“No vamos a permitir, señoras y señores, que la guerra trueque esa evolución positiva de la economía española en nuestro país”. Así se explicaba Sánchez al presentar su “Plan de choque de respuesta a la guerra”. Lo hacía en ese foro en el que se siente tan a gusto, el del mundo empresarial y el del IBEX, y al que suele acudir a presentar sus proyectos y leyes, con anterioridad a exponerlo en el Parlamento, o a la oposición, incluso, a sus socios de gobierno y de coalición. Lo propio de un régimen autocrático. El caudillo no debe tener ninguna limitación. Solo aplausos y aquiescencia. Y para eso están siempre dispuestos los clientes agradecidos. La oposición estorba.
Sánchez es especialista en esconderse tras cualquier cosa con tal de echar culpas fuera. Ahora es Putin. Titula su plan de choque (de choque tiene poco) “de repuesta a la guerra”. Quiere dar la imagen de que la economía iba como un cañón con anterioridad a la invasión de Ucrania. “Una economía que había empezado a crecer de forma robusta y que está creando empleo de manera también robusta, en niveles históricos”. Todo muy robusto y que no falte la coletilla de “niveles históricos”.
“El año 2021 se cerró, como he dicho antes -continúa hablando Sánchez-, con un crecimiento del 5,1% del PIB, el mayor en dos décadas”. La afirmación no es errónea, pero el latiguillo final colocado con toda la intención puede inducir a confusión. Desde la Moncloa se hace esta triquiñuela de forma habitual y lo malo es que los medios de comunicación suelen repetirla. Es cierto que hay que remontarse veinte años atrás para encontrar un dato parecido, pero eso no constituye ningún éxito, ni la tasa representa nada excepcional al estar calculada sobre una base anormalmente baja, el PIB del año de 2020, tras ese derrumbe del 10,8%. Ante el titular, muchos ciudadanos se quedan en la creencia de estar en presencia de un buen dato, cuando constituye un incremento realmente pobre respecto al que cabía esperar, y que nos pone a la cola de todos los países europeos en el proceso de recuperación.
Lo verdaderamente ilustrativo es comparar el PIB de 2021 con el de 2019. La tasa es del 6,3% negativa. Es decir, el año pasado terminó con un PIB un 6,3% inferior al de 2019, lo que crea graves incertidumbres acerca de en qué año nuestro nivel de renta alcanzará el que teníamos antes de comenzar la crisis sanitaria, y desmiente radicalmente las palabras de Sánchez: “Estamos a punto de recuperar en tan solo dos años el PIB anterior a la pandemia”. La realidad es que nos encontramos muy lejos de ello y, además, a la cola de todos los países europeos. Muchos de ellos ya lo han conseguido.
En cuanto a los datos de nivel de empleo, variable a la que con más fuerza se agarra el Gobierno para mostrarse optimista, hay que interpretarlos adecuadamente. No deben separarse del número de trabajadores en ERTE y del de autónomos en cese de actividad, a los que no se puede considerar empleados aun cuando continúen afiliados a la Seguridad Social. Buena prueba de ello es el hecho de que las prestaciones que perciben se realizan con cargo al seguro de desempleo. Por otra parte, una evolución más positiva del empleo respecto al PIB solo indica que la productividad está descendiendo. Es por eso por lo que a las cifras que hay que acudir, y que son las realmente significativas, son las estadísticas de horas trabajadas.
Sumamente revelador es comparar las realizaciones con lo que el Gobierno, en la elaboración de los presupuestos, en octubre de 2020, esperaba lograr, que situaba como objetivos para 2021. El Gobierno presentó dos escenarios macroeconómicos. El primero es el que llamó tendencial, esto es, el que se conjeturaba que se produciría de acuerdo con las condiciones normales de la economía sin medidas adicionales de política económica. El segundo es el que teóricamente se iba a alcanzar mediante la actuación del Gobierno y la aplicación de recursos públicos, especialmente los derivados del fondo de recuperación europea, en el que Sánchez puso todas sus esperanzas.
