiones. La situación actual es que la carga fiscal no es igual en las distintas Autonomías. No todos los españoles pagan los mismos impuestos. Y el mapa fiscal de España resulta de lo más heterogéneo, no solo en los tipos sino también en las deducciones. Cada Autonomía ha decidido primar las cosas más variopintas, a través de la concesión de beneficios fiscales.

Si la diversidad de gravámenes y el consecuente dumping fiscal tienen efectos perniciosos cuando se realiza entre países, tanto más cuando se da entre Comunidades Autónomas. No deja de ser irónico que primero hayamos fragmentado el sistema fiscal español y hablemos ahora de abordar la armonización. No sería necesario armonizar nada si los impuestos continuasen siendo estatales. Con todo, lo más paradójico es que sean los nacionalistas catalanes los que exijan la armonización. Uno no sale de su asombro cuando escucha a Rufián quejarse de que en la Comunidad de Madrid se paguen menos impuestos que en Cataluña y que pida al Estado central que establezca una tributación mínima en los tributos que gestionan la Comunidades, es decir, que retroceda en la autonomía fiscal tan querida y reclamada por los nacionalistas catalanes. El mundo al revés.

Nadie puede dudar de que quienes llevamos más de treinta años reclamando la armonización fiscal en Europa y denunciando la contradicción que significa su ausencia en una economía donde existe la libre circulación de capitales por fuerza tenemos que defender la armonización fiscal en España. Más aún, para ser coherentes debemos estar en contra de la parcelación que se ha hecho del sistema fiscal español y abogar por que se retire la capacidad normativa a las Autonomías. Y con mayor razón tendremos que criticar lo que constituye la amputación mayor del sistema, el régimen del concierto vasco y navarro.

No tienen razón los que para justificar la bajada de impuestos repiten sin cesar que aquellas Comunidades con menor presión fiscal recaudan al final más. Puede ser que en algunos casos sea así, pero ello es tan solo porque roban un trozo de la tarta al vecino. Una Autonomía que reduzca, por ejemplo, el gravamen del impuesto de patrimonio puede atraer contribuyentes de otras Comunidades e incrementar por tanto la recaudación por IRPF, de tal manera que compense con creces los ingresos perdidos con la disminución en el impuesto de patrimonio. Pero se habrá dañado la progresividad del sistema fiscal y la recaudación global será menor.

En principio, no habría nada que objetar al hecho de que un gobierno central se decida a armonizar la fiscalidad de las Autonomías. Es más, parecería lógico que una de sus funciones principales fuese la de armonizar no solo la fiscalidad sino otras muchas materias, como la educación, la sanidad o incluso los sueldos de los funcionarios y altos cargos que ejercen tareas idénticas o similares en las distintas Comunidades Autónomas. Sin embargo, hay algo que no cuadra: que sea precisamente el sanchismo el que lo plantee, un gobierno que se apoya y subsiste gracias a los nacionalismos y regionalismos de todo tipo y que no suele dar un paso que pueda incomodar a los nacionalistas.

La explicación puede ser que en este caso el nacionalismo, al menos el catalán, se haya puesto al frente de la manifestación, lo cual -tal como hemos dicho- sería totalmente contradictorio, si no vislumbrásemos que detrás hay segundas, terceras y cuartas intenciones. Porque, ¿qué armonización se exige? No ciertamente  la de asimilar los regímenes forales a los de régimen común, donde sin duda se da la máxima injusticia y desigualdad, sino que el único objetivo que parece perseguirse es atacar a Madrid, (que el nacionalismo identifica al resto de España), aunque para ello deba renegar y abdicar de sus exigencias anteriores.

La armonización fiscal entre Comunidades es un objetivo loable. Pero se contamina cuando se proyecta únicamente como una parte más de la ofensiva contra la Comunidad de Madrid, y contra los madrileños, lo que, según parece, se está convirtiendo en el deporte preferido de este Gobierno. Planteada así, obstaculiza el acuerdo y el consenso entre Comunidades, y hace más difícil su aceptación por los ciudadanos.

republica.com 21-5-21

Tengo la peor opinión posible de la burocracia de Bruselas. Pero, por muy ineficientes que sean, tal como han demostrado con las vacunas, o por mucho que se muevan por las presiones de los diferentes lobbies, me imagino que no habrán tenido más remedio que quedarse pasmados cuando un gobierno rectifica una de las medidas incorporadas en el Plan de Recuperación tan solo dos días después de habérselo enviado. Razón: que se había filtrado a la prensa. Y es que el plan se ha elaborado, aprobado y remitido a la Unión Europea con total opacidad, escondiendo a la sociedad española las medidas previstas. Ha bastado que se conociese una de ellas para que el Gobierno se corrigiese a sí mismo. Aun peor, la ministra de Economía pretende convencernos de que se trata de una errata de imprenta. ¿Una errata de varias líneas y con justificación añadida y todo?

La medida aprobada y después rectificada consiste en eliminar la deducción en el IRPF a la que hasta ahora tienen derecho los matrimonios que deciden declarar de forma conjunta. La mayoría de los contribuyentes prefieren hacer individualmente la declaración, puesto que el resultado suele ser más favorable al no jugar la acumulación de rentas con el correspondiente impacto negativo de la tarifa progresiva. Solo cuando uno de los miembros de la pareja no trabaja o sus ingresos son muy reducidos sale a cuenta optar por la declaración conjunta, siempre, claro está, que la deducción se mantenga.

