ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

“El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha descendido en 734 (-0,02%) personas en el mes de octubre, un dato excepcional ya que es la primera vez que el paro baja en este mes desde el año 1975. De esta manera, el paro acumula ocho meses consecutivos de bajada, un periodo de caídas de duración también inédita. Desde febrero, el número de personas inscritas se ha reducido en 751.721“. Así comienza la nota de prensa de la Moncloa acerca de las estadísticas del SEPE correspondientes al paro registrado del mes de octubre.

No puede extrañarnos que el Gobierno, una vez más, emplee las palabras: “excepcional”, “por primera vez”, “inédito”. Solo les faltó hablar de “histórico”. No nos puede sorprender tampoco que el Gobierno ofrezca una interpretación torticera de las cifras. Está dentro de su idiosincrasia. Lo que sí debe pasmarnos es que todos los medios de comunicación y sus respectivos periodistas, sean de la tendencia que sean, hayan comprado la mercancía averiada. No me refiero a los datos, sino a su exégesis, a sus comentarios y, sobre todo, a sus titulares.

¿Cuándo se va a entender que esta crisis sí que es particular y que todo lo que en ella se desarrolla no puede compararse con las situaciones normales de la economía y tampoco con el comportamiento económico de cualquier otra crisis pasada? No solo en los últimos 45 años, sino ni siquiera mucho más atrás; seguramente habría que llegar a la Guerra Civil, jamás en un año el PIB se había desplomado al -10,8%, como ha ocurrido en 2020, ni la tasa interanual de un trimestre había descendido al -21,5%, tal como sucedió en el segundo trimestre del año pasado. La estacionalidad por fuerza tiene que contar muy poco si, por ejemplo, en el verano se tienen cerrados o a medio gas todos los comercios, espectáculos o servicios y se eliminan restricciones en otoño, en concreto en octubre. ¿Qué tiene de excepcional que en este mes baje el paro?, ¿qué tiene que ver el mes de octubre de este año con el de los anteriores?

Cuando en un determinado momento la actividad económica se hunde en más de un 10%, y el porcentaje de desempleo se eleva por encima del 26%, no tiene nada de raro que a partir de ese momento el paro descienda todos los meses? Habrá quien se pregunte por qué me refiero a una tasa de desempleo superior al 26%, cuando a lo largo de la pandemia en los peores momentos nunca ha superado el 17% en las estadísticas oficiales; pero lo que habría que cuestionarse más bien es por qué razón los datos de paro y empleo gubernamentales tienen tan poco que ver con la evolución del PIB. La solución al misterio se encuentra en las personas incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que mientras están en esta situación son no productivas y, se quiera o no, son paradas, aunque lo sean temporalmente. Si por ejemplo en el mes de mayo de 2020 a los 3.857.776 parados oficiales se les suman las 2.661.878 personas que estaban en ERTE, nos encontramos con que el número de parados reales era 6.519.654, es decir, una tasa de paro del 26%.

El enigma de la esfinge y su solución quizás se comprendan mejor analizando la Encuesta de Población Activa (EPA). Examinemos la última, la del tercer trimestre del presente año. Los portavoces gubernamentales echaron como siempre las campanas al vuelo. En este trimestre el número de ocupados aumentó en 359.000 personas, lo que significa que el total se ha situado por encima de los 20 millones, cifra que no se alcanzaba desde hace 13 años, justamente desde antes de estallar la crisis anterior. El panorama es propicio para el triunfalismo y la propaganda. El Gobierno se ha apresurado a colocarse las medallas y a proclamar el gran éxito que representa que la cifra de empleados haya retornado, e incluso superado, a la existente con anterioridad al inicio de la pandemia. El número de ocupados en el tercer trimestre de este año se ha incrementado en 157.000 con respecto a los del mismo periodo de 2019.

El enigma y la contradicción aparecen tan pronto como se comparan estos datos con la evolución del PIB, que se encuentra aproximadamente un 6% por debajo del de 2019, y con el número de las horas trabajadas semanalmente, que en el tercer trimestre del año actual han sido 14,9 millones menos que en el mismo periodo de 2019. No hay que esforzarse mucho, sin embargo, para encontrar la respuesta al problema. Se halla en la existencia de los trabajadores en ERTE que, siendo en el fondo parados, no se contabilizan como tal y que, no estando ocupados, sí figuran en este colectivo como si lo fueran. En septiembre de este año aún había 239.200 trabajadores en ERTE y 226.400 autónomos en cese de actividad. Si se tienen en cuenta estos datos, la tasa de paro, en lugar del 14,57%, sería en estos momentos del 16,6% y los afiliados a la Seguridad Social, 19,6 millones de personas, número inferior por tanto al que existía en 2019.

Los ERTE están teniendo, al menos, un efecto perverso, el de disfrazar las cifras de desempleo. Todo el mundo sabe que se trata de un paro encubierto, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones -el Gobierno en todas ellas- las cifras de paro y de empleo se ofrecen sin tenerlos en cuenta. El tema es especialmente grave cuando el fenómeno se está haciendo crónico y lo que teóricamente debería ser un instrumento temporal se convierte en indefinido y se está dispuesto a aplicarlo de manera sistemática, tal como se ha evidenciado en las dificultades surgidas con el volcán de la Palma. Parece que incluso su papel se va a intensificar y a ampliar en las próximas modificaciones de la legislación laboral.

Resulta paradójico lo que está ocurriendo con los ERTE y la reforma laboral de Rajoy. Los que más presumen del éxito de su aplicación son los mismos que reclaman con más fuerza la derogación de la reforma anterior. No es que esta norma legal, tal como la derecha se empeña en afirmar, los haya credo. De hecho, la figura existía mucho antes. Se encuentra ya, por ejemplo, en el Estatuto de los trabajadores de 1995 (incluso en el de 1980); solo que con otro nombre: “Suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas u organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor”. El nombre de ERTE, que se le ha dado posteriormente, proviene de su semejanza con los expedientes de regulación de empleo (ERE) de los que solo se diferencian por su carácter temporal.

Lo que sí hizo la reforma del PP fue modificarlos sustancialmente, aunque ya se habían flexibilizado dos veces en tiempos de Zapatero. En 2012 se eliminó el requisito de ser aprobados por la autoridad laboral, y se ha permitido que a partir de entonces fuese suficiente la resolución de la dirección de la empresa con la aquiescencia de la representación sindical o incluso sin ella en el caso de desacuerdo, concediendo tan solo a esta, la posibilidad de acudir a los tribunales. Ha sido este cambio el que ha facilitado su uso masivo durante la epidemia, pero también ha abierto profundos mecanismos de fraude, situaciones caóticas y ha hecho que muchas empresas los hayan utilizado sin verdadera necesidad.

Resulta también curioso que desde que Podemos ha pactado con Sánchez y está en el Gobierno todo el mundo se ha olvidado de la reforma laboral de Zapatero. Tampoco parece acordarse nadie de que el 11-M surgió durante el Gobierno del PSOE y en contra de su política económica. La reforma laboral del PP fue continuación de la de Zapatero y las dos obedecieron a la imposición de la Unión Europea. Conviene considerar que la reforma se encontraba en la carta que Trichet, entonces presidente del BCE, envió juntamente con Fernández Ordoñez, gobernador del BE, a Rodríguez Zapatero, gemela de otra enviada a Berlusconi. En ambas se establecían las condiciones para que el BCE interviniese en el mercado y rescatase a España y a Italia de la encrucijada en que las había sumido una prima de riesgo inasumible. Entre esas condiciones estaba casi como punto número uno la reforma laboral.

La presión de la Unión Europea para que se reformase el mercado de trabajao no se limitaba a la coacción de Bruselas o de Frankfurt, sino que radicaba en la propia naturaleza de la Moneda Única. La imposibilidad de devaluar la moneda fuerza, en presencia de graves desequilibrios de la balanza de pagos ocasionados por la diferencia en las tasas de inflación, a lo que se denomina “devaluación interna”. Se trata en definitiva de recuperar mediante la depreciación de precios y salarios la competitividad exterior perdida. A este objetivo estaban destinadas las dos reformas laborales, tanto la de Rajoy como la de Zapatero.