El crecimiento del PIB previsto en este segundo escenario -y se supone que sobre el que estarían basando las cifras presupuestarias- era del 9,8%, es decir, nada menos que 4,7 puntos de diferencia sobre la tasa real que al final se ha conseguido, 5,1%, tasa que está por debajo (2,1 puntos menos) incluso de la que se preveía en el escenario tendencial (7.2%). Pero es que, además, ya casi al final del año, en el mes de octubre, en la presentación de los presupuestos de 2022, el Gobierno, en contra de las previsiones de todos los otros organismos, continuaba apostando, tal vez por voluntarismo, ignorancia o con mayor probabilidad por el afán de ocultar la realidad, a un crecimiento del 6,5%, es decir, 1,4 puntos por encima del que realmente ha sido.
Sería de suponer que una tasa real tan alejada de los objetivos que el Ejecutivo se había fijado, le llevaría a tomar una postura más bien humilde de aceptación del fracaso; también que daría una explicación de sus posibles causas y expondría la forma de superar los problemas de cara al futuro. Pero la actitud adoptada ha sido muy diferente. No dejan de hablar de crecimiento robusto. El presidente del Gobierno, la ministra de Economía, todos siguen la consigna, expansión robusta. La ministra de Hacienda no podía ser menos. Antes muerta que sencilla. También ella ha recurrido a la robustez de la economía para explicar la contención del déficit. La explicación, sin embargo, es otra muy distinta.
El déficit de 2021 (6,7% del PIB), aunque menor al esperado, no es como para lanzar fuegos artificiales, y desde luego está lejos de merecer ese tono triunfalista adoptado por la doctora ministra en su presentación. Acude a la misma táctica de siempre y que después copian los medios con titulares llamativos, el cotejo con los datos de 2020 (10,08%). Alardea de que es 4,1 puntos menor y un 38% más bajo, una disminución única, dice, en la serie histórica. Para el sanchismo todo es histórico. Siempre estamos en lo mismo, en la comparación con el año 2020, que fue totalmente anormal. Solo faltaba que mantuviésemos el mismo PIB, el mismo número de parados y el mismo déficit que el de ese año.
Lo que sí es verdad es que los datos facilitados por María Jesús Montero han desmentido las expectativas agoreras de todos aquellos que, desde los medios de comunicación, pronosticaban que, dado que los presupuestos se habían elaborado sobre un cuadro económico inflado, la recaudación sería inferior a la prevista y el déficit, por tanto, mayor. El razonamiento seria impecable a no ser porque no tenían en cuenta que interviene otro factor en el juego, la inflación. La inflación cuenta y mucho con respecto a las finanzas públicas. Existe una correlación entre los ingresos públicos y el PIB, pero el PIB nominal, en precios corrientes, incluyendo el nivel de precios.
Atendiendo únicamente a la parte real del crecimiento, PIB en precios constantes, la recaudación en 2021 tendría efectivamente que haber sido inferior a la prevista en los presupuestos, ya que el nivel de la actividad económica se mantuvo también por debajo de lo pronosticado, pero como la inflación ha alcanzado cotas muy superiores a las anunciadas, se ha compensado con creces el anterior desfase. El ejercicio se ha cerrado con un deflactor del PIB de 2,3 puntos por encima del que aparecía en el presupuesto y el índice de precios al consumo ha seguido una senda constante de crecimiento desde el 0% a principios de año hasta el 6,5% en diciembre. Ha sido la inflación la causante de la subida de la recaudación y de que el déficit no fuese mayor.
La ministra de Hacienda o bien es que no entiende nada de todo esto (lo cual es muy posible), o es que está dispuesta a mentir todo lo que sea necesario a mayor gloria del jefe (lo que es aún más probable). Insistió en la rueda de prensa en que el buen comportamiento de la recaudación y del déficit se debe a la expansión “potente” de la economía, lo que es falso porque, como ya hemos visto, el PIB creció mucho menos de lo previsto. Resulta evidente que el Gobierno ha visto en la subida de los precios un instrumento ideal para nivelar y con creces ese mayor déficit que se hubiera producido al ser la recuperación económica muy inferior a la anunciada.
