ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Hay que reconocer que el sanchismo es experto en crear mitos vacíos de contenido, pero que sirven a la perfección para influir en los ciudadanos, transmitiéndoles aquellas imágenes que le interesan al gobierno, aunque no se adecuen a la realidad. Hace ya algunos días, Pedro Sánchez, tal como le gusta actuar, en su función propagandística, anunció que el escudo social se prorrogaba hasta octubre. El nombre es rimbombante, enfático. Pero por eso mismo causa extrañeza que se hable de prolongar. Uno tendería a creer que un escudo, un verdadero escudo social, debería tener un carácter de permanencia.

Pero es que, además, cuando uno se acerca a ver el contenido de eso que Sánchez llama escudo llega al convencimiento de que se queda como mucho en un mantelete deformado y reducido. El auténtico escudo social lo diseña la Constitución al definir a nuestro Estado como social, contrapuesto al liberal. Nuestra Carta Magna, ella sí, establece un marco para intentar no dejar a nadie atrás, otra cosa es que se cumpla) y por eso constituye una sanidad y una educación públicas que aseguren, si no por completo, sí parcialmente, la igualdad de oportunidades. De la misma forma instaura una serie de derechos sociales, que lo son frente a la sociedad y al Estado y no frente a las personas individuales. Son los poderes públicos los encargados de garantizarlos y al erario público le corresponde financiarlos.

Pero más alla de todo eso, la Constitución establece como principal baluarte frente a la indigencia social el derecho a un puesto de trabajo y la obligación a los gobiernos de practicar una política de pleno empleo. Bien es verdad que con la globalización e instituciones como la de la Unión Monetaria, lograr el pleno empleo, desaparece a menudo del abanico de posibilidades que tienen a su alcance las autoridades de los distintos países. Deben entrar, por tanto, en funcionamiento las previsiones que el Estado social establece cuando por distintos motivos no es posible tener un puesto de trabajo. Es necesario potenciar y ampliar las prestaciones sociales ligadas al paro y a las que de alguna forma se encuentran asociadas a ellas, las pensiones, puesto que a determinada edad es precisa o al menos conveniente la salida del mercado laboral. No se debe olvidar, sin embargo, que seguramente la mejor política social es la creación de puestos de trabajo dignos.

El escudo social del que habla el Gobierno tiene muy poco de escudo y me atrevería a decir que tampoco de social. Es un puro simulacro, un artificio con el que ocultar los defectos de la política social aplicada y con el que disimular el hecho de que se ha abandonado a su suerte a amplias capas de población. Todo se reduce a prohibir los desahucios y el corte de suministros esenciales a las familias vulnerables. La pregunta surge de inmediato: ¿no sería preferible que el Estado se comprometiese a que no existiesen familias vulnerables o al menos que una vez detectada su existencia por encontrarse en las situaciones extremas anteriores fuese el erario público el que tendiese a solucionar el problema y no hacer recaer sobre terceros y de forma arbitraria el coste de la protección social? Resulta irónico escuchar esa coletilla de si «no existe alternativa habitacional», como si este hecho dependiese del juez o del propietario de la vivienda, y no de los poderes públicos.

Lo que llama escudo social el gobierno sanchista cubre una pequeñísima parte de las contingencias sociales, y además de forma impropia. Tan es así que incluso puede terminar siendo contraproducente. Es el erario público con todos sus impuestos el que tiene que subvenir a cubrir las necesidades de las capas de la población más vulnerables. Cuando un gobierno cambia las reglas del juego y hace que sean terceros los que de buenas a primeras y de forma aleatoria, sin ninguna lógica, deban asumir el coste, se resiente no solo la equidad, sino también la seguridad jurídica, con efectos bastante negativos. Nos encontramos más cerca de las repúblicas populistas de América Latina que de un Estado social, democrático y de derecho de la Europa Occidental. En realidad, un gobierno que obra así está mostrando su incompetencia para desarrollar el Estado social y su debilidad para aplicar una política fiscal que genere los recursos necesarios para cumplir la Constitución en materia social.

Además, en el caso que nos ocupa -como en todos los demás en los que se pretende forzar las leyes del mercado- el tiro puede salir por la culata, y precisamente perjudicara aquellos que teóricamente se pretende beneficiar. Si los arrendadores ven que se les quita, o al menos que existe el riesgo de que por h o por b se les prive de la única arma que tienen frente al arrendatario, que es el desahucio, y que esto se produce principalmente respecto a las familias que se califican de vulnerables, la reacción de muchos de ellos será seleccionar cuidadosamente a los inquilinos y excluir a todos aquellos sobre los que tengan la menor sospecha de que un día se pueden declarar insolventes y presentar ingentes obstáculos para el desalojo. Trabajadores precarios, quizás emigrantes, con muchas cargas familiares, con numerosos hijos, etc., se verán excluidos del mercado porque casi ningún arrendador estará dispuesto a alquilarles un piso.

Nadie puede quedarse impasible ante los dramas sociales que se presentan a menudo en ciertos desahucios, pero el problema de la pobreza de algunas familias que las incapacita para el mantenimiento de una vivienda digna no debe recaer sobre las personas y sociedades privadas, sino que debe asumirlas el Estado. Incluso hacerse cargo de ellas a tiempo y no esperar a que la indigencia se presente de forma tan dramática. Además, la vivienda o ciertos suministros son sin duda necesidades esenciales, pero no son las únicas ni a las que se reduce la carencia de las familias. La actuación de los poderes públicos debe adoptar una forma más generalizada de ayudas, dotar de medios a las familias vulnerables, proveerlas de los recursos precisos y que sean ellas las que escojan su distribución entre sus múltiples necesidades.

Si la pobreza va unida en la mayoría de los casos a una situación de paro, el escudo social debería centrase en establecer una prestación por desempleo adecuada que se aplicase tan pronto se produjese el despido, se hubiese cotizado o no, y que se mantuviese todo el tiempo necesario hasta que se encontrase un nuevo empleo. Tanto las prestaciones por desempleo como las pensiones por jubilación son herederas del sistema de seguridad social de tiempos de la dictadura, basado en cotizaciones y carente de generalidad. En cierta forma tienen una orientación preconstitucional. La Carta Magna, sin embargo, los configura como derechos sociales con un carácter de universalidad y de ninguna manera condicionados a la existencia de cotizaciones.

La prestación por desempleo en España está muy lejos de constituir un verdadero escudo social con la amplitud debida y a ello tendría que haberse dedicado este Gobierno si fuese verdaderamente progresista al tiempo que abandonaba la política de parches que solucionan poco e incluso a veces empeoran la situación. En junio de este año la cobertura de la prestación por desempleo alcanza, según datos del CEPES, el 58,1%. Es decir, que casi el 50% de los parados no cobran prestación alguna.

Pero la situación es bastante peor si estudiamos con cierto detenimiento las cifras. En el denominador no se engloba a todo el paro registrado, ya que se excluyen aquellos que solicitan empleo por primera vez. Si los considerásemos, la tasa de cobertura se reduciría aproximadamente en un 10%. Además, el numerador comprende a todos los beneficiarios ya sean los del nivel contributivo o los del asistencial, incluyéndose dentro de este toda una tipología de lo más diversa de perceptores de subsidios. Desde hace ya tiempo, dada la precariedad del mercado laboral y la movilidad en los puestos de trabajo, pocos son los parados que cumplen los requisitos exigidos para situarse en el nivel contributivo, por lo que el número de beneficiarios del régimen asistencial sobrepasa ya la mitad del total. Sin embargo, el gasto en este nivel es poco más de la tercera parte del que se aplica en el régimen contributivo, lo que indica que por término medio las prestaciones del nivel asistencial –llámese como se llame el subsidio -alcanzan la tercera parte que las del régimen contributivo.

De lo anterior se puede concluir que escasamente el 25% de los parados está cobrando una prestación más o menos adecuada. El resto hasta llegar al 50 o 58% perciben un subsidio de una cuantía muy reducida, que ya no es que no les dé para pagar el alquiler o el suministro de electricidad, es que no les permite vivir. Más allá, hasta el 100%, más del 40% de los parados, están totalmente desprotegidos, a expensas de la caridad privada, de los llamados comedores del hambre, o de algún que otro subsidio de las Comunidades Autónomas.

Este estado de pobreza es el que prometía arreglar el ministro independiente poniendo orden además en las rentas básicas-sea cual sea su denominación- de las Comunidades Autónomas. La montaña parió un ratón. Se elaboró un subsidio al que se ha llamado “ingreso mínimo vital”, de una complejidad tal que es un infierno su aplicación, y su control, casi imposible. La conclusión es que no van a estar todos los que son, ni serán todos los que deban estar, y a pesar de eso va llegar a un número muy reducido de necesitados. Por otra parte lejos de armonizar las ayudas de las distintas Comunidades Autónomas, se va a fraccionar incluso la estatal para dar su parte al País Vasco. En fin, un engendro.

Si el Gobierno quiere establecer de verdad un escudo social tiene campo para hacerlo. No obstante, deberá huir de las ocurrencias y de los parches que solo sirven para dar a entender que se hace algo, ocultando la inoperancia. Deberá ir al centro del problema, y modificar sustancialmente la prestación por desempleo. Claro que para eso hace falta dinero, una reforma fiscal en profundidad, y de eso huye el Gobierno como de la peste. Como mucho, mareará la perdiz con el comité de expertos y con algunos cambios anodinos.

No quiero terminar el articulo sin referirme a un tema que parece menor, pero proporciona un claro ejemplo de la impudicia de este Gobierno a la hora de falsear las cifras. Cuando se contempla la serie de la cobertura de desempleo que ha publicado el Ministerio de Trabajo, hay por fuerza que sorprenderse. Abril, mayo y junio de 2020 presentan los siguientes datos: 127,2%; 134,8% y 109,2%, respectivamente. ¡Oh, maravilla, oh, milagro! El número de beneficiarios por desempleo era superior al de parados. Habrá habido, incluso, algún ministro tentado de gritar ¡datos históricos, jamás en la historia, la cobertura de la prestación por desempleo ha sido tan alta!

