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ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

UN GOBIERNO NEGACIONISTA

GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 20:17:31

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Otro refrán que se ajusta perfectamente al desparpajo del que hace gala el presidente del Gobierno. Ahora le ha dado por repetir que la oposición es negacionista. El tema no puede por menos que suscitar una carcajada porque, se mire como se mire, el negacionismo es la  quintaesencia de su política. Desde el principio, Sánchez se hizo famoso por su “no es no” a toda negociación con el PP, a pesar de que esta formación fuera el partido ganador de las elecciones.

El resultado electoral de 2015 no dejaba lugar a demasiadas dudas. Así lo entendió Rajoy que, con realismo, convocó inmediatamente a negociar al PSOE y a Ciudadanos, consciente de que era la única realidad viable. Realidad que Sánchez se negó a admitir. No quiso aceptar que carecía de los votos para ser presidente del gobierno, como no fuese echándose en manos de golpistas y de herederos de terroristas, lo que parecía inconcebible para un partido constitucional. Sanchez creó una realidad paralela, el Gobierno Frankenstein, que contra toda racionalidad y contra su propio partido hace que gobierne el Estado quien quiere destruirlo.

Muchos serían los aspectos que se podrían citar en los que se plasma el negacionismo del Gobierno, por ejemplo, el precio de la electricidad, o las encuestas de Tezanos, pero ninguno como a la hora de juzgar la situación económica y social. Llevan muchos meses pintándonos un panorama azul pastel empalagoso totalmente irreal y contradicen una y otra vez lo que resulta evidente. Se han negado a revisar las previsiones económicas de 2021 y 2022.

En el mes de enero del año pasado, el Gobierno estimó el crecimiento de 2021 en el 9,8%, sin duda totalmente desproporcionado, pero que sirvió para que alardease de que la española era entre todas las europeas la economía que más iba a crecer en ese año, callando que el año anterior (2020) había sido también la que más había disminuido. En seguida tuvo que reducir las previsiones, primero al 7,5% y más tarde al 6,5%, plantándose en este porcentaje y negándose a cambiarlo por más que todas las estimaciones tanto nacionales como internacionales fijaban tasas de crecimiento mucho más reducidas: Banco de España y OCDE el 4,5%; FMI, el 4,9%.

Hace unos días el INE ha facilitado el dato provisional de crecimiento del PIB para el año 2021, cifrándolo en el 5%, 1,5% inferior a las previsiones del Gobierno, lo que les deja en muy mal lugar, especialmente a la ministra de Economía. A pesar de ello, continúan impertérritos como si no hubiese pasado nada. No están dispuestos a rectificar ni a corregir ninguna de sus cifras presupuestarias. Bien es verdad que puede ser que las desviaciones en el crecimiento del PIB real no influyan demasiado en la recaudación porque se compensen con la diferencia entre la inflación prevista y la real, de manera que el PIB nominal no cambie y, por lo tanto, se perciban aproximadamente los mismos ingresos que estaban en el presupuesto. Son muchos quienes olvidan (sobre todo cuando se critica la indexación de las prensiones y la remuneración de los funcionarios) que los ingresos del Estado se incrementan también con la inflación.

El Gobierno ni siquiera después de la publicación por el INE (aunque sea provisional) de la contabilidad nacional de España para 2021 está dispuesto a reconocer la falsedad de su discurso y la debilidad de la recuperación. Callan que la economía de la mayoría de los países de Europa retornará a la situación que tenían en 2019; antes por supuesto que la nuestra, que como pronto lo hará en 2023. Resulta risible, pero también irritante, intentar ocultar este mal dato afirmando que es el mayor incremento del PIB desde hace 21 años, lo que carece de todo mérito y resulta perfectamente explicable cuando en el año anterior el PIB se había desmoronado un 10,8%, porcentaje sin parangón en la economía española, más allá de los tiempos de guerra.

Siendo el dato del PIB publicado por el INE especialmente malo, que indica que la renta española es un 6% más reducida que la de 2019, existe la sospecha de que la cifra definitiva que se publique en marzo estará por debajo de ese 5%. Lo exacto de la cifra induce ya a pensar que se ha redondeando para salir del tramo del 4%. La misma nota del INE contiene un párrafo un tanto insólito: “No obstante, por diversas razones… el volumen de información adelantada del que se ha dispuesto en este avance ha sido menor que en ocasiones anteriores. Este hecho, unido a la dificultad inherente a la medición estadística de cambios de coyuntura de esta magnitud, hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual”. Párrafo que parece una disculpa anticipada o un ponerse la venda antes de la herida.

Por otra parte, en los datos provisionales publicados por el INE hay uno especialmente chocante. Me refiero al incremento desproporcionado de la inversión en existencias que es posible que se deba a una decisión consciente de los empresarios por incrementar los stocks ante el miedo de desabastecimientos o a la creencia de que sus ventas iban a ser mayores; pero también puede ser la partida que oculte el intento político de publicar momentáneamente un valor del PIB superior al real. En cualquier caso, aun cuando el aumento de la inversión en existencias fuese cierto no por eso habría dejado de producir un incremento engañoso del PIB del año pasado, en detrimento del de este año.

Sánchez y su Gobierno, aun cuando lo nieguen, saben que la recuperación económica está muy lejos de lo que habían prometido y en contra de todas sus aseveraciones. Es por ello por lo que se refugian en las cifras de empleo. A lo largo de todos estos meses han venido vanagloriándose de los buenos datos de la ocupación y de la reducción del paro. Ciertamente ha habido una disociación aparente entre la evolución del empleo y la del crecimiento económico. Una de las razones consiste en los trabajadores en ERTE y en los autónomos con cese de actividad que sin duda son parados, aunque no computen como tales. En algunos momentos como en abril y mayo de 2020 sobrepasaron con mucho los tres millones de personas.

Otra explicación se puede encontrar en las horas trabajadas, que actualmente son un 3,4% menos que antes de la pandemia. En 2021 se han producido 1.200 millones menos de horas trabajadas que en 2019, cifra más acorde con la evolución de la actividad. La discrepancia con el número de empleados indica un incremento de la subactividad, que puede haberse originado por un aumento de la contratación parcial o por un mal cálculo de los empresarios que contaban con una expansión mayor de la demanda y tal vez hayan contratado o sacado de los ERTE a más personal del necesario.

En cualquier caso, un incremento del empleo superior al de la actividad lo único que indica es que existe una reducción de la productividad que se traduce probablemente en la disminución del nivel salarial. Sin generar riqueza solo se logra repartir pobreza. No hay motivos, en consecuencia, para que el sanchismo eche las campanas al vuelo, pero tampoco para que el PP se vanaglorie de la reforma laboral de Rajoy que si ha creado empleo  ha sido a base de deprimir los salarios y las condiciones laborales; impuesta en buena medida por Bruselas y quizás necesaria al estar en el euro y no poder devaluar la moneda para recobrar la productividad perdida.

En su afán negacionista, Sánchez no tiene problema en presentar como un gran éxito ciertas comparaciones tanto de los datos del PIB como del empleo con periodos pasados, comparaciones que no significan absolutamente nada, porque en ningún otro momento de nuestra historia el PIB se ha reducido en un 10,8 %. El afán negacionista de Sánchez se supera de mitin en mitin. La última boutade es afirmar que esta es la legislatura del empleo, y del empleo digno. Es difícil retorcer la realidad de forma más descarada. El empleo no llega ni en el mejor de los casos a los niveles de 2018. La tasa de paro es la mayor de la Unión Europea, superior incluso a la de Grecia. Según el INE, más de un millón de hogares tienen a todos sus miembros en edad de trabajar en paro. En la misma familia coinciden en situación de desempleo padres e hijos: 565.000 mayores de 55 años y 452.000 personas entre 16 y 24 años.

Podría ser hasta aceptable que el Gobierno se intentara justificar afirmando que ellos no son responsables de la crisis ni de la epidemia, aunque su evolución y las consecuencias dependen mucho de la política tanto sanitaria como económica aplicada, lo que se puede comprobar en el hecho de que el resultado varía según los países; pero, en cualquier caso, sería coherente que el Gobierno se defendiese intentando demostrar su ausencia de responsabilidad. Lo que carece de toda lógica es que niegue la realidad y presente una situación social y económica que solo existe en su imaginación.

Todos los estudios y análisis, cualquiera que sea su origen, vienen a decir lo mismo. El último informe de Foessa mantiene que la desigualdad se ha incrementado con esta crisis incluso en mayor medida que con la anterior de 2008. Resulta irónico que Sánchez en tono lacrimógeno sostenga lo mucho que le apena cuando paseando por Madrid se encuentra con algunos indigentes. No parece una afirmación inocente. No se necesita ser demasiado suspicaz para suponer que una vez más lo que intentaba era meterse con Madrid y censurar la política del Gobierno de Ayuso. De todas las formas, la afirmación no es muy afortunada. En primer lugar, porque hace mucho tiempo que Sánchez no pisa las calles de Madrid ni las de otras ciudades. Viaja solo en Falcon, en helicóptero o, todo lo más, en coche.

Y, en segundo lugar, porque si hay un responsable de la pobreza que pueda haber en Madrid y en cualquier otra ciudad de España, es él y su Gobierno. Al principio se empeñaron en convencernos de que la salida de esta crisis sería muy distinta de la de las otras, y que nadie se iba a quedar atrás. Como se ve, eso no se ha cumplido. Por mucho que se empeñen en negarlo, la desigualdad se ha incrementado y el escudo social que tan pomposamente proclamaron no ha funcionado, por inconsecuente o por estar limitado a las ocurrencias.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido un total fracaso y de difícil arreglo debido al diseño desafortunado e incoherente con el que se ha construido. Todo el proceso de concesión ha sido caótico y no precisamente, como a veces se quiere afirmar, por la incapacidad de la Administración, sino por la incompetencia y falta de experiencia de los que están al mando y diseñan las ayudas y la forma de otorgarlas. Al final de ese camino tortuoso, los afortunados a los que se les ha concedido la prestación no han llegado a los 350.00 de los 850.000 previstos por el propio Ministerio. Concesión que en la mayoría de los casos se hizo tras muchos meses de espera. Incluso algunos beneficiarios vieron con sorpresa que las ayudas concedidas ascendían a un monto ridículo al restar de la renta mínima estipulada el importe de las cantidades recibidas por cualquier otro motivo en el año anterior.