Parte de la izquierda parece no haberse enterado de que las reglas de juego y los equilibrios de fuerzas han cambiado desde el mismo momento en el que se constituyó la Unión Monetaria. Existen límites infranqueables. Determinadas políticas que antes se podían defender ahora son inviables, e incluso supone una cierta ingenuidad reclamarlas porque pueden producir efectos contraproducentes, o contrarios a los queridos. En particular, los sindicatos dan la impresión de caer en una injustificable estulticia cuando después de defender el sí crítico a Maastricht actúan como si ello no hubiese generado consecuencias y todo se debiese a la perversidad de la derecha.

Tiene razón la ministra de Trabajo cuando ahora (va a ser verdad que el Gobierno solo acierta cuando rectifica) califica la derogación de la reforma laboral de fetiche político. Pero no es porque técnicamente no sea realizable. De hecho, al final de cualquier ley aparecen derogaciones parciales o totales de otras muchas leyes, sino porque política y económicamente este Gobierno no ha pensado nunca que fuese factible ni conveniente derogarla en su totalidad. Ni la de Rajoy ni la de Zapatero. Recurrir a su derogación es un simple fetiche político empleado por cierta izquierda, y quizás por los sindicatos, como reclamo electoral y político.

En realidad, nadie ha planteado en serio cambiar lo que ha sido el núcleo duro de ambas reformas: la facilidad y el abaratamiento del despido, bien sea el individual o el colectivo. Se rebajaron sustancialmente las indemnizaciones y se ampliaron la causalidad de los ERE y los motivos por los que se pueden plantear. A su vez, los ERTE se están convirtiendo en el instrumento más eficiente para que los empresarios puedan adecuar la plantilla a sus necesidades e intereses, sin asumir ningún gasto de despido; eso sí, a costa del erario público. Su justificación se asienta en la creencia, en absoluto demostrada, de que todo ERTE impide la realización de despidos colectivos o el cierre empresarial. Se prescinde de la posible existencia de ERTE que tienen como origen exclusivamente aumentar los beneficios empresariales

No siempre lo que está detrás de la reducción temporal de plantilla es una necesidad imperiosa de la empresa. En muchas ocasiones se trata únicamente de reducir costes o, lo que es lo mismo, de obtener mayores ingresos. Es más, la flexibilidad con que en estos momentos se puede adoptar parece que está dando lugar a múltiples casos de fraude, en los que empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo para, aun cuando se continúe trabajando, tramitar un ERTE ficticio y repartirse los correspondientes beneficios. Por otra parte, habrá que preguntarse si la extensa duración de esta situación teóricamente temporal no está facilitando el mantenimiento de empresas zombis que antes o después van a desmoronarse, pero con resultados aún más dañinos.

Las ayudas necesarias para los trabajadores en paro se podrían haber canalizado por otros mecanismos mejores como la mayor extensión y ampliación del seguro de desempleo, más fácil de controlar y con un coste seguramente inferior para las finanzas públicas. Lo único seguro en los ERTE es que se beneficia a los empresarios. Por eso se entiende mal que cuando se establece como objetivo corregir las reformas laborales pasadas se recurra a la multiplicación y desarrollo de estos procedimientos que significan en última instancia abaratar una vez más el despido, tanto más si se alude a la tan cacareada mochila austriaca y aun cuando el gobierno se pueda beneficiar de ellos facilitando una cifra de paro trucada.

En el diálogo social, se supone que los interlocutores no deben ser solos los empresarios y sindicatos, sino que también debe participar el gobierno; pero no como mero notario que da fe de los acuerdos, sino como representante de todos los ciudadanos, porque es bastante probable que la mayoría de los pactos terminen engrasados con dinero público. Sin embargo, en los acuerdos sobre los ERTE no parece que haya estado demasiado presente el Estado. En estas y en otras muchas decisiones da la impresión que la Ministra de Hacienda está de vacaciones. Su función ha quedado reducida a la de contable o tesorero y a decir a todo que sí. Lo suyo es lo de la charanga y la pandereta. “El lunes os lo arreglo”.

republica.com 18-11-2021

Hacía tiempo que la inflación estaba ausente de la economía europea. Nos habíamos acostumbrado a este escenario. Por mucho que la política del BCE fuese expansiva y este organismo introdujese dinero en el sistema, el índice de precios estaba lejos de llegar al 2%, porcentaje que Frankfurt se había fijado como objetivo de referencia. Parece ser eso lo que está cambiando en los momentos presentes. No obstante, hay quien dice, incluso desde el mismo BCE, que la inflación que ahora amenaza a la economía es coyuntural y transitoria, causada por el alto precio de la energía. Temporal o no, viene acompañada de los mismos fantasmas y de idénticos tópicos, entre ellos ese mantra de que la inflación es el impuesto de los pobres. Lo vocean los tertulianos y los líderes de opinión, lo escriben los periodistas, lo repiten los políticos y hasta algunos economistas prestan su aquiescencia. Pero la verdad es que ni es un impuesto ni afecta únicamente a los pobres.

La afirmación surgió en las sociedades de épocas muy lejanas y distintas a la nuestra, en las que no había distinción entre el patrimonio del rey y el de la nación, y en las que las monedas las acuñaba la Corona que, a veces, para acometer determinadas empresas, normalmente de tipo bélico, en lugar de incrementar los impuestos, le resultaba más cómodo emitir dinero. Ciertamente el rendimiento económico era para el rey y en ese sentido era un impuesto, impuesto que pagaba toda la sociedad porque los ciudadanos veían reducido su patrimonio y sus ingresos por la pérdida de valor del dinero. Pero incluso la expresión de los pobres no le cuadraba muy bien, porque entonces todos los impuestos eran de los pobres, ya que los nobles y el clero estaban exentos de contribuir y, sin embargo, paradójicamente, la inflación de una o de otra forma afectaba a todos los ciudadanos.

Posteriormente, las circunstancias han cambiado y los gobiernos no emiten el dinero, sino los bancos centrales. Habrá quien diga que para el caso es lo mismo. Sin embargo, hay diferencia porque en seguida estas instituciones se hicieron muy celosas de su independencia y, además, se aceptó como un dogma inamovible que no podían financiar a los gobiernos. Por otra parte, ellas solo emiten el dinero primario, y son las entidades financieras las que ponen en circulación el resto de la oferta monetaria, que además supone la porción más voluminosa.

En Europa, a partir de la creación de la Unión Monetaria, el que emite el dinero es el BCE y, al menos por ahora, su política expansiva no ha sido inflacionaria. Por más que haya aplicado la flexibilización cuantitativa, es decir, por más que haya regado con euros la economía, durante todo este tiempo no ha conseguido acercar el índice de precios a ese 2% que se había fijado por objetivo.

Dicho todo esto, resulta difícil calificar a la inflación de impuesto de los pobres. Pero sí habrá que preguntarse entonces a quién beneficia y a quién perjudica la subida de los precios; y como en casi todos los asuntos, en este la respuesta tiene que ser ambigua, depende. En principio y sin afinar demasiado, podríamos contestar que favorece a los deudores y castiga a los acreedores, lo que resulta bastante fácil de entender. Una subida general de precios implica una disminución del valor del dinero, y automáticamente de la cuantía de la deuda. Los Estados, al poseer un buen montante de deuda, títulos soberanos, resultan favorecidos al igual que el resto de los deudores, y en tanto o mayor medida cuanto mayor sea el endeudamiento. Obsérvese que la mayoría de las veces los deudores son los pobres y los acreedores los ricos.

Lo anterior explica que países como Holanda o Alemania, con un stock de deuda pública reducida, y cuyas sociedades tienen además posiciones acreedoras, tengan una especial sensibilidad a todo lo que pueda significar subida de precios. Han contemplado con suma prevención la política seguida por el BCE desde que Draghi asumió la llamada “expansión cuantitativa”. Pero la crítica no era creíble, ni tenía ningún sentido, mientras la inflación continuase en cifras tan bajas que en algún momento llegaron a ser negativas.

La situación puede cambiar en los instantes presentes en los que la inflación comienza a enseñar las orejas, si bien es verdad que el BCE se ha apresurado a ponerse la venda antes que la herida, y está manteniendo la tesis de que esta subida es temporal y que por eso no tiene necesidad de cambiar de política. No obstante, no es descabellado suponer que los países acreedores vuelvan a presionar al BCE cuestionando que continúe comprando deuda soberana de los países miembros, lo que puede resultar una gran amenaza para Estados como España, Grecia, Portugal, Italia e incluso Francia, cuyo nivel de endeudamiento es muy alto, y que difícilmente se mantendrían en los mercados financieros sin la intervención del banco emisor.

