ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Es de sobra conocido ese pasaje de la Biblia (Génesis 11; 1-9) que narra la construcción de la torre de Babel y cómo Yahvé, ofendido por la osadía de los que querían llegar hasta el cielo, se dijo a sí mismo: Forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, podrán lograr todo lo que se propongan, mejor será que confundamos su lengua, y hagamos que tengan que explicarse en distintos idiomas, de manera que no se entiendan entre sí. El relato bíblico no parece que considere la multitud de lenguas como una riqueza cultural, sino más bien como una maldición que coloca una barrera entre los hombres para que no se entiendan.

La Unión Europea cuenta con veinticuatro idiomas: alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano, croata y sueco. Un poco difícil la comunicación… y aún hay quien quiere que se incorporen nuevas lenguas. Se entiende perfectamente que Jean-Claude Juncker, siendo presidente de la Comisión Europea, al ser preguntado por la independencia de Cataluña contestase medio en broma medio en serio: Si Cataluña se independiza, otros muchos pretenderán hacer lo mismo. No quiero una Europa formada por noventa miembros. Manejar a veintisiete países ya es difícil, con  noventa sería imposible.

Entre los múltiples factores que cuestionan la viabilidad a largo plazo de la Unión Europea, ocupa lugar preferente la multiplicidad y heterogeneidad de los países que la conforman. En un principio, cuando se llamaba Comunidad Económica Europea, gozó de cierta estabilidad al estar integrada por seis países de características similares: Alemania, Francia, Italia y los tres del Benelux. Incluso fueron capaces de mantener durante varios años, de 1979 a principios de los noventa, un sistema de cambios fijos, aunque ajustables, y eso a pesar de que el experimento anterior, la serpiente monetaria, había fallado.

La situación comienza a cambiar en cuanto entran otros socios con propiedades económicas algo distintas: Grecia, Portugal, España, cuya incorporación coincide, además, con la adopción de la libre circulación de capitales, es decir, con la privación a los Estados de los mecanismos de control de cambios. No obstante, la clase política, empujada tal vez por los múltiples lobbies que la circundan, estaba decidida a crear la Unión Monetaria, aún a sabiendas de que el fracaso del Sistema Monetario Europeo a principios de los noventa había indicado claramente que los países miembros eran lo suficientemente dispares para hacer dudar de la viabilidad de la moneda única, al menos si no se avanzaba rápidamente hacia una integración fiscal y presupuestaria.

Pero fue en 2004 cuando la Unión Europea se enfrenta a una disyuntiva crucial: crecer en intensidad consumando la Unión, o en extensión añadiendo nuevos miembros. Sabemos que se inclinó por la segunda opción, la ampliación con diez nuevos Estados, lo que se completó en los años posteriores con otras tres incorporaciones hasta alcanzar los veintisiete actuales, y parece que el proceso no ha terminado aún. La crisis de 2008 puso a prueba la solidez de la unión, viéndose claramente la escisión entre países deudores y acreedores, situación que se corrigió provisionalmente gracias a la actuación del BCE y los durísimos ajustes a los que se sometió a los primeros.

Las diferencias, corregidas y aumentadas por la ampliación, continúan estando ahí. Cualquier variable que se tome a la hora de comparar los veintisiete países arroja diferencias inquietantes. La renta per cápita de algunos países es dos, tres o cuatro veces superior a la de otros, y algo similar ocurre con los salarios. Recientemente estas diferencias se han plasmado en las tasas de inflación. Se ha insistido con frecuencia en la cuantía desmesurada, y últimamente desconocida, que ha alcanzado el incremento de precios en Europa, pero a mi entender no se ha puesto el suficiente énfasis en las enormes diferencias que se producen en esta variable entre los países de la Unión Europea y, lo que es aún más grave, de la Eurozona.

Fue esta disparidad en el incremento de precios entre, por ejemplo, Alemania y España, Portugal y Grecia, la que estuvo detrás de los problemas que azotaron al euro en 2008 y años posteriores. Las diferencias en las tasas de inflación, consolidadas y progresivamente incrementadas desde 2000, fecha de constitución de la Eurozona, hasta 2008, no podían por menos que hacer perder la competitividad a los países con mayor incremento de precios, lo que se tradujo en unos déficits desproporcionados en la balanza por cuenta corriente y el consiguiente endeudamiento exterior.