La trampa es muy burda, pero por lo mismo tanto o más impúdica. No cuenta como parados a los trabajadores en ERTE, para que no se incremente la tasa de desempleo; sin embargo, sí se consideran las prestaciones a estos trabajadores en el número de beneficiarios. Está en la misma línea de enmascaramiento simplón ejecutado por la ministra de Trabajo cuando se jactaba tiempo atrás de que en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor. En mayo del año pasado el número oficial de personas en paro ascendía a 3,8 millones. ¿Cuál hubiera sido el dato real si a esta cifra se le hubiesen sumado los 3,6 millones que se encontraban en ERTE?

republica.com 26-8-2021.

En una cosa estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, en los momentos actuales la mejor política económica consiste en una eficaz e inteligente lucha contra la pandemia. Esta crisis es muy singular. Su génesis es exógena, no endógena. No se ha generado por factores económicos, tal como la de 2008, que obedeció a unos exorbitantes desequilibrios comerciales y financieros entre los países, inasumibles a medio plazo. La crisis actual se ha originado por una onerosa situación social, creada al margen de la economía y proveniente del mundo de la sanidad, una terrible pandemia. Que la actividad económica se recupere antes o después dependerá en buena medida de los éxitos obtenidos en el ámbito sanitario.

Si la política económica de este Gobierno, disfrácese como se disfrace, deja mucho que desear y el PIB del año 2020 se desplomó un -10,8%, situándose a la cabeza de todos los países de la Unión Europea en tasa negativa (el de la Eurozona fue del -6,5%), quizás sea en parte porque la lucha contra la pandemia ha sido un auténtico caos. La pugna contra el Covid, al revés de lo que afirma Sánchez, ha mostrado los problemas que el Estado de las Autonomías tiene a la hora de afrontar una crisis tan intrincada como la actual. El Gobierno, aparte de haber situado los intereses políticos por encima de los sanitarios, se ha mostrado impotente a la hora de ofrecer soluciones; ha sido un quiero y no puedo, un coitus interruptus. No ha existido planificación ni racionalidad ni coherencia.

Por citar tan solo el último caso. Cuando estábamos ya en la quinta ola, al Gobierno lo único que se le ocurre para infundir optimismo es eliminar la obligación de llevar mascarilla al aire libre, añadiendo la coletilla de la necesidad de guardar un metro y medio de distancia. Adición, esta ultima lógica, pero por ello innecesaria para la montaña, el campo o la playa, o tal vez también en ciertos parajes poco frecuentados, pero norma impracticable en la mayoría de ciudades y pueblos. ¿Cómo mantener el metro y medio de distancia? Aunque muchos ciudadanos con cierta prudencia optaron por llevar la mascarilla en todos los espacios, aunque estuviesen al aire libre, otros muchos se sintieron legitimados (lo había autorizado el Gobierno) para quitarse la mascarilla en cualquier espacio  abierto, fuese cual fuese la densidad de población en él. A la ministra de Sanidad, en el culmen del papanatismo, se le escapó aquello de la sonrisa, mostrando hasta qué punto eran esas las intenciones de Sánchez, lanzar un mensaje optimista que se tradujera en un clima favorable hacia el Gobierno. Lo cierto es que para algunos la sonrisa se ha transformado en una mueca lastimera.

Paradójicamente, las Comunidades, de forma bastante generalizada, han estado a la altura. Cada una de ellas se ha esforzado por salvar los muebles como ha podido, a pesar de no contar con los medios necesarios y teniendo enfrente a un Gobierno central que pretendía seguir mandando, pero que entorpecía más que ayudaba. El resultado no podía ser otro que un mapa totalmente heterogéneo, donde cada Autonomía campaba por su cuenta, tanto más cuanto que los distintos tribunales a los que había que someter muchas de las medidas que se adoptaban mantenían criterios dispares. El escenario, visto con perspectiva, es anárquico y caótico, y si no fuese porque se trata de un tema tan serio, cómico.

Pedro Sánchez, en una de esas homilías a las que nos tiene acostumbrados, sacó pecho vanagloriándose de que nuestro país va a la cabeza de la recuperación económica y es, según él, medalla de oro en la vacunación. “Imaginen un país que va primero en vacunación y que lidera las previsiones de recuperación económica. Ese es nuestro país” A pesar de que Sánchez lleva tiempo apuntándose tantos en el tema de la vacunación, el Gobierno central no ha tenido ni arte ni parte en ello, como no sea en el papel de mensajero. Todo el mérito es de los gobiernos autonómicos, que han actuado francamente bien en una logística complicada y que podrían haber ido a mayor velocidad si hubiese funcionado mejor el suministro. Tampoco en esta fase ha tenido nada que ver Sánchez, ya que se acordó que la adquisición se realizase por la Comisión centralizadamente y para toda la Unión Europea.

Bruselas, en este aspecto también se ha cubierto de gloria. El suministro ha sido un cuello de botella para nuestras Autonomías y se supone que para todos los países. No se explica que conociendo el coste que tenia la pandemia en términos económicos o, a la inversa, el beneficio que se obtendría de adelantar lo más posible la vacunación, se haya racaneado con el precio de las dosis, perjudicando la velocidad del suministro. Parece que no entendieron -o lo entendieron solo al final- que lo mejor para la economía de la Eurozona consistía en acelerar la vacunación todo lo más posible.

Por otra parte, si nuestro país está a la cabeza en el porcentaje de inmunización se debe también en buena parte a la resistencia que se da frente a la vacuna en amplias capas de población de otras naciones. Quizás hubiese sido en este último aspecto en el que podría haber intervenido el Gobierno, comprando directamente los excedentes que otros países se veían obligados a vender por no poder utilizarlos a corto plazo, ya que muchos de sus ciudadanos se declaraban negacionistas, si no del virus, sí al menos de las vacunas. Tampoco en esto el Gobierno se movió ni un ápice. Continuó, sin embargo, anclado en el triunfalismo, y atribuyéndose los logros que no le correspondían.

En su comparecencia Pedro Sánchez se vanaglorió también de que nuestro país lideraba las previsiones de recuperación económica. Hay un error de base, o más bien un engaño premeditado, por parte del Gobierno. Fijan la recuperación en la mayor o menor cuantía de las tasas de crecimiento o de empleo de 2021, sin tener en cuenta el suelo del que se parte, el desplome de los índices en 2020. Es lógico que en el presente año e incluso en 2022 nuestra economía presente mayores tasas que las del resto de países, dado que en 2020 la caída también fue mucho mayor.

Para conocer el ritmo de recuperación y relacionarlo con el de las otras naciones hay que examinar la cuantía que alcanzan determinadas variables en los momentos actuales, así como las que prevemos para el futuro, y compararlas con los valores que tenían antes de la pandemia, es decir en 2019. Sabremos así en qué medida nos acercamos a la recuperación. Llegaremos quizás al convencimiento de que nuestro país está lejos de liderar las previsiones de recuperación económica, y que se encuentra más bien a la cola de las otras naciones respecto al momento en que es previsible que retorne a los valores previos a la crisis.

Con la publicación de los datos de paro registrado del  pasado mes de julio y de la encuesta de población activa del segundo trimestre se ha hecho presente un discurso tan triunfalista como falaz, y lo malo es que los medios de comunicación repiten este mensaje y lo transmiten, unos por ignorancia y otros por malicia, sin ningún discernimiento ni análisis. Los titulares fueron de este cariz: «La afiliación marca un nuevo record en julio, 19,6 millones de trabajadores, y se produce una histórica caída del paro, 197.841 personas». La mayor caída del paro registrada jamás en toda la historia económica, titulaba El País.

Con Sánchez y sus acólitos todo es histórico, grandioso, lo más de lo más, los datos, los fondos europeos y cualquier otra cosa. En realidad, lo único que de verdad es histórico es la pandemia y por tanto atípico todo lo que sucede dentro de ella. Para calibrar el valor real de cualquier dato hay que cotejarlo con aquellos similares previos al inicio de la crisis sanitaria. De esta manera las conclusiones son muy diferentes. Toda otra comparación puede conducir a error, tanto más si lo que se pretende es engañar.

El paro registrado, según el Ministerio de Trabajo, alcanzó en el mes de julio del presente año la cifra de 3.416.498 trabajadores, a los que hay que sumar los 331.486 que estaban a 31 de julio en ERTE, que, en realidad, independiente de cuál sea su destino final, en este momento es un paro encubierto. El paro registrado en julio de 2019, según las oficinas del SEPE, ascendía a 3.011.483. Lo único que tienen de histórico estas cifras es que hay 736.501 parados más de los que teníamos en julio de 2019. A resultados parecidos se llega en cuanto al número de parados si empleamos los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año.

Solo podremos empezar a hablar de recuperación cuando nuestro PIB alcance al menos el nivel que tenía en 2019 y el número de parados se reduzca hasta la cota en la que se encontraba ese mismo año. E incluso entonces no vamos a poder decir en sentido estricto que la recuperación es total. Primero, porque es de suponer que en estos dos años algo hubiese crecido el PIB y algo se hubiese reducido el paro. Bien es verdad que el descenso de esta última variable se había desacelerado desde que Sánchez ocupaba el colchón de la Moncloa. Segundo, porque el stock de la deuda pública mantendrá en esa fecha, previsiblemente 2022, 2023, un valor considerablemente más elevado que el que alcanzaba antes de la pandemia, lo que se va a convertir en una losa para la economía española en los próximos años.