El sobresalto de algunos beneficiarios se ha producido de nuevo en el pasado diciembre al recibir una somera resolución de la Seguridad Social por la que se les comunica que a partir de ese momento su prestación quedaba reducida a una cantidad ridícula de 55, o de 73, o de 87, o de 125 euros o de un importe parecido, al haberse detraído de la ayuda legal los ingresos percibidos en 2020, ingresos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y que en la mayoría de los casos coincidían con la propia declaración del beneficiario. La minoración se realiza sin consideración alguna sobre si esos recursos han continuado cobrándose en 2021, y si van a permanecer en 2022. Si las rentas obtenidas en 2020 superan la percepción estipulada, se llega a cancelar totalmente la subvención.

El procedimiento es tan absurdo que la necesidad de la prestación se cuantifica no en función de la situación económica actual, sino respecto a la que el beneficiario tenía dos años antes. En un mundo laboral tan cambiante y cuando la mayor causa de pobreza es el paro, resulta evidente que un sistema como este carece de la agilidad necesaria. Se puede estar dando la ayuda a quien ya no lo necesita y denegándosela a quien la precisa, con independencia de lo que haya percibido dos años antes. Por otra parte, fijar prestaciones de 80 euros mensuales o cantidades similares carece de toda coherencia. Los gastos de tramitación seguro que son superiores.

El IMV ha mostrado desde el inicio su radical inadecuación a la realidad al haberlo concebido como un impuesto negativo sobre la renta, figura que nunca se ha aplicado en la práctica y solo existe en las universidades y en las revistas de Economía. Lo lógico hubiese sido corregirlo enseguida al comienzo y no seguir adelante una vez comprobado que no tenía ni pies ni cabeza. Pero, de nuevo, el Gobierno hizo gala de su negacionismo. Habría que aplicarle aquello de Las mocedades del Cid:

Procure siempre acertarla

el honrado y principal;

pero si la acierta mal,

defendella, y no enmendalla.

republica 10-2-2022



DE CUBA A UCRANIA

EUROPA, GLOBALIZACIÓN, REALIDAD INTERNACIONAL Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 20:10:32

Se comenta que, en días de agobio político, el fantasma de Iván Redondo recorre los despachos de la Moncloa. Y debe de ser así, porque, de lo contrario, llegaríamos a la conclusión de que nos habíamos equivocado y de que los numeritos y los escenarios azul pastel no eran suyos y habría que predicarlos más bien del propio Sánchez. Tras la marcha del jefe de gabinete continúan produciéndose los mismos espectáculos circenses. El otro día las televisiones nos presentaron un cuadro entrañable: Sánchez sentado en su despacho con cartera presidencial añadida, hablando descamisado por teléfono, y una voz en off indicando que el presidente del Gobierno se comunicaba con el resto de mandatarios internacionales a efectos de solucionar el problema de Ucrania. Se presentaba la cuestión de tal manera que parecía que él estaba al frente de la operación. El cuadro resulta más estrambótico, si cabe, si consideramos que estuvo más de seis meses esperando la llamada de Biden y que pocos días después de la representación Biden mantuvo una videoconferencia con todos los que pintan algo en Europa (hasta el primer ministro polaco fue convocado) y de la que fue excluido Sánchez.

La exhibición televisiva, en principio, no tendría demasiada importancia, ya que cada uno hace el ridículo como quiere, y además es un tipo de espectáculo al que Sánchez nos tiene muy acostumbrados. Ya montó uno similar con la salida de Afganistán, o con la llegada del Aquarius. El hecho adquiere, sin embargo, mayor relevancia porque el Gobierno se ha dado prisa en ocupar los primeros puestos, mandando al lugar de conflicto una fragata, dos buscaminas y no sé cuántos aviones y soldados. Parece que queremos hacernos perdonar algo o pasar por los alumnos más aplicados. Esta postura contrasta con el papel de la Unión Europea que, hasta ahora, ha sido mucho más tibio; incluso el ministro de Asuntos Exteriores ruso, tras la negociación con su homólogo norteamericano, bromeaba preguntándose con cierta ironía dónde estaba la Unión Europea.

Esta tendencia a ser los primeros de la clase y a ocupar un puesto que no nos corresponde no es nueva. No es cierto que este sea el país de la paz, como algunos quizás con poca memoria pregonan. España participó entusiásticamente en la primera guerra del Golfo y en la de Yugoeslavia en tiempos de Felipe González y en la segunda de Iraq con Aznar. En principio, nada hay de censurable en que España haya cumplido sus compromisos con su pertenencia a la OTAN, aunque bien es verdad que todas estas acciones bélicas no se ejecutaron desarrollando estrictamente el reglamento de la  organización. Para España lo reprochable comienza cuando se pone al frente de la manifestación asumiendo un protagonismo que resulta hasta ridículo, al tiempo que otros países con muchos mayores motivos optan por un lugar más discreto y una actitud más ambigua. Pensemos en la foto de las Azores.

En todas estas situaciones los partidarios del no a la guerra hemos sido minoría. La postura del PSOE de Zapatero con respecto a la guerra de Iraq fue una excepción motivada por encontrarse en la oposición y considerar que ese planteamiento le proporcionaba buenos rendimientos electorales y un medio para llegar al gobierno, como realmente ocurrió, aunque bien es verdad que ello solo fue posible por los atentados del 11-M. Tanto antes como después, el PSOE no ha sobresalido por su pacifismo. Del no a la OTAN a Javier Solana de secretario general de Alianza Atlantica.

Algunas lecciones deberíamos sacar de todos estos acontecimientos pasados. La primera es que todas las guerras, aun cuando adopten el nombre de misiones humanitarias, normalmente producen más dolor del que en teoría dicen querer evitar (lo llaman a menudo “efectos colaterales”) y dejan con frecuencia tras de sí una situación peor que la inicial. La última prueba, Afganistán.

La segunda es que los calificativos como dictador, demócrata, tirano, justo o injusto, etc., que tienen todo el sentido en la política nacional, dejan de tenerlo cuando los aplicamos a la internacional. En este orden, todos los gobernantes suelen comportarse de forma muy parecida, motivados únicamente por intereses de todo tipo. Se suele hablar de la “realpolitik”. Nadie es santo ni nadie es villano, pero todos lo son a la vez. La única diferencia entre unos y otros es que algunos no necesitan justificarse ante sus ciudadanos; otros sí tienen que hacerlo y entonces no les queda más remedio que recurrir a las mentiras y a los montajes. Recordemos las armas de destrucción masiva en la guerra de Iraq. Es un gran error juzgar los conflictos internacionales por las características que concurren en cada uno de los bandos, en lugar de considerar el motivo del conflicto o la cuestión que está en porfía.

En esta ocasión, gran parte de la opinión publicada se ha apresurado a calificar a Putin con toda clase de epítetos y connotaciones negativas. Mucho de lo que dicen puede ser perfectamente cierto, pero eso no explica ni da razón del conflicto. Hay también quienes quieren ver intenciones ocultas y no confesadas por Moscú. Según esas voces, la razón de la ofensiva se encontraría en la necesidad de evitar que los países limítrofes de Rusia se incorporen a la opulencia de Occidente, pues esto facilitaría que los rusos empobrecidos pudiesen tomar consciencia del contraste entre ambos mundos.

El defecto principal de esta elucubración es que no se sustenta en ninguna prueba y las peticiones explícitas de Putin no van en esa dirección. No parece que sus preocupaciones caminen por la situación económica o alianzas comerciales de los países que circundan a Rusia. Se centran más bien en las alianzas militares, y más concretamente en la posible entrada de Ucrania y algún otro país vecino en la OTAN, lo que conllevaría el riesgo de situar las más sofisticadas armas ofensivas a pocos kilómetros de Moscú.

Hay también quien con gran solemnidad plantea que en esta contienda se cuestiona un principio esencial, la libertad de un país soberano para tomar sus decisiones y hacer lo que le plazca, en este caso entrar o no entrar en la OTAN. Considerado así, en teoría, parece un planteamiento consistente. Nada más lógico que defender la autonomía de un país independiente. Pero nunca las cosas, sobre todo en la geopolítica, están claras, más aún si echamos la vista hacia atrás.

Con mucha frecuencia EE. UU., la OTAN o los demás países de eso que llaman la Comunidad Internacional no han tenido ningún empacho en limitar la libertad de países soberanos cuando los han considerado amenazas para la seguridad internacional, que lógicamente coincide con la suya. En aras de evitar la proliferación nuclear, se limita la capacidad de obrar de determinados Estados, que también son soberanos por muy reprobables que puedan parecer sus respectivos regímenes políticos. En la segunda guerra de Iraq el pretexto que manejaban Bush y los países invasores, aunque después resultase falso, es que Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva.

Y por qué no citar el caso que más se asemeja al actual, aunque se remonte al año 1966. Me refiero al affaire de los misiles cubanos, más bien rusos, que la Unión Soviética quería instalar en Cuba, y que la Administración Kennedy no estaba dispuesta a consentir, dada la proximidad a muchas ciudades americanas, incluso al mismo Washington. El discurso, entonces de Kennedy, no era sustancialmente distinto del que ahora asume Putin, con independencia de las opiniones que se tengan de ellos. Ambos justifican la limitación de la soberanía de un tercer país en la autodefensa. También Cuba en aquel momento era un país soberano.