En el mes de agosto la tasa de inflación de la Eurozona ha sido de 9,1%, la de la Unión Europea 10,1 %, pero esto son tan solo medias. Hay países como Francia cuya tasa ha sido del 6,6% y otros como Lituania, Estonia o Letonia que están por encima del 20%. En general, todos los países del este de Europa alcanzan los dos dígitos. Esta diferencia les ocasiona una sustancial pérdida de competitividad. En especial para aquellos que pertenecen a la Eurozona, ya que, al no tener moneda propia, la flotación del tipo de cambio no podrá compensar, aunque sea parcialmente, el mayor incremento de precios.

Conviene resaltar que, si estas disparidades se mantuviesen a lo largo del año, el diferencial existente entre Francia o Alemania por ejemplo con Letonia y Estonia sería mayor en un solo ejercicio que el que, por ejemplo, se consolidó a lo largo de ocho años entre el país germánico y Grecia, Portugal o España, y que tantos problemas acarrearon a estos países. ¿Cómo van a recuperar Letonia, Lituania o Estonia la competitividad perdida (más de catorce puntos) frente a Francia? ¿Qué política monetaria va a ejecutar el BCE? ¿Dónde va a mirar la autoridad monetaria a Francia o a Estonia? Es difícil que la Eurozona pueda funcionar bien cuando se dan estas diferencias tan grandes.

La prueba más palpable se encuentra en esta Comisión actual, que se está demostrando totalmente inoperante. El hecho de que se haya establecido que esté integrada por un comisario de cada país, con independencia del tamaño y las características de este, la convierte en un mosaico inútil y sin fuerza frente a los mandatarios de los países, especialmente los de los importantes.

La tasa de inflación de España es inferior a la de los países del Este. Algún periodista de la órbita del diario El País, con la obvia intención de defender al Gobierno, se fijaba en ello para afirmar que la situación de España era aceptable. Lo cierto es que la separan 4 puntos de Francia y alrededor de 1,5 puntos de Italia y Alemania, que son los países con los que principalmente tiene que competir.

Una vez más, la economía española se adentra por una senda peligrosa que ya recorrimos al principio de los noventa con el Sistema Monetario Europeo. La cuestión es que entonces no existía el euro y pudimos devaluar cuatro veces, con lo que se alcanzaron de nuevo los niveles de competitividad perdida. Pero es cierto que entre que devaluamos o no la economía se resintió significativamente. Más gravedad tuvo el diferencial de inflación que se produjo en la segunda legislatura de Aznar y la primera de Zapatero, que se tradujo en un enorme déficit de la balanza de pagos y en un incremento del endeudamiento exterior difícil de mantener. Nos encontrábamos ya en la Unión Monetaria, y era imposible recuperar de nuevo las cotas de competitividad vía tipo de cambio, de modo que hubo que someterse a una devaluación interior con enormes sacrificios de la sociedad española, principalmente de las clases bajas.

En la actual coyuntura, deberíamos preguntarnos cuál es la razón de que la inflación en España sea superior a la de Francia, Italia o Alemania. La política monetaria ha sido la misma, instrumentada por el BCE, y todo indica que la guerra nos debería afectar menos a nosotros que a los países citados. La respuesta no puede ser más que una: el tratamiento que dimos a la epidemia y principalmente la política fiscal que estamos aplicando, permitiendo que la demanda crezca más que la oferta, en mayor medida que las principales economías de la Eurozona. Estamos echando leña al fuego.

republica.com 6-10-2022

Existe un cierto espejismo en la política económica. Hay quienes piensan que lo más progresista es emplear recursos públicos, cuantos más mejor. Y ahí tenemos al Gobierno actual regando con dinero público a diestro y siniestro, concediendo en una especie de lotería dádivas y mercedes sin orden ni concierto. Supone que así va a conseguir los votos de los beneficiarios. Lo malo es que quiere hacer pasar esa política por el culmen del progresismo y bandera de la izquierda. Sánchez se vanagloria de ello, y agita como el mayor triunfo personal y el más meritorio la cantidad de dinero público gastado, en la idea de que cuantos más recursos se empleen la sociedad le considerará mejor gestor y gobernante.

