ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Creo que he citado ya dos veces en estas páginas a Thomas Piketty. Es un autor que encuentro interesante porque, se compartan o no sus juicios de valor, puede resultar de gran utilidad la extensa información que maneja y pone a disposición del público. Es una lástima que apenas cite a España y, en contraste con otros países, no se refiera a ella de forma específica y determinada. Por eso me parece tan relevante la excepción, las paginas (1.090-1.094) que  dedica en su última obra, “Capital e ideología”, a Europa, España y Cataluña, tanto más en cuanto que se acaba de celebrar la Diada.

Me van a permitir que esta semana haga simplemente de transmisor de sus opiniones, ya que coincido con ellas y las considero de interés para los lectores, principalmente para aquellos que se sienten de izquierdas, y que tal vez estén predispuestos a aceptar de mejor grado sus palabras que las mías, aunque sea simplemente por el hecho de no ser español. Comienza Piketty manifestando que de todas las encuestas se deduce el hecho de que el independentismo en Cataluña no es transversal. Los partidarios de la secesión se incrementan a medida que aumentan sus ingresos y su nivel cultural.

Según el autor, esta tendencia no tiene por qué aparecer como discordante con la que se presenta en la mayoría de los países europeos en los que la adhesión a la integración europea está en correlación positiva con el nivel de renta y son principalmente las clases modestas las que rechazan en mayor medida la Unión. Y añade Piketty que la razón de esta aparente contradicción es que las clases acomodadas que apoyan la independencia catalana no tienen ningún interés en abandonar Europa. Quieren que Cataluña permanezca en la UE, pero como Estado independiente, de manera que pueda seguir sacando partido de la integración comercial y financiera, conservando, sin embargo, sus propios ingresos fiscales.

No obstante, ya es hora de que a partir de aquí reproduzcamos literalmente las palabras de Piketty:

“No se trata de reducir por entero el nacionalismo catalán a una motivación fiscal. Los factores propiamente culturales y lingüísticos tienen su importancia, así como la memoria histórica del franquismo y lo brusco del poder centralizador madrileño. Pero la autonomía fiscal desempeña un papel central en el caso catalán. Sobre todo, tratándose de una región notablemente más rica que la media española. Es natural pensar que los contribuyentes más acomodados se sientan especialmente exasperados por la idea de que sus impuestos en parte se van a otras regiones. Al contrario, las categorías modestas y medias son por el contrario un poco más sensibles a las virtudes de la solidaridad fiscal y social.

Es importante destacar que, en el aspecto fiscal, España es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con estados federales mucho más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Un sistema de este tipo plantea muchos problemas, en el sentido de que daña la idea misma de solidaridad en el seno del país y termina por enfrentar a las regiones entre ellas, lo que resulta especialmente problemático tratándose de una herramienta como el impuesto sobre la renta que se supone debe reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, al margen de las identidades regionales o profesionales…

En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE. UU. Es el que garantiza, desde su creación en 1913, la progresividad fiscal y el que aplica los tipos impositivos más altos a los tramos superiores de la renta. Tal vez a los contribuyentes acomodados de California (estado que por sí solo está casi tan poblado como España y seis veces más que Cataluña) les habría gustado conservar para sí y para sus hijos la mitad del impuesto federal sobre las rentas más altas, pero nunca lo han conseguido (para ser sinceros nunca lo han intentado seriamente puesto que la sola idea habría sido interpretada como una declaración de guerra de tipo secesionista)

En la República Federal de Alemania, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: los estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de votar tipos impositivos adicionales ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria, independientemente de lo que piensen los contribuyentes bávaros. La lógica de los tipos impositivos adicionales a nivel regional o local no es perniciosa en si misma siempre que sea mensurada. Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España hay ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos.  

Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión calamitosa de la crisis de la zona del euro, sobre todo en perjuicio de España, desde hace décadas, la Unión Europea promueve un modelo de desarrollo basado en la idea de que es posible tenerlo todo: la integración en un gran mercado europeo y mundial, todo sin obligaciones de solidaridad y de financiación de los bienes públicos. En estas condiciones, ¿por qué no probar hacer de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo? De hecho, para muchos independentistas catalanes el proyecto es este, constituyéndose en estado independiente podrán conservar la totalidad ingresos generados en el territorio para desarrollar Cataluña y, si es necesario, reducir los impuestos a los actores económicos que gozan de mayor movilidad para así atraer inversiones a la región-estado (lo que resultaría tanto más fácil cuanto que se habría desembarazado de la solidaridad con el resto de España).

No hay ninguna duda que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal europeo, como es el caso de Estados unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones a nivel federal. Si la parte esencial de los impuestos por las rentas altas catalanas alimentara el presupuesto federal como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico. Para huir de la solidaridad fiscal, habría hecho falta huir de Europa con el riesgo de ser excluido del gran mercado europeo, lo que tendría un coste redhibitorio a ojos de muchos catalanes independentistas.

No digo que el movimiento nacionalista e independentista desapareciera inmediatamente en un sistema así ni que debería desaparecer. Pero se debilitaría mucho y, sobre todo, estaría centrado en las cuestiones culturales, lingüísticas y escolares, que son importantes y complejas, en lugar de centrarse en las cuestiones fiscales y en el enredo de cuentas entre regiones. La crisis catalana, tal como está estructurada, se nos presenta como el síntoma de una Europa que descansa sobre una competitividad generalizada entre territorios y sobre una ausencia absoluta de solidaridad fiscal, que siempre contribuye a acrecentar la lógica del “cada uno por su cuenta”. Constituye otro caso más de la estrecha relación entre el sistema político y las desigualdades entre las fronteras el régimen de propiedad.”  

republica.com 18-9-2020

Calviño miente y lo sabe. La funcionaria aplicada de Bruselas se ha convertido en la acólita obsequiosa de Sánchez, deseosa de proveer de argumentos a su señorito para la representación y el postureo. Así, como el que no quiere la cosa, ha insinuado que ya ha llegado la recuperación económica (recuerda a los “brotes verdes” de Zapatero).  Se basa en que según pronósticos la economía crecerá en el tercer trimestre un 10%. Olvidó señalar que se refería a la tasa intertrimestral de crecimiento del PIB, cifra que en esta crisis no significa absolutamente nada.

Nunca me han gustado las tasas intertrimestrales, especialmente  cuando se refieren a magnitudes estacionales como el PIB. Ocultan más que lo que enseñan. Pueden inducir a confusión. Y este es el caso en el que nos encontramos ahora. La crisis económica actual poco tiene que ver con las típicas de la economía. Es una crisis inducida por la pandemia y por las medidas obligatorias que, a consecuencia de ella, han impuesto los gobiernos sobre la actividad económica. Es una crisis económica obligada. Como resultado de ello, en el segundo trimestre del año, todos los países han tenido tasas negativas del PIB como jamás habían conocido.

Entre abril y junio de este 2020 el PIB de la Eurozona sufre una caída del 12,1%, tras haber experimentado ya un descenso del 3,6% en el primer trimestre. En la Unión Europea, estos decrementos fueron del 11,9 (%) y del 3,2%, respectivamente. Por su parte, el PIB de Francia se redujo en esas mismas fechas el 13,8 y el 5,9%; en Italia el 12,4 y el 5,4%; en Bélgica se hundió el 12,2 y el 3,5%; en Alemania el 12,2 y el 3,5%; en Portugal, 14, y 3,8%.  Y a la cabeza de todos, España con un descenso en el segundo trimestre del PIB del 18,5%., tanto más grave en cuanto que en el trimestre anterior (como consecuencia de los últimos 15 días de marzo, sometido el país al estado de alarma y al confinamiento) ya se había reducido el 5,2%. Es decir, que desde el 31 de diciembre de 2019 hasta junio de 2020 el PIB español perdió el 23% de su valor o, lo que es igual, quedó reducido a sus tres cuartas partes. Este mismo hecho aparece desde otro ángulo en la tasa interanual de crecimiento del segundo trimestre, un descenso del 22%.

¿Alguien puede suponer que después de haber tenido por decreto gran parte de la economía clausurada durante cuatro meses y de haber reducido el PIB cerca del 25%, cuando por fin se permite -aunque sea renqueando- la apertura de la actividad económica el PIB iba a continuar descendiendo o incluso habría de permanecer estancado? Sería ciertamente incomprensible. Es evidente que el fin del confinamiento representa para todos los países -y más que ninguno para España- un límite en el desplome de la economía, una sima de una magnitud tal que a partir de ella solo es posible la subida, a no ser que la pandemia nos retornarse de nuevo al precipicio del confinamiento, lo que más que desastre supondría la aniquilación.

Sí, solo cabe la subida. Por fuerza, la tasa de crecimiento de septiembre sobre junio (intertrimestral) de todos los países tiene que ser positiva, de mayor o menor valor, pero positiva. España debería encontrarse en la zona alta, puesto que su desplome hasta junio ha sido considerablemente mayor. Llamar a eso recuperación económica es mala fe o ganas de engañar al personal, y ello tras la careta de un prestigio profesional que la prensa le ha otorgado quizás por la única razón de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey.

Calviño sabe muy bien que para conocer dónde se sitúa la economía al final de septiembre (tercer trimestre) deberemos considerar la tasa interanual, esto es, habremos de comparar con el mismo periodo del año anterior y no con el trimestre precedente, cuando nos encontrábamos en el infierno. Comprobaremos entonces que la tasa será negativa, un 10, un 13, un 15 %. Veremos. Y veremos entonces lo que falta para la verdadera recuperación.

Aunque ni siquiera cuando el PIB se sitúe al nivel de 2019 podremos hablar de una recuperación auténtica. Esta crisis, al igual que el virus que la causa, va a dejar lacras muy severas. En primer lugar, habremos perdido varios años de crecimiento. En segundo lugar, el stock de nuestro endeudamiento público sobre el PIB habrá crecido un 20 o un 25%. Dicho de otro modo, cuando por fin hayamos logrado igualar la renta nacional al nivel de 2019 descubriremos que el 20% de ella no nos pertenece, sino que tendremos que devolverlo. En tercer lugar, me temo que el déficit exterior que se había logrado equilibrar con tanto coste social vuelva a desbaratarse. Y por último y en cuarto lugar, tendremos que ver con qué nivel de desempleo salimos de la crisis.