Se puede alegar que en 1966 estábamos en la Guerra Fría. Pero lo cierto es que la Alianza Atlántica es un residuo de esa misma guerra fría. Desapareció el Pacto de Varsovia, pero no la OTAN, y conviene recordar que constituye una alianza militar. Aun cuando en sus estatutos se afirma que tiene una finalidad defensiva y que solo debe actuar a petición de un socio que se vea agredido (art 5), la mayoría de las veces que la OTAN ha actuado no lo ha hecho dentro de esos límites, ni como consecuencia de haber activado el artículo 5, excepto con ocasión de la invasión de Afganistán en la que EE. UU. pidió su aplicación. No obstante, en este mismo caso es difícil aceptar que la ofensiva terrorista contra las torres gemelas pueda considerarse el ataque de un país por otro.

No puede extrañar demasiado que Rusia muestre cierta intranquilidad a que los países limítrofes puedan incorporarse a la OTAN, que no conviene confundir con el ingreso en la UE a lo que en principio no parece que Rusia tenga ninguna objeción. De hecho, Suecia y Finlandia han mantenido durante muchos años una situación especial, pertenecen a la Unión Europea pero no a la OTAN. Se trataba entonces de mantener un espacio de neutralidad frente al Pacto de Varsovia y la OTAN.

El tema no es nuevo. Estuvo presente en la disolución de la antigua URSS. Gorbachov, que pilotó la operación, ha afirmado, y así lo recoge en sus memorias, que hubo un acuerdo con la OTAN, en el que esta organización se comprometía a no extenderse hacia el Este. El acuerdo parece que fue oral y no se plasmó por escrito en ningún documento, por lo que en los momentos presentes puede considerarse papel mojado y no representa ninguna prueba, pero sí puede estar influyendo en la motivación de Rusia. Tal vez por eso Putin exige ahora a Biden la contestación a sus demandas por escrito.

Rusia siempre ha presentado reticencias a la entrada en la OTAN de un país limítrofe y perteneciente con anterioridad al bloque soviético, pero, a pesar de ello, son ya varios los países fronterizos con Rusia que pertenecen a la Alianza Atlántica. Da toda la impresión de que en esta ocasión Putin no está dispuesto a admitir que este proceso continúe y, dadas además las especiales condiciones que unen a Rusia con Ucrania, ha decidido plantar cara.

Pero preguntémonos cuáles son los intereses que se encuentran detrás del ingreso de Ucrania en la OTAN. Quizá la comparación de nuevo con Kennedy y los misiles cubanos nos ayuden a contestar a la pregunta. En aquella ocasión el interés no estaba tanto en la Unión Soviética como en Cuba, que pretendía protegerse ante una posible invasión norteamericana, repetición de la de la Bahía de Cochinos. Ahora la verdaderamente interesada es Ucrania, que pretende cubrirse ante una posible invasión rusa. EE. UU. y la OTAN no han mostrado hasta ahora demasiada predisposición. De hecho, a diferencia de otros países, a Ucrania no se le ha hecho un plan temporalmente estructurado. Para la Alianza Atlántica el tema es más de principio, de defender el artículo 10 de la organización que establece que todo país puede pedir el ingreso. Pero ya sabemos que en geopolítica los principios son menos importantes que los intereses.

Se blande con frecuencia el hecho de que Ucrania es un país soberano, pero soberanía no es igual a omnipotencia. Ucrania no puede decidir sin más entrar en la OTAN, porque ello incumbe a la propia Organización Atlántica. En 1966, Cuba era un país soberano pero la decisión de instalar misiles soviéticos en su territorio dependía en primer lugar de la Unión Soviética. Es por eso por lo que el conflicto fue entre Kennedy y Khruschev; las demandas del primero se dirigían al segundo, y las negociaciones se establecieron entre EE. UU. y la Unión Soviética. En la actualidad, las exigencias de Rusia no se orientan a Ucrania sino a la OTAN, que es lo mismo que decir a EE. UU.

Este conflicto, al igual que el de 1966, estaba ocasionado por los miedos recíprocos. Cuba tenía miedo de la invasión de EE. UU., y por eso quería los misiles en su territorio. Ahora es Ucrania la que tiene miedo de que Rusia pueda invadir su territorio. Entonces, a EE. UU. le asustaban unos misiles soviéticos instalados tan cerca de sus fronteras, y en la actualidad es a Rusia a la que intimida que la OTAN se instale tan cerca. La solución en aquel momento pasó por la destrucción de todos los miedos, el desmantelamiento de los misiles y la promesa de que EE. UU. no invadiría nunca Cuba. Quizás en la actualidad el acuerdo no tiene por qué alejarse mucho del de entonces. Podría concretarse en el compromiso de Putin de que Rusia no invadirá nunca Ucrania y al mismo tiempo que se aleje cualquier proyecto de que este último país entre en la OTAN.

republica 3-2-2022



LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN, NI SON GRANDES NI ANDAN

EUROPA, GLOBALIZACIÓN, HACIENDA PÚBLICA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 19:49:19

Burro grande, ande o no ande, afirma el refrán popular, y parece hecho a medida del comportamiento del sanchismo. Todo lo que hacen, según ellos, es lo más grande, grandioso, colosal, lo más excelso, histórico, único. Como no podía ser menos, todos estos calificativos u otros parecidos se los han aplicado a los fondos de recuperación europeos. Me temo que ese burro no va andar, pero es que tampoco es el más grande.

Sánchez y la ministra de Economía no han escatimado adjetivos, incluso han llegado a compararlo con el Plan Marshall y, contra toda verdad, se afirma que es la movilización de fondos más elevada que ha realizado la Unión Europea. Lo que, desde luego, no es cierto. Se puede disculpar la ignorancia del presidente del Gobierno, este capítulo no debe de estar en su tesis doctoral, pero lo que es menos explicable es que lo repita Nadia Calviño, dado que ha sido directora general de Presupuestos de la Unión Europea. Es posible que los dos estén haciendo trampas y para realizar las comparaciones consideren los recursos en valores absolutos, sin tener en cuenta la inflación ni las distintas monedas en que están expresados.

Los fondos de cohesión y de desarrollo han representado una movilización de dinero de bastante mayor cuantía que la que ahora se activa. Para realizar estas comparaciones, las transferencias de recursos hay que entenderlas a fondo perdido, excluyendo los préstamos o cantidades reembolsables. Además, habrá que considerarlas en términos netos, es decir, minorando la cuantía de las recibidas con la cuota que el país en cuestión como miembro de la UE debe aportar a la financiación total.

Aplicando lo anterior al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, y redondeando, la totalidad de los recursos que la UE proyecta trasladar a los Estados se eleva a una cifra cercana a los 700.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad se entregará en calidad de préstamos y el resto, como transferencias no reembolsables. A España, como uno de los máximos beneficiados, le corresponderán unos 140.000 millones de euros en total; cerca de 70.000 millones de euros, si nos fijamos únicamente en las entregas a fondo perdido.

Para conocer la cuantía real de la ayuda, esta última cantidad se tiene que minorar por el importe con el que España, como un miembro más de la UE, debe contribuir a la financiación de la cantidad total. Este porcentaje es alrededor del 10%, porque es esta misma proporción la que existe aproximadamente entre el PIB español y el de toda la Unión, y que se traduce en una suma de 35.000 millones de euros. Si la transferencia teórica a España va a ser de 70.000 millones de euros, la ayuda neta, esto es, aquella que podemos afirmar que de verdad es a fondo perdido, no estará muy por encima de la mitad (35.000 millones de euros), que se recibirá a lo largo de estos seis años (2021-2026) y que representa un 3% del PIB, es decir, una media del 0,5% anual.

En los muchos años que España gozó de los fondos de cohesión, por lo menos hasta la ampliación al Este, su saldo neto positivo anual frente a la UE se ha movido en un rango del 0,5% al 1% del PIB. A su vez, el saldo neto de Portugal, Grecia e Irlanda ha pasado la mayoría de los años del 2% del PIB respectivo. Es absurdo por tanto pretender situar las ayudas que ahora se movilizan a la cabeza de cualquier otra transferencia realizada por la UE.

Sánchez, creyéndoselo o no, ha colocado los fondos de recuperación en el centro de su mensaje y ha hecho de ellos su máxima baza electoral. Por eso ha magnificado su cuantía, pero, sobre todo, se ha apoderado de ellos. Primero, intentando convencernos de que la concesión ha sido mérito suyo. Recordemos el paseíllo apoteósico que hizo entre todos los ministros aplaudiendo a su entrada al Consejo. Nadie que conozca mínimamente cómo funciona la UE puede creerse que un acuerdo como el de los fondos de recuperación puede ser obra del presidente del Gobierno de España, y menos si ese presidente es Pedro Sánchez.

Segundo, porque sin ningún pudor los considera suyos y por lo tanto con derecho a repartirlos como crea conveniente. No ha permitido que se aplicase ningún control político e incluso, y eso es casi más grave, ha liberado su ejecución de casi todos los requisitos a los que normalmente están supeditados los fondos públicos y ha convertido la fiscalización previa (en las intervenciones delegadas) de estas partidas en una mera nota de toma de razón contable. En ese reparto se va a imponer la más total discrecionalidad en la selección de los agraciados, tanto si son Comunidades Autónomas, empresas o particulares.

Como siempre, Sánchez tiene la virtud de reprochar a la oposición precisamente todo lo que él realiza. Resulta paradójico que en su comparecencia con Olof Scholz haya pedido que nadie convierta los fondos en un instrumento político, cuando ha sido precisamente él, desde el mismo momento de su aprobación, quien los ha considerado el mejor medio para hacer clientelismo y asegurarse así la permanencia en el poder.