Hay que concluir que la eliminación de esta deducción (a pesar de que actúa sobre la base) es fuertemente regresiva debido al colectivo afectado, ciudadanos de rentas bajas o medias bajas. Casi el 80% de ellos tienen ingresos inferiores a los 30.000 euros anuales, y es en el intervalo de 12.000 a 21.000 euros anuales donde se concentra el mayor número de ellos.

Lo más chusco es el bloque del plan en el que se ha incorporado la medida. No es en Hacienda, ni en reforma fiscal, ni en las modificaciones tributarias, como sería de esperar, sino en el apartado de políticas de igualdad de género. Emplean un argumento falso y peligroso. Afirman que este beneficio fiscal desincentiva la incorporación de la mujer al mundo laboral. La medida supone que las que no trabajan lo hacen voluntariamente y no obligadas por las enormes cifras de paro.

El argumento empleado esconde, bajo una capa de progresismo feminista, la similitud con uno de los raciocinios más regresivos usado a menudo por el neoliberalismo económico. Frecuentemente hemos tenido que escuchar que el seguro de desempleo y otros tipos de ayudas y subsidios desincentivan la búsqueda de empleo, por lo que deben desaparecer o quedar reducidos a la mínima expresión. Los parados lo son porque quieren. Las mujeres se quedan en casa por vagancia y la deducción les da facilidades económicas para adocenarse.

El Gobierno, para justificar la medida, recurre en el Plan de Recuperación a un principio que ha venido siendo siempre la carcoma de los sistemas fiscales: “Un sistema tributario moderno no debe servir exclusivamente para procurar unos ingresos que financien el gasto público, sino que debe contribuir directamente a potenciar el impacto de las políticas propias, sirviendo de catalizador para lograr transformaciones en ámbitos como la igualdad de género, la atención a la discapacidad, la conservación del medio ambiente o la protección de la salud”. Para tratarse de una errata, emplean una justificación un poco larga.

La pretensión de utilizar los tributos para múltiples objetivos origina el deterioro de sus funciones propias. Dos son las aspiraciones fundamentales que debe tener todo sistema fiscal: la suficiencia recaudatoria, para atender a los gastos públicos, y la progresividad, que facilite la ejecución de una política redistributiva y colabore a reducir la desigualdad social y a combatir la acumulación capitalista. No obstante, la tentación de utilizar los impuestos para otras muchas finalidades ha convertido al sistema fiscal en el bálsamo de Fierabrás que vale para todo.

Pero lo cierto es que los efectos económicos de los impuestos son muy aleatorios y de difícil determinación, y su signo depende generalmente de una gran diversidad de variables; por ello resulta muy arriesgado diseñar una política fiscal en función de estos objetivos. Existe una alta probabilidad de que no se consigan e incluso de que produzcan efectos contrarios a los deseados. De lo que no cabe duda es de que irán en detrimento de la finalidad principal de los impuestos: la redistribución de la renta. En la mayoría de los casos se tiene la sospecha de que todos los otros objetivos no son más que el pretexto para desactivar un sistema fiscal fuerte y progresivo con el que no se está de acuerdo.

Quizás el caso más generalizado radique en los incentivos fiscales para estimular el ahorro. En realidad, supone una especie de eufemismo para señalar de forma más amable y menos chirriante a las rentas de capital, y discriminarlas positivamente con respecto a otros tipos de renta. El objetivo que se persigue no es estimular el ahorro, tal como se dice, sino conceder un trato de favor a los ingresos financieros. Por otra parte, no está claro que para reactivar la actividad económica sea el ahorro la variable a incentivar. En muchas ocasiones es más bien el aumento del consumo lo que puede impulsar el crecimiento. Lo que sí es seguro, ciertamente, es que los llamados estímulos al ahorro dañarán la progresividad del sistema fiscal.

Hasta ahora la propuesta de este tipo de medidas provenían del pensamiento conservador o del círculo del neoliberalismo económico, pero, por lo que se ve, en los últimos tiempos este comportamiento ha sido copiado por grupos progresistas. Solo que cambian los objetivos. En lugar de potenciar el ahorro o la inversión plantean la igualdad de género o combatir el calentamiento global, finalidades muy loables, pero no a costa de reducir la progresividad del sistema fiscal. Otros procedimientos habrá para conseguirlos.

La eliminación de la deducción por tributación conjunta se propone para potenciar la incorporación de la mujer al mundo laboral, objetivo que difícilmente se va a lograr por este camino, dadas las enormes tasas de desempleo. Ahora bien, lo que por el contrario sí se va a lograr con toda seguridad es dañar la progresividad del tributo y, por lo tanto, incrementar la desigualdad entre clases o grupos sociales. Pero parece que últimamente la única desigualdad que preocupa es la de género.

Algo parecido ocurre con los impuestos verdes, tan en boga en este momento. No sé si tendrán impacto sobre el medio ambiente, pero desde luego lo van a tener sobre la progresividad del sistema. La mayoría de estos tributos son indirectos y poseen un claro carácter regresivo. No solo es que sean proporcionales y carezcan por tanto de progresividad, sino que la mayoría de ellos inciden más sobre los contribuyentes de menores rentas. Buen ejemplo de ello lo tenemos en casi todas las modificaciones fiscales planteadas en el Plan de Recuperación bajo el titulo ampuloso de “Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”. Y es que por lo visto lo que la modernidad exige es incrementar la desigualdad social.

republico.com 14-5-2021