A estas alturas de la película, parece que todo el mundo debería ser consciente de que la inflación incide positivamente en la cuantía de la recaudación, por lo que carecen de todo sentido las múltiples posturas farisaicas, anunciando todo tipo de males y catástrofes por indexar las pensiones al IPC. Se olvidan de que, si el gasto en pensiones sube con la inflación, en mayor medida lo hacen los ingresos del Estado, ya que estos tienen una elasticidad con respecto al PIB superior a la unidad.
Es curioso que aquellos que se oponen a que las pensiones se actualicen por el IPC sean los mismos que después insisten una y otra vez en denominar a la inflación el impuesto de los pobres, porque es precisamente en este ámbito donde, si las prestaciones no se regularizan, se hace cierta tal definición. Los jubilados verían gravadas sus remuneraciones por un importe equivalente a la subida de los precios y el Estado recaudaría una cantidad extra equivalente.
El problema solo aparece cuando el Gobierno pretende utilizar ese exceso de recaudación generada por la inflación a otros menesteres como puede ser, en los momentos actuales, para compensar el déficit de ingresos causado por el menor crecimiento de la economía. Es por ese motivo y mirando al futuro por lo que Sanchez ha sido tan reacio a combatir las subidas de los precios de las distintas clases de energía, bajando los impuestos correspondientes que gravan esos productos y renunciando al menos a la recaudación extraordinaria derivada de esta clase de tributación.
Lo que se entiende menos es que cuando al fin se ha visto obligado a hacer una pequeña concesión, como la de bonificar con veinte céntimos el litro de carburante, lo haya instrumentado como una especie de subvención, con una gran complicación administrativa y no, como sería más sencillo, como una simple bajada de impuestos. Sea cual sea la razón, lo que ha ocurrido es que debido a la incompetencia y falta de experiencia administrativa de este Ejecutivo y de sus cargos de confianza se ha generado un desbarajuste muy considerable, y si no que se lo digan a las gasolineras. De nuevo, al igual que con el ingreso mínimo vital se ha embarrado a la Agencia Tributaria en tareas que no le corresponden y la alejan de su auténtico objetivo, el control fiscal y la persecución del fraude. Bien es verdad que, si una galena puede hacer de ministra de Hacienda, por qué la Agencia tributaria no va a poder dedicarse al negocio de la gasolina.
Sánchez nos quiere hacer ver que las dificultades económicas han surgido con Putin, hasta el extremo de que su plan de choque contra la crisis económica lo ha tildado de respuesta a la guerra, pero ello resulta difícil de creer cuando, como hemos visto más arriba, antes del conflicto bélico e incluso antes de que este se vislumbrase el hundimiento de la economía española había sido el más pronunciado de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE, y el ritmo de recuperación el más bajo, de manera que nuestra economía es la que más se aleja de los niveles de 2019. A su vez, la inflación ha venido aumentándose a lo largo de todo 2021, hasta alcanzar en diciembre, mucho antes de que las tropas rusas invadiesen Ucrania, el 6,5%.
Sin duda, la guerra ha agravado la situación económica de toda la Unión Europea, especialmente disparando la inflación, pero alguien tendría que contestar a la pregunta de por qué nuestro país, siendo de los que se encuentran más alejados de Ucrania y de los que teóricamente tienen menor dependencia energética de Rusia, es uno de los que presentan mayores incrementos de precios. En el mes de marzo la tasa de inflación armonizada de España asciende a 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (7,5%). Tan solo Lituania, Estonia, Países Bajos y Letonia han sufrido mayores incrementos. Sin embargo, otros, y más representativos para nuestra economía, como Alemania, Italia, Portugal y Francia, etc., presentan respectivamente tasas mucho más reducidas (7,6%, 7%, 5,5% y 5,1%,).
Este fenómeno tiene especial gravedad, ya que el diferencial de precios con los otros países y la correspondiente pérdida de competitividad estuvieron en el origen de las crisis económicas que sufrió España en los principios de los noventa y en 2008. De la primera se salió con cuatro devaluaciones; en la segunda, al no poder devaluar por encontrarnos ya en la Unión Monetaria, la sociedad tuvo que sufrir una depreciación interior de precios y salarios con graves consecuencias sociales. Esperemos que no tengamos que enfrentarnos muy pronto de nuevo con una crisis de estas características.
Republica.com 7-4-2022
