ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El Gobierno sanchista nos tiene acostumbrados a que diga digo donde dijo Diego. Las mentiras, los trabalenguas, las añagazas, los enredos, los globos sonda, sirven para crear ese escenario de confusión que puede resultar imprescindible para perpetuarse en el poder. Nada es verdad, ni mentira; nada es bueno o malo, solo útil o contraproducente para sus intereses. Esa es la máxima del sanchismo y esa la versatilidad que suele afectar a todos los temas. Hay uno, sin embargo, que últimamente sobresale de los demás, el de las pensiones. Los mentidos y desmentidos, los galimatías, los embrollos, etc., constituyen el reino del ministro Escrivá.
En realidad, no sabemos aún cómo va a quedar la reforma. Lo que sí conocemos a ciencia cierta es que se ha elegido una vez más el camino erróneo, el de la separación de fuentes, lo que implica que las pensiones deben financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales. Va a permanecer la escisión entre Seguridad Social y Estado. En estas coordenadas, toda solución es provisional y un poco mentirosa. La amenaza continuará estando presente siempre.
Este modelo de seguridad social remite al franquismo. Estaba orientado a solucionar las contingencias que pudieran tener los trabajadores: jubilación, enfermedad (se llamaba seguro de enfermedad), etc., mediante las aportaciones mensuales (cotizaciones) que estaban obligados a realizar patronos y trabajadores.
El modelo que surge de la Constitución es otro diferente. Las prestaciones son derechos del ciudadano ante determinadas contingencias y son los poderes públicos los encargados de solucionarlas mediante prestaciones adecuadas (y, en el caso de las pensiones, periódicamente actualizables), utilizando todo su potencial económico, es decir, todos sus ingresos. Las cotizaciones sociales pasan a ser un impuesto más. La separación del presupuesto del Estado y el de la Seguridad Social no se configura ni debe configurarse como algo sustancial, sino que tiene como finalidad la simple operatividad (heredada de otras épocas) contable y administrativa.
La sanidad tuvo más suerte que las pensiones y logró escapar del Pacto de Toledo; se traspasó al presupuesto del Estado y de este se transfirió a las Comunidades Autónomas, por lo que su coste, a partir de ese momento, fue asumido por el Estado y englobado dentro de la financiación de las Autonomías. Se desligó, por tanto, de las cotizaciones sociales, y de todas las eventualidades que acechan a esta forma de ingreso. Nadie se pregunta hoy, al menos por ahora, si la sanidad va a ser viable en el futuro. Si dentro del gasto social las pensiones están sufriendo una ofensiva mucho más acentuada es porque está dentro de la Seguridad Social y esta se mantiene separada del Estado.
Escrivá, en su reforma, plantea, según parece, pasar al presupuesto del Estado todos aquellos que llaman “gastos no propios”, es decir, todas las prestaciones que perciben los ciudadanos sin que estén unidos a su condición de cotizante. En principio, esta medida podría considerarse positiva puesto que aligera de cargas al presupuesto de la Seguridad Social. Pero deja intacto el problema de fondo. Mantiene la separación una vez más entre Estado y Seguridad Social como compartimentos estancos. No haría falta el traspaso de estos gastos si en el presupuesto de la Seguridad Social apareciese como un ingreso normal y corriente la aportación del Estado, en lugar de considerarla un préstamo tal como se hace en la actualidad.
El Gobierno ha optado por presentar la reforma por píldoras para que nos sea más soportable. Coloca en primera instancia las medidas más apacibles, incluso atrayentes. La primera ha sido la promesa de actualizar todos los años las cuantías de las pensiones en vigor por el IPC. Llamemos a las cosas por su nombre, en ningún momento se trata de subir las pensiones, sino de no bajarlas, manteniendo constante su importe en términos reales. Por otra parte, ya en 1995 con el Pacto de Toledo todos los partidos se comprometieron a esta actualización y así se aplicó en los años posteriores, hasta que Zapatero en 2010, en plena crisis financiera, rompió la norma y congeló las prestaciones. Más tarde, la reforma de Rajoy estipulaba una fórmula de revalorización prácticamente desligada del IPC y que implicaba, según fuese la inflación, pérdidas importantes de poder adquisitivo para los pensionistas.
El Gobierno de Sánchez ha presentado la medida que ahora se aprueba de forma triunfalista, tal como es su costumbre y asegura que garantiza para siempre, la revalorización de las pensiones, lo que resulta una ingenuidad, o pura propaganda porque una ley se modifica con otra ley, como lo prueba el hecho de que Zapatero congeló las pensiones y de que ha habido años en que para bien de los pensionistas la fórmula de Rajoy no se ha aplicado. Lo que ahora se aprueba no constituye ninguna garantía de que cuando existan dificultades el gobierno de turno no modifique esta medida en la ley de presupuestos del año correspondiente. La seguridad tiene que venir de otra parte, de liberar a las pensiones de la trampa de tener que ser financiadas en exclusiva mediante las cotizaciones sociales.
La actualización anual de las prestaciones se configura como el objetivo predilecto de la ofensiva del neoliberalismo económico contra el sistema público de pensiones. Especialmente cuando la inflación es notable, arguyen que significa una carga muy gravosa para el erario público. Sin embargo, ese argumento carece de fundamento porque la subida de los precios no solo incrementa la cuantía de las pensiones, sino también la de los ingresos públicos incluyendo las cotizaciones, con lo que los efectos al menos se neutralizan. Otra cosa es que se quiera aprovechar la inflación para que la Hacienda Pública (o la Seguridad Social, que para el caso es lo mismo) obtenga un beneficio extraordinario a costa de reducir las pensiones a los jubilados.
Dentro del estrecho campo en el que se pretende encerrar a las pensiones, en los límites de la Seguridad Social y financiadas exclusivamente por las cotizaciones, no hay mucho margen para la solución. O se reducen las pensiones o se incrementan los ingresos. Por lo que hasta ahora se sabe, el Gobierno ha escogido un mix. Por lo pronto ha aprobado elevar las cotizaciones sociales 0,6 puntos, un 0,5 a cargo del empresario y 0,1 a costa del trabajador. Era de esperar que la medida despertara la oposición de los empresarios, que se inclinan por que todo sea, de una u otra manera, reducción del gasto.
El ministro tiene razón cuando mantiene en contra de los discursos de algunos economistas rabiosamente neoliberales que las cotizaciones en España medidas en porcentajes sobre el PIB no son más altas que las de la media de la Eurozona, y desde luego muy inferiores a las de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Austria y algún otro país más. Bien es verdad que dada la distancia que existe entre la presión fiscal de España con respecto a la de estos países no tiene nada de extraño que el porcentaje de las cotizaciones sobre el PIB sea también inferior.
Resultaría quizás significativo calcular el peso relativo de las cotizaciones sobre el total de ingresos y, así, tal vez comprobaríamos que en comparación con otros países este porcentaje tiene un valor excesivo. Y eso nos conduce a la pregunta verdaderamente importante y que deberían haberse formulado los sindicatos: a la hora de subir los impuestos para mantener las pensiones ¿constituyen las cotizaciones sociales el gravamen más adecuado? Se quiera o no, las cotizaciones sociales son un impuesto sobre el trabajo. Una parte, aunque sea reducida, va a recaer sobre los trabajadores. E incluso respecto a la porción que teóricamente recae sobre la empresa, ¿podemos estar seguros de que en muchas ocasiones no se trasladará a los salarios? En cualquier caso, aunque lo soportase la empresa, no hay duda de que es un coste laboral y, mucho o poco, puede influir sobre el empleo.
Hay otros muchos impuestos más aptos para financiar no solo las pensiones sino en general todos los gastos sociales. Puestos a incrementar la carga fiscal de las empresas, ¿no sería mejor que en lugar de hacerlo en función del número de trabajadores que tienen, se hiciese de acuerdo con los beneficios obtenidos?, ¿no sería más adecuado utilizar el impuesto de sociedades? y ¿por qué no utilizar el IRPF, el impuesto de patrimonio o el de sucesiones? Todos ellos tienen un amplio margen de potencialidad para incrementar la recaudación y todos ellos son progresivos, y aptos para que la carga fiscal se pueda repartir de forma mucho más equitativa y justa. No hay razón para pensar que determinadas modificaciones fiscales en estos tributos puedan influir negativamente en el crecimiento y en el empleo.
Está claro que este Gobierno, por más que se autocalifique de progresista y reitere continuamente su afiliación socialdemócrata, no quiere adentrarse en la imposición directa y pretende moverse por terrenos más cómodos, aunque más injustos, como el cobrar peajes en las autovías o incrementar la tributación de los hidrocarburos o de la automoción y, como mucho, elevar las cotizaciones.
Respecto a los gastos, el Gobierno ha sido mucho menos explícito, o diríamos más bien que mucho más farragoso. El embrollo y el galimatías en el que se ha movido el ministro han generado un bonito lío. Era digno de verle enfurecido gritando que solo era un cuadradito pequeño y que no sabía quién había puesto allí aquella línea y media. Pero lo cierto es que ese recuadro pertenecía al plan enviado por el Gobierno a Bruselas y en esas líneas se proponía la ampliación en el número de años para calcular la pensión. Pasar de 25 años, periodo actual, a 35 años, tal como se comentaba, representaría una reducción sustancial por término medio de las pensiones.
En lo que el ministro Escrivá sí se ha esforzado ha sido en lograr que se retrase la edad de jubilación, lo que no deja de ser un contrasentido en el país de la Unión Europea con mayor índice de paro. No obstante, como es habitual despreciando toda lógica, el ministro aseguraba que retrasar la edad de jubilación no influiría en el empleo. Ya nos dirá en qué sesudos estudios se basa.
El absurdo mayor es que se esté dispuesto a dedicar recursos públicos a incentivar la prolongación de la vida laboral, es decir, a originar desempleo. Reparemos, además, que los beneficiados van a ser principalmente los trabajadores de las profesiones más cualificadas y de mayores salarios, ya que serán las únicas en las que sea más factible retrasar la edad de jubilación. Hay que añadir que, el ministro no tiene en cuenta el papel que realizan los jubilados como abuelos-canguro. A primera vista, puede parecer algo accidental, pero lo cierto es que, dado su elevado número y su frecuencia, constituyen un soporte fundamental de la familia sobre el que se afianza el trabajo de ambos cónyuges, especialmente en las clases más bajas.
Por otra parte, es cierto que la esperanza de vida aumenta progresivamente, pero también sube la productividad, de manera que cada vez se necesitan menos horas de trabajo para producir lo mismo. Fue ese aumento de productividad el que permitió reducir la jornada laboral en otras épocas. Hoy tal vez podría servir para hacer más corta proporcionalmente la vida activa. Es otra forma de repartir el tiempo de trabajo. Sin embargo, en estos momentos existe una incógnita. La cuestión radical a plantear es si la productividad va a seguir creciendo.