Está lejos de mi intención culpabilizar de todo a Sánchez y a su Gobierno. La epidemia y sus consecuencias están afectando a todos los países. Pero las respuestas son distintas y he ahí donde comienzan las responsabilidades de los políticos. Solo después de algún tiempo se podrán comprobar con nitidez los resultados. Lo que desde luego no es de recibo es que los gobiernos pretendan ocultar sus errores detrás de la crisis, y mucho menos que, tal como hace el español, pretendan con interpretaciones torticeras apuntarse medallas que no les corresponden. Pedro Sánchez suele repetir con frecuencia en sus homilías que él está por la recuperación y no por la crispación. Lo dice quien ha crispado primero a su partido y después a toda España desde que fue elegido secretario general del Partido Socialista.  

republica.com 19-8-2021

Seguramente habrá sido Nietzsche quien más nos habrá hecho dudar a los hombres del siglo XX de la verdad y objetividad de los sistemas filosóficos. Todos ellos, según el pensador alemán, son más bien un resumen de la autobiografía de sus autores, es decir, un compendio, aunque sea inconsciente, de sus deseos, intereses y pulsiones de todo tipo. Esto mismo también sería plenamente aplicable a la economía y a los economistas. Detrás de toda teoría económica es muy posible que se encuentre un sistema de fuerzas constituido ,por una parte, por las aspiraciones y objetivos personales y, por otra, por el beneficio de la institución o de la empresa que paga.

Dentro de la ciencia económica se encuentra una materia especialmente proclive a la sustitución de la verdad por las conveniencias. Me refiero al mundo de la fiscalidad y los impuestos. Toda persona está implicada personalmente en el nivel y en la estructura tributaria. A nadie le gusta pagar impuestos y por eso la tendencia mayoritaria consiste en defender que los gravámenes se reduzcan lo más posible sin tener en cuenta el coste de oportunidad, esto es, los bienes y servicios públicos a los que habría que renunciar como contrapartida.

En los medios de comunicación la opinión es bastante unánime. Casi todos abogan por la bajada de impuestos o, al menos, por la no subida. Cada persona tiene derecho a defender la opinión que crea conveniente, pero no a presentar como verdad científica determinadas teorías que solo obedecen a sus intereses o a los de la entidad que los subvenciona.

Todas las fuentes estadísticas, sean del organismo internacional que sean, nos dicen que la presión fiscal en España es inferior en siete puntos a la media de la Europa de los 27 y a la de la Eurozona. Estos datos son un hecho, no una especulación; pero un hecho que no gusta. No tiene nada de extraño que para combatirlo se forjen las teorías más descabelladas. Se afirma que las presiones fiscales de los distintos países no se pueden comparar. Por ejemplo, la nuestra con la de Alemania, dado que los salarios en el país germánico son mucho más altos que en España. Proponen utilizar otro índice que se sacan de la manga y que proporciona unos resultados más acordes con los intereses que defienden. Lo llaman “esfuerzo fiscal”.

La presión fiscal -para quien no lo sepa, aunque tampoco está de más por lo visto recordárselo a quien debería saberlo- consiste en un cociente en el que el nominador es la recaudación impositiva global de un país y el denominador, el Producto Interior Bruto (PIB) de ese mismo Estado. Ciertamente, las recaudaciones tributarias sin más no podrían confrontarse, pero por eso cada una de ellas se divide por el respectivo PIB, magnitud en la que se incluyen los salarios y otras variables más, como el excedente empresarial. Es esto lo que permite la comparación. En realidad, la presión fiscal puede definirse como el porcentaje de toda la producción del país que se destina al sector público. Parte de ella retorna en efectivo a la ciudadanía en forma de prestaciones sociales y subvenciones de todo tipo, y la otra se convierte en bienes y servicios públicos.

Todos los organismos internacionales emplean la presión fiscal para hacer comparaciones. No hay ninguno que ofrezca cifras de eso que llaman esfuerzo fiscal. Ello es lógico si consideramos la falta de significación que presenta el concepto. Se define como una fracción en la que el numerador lo ocupa la presión fiscal y en el denominador la renta per cápita. Conceptualmente resulta difícil de entender. Es una reiteración innecesaria, puesto que en la presión fiscal la recaudación ya se homogeniza a efectos comparativos al dividirla por el PIB.

Para comprender lo ilógico del tema y las distorsiones a que puede dar lugar, basta transformar la fracción de fracciones en una única fracción en la que en el numerador se encuentra la recaudación total multiplicada por el número de habitantes y en el denominador el PIB al cuadrado. El numerador tiene difícil significación y el denominador concede una influencia decisiva al PIB, de manera que el esfuerzo fiscal se termina trasformando en un indicador del nivel económico del país respectivo, más que mostrar la magnitud del gravamen. Existe una correlación casi perfecta entre el esfuerzo fiscal y la riqueza del país. Cuanto más opulento sea el Estado en cuestión, menor será el esfuerzo fiscal, sin que importe demasiado la carga tributaria que mantiene.

A falta de una publicación fiable de la cuantía de esta variable por países, me he tomado el trabajo de calcularla partiendo de los cuadros 8 y 72 del «Statistical Annex of European Economy», publicado por la Comisión de la UE. El cuadro 72 viene a ser la presión fiscal por naciones, y el 72 es la renta per cápita de cada Estado en relación a la de la Europa de los 15, a la que se ha identificado previamente con 100. Se han elegido los datos referidos a 2019, dado que el año 2020 es un ejercicio atípico afectado por la pandemia.

Los resultados son muy expresivos y dejan al descubierto la inutilidad de esta variable, al menos a la hora de medir el grado de imposición de un país. Ciertamente, el esfuerzo fiscal de España (54) es superior al de Alemania (41) y también al de Holanda (34,2) o al de Francia (53,39); en general a casi todos aquellos que presentan una renta per cápita superior a la española. Pero lo que no dicen los defensores de este índice es que todos estos países, incluyendo a España, tienen datos inferiores a todos aquellos con una renta per cápita más reducida, por ejemplo, Portugal (73,5), Rumania (100,3), Grecia (104,3), Polonia (108,9), Bulgaria (158,5), etc. Cuanto más pobre el país, mayor es el esfuerzo fiscal, sin que apenas importe la cuantía de la imposición.

Conviene resaltar el caso de Italia (57,7) y el de Francia (53,3). Este último país presenta un esfuerzo fiscal similar al de España a pesar de que su renta per cápita es muy superior a la nuestra, pero lo compensa la diferencia de presión fiscal (nada menos que 13 puntos). Algo similar ocurre con Italia. En este caso la diferencia en la renta per cápita es inferior que con Francia, por ello la distancia en los valores de presión fiscal (ocho puntos) origina que el esfuerzo fiscal de Italia se mantenga superior al nuestro.

Todos estos datos son suficientemente elocuentes acerca de que si el esfuerzo fiscal indican algo es la capacidad económica del país en cuestión, sin que sirvan en absoluto para revelar el nivel de tributación. Para este último cometido, hay que acudir a la presión fiscal y, por más que lo intentemos disfrazar, la diferencia con el resto de Europa es evidente. No es que la nuestra sea menor que la de Francia, Italia, Alemania, Holanda, etc., es que también es inferior a la de Portugal, Grecia, Polonia, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, países con una renta y un nivel económico muy inferiores a los de España. En realidad, no podría ser de otra manera, puesto que desde finales de los ochenta el sistema fiscal español ha estado sometido a toda una serie de reformas que no solamente han dañado la progresividad, sino también la suficiencia.

Nos guste o no, estamos abocados a realizar una reforma fiscal en profundidad, que no puede quedar reducida a lo que llaman “fiscalidad verde”, que casi en su totalidad se compone de impuestos regresivos. Negar la realidad no conduce a nada y menos, recurrir a mentiras o a teorías construidas para ocultar los hechos o las verdades económicas más evidentes. No dudo de que muchos periodistas o tertulianos, quizás por falta de conocimientos, defiendan estos discursos con cierta buena voluntad o al menos sin tener conciencia de faltar a la verdad, sobre todo cuando repiten lo que ha dicho o escrito algún sabio economista o asesor fiscal o inspector de tributos o incluso algún antiguo alto cargo. Pero estos últimos sí que no pueden escudarse en la ignorancia. No es posible que se crean estas milongas. Lo del esfuerzo fiscal es una de ellas, pero existen otras de las que hablaremos algún otro día.

republica.com 15-8-2021

El PSOE de Sánchez se ha especializado en acuñar palabras que, más tarde, a fuerza de repetirse, se usan como eslóganes publicitarios con los que poder modificar la opinión del personal, no solo la del electorado, sino también en el consumo interno del partido. Porque Sánchez se ve obligado a convencer a los de fuera, pero también a los de dentro.

El sanchismo, de cara al 40 Congreso, ya está preparando la escena y la correspondiente representación. La vicesecretaria general del partido y portavoz parlamentaria, peón para todo (ahora más necesario que nunca cuando se ha defenestrado a otros peones que parecían imprescindibles), ha comparecido ante la prensa para transmitir el nuevo vocablo que han parido, «España multinivel», que más o menos viene a decir lo mismo que antes se quería designar con lo de “federalismo asimétrico”.

En realidad, el término no es original. Se ha utilizado, aunque quizás con muy poco éxito, para dar respuesta a la globalización, superando el concepto de Estado-nación. Desde esta óptica, se defiende la distribución de competencias, pero no tanto en la descentralización del Estado hacia abajo, sino en la fijación de niveles competenciales hacia arriba, creando unidades políticas que puedan superar parcialmente la realidad del Estado y enfrentarse así a la integración de los mercados.

He señalado al principio «que quizás con poco éxito» porque no podemos estar demasiado orgullosos de las organizaciones internacionales creadas, desde luego, manifiestamente ineficaces para contraponerlas a las integraciones comerciales y financieras. Tal vez el intento más serio se haya realizado con la Unión Europea, pero las competencias se han asignado de forma asimétrica y los resultados conseguidos son los contrarios de los que se deberían haber buscado. Lejos de neutralizar la globalización, la Unión Europea se ha convertido en su plasmación más genuina, con todas sus consecuencias negativas.

