ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Burro grande, ande o no ande, afirma el refrán popular, y parece hecho a medida del comportamiento del sanchismo. Todo lo que hacen, según ellos, es lo más grande, grandioso, colosal, lo más excelso, histórico, único. Como no podía ser menos, todos estos calificativos u otros parecidos se los han aplicado a los fondos de recuperación europeos. Me temo que ese burro no va andar, pero es que tampoco es el más grande.

Sánchez y la ministra de Economía no han escatimado adjetivos, incluso han llegado a compararlo con el Plan Marshall y, contra toda verdad, se afirma que es la movilización de fondos más elevada que ha realizado la Unión Europea. Lo que, desde luego, no es cierto. Se puede disculpar la ignorancia del presidente del Gobierno, este capítulo no debe de estar en su tesis doctoral, pero lo que es menos explicable es que lo repita Nadia Calviño, dado que ha sido directora general de Presupuestos de la Unión Europea. Es posible que los dos estén haciendo trampas y para realizar las comparaciones consideren los recursos en valores absolutos, sin tener en cuenta la inflación ni las distintas monedas en que están expresados.

Los fondos de cohesión y de desarrollo han representado una movilización de dinero de bastante mayor cuantía que la que ahora se activa. Para realizar estas comparaciones, las transferencias de recursos hay que entenderlas a fondo perdido, excluyendo los préstamos o cantidades reembolsables. Además, habrá que considerarlas en términos netos, es decir, minorando la cuantía de las recibidas con la cuota que el país en cuestión como miembro de la UE debe aportar a la financiación total.

Aplicando lo anterior al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, y redondeando, la totalidad de los recursos que la UE proyecta trasladar a los Estados se eleva a una cifra cercana a los 700.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad se entregará en calidad de préstamos y el resto, como transferencias no reembolsables. A España, como uno de los máximos beneficiados, le corresponderán unos 140.000 millones de euros en total; cerca de 70.000 millones de euros, si nos fijamos únicamente en las entregas a fondo perdido.

Para conocer la cuantía real de la ayuda, esta última cantidad se tiene que minorar por el importe con el que España, como un miembro más de la UE, debe contribuir a la financiación de la cantidad total. Este porcentaje es alrededor del 10%, porque es esta misma proporción la que existe aproximadamente entre el PIB español y el de toda la Unión, y que se traduce en una suma de 35.000 millones de euros. Si la transferencia teórica a España va a ser de 70.000 millones de euros, la ayuda neta, esto es, aquella que podemos afirmar que de verdad es a fondo perdido, no estará muy por encima de la mitad (35.000 millones de euros), que se recibirá a lo largo de estos seis años (2021-2026) y que representa un 3% del PIB, es decir, una media del 0,5% anual.

En los muchos años que España gozó de los fondos de cohesión, por lo menos hasta la ampliación al Este, su saldo neto positivo anual frente a la UE se ha movido en un rango del 0,5% al 1% del PIB. A su vez, el saldo neto de Portugal, Grecia e Irlanda ha pasado la mayoría de los años del 2% del PIB respectivo. Es absurdo por tanto pretender situar las ayudas que ahora se movilizan a la cabeza de cualquier otra transferencia realizada por la UE.

Sánchez, creyéndoselo o no, ha colocado los fondos de recuperación en el centro de su mensaje y ha hecho de ellos su máxima baza electoral. Por eso ha magnificado su cuantía, pero, sobre todo, se ha apoderado de ellos. Primero, intentando convencernos de que la concesión ha sido mérito suyo. Recordemos el paseíllo apoteósico que hizo entre todos los ministros aplaudiendo a su entrada al Consejo. Nadie que conozca mínimamente cómo funciona la UE puede creerse que un acuerdo como el de los fondos de recuperación puede ser obra del presidente del Gobierno de España, y menos si ese presidente es Pedro Sánchez.