Este burro, el de los fondos de recuperación, no solo no es el más grande, es que tampoco parece que pueda andar, al menos en persecución del objetivo que se confiesa y que está explícito en el título: la recuperación. Es posible, sin embargo, que sí funcione para conseguir el otro propósito de Sánchez, el clientelismo. Cuando aún no se había recibido ni un solo euro de los fondos europeos, se consignaron en los ingresos del presupuesto de 2021, 27.000 millones de euros, con la intención de que se pudiese anticipar la ejecución de los programas desde el mismo día uno de enero. Pues bien, la realización no parece que haya influido muy positivamente en la recuperación cuando, las estadísticas y previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales, excepto las del Gobierno, llegan a la conclusión de que España se encuentra a la cola de todos los países de la UE en el ritmo de alcanzar los valores económicos  anteriores a la pandemia.

Esto no debería extrañarnos demasiado teniendo en cuenta los ejes transversales que se han fijado para vertebrar los planes de los fondos: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género, etc., finalidades que pueden ser muy respetables, pero en las actuales circunstancias no parece que constituyan el camino más rápido ni más eficiente para recomponer lo que la crisis ha destruido.

Existe, no solo en el Gobierno, una versión triunfalista que encomia con gran admiración el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y lo ve como una ocasión única que nos presta la UE. No obstante, por mucho que se diga lo contrario, los fondos van a venir condicionados no solo por las obligaciones que pueda imponer Europa, sino también por los proyectos en los que hay que gastarlos, que pueden ser muy convenientes para los fines que la UE se ha marcado, pero quizás no sean tan prioritarios para España.

Estos fondos, al igual que los de cohesión y el FEDER en el pasado, de ninguna manera van a compensar los desequilibrios que generan el mercado y la Unión Monetaria ni pueden compararse con la función redistributiva entre personas y territorios que ejercería una verdadera unión fiscal. Parece que son tan solo ese mínimo que están dispuestos a aceptar los llamados países austeros (de austeros nada, simplemente agraciados por la Moneda Única) para evitar que la desigualdad sea tan grande que termine por poner en peligro la Unión Monetaria.

Las desigualdades que está creando la moneda única -y que no hay fondos que puedan compensarlas- se pueden comprobar de manera fehaciente al considerar cómo ha evolucionado la economía de los países. Tal vez una de las variables más significativas sea el montante de deuda pública (también la privada) que acumulan los distintos Estados. En el año 2000, al comienzo del euro, la deuda pública española (59,60% del PIB) y la alemana (60,40% del PIB) se encontraban casi al mismo nivel; actualmente la primera (122,8% del PIB) es el doble que la segunda (69,7%).

A ello hay que añadir que durante estos años nos hemos desprendido de la casi totalidad de nuestros activos, empresas públicas rentables, lo que la prensa llamaba “las joyas de la corona”. Claramente nos hemos empobrecido. La fortaleza económica se mide por el patrimonio neto. Activo menos pasivo. A partir de la creación del euro nos hemos quedado sin activos y hemos engordado fuertemente nuestro pasivo. Curiosamente, algunos de los que están siempre dispuestos a alabar lo exterior y criticar lo interior han contrapuesto el hecho de que Alemania para financiar las pensiones haya acudido a emitir deuda, mientras que España ha subido las cotizaciones, sin considerar que nuestra deuda es el doble que la alemana y nuestra presión fiscal más reducida. Otra cosa es que el Gobierno español no haya escogido precisamente el impuesto más adecuado.

A lo largo de la historia las deudas han significado dolor, sufrimiento y el camino más corto para el empobrecimiento, la prisión e incluso la esclavitud. El endeudamiento también debilita a los Estados cuando lo contraen nominado en una divisa que no es la suya y que no controlan. Puede hacerles perder su soberanía y supeditarlos a poderes extranjeros. Sirva de ejemplo lo que ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica con el Fondo Monetario Internacional. La enorme deuda que en estos momentos tiene contraída España y nominada en una divisa que, aunque suya, no controla hace a nuestro país totalmente dependiente de las decisiones del Banco Central Europeo, y de las presiones que este organismo pueda  sufrir en el futuro.

republica.com 27-1-2022



LAS OCURRENCIAS Y LOS GASTOS FISCALES

HACIENDA PÚBLICA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 19:37:51

Pocos Estados, por no decir ninguno, niegan su función social. Todos los gobiernos declaran que en su política este objetivo ocupa un lugar importante. Cada año, gobierne quien gobierne, hay que escuchar que los presupuestos de ese ejercicio son los más sociales de la historia. No obstante, creo que hay dos formas de ejercer la política social: una, mediante ocurrencias; la segunda, a través del desarrollo del Estado social.

El Estado social requiere un diseño coherente constituido por instrumentos sólidos, columnas en las que fundamentar un tejido de protección que cubra todas las contingencias. Debe ser un puzle bien trabado que no admita lagunas, pero tampoco repeticiones. Buen ejemplo de ello es el dibujado en la Constitución española: educación, sanidad, pleno empleo, seguro de desempleo, pensiones, apoyo a la familia, protección a la dependencia, vivienda, etc. El mapa es completo y no necesita añadidos, que en buena medida serían duplicidades. Se precisa, eso sí, que las dotaciones sean adecuadas y suficientes para cerrar por completo el círculo.

Hay otra forma de enfrentar la política social. Es la que hemos llamado “de ocurrencias”. Es aquella que aunque incluso se profese en teoría el Estado social, se le dota escasamente, y que se pretende solucionar este grave defecto mediante la concesión un tanto anárquica de prestaciones puntuales dirigidas en muchas ocasiones más que a solucionar un problema a generar réditos electorales. El resultado no puede ser más que caótico, en el que se mantienen lagunas, pero también duplicidades. Las subvenciones y las prestaciones se superponen despilfarrando los recursos sin aplicar ningún análisis de coste de oportunidad. Se beneficia a unos y se perjudica a otros.

En España, con el Estado de las Autonomías, la tendencia al desorden y a la repetición se incrementa de manera significativa. Buen ejemplo de lo que se afirma ha sido recientemente la creación del ingreso mínimo vital, que se ha superpuesto a las ayudas autonómicas, con lo que su concesión ha sido totalmente desigual permitiendo enormes vacíos, pero también duplicidades. Este sistema de adición sin orden ni coherencia sobrepasa con frecuencia el ámbito de la protección social para instalarse en casi todo el ámbito del gasto público.

El desorden que puede imperar, a la hora de presupuestar, en los gastos públicos propiamente dichos se multiplica al infinito cuando se trata de otro tipo de gastos que a menudo no tenemos por tales, me refiero a los gastos fiscales. Bajo este nombre se recoge todo tipo de exenciones, bonificaciones, deducciones etc. que, aunque se presenten como minoración de los ingresos, tienen el mismo efecto que los gastos públicos y suelen obedecer a parecidas razones.

A pesar de esa homogeneidad, resulta curioso comprobar las distintas posiciones que se mantienen respecto a estos dos tipos de gastos según la ideología que se profesa. Desde las filas conservadoras y neoliberales, se suele anatematizar el gasto público. En general, siempre está mal visto. Pero esa agresividad desaparece cuando se trata de gastos fiscales. El déficit público y la estabilidad presupuestaria que se utilizan como argumentos para denigrar cualquier incremento en los gastos del Estado, en absoluto se consideran a la hora de establecer los gastos fiscales.

Existe, sin embargo, una diferencia importante que consiste en que mientras el gasto público propiamente dicho -al menos el que combaten los liberales- suele ser gasto social y beneficia en mayor medida a las clases de rentas bajas, los gastos fiscales se orientan principalmente a favor de las clases altas. Al configurarse como minoración de impuestos, tienen un carácter inverso a estos. Serán tanto más regresivos cuanto más progresivos sean los tributos que aminoran. Aun las deducciones o bonificaciones aparentemente más sociales terminan beneficiando en mayor medida a los que tienen mayores rentas.

Los defensores de los gastos fiscales los justifican a menudo en la conveniencia de incentivar la actividad económica o determinadas variables y sectores -curiosamente en este campo todos se vuelven keynesianos- y, sin embargo, su capacidad para estimular es muy reducida, sobre todo cuando se trata de influir en macromagnitudes tales como el ahorro y la inversión. El único resultado que se logra es el de trasladar los recursos, según las ventajas fiscales, de una a otra forma de ahorro o de una a otra inversión, pero sin modificar significativamente las cantidades globales destinadas a estas magnitudes. En épocas de recesión económica, determinadas medidas, si son limitadas en el tiempo, pueden tener el efecto de anticipar decisiones. Pero, desde luego, esa eficacia se pierde cuando se consolidan y los agentes económicos cuentan con ellas.

Los gastos fiscales presentan importantes desventajas con respecto a una actuación decidida del Estado, a través de las distintas partidas de gasto público. En primer lugar, al no estar explicitados en el presupuesto, los gastos fiscales tienden a consolidarse en mayor medida que las partidas de gastos propiamente dichas, cuya conveniencia en teoría se plantea en cada presupuesto. Por el contrario, los beneficios fiscales se cuestionan en contadas ocasiones, excepto para incrementarlos. Una vez consolidados, pierden la poca eficacia que pudieran haber tenido los primeros años de su implantación.

En segundo lugar, al estar difuminados como una reducción de los ingresos, pasan desapercibidos sin sufrir para su concesión los rígidos controles de otros tipos de gastos y, lo que es más importante, en muchos casos se desconoce una cuantificación adecuada de su coste. Es materia propicia para sufrir un cierto espejismo. Todo el mundo considera los teóricos beneficios que se pueden obtener, pero no se contraponen al coste de oportunidad que comportan ni a los resultados que se producirían si se dedicasen esos recursos a otros objetivos.