A finales de julio la tasa de paro era del 15,8%, más del doble de la tasa media de la Unión Europea y de la Eurozona. En la primera mitad del año, según Eurostat, España destruyó más del 8% del empleo, situándose a la cabeza de Europa y muy lejos de su media (3%) y, de acuerdo con los datos del INE, desaparecieron un millón trescientos cincuenta mil puestos de trabajo. Todo ello sin tener en cuenta el número de trabajadores que aun se encuentran en los ERTE, que si bien puede no ser paro encubierto, sí en buena medida paro potencial. Hay que contar además con la espada de Damocles que mantenernos sobre nuestras cabezas, ya que la crisis sanitaria aún no ha pasado; estamos en una nueva oleada y liderando Europa en el número de contagios. Está por ver la cota máxima de desempleo que alcanzaremos y cuándo va a comenzar el descenso y a qué ritmo. Hablar en estas situaciones de recuperación económica o de brotes verdes tiene que sonar a la mayoría de los españoles a puro sarcasmo.

Este Gobierno lo cifra todo en la propaganda y en la representación y para ello vale cualquier artimaña, prescindir de la exactitud y el rigor, tratar e interpretar los datos torticeramente. Nos van a hablar de incorporación mensual a la Seguridad Social, de tasas sobre el trimestre anterior o de variaciones debidamente escogidas. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Comparemos las cifras con las de diciembre de 2019 y saquemos conclusiones.

El presidente del Ejecutivo ha asegurado, y se ha quedado tan ancho, que tiene un plan para que el PIB crezca a largo plazo un 2%, por supuesto sin dar mayor concreción y sin ofrecer dato alguno que justifique tal afirmación. No hay nada que respalde esa promesa, ni siquiera que la haga mínimamente razonable. Pero en Sánchez todo es igual, solo humo. Pide adhesión incondicional a su palabra, como si se tratase de una secta, sin sentirse obligado a fundamentar o explicar nada. Sus planteamientos políticos desde el principio se han basado siempre en la fe, no en los razonamientos. De ahí la enorme responsabilidad de aquellos que son tenidos por técnicos y que a cambio de un ministerio u otra gabela se prestan a cubrirle engañando al personal, tratando de dar apariencia lógica a lo que no es más que puro voluntarismo e intento de embaucamiento.

republica.com 11- 9-2020

Se suele confundir Gobierno con Administración, y así en muchas ocasiones se echan sobre la Administración las culpas que solo son de los gobiernos. Sus ineptitudes a la hora de elaborar leyes, devienen en fracasos cuya responsabilidad se intenta imputar a los funcionarios. Bien sé que la elaboración de las leyes pertenece al Parlamento, pero los Ejecutivos son los que preparan y aprueban los proyectos y cuando, como en estos momentos, solo se legisla por decreto-ley, es el Gobierno y solo el Gobierno el responsable. Esta forma de legislar, la mayoría de las veces de dudosa constitucionalidad, tiene el grave inconveniente de su tramitación exprés, sin que en su paso por las correspondientes comisiones parlamentarias se pueda ir limando el proyecto y adecuándolo quizás mucho más a la realidad.

Muchas leyes (sobre todo tratándose de decretos-leyes) son piezas de laboratorio, o de gabinete, fruto de ocurrencias políticas sin conexión con la realidad y con desconocimiento absoluto de la Administración que tiene que aplicarlas. Después devienen los colapsos o, lo que es peor, una gestión desastrosa, con resultados contrarios a los que, al menos en teoría, se buscaban. Parece que por estos derroteros ha transitado el ingreso mínimo vital (IMV) fruto mucho más del interés político de apuntarse un tanto que de solucionar los verdaderos problemas existentes.

En tiempos de desolación no hacer mudanza, decía San Ignacio (bien es verdad que en un sentido distinto), pero este Gobierno se ha empeñado en hacer mudanzas a su mayor gloria y al de un ministro arribista en una época en la que España pasa por una enorme tribulación. En lugar de ir dando soluciones puntuales, simples y rápidas a las necesidades sociales que se van a presentar de forma extraordinaria como consecuencia de la pandemia, ha pretendido elaborar una figura de una inmensa complejidad en un momento en el que la Administración, al igual que gran parte de la actividad económica, se encuentra a medio gas y muchos de sus organismos con una sobrecarga de trabajo derivada de los problemas creados por la crisis económica y sanitaria.

A lo largo de todo el preámbulo del decreto-ley por el que se aprueba el IMV se mezclan continuamente la doble intención de dar respuesta a las necesidades surgidas del Covid junto con la de constituir una prestación social de carácter permanente que combata la marginación y la pobreza. Es esta doble característica las que condenan por partida doble el proyecto. La urgencia impuesta por el Covid ha hecho que la elaboración de esta norma haya sido precipitada y su diseño tenga muchas lagunas, remisiones constantes a un desarrollo reglamentario, que no se sabe cuándo llegará. Pero la complejidad de un instrumento que tiene vocación de permanencia (tanto más si su diseño se elabora desde un despacho y con desconocimiento de la realidad) hace imposible la aplicación rápida e imperiosa que se precisa en los momentos actuales. No se ha conseguido ni una cosa ni otra. Solo hay que constatar el bloqueo de la Administración y los problemas económicos de los que deberían recibirlo.

Se ha construido desde la pura teoría, con total ignorancia de la Administración que tenía que aplicarlo y del colectivo al que va dirigido. Da la impresión de que en el Gobierno hay más de un astronauta. Basta leer el decreto-ley, o descargarse el impreso de solicitud, para percatarse de la complejidad de la figura que se ha diseñado y lo alejada que está de la capacidad del colectivo al que teóricamente va dirigido, las personas en riesgo de exclusión.

La nueva prestación se configura como una especie de impuesto negativo sobre la renta, figura que desde que Friedman la propuso (como se ve tiene un origen muy progresista) ha hecho correr ríos de tinta y llenado muchos folios en las universidades, en los institutos de estudios, en las revistas especializadas e incluso en algún periódico; pero, mas allá de los gabinetes, ningún país se ha atrevido a aplicarla debido a su complejidad y difícil control.

Aun cuando no se defina como tal, su diseño es el de un impuesto negativo sobre la renta, en tanto en cuanto la ayuda viene fijada  por la diferencia entre la renta garantizada por la ley y los ingresos obtenidos por el beneficiario o beneficiarios en el año anterior. Hay que suponer que, si se aplicase correctamente, habría una gran disparidad en el importe de las ayudas, no solo por la introducción de la unidad de convivencia -de la que hablaremos más adelante-, sino porque va a depender de la renta que se haya obtenido en el ejercicio precedente.

De aquí la obligación que se impone a los perceptores de la prestación de que tengan que presentar anualmente la declaración del impuesto sobre la renta. Carga burocrática para este colectivo que se supone que en su gran mayoría no está acostumbrado a ello; pero carga adicional también para la Agencia Tributaria. Se da un paso atrás en lo que ha sido la política, al menos teórica, de esta institución, eximiendo de tal obligación al mayor número posible de contribuyentes, y liberándose a sí misma de un volumen de trabajo que podría apartarla de otras labores más importantes y rentables desde el punto de vista fiscal.

En el momento actual es muy amplio el abanico de los contribuyentes que están exentos de declarar y no es arriesgado suponer que la mayoría de los presuntos beneficiarios del IMV hayan estado hasta ahora libres de esa obligación que se les impondrá de cara al futuro. Serán muchos cientos de miles de declaraciones, si no millones, a añadir a las que ya recibe las que se vea obligada a procesar la Agencia Tributaria. Pero la sobrecarga de trabajo para este organismo no se termina aquí, puesto que el decreto-ley remite a la Agencia Tributaria la tarea de contrastar la información en materia económica que hayan facilitado los beneficiarios. Es de suponer que todo ello irá en detrimento de la finalidad principal de esta institución que es perseguir el fraude en material fiscal, en el que están en juego cantidades mucho más importantes que las que se puedan derivar de las pequeñas trampas de los beneficiarios de una ayuda orientada a solucionar la pobreza.

Parece ser una constante en el comportamiento del ministro independiente. Cuando estuvo de presidente de la AIREF, un pequeño organismo creado para dar respuesta a los caprichos de Bruselas, y cuya misión radica únicamente en constatar si las previsiones del Gobierno son creíbles y revisar más tarde si estas se han cumplido, quiso emular a la Intervención General, eso sí, utilizando toda su información y medios. Ahora quiere construir en el Instituto de la Seguridad Social su propia Agencia Tributaria, aunque poniendo a su disposición la del Ministerio de Hacienda.

Como si no fuese suficiente complicación la configuración de esta figura como un impuesto negativo sobre la renta, se mete en danza el patrimonio de los beneficiarios, añadiendo no solo más complejidad, sino creando ciertas contradicciones. Se deja exenta la vivienda propia, dando ventaja a los que la tienen sobre los que viven de alquiler, y genera múltiples situaciones injustas como la de aquellos que, estando alquilados, mantienen una participación en otra casa que a su vez está alquilada.

La casuística es interminable y se incrementa de forma sustancial al introducir el concepto de unidad de convivientes, mucho más amplio que el de familia, y por lo tanto con más supuestos. Esperemos que a nadie le dé por recurrir al Tribunal Constitucional y a este fallar en la línea que lo hizo en 1989, acerca de que a un contribuyente por el hecho de estar casado o inscrito en una familia no puede dársele un tratamiento peor que si estuviese soltero.