Segundo, porque sin ningún pudor los considera suyos y por lo tanto con derecho a repartirlos como crea conveniente. No ha permitido que se aplicase ningún control político e incluso, y eso es casi más grave, ha liberado su ejecución de casi todos los requisitos a los que normalmente están supeditados los fondos públicos y ha convertido la fiscalización previa (en las intervenciones delegadas) de estas partidas en una mera nota de toma de razón contable. En ese reparto se va a imponer la más total discrecionalidad en la selección de los agraciados, tanto si son Comunidades Autónomas, empresas o particulares.

Como siempre, Sánchez tiene la virtud de reprochar a la oposición precisamente todo lo que él realiza. Resulta paradójico que en su comparecencia con Olof Scholz haya pedido que nadie convierta los fondos en un instrumento político, cuando ha sido precisamente él, desde el mismo momento de su aprobación, quien los ha considerado el mejor medio para hacer clientelismo y asegurarse así la permanencia en el poder.

Este burro, el de los fondos de recuperación, no solo no es el más grande, es que tampoco parece que pueda andar, al menos en persecución del objetivo que se confiesa y que está explícito en el título: la recuperación. Es posible, sin embargo, que sí funcione para conseguir el otro propósito de Sánchez, el clientelismo. Cuando aún no se había recibido ni un solo euro de los fondos europeos, se consignaron en los ingresos del presupuesto de 2021, 27.000 millones de euros, con la intención de que se pudiese anticipar la ejecución de los programas desde el mismo día uno de enero. Pues bien, la realización no parece que haya influido muy positivamente en la recuperación cuando, las estadísticas y previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales, excepto las del Gobierno, llegan a la conclusión de que España se encuentra a la cola de todos los países de la UE en el ritmo de alcanzar los valores económicos  anteriores a la pandemia.

Esto no debería extrañarnos demasiado teniendo en cuenta los ejes transversales que se han fijado para vertebrar los planes de los fondos: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género, etc., finalidades que pueden ser muy respetables, pero en las actuales circunstancias no parece que constituyan el camino más rápido ni más eficiente para recomponer lo que la crisis ha destruido.

Existe, no solo en el Gobierno, una versión triunfalista que encomia con gran admiración el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y lo ve como una ocasión única que nos presta la UE. No obstante, por mucho que se diga lo contrario, los fondos van a venir condicionados no solo por las obligaciones que pueda imponer Europa, sino también por los proyectos en los que hay que gastarlos, que pueden ser muy convenientes para los fines que la UE se ha marcado, pero quizás no sean tan prioritarios para España.

Estos fondos, al igual que los de cohesión y el FEDER en el pasado, de ninguna manera van a compensar los desequilibrios que generan el mercado y la Unión Monetaria ni pueden compararse con la función redistributiva entre personas y territorios que ejercería una verdadera unión fiscal. Parece que son tan solo ese mínimo que están dispuestos a aceptar los llamados países austeros (de austeros nada, simplemente agraciados por la Moneda Única) para evitar que la desigualdad sea tan grande que termine por poner en peligro la Unión Monetaria.

Las desigualdades que está creando la moneda única -y que no hay fondos que puedan compensarlas- se pueden comprobar de manera fehaciente al considerar cómo ha evolucionado la economía de los países. Tal vez una de las variables más significativas sea el montante de deuda pública (también la privada) que acumulan los distintos Estados. En el año 2000, al comienzo del euro, la deuda pública española (59,60% del PIB) y la alemana (60,40% del PIB) se encontraban casi al mismo nivel; actualmente la primera (122,8% del PIB) es el doble que la segunda (69,7%).

A ello hay que añadir que durante estos años nos hemos desprendido de la casi totalidad de nuestros activos, empresas públicas rentables, lo que la prensa llamaba “las joyas de la corona”. Claramente nos hemos empobrecido. La fortaleza económica se mide por el patrimonio neto. Activo menos pasivo. A partir de la creación del euro nos hemos quedado sin activos y hemos engordado fuertemente nuestro pasivo. Curiosamente, algunos de los que están siempre dispuestos a alabar lo exterior y criticar lo interior han contrapuesto el hecho de que Alemania para financiar las pensiones haya acudido a emitir deuda, mientras que España ha subido las cotizaciones, sin considerar que nuestra deuda es el doble que la alemana y nuestra presión fiscal más reducida. Otra cosa es que el Gobierno español no haya escogido precisamente el impuesto más adecuado.