La inflación puede representar además una amenaza adicional. La subida de los precios no tiene por qué ser igual en todos los países, y de hecho no lo es. En un mercado único y con moneda única, el diferencial de inflación se traslada a la competitividad, y puede causar notables desequilibrios económicos y financieros. He ahí en gran medida el origen de la anterior crisis. Hay tres parámetros que pueden situar a la economía española ante una difícil encrucijada: un alto endeudamiento, una elevada tasa de desempleo y una baja productividad.

Continuando con la pregunta de quién sale perjudicado y quién beneficiado con la inflación, y yendo más allá del binomio deudores-acreedores, debemos considerar que no hay un solo precio, y el índice que mide la inflación es una media ponderada de todos ellos; y, como es lógico, no todos experimentan la misma subida. Aquellos sectores cuyos precios se incrementan más que la media salen favorecidos, mientras que los que suban menos se verán damnificados. En este planteamiento, los salarios son un precio más, el de la mano de obra. La inflación perjudicará a los trabajadores solo si sus retribuciones no suben, al menos, en la misma medida que los precios. En este caso el beneficio será para el empresario. Pero tampoco los salarios subirán todos en la misma proporción. Habrá también diferencias entre los trabajadores; aparecerán ganadores y perdedores.

En el extremo, las empresas que se encuentren en aquellos sectores sometidos a la competencia internacional y que debido a ello no pueden subir sus precios, o al menos en la misma cuantía, que los otros precios o salarios, pasarán graves dificultades económicas o incluso se verán obligados al cierre. A su vez, cuando el origen de la inflación se encuentre exclusivamente en el exterior, por el incremento del precio de determinadas materias estratégicas, como el petróleo o el gas, o bien los salarios o bien el excedente empresarial tendrán que sufrir una reducción. En el caso de que ni los trabajadores ni los empresarios estén dispuestos a repartirse la pérdida, lo más probable es que se entre en una espiral inflacionista que dañará la economía y contradecirá la suposición de que la inflación es coyuntural. Este fue el origen de la estanflación de la crisis del petróleo en los años setenta.

¿Qué ocurre con los pensionistas y los empleados públicos? No se puede afirmar en principio que la inflación les perjudique. Todo depende de que las retribuciones y las prestaciones suban o no en la misma cuantía que los precios. Existe una creencia errónea especialmente respecto a las pensiones. Se considera que su actualización por el IPC daña al erario público en tiempos de inflación. Esta opinión no tiene en cuenta los ingresos del Estado que crecen también con los precios. El impacto, por tanto, sobre el presupuesto de la regularización de las pensiones y del sueldo de los funcionarios por el IPC será casi el mismo sea cual sea la subida de precios. Otra cosa es que el Estado no obtenga el beneficio extraordinario que la inflación le proporcionaría (como contrapartida a las pérdidas de los pensionistas y funcionarios) si las retribuciones y las prestaciones no se actualizasen. Los que arremeten en contra de la regularización de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos lo que proponen de verdad es financiar otros gastos y el déficit público con la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y de los funcionarios.

En esta línea debería haber ido la contestación del ministro de Inclusión a los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados. Bien es verdad que el ministro, a pesar de su aparente seguridad, no termina de cortar el nudo gordiano de las pensiones. Suele liar casi todo. Afirmó que la semana laboral de cuatro días es aplicable únicamente a las sociedades de pleno empleo, pero se debió de confundir porque son sus planes para la reforma de las pensiones -retrasar la edad de jubilación- los que solo tienen sentido en las economías en las que apenas existe el paro. En una economía como la española con altos niveles de desempleo cifrar la financiación de las pensiones en alargar la vida laboral es arreglar un problema a costa de aumentar otro, el paro.

A su vez, el reparto de trabajo tiene mucha más justificación, como es lógico, en economías con altas tasas de paro que en aquellas que gozan de pleno empleo. Es la productividad la variable que lo condiciona. Así ha sido históricamente. Los notables incrementos en esta variable han servido para aumentar los salarios y reducir el tiempo de trabajo. Este proceso se rompió a partir de los años ochenta cuando los aumentos de la productividad se han destinado en mayor proporción a elevar el excedente empresarial. El panorama actual se agrava para España, ya que en los últimos años con la incorporación a la Unión Monetaria apenas se han producido aumentos en la productividad, y sin estos será muy difícil que los salarios ganen poder adquisitivo y que se produzca la reducción de la jornada laboral.

republica.com 14-10-2020

El Gobierno sanchista haría bien en abandonar el triunfalismo. Particularmente la ministra de Trabajo quien, de forma un tanto infantil, con tono satisfecho y como si se tratase de un mérito del Ejecutivo, repite que tal o cual cifra es única en la historia. Ha llamado la atención de forma especial el tuit lanzado hace varios días por la ministra con ocasión de la publicación del número de prestaciones por seguro de desempleo pagadas en abril, en el que presume y dice sentirse orgullosa de que haya alcanzado la cifra histórica de 5.197.451, todo un logro de la protección social de este Gobierno. Ni que decir tiene que el susodicho tuit ha suscitado los comentarios más irónicos y también más ácidos.

No seré yo el que abunde en ellos, ni adjudicaré en principio al Gobierno la responsabilidad directa en el ingente incremento del número de parados, que es lo que en principio indica sin más ese dato. Pero sí quisiera que quedase claro que donde hay que situar principalmente los logros de los gobiernos es en minimizar el nivel de desempleo, bien sea del temporal (ERTE) bien del definitivo (ERE). Y no estoy muy seguro de que el Gobierno Frankenstein esté aplicando el máximo de interés en garantizar que tanto los ERTE como los ERE que se aprueban sean los necesarios, todos lo necesarios, pero solo los necesarios.

Todo el mundo está de acuerdo en que antes de que una empresa quiebre y todos los trabajadores vayan al paro, es preferible que despida el número que sea preciso de asalariados para que continúe siendo viable y, a su vez, que antes de que el despido sea definitivo es mejor que los empresarios puedan suspender temporalmente el contrato de trabajo. Pero no todo son, tal como se pone siempre como ejemplo, empresas pequeñas. Existe también la posibilidad de que ciertas sociedades aprovechen la ocasión y lo que pretendan sea simplemente maximizar el beneficio sin que su viabilidad se encuentre en ningún momento en peligro.

Las prestaciones sociales son una consecuencia. Vienen después, como último recurso, una vez que se ha hecho todo lo posible por mantener los puestos de trabajo. De lo contrario,se podría predicar del Gobierno ese epigrama de Juan de Iriarte:

El señor don Juan de Robres,
con caridad sin igual,
hizo este santo hospital…
pero antes hizo los pobres.

A su vez, para enjuiciar la política social no se puede considerar únicamente el número de personas que cobran las prestaciones, sino la relación entre beneficiarios y parados, es decir, la cobertura del seguro de desempleo, y es muy pronto para saber cómo va quedar esta al final de la crisis. Conviene no dejarse engañar por la idea de que en parte lo va a pagar Europa a través del SURE. La Unión Europea solo nos va a prestar fondos para que lo paguemos nosotros. El SURE actúa únicamente como prestamista. Antes de que la pandemia hiciese su aparición, la cobertura del seguro se encontraba aproximadamente en el 65%, en otras palabras, más de un tercio de parados no estaban cubiertos. El Gobierno de Pedro Sánchez no había mostrado por ello, ni siquiera en la campaña electoral, la menor preocupación; ninguna iniciativa, ni siquiera la promesa de cambiar la legislación con el objetivo de elevar la tasa. No obstante, sí mostró y continúa mostrando una gran inquietud por lo que llama el ingreso mínimo vital.

En ese intento por justificar la creación de esta última prestación social, el ministro independiente (dependiente, como todos los demás ministros, de los golpistas) indica cómo los organismos internacionales colocan a España en un puesto preeminente respecto del índice de pobreza.  El señor Escrivá, como buen economista que es, sabe que lo que se conoce por índice de pobreza (bien relativa, bien absoluta) es en realidad un índice de desigualdad social (aunque parezca mentira, existe otro tipo de desigualdad que la de género), pues mide, en un país, el número de ciudadanos cuya renta está por debajo de un determinado porcentaje de la renta media.