Ahora bien, la ponencia del PSOE parece orientarse por otros derroteros. La España multinivel hace referencia a la estructura territorial en la que las distintas Autonomías se sitúan en diferentes niveles competenciales y de relaciones con el Estado. No es la primera vez que en el PSOE se plantea este problema, aunque en buena medida con otra terminología. El PSC ha hecho múltiples intentos de atraer al PSOE a su terreno, con un mapa territorial en el que haya órdenes y niveles distintos para clasificar las correspondientes Comunidades Autónomas. No todos somos iguales.

Con Maragall (en tiempos de Zapatero -llamado el Bambi, aunque habrá quien opine que le sentaría mejor el adjetivo de frívolo-) pusieron en circulación la expresión “federalismo asimétrico”, con la que se indicaba que debía haber Autonomías de primera y de segunda clase, e incluso de décima si fuera necesario, un traje a medida donde Cataluña y el País Vasco ocupasen el primer lugar. Faltaría más, que para eso tienen hechos diferenciales.

Hablando de hechos diferenciales, no se puede por menos que recordar un pequeño sketch de Boadella, en el que comenzaba afirmando que él, como buen catalán, poseía hechos diferenciales. Bien es verdad, reconocía inmediatamente, que, como no podía ser de otra manera, los otros, el resto del público, también los tenía. Pero en seguida agregaba con tono irónico que los suyos eran mejores, porque, de lo contrario, de qué valdría tenerlos. Lo malo de los nacionalistas catalanes y vascos -y que Boadella ridiculizaba- no está en que crean que tienen hechos diferenciales (allá ellos con sus ensoñaciones pueblerinas, que les llevan a defender que hoy en día existe otra cultura distinta de la de la Coca-Cola); lo peligroso se encuentra en defender que sus hechos diferenciales son superiores a los de los otros (supremacía) y que en función de ello pretendan traducirlos en derechos o privilegios adicionales

El federalismo asimétrico que planteaba el PSC nunca fue aceptado por la mayoría del PSOE. En tiempos de Rubalcaba esta formación se vio obligada a forzar una reunión con su marca catalana sobre el tema y a llegar a una postura conjunta, lo que se dio en llamar “el acuerdo de Granada”. El PSC consiguió múltiples concesiones del PSOE, entre ellas la apuesta clara por el Estado de las Autonomías y su desarrollo posterior hacia un proyecto federal, modificando lo que fuese necesario la Constitución. Pero, a su vez, el PSOE logró que se silenciase la calificación de asimétrico predicada del federalismo.

Con Pedro Sánchez, el tema ha vuelto a surgir con fuerza, en esta ocasión marcado por la necesidad que tiene el Gobierno de contar con el apoyo de catalanes y vascos para mantenerse en el poder. Se comenzó hablando del Estado plurinacional o nación de naciones. En el fondo, todo termina igual, en la desigualdad y en la autodeterminación.

La ponencia está redactada por Denis Itxaso, dirigente del Partido Socialista de Euskadi (PSE) –PSE, el de ahora, no el de antes- y delegado del Gobierno en el País Vasco. Es, por tanto, hasta cierto punto lógico que hable de la España multinivel, porque si alguna Comunidad muestra de forma clara la existencia de distintas categorías en nuestro Estado de las Autonomías, esa es Euskadi. Goza sin lugar a dudas de una situación privilegiada. Cada vez que Sánchez necesita del voto de los diputados vascos, o incluso cuando el lehendakari hace la merced de asistir a una reunión de los presidentes de las Comunidades Autónomas, los privilegios se incrementan. No deja de resultar curioso que el mismo gobierno que habla de armonización fiscal entre Autonomías transfiera al País Vasco tres nuevos impuestos.

La ponencia para vendernos la España multinivel acude a la cogobernanza, otro de los vocablos que ha acuñado el sanchismo. También se da aquí la asimetría. Para la mayoría de las Comunidades la cogobernanza significa asumir las responsabilidades, mientras el Gobierno central se apropia de las decisiones y de los laureles. Todo ello ha quedado suficientemente claro en la pandemia y se deja ver ya también en la forma de repartir los recursos europeos. Es algo así como las asociaciones público-privadas: el beneficio para el sector privado y las pérdidas, si las hay, para el Estado.

La óptica cambia cuando se trata de Comunidades que cuentan con partidos nacionalistas. La cogobernanza entonces se concreta en que son los gobiernos autonómicos los que mandan e imponen las condiciones, ya que el Ejecutivo central se encuentra en sus manos. Son muchas las concesiones que ha ido haciendo Sánchez a todas las formaciones políticas que le mantienen en el poder. El panorama se oscurece aún más de cara al futuro, las que tendrá que hacer en los dos años que faltan para terminar la legislatura.

Las cesiones principales van a tener sin duda a los golpistas catalanes como protagonistas. Al soberanismo vasco le queda ya poco por conseguir, como no sea la independencia, que desde la estricta perspectiva económica quizás fuese rentable para el resto de España. La ponencia hace referencia explícitamente a Cataluña. Se afirma en ella: “La mejora de la convivencia en la sociedad catalana y el mejor encaje del autogobierno catalán con el resto de España constituyen objetivos de primer orden para los socialistas».

Habría que recordarles a los que se definen como socialistas que el autogobierno de los catalanes (al igual que el de todos los españoles) no depende del ámbito territorial, sino de su carácter democrático. No se circunscribe a la Generalitat, también se incluyen, en tanta o mayor medida, el gobierno central y el de los respectivos ayuntamientos, siempre que el uno y los otros funcionen democráticamente y, si no es así, cualquiera que sea su ámbito, serán heterónomos, no autónomos.

El encaje de la Generalitat en España, al igual que el del resto de las Autonomías, se realiza mediante el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Sin Estado de derecho no puede subsistir el Estado social. A su vez, se desmiembra cuando los poderes públicos -que todos ellos lo son en virtud de la carta magna- delinquen y se rebelan contra ella. El conflicto político en Cataluña (la ponencia lo cita así en varios sitios) se circunscribe al que están creando los golpistas cuando tratan de violentar el orden político establecido por la Constitución.

Dejémonos de zarandajas. El único objetivo de primer orden que tienen los sanchistas es mantenerse en el gobierno y a ese fin se dirigen las cesiones a los golpistas catalanes. Es en este contexto en el que se incardina la España multinivel. El presidente de la Generalitat no tiene por qué ir a mezclarse con los otros presidentes autonómicos. Él tiene dos mesas bilaterales (dos, no una) para negociar; mejor digamos que para imponer sus pretensiones. Como ha dejado claro el vicepresidente de la Generalitat, ellos vienen a cobrar al contado. Le faltó añadir (aunque no ha hecho falta que lo hiciera) que reclamaban el pago por sus servicios: el haber convertido a Sánchez en presidente del gobierno y mantenerlo posteriormente en el poder. Lo que pasa es que Sánchez no paga con su peculio, sino con el dinero y los derechos que pertenecen al resto de España.

republica.com 5-8-2021

Quien se empeñe en descubrir versos sueltos en este Gobierno se equivoca. Más que nunca se cumple la afirmación que, en su tiempo, dicen que hizo Guerra asegurando que el que se moviera no saldría en la foto. La actual crisis de gobierno da buena cuenta de ello. En realidad, prueba algo más: que aun sin moverte, puedes ser arrojado fuera del retrato si ello entra dentro de las conveniencias de Pedro Sánchez. Con motivo de los indultos se tocó ya a rebato y todos los ministros no tuvieron más remedio que mancharse las manos. Incluso ha habido a quien, como al anterior ministro de Justicia, no le valió ni siquiera el haberse manchado no las manos, sino los pies y hasta la cabeza. Lo han cesado.

Ahora ha ocurrido prácticamente lo mismo con la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se cuestiona el primer estado de alarma. El Gobierno ha salido en tromba descalificando al alto tribunal. Hay a quienes ha extrañado la reacción de la ministra de Defensa que calificó la sentencia de elucubraciones. Lo curioso es que hizo tal afirmación sin conocer aún el texto, puesto que entonces solo se había hecho pública la parte dispositiva y el voto particular de Conde-Pumpido,-fiscal general de aciaga memoria durante la etapa Zapatero-, que, aunque no estaba publicado, su autor se encargó de dar a conocer yendo de medio de comunicación en medio de comunicación, arremetiendo contra sus compañeros del Tribunal Constitucional, quienes, según él, han dejado al Gobierno sin armas contra la pandemia.

Robles, además, ha reprochado al Constitucional no tener sentido de Estado. Parece que el Gobierno tiene como marca de la casa acusar a todo y a todos los que se le oponen o contradicen de no tener sentido de Estado. Y es que tienden a identificar Estado con gobierno. Sánchez no ha estado dispuesto nunca a pactar con la oposición, pero le ha exigido siempre la adhesión a sus planteamientos bajo el argumento de que de lo contrario se sitúa frente a la Constitución, y frente al Estado. Es curioso que este reproche venga de quien se hizo famoso por el «no es no» y, basándose en ese eslogan, ganó las primarias en su partido.

Hasta este momento parece ser que la amonestación se dirigía a la oposición. Ahora se da un paso más y se orienta al Tribunal Constitucional, culpándole de carecer de sentido de Estado. Lo que no deja de ser paradójico en un ejecutivo que gobierna apoyándose en quienes no es que no tengan sentido de Estado, sino que claramente se declaran enemigos del Estado, lo denigran en el extranjero siempre que pueden, persiguen su desintegración, se sublevaron contra él y, además, repiten continuamente que lo volverán hacer.

En su afán por salvar a algún miembro dentro del gobierno Frankenstein, hay quienes colocan a la ministra de Defensa en otra onda. Se extrañan por tanto de la reacción que ha tenido frente a esta sentencia. A mí no me causa ninguna sorpresa. Recuerdo que aceptó el cargo de subsecretaria de Interior en el último gobierno de Felipe González, cuando otros muchos abandonaban el PSOE por la evidencia de los múltiples casos de corrupción y por su giro liberal. Bien es verdad que eso quizas le valió más tarde un sillón en el Consejo General del Poder Judicial. En 2016 aceptó ir en el número dos en las listas por Madrid con Pedro Sánchez, cuando ya se sospechaban sus tejemanejes para llegar a la presidencia del gobierno aliándose con quien fuese necesario, incluso con los que planeaban dar un golpe de Estado.