Habrá quienes piensen que en esta etapa de crisis lo más conveniente para la población es que se bajen los impuestos. Y ahí tenemos al PP y a muchos de sus seguidores vociferando por todas partes que lo más necesario es ayudar a las familias y para ello se precisa reducir la presión fiscal de manera que se compense, aunque sea parcialmente, el daño que está haciendo la inflación. Piensan también que esta sería la política más progresista. Ambas posiciones, aun cuando aparecen radicalmente opuestas, en el fondo no existe entre ellas tanta diferencia. Ambas mantienen una política expansiva.

Recientemente, el Banco Central Europeo (BCE) ha subido el tipo de interés 0,75 puntos, situándolo en el 1,25%. Una subida más bien inédita. Resulta evidente que Christine Lagarde ha querido mostrar que está dispuesta a controlar la inflación pase lo que pase. Los bancos centrales pretenden reducir la demanda con la finalidad de controlar los precios. Pero existe siempre una cierta contrapartida: que se dañe el crecimiento. A pesar de ser tan elevado, casi todo el mundo ha visto lógico el incremento realizado del tipo de interés.

Me pregunto por qué no se aplica el mismo rasero a la política fiscal  ya que ambas políticas son complementarias, pero también sustitutivas. Una política fiscal expansiva incrementará la demanda y por ende la inflación. Cuanto más expansivas sean las políticas fiscales, más restrictiva tendrá que ser la política monetaria. Qué duda cabe que en ese 0,75% tiene mucho que ver la actitud relajada que están adoptando en materia fiscal, unos más otros menos, la mayoría de los gobiernos y, cosa curiosa, con el beneplácito de la Comisión Europea.

En la Unión Europea la política monetaria es única y está encomendada al BCE. Por el contrario, cada gobierno aplica su política fiscal y no es de extrañar que todos ellos tiendan a contentar a sus electores con medidas fiscales expansivas, bien sea a través del gasto o de la bajada de impuestos, y dejen la tarea de controlar la inflación a la autoridad monetaria, que aplicará una política tanto más dura cuanto menos hayan colaborado los gobiernos nacionales.

Fuera de la Unión Monetaria, la responsabilidad de ambas políticas -por más que algunos se empeñen en afirmar que los bancos centrales son independientes- recae sobre los gobiernos, y para luchar contra la inflación tendrán que calibrar en qué medida utilizan la política fiscal y en qué medida la monetaria, y cuál de ellas es más dolorosa para los ciudadanos y cómo se distribuye el coste entre las clases y los grupos sociales.

En principio, la política monetaria es mucho más rígida y en ella caben pocas opciones y variaciones, como no sea su intensidad. En política fiscal, sin embargo, son posibles casi infinitas combinaciones y alternativas, y también escoger sobre qué grupos se incide para obtener mejores resultados con los menores costes, e incluso elegir las clases sociales que deben soportar preferentemente las cargas.

Intuitivamente podemos afirmar que las restricciones monetarias perjudican a los deudores y pueden beneficiar a los acreedores. Los efectos negativos de una subida de tipos de interés recaerán de forma inmediata sobre todos aquellos ciudadanos que tengan firmadas hipotecas a tipos variables, y en general sobre todos los que tienen contraídos préstamos referenciados al Euríbor. Con carácter general, clase media o humilde. En realidad, una de las finalidades de endurecer la política monetaria es desincentivar el consumo.

La elevación del tipo de interés afectará también a las empresas, encareciendo la financiación. El resultado será menos inversiones y una reducción de la actividad económica con efectos negativos sobre el empleo, y quizás también sobre los salarios. Pero todo eso es precisamente lo que se persigue para reducir la demanda y con ella la inflación, aunque tenemos que ser conscientes de que también puede dañar el crecimiento económico. Como se ve, una política monetaria restrictiva no se puede tomar a broma, no es inocua. Tal vez sea necesaria para controlar la inflación, pero tiene un alto coste para los ciudadanos en general y en mayor medida para las clases bajas y medias bajas.

Se desprende de todo esto que no constituye una actitud muy progresista ni socialmente positiva dejar el control de la inflación en exclusiva en manos de los bancos centrales y de la política monetaria. Esa postura es mucho más onerosa y quizás más injusta que hacer que la política fiscal sea también restrictiva o al menos colabore en el control de los precios. Cuando los gobiernos se jactan de la utilización generosa del presupuesto, bien a través del incremento de los gastos bien por la minoración de ingresos, parecen desconocer que cuanto más laxa sea su política, mayor será el torniquete monetario que aplicará el banco central.