Como la renta media o renta per cápita es distinta en cada nación, también tiene que serlo la línea divisoria hacia la pobreza. O, dicho de otra manera, lo que se tiene por pobre en Suecia o Dinamarca tiene poco que ver con la renta a partir de la cual se considera pobre en Bulgaria. Y el pobre de España no es el pobre de Marruecos, o de Guatemala. De ahí que haya tantos marroquíes o latinoamericanos que estén dispuestos a venir a ser pobres a España. Convengamos por tanto que lo que mide el índice de pobreza es la desigualdad social, y ahí, sí, todos los índices confeccionados para medir esta realidad indican que España se encuentra en el pelotón de cabeza de los países de la Unión Europea.

Ahora bien, de cara a remediarlo, deberíamos preguntarnos dónde se encuentran las causas de este triste privilegio y si la solución radica en crear un subsidio más, llamado ingreso mínimo vital, o el tema es de una mayor complejidad. Sin duda, el primer factor a tener en cuenta es que nuestra tasa de paro es la segunda, si no la primera más alta de la Unión Europea. Pocas cosas contribuyen más a la desigualdad social que el número de parados; sobre todo si la cobertura del seguro de desempleo, y este puede ser el segundo factor, no es la adecuada. Ya hemos dicho que antes de que comenzase la crisis dos terceras parte de los parados no tenían cobertura alguna.

El tercer factor a considerar es la estructura de nuestro sistema económico, con sectores de productividad aparente baja. Insisto en lo de productividad aparente y su divorcio de la productividad real. Citemos por ejemplo el sector público (sanitarios, profesores y educadores, policías, ejército, bomberos, personal de la administración judicial, etc.), en el que la productividad real puede ser muy alta, tal como se está demostrando en la epidemia, pero por decisión política sus salarios (y por lo tanto la productividad aparente) son relativamente bajos. Es la diferencia entre valor y precio.

Consideremos otras áreas fundamentales de la economía española, pero que mantienen condiciones laborales precarias y salarios bajos: la agricultura, la hostelería y el turismo. A la agricultura se refería la ministra de Trabajo cuando mandaba a la inspección que investigase las condiciones laborales e incluso si existían posibles casos de malos tratos y esclavitud en el campo; y a la hostelería y al turismo aludía el ministro de Consumo cuando hablaba de sectores de bajo valor añadido, precarios y estacionales.

Estas manifestaciones han incendiado los citados sectores, y han levantado todo tipo de críticas. Hay que reconocer que tales comentarios no se han caracterizado precisamente por el tacto y quizás han sido exagerados, pero tienen su fondo de verdad. El problema no está en las afirmaciones en sí mismas, sino en que parece que estigmatizan y responsabilizan a priori a los empresarios y no se preguntan si en una economía globalizada, dentro de la Unión Europea y sin moneda propia, las condiciones laborales en estos sectores pueden ser, en líneas generales, distintas.

No dudo que puedan darse casos de comportamientos abusivos y arbitrarios entre los propietarios de las explotaciones agrícolas o entre los empresarios de la hostelería, pero creo que el problema es mucho más profundo. Se trata de sectores que se mueven en una economía totalmente abierta, al albur de la competencia exterior, en concurrencia con países con niveles salariales mucho más bajos que el nuestro, sean cuales sean los índices de pobreza. Además, carecemos de moneda propia con la que poder construir una barricada de defensa entre precios exteriores e interiores. Si mantuviésemos aún la peseta, se podría fijar un tipo de cambio que hiciese compatible un precio exterior, por ejemplo, en dólares, competitivo en los mercados exteriores, con un contravalor en pesetas capaz de soportar salarios dignos, en consonancia con los precios relativos interiores. Ciertamente, vía importaciones se perjudicaría la capacidad adquisitiva de los trabajadores de otros sectores con retribuciones más elevadas, o de los perceptores de rentas de capital, pero de eso se trata precisamente, de disminuir las desigualdades.

Mientras tengamos que mantener el mismo tipo de cambio que Alemania u Holanda, por ejemplo, me temo que la competitividad exterior en algunos sectores solo se puede salvaguardar a base de deprimir los costes, entre otros los laborales. Esto es algo que quizás tengan que comenzar a comprender los ministros podemitas. Van a tener que enterarse, quieran o no, de las limitaciones que crea la Unión Monetaria. Tal vez el señor Garzón no vuelva a repetir más en televisión eso de que el euro no representa ningún inconveniente.

El último factor, pero no el menos importante, que genera el hecho de que España se encuentre a la cabeza de la desigualdad social en Europa radica en las ofensivas que ha sufrido durante más de treinta años su sistema fiscal. No ha habido gobierno del PSOE o del PP que se preciara que no estuviese dispuesto a dar uno o varios tajos a la suficiencia y a la progresividad de nuestro sistema tributario. El problema se agravará y mucho de ahora en adelante, puesto que la recesión económica va a hundir la recaudación.

Retornando al seguro de desempleo y al ingreso mínimo vital, bien haría el Gobierno en dedicar más atención al primero y quizás un poco menos al segundo. La reforma en profundidad del seguro de desempleo logrando que la cobertura se acercase al 100% dejaría casi vacío de contenido el ingreso mínimo vital, restringido a algo secundario y para colectivos residuales, instalados la mayoría de ellos en la marginalidad. Quedaría reducido a lo que en realidad es, un subsidio graciable de último recurso. El seguro de paro tiene un origen, una causa: la falta de empleo adecuado. Se asocia a la dignidad de ser trabajador, que no se pierde por la incapacidad temporal de la sociedad de dotarle de un puesto de trabajo.

El salario mínimo vital se va a superponer a las ayudas con nombres diversos que conceden las Comunidades Autónomas, con el consiguiente peligro de duplicidad. Y además se prevé que sea compatible con todo tipo de ingreso, incluso salario. Este último punto se intenta justificar en la necesidad de que los beneficiarios mantengan un incentivo para buscar trabajo. Me temo que el resultado va a ser el contrario. Primero, se sitúa muy cerca del complemento salarial que planteaba Ciudadanos y tan denostado, con razón, por Podemos. Es difícil distinguir a quién se está subvencionando, si al trabajador o al empresario. Segundo, existe el riesgo de que un grupúsculo social se instale plácidamente en esa situación de precariedad, prefiriendo completar sus rentas con distintos ingresos de una u otra procedencia y renuncie a encontrar un puesto de trabajo. El salario mínimo vital debería ser la última red de protección social y constituirse por tanto solo después de que el seguro de desempleo haya llegado casi al 100% de cobertura.

En cualquier caso, aun guardando todas las distancias, pues no estamos en el siglo XIX, no deberíamos echar en saco roto la definición que Carl Marx da del lumpen proletariado en su obra “El 18 de brumario”: “Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpem proletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème: con estos elementos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de diciembre, «Sociedad de beneficencia» en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora”.

No diluyamos el Estado social y la economía del bienestar consolidando una sociedad de beneficencia.

republica.com 22-5-2020

En muy buena medida los fracasos de los gobiernos de Zapatero se debieron a las ocurrencias. Ante la incapacidad absoluta para hacer una política seria, nos obsequió con un cúmulo de genialidades, especialmente cuando tuvo que enfrentarse a una crisis económica que le sobrepasaba. Me temo que Pedro Sánchez está cayendo en la misma tentación, y pretende ocultar con ocurrencias también su ineptitud para gestionar la crisis. La última boutade del Gobierno consiste en revivir los Pactos de la Moncloa. En realidad, en este caso la ocurrencia no es original de Sánchez, sino de Arrimadas, pero el Gobierno y sus expertos mediáticos se han apresurado a apropiarse de ella. Les puede ser, sin duda, de mucha utilidad para eludir responsabilidades. Haría mal Ciudadanos, y más concretamente Arrimadas, en prestarse a esta charlotada.

Inés Arrimadas, mientras ejerció el liderazgo de Ciudadanos en Cataluña, gozaba de gran admiración y simpatía. Su discurso frente al independentismo era impecable, lleno de sentido común, brillante y lógico, muy alejado de la ambigüedad del PSC, y de la postura montaraz de En Común Podemos. Hay quienes piensan, sin embargo, que su salto a la política nacional fue un error. Al menos su papel quedó más desdibujado, incluso eclipsado por el protagonismo de Rivera. Cuando dimitió este, tuvo que hacerse cargo de un partido traumatizado por una debacle sin precedente, su representación en el Congreso había descendido de 57 a 10 diputados.