republica.com 2-12-2021

Se ha dicho siempre que cuando no se quiere solucionar un problema se crea una comisión. Los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos han acordado establecer una comisión parlamentaria para estudiar el precio de la energía eléctrica, con una duración prevista de seis meses. Cuán largo me lo fiais, amigo Sancho. Claro que, ¿qué son seis meses para un estadista que planifica para el año 2050?

Sobre este tema se ha dicho ya casi todo. Unas cosas ciertas, otras no tanto. Hay quien para solucionar el problema de la formidable subida de la luz en estos últimos meses propone la creación de una empresa pública. Un poco tarde. Zapatero privatizó Endesa; antes se privatizó Repsol y hoy pretendemos crear una compañía eléctrica desde cero. Se vendió Iberia y a continuación nos vamos a hacer cargo de una empresa aérea llamada Plus Ultra, sin capital, con deudas y con un solo avión, a la que llamamos estratégica. Privatizamos todos los bancos públicos y actualmente avalamos a las empresas privadas con un chiringuito llamado ICO, aceptando el criterio de solvencia que la banca proporciona sobre ellas, aunque después será el erario público el que tenga que hacerse cargo de los incobrables.

Ahora, echamos de menos las empresas públicas. Pero hoy tenemos que jugar en otro terreno, el de la globalización, las multinacionales y la Unión Europea (UE). Se dirá que otros países también juegan en ese campo y mantienen empresas públicas. Pero quizás sea porque sus gobiernos han sido más listos -o menos sectarios- y han sabido zafarse, siquiera parcialmente, de los vientos, más bien huracanes, que venían de Bruselas. Nuestros líderes han estado siempre más atentos a ser niños buenos, primeros de la clase, a tener la aprobación de las autoridades europeas que a conseguir de la UE aquello que conviene a sus ciudadanos. Ahora se ha hecho imposible la marcha atrás. Es relativamente sencillo romper huevos y hacer con ellos una tortilla, incluso se puede permanecer sin romper los huevos, pero lo que resulta totalmente quimérico es reconstruir los huevos a partir de la tortilla.

Por otra parte, no estoy nada seguro de que en este tema a otros países les vaya mejor por el hecho de tener empresas públicas, ya que en el escenario impuesto por la UE estas tienen que comportarse como las privadas, sin que los gobiernos puedan concederles beneficios especiales. Si de algo se cuida la Comisión es que no se violente la sacrosanta libre competencia con ayudas de Estado. Bien es verdad que eso es en teoría, porque las reglas se cambian cuando le conviene a Alemania. Así, en la pandemia se ha abierto la veda porque le interesa al país germánico. Café para todos, hasta el punto de bendecir una ayuda tan irracional y desastrosa como la concedida por el Gobierno español a la compañía de aviación Plus Ultra.

Pero en el caso del mercado eléctrico mayorista es distinto. Se configura de acuerdo con una directiva de la UE de manera rabiosamente liberal, en la que el precio se fija diariamente por subasta de acuerdo con el coste marginal necesario para satisfacer la demanda. Es decir, el precio que se paga a todas las centrales es único, el mayor de todos los ofrecidos, independientemente de cuál haya sido el de su oferta.