En tercer lugar y este es uno de sus mayores defectos, son de muy difícil control e incrementan las vías de fraude. Los requisitos que se imponen a cada una de las exenciones, deducciones o bonificaciones en aras de conseguir el objetivo para el que se han aprobado resultan en muchos casos imposibles de comprobar, sobre todo cuando, como ocurre en la mayoría de los sistemas fiscales modernos, las medidas afectan a un gran número de contribuyentes. La generalizada evasión que posibilitan hace que se incremente y multiplique gratuitamente el coste de las medidas.

Al lado de los beneficios fiscales concedidos por el Estado se superponen los de las Comunidades Autónomas. Sus gobiernos son tanto o más dados a las ocurrencias que el gobierno central y tienen propensión a la misma demagogia. Si examinamos, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta las distintas deducciones autonómicas de las diecisiete Comunidades, veremos que conforman un catálogo de lo más abigarrado y heterogéneo. Por lo visto, las necesidades y los objetivos son muy dispares según la opinión de cada gobierno. Ni siquiera existe uniformidad cuando pertenecen al mismo partido. En esto como en casi todo, la existencia de las Comunidades Autónomas termina construyendo un escenario caótico. Las ocurrencias se multiplican por diecisiete.

La descentralización fiscal aplicada en España es una de las más altas de Europa. La transferencia a las Autonomías de la capacidad normativa en materia tributaria ha replicado el modelo existente en la Unión Europea entre los Estados con el mismo resultado perverso, solo que la competencia fiscal entre regiones tiene consecuencias más graves que entre países. De todas formas, no deja de ser irónico que la autonomía normativa tan reclamada por los nacionalistas se haya vuelto en su contra.  He ahí al gran político Rufián rugiendo contra la heterogeneidad y reclamando la armonización. Vivir para ver.

Los gastos fiscales, al menos en España, se han convertido en la carcoma del sistema tributario, de manera que algunos gravámenes esenciales han quedado casi vacíos de contenido. Es lo que ha ocurrido con el impuesto de sociedades, cuya recaudación ha disminuido sustancialmente y el tipo efectivo de algunas empresas se ha reducido de forma escandalosa. Tan es así que el Gobierno ha fijado un tipo mínimo del 15%, aunque calculado sobre la base imponible, con lo que pretende conseguir que la carga fiscal ascienda por lo menos a un nivel que no sea indecoroso. Bien es verdad que el método empleado es un tanto chapucero y muy poco ortodoxo. Lo lógico sería que se eliminase la causa que origina la separación entre el tipo efectivo y el nominal, es decir, que se redujesen los gastos fiscales.

Sería de desear que esa seudocomisión de expertos nombrados por la Ministra de Hacienda a mayor gloria del sanchismo tuviese en cuenta que podar los diferentes impuestos de gastos fiscales representaría uno de los procedimientos más adecuados para incrementar la suficiencia y progresividad del sistema fiscal, al tiempo que se simplificarían de forma real y no ficticia los impuestos. Se acrecentaría, además, la transparencia, y se acercaría los tipos efectivos a los nominales. Se destruiría así cierta demagogia que tiende a magnificar el nivel de la imposición, en especial para ciertas rentas que logran a través de deducciones y exenciones un gravamen mucho menor que el que indican los tipos nominales.

republica.com 20-1-2022



EL EURO, VEINTE AÑOS DESPUÉS

EUROPA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 19:27:16

A principios de año, casi todos los medios de comunicación han recordado que hace justamente dos décadas se creó el euro. Al mismo tiempo, los presidentes del Consejo y del Europarlamento y la presidenta de la Comisión han lanzado su discursito referente a este acontecimiento encomiando todas sus enormes virtudes y los muchos bienes que nos había traído. Para ser exactos, el euro se creó tres años antes, el 31 de diciembre de 1998, cuando se fijaron los tipos a los que quedaron ligadas de manera irrevocable las monedas de los distintos países y los de cada uno de ellos con la nueva moneda que se creaba. Había surgido en Europa la Unión Monetaria.

El día siguiente, 1 de enero de 1999, hizo su aparición el euro, solo que como moneda, digamos virtual, puesto que servía únicamente para las transacciones por escrito y a la que había que conformar todas las contabilidades. No obstante, como moneda física no surgió hasta el 1 de enero de 2002, simultaneándose con las monedas nacionales dos meses, hasta el 28 de febrero, fecha en la que estas dejaron de ser de curso legal.

Aun cuando en la mente de los ciudadanos lo que se mantiene con mayor fijeza es la aparición física del euro, unida a una serie de anécdotas que afectaron a cada uno en mayor o menor medida, los hechos realmente importantes fueron los de tres años antes, cuando, tal como se ha señalado, las monedas quedaron ligadas por cotizaciones irrevocables. Según dijo el entonces gobernador del Banco de España, Ángel Rojo, fijadas para toda la eternidad. Palabras que algunos, que siempre hemos pensado que todo tiene fin, recibimos con cierto escepticismo. Pasados veinte años de voluntarismo político y de propaganda, habrá muchos que piensen que Ángel Rojo tenía razón en eso de “para toda la eternidad”, y que la situación es irreversible.

Sin embargo, hay quienes seguimos pensando que cuando las realidades surgen contra toda lógica y llenas de contradicciones, el tiempo no las cura y, antes o después, tienen que desaparecer. Solo que, si tardan mucho tiempo en hacerlo, no se extinguen de forma suave, sino abrupta e incluso catastróficamente. La Unión Monetaria se constituye por puro voluntarismo político, pero en contra de la lógica económica. Los hechos así lo indicaban:

En primer lugar, la evolución histórica de las cotizaciones de las monedas que en el año 1999 se pretendían unir y las notables variaciones acaecidas a lo largo del tiempo. Cojamos por ejemplo como año base 1966, es decir, 33 años antes de que se produjese la unificación, y comparemos con su valor en esta fecha. Con respecto a la peseta, el marco alemán se había apreciado el 566%; el chelín austriaco, 520%; el franco francés, 207%; el franco belga, 342%; el florín neerlandés, 454%, etc. A su vez, la peseta se habría revalorizado frente al dracma griego un 395%; frente al escudo portugués, un 251%; frente a la lira italiana, un 12%, etc. Como es lógico, estos cambios pueden cruzarse de manera que nos den a conocer cómo se ha modificado la cotización entre dos monedas cualesquiera, por ejemplo, el marco alemán se había apreciado frente al dracma griego un 2.264%, y frente al escudo portugués un 1.451%, y con respecto a la lira italiana, un 636%.

Contemplando estas gigantescas variaciones en el valor de las monedas, costaba creerse que pudiesen mantenerse las cotizaciones fijas durante mucho tiempo después de la integración, al menos sin crear desajustes y desequilibrios de manera generalizada, y graves daños en la economía de algunos países.

En segundo lugar, el desenlace del Sistema Monetario Europeo, establecido como un criterio más de convergencia, pero al mismo tiempo como ensayo general de la Unión Monetaria a constituir y una prueba para que cada país pudiese experimentar lo que significaba mantener fijo el tipo de cambio. El ensayo terminó de la forma más desastrosa imaginable. Las turbulencias acaecidas en los mercados financieros al principio de la década de los noventa evidenciaron de forma muy clara las debilidades del sistema.

Muy pronto Gran Bretaña e Italia tuvieron que abandonar la disciplina de las bandas y dejar flotar sus monedas. España se vio obligada a devaluar cuatro veces, y al final se produjo una fuerte presión frente al franco, que ni siquiera la actuación conjunta de todos los bancos centrales pudo detener. La Unión Europea no tuvo más remedio que ampliar las bandas de fluctuación del +-2,5% al +-15% que era en la práctica dejar las monedas en libre flotación. El SME había muerto. Lo lógico es que este fracaso hubiese hecho dudar a los mandatarios europeos de la viabilidad del proyecto, pero no fue así.

En tercer lugar, la UE no constituía -y aún menos la constituye ahora- una zona monetaria óptima. Haciendo excepción de la integración comercial, no cumple ninguna de las condiciones que establece la teoría al respecto. Si bien el Tratado de Maastricht implanta la libre circulación de personas; ni siquiera legalmente se ha cumplido esta prescripción, ya que se han puesto múltiples impedimentos legales a la emigración entre las naciones. Además, en lo relativo a la movilidad laboral, lo legal es solo una condición necesaria pero no suficiente. Existen otros muchos obstáculos como el idioma, la cultura, el nacionalismo, incluso los recelos históricos, etc. Pero la principal condición y que está totalmente ausente en la Unión Europea es la de la integración fiscal y presupuestaria, que se precisa para compensar los desequilibrios que una unión monetaria produce.

A pesar de que estos tres hechos mostraban claramente cómo el proyecto contradecía la lógica económica, este siguió adelante –como es sabido-, ya que su realización obedecía a la voluntad política, y fueron razones de este tipo las que determinaron la decisión, y es este mismo voluntarismo político el que permite y origina que el euro cuente ya con más de veinte años de existencia.

Muchas son las voces que presentan estos veinte años como la mejor prueba de que la Unión Monetaria es posible. La crisis del 2008, que puso sobre el tablero las notables incoherencias y desequilibrios que se producían en la Eurozona, creó múltiples dudas sobre la viabilidad de la Unión y en algún momento pareció que iba a descarrilar. Pero, una vez superado el conflicto, muchos dan como un hecho incuestionable no solo su permanencia futura sino la conveniencia de su existencia. Se olvidan del coste que ha representado para algunos países superar la crisis y de que los contrasentidos e inestabilidades permanecen.

El mundo sindical y parte de la izquierda habían reconocido las lacras, carencias y fallos del sistema que veía la luz. Su asentimiento a la construcción (el sí crítico) se basó en la creencia más bien bobalicona de que con el tiempo se irían corrigiendo y se avanzaría en un proceso de integración que en aquel momento se reducía exclusivamente a la moneda. Entonces se establecía la Unión Monetaria y todo lo demás se nos daría por añadidura poco a poco. Hoy, dos décadas después, se puede comprobar hasta qué punto estaban equivocados estos biempensantes.