La tarea que le corresponde, desde luego, no es fácil, pero lo peor que podría hacer la actual líder de Ciudadanos es asumir la interpretación que los críticos de su partido hicieron de la derrota de noviembre. Exégesis de la que lógicamente se apropiaron los sanchistas y que todos sus cañones mediáticos repiten de manera constante. En contra de lo que estos mantienen, el desastre electoral no se debió al hecho de no haber pactado con Sánchez tras las elecciones de abril. De ser ese el motivo, lo más lógico es que los votos perdidos por Ciudadanos se hubiesen orientado al PSOE y a Podemos. Por el contrario, estas dos formaciones políticas perdieron en conjunto un millón de votos y diez diputados. Los votos perdidos por el partido naranja debieron de encaminarse principalmente hacia el PP buscando el voto útil, y la forma de echar a Sánchez de la Moncloa. Por otra parte, el presidente del Gobierno nunca estuvo dispuesto a negociar con Ciudadanos, simplemente aspiraba a que le apoyasen de forma gratuita.

Sospecho que los únicos que dentro de Ciudadanos querían pactar con el presidente del Gobierno era los del sector crítico, dirigidos por el área económica, deseosos quizás de ocupar puestos importantes en el Gobierno o en la Administración. Paradójicamente, este grupo, que ha censurado la orientación de su partido por escorarse a la derecha, había elaborado la parte económica del programa que podríamos definir como furiosamente neoliberal, con temas tales como la bajada de impuestos, el tipo único en IRPF o el complemento salarial.

Por cierto, alguno de sus dirigentes –mejor, ex dirigentes- retorna a la actualidad con el complemento salarial, aunque ahora disfrazado de renta básica universal (RBU). Quizás busquen su acercamiento al Gobierno a través de Podemos que enarbola este tema como bandera. He leído con asombro un artículo publicado en El País el pasado 31 de marzo. Últimamente no suelo acceder a este diario, pero lo había citado mi amigo Luis Velasco desde estas páginas digitales y sentí curiosidad. El artículo iba firmado por Toni Roldán, antiguo secretario de Economía de Ciudadanos, y se titulaba “¿Una renta básica universal para la pandemia?”. Hablando de ocurrencias, ninguna como esta. Eso sí, es posible que se la compre el actual Gobierno, tan aficionado a ellas.

Me costó saber si el artículo iba en serio o en broma. Resumiendo la propuesta: el Gobierno daría a cada persona en edad de trabajar (38 millones españoles) 3.000 euros (1.000 por mes, suponiendo que dure tres meses la pandemia). Total, supondría un gasto inmediato de 114.000 millones de euros, el 11% del PIB. Al mismo tiempo, afirma, se debería aprobar un impuesto extraordinario que se devengaría en el próximo año, por el que cada persona devolvería esos 3.000 euros excepto la parte en que se haya reducido su renta por el coronavirus. En descargo del antiguo secretario de Economía de Ciudadanos, hay que decir que parece ser que la idea no era original suya, ya que él mismo cita a Greg Mankiw, economista de la Universidad de Harvard, que había ideado para EE.UU. una propuesta similar, solo que insertada en una formulación matemática muy simple. La cuantía del impuesto vendría dada, según el citado profesor, por el resultado obtenido al multiplicar N por X y por el cociente entre la renta de 2020 y la renta de 2019, siendo N los meses que dure la renta y X su cuantía.

Toni Roldán se pregunta cuál sería el coste de la operación y por simplicidad, según afirma -lo de la simplicidad es una constante en todo el artículo-, supone la población dividida en tres grupos. El primero (50%) no ha perdido nada; el segundo (25%) ha perdido la mitad de la renta y el tercer grupo (25%), la renta entera. Aplica la fórmula de Mankiw y llega a la conclusión de que el coste sería inferior al 1% del PIB. Aun cuando lo deja en cierta ambigüedad, es evidente que para que el coste ascendiese únicamente al 1% del PIB, las supuestas pérdidas de rentas habrán de estar referidas solo a los tres meses y que después, a lo largo de todo el año 2020, se mantendrían los mismos ingresos. Pero entonces lo de los 3.000 euros no deja de ser una tremenda engañifa, porque según estas suposiciones, la fórmula empleada y el coste estimado, y presumiendo también que los ingresos a lo largo del año son uniformes, el primer grupo (50%) debería devolver los 3.000 euros, el segundo (25%) debería devolver 2.625 euros, es decir, los 3.000 menos aproximadamente 375 euros que sería la prestación (125 euros mensuales), y el tercero y mejor dotado 2.250 euros, a saber, los 3.000 euros menos aproximadamente 750 euros, que es lo que le habría correspondido en la rifa (250 euros al mes). ¿Es esto serio?, ¿se puede pedir al Estado que movilice 114.000 millones de euros, que los reparta entre 38 millones de personas para que le devuelvan más de 100.000 millones de euros, y termine dando unas subvenciones de miseria cuyo coste escasamente sobrepasa los 10.000 millones de euros. Se dirá que es una suposición, pero es la que hace el autor y cualquier otra, que implicase una prestación un poco más digna, sería enormemente más gravosa al erario público. Cabe además una pregunta ¿Desaparecería el seguro de desempleo?

Mis suposiciones son otras y, por lo tanto, también mis cálculos. El coste estaría por encima de los 85.000 millones de euros y superaría el 8% del PIB, porque, siendo muy optimistas, se recuperaría como máximo la cuarta parte de lo entregado. Casi todo el mundo buscaría excusas para justificar que ha perdido una porción de su renta, tanto más cuanto que sería imposible cualquier comprobación. ¿O es que con la moralina que rodea estos días los medios de comunicación nos hemos creído eso de que todo el mundo es bueno?

Es lo que les pasa a los profesores universitarios, que están llenos de ocurrencias, de modelos de laboratorio, inaplicables en la realidad. ¿Sobre quién iban a recaer la tarea de revisar las rentas de 2020 y 2019 de los 37 millones de teóricos contribuyentes, muchos de ellos desconocidos, y sin que hasta ahora conste sobre ellos información alguna? Si no me equivoco, el número de los declarantes por rentas en el IRPF está alrededor de los 20 millones y la Agencia Tributaria se ve desbordada, y sabemos el volumen tan importante de fraude que existe. El fraude no está solo en las grandes fortunas. La sola propuesta de esta nueva prestación y nuevo impuesto despertaría la hilaridad de cualquier responsable de la administración tributaria.

Lo más llamativo del artículo es que el autor afirma que la medida ofrece tres ventajas: «es simple, inmediata y llega a todo el mundo. Se podría activar de forma casi automática, cubriría a todos los que lo necesitan, y ahorraría miles de horas de trámites y burocracia». Cubriría a todos los que lo necesitan, sin duda, y también a los que no lo necesitan y seguramente a los que lo necesitan en una cuantía radicalmente insuficiente, puesto que ¿quién ha dicho que al cabo de tres meses todo volverá a la normalidad? Simple sí que es (de gabinete de universidad), siempre que no se haga ningún tipo de comprobación. Así hemos eliminado los trámites y la burocracia, pero a condición de crear múltiples rentas fiscales y de que una cantidad ingente de dinero vaya a quien no lo precisa. ¿Por qué no coger un helicóptero y comenzar a tirar billetes sobre la población?

Sin duda, después de la pandemia (incluso ya ahora) podemos encontrarnos con una situación económica adversa. Colectivos especialmente vulnerables van a necesitar la ayuda del Estado y posiblemente en mucha mayor cantidad que la propuesta en el artículo, pero cada colectivo tiene su problemática y un tratamiento adecuado y se precisa garantizar que no se desperdicia el dinero. No caben fórmulas generales como las de la RBU. Lo de universal carece de sentido, y lo simple solo existe en los laboratorios o en los despachos de los profesores.

Es posible que este artículo haya hecho las delicias de los apologetas de la RBU y argumenten con júbilo que la derecha les termina por dar la razón, si es que consideran al autor como de derechas. Los teóricamente de izquierdas no deberían equivocarse, esta figura de prestación social casi siempre ha estado bien vista por el neoliberalismo económico, como sistema que puede diluir el Estado social en un Estado de beneficencia. En Finlandia fue un gobierno de derechas el que la implantó, con características que hacen dudar de la progresividad de la medida, y parece que ha decidido ya eliminarla.