Robles se mantuvo al lado de Sánchez cuando se enfrento al Comité Federal y a su propia Ejecutiva y fue una de los ocho diputados (excluyendo los siete del PSC) que rompieron la disciplina de voto de su partido en la abstención a la investidura de Rajoy, única salida para que en aquellos momentos no se produjesen unas terceras elecciones, lo que hubiera supuesto un resultado desastroso para el partido socialista. A la vuelta de Sánchez, fue nombrada portavoz parlamentaria y desde ese cargo defendió en el Congreso la moción de censura en la que Sánchez salió elegido presidente de gobierno, acto un tanto vergonzoso y origen de toda la serie de despropósitos que han sucedido posteriormente en la política española.

Curiosamente, basó en buena medida su argumentación en la idea de que el PSOE era un partido con sentido de Estado. Digo curiosamente porque la investidura se fundamentaba y se hacía viable por el pacto con los que el año anterior habían dado un golpe de Estado y pensaban volver a repetirlo en cuanto pudieran. ¿Cómo se puede tener tanto cinismo? Desde ese momento, el Estado quedó dañado en sus cimientos, puesto que el Gobierno dependía y  quedaba condicionado a los que pretenden romper el Estado y no creen ni en la Constitución ni en las leyes, sino solo en la decisión de una ilusoria soberanía que no existe, la de los residentes en una porción del territorio nacional.

A partir de ese momento casi solo la justicia y algunas otras instituciones han actuado de contrapeso, y mantenido el Estado democrático y de derecho. De ahí la cantidad de ataques y de oprobios que ha sufrido por parte de los soberanistas y de ahí también que el Gobierno, por todos los medios, pretenda condicionar su actuación. A ello viene a añadirse otra razón, el concepto de Estado que mantiene Sánchez. El Estado soy yo. Rechaza todo aquello que pueda limitar su poder. A lo largo de estos años ha pretendido menoscabar al Tribunal Supremo, dudando de lo adecuado de un proceso impecable en transparencia y en equidad. Ha procurado intervenir en él a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, teniendo más éxito con la primera que con la segunda. Ha relativizado la gravedad de los delitos cometidos por los golpistas, y ha hecho caso omiso de los informes de la Fiscalía y del tribunal sentenciador en el tema de los indultos.

Sánchez ha esquivado los informes del Consejo General del Poder Judicial, ha lanzado contra esta alta institución una ofensiva y acusa al Partido Popular de bloquear su renovación. Pero lo cierto es que el bloqueo es mutuo, pues no se puede interpretar de otra manera el hecho de proponer como candidato al juez que introdujo en la sentencia del caso Gürtel unos juicios de valor orientados únicamente a preparar la moción de censura, y que recibieron posteriormente una dura reprimenda de la Audiencia Nacional. Si no aceptas mi propuesta es que estas bloqueando la renovación. Del mismo modo, ha procurado evitar los informes del Consejo de Estado, incluso ocultó al Parlamento el emitido por este último organismo acerca de la forma de gestionar los fondos europeos.

El Gobierno ha pretendido también desprestigiar al Tribunal de Cuentas y ha calificado de obstáculo para sus fines la acusación a un grupo de independentistas de haber malversado recursos públicos. Incluso se ha inhibido y ha guardado silencio ante los planteamientos de la Generalitat tendentes a avalar ante el tribunal a los defraudadores con una nueva malversación de fondos públicos. Malversación por malversación, malversación al cuadrado. Illa ha llegado a decir que le parecía legal.

El último episodio ha sido la ofensiva contra el Tribunal Constitucional. Sin entrar en el contenido de la sentencia, que sin duda, como todas, puede discutirse, lo cierto es que pone el dedo en la llaga sobre la principal motivación que mueve a Sánchez, la pretensión de gobernar de manera absolutista sin contrapesos ni equilibrios. Huye y ataca todo lo que le puede limitar. Esa forma autocrática de ejercer la autoridad la aplica no solo dentro del partido, sino, en lo que le resulta posible y le permiten sus escasos 120 diputados, también en el Estado.

De ahí que no sea raro que esquive toda fórmula que implique, tal como el estado de sitio, pactar con la oposición. Eso explica también por qué ha evitado lo más posible tener que negociar el estado de alarma, e inventarse la famosa cogobernanza, por la que delega las responsabilidades en las Comunidades Autónomas y guarda para sí todo lo que piensa que puede venderse como positivo. Por la misma razón, parece lógico que haya escogido para legislar la fórmula del decreto-ley, a pesar de estar reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad. 

Su forma de gobernar tenía que conducirle por fuerza a chocar
con el Tribunal Constitucional. Han sido ya varias las veces que este organismo ha tenido que declarar inconstitucionales determinadas medidas como la de haber intentado introducir en el decreto-ley del estado de alarma temas tan extraños al objeto como variar los miembros de la Comisión de secretos oficiales o incluir las Clases pasivas de los empleados públicos dentro de la Seguridad Social. O también haber nombrado unilateralmente y por decreto-ley a una administradora general de RTVE, hurtándole la competencia al Senado.

Se puede discrepar de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero la reacción desaforada del Gobierno indica de forma bastante clara que Sánchez no está dispuesto a admitir nada ni a nadie que pueda condicionar su actuación, que pretenda limitar su forma autocrática de gobernar. El Estado soy yo, por eso quien se me oponga no tiene sentido de Estado.

republica.com 29-7-2021

Siempre he mantenido que, para llegar a ser líder de uno de los principales partidos políticos, y no digamos para ser presidente del gobierno, se precisa ser un depredador político. Hay muchos más que lo son sin llegar tan lejos. González prescindió, entre otros, de Alfonso Guerra, cuando durante años pasaron por inseparables. Aznar, después del numerito de la carta a Fraga, no tuvo empacho en ir cesando poco a poco a casi todos los vicepresidentes que había heredado de la época del ministro franquista. Zapatero, a su vez, fue prescindiendo progresivamente de todos los jóvenes turcos que conjuntamente conspiraron para presentarle a secretario general del partido y consiguieron su triunfo frente a Bono. La política está llena de escenas parecidas.

Tengo que reconocer, sin embargo, que la crisis de gobierno que ha hecho Sánchez me ha desconcertado bastante, y eso que he sido de los pocos -tal como he dejado rastro en mis artículos-, que desde 2015 estábamos convencidos de que el entonces recién elegido secretario general del PSOE era capaz de todo con tal de alcanzar el poder y permanecer en él. El cese de Ábalos, Redondo y Calvo no puede por menos que llamar la atención.

El caso de Sánchez es muy particular.  Es de sobra conocido que en  2015, tras obtener el resultado más bajo de unas elecciones generales en la historia del PSOE, no dimitió y se negó además a todo acuerdo con el PP, a pesar de que esta formación era el partido más votado y de que negarse a este diálogo era bloquear cualquier salida política para formar un gobierno, como no fuese la de pactar con aquellos que ya conspiraban para dar un golpe de Estado, opción que resultaba inviable para cualquier formación que aceptase la Constitución y defendiese el derecho y la democracia.

Pero era precisamente esta opción la que Pedro Sánchez acariciaba, aunque no se atreviese a decirlo claramente. El Comité Federal y parte de la Ejecutiva, sin embargo, lo intuían. La sospecha se hizo amenaza cuando amagó con unas primarias exprés para que la militancia revalidase su proyecto. El supremo órgano entre partidos le obligó a dimitir y se nombró una gestora.

Todo esto, que, como he dicho, es de sobra conocido, resulta conveniente recordarlo para resaltar el grado de soledad y de abatimiento en el que quedó Pedro Sánchez dentro del PSOE. Todos los que representaban algo en el partido le dieron la espalda. Muy pocos fueron los que permanecieron a su lado. La depresión fue tan fuerte que incluso había tirado los guantes y decidido no presentarse a las primarias de 2017. Fue Ábalos el que le empujó a participar, incluso le acompañó a lo largo de toda la campaña y puso a su disposición medios e instrumentos, ya que entre los pocos fieles que se mantuvieron a su lado era el único que contaba con estructura, en su calidad de secretario general de la provincia de Valencia.

Caben pocas dudas sobre el papel que Redondo ha jugado en la trayectoria política de Sánchez desde las primarias de 2017. De hecho, a él se atribuía todo lo bueno y todo lo malo. Es posible que se haya exagerado, pero lo que sí parece cierto -o al menos ellos lo han querido dar a entender-  es la unión y la complicidad que se daba entre el presidente del Gobierno y su jefe de gabinete. Redondo afirmó hace días en sede parlamentaria que estaría dispuesto a lanzarse a un barranco por su presidente. No ha hecho falta, le ha tirado Sánchez.

Junto con Ábalos y Redondo, Calvo fue de las pocas personas que permanecieron con Sánchez en los momentos más aciagos y le  acompañaron en los tiempos de tribulación. A ella le ha encargado Sánchez las funciones más ingratas.  Ha sido la coraza que le ha librado de los asuntos más engorrosos.

Parece bastante cierto que lo que hoy es Pedro Sánchez lo debe en buena medida a la labor de estos tres colaboradores y que su carrera política e incluso personal hubiese sido muy distinta sin ellos. Es por esto por lo que sus ceses, de la forma en que se han producido, y además todos al mismo tiempo, sitúan a Sánchez a la cabeza de los depredadores políticos.

Todo ello confiere a esta crisis un carácter especial, y no es de extrañar, por tanto, que todo el mundo se pregunte qué es lo que le ha llevado a realizarla. Analistas políticos, periodistas y tertulianos se esfuerzan para encontrar una explicación. En muchos casos lo único que hacen es absorber, quizás de forma inconsciente, las filtraciones que se lanzan desde la Moncloa y a continuación repetirlas como si fuesen propias.