La falta de aptitud de esta prestación para dar respuesta a los graves problemas sociales que se van a presentar con motivo de la epidemia y de la crisis económica aparece de modo evidente en el hecho de su referencia a la renta del beneficiario o beneficiarios del ejercicio anterior. Porque las mayores necesidades sin duda surgirán en aquellos que han visto cambiar radicalmente su situación económica de un año a otro. Es cierto que en el decreto-ley se plantea, como no podía ser de otra manera, la cuestión y se admite la excepción de que puedan considerarse los ingresos del año actual, pero con tal ambigüedad y falta de concreción acerca de su comprobación que va a dar lugar a múltiples interpretaciones. Por otra parte, parece que el legislador no se resiste a remitir a ciertos límites en la renta y en el patrimonio del ejercicio anterior, constituyendo seguramente una condición insalvable para muchos.

Buena prueba de esta inoperancia es el hecho de que gobiernos y sindicatos estén hablando de prorrogar el seguro de desempleo a aquellos que les vence en el presente ejercicio. Quizas por ahí se debería haber empezado.

Lo que parece que tiene aún menos lógica es que las distintas ayudas que las Comunidades conceden con la misma finalidad – llámense como se llamen- no se consideren como ingresos del beneficiario, a la hora de restarlas de la renta garantizada y sí se tenga en cuenta cualquier otro ingreso; bueno, excepto los derivados de violencia de género y de trata de seres humanos, que están continuamente exceptuados de los reiterados condicionantes que la norma va estableciendo a lo largo de todo su contenido texto. La compatibilidad con las ayudas autonómicas deja la situación en el mismo caos de antes y perpetúa la desigualdad territorial, que es precisamente lo que habían criticado los organismos internacionales, aunque sea únicamente porque dificulta la movilidad geográfica de la mano de obra. Está claro que este Gobierno no puede librarse del control de los nacionalismos y regionalismos, ya que los necesita para gobernar.

El punto número 4 del artículo 8 del decreto-ley estipula que con la finalidad de que la percepción del IMV no desincentive la participación en el mercado laboral se hace compatible con las rentas de trabajo o con la actividad económica por cuenta propia. Pero lo cierto es que la compatibilidad es muy relativa, por no decir inexistente, puesto que los recursos obtenidos no figuran entre los exentos en el punto e) del artículo 18, es decir, que se deducirán como un ingreso más de la renta garantizada. Es difícil creer que alguien esté dispuesto a trabajar cuando su remuneración va a ser descontada más tarde de la percepción que recibe como prestación social. A no ser (y eso es lo que va a ocurrir) que en la mayoría de los casos el trabajo se haga en negro, con lo que la economía sumergida puede incrementarse de forma sustancial. La retahíla de sanciones estipuladas tanto para los beneficiarios como para los colaboradores en el incumplimiento es un brindis al sol y suscita cierta hilaridad. La compatibilidad establecida en el art. 8 anterior choca además con el requisito de estar inscrito como demandante de empleo fijado en el apartado d) del punto 1 del art.7.

El señor Escrivá ha vendido que iba a conceder de oficio el IMV a 75.000 familias. En realidad, lo único que ha hecho es cambiar la percepción que ya recibían por hijo o menor a cargo, que desaparece para este año y se engloba en la nueva prestación. No sé si cobrarán más o menos, pero lo cierto es que se les va a complicar la situación burocráticamente porque la operación no termina de entenderse, ya que, después de decir que es una prestación extinguida, concede la opción de que aquellos que consideren que no tienen derecho al IMV puedan el 31 de diciembre solicitar de nuevo la prestación anterior.

El señor ministro ha establecido en el decreto que sea la AIREF la que evalúe anualmente los resultados de la nueva prestación. Sabe bien que esta tarea excede sus funciones y -lo que es más importante- de su capacidad y de los medios con los que cuenta. ¿No será acaso que creyendo que mantiene aún una fuerte ascendencia sobre esta institución espera un cheque en blanco?

Lo que el ministro sí hace es crear burocracia. Constituye una comisión de seguimiento formada por no se sabe cuántos altos cargos y un consejo consultivo con representaciones de todo tipo de instituciones. Uno se pregunta si para cada prestación social que concede el Estado o cada impuesto que gestiona van a necesitarse tantos órganos pluripersonales. Más importante sería que contrastase el numero de funcionarios del que dispone y si van a ser capaces de gestionar una prestación tan compleja como la que se ha diseñado. Bien es verdad que en un brote de megalomanía ha logrado que en el decreto-ley se establezca que todas las otras administraciones, aun las locales y autonómicas, estén a su servicio. Pero una cosa son las determinaciones legales y otra muy distinta su cumplimiento.

Según se van conociendo, los primeros resultados no son muy halagüeños, y confirman la incapacidad de la Administración para dar respuesta con esta prestación a las urgencias que se están presentando. Tan es así que se han visto obligados a contratar a una empresa pública que se dedica a la construcción y a la ingeniería, que a su vez ha tenido que reclutar personal en paro sin preparación administrativa alguna. El desastre parece que está siendo absoluto. Por una parte, los recursos no llegan a los necesitados, pero, por otra y no es menos grave, es muy previsible que cuando lleguen, los fallos en la gestión y en el control hagan que no estén los que son y no sean los que están, es decir, que al final los beneficiarios no sean los más necesitados, sino los más listillos y aquellos con más necesidades se queden fuera y se produzcan numerosas y profundas injusticias. Por poco que se conozca la técnica fiscal y presupuestaria se sabe que cuantos más requisitos incidan en una desgravación fiscal o en una prestación social, más difícil será su control y mayores facilidades se darán al fraude y a la picaresca.

Hay que preguntarse si no hubiese sido más sensato, al menos en los momentos actuales, haber desarrollado el seguro de desempleo, extendiéndolo en el tiempo y ampliándolo a los colectivos de trabajadores carentes de esta cobertura, y potenciar y armonizar las ayudas autonómicas. Pienso que los resultados hubiesen sido mejores y más inmediatos, bien es verdad que a lo mejor se hubiesen molestado las Comunidades Autónomas, especialmente las fuerzas regionalistas y nacionalistas y sobre todo no habría servido para el postureo del gobierno, y de algún ministro.

republica.com  4-9.2020

Todo el mundo se hace la siguiente pregunta: ¿por qué el impacto de la pandemia ha sido mucho mayor en España que en el resto de Europa no solo en la primera oleada, sino también en los momentos actuales? Se me ocurre que algo tiene que ver nuestra estructura política, nuestro Estado de las Autonomías y nuestra tendencia al cantonalismo y a los reinos de Taifas.

El 12 de diciembre de 2018 escribía yo un artículo en este mismo diario titulado «El patriotismo de las cosas de comer», en el que comentaba un informe de la OCDE publicado aproximadamente un mes antes. Este organismo internacional consideraba que la división autonómica de nuestro país era un grave obstáculo para el crecimiento económico y la igualdad. No repetiré, desde luego, aquí las aseveraciones de la OCDE, y mucho menos mis comentarios. Solo resaltaré que, si esto es así en condiciones normales, cuánto más lo es en una situación crítica como la actual.

El virus claramente no sabe de fronteras ni de Autonomías. El Gobierno, en un principio, pareció entenderlo y con toda lógica decretó el estado de alarma, incluso empleando este mismo discurso acerca de que la epidemia no atendía a límites ni a territorios. La medida parecía tan razonable que no tuvo apenas contestación, como no fuese la de los nacionalistas, dispuestos siempre a sobreponer su independencia por encima de cualquier otra cosa.

El problema surge cuando se descubre, por una parte, que el rey está desnudo, es decir, que después de cuarenta años de desmontar el Estado y someterlo a un proceso de enorme intensidad de centrifugado hacia la periferia se encuentra incapaz de cumplir determinadas funciones (por ejemplo, los ministerios de Sanidad y de Educación, inexistentes en el orden práctico). Y, por otra parte, la existencia de un Ejecutivo creado de forma precaria y contra natura, hecho de retales y de un equilibrio inestable y que, como reiteradamente he escrito, está hecho para la representación y el pastoreo, pero se muestra incapaz de gobernar y gestionar.

El Gobierno, tras una etapa en la que confunde el mando único con un poder despótico, que considera que puede hacer lo que quiera sin pactar ni dialogar con nadie, y después de ser consciente de los múltiples problemas generados y negarse a aplicar un plan B, se inhibe y deja todo en manos de las Autonomías, con lo que se instala el caos más absoluto. Se crea un mosaico de medidas dispares y distintas según cada Comunidad y, lo que es peor, al albur del criterio de los diferentes jueces que tienen que ratificarlas. Las consecuencias las estamos viendo y las veremos con mayor claridad tras la apertura de las aulas.

Esa anarquía territorial que se ha apoderado de la estructura política y que recuerda los acontecimientos por los que se hundió la I República no se limita al ámbito de las Autonomías, sino que alcanza a las corporaciones locales. Últimamente se ha producido la rebelión de los Ayuntamientos contra una de las pocas normas con sentido que este Gobierno ha anunciado. El Ejecutivo pretende utilizar el superávit de los entes locales para las múltiples y enormes necesidades surgidas y que van a aflorar con la crisis sanitaria y económica. Es un superávit, además, que los Ayuntamientos no podían gastar, estaban bloqueados por las leyes que el PP se vio obligado a tomar como consecuencia de la anterior crisis y en aras a cumplir la disciplina presupuestaria impuesta por Bruselas.

No se precisa recordar que la situación de las finanzas públicas estatales es crítica y lo va a ser aún más. Los últimos datos del Banco de España no dejan lugar a dudas. El stock hasta junio de la deuda pública alcanza ya el 103% del PIB, aunque en realidad es mayor, ya que esta cifra está calculada sobre el PIB de 2019. Con el previsto para el 2020 podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos demasiado que el porcentaje alcanzaría el 113%. ¿Cuál va a ser el que alcance a final del año?