Ante la elevación de 0,75 puntos en el tipo de interés que ha realizado el BCE se han levantado algunas voces que consideran la subida demasiado elevada. Afirman que la inflación actual es de costes y que la política monetaria va a dañar el crecimiento. La subida de los precios puede ser que tenga su origen en el fuerte incremento en el coste de la energía, lo cual no es totalmente cierto porque el exceso de demanda derivado de la epidemia tuvo mucho que ver; pero, en cualquier caso, sea cual sea el origen, toda inflación se consolida por una diferencia entre oferta y demanda, y su control en la mayoría de las ocasiones solo se puede efectuar por la contención de la demanda.

Los que insisten en situar el origen de la inflación en la guerra de Ucrania y en la subida de los precios de la energía y de las materias primas tendrían que ser conscientes de que casi en su totalidad obedece a productos importados, por lo que el aumento de sus precios representa un empobrecimiento de la economía española. Alguien tiene que asumirlo. No es la mejor solución ni la más progresista dejar que tenga que ser únicamente la política monetaria la que se encargue de distribuir el coste.

republica.com  22-9-2022

En esa escenificación de su giro a la izquierda, Sánchez ha anunciado un impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas. Lo fundamenta en que ambos sectores han obtenido beneficios extraordinarios. Es curioso. El populismo olvida que las sociedades propiamente no delinquen ni se enriquecen, que son entidades interpuestas, y que sus beneficios siempre terminan en personas físicas, ejecutivos y accionistas.

Atacar a los bancos tiene buena prensa; a los ejecutivos y accionistas, no tanto. Por eso Sánchez nunca abordará una reforma del IRPF para fusionar en una misma tarifa las rentas de capital (provengan o no de la banca) y las de trabajo, y establecer nuevos tramos con tipos marginales mucho más elevados en los que estuviesen incluidas las rentas escandalosas de los altos ejecutivos (sean o no del sector bancario).

La banca, como Hacienda, somos todos. Parece un desvarío, pero de desvarío tiene muy poco. La importancia económica de las entidades financieras es de tal calibre que sus peripecias terminan impactando en toda la sociedad y por consiguiente en el erario público. Solo hay que recordar la historia, por ejemplo, desde 1980, para constatar cómo el Estado ha tenido que salir en múltiples ocasiones en auxilio de los bancos, por las implicaciones que su quiebra tenía para toda la economía.

Pero es esa característica especial de las entidades financieras la que exige que se las someta a un control muy especial del Estado. En tiempos lejanos, la izquierda no planteaba aplicarles un impuesto extraordinario, sino su nacionalización. Quizás en tiempos no tan lejanos, puesto que Miguel Boyer en 1976, en la escuela de verano del PSOE, defendía la nacionalización de la banca.

El franquismo, como régimen intervencionista que era, propició que una parte de las entidades financieras fuesen públicas, a las se denominó banca oficial. Además, en el resto de las entidades, el Gobierno establecía los tipos de interés que debían aplicar y, mediante los coeficientes de inversión y solvencia, determinaba qué porcentaje de los activos tenían que dirigirse hacia uno u otro sector de la economía, incluso qué porcentaje debía materializarse en deuda pública.

La liberalización financiera acompañó a la Transición. Se mantuvo, por supuesto, la necesidad de que las entidades financieras estuviesen sometidas a una normativa especial y a una supervisión y control estrictos por parte del Banco de España, fundamentalmente en lo relativo a la solvencia.

Al mismo tiempo, perduraron junto a la banca privada, unas entidades financieras públicas y otras que, aunque no tenían este carácter, tampoco se puede decir que fuesen privadas, ya que sus órganos directivos se entregaron en buena medida a la clase política y a los estamentos sindicales y empresariales de las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, lo que constituyó un grave error. Las públicas con el tiempo entraron en un proceso de fusiones cuyo final fue la privatización.

A su vez, a lo largo de todos estos años la supervisión y el control del Banco de España han dejado mucho que desear, puesto que las crisis bancarias se han sucedido con graves consecuencias para la economía y para el erario público. El proceso ha sido siempre el mismo o parecido. Intervención por parte del Estado de la empresa dañada y posterior privatización una vez saneada. El último ejemplo y en tiempos recientes, Bankia.