Abunda la tesis de que Sánchez lo que ha hecho es recurrir al PSOE, o devolver el control al partido. Una explicación un tanto infantil porque en lo único que se basa es en el cambio de jefe de gabinete, lo que puede tener su importancia, pero no porque sea o no sea del partido, sino por el papel que le concede el presidente del Gobierno. Pero es que, además, Sánchez no precisa recurrir al partido porque desde 2017 el partido es suyo. Había aprendido de la etapa anterior y creó un comité federal, una ejecutiva y un grupo parlamentario a su conveniencia. No se necesitan muchos esfuerzos para constatar que, dentro del partido, nadie es capaz de moverse, y mucho menos de rebelarse.

Tampoco tienen mucha razón, aquellos que hablan de casar a los dos PSOES, porque parten de una hipótesis falsa, la de que hay dos partidos, cuando ya solo existe uno, el sanchismo. Los que hoy permanecen en el partido, estuvieran donde estuvieran en 2016, han tenido que pasar por las horcas caudinas y aceptar la nueva religión. Hoy todos se encuentran en el mismo bando. Lo mismo hay que decir de los que sesudamente opinan que lo que ha pretendido Sánchez es disminuir el carácter político e incrementar el técnico. Que Dios les conserve la vista. Ciertamente, los antiguos ministros no sobresalían por su bagaje técnico, pero los nuevos, todavía menos. La mayoría de ellos lo único que han hecho en su vida, desde la más tierna infancia es politiqueo malo. Habrá quien diga que hay una excepción la de Félix Bolaños, que se presenta como letrado del Banco de España. Los que hemos trabajado en el instituto emisor conocemos algunos casos similares. Sabemos lo que significan que las oposiciones sean convocadas con una sola plaza, suelen salir con nombre y apellidos.

Menos sentido tiene aún la justificación que se ha lanzado desde la Moncloa de que la crisis se ha instrumentado para acometer la recuperación económica. Hablan del Gobierno de la recuperación. Ciertamente, la inteligencia económica no abundaba mucho en el anterior Gobierno, pero no se ve que la crisis haya añadido algo más a esta materia. Basta con observar los currículos de los neófitos para observar que los conocimientos económicos están totalmente ausentes.

Afirmar que en el nuevo Gobierno se incrementa la importancia de la economía porque desaparece la vicepresidenta política y corre el escalafón en las otras vicepresidencias es una ingenuidad. La importancia de Calviño y la relevancia de sus tesis no cambian por el hecho de estar en un sitio u otro. Lo único que introduce la desaparición de la vicepresidencia política es una gran disfuncionalidad en la operatividad del nuevo Ejecutivo. ¿Quién se hará cargo del Gobierno en caso de ausencia y enfermedad del presidente? El ministro de Presidencia, que sería el idóneo, no puede asumirlo, al no tener cargo de vicepresidente. No creo que Calviño sea la adecuada para esta tarea, y en cualquier caso solo serviría para distraerla del tema económico.

Por otra parte, el presidente del Gobierno centra la recuperación económica en los fondos europeos. Algunos pensamos que por desgracia estos recursos en buena parte no se van a emplear en dar repuesta a los daños económicos producidos por la crisis sanitaria, sino para acometer operaciones un tanto fantasiosas de propaganda y para beneficiar a determinadas empresas. Pero, de acuerdo con los planteamientos de Moncloa, lo lógico es que los nuevos ministros tuviesen experiencia en la gestión pública. A pesar de que el presidente del Gobierno insistió en este tema, lo cierto es que sus escasas carreras profesionales se reducen a haber ocupado unos pocos cargos políticos del área municipal, concejales o diputados autonómicos. Tres eran alcaldesas de pueblo. Poco que ver con la gestión del sector público.

Sánchez, al presentar el nuevo Gobierno, mencionó como mérito ser más joven y más feminista. No creo que ser joven y mujer constituya ningún índice de capacidad. Uno tendería a pensar que hay que fijarse en los estudios, en la preparación, en el trabajo realizado, en la experiencia. Pero últimamente valoramos las cosas más extrañas. Es como una candidata en las pasadas elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid, que basó parte de su campaña en presentarse como médico, mujer y madre. Pues tanto gusto en conocerla. Claro que después de “soldados y soldadas”, cualquier cosa. El hecho de que el nuevo Gobierno se componga de catorce mujeres y ocho hombres no es, que yo sepa, un timbre de gloria como no lo sería si estuviese formado por catorce hombres y ocho mujeres.

Buscando el auténtico sentido de la crisis me viene a la memoria un viejo cuento que corría por los pasillos del antiguo edificio de la Real Casa de la Moneda, en la calle de Alcalá, ahora sede del departamento de Hacienda. Se dice que cada ministro, al marcharse, como recomendación, entrega tres sobres a su sustituto.  Cuando tengas problemas, le dice, abre el primer sobre; si las cosas vuelven a ir mal, abre el segundo y, por último, si de nuevo se complica todo, el tercero. En el primer sobre se decía “echa la culpa a tu antecesor”; en el segundo, “cesa a tus colaboradores”; en el tercero, “vete escribiendo los tres sobres para tu sucesor”.

Pues bien, Sánchez se ha asustado y ha creído conveniente abrir el segundo sobre. El chasco de la operación Murcia con la casi desaparición de Ciudadanos, los resultados de las elecciones de la Comunidad de Madrid y las diferentes encuestas realizadas, han hecho saltar todas las alarmas y le han llevado a pensar que se encontraba en zona de riesgo. Así que decidió soltar lastre. Ha creído conveniente cesar a muchos de sus colaboradores, aquellos que le han servido de coraza. Piensa, quizás, que prescindiendo de aquellos ministros que pudiesen estar quemados se va a librar de todos los errores, descalabros y picias cometidos por ellos y que el pueblo español es tan ignorante que no caerá en la cuenta de que eran simples hombres de paja y que detrás de todos ellos estaba el presidente del Gobierno. En buena medida, ellos lo único que hacían era cumplir las instrucciones que venían de la Moncloa.

Es por esto por lo que Sánchez insiste en que estamos en el inicio de una nueva etapa. Pretende utilizar el borrón y cuenta nueva, y hacer que los ciudadanos olviden el periodo anterior. A pesar de su interés, le va a resultar difícil hacer desaparecer tres años de gobierno y todo lo que se deriva de ellos, entre otras razones porque, por mucho que se cambien los ministros, el escenario y las situaciones van a continuar siendo las mismas.

En este orden de cosas creo que no se ha resaltado suficientemente el hecho de que en esta crisis no se haya producido ninguna variación ni en los ministerios ni en los titulares de la parte de gobierno podemita. Sánchez ha tenido que renunciar a hacerlo, confesando así su principal limitación, que solo cuenta con 120 diputados y que si quiere seguir en el poder no solo depende de Podemos, sino también de los partidos catalanes que han protagonizado un golpe de Estado y de los independentistas vascos. En el futuro el libreto no cambia y hace que la función sea la misma, no cabe ningún periodo nuevo.

Resultan, por tanto, ridículas las versiones que, basándose en que Iceta se muda de ministerio, sostienen que el acento se va a trasladar de Cataluña hacia otras regiones y a otros problemas.  Es evidente que el nuevo Gobierno va a seguir por los mismos derroteros que el antiguo, puesto que el único interés de Sánchez es continuar en el poder y para eso hará las cesiones que sean precisas, tanto a los catalanes como a los vascos. ¿O es que nos creemos que lo de las piedras del camino era original de Ábalos, y  cesado este ya se acabó la rabia?

En la anterior mesa de negociación con los soberanistas catalanes estaba previsto que Illa tuviese un especial protagonismo. Y, dado que era una negociación entre gobiernos, se le nombró en un ministerio tradicionalmente de los más tranquilos, el de Sanidad, en mayor medida en cuanto que de él se había desgajado consumo. La pandemia lio las cosas y lo convirtió en un departamento de los más complicados. ¿Acaso no se puede pretender acometer la misma operación, en este caso con Iceta? Ya veremos quién está finalmente en la mesa y quién asume un papel protagonista en la negociación. Por lo pronto, el PSC ha conseguido colocar dos de sus miembros en el Consejo de Ministros, y uno de ellos nada menos que en el de Fomento.

republica.com 22.7.2021

Hace algunos días, José María Escrivá sorprendía a la audiencia afirmando que la generación del baby boom no tendría más remedio que trabajar más o cobrar menos. La frase no era original. Una similar la había pronunciado hace ya diez años, en 2011, Díaz Ferrán, entonces presidente de la CEOE, aunque más tarde procesado por trapicheos nada claros en sus empresas. Hay una diferencia, no obstante, que el patrono de patronos se refería a los trabajadores y Escrivá alude a los futuros jubilados.

Al ministro independiente le han obligado a rectificar desde la Moncloa. Ha tenido que reconocer públicamente que aquel día no estuvo muy acertado. Debió asumir la humillación y el bochorno, convirtiéndose en un buen ejemplo de hasta dónde se puede llegar para permanecer en el cargo. Y eso es lo que le ha debido salvar de la quema.  Aunque bien mirado, si el presidente del Gobierno con tal de permanecer en la Moncloa se humilla y permite que sus propios socios le dejen por mentiroso, ¿por qué no va a humillarse un ministrillo?

Es cierto que Escrivá ese día no estuvo demasiado afortunado porque le rompió la táctica al jefe y descubrió el pastel que el Gobierno quería tener oculto. Reveló que el acuerdo firmado a bombo y platillo entre el Ejecutivo y los agentes sociales era puro humo, flatus vocis, porque todo lo importante quedaba por determinar. Es decir, que se había practicado el deporte favorito de Sánchez, balones hacia adelante, si no se pueden echar fuera.