Todas estas cargas van a recaer principalmente sobre el Estado. Así mismo sobre las Comunidades Autónomas, pero los gastos adicionales de estas repercutirán también sobre la Administración Central, ya que el Estado va a transferir a las Autonomías 16.000 millones de euros de forma extraordinaria. Será también la Administración Central la que sufrirá una sustancial reducción en su recaudación al ser los impuestos que gestiona los que están unidos a la actividad económica. Caso muy distinto es el de los Ayuntamientos, cuyos recursos apenas se verán afectados. Es de prever que el IBI escasamente experimente modificación. Un impuesto que, por cierto, se ha multiplicado e incrementado como ninguna otra figura tributaria en los diez o veinte últimos años.

Ante la crisis que estamos sufriendo y las dificultades que se avecinan, la postura de los Ayuntamientos es mezquina y raquítica, pueblerina, con anteojeras. No dudo de que todos ellos tendrán muchas necesidades. Las necesidades siempre son infinitas, pero no es el momento ni de los polideportivos, ni de las piscinas, ni de los centros culturales, ni de las aceras etc. Las necesidades a cubrir van a ser mucho más apremiantes y los recursos, escasos. Tampoco es el momento de que las corporaciones locales asuman funciones que no les corresponden. Los compartimentos estancos no tienen lugar en una crisis como esta. Cada gasto tiene su coste de oportunidad y la elección de los que haya que acometer debe hacerse con carácter general y sin capillitas.

Más grave aún es la postura del PP al colocarse al frente de la manifestación. Da grima escuchar a algunos de sus portavoces bramar que el Estado quiere expoliar el ahorro de los vecinos. Se llega a la conclusión de que los partidos políticos, aunque sean nacionales, no se rigen por la racionalidad sino por la demagogia y el populismo. Habrá que preguntarse quién va a pagar el seguro de desempleo de esos vecinos despojados, y los gastos extraordinarios en sanidad y en educación, incluso ese ingreso mínimo vital si alguna vez se pone en funcionamiento; quién va a costear las pensiones de sus mayores; quién sufragará los ERTE, y los avales para salvar el mayor número posible de las empresas de esos Ayuntamientos.

El sectarismo del PP en este caso aparece de forma más elocuente al recordar que criticó con dureza la medida en sentido inverso que Zapatero adoptó en la crisis del 2008, el llamado plan E, consistente en rociar de dinero a los entes locales creyendo que de esa manera se iba a producir la reactivación. Todo el mundo ha reconocido ya que fue una de sus mayores ocurrencias, y una forma ingeniosa de desperdiciar recursos, recursos que habrían de ser muy necesarios más tarde. Entonces el PP tenía razón, pero por eso se entiende menos la postura que ha adoptado en este momento.

Ante la crisis actual todo capillismo es suicida. La historia nos enseña que en las confrontaciones bélicas el conjunto de los bienes públicos y privados se pone al servicio de la victoria. No es preciso exagerar. No estamos en una guerra, pero sí en una catástrofe sanitaria y probablemente económica. ¿Qué más lógico que el hecho de que todos los recursos públicos se aúnen bajo una dirección única para solucionar las necesidades más apremiantes? Pero aquí nos encontramos con el problema de siempre, este Gobierno no está hecho para gobernar, no puede ni sabe hacerlo. Quizá por su propia incompetencia, pero también y principalmente porque carece de los apoyos políticos necesarios.

Esta ley no saldrá, y si se aprueba será con tantas concesiones que devendrá inútil. Por supuesto no contará con la aquiescencia de vascos y catalanes, a no ser que se les conceda que sean las respectivas Autonomías las que se hagan cargo de los excedentes de sus Ayuntamientos, lo que sería reconocer ya que en España hay tres Estados. Pero es que el Ejecutivo ni siquiera contará con el apoyo de parte del Gobierno. Colau (no olvidemos que es parte del Podemos) ha salido ya vociferando y acusando al Estado de expoliador.

Para gobernar no basta con una moción de censura o con ganar la investidura. Se precisa capacidad y poder político para gestionar el día a día, y eso es lo que le falta a este gobierno Frankenstein. Puede echar las culpas a los Ayuntamientos, a las Comunidades o a la oposición. No digo yo que no tengan responsabilidades, pero la causa principal y el origen de todo lo que sucede se encuentra en un gobierno que nació tarado y que cuanto más prepotente se muestra en la representación y en el postureo, más débil e infecundo es en la gestión y en la gobernanza.

republica.com 28-8-2020

No es por casualidad que en los múltiples rifirrafes acaecidos entre los países del Norte y los del Sur, previos a los acuerdos del Consejo Europeo, el halcón de los primeros (me niego a llamarles “frugales”), el líder holandés, se refirió a las reformas que debería acometer España, citando expresamente la laboral y la de las pensiones. Son palabras que los optimistas y pro europeos no deberían echar en saco roto. En los ajustes practicados durante los mal llamados rescates de la crisis anterior el tema de las pensiones ha estado siempre presente.

Algo, por supuesto, tiene que ver la política neoliberal que impera en Europa, el poder que en ella mantienen los lobbies financieros, y el interés que estos tienen en expandir los fondos privados de pensiones. La ofensiva internacional cuenta, pero hay que reconocer que dentro de España llevamos tiempo (al menos desde el Pacto de Toledo) poniendo las pensiones a los pies de los caballos.

Hace unos días el Tribunal de Cuentas ha publicado el Informe de Fiscalización de la Seguridad Social (SS) del año 2018. Este organismo, siempre tan diligente y tan rápido. Después alguno dirá que nadie hace caso a sus informes. Con todo, lo peor es el contenido. Se limita a repetir el tópico de que la SS está en quiebra y de que el problema se agravará en los próximos años. Realiza un análisis del balance y viene a concluir su desequilibrio patrimonial. Por otra parte, es algo que todo el mundo sabe y que los medios de comunicación repiten a diario.

Bien es verdad que este documento les ha venido muy bien a muchos periodistas. Han titulado “Demoledor informe del Tribunal de Cuentas”, como si este organismo hubiese realizado un gran hallazgo, cuando solo ha descubierto el Mediterráneo, porque el desequilibrio patrimonial consiste en las deudas que la SS mantiene con el Estado. Todo se reduce a un juego contable, ya que el Estado y la SS son la misma cosa. El pasivo de la SS se corresponde con un activo del Estado y ambos desaparecen del balance cuando se consolidan. Ni que decir tiene que la SS nunca podrá pagar esos préstamos y el Estado sabe que jamás podrá cobrarlos.

Habrá que preguntarse entonces por qué los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, se han empeñado en canalizar los recursos de un presupuesto a otro como préstamos en lugar de como aportaciones, que es además lo que se encuentra estipulado en la ley (la SS se financia por cotizaciones sociales y por aportaciones del Estado). Posiblemente la intención sea la de acogotar a la SS y justificar así las sucesivas reformas de las pensiones, cada una de ellas más restrictiva que la anterior.

Lo curioso es que este Gobierno, que se llama progresista y que se presentó con la promesa de derogar la ley sobre las pensiones del anterior Ejecutivo, continúe transfiriendo los recursos a la SS como préstamos y no como aportaciones. Es más, no ha condonado la deuda -como sería lógico-, con lo que se habría terminado la amenaza de quiebra de la SS. Da la sensación de que también pretende que las pensiones continúen estando a los pies de los caballos. Tampoco parece que sea un asunto que importe demasiado a Podemos. Ellos a lo suyo, a continuar embarrados con la Monarquía, que les debe de parecer el problema número uno de la sociedad española.

Mientras se mantenga la ficción de que la SS y el Estado son dos realidades independientes y de que la primera debe financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales habrá una espada de Damocles gravitando sobre las pensiones. Siempre habrá quien haga estudios de rigor muy dudosos como el que acaba de publicar el Banco de España, acerca de que los pensionistas reciben más de lo que han cotizado. Hace tiempo ya que Solchaga afirmó algo parecido. Al menos hay que agradecer al ex ministro que no tratase de revestir una posición ideológica de informe técnico.

En cualquier caso, no sé si la afirmación tiene otro valor y finalidad que mantener la ofensiva contra las pensiones, porque en esta prestación, como en casi todas y también en los servicios públicos, habrá quien reciba más de lo que ha aportado y quien contribuya más de lo que obtenga. En esto consiste precisamente la función redistributiva del Estado. A nadie se le ocurre preguntar si los alumnos de enseñanza media o universitaria o los enfermos de los hospitales o los perceptores del seguro de desempleo o los empresarios que reciben subvenciones o créditos subsidiados, etc., han tributado más o menos de lo que perciben.

El ministro independiente (que depende ahora, como el resto de los ministros, de los golpistas) accedió al cargo y me atrevo a decir que presentó como mérito frente a Sánchez su tesis de que el sistema público de pensiones era viable, pero lo cierto es que no ha hecho nada para consolidarlo. Ha debido de estar muy entretenido y, lo que es peor, ha mantenido muy entretenida, más que entretenida colapsada, a la Administración de la SS, con el nuevo invento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ahora parece no servir siquiera para solucionar el problema de los trabajadores que en este momento agotan la prestación por desempleo.

Según anuncia la prensa, el Gobierno y los sindicatos están negociando prorrogar en este momento dicha prestación. Es, sin duda, una medida justa y necesaria, pero si el IMV no vale para dar respuesta a estas contingencias, ¿cuál va a ser su papel y quiénes van a ser sus perceptores? Da la impresión de que se va a dirigir a los mismos que cobraban ayudas similares de las distintas Comunidades Autónomas, aunque para ese viaje no hacían falta tales alforjas, especialmente cuando ni siquiera se pretende unificar tales prestaciones; se supone que para no incomodar a los nacionalistas.

Lo único que este Gobierno ha hecho hasta ahora por las pensiones ha sido actualizarlas por el IPC, pero como medida puntual. En realidad, ha consistido en mantener lo que ya había pactado el anterior Gobierno del PP con el PNV. Hay que añadir que, en estos momentos, teniendo en cuenta la baja tasa de inflación, tal actualización carece casi de importancia. Aunque sí puede tenerla -y mucha- de cara al futuro, y hoy por hoy sigue vigente la anterior ley de Rajoy sin que el gobierno sanchista, ni siquiera su facción podemita, hayan hecho nada para derogarla o al menos para corregirla.