En concreto la crisis de 2007 constituye un buen ejemplo de los fallos de la inspección del Banco de España y del control de los gobiernos de Zapatero y Aznar. Significó la casi total desaparición de las Cajas de Ahorro y cuantiosas pérdidas para las entidades que sobrevivieron, así como la utilización de ingentes recursos públicos con el correspondiente incremento de la deuda. Es cierto que habría existido una solución más equitativa, la de repartir las pérdidas entre los bancos deudores (los españoles) y los acreedores (alemanes, franceses, holandeses, etc.), pero en Europa manda quien manda.

Las entidades financieras que sobrevivieron alimentaron importantes insolvencias que no pudieron deducir del impuesto de sociedades en los ejercicios en los que se generaron al no tener ingresos suficientes y que se fueron acumulando en el balance como activos frente a la Hacienda Pública. Son los llamados créditos fiscales, conocidos como DTA, por sus siglas en inglés (deferred tax assets).

Los DTA existen no solo en las entidades financieras, también en las eléctricas y en otra serie de empresas. Pero son los bancos los que han acumulado en sus balances una cantidad mayor de estos activos. En los momentos actuales se estima que aún mantienen más de 65.000 millones de euros. Tales cantidades amenazaban con vaciar de contenido la recaudación del impuesto de sociedades, de manera que, en 2016, con buen criterio, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro limitó al 25% de la base imponible la cantidad que las empresas podían deducir por este concepto, con lo que la banca necesitará de 15 a 20 años para recuperar fiscalmente los créditos acumulados.

Quizás lo que no sea demasiado conocido es que para que los DTA que las entidades financieras mantienen en el balance, computasen a efectos de cumplir los criterios de solvencia, Europa exigió que fuesen avalados por el Estado.

Todo lo dicho hasta el momento da buena idea de hasta qué punto la situación económica de la banca está ligada a la economía nacional e, incluso, a partir de la unidad bancaria, a la europea. Son esta integración y esta dependencia las que exigen suma prudencia a la hora de actuar en este sector. Entrar como elefante en una cacharrería podría tener efectos bastante negativos.

El Gobierno pretende justificar el impuesto que ahora introduce en la suposición de que la inflación beneficia a los bancos. Pero establecer en cada momento a quién perjudica o favorece la subida de precios no es tarea fácil, ya que depende de muchas variables y de la decisión de múltiples agentes. Es lo que pretendía explicar en el artículo publicado el 14 de octubre de 2021 en este mismo diario digital titulado “La inflación, ¿el impuesto de los pobres?”.  Señalaba en ese artículo que en realidad no existe una inflación, sino el incremento desigual de una multitud de precios, incluyendo entre ellos los tipos de interés y los salarios. La ganancia o la pérdida dependerán de cómo evolucionen, de la relación entre ellos, es decir, de los precios relativos.

Hay sin embargo algo que se puede afirmar de manera inmediata. Al reducirse el valor de la moneda, la inflación perjudica a los acreedores y beneficia a los deudores. En este aspecto patrimonial no parece que las entidades financieras salgan favorecidas o damnificadas significativamente al ser similares sus activos y sus pasivos.

En cuanto a la cuenta de resultados, es previsible desde luego que se incrementen sus ingresos como consecuencia del aumento de los tipos de interés de los créditos, pero también sería lógico que, como en otros momentos, comenzase una guerra entre los propios bancos por el pasivo, con el consiguiente incremento de la retribución de este y de los depósitos. En principio no tendría por qué generarse ninguna ganancia extraordinaria. Desde la óptica del crédito y de los tipos de interés, no es ahora cuando se produce una situación insólita, sino en la época anterior. Lo notable radica más bien en que el tipo de interés sea negativo, y en que el acreedor pague por prestar, tal como ocurría en los últimos tiempos.

El Gobierno más bien que de crear un impuesto a la banca debería ocuparse de que funcione la competencia entre las entidades financieras. Si esta se diera, con toda probabilidad las subidas de tipos de interés se trasladarían a los depositantes y demás acreedores.

De lo que no cabe ninguna duda es que el impuesto anunciado a bombo y platillo como una gran medida de política social se repercutirá a los clientes. Es el colmo de la ingenuidad, de la estupidez o del embuste, pretender impedir por ley la transmisión del gravamen. Actualmente la actividad bancaria resulta extremadamente compleja y las entidades tienen múltiples medios de trasladar a los clientes sus cargas, sin que se pueda probar lo contrario, diga lo que diga la normativa. Es como poner puertas al campo.