En ese mercado compiten centrales con funciones de costes muy diversas. Hay algunas, como por ejemplo las hidroeléctricas y las nucleares, con costes variables reducidos, pero con costes fijos (inversión) cuantiosos; otras, por el contrario, por ejemplo, las de ciclo combinado, tienen costes de inversión muy reducidos, pero costes variables altos. En este sistema marginalista, es lógico que las centrales oferten de acuerdo a sus costes variables. Al ser único el precio con el que se terminará vendiendo toda la electricidad, las que hayan ofertado al precio más bajo, porque lo son sus costes variables, obtendrán un margen de explotación alto, que aparentemente se puede considerar un beneficio injustificable.

Quizás sea este el motivo por el que se demoniza este procedimiento de adjudicación. Hasta Calviño, ella tan europea, lo califica de injustificable. No obstante, en principio ese margen de explotación no tiene por qué ser ilícito, puesto que puede tener como finalidad compensar los costes fijos, correspondientes al mantenimiento, a la recuperación del capital inicial, o a la sustitución futura de la inversión.

Por otra parte, no hay ninguna seguridad de que la alternativa, la de adjudicar cada clase de energía al precio al que se ha ofertado, tuviese mejores resultados, puesto que, en este caso con toda seguridad, las compañías cuyos costes variables son más reducidos, hidráulicas, atómicas, aerólicas, etc., concursarían por un precio superior a estos. Lo harían por un valor cercano al que estimasen que iba a resolverse la subasta, con el riesgo de que pudiesen quedar fuera del pool de adjudicación y por lo tanto de que el precio medio se incrementase, al tiempo que se perdería en transparencia.

En cualquier caso, el método de subasta no está en cuestión, puesto que está fijado por una directiva comunitaria y no parece que la UE esté dispuesta a cambiarlo. Bruselas también prohíbe a los gobiernos la intervención directa en los precios. Una parte de la izquierda no termina de entender que la soberanía nacional queda limitada por la pertenencia a la UE, y no digamos a la Eurozona.

Parece que hay cierta homogeneidad en aceptar que detrás de la importante elevación del precio de la energía que se está dando estos últimos meses en el mercado mayorista se encuentra, por una parte, la subida del precio del gas que impacta en el coste de las centrales de ciclo combinado y, por otra parte, el incremento que se está produciendo en la cotización de los derechos de emisión de CO2, debido al endurecimiento de la política de transición ecológica marcada por Bruselas. No hay visos de que ambos factores vayan a reducirse en los próximos años; lo más probable es que se produzca lo contrario, con lo que, descontando un mayor o menor consumo derivado de posibles cambios climáticos, no puede esperarse que los precios de las subastas del mercado mayorista vayan a  disminuir en el futuro.

Esta subida en el precio de la electricidad en el mercado mayorista está afectando a todos los países europeos, pero no de la misma forma, porque depende de la proporción en que utilizan las distintas clases de energía. Concretamente, España e Italia se encuentran a la cabeza. Esta situación sirve de ejemplo para visualizar las contradicciones en las que se mueve la Eurozona. Países con distintos precios que tienen que competir en el mismo mercado y no pueden compensar esa divergencia variando el tipo de cambio porque tienen la misma moneda.

Los gobiernos nacionales poco o nada pueden hacer con respecto al precio en el mercado mayorista. Ahora bien, en España, este representa tan solo el 30% de la factura, otro 20% obedece a los peajes en los que tampoco parece que exista mucho margen para el cambio. Pero existe otro 50% que está formado por impuestos propiamente dichos o lo que llaman cargos que, en definitiva, son una especie de impuestos, gastos que ahora pagamos los consumidores y que no tienen nada que ver con el suministro eléctrico, sino con decisiones políticas tomadas en el pasado tales como la que tomó Zapatero de conceder 9.000 millones de euros de primas a las renovables o la compensación de las tarifas extrapeninsulares. Decisiones políticas que pueden ser justificables o no, pero cuyo coste, en cualquier caso, no tiene por qué incidir sobre los consumidores de la electricidad.

La solución podría venir por transferir esos gastos o parte de los impuestos al presupuesto. La ministra de Transición Ecológica ha señalado que ello implicaría hacer recaer el gravamen sobre los contribuyentes. Es cierto porque el déficit y la deuda pública no dan más de sí. ¿Pero es que acaso los consumidores de la electricidad no son contribuyentes? La cuestión radica en elegir a qué grupos se grava y qué impuestos se utilizan.

Los que recaen sobre la factura son indirectos y de los más regresivos, con lo que puede haber alternativas en el sistema fiscal mucho más progresistas y adecuadas que compensen los ingresos que se dejen de cobrar al eliminar los impuestos sobre el consumo de la luz. Me temo que el Gobierno, sin embargo, no está demasiado dispuesto a acometer una reforma fiscal en serio. Ya la ha retrasado en varias ocasiones aduciendo que no es el momento, pero el momento no va a llegar nunca. En realidad, es difícil que la emprenda un partido que mantuvo aquello de que eliminar los impuestos era de izquierdas, que defendió un tipo único para el impuesto sobre la renta y que eliminó el gravamen sobre el patrimonio.

Incluso cuando se ve empujado a tener que dar una solución a la difícil encrucijada en la que le ha situado la subida desmedida de la energía eléctrica, solo acude tarde y parcamente a la rebaja (por otra parte, provisional) de los impuestos y cargos que gravan la factura y que, además, solo en parte serán asumidos por el presupuesto, ya que se va a crear el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que lo único que hará en definitiva será trasladar el coste al gas y a los hidrocarburos. La medida no modificará nada sustancialmente, solo la clase de consumo sobre que la que recaerá el gravamen.

El Gobierno intenta también salir de la encrucijada culpabilizando a las eléctricas y, más concretamente, a las hidráulicas y nucleares que, como hemos dicho antes, obtienen unos beneficios que pueden parecer infundados. Teresa Ribera les ha pedido que tengan empatía. Resulta un poco ridículo demandársela a unas empresas cuya finalidad por principio es la cuenta de resultados. Claro que el Gobierno parece haber cambiado la palabra concordia por empatía. Ahora es la de moda. El ministro independiente de Inclusión, refiriéndose al SMI, también ha pedido empatía a la CEOE. Ahí nos movemos, entre la empatía y la beneficencia, palabras muy ajenas al Estado Social, que se expresa en términos de justicia.