El único paso adelante realmente notable que ha dado la Eurozona es la política de compra de títulos instrumentada por el BCE, que ha sido la que ha salvado por el momento al euro y constituye de verdad la única mutualización de la deuda. Pero, por ese mismo motivo, puede ser en el futuro y con mayor razón si se consolida la inflación, objeto del ataque de los halcones. Al margen de esto, no ha habido apenas ningún avance que pueda considerarse tal.

Dese luego ha estado ausente cualquier progreso serio en lo referente a la unidad fiscal. El presupuesto ha continuado siendo ridículo. La Unión Europea tampoco cuenta con impuestos propios con capacidad recaudatoria y progresividad suficiente para realizar una política redistributiva entre las personas y entre los territorios y los Estados. Los fondos estructurales, los de cohesión y ahora los de recuperación pasan por ser mecanismos de solidaridad, pero son sucedáneos a todas luces insuficientes para compensar los desequilibrios que el mercado y la unión monetaria crean entre los Estados; por supuesto a gran distancia de la redistribución que se produciría con una unidad fiscal al estilo de la que se da en cualquier Estado, o incluso con la que se ha aplicado en la reunificación alemana. Tampoco se ha establecido una mínima armonización fiscal para que el capital no huya de unos Estados a otros, ni se ha creado un seguro de desempleo europeo.

La unidad bancaria ha quedado casi en su totalidad en el mundo de las ideas, puesto que el coste de las crisis continúa recayendo sobre los respectivos Estados y sus ciudadanos. Ni siquiera se ha establecido un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo. Ni la Eurozona ni la Unión Europea cuentan con una política exterior y de defensa común. En España hemos podido constatar el enorme vacío que existe en la cooperación judicial entre los Estados, y que existen santuarios donde pueden refugiarse los perseguidos penalmente por otro país. Se ha comprobado fehacientemente la inutilidad de las órdenes de detención y entrega europeas.

Periódicamente se constata la impotencia de la Unión Europea para lograr una política común de migración, terreno donde cada Estado actúa por su cuenta y en ningún caso está dispuesto a colaborar con los demás. Por último, pero quizás lo más importante, se mantiene como el primer día el déficit democrático. La Unión Europea se ha cocinado al margen de los ciudadanos y las decisiones continúan estando en órganos no plenamente democráticos en los que los lobbies económicos tienen una gran fuerza. Se ha creado una superestructura burocrática muy bien pagada pero incapaz de resolver cualquier problema. Las cuestiones se eternizan y las múltiples comisiones pueden estar días y días discutiendo del sexo de los ángeles.

En España no falta quien nos diga que menos mal que estamos en Europa. Ante cualquier problema o dificultad nos reiteran eso de qué sería de España si estuviera fuera de la Unión Monetaria. Hay un juego tramposo en este discurso, porque suponen que si no perteneciésemos a la Eurozona los medios y las condiciones serían los mismos que ahora. Lo cual no es cierto, comenzando porque tendríamos nuestra propia moneda, un banco emisor del que ahora carecemos o al menos no controlamos, una deuda nominada en nuestra propia divisa, y seguramente con un montante muy inferior al actual porque los bancos extranjeros no hubiesen prestado nunca a los nacionales cantidades tan desorbitadas, si hubiese existido riesgo cambiario. Tampoco hubiese habido, por tanto, burbuja inmobiliaria, ni crisis bancaria, al menos de las mismas magnitudes. No es necesario seguir enumerando  factores. Recuerdo ahora que al final de los gobiernos de la UCD el Reino de España gozaba de la triple A, lo que ahora no posee, aunque se financie gracias al BCE a tipos aún menores.

Este discurso de la Unión Monetaria benefactora nos trae a la memoria aquellas coplillas citadas por Juan de Iriarte, de antigua tradición:

                        El señor don Juan de Robles

                        Con caridad sin igual

                        Hizo este santo hospital

                        y primero hizo a los pobres.

Con la Unión Monetaria se nos aboca primero a una ratonera y se nos priva de los instrumentos necesarios para poder realizar una política económica correcta, y más tarde se la presenta como la salvadora de los conflictos que ella misma ha creado.

republica.com 13-1-2022



LA REFORMA LABORAL Y EL DESPIDO

SINDICATOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 18:30:24

Desde hace tiempo, la izquierda, bien fuese la política, la sindical o la mediática, venía reclamando la derogación de la reforma laboral del PP de 2012. El PSOE, desde la oposición, prometió que la derogaría una vez llegase al poder. La izquierda a la izquierda del PSOE iba más allá, exigía que se derogase también la de Rodríguez Zapatero de 2010. Y el sanchismo, ya en el gobierno, pactó con Bildu su derogación.

La ministra de Trabajo, tras entrar en loor de multitudes en el congreso de CC. OO. y al grito de presidenta, presidenta…, ya en la tribuna y con cierto tono mitinero gritó “derogación sí o sí”, aunque más tarde en una emisora de radio afirmó que la derogación era un fetiche de la izquierda. No se sabe muy bien qué quiso decir, ¿quizás que era una simple consigna electoral? Después añadió que técnicamente eso no era posible. Aseveración que es -y que me perdone la señora ministra- una estupidez. Todas las leyes al final de su articulado derogan parcial o totalmente otras leyes. Eso sí, conviene dejar claro antes qué preceptos las van a sustituir.

Lo que, sin embargo, sí puede ser cierto es que la derogación no sea viable políticamente, porque nos guste o no estamos en Europa, no solo en la Unión Europea sino también en la Moneda Única, y nuestro ámbito de decisión económico y político queda por ello sensiblemente reducido. Económico, porque cuando no es posible devaluar la moneda, para sobrevivir hay que practicar la devaluación interna, es decir, la depreciación de precios y salarios. Político, porque en muchas materias estamos al albur de lo que decidan las autoridades europeas, especialmente cuando esperamos la llegada de recursos, aunque, cualquiera que sea el procedimiento, haya que devolverlos más tarde.

La reforma pactada por el Gobierno y por los agentes sociales no toca el núcleo fundamental ni de la de 2010 ni de la de 2012, consistente en el coste del despido y en el cómo y cuándo se puede despedir. Resumiendo, en ambas leyes se reducen las indemnizaciones y se determinan las causas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) de los despidos colectivos (ERE y ERTE) con tal vaguedad y amplitud que las empresas pueden actuar con absoluta libertad, tanto más en cuanto que se eliminó la obligación de pedir la autorización administrativa. En la negociación actual cambiar este apartado hubiese sido casus belli para los empresarios, ya que constituye el contexto de flexibilidad que consideran necesario para moverse y que les permite trasladar los costes de toda crisis o conflicto bien al Estado bien a los asalariados.

Esta flexibilidad se va a incrementar en la nueva ley con la potenciación de los ERTE y su renovada normativa. Con los ERTE las empresas llegan al máximo de elasticidad, despedir sin despedir. Da la impresión de que el Gobierno y los sindicatos sufren con este procedimiento un espejismo y que pasan por alto muchas de sus consecuencias; desde luego, el coste para el Estado, lo cual no es extraño teniendo en cuenta que la doctora ministra de Hacienda, en esto como en otras muchas cosas, está de vacaciones. En cualquier caso, lo que no se puede admitir es que se hable de ello como si fuese una forma de evitar el despido y que a los trabajadores en ERTE no se les considere parados. Aunque quizás puedan volver a su puesto de trabajo, de momento están fuera de él. Esto es así tanto más cuanto el término temporal se utiliza de forma abusiva.

Se suele citar el enorme porcentaje de temporalidad como el mayor defecto de nuestro mercado laboral. Es muy posible que tengamos que buscar su origen en el coste y en la sencillez con la que se puede despedir. Se continúa hablando de contratos temporales y fijos, pero la verdad es que, dada la facilidad actual para despedir, toda contratación es temporal, pues hace ya tiempo que el despido es libre en España. Aun cuando la justicia haya catalogado un despido como improcedente, la empresa no estará obligada a la reincorporación, solo a indemnizar. No se debería calificar ningún contrato como fijo; todo lo más, como indefinido. La única diferencia se encuentra en el montante a pagar por las indemnizaciones.

En la actual negociación social se ha dado mucha importancia a la dualidad del mercado de trabajo. Al principio, el Gobierno y los sindicatos pretendieron que se estableciera una proporción de contratos temporales que podía mantener cada empresa. Pero ante la oposición de la patronal se ha optado al final por reducir las figuras posibles de los contratos temporales. Me temo que no sea suficiente y que mientras haya tanta diferencia en el coste del despido los empresarios sabrán encontrar subterfugios para hacer pasar por temporales lo que en realidad son trabajadores indefinidos. La minuciosidad con la que se describen las condiciones de cada forma de contrato servirá de poco si al final no pueden ser controladas.

Pienso que la única forma de reducir radicalmente la temporalidad limitándola a los contratos que en realidad lo son es eliminando el incentivo que tienen las empresas para hacer pasar un contrato por otro, es decir, estableciendo que la rescisión del contrato temporal conlleve proporcionalmente la misma indemnización que la del indefinido. Este razonamiento es el mismo que vienen planteando los empresarios y otros defensores del neoliberalismo económico cuando mantienen que para eliminar la dualidad del mercado laboral lo que hay que hacer es abaratar el despido. Como se ve, la inferencia es la misma solo que al revés. En lugar de pedir que la indemnización del contrato temporal se acerque a la del indefinido, plantean que sea la del indefinido la que se acerque a la del temporal.

No hay por qué dudar de que en esta negociación tanto la izquierda en el gobierno como los sindicatos hayan llegado hasta donde han podido, pero ello no conduce a echar las campanas al vuelo y sacar pecho en tono triunfalista cuando lo único que hay es un incumplimiento, si se quiere forzado, pero un incumplimiento, al fin y al cabo, de una promesa. Más bien ello debería llevar a reconocer humildemente las limitaciones que tenemos dentro de la Moneda Única.