El Gobierno representa una comedia pletórica de hipocresía. La proposición de ley establece una tabla de sanciones que todos sabemos que no se podrá aplicar por la imposibilidad de probar cuándo se ha repercutido o no el impuesto. En ese intento de enfangar a las instituciones la proposición de ley encomienda a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y al Banco de España el cumplimiento de la norma, la vigilancia de un objetivo vaporoso e imposible de comprobar.

La banca cuenta, además, con un mecanismo automático de transmisión del tributo. Solo tiene que no hacer nada. En  la actualidad lo extraordinario se encuentra en las condiciones que rodean todo tipo de depósitos bancarios, a los que apenas se retribuye, y en el hecho de que las entidades financieras cobren comisiones elevadas por el mero mantenimiento de las cuentas corrientes. Estas circunstancias eran debidas hasta ahora, a una situación excepcional, a la existencia de tipos negativos de interés y a que el BCE cobrase a los bancos por las cantidades que tenían depositadas en esa institución.

Es lógico suponer que con el cambio de política por parte del BCE las entidades financieras, en su afán por atraer clientes, trasladasen la subida de tipos a los depositantes y cuentacorrentistas, bien por una retribución mayor bien por una menor comisión. La cosa cambia ante el nuevo impuesto. No parece desatinado pensar también que teniendo en cuenta el gravamen la banca no realice tal traslación, con lo que este tributo se convierta en uno de los más regresivos, ya que afectará a millones y millones de personas, a eso que llama Sánchez la clase media trabajadora (y a las clases bajas, añado yo, que Sánchez no contempla) que tienen cuentas corrientes abiertas en los bancos.

Cabría pensar que, si la causa del impuesto se encuentra en un supuesto beneficio extraordinario, este concepto se tomase como base imponible. ¿Pero cómo determinarlo?, ¿cómo separarlo del beneficio ordinario? Ante esta imposibilidad el Gobierno tira por la calle de en medio y establece gravar los tipos de interés y las comisiones de los créditos, con lo que, amén de una cierta incongruencia, se facilita aún más el camino para la transmisión.

La única forma de tener éxito en el cometido de evitar que la banca repercuta el impuesto a los clientes es retornando a un régimen de intervención del sistema financiero parecido al del franquismo o al de alguna república bananera. Pero no creo yo que se encamine por ahí el Gobierno. Por lo menos por ahora. Aunque, cuando se oye eso de diez años de pena de cárcel, se comienza a dudar de todo.

Tampoco se entiende muy bien el porqué de la discriminación en el tamaño de las entidades financieras, gravando a unas y no a otras. Existe una distorsión en ciertos políticos y en la opinión pública en general mediante la que se pretende aplicar criterios de las personas físicas a las personas jurídicas. En estas últimas el tamaño no es señal ni de riqueza ni de prosperidad ni de mayores beneficios. Esta segregación fiscal dentro de un sector puede introducir distorsiones, sobre todo en el ámbito de la competencia.

El impuesto que plantea el Gobierno se mueve en un terreno pantanoso. Primero con Europa. Conviene señalar que el BCE considera el sistema financiero europeo como su predio. Ya se opuso en 2019 a un tributo similar sobre la banca que pretendía imponer Lituania. Ciertamente las circunstancias son distintas y España no es Lituania, pero no creo que la medida vaya a llenar de satisfacción al instituto emisor. Segundo, el sector ya ha manifestado que piensa recurrir el impuesto. Veremos cómo reaccionan los tribunales. Puede haber problemas jurídicos en cuanto a la forma exprés de aprobarlo, dudosa retroactividad y su construcción chapucera.

Si lo que quería el Gobierno era incrementar la recaudación a costa de la banca quizás tenía un sistema más discreto y menos estridente que crear un impuesto nuevo, extraordinario y particular. Podría simplemente haber establecido que en dos o tres años los créditos fiscales no fuesen deducibles del impuesto de sociedades. Aunque pensándolo bien, lo que quería Sánchez era lo contrario, la notoriedad, la publicidad, declarar a bombo y platillo que él se enfrenta a los poderes económicos en aras de salvar a la clase media trabajadora.