A lo largo de la historia las deudas han significado dolor, sufrimiento y el camino más corto para el empobrecimiento, la prisión e incluso la esclavitud. El endeudamiento también debilita a los Estados cuando lo contraen nominado en una divisa que no es la suya y que no controlan. Puede hacerles perder su soberanía y supeditarlos a poderes extranjeros. Sirva de ejemplo lo que ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica con el Fondo Monetario Internacional. La enorme deuda que en estos momentos tiene contraída España y nominada en una divisa que, aunque suya, no controla hace a nuestro país totalmente dependiente de las decisiones del Banco Central Europeo, y de las presiones que este organismo pueda  sufrir en el futuro.

republica.com 27-1-2022

A principios de año, casi todos los medios de comunicación han recordado que hace justamente dos décadas se creó el euro. Al mismo tiempo, los presidentes del Consejo y del Europarlamento y la presidenta de la Comisión han lanzado su discursito referente a este acontecimiento encomiando todas sus enormes virtudes y los muchos bienes que nos había traído. Para ser exactos, el euro se creó tres años antes, el 31 de diciembre de 1998, cuando se fijaron los tipos a los que quedaron ligadas de manera irrevocable las monedas de los distintos países y los de cada uno de ellos con la nueva moneda que se creaba. Había surgido en Europa la Unión Monetaria.

El día siguiente, 1 de enero de 1999, hizo su aparición el euro, solo que como moneda, digamos virtual, puesto que servía únicamente para las transacciones por escrito y a la que había que conformar todas las contabilidades. No obstante, como moneda física no surgió hasta el 1 de enero de 2002, simultaneándose con las monedas nacionales dos meses, hasta el 28 de febrero, fecha en la que estas dejaron de ser de curso legal.

Aun cuando en la mente de los ciudadanos lo que se mantiene con mayor fijeza es la aparición física del euro, unida a una serie de anécdotas que afectaron a cada uno en mayor o menor medida, los hechos realmente importantes fueron los de tres años antes, cuando, tal como se ha señalado, las monedas quedaron ligadas por cotizaciones irrevocables. Según dijo el entonces gobernador del Banco de España, Ángel Rojo, fijadas para toda la eternidad. Palabras que algunos, que siempre hemos pensado que todo tiene fin, recibimos con cierto escepticismo. Pasados veinte años de voluntarismo político y de propaganda, habrá muchos que piensen que Ángel Rojo tenía razón en eso de “para toda la eternidad”, y que la situación es irreversible.

Sin embargo, hay quienes seguimos pensando que cuando las realidades surgen contra toda lógica y llenas de contradicciones, el tiempo no las cura y, antes o después, tienen que desaparecer. Solo que, si tardan mucho tiempo en hacerlo, no se extinguen de forma suave, sino abrupta e incluso catastróficamente. La Unión Monetaria se constituye por puro voluntarismo político, pero en contra de la lógica económica. Los hechos así lo indicaban:

En primer lugar, la evolución histórica de las cotizaciones de las monedas que en el año 1999 se pretendían unir y las notables variaciones acaecidas a lo largo del tiempo. Cojamos por ejemplo como año base 1966, es decir, 33 años antes de que se produjese la unificación, y comparemos con su valor en esta fecha. Con respecto a la peseta, el marco alemán se había apreciado el 566%; el chelín austriaco, 520%; el franco francés, 207%; el franco belga, 342%; el florín neerlandés, 454%, etc. A su vez, la peseta se habría revalorizado frente al dracma griego un 395%; frente al escudo portugués, un 251%; frente a la lira italiana, un 12%, etc. Como es lógico, estos cambios pueden cruzarse de manera que nos den a conocer cómo se ha modificado la cotización entre dos monedas cualesquiera, por ejemplo, el marco alemán se había apreciado frente al dracma griego un 2.264%, y frente al escudo portugués un 1.451%, y con respecto a la lira italiana, un 636%.