Todos los defensores de la RBU que, para respaldar su viabilidad económica terminan englobando en ella toda otra serie de prestaciones sociales (que lógicamente desaparecen), defienden su excelencia basándose en la simplicidad y en el ahorro de todo tipo de gastos burocráticos. A ello me refería yo el 5-1-2017 en un artículo en estas mismas páginas en los siguientes términos «Subyace en estos planteamientos una cierta desconfianza hacia el Estado y la ambición de establecer en la protección social un automatismo, similar al que ha aplicado el neoliberalismo a la política monetaria. Prescindir de la vigilancia y supervisión del Estado es perder el control de la adecuación y justicia de las prestaciones y dejar el campo libre a la casualidad o, lo que es peor, a la arbitrariedad, y a los buscadores de rentas fáciles».

La RBU no entra dentro de la historia doctrinal de la izquierda europea, sino de un populismo que quizás pueda tener su razón de ser y hundir sus raíces en países de otras latitudes en los que el Estado es muy débil y no existe apenas protección social. Este populismo un tanto anárquico y que desconfía del Estado puede llegar a coincidir en temas como este con el liberalismo económico. El cuerpo doctrinal del Estado social es suficientemente fuerte y amplio como para contar con un número de elementos (entre los que no está la RBU) que cubran todas las contingencias que puedan afectar al ciudadano; otra cosa es que estén suficientemente desarrolladas en las correspondientes legislaciones nacionales, pero entonces lo que hay que perseguir es la corrección de esta carencia.

Nuestra Constitución no contempla la RBU. Lo que reconoce es el derecho al trabajo (art 35) y para hacer efectivo este derecho se acompaña de un mandato a los poderes públicos de realizar una política de pleno empleo (art. 40,1), pues de lo contrario, tal como dictaminó el Tribunal Constitucional, el reconocimiento del derecho a una parte de la población llevaría implícita su negación al resto. La obligación del Estado consiste en procurar que todo ciudadano en edad de trabajar pueda acceder a un empleo digno y adecuadamente remunerado y solo cuando, de forma excepcional, la sociedad no pueda proporcionárselo o cuando alguna contingencia, enfermedad, accidente, invalidez etc., se lo impida, los poderes públicos deberán dotarle de los medios económicos que le permitan a él y a su familia mantenerse mientras dura la excepcionalidad.

Hay que reconocer que fenómenos como la globalización o la pertenencia a la Unión Europea crean a menudo escenarios en los que la política de pleno empleo resulta imposible, con lo que lo que debería ser excepcional en la teoría, se convierte en la practica en normal, pero ello no nos debe hacer perder la perspectiva. El objetivo a conseguir es el del empleo y no la sopa boba de los conventos. El compromiso no debe consistir en garantizar una renta de forma indiscriminada; y mucho menos si la prestación es compatible con el salario, porque en este caso estaríamos acercándonos al complemento salarial propuesto por Ciudadanos y no sabríamos si en realidad al que estamos subvencionando no es al empresario. La imposibilidad de aplicar una política de pleno tendría que conducir únicamente a que prestaciones sociales tales como el seguro de desempleo afectasen quizás a muchos más trabajadores y a tener una duración mucho mayor. Pero, en cualquier caso, toda ayuda debe estar condicionada y obedecer a un motivo concreto.

Es posible que los momentos críticos que se avecinan y la más bien menguada protección social actual aconsejen y exijan potenciar determinado tipo de prestaciones, blindando a los colectivos más débiles, pero debería hacerse de forma analítica y razonada y huyendo de generalidades y ocurrencias y, sobre todo, calculando el coste de oportunidad, porque todo euro que se gasta en una determinada aplicación deja de gastarse en otra.

Hablando de ocurrencias, había comenzado este artículo refiriéndome a los nuevos Pactos de la Moncloa que quiere promocionar Sánchez. Es forzoso dejar ese tema para otro artículo, quizás la próxima semana.

Republica.com 17-4-2020

Terminaba mi artículo de la semana pasada prometiendo un nuevo artículo sobre la emigración y reconociendo una obviedad: que el problema es extremadamente complejo, como complejos y dramáticos son los de la pobreza, la desigualdad y el sufrimiento. La mayoría de las personas se sienten conmovidas ante las tragedias humanas y, en mayor o menor grado, pretenden aliviarlas, pero todos, en mayor o menor medida también-quizás algunos con mala conciencia- establecen límites a su solidaridad y se quedan muy lejos de ese mandato evangélico de «Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme». Solo algunos, muy pocos, como San Francisco de Asís, se tomaron en serio el precepto. He sentido siempre una gran admiración por aquellas familias que se atreven a adoptar un niño del Tercer Mundo, aun cuando puedan tener los suyos propios. Me parece un acto heroico. Son conscientes de las complicaciones que casi siempre acarrea. Pero incluso ellos saben también que su solidaridad tiene un límite y el número de hijos que pueden adoptar también.

Dentro del mundo religioso y más concretamente de la cultura cristiana a la que pertenecemos, han surgido en la Historia movimientos que han pretendido que la sociedad en su conjunto adoptase el mandato evangélico. A lo largo de la Edad Media se multiplicaron las sectas (cátaros, valdenses, albigenses, fraticelli apostolici, dulcinistas, etc.), que intentaron generalizar, incluso imponer, la pobreza y el reparto de bienes. Más tarde, en un ambiente ya secularizado, surgen distintas teorías que se conocen como socialismo utópico, y a las que Carlos Marx (que acertó en muchas cosas y se equivocó en otras muchas) criticó y despreció. Religiosas o secularizadas, todas estas doctrinas tienen un denominador común: su aplicación fue imposible y muchas de ellas en la práctica generaron consecuencias peores que las que trataban de evitar.

En un mundo de enorme miseria e hirientes desequilibrios regionales, todos los países, hasta los que como EE.UU. se han formado por oleadas de emigrantes, se han visto en la necesidad, antes o después, de controlar y limitar los flujos migratorios, del mismo modo que todas las economías domésticas limitan su solidaridad, por muy elevados que sean sus sentimientos humanitarios. Para que no haya confusión, dejemos claro sin embargo antes de continuar, un hecho olvidado frecuentemente por el nacionalismo, que la política redistributiva generada por el Estado social no tiene nada que ver con la solidaridad, sino con la equidad, con la necesaria corrección de la injusta distribución de la renta que el mercado realiza en una unidad política, comercial y monetaria.

Los efectos de la emigración inciden de forma muy desigual sobre los distintos ciudadanos, según sea el grupo social al que pertenezcan. El coste suele recaer en las clases bajas y posiblemente en mayor medida cuanto más bajas sean. Por el contrario, a los estratos altos y medio altos de la sociedad apenas les incomodan los inmigrantes o inclusive puede ser que les produzcan beneficios (véase mi artículo del 21 de junio pasado). Es por esa razón que, a veces, resultan sospechosas ciertas posturas humanitarias y dadivosas cuando no cuestan nada al que las adopta, especialmente si van acompañadas de alarde y de cierta jactancia. El peligro se encuentra en que la mayoría de los políticos, incluyendo a los de izquierdas, pertenecen ya a aquellos grupos sociales para los que la emigración no constituye coste alguno. Ese divorcio entre ellos y las capas sociales perjudicadas explica muy posiblemente que aparezcan en las sociedades, cada vez con mayor intensidad, posturas críticas y protestas que en muchos casos no tienen porque tener un origen xenófobo, sino que suponen una mera reacción autodefensiva. Es muy significativo que estos movimientos se nutran en buena medida de ciudadanos que tradicionalmente fueron votantes de izquierdas.

Más significativo aún resulta que los mayores defensores de la inmigración sin control y sin límites sean fieles adictos al neoliberalismo económico. El joven economista Juan Ramón Rallo, conocido por sus intervenciones rabiosamente neoliberales en algunos medios de comunicación, el pasado 6 de agosto en el diario El Confidencial publicaba un artículo titulado “Por qué Pablo Casado se equivoca con la inmigración”, en el que, tras calificarle de «un soplo de aire fresco frente a la naftalina socialdemócrata montoril que previamente había contaminado al partido», le censura abiertamente por la posición que mantiene en el tema de la emigración basándose en el tuit que el actual presidente del Partido Popular había emitido sobre este tema: «No es posible que haya papeles para todos ni es sostenible un Estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa, y tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto. Seamos sinceros y responsables con esta cuestión».