Solo faltaría que al final del proceso los tribunales tumbasen el impuesto y obligasen a devolver el dinero a la banca, después de haber sido los depositantes y demás clientes los que hubiesen soportado en realidad el gravamen.

republica.com 4-8-2022

Los bancos centrales parecen haberse convencido ya de que la inflación que sufre la mayoría de los países en la actualidad no es algo temporal, sino que, con toda probabilidad, si no se procede con contundencia, habrá venido para quedarse. El BCE, aunque quizás un poco tarde, no va a actuar de forma distinta a los demás y ha anunciado que interrumpe la compra de títulos y se dispone a subir el tipo de interés en 0,25% el 23 de julio y seguramente en 0,50% en el mes de septiembre.

El primer problema al que se enfrenta el BCE (en eso no es distinto de los otros bancos centrales) es saber si las medidas que pretende adoptar van a ser eficaces a la hora de controlar la inflación. Existe el precedente de la etapa anterior, cuando el objetivo consistía en que el incremento de precios alcanzase el 2% anual. A pesar de emplear todos los medios a su alcance, incluso los procedimientos tenidos hasta entonces por no ortodoxos, no logró que la inflación despegase del entorno del cero por ciento.

La expansión cuantitativa acometida por el BCE en los últimos años ha tenido múltiples resultados positivos, entre otros el de superar la primera crisis grave del euro, pero no consiguió situar los precios en el porcentaje del 2% fijado por el propio banco emisor. Es lógico que nos preguntemos si va a tener éxito en la trayectoria inversa, y si no existe el peligro de que la política restrictiva impacte más sobre el crecimiento real del PIB que sobre los precios, de manera que, lejos de reducir la inflación, contraiga la actividad.

En estos momentos, a pesar de que algunos se han aprendido la palabra y no dejan de usarla, estamos lejos de la estanflación. El crecimiento real es un hecho. Lo cual es lógico, porque por ejemplo España no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia. Pero que en la actualidad no nos encontremos en estanflación, no quiere decir que tal situación no nos amenace para el futuro, si la política restrictiva del BCE termina por ahogar la economía.

El segundo aspecto importante es el hecho de que el BCE es diferente. No es el banco central de un país concreto, sino de 19 naciones a la vez con economías muy dispares entre sí, con lo que su política puede tener efectos muy diversos en cada una de ellas. Ese es el problema eterno de la Unión Monetaria, la ausencia de una verdadera integración; es esta condición la que crea todos los conflictos y el origen de que el euro entre en crisis cada cierto tiempo. En 2011, los mercados pusieron en jaque a la Eurozona, fraccionándola y colocando contra las cuerdas a los países del Sur; expulsaron del mercado a Grecia y a Portugal, y elevaron a niveles insostenibles la prima de riesgo de Italia y de España. Solo la actuación decidida y heterodoxa del BCE, bordeando –si no violentando- los tratados logró enderezar la situación.

Ahora nos vamos a encontrar en una circunstancia similar. La inflación va a obligar al BCE a invertir la política, de manera que se interrumpa la compra de activos y no efectúe la reinversión según se vayan produciendo las amortizaciones. La cuestión radica en saber cómo se van a comportar los mercados con respecto a la deuda soberana de cada uno de los países. El fantasma de la prima de riesgo vuelve a hacer su aparición. Ha bastado con que el BCE anunciase el giro de su política para que las primas de riesgo de Italia, España, Portugal y Grecia comenzasen a subir.

En una verdadera unión económica las primas de riesgo no deberían existir. Se supone que el riesgo de invertir en deuda pública de cada uno de los países tendría que ser el mismo ya que, al estar nominadas todas ellas en idéntica moneda, está ausente el riesgo de cambio y porque, además, no hay razón para que haya peligro de insolvencia de ninguno de los miembros, a no ser que la Eurozona se fraccionase. En el fondo, lo que mide la prima de riesgo es el grado de credibilidad de la moneda única, la probabilidad de que la Unión Monetaria se rompa. Cuanto mayor sea la divergencia entre los países, mayor será la prima de riesgo de algunos de ellos.

Lo cierto es que la Eurozona es un conjunto de países enormemente heterogéneo y sin los mecanismos de integración adecuados. Hay exposición, por tanto, de que se retorne a la situación anterior a la compra masiva de deuda pública por el BCE, y en consecuencia a que el mercado reaccione de manera desigual frente a los bonos soberanos de los diferentes Estados. Existe además el agravante de que en los momentos actuales el stock de deuda pública en los países del Sur es muy superior al de entonces.