En España, desde el pacto de Toledo se viene vendiendo como un gran éxito la actualización de las pensiones por el IPC. Se trata de una victoria raquítica si la comparamos con lo que realizan otros países. Portugal, en función del PIB; Holanda, Alemania o Suecia, de acuerdo con el incremento salarial. En todos estos casos la regularización, por lo tanto, es de mayor cuantía. Prueba de ello es el hecho (hecho que paradójicamente utilizan los detractores de las pensiones para mostrar la inviabilidad del sistema) de la mayor cuantía que cobran los nuevos pensionistas cuando aceden al sistema con respecto a la que dejan de percibir aquellos que lo abandonan por defunción. Señal inequívoca de que la evolución al alza de los salarios ha sido muy superior a la de las pensiones.

Que la SS no es algo independiente del Estado aparece de forma clara al reparar en cómo determinadas medidas que los gobiernos adoptan de cara a su política económica pueden afectar negativamente a la salud financiera del sistema. La bajada, exenciones o beneficios concedidos en diferentes casos a las cotizaciones sociales, o la utilización de las jubilaciones anticipadas para facilitar las regulaciones de empleo o el cierre de empresas, en lugar de usar el seguro de desempleo prologando su cobertura los años necesarios, son fórmulas por las que se traspasan cargas del Estado a la SS. No hay por qué criticar en principio tales medidas, pueden ser las más acertadas en determinados momentos, pero siempre que se acepte la íntima unión entre Estado y SS y que las transferencias necesarias de recursos que el primero realice a la segunda sean aportaciones y no préstamos.

De cara al futuro, las pensiones públicas tienen problemas, indudablemente, pero los mismos que la sanidad, la educación, el seguro de desempleo, la dependencia o este nuevo invento del IMV. Ni más ni menos. Los problemas, más bien el problema, es la insuficiencia recaudatoria de nuestra Hacienda Pública, resultado de muchos años de deterioro, los seis puntos de presión fiscal que nos separan de la media de la Eurozona. Es verdad que el control del gasto público deja bastante que desear, sobre todo en las Autonomías y en los Ayuntamientos, pero por mucho que se erradicase toda la corrupción, se suprimiesen los asesores a dedo, se cerrasen organismos innecesarios, se eliminasen duplicidades, etc, todo ello sería una fracción insignificante comparada con las grandes partidas de gasto y con los recursos imprescindibles para mantener el Estado social. Nos guste o no, la reforma fiscal es imprescindible y la urgencia en cerrar el déficit de recaudación, apremiante (véase mi artículo del 17 de julio pasado).

Nadie quiere coger el toro por los cuernos. Pedro Sánchez ya ha afirmado que se olvida del tema hasta 2023, es decir, ad calendas graecas. Se argumenta que hay que esperar a salir de la crisis. Ya veremos cuándo salimos de la crisis…; pero es que, además, la crisis no afecta a todos por igual. Hay muchos contribuyentes que no están viendo mermada su capacidad económica, incluso en algunos casos la están incrementando. Los impuestos directos solo afectan a los ingresos, a las ganancias, al patrimonio, con lo que de forma inmediata el gravamen de aquellos que están siendo perjudicados por la crisis se reducirá (es lo que se llama estabilizadores automáticos) y por lo tanto en líneas generales tampoco les afectaría la posible reforma si recayese sobre este tipo de tributos.

Tampoco es cierto que dicha reforma fuera a agravar la crisis, siempre que los recursos obtenidos se utilizaran de manera adecuada, ya que retornarían a la sociedad, y precisamente a los colectivos más necesitados y con una fuerte propensión al consumo. Por otra parte, una reforma fiscal no se hace en un día. Si de verdad hubiese voluntad de acometerla, se debería comenzar a planificar y a discutir ya en las Cortes con la finalidad de que pudiese entrar en vigor quizás dentro de un par de años. Es evidente que este Gobierno no tiene la menor intención de llevarla a cabo. Eso sí, el nivel que puede alcanzar la deuda pública puede ser de antología, campo apropiado para que nos obliguen a todo tipo de recortes, comenzando por las pensiones, con resultados muy negativos no solo para la equidad, sino también para la propia actividad económica.

Lo más llamativo es el silencio de Podemos sobre todos estos temas. Era de suponer que fuese en este ámbito en el que se produjesen los enfrentamientos con Sánchez y sus acólitos. Pero he aquí que no. Se han encelado y entablan una batalla sobre la forma de Estado, que no creo yo que, en los momentos actuales, inmersos en una epidemia de resultados impredecibles y una crisis económica que puede ser devastadora para una buena parte de la sociedad, sea el tema más urgente, ni el que más importe al personal. Únicamente a los nacionalistas, pero solo como medio para romper el Estado. Además, su debate actual no solo es contraproducente, sino de difícil solución. No se cumplen los requisitos para modificar la Constitución en esta materia. Solo se conseguiría dividir a la sociedad en el peor momento posible. Da la impresión de ser una cortina de humo para ocultar otros problemas. La duda es si se trata de una contienda real o ficticia y de si Pedro Sánchez no está en el ajo, repartiéndose entre las dos partes del Gobierno los papeles de policía bueno y policía malo.

republica.com 21-8-2020

Dicen que cuando un gobierno no sabe resolver un problema crea una comisión, que es la manera de dejarlo en vía muerta. Quizás podría afirmarse también que a veces lo que se crea es un ministerio o una secretaría de Estado. Zapatero fue experto en eso de inventar ministerios sin contenido: Vivienda, Igualdad, etc. Pedro Sánchez, no obstante, le ha ganado por la mano. Por si hubiera sido poca la multiplicación de carteras y de órganos administrativos establecidos al principio del segundo gobierno Frankenstein, ahora crea una secretaría de Estado. Tras su nefasta gestión de la pandemia y su vergonzoso lavado de manos en lo que ha denominado la “nueva normalidad”, como toda solución al empeoramiento progresivo de contagios que anuncia una nueva oleada crea una secretaría de Estado de Sanidad y se va de vacaciones. Habrá que preguntarse a qué se va a dedicar ahora el filósofo.

Pedro Sánchez va a reponer fuerzas para lo que de verdad le interesa de cara al futuro, aprobar unos presupuestos. Casi al final del artículo de la semana pasada insinuaba yo, sin dar más detalles, que la aprobación de los presupuestos tenía más que ver con la representación que con la gobernanza, lo que sin duda extrañaría a muchos de los lectores. Y es que entre los muchos tópicos que anidan en la vida política española se encuentra la creencia generalizada de que los Presupuestos Generales del Estado tienen una gran trascendencia, ya que fijan y cifran la política económica y social del gobierno de turno. Se piensa que sin ellos no se puede gobernar; y puede ser que tengan razón, no se puede gobernar bien, pero sí chapuceramente.

Los que hemos trabajado dilatadamente en el área del gasto público tendemos a relativizar y a desmitificar la realidad presupuestaria. Recuerdo que cuando yo me dedicaba a esos menesteres, el abogado del Estado que venía encargándose año tras año de coordinar la elaboración de la ley de presupuestos, tuvo un rasgo de humor y definió, ya entonces, el presupuesto como un solo crédito y ampliable. No era ninguna exageración, indicaba con ello la enorme flexibilidad que existía en la normativa presupuestaria. Una vez aprobado, el gobierno podía hacer todo tipo de modificaciones entre partidas y, además, muchos de los créditos eran ampliables. Es más, siempre cabía el recurso al decreto ley y a los créditos extraordinarios.

Tras su aprobación, el margen de maniobra del Ejecutivo era y sigue siendo amplísimo. Me viene a la memoria que en aquellos tiempos (tiempos ya lejanos) en los que todos los años se discutía en las Cortes el presupuesto, todos los diputados hacían esfuerzos para que los proyectos de infraestructuras de sus respectivas provincias figurasen explícitamente en las partidas de inversión, con la finalidad de poder vender electoralmente más tarde tal hazaña en sus territorios. Recuerdo también -con cierta rechifla – que, después, en la fase de ejecución el gobierno lo cambiaba todo, haciendo baldíos tales esfuerzos; aunque no del todo, porque la venta del producto estaba ya hecha.

Aquellos que piensan que los presupuestos son un instrumento para controlar al Ejecutivo se equivocan. Sobre todo, después de haberse impuesto la utilización desmedida de los decretos leyes que, si bien en teoría están condicionados a ser utilizados en situaciones extraordinarias y de urgente necesidad, la permisiva actuación del Tribunal Constitucional ha dado lugar a que todos los gobiernos los hayan usado abusivamente. Abuso que se ha convertido en crónico, habitual y llevado al extremo por Pedro Sánchez, aprobando por esa vía las cosas más surrealistas.

Hay que considerar además que una gran parte de los presupuestos está afectada de gran permanencia y sus partidas se consolidan de un ejercicio a otro. Tan solo una fracción de cuantía reducida en relación con el resto es la que goza de discrecionalidad y no se encuentra supeditada a compromisos anteriores. De manera que el gobierno -manejando esa proporción que comparativamente no es llamativa, pero sí lo suficientemente grande- puede actuar con total desahogo y a sus anchas, concediendo y negando mercedes.

La realidad habla por sí misma. Pedro Sánchez lleva más de dos años gestionando unas cuentas que no son suyas. Es más, que criticó duramente desde la oposición y que se negó a apoyar. En ningún caso, sin embargo, las ha sentido como un corsé, y me atrevería a mantener que se ha encontrado tan cómodo con ellas como si fuesen las propias. Los problemas que haya podido tener obedecen a su propia incompetencia, a la levedad de su gobierno y a no contar con una mayoría consistente, pero no a unos presupuestos que ha modificado a su conveniencia sin ningún impedimento. Si disolvió las Cortes durante el primer Gobierno Frankenstein no fue porque no le aprobasen unos nuevos presupuestos (solo fue el pretexto), sino porque esperaba mejores resultados en las urnas. La prueba es que tras las elecciones en ningún caso se planteó la urgencia de elaborar unas nuevas cuentas públicas para el año 2020.