El Gobierno, por distintos medios, proyecta imponer cargas y gravámenes extraordinarios a esta clase de centrales eléctricas, lo que tiene muy buena aceptación popular. Me temo que la medida tiene más de pantalla y teatro que de efectividad, porque sus resultados son extremadamente dudosos. Primero, desde el punto de vista jurídico. No sería la primera vez que las eléctricas derrotan al Estado en los tribunales. Segundo, desde el punto de vista económico. No se sabe cómo van a reaccionar las empresas y los mercados. Hay peligro de que el desenlace sea contrario al buscado. ¿No sería preferible que, en lugar de gravar a las sociedades con unos procedimientos de los que desconocemos sus efectos, se reformara el impuesto sobre la renta de manera que se incrementase el gravamen a los ejecutivos y accionistas de estas compañías y de paso a los similares del resto de las sociedades de acuerdo con la capacidad económica de cada uno de ellos? Pero al Gobierno una verdadera reforma fiscal le da miedo. Terminará la legislatura sin acometerla e intentara moverse con impuestos al consumo que pasan más desapercibidos.

16-9-2020

Desde los tiempos de Platón han sido mucho los pensadores que han mantenido una visión dualista del ente. De una u otra manera, han distinguido entre un mundo ideal, de la representación, y otro de lo contingente, de los hechos, de la realidad; aunque una gran parte de ellos, comenzando por el propio Platón, han considerado que el verdaderamente real es el de la representación.

Casi todos los políticos, especialmente cuando están en el gobierno, caen en ese dualismo. Frente al mundo real, construyen otro ficticio, ilusorio, basado en la publicidad y en la propaganda. Pero pocos como Pedro Sánchez han empleado con tanta intensidad esta táctica. Su objetivo número uno es crear un relato imaginario, fabulado, con el que ocultar la realidad que él mismo va construyendo, pero que apesta en el aspecto político, y que en el económico presenta todo tipo de agujeros, lacras y paredes tambaleantes. Necesita, por lo tanto, pintar un escenario diferente, una meta realidad que pueda hacer pasar por la verdadera.

Pedro Sánchez huye de las malas noticias. Solo aparece para dar buenas nuevas o lo que él considera tales o que puede hacer creer a la gente que lo son. Cuenta a su favor con la sociedad de los tuits y de los titulares en la que nada se profundiza y todo puede distorsionarse. No esperemos, por tanto, que él y sus ministros hablen claro del estado de la economía, más bien intentarán ocultar la realidad y pintar un escenario rosa, halagüeño, casi idílico, muy distinto de los hechos y de los datos. Por ello, para conocer la verdadera situación es preciso transcender la representación, desprenderse del escenario y centrarse exclusivamente en las cifras. Estas son mostrencas y difíciles de ocultar, por mucho empeño que se ponga en distorsionarlas.

Me temo que este artículo va a ser aburrido, tedioso, lleno de porcentajes y de números, pero es la única manera de perforar la cubierta de ilusión con la que quieren recubrir los hechos. Con toda seguridad este año tendremos que escuchar reiteradamente que España es el país miembro de la Eurozona que más está creciendo y que al final de 2021 presentará un incremento del PIB de los más altos de Europa.  Es muy posible que vaya a ser así, pero para no engañarse hay que añadir inmediatamente que todo incremento está referido a un punto de partida. Si España va a crecer en 2021 más que el resto de los países, es porque en 2020 la economía española ha sido la que más se ha desplomado de toda la Eurozona (un 11%), más incluso que la de Grecia (10%) y la de Portugal (7,6%).

Y no solo de la Eurozona, sino que nuestro país está a la cabeza de los 37 estados miembros de la OCDE en el triste record, según las proyecciones macroeconómicas que ha publicado hace unos días esta institución, de haber padecido en el 2020 la tasa más negativa del PIB. Pocos datos tan adversos como este, por ello hay que ocultar la realidad con la representación. De ahí que el Gobierno y los medios de comunicación sanchistas, seguidos con cierta ingenuidad por casi todo el resto, en lugar de resaltar lo que era la verdadera noticia, se hayan fijado exclusivamente en que la OCDE elevaba para 2021 la previsión de crecimiento de la economía de nuestro país en unas cuantas décimas.

Es bien sabido que esta crisis es atípica. No obedece en principio ni a una caída autónoma de la oferta ni de la demanda. Es una crisis forzada por decisiones administrativas, tomadas en función de la evolución de una epidemia, y sometida en cierta forma a los vaivenes de esta. La actividad económica se suspende o se limita administrativamente según la marcha de los contagios y la gravedad de la situación. Ello puede producir oscilaciones en las tasas trimestrales de crecimiento que no obedecen a ninguna razón económica, sino a las distintas olas que se están produciendo en la pandemia y en las decisiones políticas que se adoptan para combatirlas.

Sí parece -y esperemos que sea así- que, considerando periodicidades anuales, el hundimiento profundo de la economía se ha producido en todos los países en 2020. Ciertamente en unos más y en otros menos, pero en casi todos se han dado tasas de decremento del PIB como no se habían conocido desde hacía muchísimos años. El PIB de la Eurozona en su conjunto se redujo un 6,8%. Hay que confiar por tanto en que en los próximos años todas las economías crezcan, y tanto más cuanto mayor haya sido el hundimiento de 2020.

Lo verdaderamente importante es saber cuándo retornará cada país al mismo nivel de renta que disfrutaba a finales de 2019. Según las estimaciones de la Comisión, solo Irlanda, Polonia y Luxemburgo alcanzarán a finales de 2021 un PIB similar o superior al que tenían en 2019. España, por supuesto, seguirá muy lejos de alcanzar ese objetivo, por mucho que su tasa de crecimiento vaya a ser este año de las más altas. De hecho, según la Comisión, el PIB no llegará ni al 94% del valor que tenía en 2019, uno de los porcentajes más bajos de la Eurozona. Es en este dato donde se encuentra la realidad; la representación, en considerar tan solo la tasa de crecimiento de 2021.

Será ya en 2022 cuando en la mayoría de los Estados se pueda hablar de recuperación. Solo el PIB de tres países, Italia, Grecia y España, se situará aún por debajo de la cuantía de 2019. A nuestro país le cabrá, en consecuencia, el dudoso honor de ser la economía que más ha caído en 2020, y uno de los que más tarde van a retornar a los niveles de renta que tenían en el 2019.  Ciertamente no es para lanzar cohetes y pintar un panorama azul pastel. Hablar de recuperación es desde luego mucho decir porque, en el mejor de los casos, se habrán perdido más de tres años.

Pero es que, aunque se trate de un dato importante, no todo se reduce al PIB. Hay que considerar otras variables que van a quedar tremendamente dañadas incluso después de que la renta se recupere aparentemente, y que a su vez se convertirán en un enorme lastre para la economía. En concreto, el endeudamiento público. Según el BCE, España va a ser el país de la Eurozona cuya deuda pública experimentará un mayor incremento entre 2019 y 2022, un 28,4%; pasando de un 95% a un 124% del PIB. Cifras que a todas luces pueden ser mayores según cuál sea la evolución de la pandemia y cómo se comporten otras variables, como las garantías públicas concedidas a las empresas (14% del PIB), muchas de ellas pueden resultar fallidas, o las propias morosidades que pudieran generarse en los bancos.