La etapa de relativa tranquilidad conseguida a base del dopaje de la deuda por el BCE no debe ocultar que la divergencia entre países es cada vez mayor y la división entre sus ciudadanos, más acentuada. Contrastan los stocks de deuda pública de Grecia (193% del PIB), de Italia (150%), Portugal (127%), España (118%) e incluso Francia (113%) con los de Alemania (69%), Holanda (52%), Dinamarca (44%) y Austria (70%). La causa principal de esas diferencias no está en el mal comportamiento fiscal de los países del Sur, sino en la misma configuración de la Unión y de los contenidos de los tratados, que permiten que los países del Norte puedan vetar las medidas necesarias para que las diferencias desparezcan.

A pesar de que la presidenta del BCE mantuvo en la rueda de prensa que el BCE tiene mecanismos suficientes para impedir que se fragmente el mercado de deuda soberana, no especificó ni concretó nada acerca de qué medios pensaba emplear, lo que alarmó a las bolsas produciendo cuantiosas pérdidas. No es la primera vez que la circunspección de la señora Lagarde, lejos de calmar a los mercados los enerva. Nada más ser nombrada presidenta del BCE, en su primera rueda de prensa en marzo de 2020, ante el acoso de los periodistas, solo se le ocurrió exclamar que “no estaba allí para cerrar diferenciales” Se refería a diferenciales en los tipos de interés de la deuda pública.  Todas las bolsas europeas cayeron en picado. La frase era demoledora, casi letal. Era una invitación a los mercados a que jugasen al tiro al blanco contra aquellos países miembros que considerasen menos solventes.

Algo parecido ha ocurrido ahora en la rueda de prensa en la que anunció el cambio de política. Los mercados querían saber los instrumentos en concreto que se iban a emplear para evitar los diferenciales de tipo de interés y no les bastaron las promesas abstractas, con lo que las primas de riesgo de los países del Sur se dispararon y los mercados de valores acabaron acumulando bastantes días de perdidas. Al Consejo del BCE no le quedó más remedio que reunirse de urgencia y emitir un comunicado que pretendía ser más explícito.

Sin lugar a dudas, una forma de evitar la fragmentación sería que el BCE comprase en el mercado deuda de los países que se encontrasen presionados, con primas de riesgo elevadas, al tiempo que vendiese por el mismo importe bonos de los países que no sufrieran dificultades. El problema surge desde el momento en que el instituto emisor quiere (o le obligan a) mantener el criterio del capital, es decir, cumplir una proporción entre cómo distribuye por naciones su cartera de deuda soberana y la participación de cada una de ellas en el capital del banco.

Solo hay una excepción, el PEPP (por sus siglas en inglés), instrumento de emergencias de compra de activos frente a la pandemia y que admite cierta flexibilidad en la aplicación de la regla de capital, en otras palabras, que la determinación de la nacionalidad de los títulos que se compran o se venden no esté sometida a demasiadas condiciones. El comunicado del SME señala a esta herramienta como el medio más inmediato al que recurrir para impedir, a través de las reinversiones, la fragmentación del mercado de deuda.

Sin embargo, hay dudas de que los 1,7 billones de euros que conforman el PEPP sean suficientes para poner orden en los mercados y, dado que el programa convencional resulta inválido para este objetivo al estar sometido al criterio de capital y además se encuentran excluidos de él los bonos de Grecia, el SME está construyendo una herramienta ad hoc para evitar la fragmentación del mercado de deuda pública. Es previsible que en el diseño aparezca la obligación de esterilizar cualquier liquidez creada, y que los halcones impongan que los países beneficiarios se sometan a determinadas condiciones, tal como se hizo en la crisis anterior.

De nuevo las autoridades comunitarias, al igual que los gobiernos, llevan camino de cometer el mismo error que en la pasada recesión. La política de recortes y ajustes solo comenzó a partir de la mitad de 2010, mientras que en 2007, 2008 y 2009 se adoptó una política fiscal básicamente permisiva, con proyectos de lo más  descabellado como el del Plan E. En los momentos actuales se puede repetir la historia. Durante los años 2020 y 2021, escudándose en la pandemia y dopados por el BCE, los Estados, con el beneplácito de Bruselas, han incrementado el endeudamiento hasta niveles difícilmente asumibles. Me temo que ahora los países del Norte y la Unión Europea nos fuercen a la misma ducha escocesa.

republica 23-6-2022