Aun cuando en la Unión Europea se viven actualmente momentos más relajados que en 2010 o en 2012, parece bastante claro que Bruselas no hubiera visto con buenos ojos una reforma laboral sin la firma de la patronal y, desde luego, lo que nunca hubiese aceptado habría sido una derogación total de unas leyes que habían surgido de la presión tanto de la Comisión como del BCE. Pueden tolerar algunos cambios, dado que la situación económica es distinta de la de entonces. Pero nada más. De momento, no se precisa una devaluación interna como la que hubo que acometer en la crisis anterior. Digo de momento, porque ha hecho su aparición un fenómeno desconocido en los últimos años, la inflación, que, dejando por ahora aparte otros aspectos, conlleva el peligro de que nuestros precios crezcan más que los de los otros países europeos, tal como ocurrió del 2000 al 2008, y de que nos veamos inmersos así en los mismos problemas de entonces.

Según han manifestado varios organismos internacionales, entre los que se encuentra el BCE, esta inflación, que está originada por la elevación de los precios de la energía, va a ser transitoria y desaparecerá a corto plazo. Pero hay que preguntarse si en estas posturas no hay mucho de voluntarismo y de confundir los deseos con la realidad. Efectivamente, detrás de la subida actual de los precios se encuentra el incremento del coste de la energía, que en buena medida proviene, al menos en un país como España, del exterior.

Ello, por fuerza, tiene que representar un empobrecimiento de la economía nacional. Una pérdida que todos los agentes deberían asumir de manera proporcional. El problema radica cuando nadie quiere hacerlo y todos pretenden trasladárselo al vecino: los empresarios a los trabajadores y los trabajadores a los empresarios, y dentro del mundo empresarial cada sector a los otros que son sus proveedores o sus clientes. En fin, una guerra que lo más seguro es que devenga en una espiral de precios y salarios difícil de sofocar que no terminará hasta que alguno o algunos se den por vencidos.

Si la inflación se consolida, existen pocas dudas de que el BCE y el resto de los bancos centrales se van a ver en un aprieto. La política de expansión cuantitativa puede entrar en crisis y no habrá más remedio que disminuir las compras de activos e incluso adentrarse por la senda de la subida de tipos de interés. En Europa esta nueva situación va a crear dificultades a las economías nacionales; en especial, a aquellas que registran un elevado nivel de endeudamiento y que lo mantienen gracias a las compras que realiza el BCE.

España puede situarse a la cabeza de este club, teniendo en cuenta que confluyen varios vectores. Por una parte, ha incrementado sustancialmente el gasto público sin aumentar los ingresos en la misma cuantía, con lo que el endeudamiento del Estado ha llegado a niveles no conocidos y difícilmente sostenibles. Pero es que, además, esta política fiscal expansiva no ha servido para estimular la economía. Se cierra el año 2020 y nuestro país se encuentra a la cola, en cuanto a recuperación, de los 23 países principales de la OCDE, y por supuesto de la Eurozona, con un PIB que se sitúa en el 93,6% del de 2019, y según todos los analistas será el único país de la UE que no alcanzará el nivel previo a la pandemia hasta 2023. Por otra parte no hace falta recordar que todos los datos indican que la desigualdad se ha incrementado sustancialmente.

Sánchez, como siempre, niega la realidad y se encierra en un discurso triunfalista que copian todos sus ministros. El otro día, en un montaje escénico convocado con la intención de dar cuentas de sus dos primeros años de gobierno y en el que solo pudieron preguntar los medios afines, intentó escudarse en la vacunación y el empleo. De la vacunación poco le toca y del empleo, aparte de que los datos estén trucados al no computar a los trabajadores en ERTE ni a los autónomos con cese de actividad, hay que considerar que un incremento de la ocupación en mucha mayor cuantía que el PIB lo único que indica es que se reduce la productividad. Todo un éxito.

republica.com 6-1-2022



DIFERENCIA DEL DICIEMBRE DE 1988 AL DICIEMBRE DE 2021

CATALUÑA, SINDICATOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mié, mayo 11, 2022 19:55:03

Treinta y tres años y cuatro días separan el 14 de diciembre de 1988 del 18 de diciembre de 2021. Hay quien dice que la distancia es mucho mayor, la que hay entre unos sindicatos de clase y unos sindicatos verticales. En la primera fecha las organizaciones sindicales pararon el país y estuvieron a punto de forzar la dimisión del presidente del Gobierno; en la segunda, los sindicatos se manifestaron en Cataluña en contra de una sentencia de los tribunales y con la demanda de que la Generalitat la incumpla, es decir, que se sitúe en un estado de insumisión.
Aquel 14 de diciembre las organizaciones sindicales salieron a la calle y arrastraron a la mayoría de los ciudadanos con la finalidad, primero, de abortar una reforma laboral que abarataba y potenciaba el despido y multiplicaba las facilidades para realizar contratos temporales -condiciones, sin embargo, bastantes mejores que las que ahora rigen las relaciones laborales-; y segundo, de impedir una serie de modificaciones fiscales que reducían la progresividad, especialmente en el impuesto sobre la renta. Nada que ver, sin embargo, con las reformas que se adaptaron posteriormente y que han terminado por menoscabar aún más el sistema fiscal. No obstante, en aquel momento, a pesar de que luego la situación ha empeorado, la huelga general logró parar la ofensiva neoliberal.
El 18 de diciembre de este año los sindicatos en Cataluña se han manifestado, pero no han encabezado nada. Más bien han sido puras comparsas de una plataforma independentista, Som Escola, y de un golpista, Jordi Cuixart. Han participado en una protesta no precisamente en contra del Gobierno, ni del central ni del de la Generalitat; se manifestaron, por el contrario, en claro contubernio con este último. La finalidad no era pedir la reforma del mercado laboral ni exigir una fiscalidad más progresiva. No ha sido una protesta social. Las protestas sociales se terminaron en Cataluña hace muchos años. La última fue aquella en la que Artur Mas y algún otro consejero se vieron forzados a entrar en helicóptero al Parlament. Hoy en Cataluña todas las protestas son secesionistas y muchas de ellas, con reclamaciones a todas luces ilegales e inconstitucionales.
En esta ocasión, los sindicatos se han sumado a una protesta independentista, que persigue la desigualdad entre aquellos cuya lengua materna es el castellano y los que tienen como tal el catalán. Según los convocantes de la manifestación, la intención era preservar y proteger la cohesión social en Cataluña, y evitar la división en la escuela por razón de la lengua. Nada más falsario que este discurso, puesto que son los soberanistas los que dividen a los alumnos en dos clases, los que pueden estudiar en su lengua materna y los que no. Pero, como en todo nacionalismo, lo que se persigue es la supremacía de una parte sobre la otra: en este caso del catalán sobre el castellano.
Las sentencias no crean ninguna escisión sino, bien al contrario, pretenden establecer la igualdad que la inmersión lingüística rompe. No se trata, tal como pretenden hacernos creer los secesionistas, de que ese 25% que debe impartirse en lengua castellana se destine solo a aquellos alumnos cuyas familias lo reclaman, sino que se tiene que aplicar a todos los colegios, en todas las aulas y a todos los alumnos. El cambio en el sistema educativo que se deduce de la sentencia, por lo tanto, no divide a los escolares. Todos, sin distinción, recibirían la misma educación. La sentencia lo único que hace es mantener la igualdad de ambas lenguas exigida por la Constitución y que el modelo de inmersión lingüística ha destruido.
Paradójicamente, esa moralina que habla de la riqueza que proporciona la multiplicidad de lenguas no va con los soberanistas. Ellos se sienten más bien cercanos a la tradición judía que se desprende del relato bíblico de la Torre de Babel, en el que la multiplicidad de idiomas se considera un castigo y una maldición. Visión quizás lógica para un pueblo que se creía elegido por Dios y por tanto excepcional y superior al resto. Los soberanistas, si pudieran, suprimirían el castellano de Cataluña.
El drama del nacionalismo catalán es que en el fondo no es capaz de definirse a sí mismo, de establecer aquello que con suficiente consistencia hace a los catalanes diferentes del resto de españoles. Desde luego no es la raza, ni las características genéticas o biológicas. Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, con cierta sorna se lo espetaba a Quim Torra en el Parlament, recordándole que anatómicamente era muy españolazo, y que ambos eran muy parecidos. Que se mirase al espejo y que constatara que su figura tenía mucho más que ver con él que con los altos y rubios habitantes del norte de Europa.
Tampoco es posible afirmar que la diferencia se base en la estirpe o en la homogeneidad de ancestros. El INE elabora estadísticas acerca de los distintos apellidos y su frecuencia en cada una de las provincias españolas. Pues bien, los apellidos más frecuentes en Cataluña, y con mucha diferencia, son García, Martínez, López y Fernández. Resulta muy curioso escudriñar los datos de este organismo y descubrir en qué orden quedan en cada una de las cuatro provincias los apellidos que podríamos llamar “más catalanes”. Paradójicamente, se encuentran al final del ranking.
Lo anterior no debería sorprendernos, dados los intensos movimientos migratorios que se han producido, como en toda España, en Cataluña. Los catalanes, del mismo modo que el resto de españoles, son fruto del mestizaje. En los últimos ochenta años Cataluña, al igual que Madrid, ha sido objeto de una continua inmigración de casi todas las otras regiones de España como Extremadura, Andalucía, Castilla, Galicia, etc. En época reciente (y así parece que va a ser en el futuro) el flujo migratorio ha provenido de Latinoamérica, África e incluso de la Europa del Este. Es frecuente escuchar que son pocos los madrileños que han nacido en Madrid. Y muchos menos los que pueden jactarse de que sus padres sean naturales de la capital de España. Lo mismo se puede decir de Cataluña.
Tampoco parece que el criterio territorial pueda fundamentar con cierto rigor la existencia de una nación o de un pueblo diferente del resto de España. A la hora de predicar el derecho a decidir, ¿a quién hay que escoger, a los que han nacido en Cataluña o a los que residen actualmente en ella, aunque lleven tan solo unos cuantos días empadronados? Por otra parte, en qué criterio jurídico nos apoyamos para fijar los límites del territorio. ¿Aceptamos los de la Comunidad Autónoma tal como la definió la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con las demarcaciones que estableció el ordenamiento jurídico en 1833? Ambas normas escogieron una delimitación discrecional. Muy bien podrían haber establecido otra. ¿Por qué no escoger los países catalanes o el antiguo Reino de Aragón?, ¿y por qué no cada una de las provincias por separado?
Tal vez sea la lengua el único factor al que puedan aferrarse los secesionistas para definirse como conjunto distinto del resto de España y apoyar así sus pretensiones de independencia. Dentro de sus planteamientos, el idioma es lo que les proporciona ese carnet de pertenencia a un club diferente del de los otros españoles. Ello no significa que no agiten e intenten potenciar otros factores a los que llaman hechos diferenciales: folklore, usos, tradiciones. Pero eso no les diferencia de otras regiones. Todas tienen costumbres y hábitos propios, pero estos no pueden servir de apoyo para fantasías soberanistas.
La lengua se ha convertido para los secesionistas, por tanto, en un casus belli. Pretenden hacerla hegemónica en toda Cataluña. Para ello deben expulsar el castellano y minimizar el número de hispanohablantes. Hay quien se empeña en afirmar que el procés está acabado. No participo de esa creencia. Una cosa es que, en estos momentos, no puedan llevar a cabo sus bravuconadas, y otra, que no estén dispuestos a esperar una oportunidad mejor. Piensan que esta solo tendrá una probabilidad si conforman una mayoría muy cualificada, y que para ello la escuela y la extensión del catalán son medios esenciales. He ahí la razón por la que se movilizan con tanto empeño con el asunto del idioma, hasta el punto de llegar a la insumisión y a plantar cara ante los tribunales, postura que ahora no suele ser habitual después de ver las consecuencias penales que acarreó el golpe de Estado.
Lo que carece de toda justificación y resulta inexplicable es que los sindicatos se prestasen al papel de comparsa del soberanismo, a no ser que su propósito sea el de representar tan solo a una parte de la población de Cataluña. Insólito es también, aunque nos tiene acostumbrados a ello, que el Gobierno central se lave las manos y no intervenga, permitiendo que la ley y las sentencias no se apliquen en Cataluña. Pero todo es posible desde el mismo instante en que se creó el Gobierno Frankenstein.