La situación de la hacienda pública de nuestro país es realmente crítica y solo se mantiene gracias al respaldo que le concede el BCE, que adquirió en 2020 deuda española por importe del 38% del PIB. La pregunta es hasta cuándo estará dispuesto el BCE a mantener esta política, o incluso hasta cuándo podrá mantenerla. Existe un mantra generalizado acerca de que las circunstancias han cambiado con respecto a la crisis de 2008. Ciertamente existen muchos elementos distintos. El más importante, sin duda, la actuación del BCE, que no comenzó a intervenir hasta 2012. Pero en lo que quizás no haya tanta diferencia, al contrario de lo que se dice, es en el comportamiento fiscal de la Unión Europea.

Se afirma que en la presente crisis se ha impuesto barra libre en las ayudas a las empresas y se ha permitido e incluso aconsejado a los gobiernos que no escatimen en el gasto, por contraposición a la anterior en la que se fijó una política de austeridad generalizada. Las cosas sin embargo no son tan claras. En la anterior crisis la política de austeridad no comenzó hasta el 2010, mientras que en los dos años anteriores lo que primó fueron las políticas expansivas del gasto, incluso aconsejadas por los propios organismos internacionales. Después vino el llanto y el crujir de dientes. No estoy nada seguro de que la actual crisis no tenga una segunda parte y que, después de tanta generosidad respecto a las empresas, Bruselas -más bien Frankfurt- no imponga restricciones y una política de austeridad que sin duda incidirá sobre los de siempre.

Desde el bando neoliberal y conservador de la política o de los medios, se vocea de forma reiterada que España es uno de los países que menos ayudas han concedido a las empresas y hacen, a continuación, la comparación con Alemania; pero la situación de este país es muy diferente y su endeudamiento, también. Cuando desde Europa se pretenda aplicar de nuevo la normativa sobre la estabilidad presupuestaria la situación de España puede ser muy crítica. Para llegar a medio plazo a un nivel de deuda del 60%, se precisaría mantener durante bastantes años unos superávits primarios (antes de pagar intereses) de alrededor del 7%; lo que resulta totalmente imposible, a menos que se implanten ajustes y recortes durísimos, que irán en la misma línea que adopta siempre Bruselas, incremento de impuestos indirectos y recortes sociales. Por eso resulta tan extraño que Podemos continúe insistiendo en aumentar las ayudas directas a las empresas.

En este escenario existe una incógnita de cara al futuro. Una mayor inflación tendría un efecto beneficioso sobre el stock de la deuda, siempre que poseyésemos una moneda propia, pero el euro es una divisa que no controlamos. Estamos en manos del BCE. Y es de suponer que esta institución no permitirá tasas elevadas de inflación, que originarían una depreciación del euro, aun cuando, sin duda, sería muy beneficiosa para los países del sur. Es más, parece bastante probable que en cuanto los precios se acerquen a los niveles que los países del norte consideren excesivos, el BCE se verá obligado a cambiar de política. Solo hay un factor que en este tema de la deuda puede ser positivo para España. Que no está sola, sino que la acompañan Grecia, Portugal, Italia e incluso Francia. El problema, se quiera o no, afectará a toda la Eurozona y es difícil pronosticar cuál será su solución final.

Nuestro país tiene una dificultad añadida que complica y agrava la situación económica, la enorme tasa de paro, el 16%, solo comparable con la de Grecia, y el doble que la media de la Eurozona; y a ello hay que añadir los 900.000 trabajadores que están actualmente en ERTE y los 500.000 autónomos que se encuentran en cese de actividad, y que no están comprendidos en la cifra anterior, pero que, al menos parte de ellos, se pueden convertir en parados. Ambos mecanismos, que deberían haber tenido una dimensión temporal, corren el peligro de transformarse en crónicos o permanentes.

En este mundo globalizado las crisis suelen ser también globales. La actual, cuyo origen es además una pandemia, no podía por menos que extenderse por todos los países; todos han sufrido las consecuencias, pero no todos en la misma medida. Las circunstancias de cada país y la gestión de los gobiernos tanto en el ámbito sanitario como en el económico han sido factores fundamentales a la hora de determinar el grado y la intensidad de los efectos negativos de la crisis. El mundo de la representación y el relato sanchista pretenden hacernos creer que todo depende de la pandemia y de la consiguiente crisis económica, intentan convencernos de que las consecuencias han sido iguales en todos los países, y de que los gobiernos carecen de toda responsabilidad.

Un triángulo encierra la economía española en una encrucijada que va a ser de difícil salida: desplome del PIB, y de la renta, estallido de la tasa de desempleo, y ascenso estratosférico del stock de endeudamiento público. Conjugando esas tres variables la crisis va a afectar a España en mayor medida que a la mayoría de los países de la Unión Europea y se encontrará en una situación bastante peor. En economía, los resultados nunca son inmediatos, pero antes o después el Gobierno se dará de bruces con la realidad.

republica.com 19-3-2021

Entre los factores más odiosos del sanchismo ocupa un lugar destacado esa continua pretensión de que la historia comienza con ellos; hasta ahora, por lo visto, no se había hecho nada que mereciese la pena. El discurso que Pedro Sánchez está elaborando acerca de Cataluña es vomitivo, una mezcla empalagosa de  buenismo y de embustes que tan solo procura ocultar esa enorme vergüenza que supone estar obligado a postrarse ante los golpistas para mantenerse en el gobierno. Expresiones como conflicto político, reencuentro, desjudicialización de la política, diálogo, etc., son todas ellas manifestación de la deshonra a la que ha llegado el Gobierno de España, de cómo pretende partir de cero y borrar cinco siglos de historia.

El aburrimiento y el asco que produce el comportamiento de este Gobierno con respecto a Cataluña es de tal calibre que cuesta hasta comentarlo. Tal vez la mejor forma de mostrar su oportunismo, levedad y vileza es compararlo con la intervención de Ortega y Gasset, hace cerca de 90 años, en las Cortes Españolas, con motivo del debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Prestemos pues estas páginas al catedrático de Metafísica y filósofo del perspectivismo. Dada su extensión, no podemos transcribirla por completo, aun cuando sería de sumo interés hacerlo. Contentémonos con aquellas partes que, aunque de forma parcial y subjetiva, he considerado más importantes:

 “…Se nos ha dicho: «Hay que resolver el problema catalán y hay que resolverlo de una vez para siempre, de raíz. La República fracasaría si no lograse resolver este conflicto que la monarquía no acertó a solventar…

… ¿Qué es eso de proponernos conminativamente que resolvamos de una vez para siempre y de raíz un problema, sin parar en las mientes de si ese problema, él por sí mismo, es soluble, soluble en esa forma radical y fulminante? ¿Qué diríamos de quien nos obligase sin remisión a resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? Sencillamente diríamos que, con otras palabras, nos había invitado al suicidio. Pues bien, señores; yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles…