Del tema de las pensiones han escogido aquellos elementos que no eran problemáticos o que incluso resultaban favorables, y han pospuesto para más adelante los ajustes y los recortes. Se ha repetido por activa y por pasiva que los fondos europeos venían sin condiciones. Sin embargo, cada día resulta más innegable que cuando pase el tiempo de la calentura en el que todo son facilidades para gastar, motivado por ese intento de que se recupere la economía española -también la europea-, Bruselas retornará a sus dogmas e impondrá sus límites y restricciones. Me temo que no serán suaves, después de haber provocado que el endeudamiento público se eleve al 130% del PIB. Endeudamiento que solo se puede mantener por el apoyo del BCE, pero a condición de que la situación sea muy inestable, y seamos totalmente dependientes de esa institución.

Los primeros condicionantes comienzan a intuirse, a pesar de que Sánchez por ahora los oculte, demorándolos para reiterar mientras pueda que la salida de esta crisis es diferente a la anterior. Recordemos que entonces hasta el año 2010 no comenzaron a implantarse los recortes. En el orden de los previsibles ajustes, se encuentra, como siempre, en primer lugar, la reforma de las pensiones. La problemática de esta prestación social está mal enfocada, al menos desde la mitad de los ochenta. Se ha permitido, quizás de forma premeditada, que la Seguridad Social apareciese con importantes déficits, con lo que las pensiones se convertían en pieza de caza de todos aquellos que bien en España o bien en los organismos internacionales están encantados de practicar recortes.

El origen de estos déficits se encuentra en la llamada separación de fuentes, en aceptar poco a poco la convención de que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales prescindiendo de las aportaciones del Estado. Es más, las necesarias transferencias estatales que se producían ante los desequilibrios financieros de la Seguridad Social se han instrumentado hasta ahora a modo de préstamos (aunque en realidad se cuenta con que nunca se van a poder devolver), en lugar de considerarlas entregas a fondo perdido, como otra fuente más de financiación, complementaria de las cotizaciones.

Desde esta perspectiva, el sistema público de pensiones estará siempre amenazado, a no ser que se esté dispuesto a elevar todo lo que sea necesario las cotizaciones. Cosa poco probable. Lo que parece más verosímil es que se opte por reducir las prestaciones. Dígase lo que se diga, esto es lo que ocurrirá si no se cambia el modelo, si no se consideran las cotizaciones sociales como un impuesto y las aportaciones del Estado a la Seguridad Social como una fuente más de financiación, que ayuda a sostener las pensiones, al igual que lo hace con la sanidad, la educación y con toda clase de servicios públicos y prestaciones sociales. Nadie se plantea que los gastos en sanidad, en educación, etc. no son viables. Nadie ha alegado que los gastos derivados de los ERTE, de los créditos ICO o demás partidas asociadas a la pandemia no eran factibles, a pesar de incrementar el endeudamiento público en un 30% del PIB.

Es obvio que este Gobierno tampoco está dispuesto a cambiar el modelo de financiación. Prueba de ello es que las transferencias que el Estado ha hecho últimamente a la Seguridad Social han continuado instrumentándose en forma de préstamos, no sé sí con la intención de hacer patente la inviabilidad del sistema. Es más, al presupuesto del Estado se están trasladando a todos los que han denominado gastos impropios; lo que tiene una doble vertiente, por una parte, puede considerarse positivo, porque disminuye los gastos a financiar con las cotizaciones, pero, por otra, constituye tan solo un parche, al configurarse como una señal de que se pretende continuar con la separación de fuentes y, por lo tanto, con la incertidumbre.

El cambio del modelo actual supondría trasladar el problema de las pensiones al de todo el Estado del bienestar y en general al de todos los gastos del sector público, o más bien al de su financiación. Lo que hay que plantearse no es la suficiencia de un tributo en particular (las cotizaciones), sino de todo el sistema fiscal en su conjunto, que a su vez exige tener en cuenta la productividad. Lo cierto es que a todos los gobiernos les repele hablar de impuestos. Como mucho, se deciden a veces a incrementar algunos indirectos, que, aunque sean más injustos, se notan menos y además muchos de ellos se pueden argumentar en términos ecológicos.

Ningún gobierno está dispuesto a hacer pedagogía y proclamar claramente que los impuestos son imprescindibles no solo para mantener el Estado social, sino para sostener simplemente el Estado. Bien es verdad que ello les conduciría también, para ser consecuentes, a una criba efectiva de los gastos superfluos y de todos los chiringuitos que solo sirven para colocar a los políticos del partido.

La productividad es también una variable esencial por supuesto para determinar el nivel de vida de una sociedad, pero también la mayor o menor capacidad de financiación del sector público. La productividad (mucho más que la demografía, e incluso que la población activa) y el sistema fiscal son las dos coordenadas que pueden enmarcar no solo la viabilidad de las pensiones sino, en general, de toda la actividad del Estado. Lo importante es cuánto se produce y no cuántos producen. El excedente empresarial debe colaborar también a la financiación del sector público.

El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las pensiones apenas recoge novedades importantes. Tan solo nos confirma que se va a continuar por un camino equivocado, y que además no se ha despejado qué medidas se van aplicar para transitar por esa ruta. La actualización anual de las pensiones por el IPC puede venderse como un avance importante, pero lo cierto es que en los últimos años se venía aplicando ya sin demasiado impacto presupuestario, dada la escasa cuantía de la inflación.

Se dirá que la diferencia radica en que con esta ley se garantiza la actualización para el futuro. Pero tal aseveración constituye un cierto espejismo, porque una ley se cambia con otra ley y no se puede asegurar que en caso de crisis o de que se dispare la inflación no se vaya a modificar lo que ahora se establece. De hecho, a pesar de que con anterioridad a la crisis de 2008 estaba establecida la actualización por el IPC de las pensiones, ello no fue ningún obstáculo para que Zapatero las congelase en 2010. En cierto modo, aunque esté previsto en una ley, cada año la norma presupuestaria puede cambiarlo y decidir el incremento del sueldo de los funcionarios y de las pensiones. Mientras el modelo no se modifique y se garantice la aportación del Estado, siempre existirá una espada de Damocles sobre las prestaciones que reciben los jubilados.

Solo en un esquema de separación de fuentes, en el que el problema de las pensiones se aísla de todo los demás, puede tener algún sentido situar parte de la solución, tal como hace el señor Escrivá, en prolongar la edad de la jubilación. En un país con una tasa desproporcionada de paro, que además en buena medida es crónica, alargar la vida laboral tendrá un efecto negativo sobre el empleo, y en definitiva sobre el presupuesto del Estado, si no se quiere dejar en la indigencia a los parados. Aunque, después del fracaso del ingreso mínimo vital, cualquier cosa. De todos modos, choca que con estos planteamientos se hable después de crear un mecanismo de equidad intergeneracional.

El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales fue mero teatro, encaminado, en el interior, a la publicidad y la propaganda, y en el exterior, a contentar a Bruselas transmitiéndole la idea de que se está camino de la reforma. El acuerdo deja sin concretar lo principal, que también será lo más negativo, dado que no se piensa modificar el esquema clásico de la separación de fuentes. Se elimina el factor de sostenibilidad, pero se anuncia un mecanismo de equidad intergeneracional que será su sustituto y que de una o de otra forma tendrá efectos similares: ajuste y recorte. Bien es verdad que eso será como mínimo dentro de un año. Es por ello por lo que el ministro locuaz metió la pata, adelantó acontecimientos hablando de recortes antes de lo que le conviene a Sánchez. A pesar de todo, como se arrepintió y reconoció su error, ha salido indemne de la masacre.  Lo realmente inexplicable es que los agentes sociales se hayan prestado a este numerito.

republica.com 15-7-2021

Parece que Ábalos se dedica ahora a las rancheras. Es posible que una piedra en el camino le enseñase que su destino era rodar y rodar, o más bien desempedrar, desempedrar, para que Sánchez continúe siendo el rey. Al ministro de Fomento se le entiende casi todo. Los indultos no son más que el comienzo, la primera piedra. En realidad, ha habido otras antes, pero de menor magnitud, cuando la otra mesa y la historia del relator. Entonces no hablaban de desempedrar sino de desinflamar. Se acuerdan Vds. del ibuprofeno de Borrell. Hace ya tres años y la hinchazón es cada vez más grande.

Los indultos constituyen un salto cualitativo. Por eso se ha forzado a todos los ministros, incluso a los que podían mostrarse más escépticos, a posicionarse. Algunos como Margarita Robles han tardado, y no es de extrañar ya que se mostró totalmente contraria a los indultos cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial; pero al final se ha prestado a ello, y es que todo vale con tal de no perder el sillón. Supongo que es este mismo motivo el que ha impulsado a la ministra de Economía a defenderlos, empleando ese argumento tan bobalicón de que la estabilidad política es buena para el crecimiento, porque lo primero a cuestionar es si los indultos incrementan la estabilidad política o más bien la reducen. Lo segundo es que para la buena marcha de la economía lo principal es la seguridad jurídica y esta no sale muy bien parada con la medida.

Pero, sobre todos, sobresale el ínclito ministro que se vanagloriaba de ser independiente cuando presidía la AIReF, y ahora es tan dependiente que justifica los indultos argumentando esa patochada de que costaba explicar en el extranjero la amplitud de las penas. ¿Cómo van a entender en el extranjero que en Cataluña ha habido un auténtico golpe de Estado si el Gobierno de España depende de los golpistas para gobernar?

Ahora tienen que quitar otra piedra del camino. El Tribunal de Cuentas ha cifrado la cuantía de la malversación cometida por los golpistas en sus operaciones de publicidad y propaganda en el extranjero en 5,4 millones, a los que hay que sumar los 4,1 que se habían calculado ya de malversación por otros conceptos. Conviene resaltarlo porque, al margen del delito de sedición, los golpistas cometieron un robo al erario público, desviando recursos del Estado hacia una finalidad cuando menos ilegal si no abiertamente delictiva. Parece ser que la corrupción deja de serlo si afecta a los nacionalistas. Ya que se les ha indultado del delito de malversación, al menos que devuelvan el dinero que han robado. Veremos si el Gobierno, tal como afirma Ábalos, está dispuesto también a retirar esta piedra. Lo que por lo pronto se ha quitado de en medio es a la Abogacía del Estado con el argumento falaz de que no es competente, y habrá que preguntarse también qué va a pasar con la Fiscalía.