La necesidad que siente ahora de aprobarlas para 2021 no surge del ámbito de la gestión, sino del de la representación, del que dirán, de la creencia generalizada entre la población de que un gobierno debe tener sus propios presupuestos y, sobre todo, de la necesidad de presentar a la Unión Europea un documento que cuente con la mayor aquiescencia posible de las fuerzas políticas. Pero que nadie se llame a engaño, todos estos motivos no son suficientemente sólidos como para obligarle a convocar elecciones, en el caso de que no lograse su aprobación. Solo el convencimiento de que podría obtener mejores resultados en unos nuevos comicios le llevaría a disolver el Parlamento.

Esto deberían tenerlo muy en cuenta el resto de las formaciones políticas. En especial Ciudadanos, que pretende justificar la nueva actitud colaboracionista que ha adoptado su dirección con la excusa de que así doblega al Gobierno, y lo desliga de los que considera socios indeseables. Deberían haber aprendido ya que las promesas de Pedro Sánchez carecen totalmente de valor y que, aunque pretendan convencernos de otra cosa, lo único que han obtenido hasta ahora es que les hayan tomado el pelo y representar el deshonroso papel de tontos útiles. ¿Dónde está ese plan B que, según ellos, habían conseguido arrancar a Sánchez? ¿No será ese desmadre en el que nos movemos ahora y al que han bautizado como “nueva normalidad”?

A la nueva dirección de Ciudadanos y a sus asesores no les debería caber la menor duda de que lo que firmen respecto a los presupuestos será papel mojado tan pronto como estos se hayan aprobado, y que Pedro Sánchez se sentirá en total libertad para actuar a sus anchas y sin cortapisas. En cierto sentido lo ha dicho ya él mismo, al afirmar sin ningún pudor que será él quien reparta los fondos europeos. Recursos que, conviene recordar, serán en su mayoría préstamos que repercutirán de una u otra manera en las cuentas públicas, y que, como he escrito en varias ocasiones, me temo que van a dedicarse a intentar salvar a empresas privadas. Digo a intentar, porque no es seguro que lo consigan. El final puede consistir en enterrar dinero público en empresas zombis que antes o después terminen quebrando.

Por otra parte, la dirección de Ciudadanos tampoco tendría que hacerse líos mentales para calmar su mala conciencia e intentar convencernos de que ellos negocian exclusivamente con el PSOE. No deben equivocarse. Pactar en estos momentos con el sanchismo es hacerlo con el lote completo. No solamente con Podemos, de los que Ciudadanos no quiere ni oír hablar, sino también con el PNV y con los privilegios del País Vasco que tantas veces han criticado; con Bildu, con quienes Pedro Sánchez se ha coaligado en Navarra y negocia en el Parlamento español; con los golpistas catalanes, tan en las antípodas de todo lo que ha representado Ciudadanos desde su fundación; incluso con los partidos regionalistas cuyo objetivo, por muy ortodoxos que sean, reside exclusivamente, al igual que en el caso de los nacionalistas, en conseguir privilegios para sus respectivos territorios, distorsionando el equitativo equilibrio regional.

Ciudadanos tiene una cierta tendencia al catarismo. Siempre se han considerado los puros, pero en política eso no funciona. Cuando constituyó gobiernos autonómicos con el PP le repugnaba tener que negociar con Vox y pretendía convencernos de que no lo hacía, a pesar de que los votos de esta formación eran totalmente necesarios; montaba una espléndida pantomima, y mantenía la tesis de que ellos dialogaban únicamente con el PP, y de que el pacto de este partido con Vox no les afectaba.

Ahora defienden que pactan únicamente con el PSOE. Pero es que este partido tiene tan solo 120 diputados, y Pedro Sánchez lleva macuto, y muy voluminoso, todo el que ha sido necesario para alcanzar la Moncloa. Pactar con él, les guste o no, es hacerlo con el lote completo, con el gobierno Frankenstein en pleno, desde Bildu y el PNV hasta los golpistas catalanes. 

Republica.com 14-8-2020

Por si cabía alguna duda acerca de la debacle económica que iba a sufrir el sector turístico español, la cuarentena impuesta por el Reino Unido a los viajeros que provengan de España la ha despejado totalmente. Hay quien dice que la postura británica obedece a motivos económicos, su afán por fortalecer el turismo nacional; otros afirman que hay razones políticas, Gibraltar. Es posible, y también lo es que la medida haya sido improvisada y muy desconcertante para todos, incluyendo los propios ingleses. Pero todos esos argumentos palidecen cuando vemos que otros países: Noruega, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Austria, hasta Túnez, han tomado medidas si no iguales, al menos similares.

Desde luego algo ha fallado en nuestro país en la lucha contra la epidemia, y algo no funciona en la diplomacia española. El Gobierno, aunque lo pretenda, no se puede lavar las manos. Lo más llamativo han sido los bandazos. En marzo, en una semana, se pasó de afirmar que en España no había ningún problema y permitir manifestaciones y actos masivos de todo tipo a encerrar a toda la población en casa durante tres meses.

El Gobierno decidió imponer el mando único, lo que a todo el mundo le pareció lógico, teniendo en cuenta la grave situación que se avecinaba. De hecho, creo recordar que la primera prórroga del estado de alarma se aprobó en el Congreso casi por unanimidad.  En las crisis, los problemas se multiplican cuando el Estado está troceado en diecisiete centros de decisión. Parecía evidente, y ahora se demuestra, que no caben los comportamientos estancos. Las situaciones sanitarias de Cataluña o Aragón están influyendo negativamente en las economías de Baleares, Canarias o Benidorm. No se les puede pedir a los países extranjeros que distingan entre regiones o localidades. Algunos lo hacen, pero es comprensible que otros muchos no entiendan nuestro tinglado autonómico.

El problema, sin embargo, surgió tan pronto como se comprobó que el Estado estaba desnudo, y que no había posibilidad de mando único o este devenía caótico. Un ministerio de Sanidad vaciado de competencias desde hacía no se sabe cuántos años y un Gobierno Frankenstein que no estaba hecho para gestionar, sino para la representación. Y representación fue lo que hizo, montando a diario ruedas de prensa con entorchados y todo, y cuantos más entorchados mejor. Todo a mayor gloria del Gobierno y de su presidente. Homilías continuas de los ministros, de la portavoz, e incluso de Pedro Sánchez, llenas de contradicciones, rectificaciones y justificaciones. Las cifras que se facilitaban periódicamente eran un caos, un conglomerado anárquico lleno de contradicciones y que resultaban increíbles. Y no tuvieron ningún pudor en mentir, desaconsejando la mascarilla, que más tarde impondrían como obligatoria, por el único motivo de carecer de suministro.

A pesar de haberse instalado el estado de alarma y de tener el Gobierno central todas las competencias, cada Comunidad en la mayoría de las ocasiones tuvo que apañarse como pudo y por su cuenta, especialmente en un espacio difícil y poco asequible para ellas, el de los mercados internacionales de artículos sanitarios tensionados en esos momentos por la pandemia. Es más, a la hora de la gestión el Gobierno central se convirtió a menudo en un estorbo porque quería y no podía. Era impotente pero no abandonaba la prepotencia. Buscaba el apoyo -más que el apoyo la sumisión de las demás fuerzas políticas-, pero sin pactar nada, simple adhesión a lo previamente aprobado por el Gobierno.

El Gobierno central, aun cuando el estado de alarma le concedía el mando único y todas las facultades, a la hora de las responsabilidades no dudó en quitarse de en medio y atribuir a las Autonomías los muchos errores, fallos y equivocaciones que se produjeron. Incluso la culpa se le adjudicó al PP desde el instante en el que esta formación política no quiso aprobar la cuarta renovación del estado de alarma y se negó a dar un cheque en blanco al Gobierno, ya que este en ningún momento negociaba, ni tan siquiera adelantaba lo que iba hacer.

Tras una desescalada llena de contradicciones y arbitrariedades, que quisieron hacernos creer que estaba regida por criterios científicos y que ahora nos enteramos, aunque lo sospechábamos desde siempre, que el comité de expertos no existía, es decir, que las decisiones obedecían en el mejor de los casos a motivaciones políticas, cuando no a meras ocurrencias, nos hemos adentrado en lo que llaman “nueva normalidad”, que da la impresión de que se traduce tan solo en anarquía y desconcierto. Continúa sin existir ningún plan B, a pesar de las promesas que el Gobierno hizo a Ciudadanos, a los que una vez más les han tomado el pelo y parece que van a continuar tomándoselo, mientras imperen en ese partido los vientos que provienen del grupo parlamentario europeo.

La nueva normalidad ha venido a significar que cada Autonomía haga lo que pueda y quiera, sometidas tan solo a diferentes jueces, que, en muchas ocasiones, como no puede ser de otra forma, mantienen criterios legales dispares. El Gobierno central ha desaparecido. Se ha pasado del todo a la nada. De encontrar policías en cada esquina, dispuestos a multar por si con el perro se andaba más de la cuenta, o si se salía a comprar exclusivamente una barra de pan o si la mujer y el marido viajaban en el mismo automóvil, a la pasividad más absoluta ante botellones, fiestas nocturnas o aglomeraciones en las playas, focos indudables de rebrotes y que pretenden que los solucionen los ayuntamientos con la mermada policía municipal, si es que existe.

La inmigración continúa siendo una competencia del Ejecutivo central y, sin embargo, las delegaciones del gobierno quieren inhibirse en el caso de los inmigrantes ilegales contagiados. Se niegan a adoptar controles efectivos en aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, y el servicio diplomático, por su parte, ha mostrado estos días su total inoperancia.