…el problema catalán es un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularista. No temáis, señores de Cataluña, que en esta palabra haya nada enojoso para vosotros, aunque hay, y no poco, doloroso para todos.  ¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos. Y no se diga que es, en pequeño, un sentimiento igual al que inspiran los grandes nacionalismos, los de las grandes naciones; no; es un sentimiento de signo contrario. Sería completamente falso afirmar que los españoles hemos vivido animados por el afán positivo de no querer ser franceses, de no querer ser ingleses. No; no existía en nosotros ese sentimiento negativo, precisamente porque estábamos poseídos por el formidable afán de ser españoles, de formar una gran nación y disolvernos en ella. Por eso, de la pluralidad de pueblos dispersos que había en la Península, se ha formado esta España compacta. En cambio, el pueblo particularista parte, desde luego, de un sentimiento defensivo, de una extraña y terrible hiperestesia frente a todo contacto y toda fusión; es un anhelo de vivir aparte. Por eso el nacionalismo particularista podría llamarse, más expresivamente, apartismo o, en buen castellano, señerismo…

…Por eso la historia de pueblos como Cataluña e Irlanda es un quejido casi incesante; porque la evolución universal, salvo breves períodos de dispersión, consiste en un gigantesco movimiento e impulso hacia unificaciones cada vez mayores. De aquí que ese pueblo que quiere ser precisamente lo que no puede ser, pequeña isla de humanidad arisca, reclusa en sí misma; ese pueblo que está aquejado por tan terrible destino, claro es que vive, casi siempre, preocupado y como obseso por el problema de su soberanía, es decir, de quien le manda o con quien manda él conjuntamente. Y así, por cualquier fecha que cortemos la historia de los catalanes encontraremos a éstos, con gran probabilidad, enzarzados con alguien, y si no consigo mismos, enzarzados sobre cuestiones de soberanía, sea cual sea la forma que de la idea de soberanía se tenga en aquella época: sea el poder que se atribuye a una persona a la cual se llama soberano, como en la Edad Media y en el siglo XVII, o sea, como en nuestro tiempo, la soberanía popular. Pasan los climas históricos, se suceden las civilizaciones y ese sentimiento dilacerante, doloroso, permanece idéntico en lo esencial. Comprenderéis que un pueblo que es problema para sí mismo tiene que ser, a veces, fatigoso para los demás y, así, no es extraño que si nos asomamos por cualquier trozo a la historia de Cataluña asistiremos, tal vez, a escenas sorprendentes, como aquella acontecida a mediados del siglo XV: representantes de Cataluña vagan como espectros por las Cortes de España y de Europa buscando algún rey que quiera ser su soberano; pero ninguno de estos reyes acepta alegremente la oferta, porque saben muy bien lo difícil que es la soberanía en Cataluña. Comprenderéis, pues, que, si esto ha sido un siglo y otro y siempre, se trata de una realidad profunda, dolorosa y respetable; y cuando oigáis que el problema catalán es en su raíz, en su raíz –conste esta repetición mía–, cuando oigáis que el problema catalán es en su raíz ficticio, pensad que eso sí que es una ficción…

…Afirmar que hay en Cataluña una tendencia sentimental a vivir aparte, ¿qué quiere decir, traducido prácticamente al orden concretísimo de la política? ¿Quiere decir, por lo pronto, que todos los catalanes sientan esa tendencia? De ninguna manera. Muchos catalanes sienten y han sentido siempre la tendencia opuesta; de aquí esa disociación perdurable de la vida catalana a que yo antes me refería. Muchos, muchos catalanes quieren vivir con España…

…Pero los que ahora me interesan más son los otros, todos esos otros catalanes que son sinceramente catalanistas, que, en efecto, sienten ese vago anhelo de que Cataluña sea Cataluña. Mas no confundamos las cosas; no confundamos ese sentimiento, que como tal es vago y de una intensidad variadísima, con una precisa voluntad política… No, muchos catalanistas no quieren vivir aparte de España, es decir, que, aun sintiéndose muy catalanes, no aceptan la política nacionalista, ni siquiera el Estatuto, que acaso han votado. Porque esto es lo lamentable de los nacionalismos; ellos son un sentimiento, pero siempre hay alguien que se encarga de traducir ese sentimiento en concretísimas fórmulas políticas: las que a ellos, a un grupo exaltado, les parecen mejores. Los demás coinciden con ellos, por lo menos parcialmente, en el sentimiento, pero no coinciden en las fórmulas políticas; lo que pasa es que no se atreven a decirlo, que no osan manifestar su discrepancia, porque no hay nada más fácil, faltando, claro está a la veracidad, que esos exacerbados les tachen entonces de anticatalanes…

…Pero una vez hechas estas distinciones, que eran de importancia, reconozcamos que hay de sobra catalanes que, en efecto, quieren vivir aparte de España. Ellos son los que nos presentan el problema; ellos constituyen el llamado problema catalán, del cual yo he dicho que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar. Y ello es bien evidente; porque frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destino, de esfuerzos, de penas, de ilusiones, de intereses, de esplendor y de miseria, a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y su voluntad. Si el sentimiento de los unos es respetable, no lo es menos el de los otros, y como son dos tendencias perfectamente antagónicas, no comprendo que nadie, en sus cabales, logre creer que problema de tal condición puede ser resuelto de una vez para siempre. Pretenderlo sería la mayor insensatez, sería llevarlo al extremo del paroxismo, sería como multiplicarlo por su propia cifra; sería, en suma, hacerlo más insoluble que nunca…

…Yo creo, pues, que debemos renunciar a la pretensión de curar radicalmente lo incurable. Recuerdo que un poeta romántico decía con sustancial paradoja: «Cuando alguien es una pura herida, curarle es matarle.» Pues esto acontece con el problema catalán…

…soberanía es la facultad de las últimas decisiones, el poder que crea y anula todos los otros poderes, cualesquiera sean ellos, soberanía, pues significa la voluntad última de una colectividad. Convivir en soberanía implica la voluntad radical y sin reservas de formar una comunidad de destino histórico, la inquebrantable resolución de decidir juntos en última instancia todo lo que se decida. Y si hay algunos en Cataluña, o hay muchos, que quieren desjuntarse de España, que quieren escindir la soberanía, que pretenden desgarrar esa raíz de nuestro añejo convivir, es mucho más numeroso el bloque de los españoles resueltos a continuar reunidos con los catalanes en todas las horas sagradas de esencial decisión. Por eso es absolutamente necesario que quede deslindado de este proyecto de Estatuto todo cuanto signifique, cuanto pueda parecer amenaza de la soberanía unida, o que deje infectada su raíz. Por este camino iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional. Yo recuerdo que una de las pocas veces que en mis discursos anteriores aludí al tema catalán fue para decir a los representantes de esta región: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía». Y conste que autonomía significa, en la terminología juridicopolítica, la cesión de poderes; en principio, no importa cuáles ni cuántos, con tal que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien, y entendernos –me importa subrayar esto– progresivamente, porque esto es lo que más conviene hallar: una solución relativa y además progresiva…

…nos parece un error que, en uno de los artículos del título primero, se deslice el término de «ciudadanía catalana». La ciudadanía es el concepto jurídico que liga más inmediata y estrechamente al individuo con el Estado, como tal; es su pertenencia directa al Estado, su participación inmediata en él. Hasta ahora se conocen varios términos, cada uno de los cuales adscribe al individuo a la esfera de un Poder determinado; la ciudadanía que le hace perteneciente al Estado, la provincialidad que le inscribe en la provincia, la vecindad que le incluye en el Municipio. Es necesario, a mi modo de ver, que inventen los juristas otro término, que podamos intercalar entre el Poder supremo del Estado y el Poder que le sigue –en la vieja jerarquía– de la provincialidad; pero es menester también que amputemos en esa línea del proyecto de Estatuto esa extraña ciudadanía catalana, que daría a algunos individuos de España dos ciudadanías, que les haría en materia delicadísima, coleccionistas.