republica.com 30-12-2021



DE ESTO Y DE AQUELLO

APUNTES POLÍTICOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mié, mayo 11, 2022 19:27:59

Con frecuencia aparecen en la prensa titulares que son manifiestamente falsos o que, siendo verdaderos, se interpretan de forma falaz. En ocasiones el sofisma se encuentra también en la forma de comentarlos en la radio o en la televisión; la mayoría de las veces sobre materias distintas, pero en todas motivadas por la misma finalidad. Cada uno pretende arrimar el ascua a su sardina. Tal vez no se encuentre en este artículo una temática que le dé unidad, ya que su finalidad es escoger de aquí y de allá, de esto y de aquello, hechos que o bien son incorrectos o bien se han  utilizado torticeramente.

La publicación de un informe de la OCDE sobre la fiscalidad puso de manifiesto que España es el país, de entre los 38 de la OCDE, en el que la presión fiscal más ha subido en el año 2020. Puede ser cierto, lo que ya no lo es la interpretación acerca de que ello implica que nuestro país ha sido el que más ha incrementado los impuestos. El secreto está en el denominador en lugar del nominador. España lidera en esta Organización el aumento de presión fiscal en 2020 porque nuestro PIB es el que se ha reducido más drásticamente entre todos los de los otros países, y no porque haya aumentado más la carga fiscal.

En el mismo informe se mantiene que la presión fiscal en nuestro país es inferior a la media de la OCDE, lo cual también es cierto, pero de ello no se puede deducir de ningún modo que sea muy elevada, como quieren dar a entender algunos comentaristas detractores de toda fiscalidad y a los que todo les sirve para argumentar el nivel intolerable de gravámenes que soportamos.

A la OCDE pertenecen países como Turquía, México, Corea del Sur, Chile, Colombia, Costa Rica, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, etc., cuya fiscalidad es muy reducida, por lo que no tiene nada de raro que también lo sea la media de esta Organización, tanto más cuanto que pertenecen a ella también EE. UU. y el Reino Unido, países que se caracterizan por su baja imposición, y que tienen una ponderación muy elevada. La mayoría de los miembros de la UE (incluso España que está a la cola de Europa y cuya diferencia con la Eurozona es de siete puntos) tendrán por tanto una presión fiscal superior a la media de la de los países de la OCDE. Las comparaciones hay que hacerlas con nuestros similares y no con países de características muy diferentes.

El Gobierno ha filtrado que piensa establecer peaje en las autopistas. Para justificarlo se afirma que parece lógico que los costes de su mantenimiento recaigan sobre aquellos ciudadanos que las utilizan y en la medida en que lo hacen. No parece un argumento muy adecuado para un gobierno que se denomina de izquierdas. Es más propio del neoliberalismo. El mismo argumento se podría aplicar a la sanidad, a la educación y en general a todos los servicios públicos, con lo que el Estado del bienestar desaparecería o por lo menos quedaría muy menoscabado.

Es la clásica alternativa, acerca de si la financiación se realiza mediante el precio o a través de los impuestos. La diferencia se encuentra en si mantenemos exclusivamente las leyes del mercado (precio) o si se corrigen con la función redistributiva del Estado (impuestos). Sería de esperar que la izquierda defendiese la financiación mediante tributos, mientras que la derecha se  inclinase por el precio. Pues bien, en España somos diferentes. Por eso el Gobierno, que se considera progresista, propone los peajes y la oposición pone el grito en cielo y critica la medida.

Andan tanto el Gobierno como el Partido Popular porfiando acerca de quién tiene que apuntarse el tanto de que el empleo crezca más que el PIB. El Ejecutivo, principalmente las ministras de Economía y la de Trabajo, lo achacan a su buena gestión. Dado que en la recuperación económica (evolución del PIB) España está a la cola de casi todos los países europeos, creen justificarse aferrándose a la marcha del empleo. El Partido Popular, a su vez, porque asevera que esa diferencia en el comportamiento de ambas variables se debe a la reforma laboral de Rajoy, que es la que el Gobierno actual está empleando.

Lo que ninguno de los dos dice, ya sea porque no son conscientes de ello o porque no les interesa, es que no existe mérito alguno en esa dispar tendencia. Es más, no tiene nada de positiva. El envés de esta discrepancia se encuentra en que la productividad, lejos de crecer, se reduce. El mismo número de trabajadores produce menos. Es posible que la causante sea, como afirma el PP, la reforma laboral anterior, pero de lo que no hay duda es de que la devaluación interior a la que se sometió a la economía española ha tenido mucho que ver, y que la pertenencia a la UE y especialmente a la moneda única han conformado nuestro sistema productivo y nuestro mercado laboral. Producimos aquello que nos permiten nuestros socios en un reparto realizado silenciosamente y de manera automática.

La productividad es una variable fundamental en la economía. Sin su incremento ni se van a poder subir los salarios ni los beneficios empresariales ni se puede mantener la economía del bienestar. El hecho de que el empleo crezca más que el PIB no es una buena noticia. Constituye un signo muy claro del déficit y de las lacras de nuestro sistema económico.

Desde las filas del neoliberalismo, bien sea político o mediático, con el fin de relativizar las cifras de creación de empleo y pinchar el globo que infla el Gobierno, se resalta que los puestos de trabajo generados son públicos, como si estos, por el hecho de ser tales, fuesen de peor calidad que los privados o no fuesen necesarios. Es difícil aceptar que los médicos y los sanitarios de los hospitales públicos tienen menos importancia que los de los centros privados. Tampoco parece muy lógico defender que contratar profesores en la enseñanza concertada o privada sea crear empleo y, sin embargo, incrementar la plantilla de la pública no.

Cuando el ciudadano comprueba que no puede dar de alta su pensión o apuntarse al paro por deficiencia de los servicios, en parte quizás, sí, por incompetencia de los ministros, pero también y principalmente por carencia de los funcionarios necesarios, es difícil que entienda eso de que el empleo público no es empleo. Y ¿por qué considerar de distinta manera a los trabajadores de las empresas privadas de seguridad que a los guardias civiles, a los policías nacionales o a los ertzainas?

La diferencia -y es la única que de verdad parece interesar a los detractores del sector público- se encuentra en su financiación, en un caso mediante precios; en el otro, a través de impuestos. Es la carga fiscal la que rechazan hasta el extremo de denigrar el empleo público y no considerarlo empleo. De ahí que sea frecuente escuchar en el mundo conservador esa frase de que son los empresarios los únicos que crean empleo. Como se ve, el sector público también lo crea, y no tiene por qué ser de peor calidad que el privado.

Es más, en muchas ocasiones el sector público se encuentra detrás también del empleo que crean los empresarios. Últimamente se produce la paradoja de que aquellos que más reniegan del sector público son los que demandan mayores y más numerosas ayudas para el sector empresarial. La pandemia ha puesto de manifiesto hasta qué punto el Estado juega un papel fundamental en el mantenimiento de la economía y en la sostenibilidad de las empresas y de los puestos de trabajo. Tal vez más de lo que sería conveniente, ya que se pueden estar apuntalando sin ningún sentido empresas zombis y un empleo ficticio, que en definitiva no es más que paro encubierto.

republica.com 23-12-2021



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