Tras una serie de divagaciones sobre si el número de emigrantes que atraviesan nuestras fronteras es elevado o no, que no resulta demasiado trascendente, el señor Rallo pasa al fondo de su argumentación que, resumiendo, se reduce primero a mantener que no hay porqué defender el Estado Social, sino más bien desmantelarlo; y segundo, que los inmigrantes colaboran a la riqueza nacional insertándose en el proceso productivo. El primer punto es un apriorismo ideológico que no es el momento de discutir, pero el señor Rallo comprenderá que haya otros que, aunque sean del PP, partan de una premisa diferente. El segundo punto es que el joven economista olvida -o quizás prefiere ignorar- que existen tres millones y medio de parados, y lo que él llama “incardinarse en el proceso productivo” otros lo pueden denominar engrosar el ejército de reserva que tire hacia bajo de los salarios, lo que será seguramente muy conveniente desde el punto de vista empresarial, pero pernicioso para los parados actuales e incluso para una proporción elevada de los asalariados. Y no se diga que los emigrantes realizan las tareas que no quieren los nacionales, porque es posible que no las quieran tan solo al salario que pretenden pagar los empresarios.

Resulta también muy revelador que para reforzar esta posición haya venido a sumarse una organización con un pensamiento económico tan progresista como el FMI, aunque lo haga con argumentos aparentemente de mayor veracidad, pero que son igual de falsos. La institución que preside Christine Lagarde, preocupada siempre de los problemas de nuestra Seguridad Social, plantea como solución recurrir a la inmigración, llegando a defender la conveniencia de la entrada de aquí hasta el 2050 de 5,5 millones de extranjeros. Al margen de que pronosticar a más de treinta años vista es una osadía más propia de una pitonisa que de un organismo serio, lo peor son los argumentos que maneja: «Las migraciones aumentan el número de trabajadores, elevan también el número de contribuyentes al sistema de pensiones, y relajarían sensiblemente, por tanto, la tasa de dependencia». El FMI no puede ignorar que cuando hay una elevada tasa de desempleo las migraciones, por sí mismas, no aumentan el número de trabajadores ni el número de contribuyentes, sino el número de parados, de manteros y de perceptores de subsidios y servicios sociales, con lo que, lejos de aliviar, incrementan la tasa de dependencia, al menos en sentido amplio, incluyendo no solo los pensionistas sino también los perceptores de ayudas sociales.

Con todo, lo más grave son las razones aducidas por el Gobierno con la finalidad de justificar sus actuaciones o de responder a las críticas de Ciudadanos o del PP, pues manifiesta un enorme despiste sobre el funcionamiento de la economía e incluso de la Seguridad Social y del sistema de pensiones. Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha declarado que «los extranjeros son más una oportunidad que una amenaza, una oportunidad de reponer la pirámide de población», «el sistema de protección social necesita que haya millones de cotizantes». Después de tantos años de ocupar ese puesto, Granado debería saber que, mientras se mantenga una tasa tan alta de desempleo como la actual, la entrada de inmigrantes no incrementará el número de cotizantes y que de nada valdrá reponer la pirámide de población, en tanto la oferta de puestos de trabajo no sea capaz de absorber la demanda existente. El efecto será el contrario, se deprimirá el sistema de protección social, englobando otras prestaciones diferentes de las pensiones.

Por otra parte, parece que el señor Granado continúa siendo presa de una concepción de la Seguridad Social en la que el sistema público de pensiones tiene poco futuro, aquella dimanante del Pacto de Toledo, que fija su viabilidad en las cotizaciones sociales y, por lo tanto, en el número de trabajadores. Lo importante para garantizar las pensiones no es el número de los que producen, sino cuánto es lo que se produce y la capacidad fiscal del Estado para apropiarse por las distintas vías impositivas de parte de lo producido. Juegan aquí los incrementos de productividad y mientras esta aumente es muy posible que con menos trabajadores se obtengan mayores recursos, una parte de los cuales puede ir a la Hacienda Pública, y garantizar, entre otras muchas prestaciones, las pensiones. Eso sí, siempre que hagamos tributar al capital y no únicamente a los asalariados.

Mayor gravedad tienen sus referencias acerca de lo que ocurrió en 2005. Según Granado, la llegada de emigrantes permitió constituir el Fondo de Reserva y gracias a este se pudieron pagar las pensiones en los años de la crisis. Por una parte, confiere una relevancia a la llamada hucha de las pensiones de la que, desde el punto de vista financiero y económico, carece. Es un puro artificio contable de los que se empeñan en separar el Estado de la Seguridad Social. La constitución o no del Fondo no cambia en absoluto las variables estratégicas de las finanzas públicas ni de la economía. En las épocas en las que la Seguridad Social tiene superávit, ya sea con Fondo o sin Fondo se integra en el saldo de las Administraciones Públicas, permaneciendo igual el resultado consolidado. La deuda pública en manos del público (nacional o extranjero) tampoco se modifica, porque si bien es verdad que si se constituye la cacareada hucha, el Estado debe emitir más deuda, no es menos cierto que esta queda congelada en manos de la Seguridad Social. Desde el punto de vista consolidado, por lo tanto, la situación es idéntica. Lo mismo cabe afirmar cuando la Seguridad Social tiene déficit, ya que este se integra en el de las Administraciones Públicas, sin que le afecte lo más mínimo la existencia o no de una hucha. La deuda en manos del público tampoco sufre cambio alguno, porque es verdad que, sin el Fondo de Reserva, el Estado para financiar el déficit de la Seguridad Social se verá obligado a emitir deuda; pero si el Fondo existe, este tendrá que vender la deuda que está en su poder y el efecto económico y financiero será exactamente el mismo.

Por otra parte, Granado haría bien en no poner como ejemplo el infausto 2005, año en el que él ya estaba de secretario de Estado, porque precisamente fue en ese año y en los inmediatamente anteriores y posteriores cuando se generó el crack que sufrimos a partir de 2008. La crisis no cayó del cielo sino de nuestra pertenencia a la Unión Monetaria y a la desastrosa gestión del PP y del PSOE de aquella época. Aquel crecimiento y aquel empleo eran engañosos (eran a crédito) porque si bien redujeron la deuda pública, incrementaron astronómicamente el endeudamiento privado, ese endeudamiento privado que a Zapatero, según dijo él mismo, nadie le había hablado. Deuda que en parte se transformó pronto en pública, y que nos arrastró a una recesión y a unas tasas de desempleo como nunca habíamos tenido. La mayoría de esa mano de obra extranjera de la que tan orgulloso se siente el secretario de Estado se vio abocada de forma masiva al paro y a engrosar el ejército de reserva (que no es precisamente lo mismo que el Fondo de Reserva). Incluso muchos de ellos prefirieron retornar a sus países de origen. Y fueron también muchos españoles los que acompañaron a los inmigrantes a engrosar las colas del INEM. Si las pensiones no se redujeron más (porque disminuir, disminuyeron) no fue gracias a la hucha de las pensiones, tal como afirma el secretario de Estado, sino a que no continuó gobernando Zapatero, y que el siguiente Gobierno, a pesar de muchos errores tuvo algún acierto, se resistió al rescate por Bruselas, que hubiera impuesto condiciones mucho más duras sin importarle un ápice el que existiese o no el Fondo de Reserva.

Ciertamente la inmigración puede tener un impacto correctivo sobre nuestra envejecida pirámide de población, pero tal modificación solo tendría un efecto positivo sobre la sociedad y sobre la economía si las tasas de desempleo se mantuviesen en niveles moderados, de ajuste estructural; pero mientras estas conserven los desmedidos niveles actuales, abogar por la entrada masiva de inmigrantes no se puede hacer desde la necesidad ni siquiera de la conveniencia económica, a no ser que seamos adictos al neoliberalismo económico y consideremos algo positivo incrementar el ejército de reserva. Desde cualquier otra óptica, para justificar la inmigración hay que recurrir a la ética, a la solidaridad, a los sentimientos humanitarios, a la generosidad, incluso a la justicia, con el límite que cada uno esté dispuesto a poner, puesto que no caben las demagogias o el buenismo, especialmente cuando el coste va a recaer sobre los demás. Particularmente, los líderes de los partidos de izquierdas deberían ser realistas y conocer hasta dónde están dispuestos a llegar en su altruismo, sus seguidores y votantes, sobre todo aquellos que pertenecen a las clases bajas, y no dejarse llevar por el voluntarismo o por su afán de alardear de un falso progresismo. De lo contrario, la reacción social puede conducirnos a consecuencias muy negativas.