Por fortuna, ahorra mi esfuerzo, en el punto más grave que sobre esta materia trae el dictamen, el espléndido discurso de maestro de Derecho que ayer hizo el señor Sánchez Román. Me refiero al punto en el cual el Estatuto de Cataluña tiene que ser reformado, de suerte tal que no se sabe bien si esta ley y poder que las Cortes ahora otorguen podrá nunca volver a su mano, pues parece, por el equívoco de la expresión de este artículo, que su reforma sólo puede proceder del deseo por parte del pueblo catalán. A nuestro juicio, es menester que se exprese de manera muy clara no sólo que esto no es así, sino que es preciso completarlo añadiendo a esa incoación, por parte de Cataluña, del proceso de revisión y reforma del Estatuto, otro procedimiento que nazca del Gobierno y de las Cortes. Parece justo que sea así…

…Y si no fuera porque en uno de sus lados sería petulancia, terminaría diciéndoos, señores diputados, que reflexionéis un poco sobre lo que os he dicho y olvidéis que yo os lo he dicho…”.  

Hasta aquí las palabras de Ortega. Cuan de importante sería que todas ellas se pronunciasen de nuevo en las Cortes españolas. Sonarían como latigazos que pondrían en ridículo esa payasada de la mesa bautizada por Sánchez de diálogo, mesa como mínimo “alegal” y “aconstitucional”, pues se ha establecido de forma querida y consciente al margen de todo ordenamiento jurídico y de la estructura política, con la intención de que sus sesiones y acuerdos, si los hubiese, no pudieran ser recurridos ante el Tribunal Constitucional. No es cierto, por tanto, que con esta mesa -tal como afirman algunos comentaristas- los independentistas catalanes vuelvan a las instituciones. Desde el punto de vista institucional, esta mesa no existe. Se podría decir que se ha creado en el aire, es tan solo un contubernio. Ver a un gobierno central embarrado en tales aquelarres es patético, pero también trágico.

republica.com 28-2-2020

Existe una aberración sustancial en lo que hoy se autodenomina izquierda -bien lo sea o bien simplemente lo parezca: partidos políticos, sindicatos y hasta organizaciones de la sociedad civil -como se dice ahora-, aunque en realidad estas últimas no son nada diferente de los partidos y sindicatos. El error, de considerables proporciones, consiste en que razonan como si no existiesen la globalización, la Unión Europea (UE) y la moneda única. Se ha dado un proceso muy curioso. La izquierda europea, salvo raras excepciones, prestó oídos sordos a todas aquellas voces que avisaban de que el proyecto de la UE tal como se estaba diseñando iba cercenando posibilidades a una eventual aplicación de una política socialdemócrata, y que esas posibilidades, por pequeñas que fuesen, desaparecían con la moneda única.

La paradoja se produce cuando una vez constituida la Unión Monetaria (UM) se niegan a aceptar las limitaciones y actúan (o al menos prometen actuar) como si aquella no existiese. Ni siquiera la crisis del euro y la grave situación por la que han atravesado algunos países les han abierto los ojos. Ciertamente que en aquel momento muchos se asustaron, pero, una vez que se produjo el ajuste, han tendido a pensar que todo obedecía a la maldad de la derecha, han supuesto que ya había pasado todo y que incluso se puede recuperar la totalidad de lo perdido. Desde luego, lo que de ningún modo contemplan es que la tragedia pueda volver a repetirse. Todas estas consideraciones vienen a cuento de la polémica suscitada acerca del salario mínimo interprofesional (SMI) y su influencia y repercusión en el empleo. Es absurdo plantear el problema como si no estuviésemos en la UE y como si nuestra moneda no fuese el euro.

Tengo que empezar reconociendo con humildad que soy incapaz de pronunciarme, ya que me faltan datos, en una u otra dirección. Desconozco a cuántos trabajadores puede afectar, qué sectores y en qué medida están implicados y, en último término, cuáles son sus características. Todas esas informaciones son necesarias y necesario es, además, analizar cuál es la situación de la economía en este momento. Pero precisamente por eso no me parece que nadie pueda tomar sobre el tema una decisión en función del puro voluntarismo o de prejuicios ideológicos. Se precisa además diferenciar las distintas hipótesis y circunstancias.

Veamos tan solo cómo el resultado es discordante según las situaciones en las que nos movamos. El crecimiento de la productividad en los puestos de trabajo afectados por el incremento salarial simplifica mucho el problema. En este caso, la subida del salario puede ser encajado por el excedente empresarial, sin que los empresarios estén obligados a cancelar, por considerarlos no rentables, determinados puestos de trabajo. Aun más, es muy posible que en esta hipótesis el empleo, lejos de reducirse, aumente, porque aumenten la demanda y la actividad económica. La razón de esta última afirmación se encuentra en que la propensión al consumo suele ser más elevada en los trabajadores (especialmente los de sueldos bajos) que en los empresarios, y no hay nada que garantice que el ahorro de estos últimos se vaya a trasformar en inversión.

Como complemento a lo dicho, conviene precisar que cuando hablamos de productividad no lo estamos haciendo en términos cuantitativos, sino de valor. Poco importa que un número n de trabajadores hayan incrementado las piezas o los kilos producidos en un 10%, si al mismo tiempo los precios de esa mercancía se han reducido en ese mismo 10%. Y viceversa, puede ser que la productividad se eleve en un 10%, sin que la cantidad producida se haya acrecentado, porque los precios hayan subido ese mismo 10%.

Las cosas cambian radicalmente cuando en los sectores o en los puestos de trabajo afectados por el SMI el incremento de la productividad es cero o próximo a cero, o incluso cuando está por debajo del aumento salarial que se quiere aprobar. En esta situación comienzan a surgir las dudas y resulta imprescindible distinguir varios escenarios. Simplifiquemos.

Escenario primero. Economía semicerrada, o en la que al menos el gobierno tiene suficiente control sobre exportaciones e importaciones. Supongamos que se producen solo dos artículos. Artículo A, fabricado por trabajadores de alta cualificación y por lo tanto de elevada retribución, y un producto B de muy baja productividad, empleos basura y salarios mínimos. En estas condiciones, el gobierno, dentro de su política social, podría decidir elevar el SMI sin que se produjese un impacto negativo sobre el empleo. El incremento salarial se trasladaría al precio del producto B, y el efecto más probable sería una redistribución de la renta, un incremento de los ingresos de los trabajadores de B, y un descenso de los ingresos reales de los trabajadores de A, puesto que el precio de B habría aumentado.