El problema del Gobierno Frankenstein es que no sabe o no puede gobernar. Como la cucaracha de la canción, no puede caminar. Está hecho para la representación, pero no para la gestión. Y así resulta que se encuentra presto a montar con los agentes sociales todo un espectáculo tendente a anunciar a bombo y platillo determinadas ventajas económicas y laborales, pero posteriormente le resulta imposible implementarlas y gestionarlas.

Son muchos los trabajadores sujetos a ERTE que tras varios meses aún no han cobrado y los que lo han hecho ha sido con mucho retraso. El Servicio Público de Empleo Estatal se ha visto colapsado, los funcionarios amenazados y en las oficinas públicas se han producido frecuentes alborotos, ocasionados por una multitud de trabajadores, que se encontraban de la noche a la mañana sin ningún recurso económico, y arrojados a la cola de los comedores benéficos a lo que no estaban acostumbrados. Los teléfonos no contestaban y los que al final tenían suerte y obtenían cita era para dentro de varios meses. Todavía son muchos los que esperan al mes de septiembre para cobrar. Más grave es, si cabe, el hecho de que los que en este momento tienen la desgracia de perder el empleo estén recibiendo cita para apuntarse al paro en octubre, con lo que no comenzarán a recibir la prestación por desempleo hasta por lo menos noviembre.

Eso sí, el Gobierno tenía mucha prisa en anunciar con clarines y trompetas la aprobación del ingreso mínimo vital que ha logrado colapsar también la Seguridad Social. Hoy no es posible realizar ninguna gestión sobre pensiones. Con un diseño excesivamente alambicado y engorroso, que va a ser difícil de gestionar, el ingreso mínimo vital presenta aspectos sumamente discutibles, que merecerían un artículo completo. Por la manía de este Gobierno de vender la mercancía cuanto antes, su elaboración ha sido sumamente apresurada, y la palabra que más se repite en el texto es “reglamentariamente”. De manera que muchos aspectos quedan pendientes de un desarrollo posterior que vaya usted a saber cuándo se va a realizar, con lo que en la actualidad estas partes estos aspectos serán inaplicables o de dudosa interpretación.

Dado su diseño, existe la impresión de que apenas va a surtir efecto precisamente sobre los que más van a necesitarlo, aquellos que quedarán en paro como resultado de la crisis económica que acompaña a la pandemia. Es posible que se hubiesen logrado mejores resultados centrando los recursos en gestionar adecuadamente el seguro de desempleo y en ampliar su cobertura incluyendo a todos aquellos colectivos a los que ahora no llega. Bien es verdad que este camino no hubiera resultado tan atractivo y efectista como ha sido el de poder exhibir con toda la parafernalia la creación de una prestación universal para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Curiosamente, quizás a los que más vaya afectar -por lo menos a corto plazo- va a ser a aquellos que ya estaban recibiendo una prestación similar o parecida de las Comunidades Autónomas, pero ello ni siquiera servirá para homogeneizar el caos que hay actualmente en estas ayudas de muy diferente cuantía, ya que la estatal se añadirá a estas como un mínimo a completar y la cuantía final quedará en manos de cada una de las Autonomías.

No, el Gobierno Frankenstein no está hecho para gobernar. Cuando Pedro Sánchez en mayo de 2018 presentó la moción de censura y estuvo dispuesto a ganarla con ochenta y cinco diputados debería haber sido consciente de ello. En nuestra legislación las mociones de censura son constructivas (Vox tendría que tenerlo ahora en cuenta).  Lo que quiere decir que su finalidad no puede ser exclusivamente repudiar al anterior gobierno, ni siquiera elegir sin más uno nuevo, sino uno que sea capaz de gobernar, y era evidente, como muy pronto se demostró, que las fuerzas concitadas en aquella moción de censura solo coincidían en el deseo de desalojar a Rajoy del Ejecutivo. Bien es verdad que todo esto no creo que le importase mucho a Pedro Sánchez. Lo único que entonces le interesaba era alcanzar como fuese el colchón de la Moncloa. No obstante, por más esfuerzos que hizo; por más cesiones que realizó, y por más mercedes que otorgó, no tuvo más remedio que convocar unas nuevas elecciones después de poco más de año y medio de desatinos.

Sánchez debería haber aprendido la lección y no haber pretendido construir por segunda vez un gobierno Frankenstein. No obstante, su ansia de poder ha sido siempre más fuerte que cualquier planteamiento racional. Así, a finales de 2019 conseguía recabar las complicidades necesarias (incluyendo a regionalistas, nacionalistas, independentistas, golpistas y hasta a pro etarras) para ser nombrado presidente de gobierno. Pero ese mismo batiburrillo (gobierno más Frankenstein que nunca) no le garantizaba que pudiera gobernar, al menos adecuada y democráticamente, y sobre todo sin hacer cesiones continuas a nacionalistas y regionalistas.

Poco después de su investidura se vio sorprendido por la pandemia y la subsiguiente crisis económica de las que sin duda él y su Gobierno no son culpables, pero difícilmente pueden eludir toda responsabilidad en el hecho de que nuestro país esté a la cabeza en el número de muertos por cien mil habitantes; de que nuestra economía se haya desmoronado en mucha mayor medida que la del resto de los países europeos o de que tengamos la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Pedro Sánchez huye de toda esta realidad, a la que llama el pasado, para fijarse exclusivamente en ese espejismo que él mismo se ha construido, el maná que viene de Europa. Por eso el otro día, con todo lo que está cayendo, pretendió que la reunión con los presidentes de las Comunidades, convertida una vez más en espectáculo con monarca incluido, se centrase fundamentalmente sobre los recursos europeos y su reparto, utilizándolos como reclamo para la Unión.

El Gobierno Frankenstein no puede gobernar. De ahí que Pedro Sánchez, el hombre del “no es no”, exija ahora la ayuda de la oposición, pero esa incapacidad que era cosa conocida, debería haberla tenido en cuenta cuando presentó la moción de censura y más tarde a los dos años, al pretender la investidura. En el fondo, no quiere la ayuda para gobernar. Solo para aprobar los presupuestos. La aprobación de los presupuestos es otro acto de representación, que, a pesar de lo que muchos creen, ya que le otorgan un carácter taumatúrgico, tiene poco que ver con la gobernanza. Lo que en realidad desea Pedro Sánchez es que todo el mundo esté pillado en la trampa y que nadie pueda criticarle, censurarle o cuestionar lo que hace.

El otro día en el debate del Congreso afirmó tajantemente que la legislatura sería larga y fructífera. Larga, no hay duda. He dicho desde el primer día que con presupuestos o sin presupuestos durará cuatro años. No hay nadie que pueda obligarle a abandonar la Moncloa. ¿Fructífera? Lo que pretende decir es que quiere que todo el mundo esté obligado a afirmar que lo es (esa es la ayuda que exige) aunque España se esté derrumbando. Una vez más, el “parecer” por encima del “ser”.

republica.com 7-8-2020

En el artículo de la semana pasada me refería yo al mundo de apariencias construido por Sánchez y también a la farsa y a la representación en la que desde hace muchísimos años se mueve la Unión Europea (UE). En Pedro Sánchez todo es escena y espectáculo. Coreografía fue su entrada triunfal en el salón del Consejo de Ministros con todo el Gobierno (también los miembros de Podemos e IU) de pie en la puerta aplaudiéndole y vitoreándole, como si se tratase de Sigfrido después de haber matado al dragón. Una escena propia de un régimen caudillista y bananero que se repitió después, unos días más tarde, en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos.

Lo malo es que la sociedad e incluso los medios de comunicación tienen muy mala memoria y nadie consulta la hemeroteca; de lo contrario, recordarían que hace tan solo tres meses Pedro Sánchez se lanzó a reclamar, con la prepotencia que le es habitual, lo que denominó un nuevo Plan Marshall. Su propuesta pasaba por la constitución en la UE de un fondo de un billón y medio de euros financiado por deuda perpetua mutualizada, que se transferiría a los distintos países miembros sin contrapartida y sin devolución, según las necesidades que cada uno de ellos hubiese contraído como consecuencia de la pandemia. Los recursos se asignarían sin condicionalidad alguna. Todo esto tiene poco parecido con lo que al final se ha aprobado. Del proyecto ha desaparecido la deuda perpetua. La cantidad que se concederá a fondo perdido es aproximadamente la cuarta parte (390.000 euros) de lo reclamado y, desde luego, tendrá condicionalidad no solo en la planificación y selección de los proyectos y políticas, sino en su ejecución; incluso se prevé que cualquier gobierno pueda convertirse en vigilante del vecino.

Como se puede apreciar, hay una gran diferencia entre la propuesta y lo conseguido. Sin embargo, se continúa hablando de Plan Marshall, de conquista histórica, de éxito sin precedente y no sé cuántos calificativos más; y todo ello basado únicamente en titulares, rueda de prensa y sin leer la letra pequeña, que en gran medida estará aún por escribir. La gran mayoría de los periodistas, comentaristas y medios de comunicación nacionales han comprado este relato. Unos por vaguería, por sentimiento de rebaño, porque así no hay que adentrarse en las implicaciones y recovecos que tiene el acuerdo. Otros, porque en el fondo se alegran, ya que la ayuda, sea cual sea, implica la intromisión de Bruselas en la política económica española y piensan que la va a condicionar en la línea neoliberal que de hecho impera en Europa. Son los mismos que en tiempos de Rajoy reclamaban insistentemente que el Gobierno pidiese el rescate, y a los que, con buen criterio, este no hizo caso.

Esta representación nacional tiene su correspondencia con ese otro espacio de quimeras que es la UE. Bruselas ha destacado siempre por su capacidad para manejar la publicidad y la propaganda, haciendo pasar los fracasos por éxitos. Desde al menos la firma del Tratado de Maastricht, la UE ha intentado tapar sus ingentes lacras y carencias con parches, que solo le permiten ir tirando, pero que son presentados como pasos de gigante en la buena dirección, como éxitos enormes de la integración. Todo lo más, sin embargo, son muletas que la facultan para continuar arrastrándose, pero sin solucionar en absoluto los problemas de fondo. Los desequilibrios entre los países son cada vez mayores y las contradicciones internas, más profundas. Y, según se ha visto precisamente en la última cumbre, no hay ninguna intención de establecer entre los Estados una verdadera integración presupuestaria y fiscal, complemento necesario del mercado único y de la Unión Monetaria. Incluso a los países que son contribuyentes netos, siguiendo la estela de Gran Bretaña, se les devuelve el dinero.