La factoría de desempedrar se va a configurar, al igual que hace tres años, como una mesa de diálogo, más bien de imposición, porque los soberanistas han dejado muy claro que ellos vienen exclusivamente a negociar la amnistía y la independencia, precisamente dos cosas que chocan frontalmente con la Constitución, y no parece que el gobierno Frankenstein tenga suficiente fuerza para cambiar la Carta Magna. Los tertulianos que se mueven en la tercera vía, la mayoría de ellos catalanes, se esfuerzan en asegurarnos que el independentismo está mucho más débil de lo que parece, que todas sus pláticas son bravatas o relatos orientados a mantener la fe de sus militantes, y que en el fondo sí están inclinados a dialogar o a negociar otros temas más prosaicos.

Estoy dispuesto a creerme que en todo esto hay mucho de teatro, de postureo, que los soberanistas saben que lo de la amnistía es imposible, pero que hay otros subterfugios como la reforma del Código Penal que pueden tener efectos similares. Puede que sean conscientes de que la independencia, dado el porcentaje de adhesiones y la ausencia de apoyo internacional que conquistaron, no es viable a corto plazo, que piensen que necesitan fortalecerse para intentarlo otra vez, y que a ello se dirijan en la negociación persiguiendo prebendas, ventajas e instrumentos que les allanen el camino. Por eso precisamente es tan peligrosa la negociación, porque se va a traducir en una serie de cesiones que facilitarán el golpe de Estado en el futuro.

El secesionismo tiene claro que es el momento, que difícilmente van a tener una ocasión más propicia. Los nacionalistas, y más concretamente los catalanes, huelen la debilidad del Estado y sacan la cabeza -con gran deslealtad, que diría Azaña- cada vez que España entra en crisis. Véase la trayectoria en la Primera y Segunda Repúblicas e incluso durante la Guerra Civil. Los condenados al salir de la cárcel ya vociferaron en tono retador que los indultos lo que mostraban era la impotencia del Estado. En cierto sentido tienen razón, la fragilidad es del Gobierno, pero lógicamente la transmite a todas las instituciones del Estado. Esta situación permanece desde la misma moción de censura. Lo dejó muy claro ese día Aitor Esteban al comenzar su intervención en plan irónico. Se reía del gran Estado español cuyo gobierno estaba pendiente de los cinco votos del PNV. Comentario hiriente, pero cierto. La debilidad del Estado comienza en el mismo momento en el que Pedro Sánchez permite que los que no creen en el Estado y buscan dividirlo le nombren presidente del Gobierno.

Los nacionalistas saben de sobra que difícilmente se van a encontrar con un momento más favorable a sus objetivos. Por eso piensan sacar el mayor rédito posible. Rufián, de manera arrogante, se lo ha dejado claro a Sánchez en las Cortes. Los indultos más que un acto de valentía son un gesto de necesidad. Sánchez también es consciente de que la única forma de permanecer en el poder es mantener unido el gobierno Frankenstein, y para ello está dispuesto a quitar todas las piedras del camino que sean necesarias, no solo en Cataluña sino también en el País Vasco. Intuye que para agotar la legislatura va a tener que ceder mucho. De ahí la mesa de negociación y el haberse traído a Iceta de Cataluña.

De hecho, son Iceta y el PSC los que marcan el camino. Fue el entonces primer secretario del PSC el que habló antes que nadie de los indultos, y también el primero que lanzó la idea (el 27 de marzo de 2019) de que, si un día el 65% de los catalanes quieren la independencia, la democracia tendría que encontrar alguna forma para encauzarla. Les brindaba así la tesis a los nacionalistas, de que, si tal como habían comprobado, la independencia no estaba madura, lo más inteligente era sentarse a negociar y conseguir el mayor número de bazas posibles que hagan viable la cesión en un futuro.

Del PSC parte también la creencia de que en todo caso es imprescindible un referéndum para que los catalanes voten. Según Illa, sería un referéndum sobre el marco de convivencia de los catalanes. Uno tendería a pensar que el marco de convivencia ya existe para los catalanes y para el resto de españoles y es la Constitución de 1978, que los propios catalanes votaron entusiastamente. Es lo malo del nacionalismo, que nunca está conforme, que jamás respetan los pactos. A mí tampoco me gustan muchas cosas de la Carta Magna y estoy convencido de que no habrá un solo ciudadano que esté de acuerdo con el cien por cien de ella. El marco de convivencia se puede cambiar, pero votando todos los españoles. El PSC nunca ha creído que determinar el sistema de convivencia es competencia no solo de los catalanes, sino de estos con el resto de ciudadanos del Estado.

Según ellos, el referéndum podría centrarse sobre un nuevo estatuto que saliese de la mesa de negociaciones. Lo cual tiene por fuerza que resultar cómico, puesto que el actual está por estrenar y contra él se han sublevado los golpistas, que han repetido cantidad de veces que ellos se encuentran ya en otra onda. El fondo del asunto es que están pensando en que el nuevo estatuto consista en el actual, solo que incorporando aquellas cosas que o bien eliminó el Parlamento español o bien tumbó el Tribunal Constitucional.

Pretenden repetir la jugada de Maragall en 2006, modificar la Constitución por la puerta de atrás. Zapatero hace unos días, el 26 de junio pasado, en una entrevista en La Razón, propuso claramente este nuevo estatuto. Es más, contestando a la pregunta del periodista acerca de su posible inconstitucionalidad afirmó: “Todo en la vida, y también la sentencia del Tribunal Constitucional, deja espacio para la interpretación. Y el Derecho permite alternativas creativas que no suponen reproducir lo que el Estatut decía y que el Tribunal Constitucional anuló”.

En esa construcción creativa introduce una serie de cuestiones que, en su opinión, tienen que votar los catalanes; pero lo cierto es que la mayoría de ellas afectan al conjunto de España y que deberían ser decididas por todos los españoles. La entrevista no tiene desperdicio y confirma que Zapatero se situó como presidente de gobierno en el colmo de la superficialidad y la ligereza. Es posible que, al final, los desaguisados que habrá cometido Sánchez sean superiores a los que infligió en su momento Zapatero, pero hay una diferencia: Sánchez incurre en las transgresiones y atropellos para durar lo más posible en el cargo; Zapatero los mayores descalabros los hizo por pura frivolidad.

También los empresarios catalanes están en esta longitud de onda. Organizaron un contubernio para dar su apoyo a Sánchez y pronunciarse a favor de los indultos, al tiempo que espoleaban al Gobierno español y al catalán al diálogo y al pacto. Lo más extraño estriba en el juego que se trae el empresariado de toda España. Sánchez los tiene seducidos con ese chorro de millones que, según dicen, va a venir de Europa. He reiterado a menudo que los fondos de recuperación quizas se conviertan en un mal negocio para los ciudadanos, pero pueden traducirse en un beneficio muy saneado para algunas compañías. He ahí la razón de que los empresarios -al menos algunos- estén muy domesticados.

Los empresarios catalanes han jugado siempre a la ambigüedad. Muchos de ellos han sido cómplices del nacionalismo. Mientras todo se reducía a gritar que España nos roba y obtener así prebendas y privilegios frente a otras Comunidades, estaban de acuerdo y colaboraron con entusiasmo, por la cuenta que les traía. No obstante, se asustaron cuando vieron que el tema iba demasiado lejos, que se rompía la legalidad y podía acarrear consecuencias económicas muy graves. Los empresarios que a coro alababan el otro día a Sánchez y pedían negociación y mesa de diálogo son los mismos que demandaban a Rajoy que cambiase la ley de sociedades para que el consejo de administración de una empresa, sin más requisitos, pudiese modificar su domicilio social por si precisaba salir de Cataluña.

Hace tiempo que Sánchez Llibre, hoy a la cabeza del empresariado catalán, mostró ya por dónde iban sus inclinaciones, nada de independencia, pero sí un nuevo estatuto. Insinuó que el problema podría terminar y los secesionistas conformarse si en ese estatuto se reconociese a Cataluña como nación y se dotase a la Generalitat de un sistema de financiación similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra. Conceder la condición de nación a Cataluña no tendría ninguna importancia si todo se redujese al ámbito cultural, pero entonces no se está ante un tema político, sino de historiadores y sociólogos, y no sería necesario introducirlo en ninguna norma. Pero ese es el problema, que cuando se quiere que aparezca en una ley es que la pretensión consiste en procurar que surta efectos jurídicos. Parece bastante evidente que con ello el nacionalismo tendría una coartada mayor a la hora de reclamar la independencia.

Dotar a Cataluña de un sistema de financiación parecido al del País Vasco y Navarra sería catastrófico. Ampliaría las múltiples  distorsiones que produce el concierto existente con estas dos últimas Autonomías, y cuya legalidad nunca se debía haber introducido en la Constitución. El cupo catalán dañaría gravemente la política redistributiva del Estado en el plano territorial, y se dotaría a los secesionistas de un instrumento esencial, una hacienda pública propia, para aumentar sus probabilidades de éxito en una nueva intentona.

Pedro Sánchez ha dicho que nunca sobrepasará la ley ni la Constitución. El problema no es ese, aunque también, ya que ni siquiera sus mismos socios le creen. La cuestión además es que hay muchas cosas que sin traspasar la ley son muy perniciosas para el Estado y para los ciudadanos. Todo lo que represente premiar a una Comunidad por encima de las otras, o lo que signifique dotar a un gobierno soberanista de más competencias para que sea más sencillo un día independizarse. El colmo es que los golpistas tengan premio.

republica.com 8-7-2021