Escenario segundo. Una economía totalmente abierta que practica el libre cambio, pero el gobierno mantiene el control de la moneda. Supongamos al igual que en el ejemplo anterior dos productos, A y B, con las mismas características. En este caso la solución resulta más alambicada. El gobierno podría subir el SMI sin repercusión en el desempleo, siempre que se produjese la depreciación de la moneda. De esa manera, el precio del producto B en moneda nacional podría elevarse sin que afectase al precio exterior y, por lo tanto, sin que influyese en las exportaciones ni en la competencia de las importaciones. El resultado sería el mismo que en el caso anterior, las rentas de los trabajadores del producto B se incrementarían (por el aumento del salario mínimo) y las del A se reducirían por la subida en moneda nacional del precio de B.

Tercer escenario. Una economía totalmente abierta y sin moneda propia. Es la situación que en estos momentos tienen todos los países miembros de la UM. Al igual que en los ejemplos anteriores, sobrentendamos dos artículos, el A y el B, también con características similares a las que poseen en las hipótesis primera y segunda. En esta situación, por poco abierto que sea el mercado del producto B, habrá muy pocas posibilidades de que la subida de los salarios de los trabajadores de este producto se traslade al precio, con lo que resultará bastante probable que los empresarios consideren que no es rentable mantener los puestos de trabajo, produciéndose por tanto un efecto negativo sobre el empleo. Esto será tanto más fácil en cuanto que los puestos de trabajo afectados sean más precarios y temporales y donde, por tanto, el despido resulte más viable.

El problema, como se ve, es complejo, y no se puede hacer un juicio general que sirva para todas las circunstancias. Son muchas las variables en juego y sin tenerlas en cuenta no tiene sentido adherirse a una u otra tesis de forma puramente dogmática. Tampoco las estadísticas de empleo y paro pueden inclinar la balanza hacia una u otra conclusión, ya que en ellas confluyen otros muchos factores y resultará muy difícil aislar exclusivamente el efecto de la subida del SMI.

Lo que sí parece poder concluirse es que la asunción del libre comercio y la pertenencia a la UM dificultan enormemente la subida del SMI sin que afecte negativamente al empleo, a no ser que el incremento salarial esté en consonancia con la evolución de la productividad.

Para situar el problema dentro de la UE, conviene señalar la enorme disparidad que se da entre sus miembros respecto a la cuantía del SMI. Entre Luxemburgo (doce pagas de 2.142 euros mensuales) y Bulgaria (312 euros con la misma cadencia) el abanico es muy amplio. España, con 1.108 euros, está situada más bien entre los países de cuantía más elevada, solo superada, aparte de por Luxemburgo, por Irlanda (1.707), Países Bajos (1.654), Bélgica (1.594), Alemania (1.584) y Francia (1.584). No deja de ser curioso que los dos países con un SMI más elevado sean paraísos fiscales. Se nota que la actividad de evasión fiscal conlleva una alta productividad.

Por debajo de España se encuentran el resto de los países miembros: Eslovenia (941), Malta (777), Grecia (758), Portugal (741), Polonia (611), Lituania (607), Estonia (580), República Checa (575), Croacia (545), Hungría (487), Rumania (466), Letonia (430) y Bulgaria (312). Y de alguna manera también se sitúan detrás Italia, Austria, Chipre, Suecia, Dinamarca y Finlandia, puesto que no tienen establecido salario mínimo.

En un mercado único en el que además la mayoría de los países miembros tienen la misma moneda, ¿cómo mantener esta inmensa disparidad sin que se produzcan graves distorsiones? Entre economías en que las estructuras productivas no son comparables, (los productos, en una buena medida, de diferente tecnología y la mano de obra de cualificación diversa), la distancia en los niveles salariales tal vez no cree demasiadas complicaciones, pero el panorama cambia cuando nos movemos en países con producciones similares, susceptibles de hacerse la competencia. Entonces esa disparidad salarial puede originar un sinfín de problemas.

Aunque a algunos les cueste admitirlo, la UE se mueve en terrenos pantanosos. En un principio, cuando el número de países era reducido y sus características homogéneas, podía pensarse que el proyecto era viable, pero según se ha ido ampliando el número de miembros han ido surgiendo las contradicciones, convirtiéndose estas en insolubles con la ampliación al Este.

La pretensión de la nueva presidenta de la Comisión acerca de una cierta armonización del SMI entre los países miembros no va a ser sencilla, dada la gran diversidad existente. Bien es cierto que no se pretende hacerla en euros sino en porcentaje (60%) sobre el salario medio, con lo que la heterogeneidad permanece. Aún más, es posible que se creen problemas adicionales desde el momento en que la estructura salarial puede ser distinta en cada país y por lo tanto los efectos de adecuar el salario mínimo al 60% del salario medio puede ser también muy diferente en cada uno de ellos. En cualquier caso, quizás la propuesta de la señora Ursula von der Leyen no tenga demasiada relevancia porque, como tantas otras en la UE, solo servirá como propaganda y nunca se aprobará. Aun estamos esperando el fondo de garantía de depósitos o el seguro de desempleo europeos.

En el caso de España, desde 2016 el salario mínimo interprofesional ha sufrido un incremento del 45%. Es una subida en cuatro años lo suficientemente elevada para que no sea descabellado pensar que en una economía sometida a la libre circulación de mercancías y en la que el gobierno no controla la moneda, determinados sectores y productos puedan tener graves dificultades para asumirla y que se produzca, en consecuencia, un efecto negativo sobre el empleo.

Una política social auténticamente progresista antes de proponer la subida del SMI en un determinado porcentaje debería tener en cuenta todas las circunstancias, en especial la pertenencia a la UM y la estructura productiva de la economía en cuestión, es decir, las características de los puestos de trabajo a los que va a afectar la medida. De acuerdo con todo ello tiene que analizar el efecto neto que se va a producir sobre los trabajadores. Por lo menos se deberá adoptar la decisión siendo conscientes de cuáles van a ser las consecuencias. Quizás desde una óptica socialdemócrata sea lícito creer que determinados puestos laborales, dada su baja productividad, no deberían existir. Pero entonces hay que decirlo claramente, aceptar el impacto negativo sobre las cifras de empleo, y sobre todo asumir y tener previsto un incremento en el seguro de desempleo que compense a los trabajadores que pierdan el puesto de trabajo.

Desde planteamientos populistas el panorama cambia de forma radical. Las decisiones se adoptan únicamente desde una perspectiva electoral. Poco importan los resultados reales. Se atiende únicamente a las apariencias, y a cómo se pueden vender a la sociedad. Desde esa óptica interesan escasamente los análisis, el contexto y las condiciones económicas. Da igual estar o no estar en la UE. Es indiferente contar o no contar con moneda propia. Lo único que vale es el postureo. He ahí la diferencia entre la autentica socialdemocracia y el populismo.

republica.com 21- 2-2020