Triunfalismo y algaradas aparte, lo único que se ha hecho en la última cumbre es salvar los muebles, o al menos intentarlo. Merkel se lo espetó abiertamente al primer ministro holandés: «Si los países del Sur quiebran, caemos todos». La canciller alemana ha sido la verdadera artífice del acuerdo. Muchos se extrañan del papel que ha asumido, enfrentándose incluso con los que son siempre sus aliados, pero hay una razón clara: Merkel es perfectamente consciente de que lo que está en peligro es la propia Unión, tan conveniente para Alemania y para los propios países del Norte y presuponía que la cerrazón de estos podría matar la gallina de los huevos de oro. Es un problema de supervivencia. En realidad, esto es lo único que se ha aprobado en la Cumbre, ese mínimo imprescindible para que el edificio no se desmorone; y, así y todo, dada la imponente debacle económica en la que se van a ver inmersos muchos países, no es seguro que se consiga.

No obstante, la presentación al exterior es muy distinta. Como en todas las ocasiones, se habla de éxito fabuloso, de paso de gigante, incluso de nueva Europa, cuando de nueva no tiene nada y ha quedado patente que continúa anclada en las mismas contradicciones y errores de siempre. Para ponderar la importancia del acuerdo se argumenta que es la primera vez que las transferencias se realizan a fondo perdido, lo cual no es cierto, ya que los Fondos de Cohesión, el FEDER, el Fondo Social Europeo y hasta la propia PAC, gozan de la misma característica. Es verdad que en la pasada crisis todos los rescates se instrumentaron mediante préstamos, pero, precisamente por ello y dado el desmedido nivel de endeudamiento que mantienen los países en el momento actual, los créditos malamente pueden constituir ya una solución. Me temo que tampoco vayan a serlo las transferencias a fondo perdido, si tenemos en cuenta su escasa cuantía.

Para entender lo mucho de superchería que acompaña a la presentación del acuerdo adoptado por el Consejo la semana pasada en Bruselas, no está de más que analicemos el montaje que ha venido rodeando desde el inicio todo lo referente a los Fondos de Cohesión, ya que da la impresión de que va a existir una cierta semejanza entre ambas realidades. También entonces Felipe González, al volver de la ciudad holandesa de Maastricht, agitó con todo el triunfalismo imaginable y a modo de botín los Fondos de Cohesión. Con tal motivo publicaba yo un artículo en el diario El Mundo en el que pretendía desinflar el optimismo del Gobierno y de la política oficial, situándoles ante la realidad de un presupuesto comunitario que se elevaba tan solo al 1,24% (nunca ha sido mayor) del PIB de la UE, porcentaje totalmente discordante con el que mantiene cualquier Estado por liberal que sea, y que demostraba bien a las claras la insuficiencia de los fondos creados para compensar las consecuencias de la integración monetaria que se acababa de realizar.

No obstante, en España se creó un auténtico mantra -que aún perdura- acerca de la ingente cantidad de recursos que se recibían de la UE. La generalización de esta opinión se ha conseguido a base de una campaña publicitaria bien organizada por la Comisión que obligaba a publicitar la marca Europa en todas las obras, infraestructuras, actuaciones etc., financiadas, aunque fuese solo en parte, por el presupuesto comunitario. Bien es verdad que a este objetivo colaboró también una propaganda interna empeñada en cantar las excelencias de la UE, y lo muy positivo que ha resultado para España incorporarse a ella.

Nadie ha puesto sin embargo el acento en el hecho de que España no solo era receptora de fondos sino también contribuyente, con lo que la cantidad a considerar era la posición neta, desde luego muy inferior a la bruta, y que por término medio ha podido ser a lo largo de todos los años anteriores a la ampliación aproximadamente el 1% del PIB. Unos años más, otros menos. Cantidad desde luego insuficiente para compensar el efecto negativo que producen sobre nuestra economía el mercado único y la unidad monetaria.

Por otra parte, las ayudas -al igual que se supone que van a ser las del nuevo Fondo de Recuperación- han sido finalistas. Se forzaba así a los países a invertir en determinados objetivos, no solo por la contribución realizada a la UE, sino incluso por la cofinanciación que se exigía en la mayoría de los proyectos al gobierno nacional. En muchos casos la elección no era la más acertada ni la que más convenía al país, ni la que el país libremente decidía, sino la que iba a contar con la aquiescencia de Bruselas. Eso explica, por ejemplo, el descomunal desarrollo de las infraestructuras, algunas de ellas sin demasiado sentido, en detrimento de los gastos de protección social.

Mucho de lo señalado para los Fondos de Cohesión tiene plena validez para la parte del Fondo de Recuperación que teóricamente se va a transferir a los países a fondo perdido. Pero antes parémonos un instante a considerar la otra parte, aquella que se va a conceder como bajo forma de préstamos. Parece evidente que poco o nada va ayudar en la solución del problema. En los momentos presentes, gracias al BCE, los países no tienen problemas de financiación y los tipos de interés son muy reducidos. El problema está en las enormes cotas que el endeudamiento va a alcanzar en algunos países y estas no se aminoran por el hecho de que los préstamos los facilite la UE en lugar de los mercados. Quizás el alivio sea en todo caso para el BCE que se verá obligado a respaldar en el mercado menor cantidad de deuda pública. Bien es verdad que en compensación a lo mejor deberá sostener los bonos que emita la propia Comisión.

Retornando a la parte del fondo que se transfiera a fondo perdido y ya que se empeñan en hablar de cantidades enormes y mareantes, deberíamos hacer unos sencillos cálculos. Afirman que el monto global va a ser de unos 390.000 millones de euros, de los que a nosotros, según dicen, nos corresponderán alrededor de 72.000 millones. Ciertamente los 390.000 millones no van a llover del cielo, ni van a ser generosamente donados por los países del Norte, aunque eso es lo que ellos quieren hacer creer, sino que de una u otra forma (impuestos comunitarios, préstamos, mayores aportaciones al presupuesto de la UE, etc.) va a recaer sobre todos los países miembros, y se supone que aproximadamente en función de su PIB. El nuestro se situará alrededor del 9 o 10% del de la UE, con lo que deberemos hacernos cargo de alrededor de 39.000 millones. El saldo neto que percibiremos quedará reducido por tanto a 33.000 millones de euros (72-39), que se distribuirá en tres anualidades (2021, 2022, 2023) de 11.000 millones de euros por término medio, aproximadamente el 1% del PIB. A ello habrá que descontar la parte que correspondería a España de las minoraciones que por ejemplo en la PAC y en los Fondos de Cohesión se van a hacer en el marco financiero plurianual 2021-2027, para compensar parcialmente el fondo de reconstrucción.

Por mucho que se quiera vender lo contrario, estas cantidades resultan bastante insignificantes comparadas con las necesidades que por desgracia va a presentar la economía española, según señalan todas las previsiones (20 o 30 puntos sobre el PIB). Necesidades que se van a ir haciendo rápidamente presentes, aun cuando la ministra de Hacienda sea portavoz de todo, menos de la ejecución presupuestaria, y no se facilite ninguna información sobre esta materia.

Los cantores de las excelencias del acuerdo, en su afán laudatorio, proclaman la gran novedad que representa que por primera vez se vaya a mutualizar la deuda. La afirmación no es en sentido estricto exacta, puesto que el endeudamiento necesario para financiar el Fondo de Reconstrucción no lo van firmar sindicadamente los países, sino la Comisión con la garantía del presupuesto comunitario. Sin duda contestarán que para el caso da lo mismo, porque detrás se encuentran todos los Estados miembros, y tendrán razón. Pero entonces no se puede decir que es la primera vez, porque la Comisión ya se había endeudado con anterioridad y con la misma garantía. Y el argumento de que en el fondo son todos los países los que responden sirve exactamente igual para el endeudamiento del MEDE, del SURE e incluso para el pasivo del BCE.

En un sentido si se quiere más laxo, y al mismo tiempo de forma más arcana, la verdadera mutualización de la deuda, y en cantidades más importantes, se está produciendo con las operaciones llamadas de expansión cuantitativa que el BCE, al igual que otros bancos centrales, lleva tiempo ejecutando. Cuando en marzo de 2015 Draghi comenzó esta operación, el balance del BCE era de 2,1 billones de euros; en la actualidad es ya de 6,2 billones, más del 50% del PIB comunitario. El BCE, con su actuación en el mercado, salvó al euro cuando estaba contra las cuerdas, y con las primas de riesgo de Italia y España por encima de 500%, y ha sido su actuación la que ha mantenido viva durante todo este tiempo la Unión Monetaria a pesar de sus contradicciones.

Ante los problemas económicos derivados del Covid-19, el BCE ha sido el primero en reaccionar poniendo sobre la mesa un programa de emergencia (PEPP) de 750.000 millones de euros, ampliado más tarde a 1,35 billones, que ha hecho posible que las primas de riesgo permanezcan relativamente estables. He aquí el verdadero rescate. La pregunta es hasta cuándo podrá el BCE seguir manteniendo al euro en sus contradicciones. El otro día en Bruselas lo que estaba en juego era si se descargaba al BCE, aunque fuese en pequeña medida, de tan pesada carga. De ahí la postura de Merkel. No se rescataba a Italia o a España, sino al BCE. Por eso resultan tan ridículas las peroratas de los botafumeiros de Europa; y más que ridícula, hiriente, teniendo en cuanta lo mal que lo van a pasar muchos españoles, la entrada triunfal de Pedro Sánchez al Consejo de Ministros y al Parlamento. Le faltó hacerlo bajo palio.  

republica.com 31-7-2020