El hecho de que la limitación se sitúe en las tasas de paro y en la capacidad del mercado de trabajo para absorber mano de obra nos da también una pista acerca de la desigual capacidad de las Comunidades Autónomas para acoger inmigrantes. Puesto que España constituye una unidad política, la distribución debería hacerse de manera equitativa, y el Gobierno debería imponerla. No es lógico que los inmigrantes se agolpen en Andalucía, Ceuta y Melilla con tasas de desempleo del 23,1, 29,5 y 28,0%, respectivamente, mientras otras Comunidades tienen tasas mucho más bajas tales como Navarra (9,9), País Vasco (11,1), Islas baleares (11,2), Cataluña (11,4) o Madrid (12,1) y se encuentran en muchas mejores condiciones para acogerlos, y no solo a los que vienen en barcos que son noticia y se prestan al postureo.

La pertenencia a la Unión Europea añade nuevos parámetros al tema de la emigración. La Unión Europea debería ser la solución, pero me temo que se convierta más bien en el problema. Pero esta cuestión da para otro artículo. Quizás la semana que viene.

republica.com 30-8-2018

Pobreza en España, en Europa y en las autonomías

El día 24 del pasado mes de mayo casi todos los diarios en papel o digitales, emisoras de radio y cadenas de televisión abrían en portada con el siguiente titular: “El 22% de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza”. Y es que ese día el Instituto Nacional de Estadística había publicado la encuesta de condiciones de vida, estudio estadístico anual dirigido a los hogares, que se realiza en todos los países de la Unión Europea. Se trata de una estadística armonizada, de acuerdo con el Tratado 1177/2003.

Son muchos los aspectos relevantes que pueden extraerse de esta encuesta, pero antes que nada conviene situar las cosas en sus justos términos. La exageración y la demagogia casi siempre terminan volviéndose en contra y desautorizan la totalidad de la argumentación, quitando la razón incluso en aquella parte que puede resultar totalmente correcta.

La pobreza que señala la encuesta no es absoluta, sino relativa. Podríamos decir que más que la indigencia el índice mide la desigualdad, ya que considera incluidos en ese colectivo a los hogares cuyos ingresos netos anuales son inferiores al 60% del ingreso medio (mediano) del país en estudio. Sus condiciones económicas y sociales, por tanto, dependen del nivel de vida y de la renta nacional del Estado al que se pertenece. Los que la encuesta aquí y ahora considera pobres poco tienen que ver con los que se tomaría por tales en los países subdesarrollados o emergentes, ni siquiera con los de otras naciones europeas. Nada que ver los pobres de Luxemburgo, Holanda o Alemania con los de Polonia, Lituania o Rumania.

Parece bastante probable que los pobres de Dinamarca sean más ricos que el 90% de los búlgaros, teniendo en cuenta que el salario mensual medio de Dinamarca (3.706 euros) es diez veces el de Bulgaria. Es por eso por lo que carece de sentido que Eurostat facilite como índice del umbral de pobreza de Europa (de los 28) el 17,2% y de la Eurozona el 17.1%, como tampoco significa casi nada que la Comisión afirme que en Europa hay 122,3 millones de pobres. Suma churras con merinas. Y es que estamos a años luz de constituir una verdadera unidad política; si lo fuéramos, los umbrales de pobreza deberían elaborarse tomando como referencia para todos los países el 60% del ingreso neto medio (mediano) de la Unión Europea. De esta forma, sí sería posible ver la distribución real de la pobreza y en qué países se acumula. Pero tal vez eso es lo que se intenta ocultar, porque en tal caso aparecería de manera evidente la contradicción y la locura del proyecto europeo.

La relatividad del concepto de pobreza también aflora con el tiempo. Lo que hoy llamamos pobres en España seguramente tampoco tiene mucho que ver con los pobres de los años 50, 60 e incluso 70. Es muy probable que las condiciones de vida de nuestros jóvenes indignados sean bastante mejores que las de sus padres y abuelos, lo que no quiere decir que no tengan motivos para el enojo, porque para algo la renta per cápita se ha aproximadamente duplicado en los últimos cincuenta años. La indignación de los jóvenes y de los no jóvenes se justifica por el hecho de que no existe ninguna razón económica para que se pierdan las conquistas sociales y económicas conseguidas y para que, por el contrario, no se continúen incrementado si, como es perfectamente posible, la renta per cápita mantiene una evolución similar a la seguida en el pasado.

El hecho de que esta estadística no constituya un buen indicador de la pobreza absoluta no implica que no nos suministre información sumamente interesante, en especial acerca del grado de desigualdad que afecta a una sociedad. Lo que convierte irritante a la pobreza es principalmente la falta de equidad con la que a menudo va asociada. Un primer dato a resaltar es la falacia que se esconde tras la exaltación que tertulianos, comentaristas y políticos realizan acerca de la clase media, tomando por tal la que no lo es. Según la encuesta, el ingreso anual neto por hogar se sitúa en 26.092 euros, muy alejado de las rentas de todos aquellos que se identifican con la clase media y que, en una especie de victimismo, se sienten enseguida perjudicados por toda medida fiscal progresiva.

Los resultados de la encuesta nos indican también que la llamada recesión económica ha dañado fuertemente el ingreso medio de los españoles y, además, algo que ya sabíamos: lo ha hecho de manera desigual recayendo en mayor medida sobre las rentas bajas, por lo que el umbral de pobreza ha subido a lo largo de estos años en dos puntos y medio. Así mismo, nos demuestra que una cosa es la macroeconomía y otra la microeconomía, y que las crisis económicas dejan en las sociedades secuelas muy profundas que perduran mucho más allá de la reconstrucción de los datos macroeconómicos. Los últimos resultados señalan que la recuperación de las tasas de crecimiento solo está sirviendo para que el umbral de pobreza deje de aumentar, incluso para que descienda levemente, pero que tardará mucho en alcanzar (si es que un nuevo empeoramiento de la actividad económica no se lo impide) los niveles anteriores a la crisis.

La situación habría sido sin duda mucho más dura sin la política redistributiva del Estado, que corrige la desigualdad en el reparto de la renta que realiza el proceso productivo; gracias a ella, el umbral de pobreza se reduce nueve puntos (del 31 al 22%), según consideremos los ingresos, bien brutos, es decir, tal como se generan en el mercado, o bien netos, después de la actuación fiscal y presupuestaria del Estado. El maltratado Estado del bienestar sirve de paracaídas y ha sido la única tabla de salvación a la que han podido aferrarse muchas familias. Comparativamente con otros países europeos, España se encuentra en la media tirando hacia abajo; desde luego el impacto del Estado es menor que en los países nórdicos como Finlandia, Dinamarca (15 puntos) o Suecia (13 puntos) y también menor que en Inglaterra (13 puntos), Bélgica (12 puntos), Francia, Austria y Luxemburgo (11 puntos), Holanda (10 puntos) e incluso sorprendentemente que en Grecia (14 puntos); pero se mantiene a la par de Alemania y es superior que en Portugal y en Italia, con siete y cinco puntos respectivamente. Si existe una constante es que en todos los países la política redistributiva de la Hacienda Pública se ha reducido en los últimos años.

La encuesta facilita también información acerca de cómo se distribuye territorialmente la pobreza. A diferencia de la Unión Europea -que por mucho que pregone otra cosa no deja de ser nada más que una unión comercial y financiera-, en España al constituir, hoy por hoy y mal que a algunos les pese, una unión política, el umbral de pobreza de cada Comunidad Autónoma se calcula con referencia al ingreso neto nacional, de manera que en este caso el índice sí expresa la distribución real de la pobreza. Frente a una tasa nacional del 22,1%, las “regiones explotadas”, Navarra, País Vasco y Cataluña, poseen las tasas de pobreza más reducidas (9,8; 10,9 y 13,9%, respectivamente); mientras que las “regiones explotadoras”, Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, (35,7; 31,8; 29,0; 28,5%, respectivamente), arrojan las más elevadas del país. Y eso después de la acción redistributiva del Estado, de la que están ausentes País Vasco y Navarra, y que tanto incomoda e irrita al nacionalismo catalán que quiere la independencia gritando que España les roba. Lo más indignante es que muchos de los que se declaran de izquierda caen en esa trampa.