Contemplando estas gigantescas variaciones en el valor de las monedas, costaba creerse que pudiesen mantenerse las cotizaciones fijas durante mucho tiempo después de la integración, al menos sin crear desajustes y desequilibrios de manera generalizada, y graves daños en la economía de algunos países.

En segundo lugar, el desenlace del Sistema Monetario Europeo, establecido como un criterio más de convergencia, pero al mismo tiempo como ensayo general de la Unión Monetaria a constituir y una prueba para que cada país pudiese experimentar lo que significaba mantener fijo el tipo de cambio. El ensayo terminó de la forma más desastrosa imaginable. Las turbulencias acaecidas en los mercados financieros al principio de la década de los noventa evidenciaron de forma muy clara las debilidades del sistema.

Muy pronto Gran Bretaña e Italia tuvieron que abandonar la disciplina de las bandas y dejar flotar sus monedas. España se vio obligada a devaluar cuatro veces, y al final se produjo una fuerte presión frente al franco, que ni siquiera la actuación conjunta de todos los bancos centrales pudo detener. La Unión Europea no tuvo más remedio que ampliar las bandas de fluctuación del +-2,5% al +-15% que era en la práctica dejar las monedas en libre flotación. El SME había muerto. Lo lógico es que este fracaso hubiese hecho dudar a los mandatarios europeos de la viabilidad del proyecto, pero no fue así.

En tercer lugar, la UE no constituía -y aún menos la constituye ahora- una zona monetaria óptima. Haciendo excepción de la integración comercial, no cumple ninguna de las condiciones que establece la teoría al respecto. Si bien el Tratado de Maastricht implanta la libre circulación de personas; ni siquiera legalmente se ha cumplido esta prescripción, ya que se han puesto múltiples impedimentos legales a la emigración entre las naciones. Además, en lo relativo a la movilidad laboral, lo legal es solo una condición necesaria pero no suficiente. Existen otros muchos obstáculos como el idioma, la cultura, el nacionalismo, incluso los recelos históricos, etc. Pero la principal condición y que está totalmente ausente en la Unión Europea es la de la integración fiscal y presupuestaria, que se precisa para compensar los desequilibrios que una unión monetaria produce.

A pesar de que estos tres hechos mostraban claramente cómo el proyecto contradecía la lógica económica, este siguió adelante –como es sabido-, ya que su realización obedecía a la voluntad política, y fueron razones de este tipo las que determinaron la decisión, y es este mismo voluntarismo político el que permite y origina que el euro cuente ya con más de veinte años de existencia.

Muchas son las voces que presentan estos veinte años como la mejor prueba de que la Unión Monetaria es posible. La crisis del 2008, que puso sobre el tablero las notables incoherencias y desequilibrios que se producían en la Eurozona, creó múltiples dudas sobre la viabilidad de la Unión y en algún momento pareció que iba a descarrilar. Pero, una vez superado el conflicto, muchos dan como un hecho incuestionable no solo su permanencia futura sino la conveniencia de su existencia. Se olvidan del coste que ha representado para algunos países superar la crisis y de que los contrasentidos e inestabilidades permanecen.

El mundo sindical y parte de la izquierda habían reconocido las lacras, carencias y fallos del sistema que veía la luz. Su asentimiento a la construcción (el sí crítico) se basó en la creencia más bien bobalicona de que con el tiempo se irían corrigiendo y se avanzaría en un proceso de integración que en aquel momento se reducía exclusivamente a la moneda. Entonces se establecía la Unión Monetaria y todo lo demás se nos daría por añadidura poco a poco. Hoy, dos décadas después, se puede comprobar hasta qué punto estaban equivocados estos biempensantes.

El único paso adelante realmente notable que ha dado la Eurozona es la política de compra de títulos instrumentada por el BCE, que ha sido la que ha salvado por el momento al euro y constituye de verdad la única mutualización de la deuda. Pero, por ese mismo motivo, puede ser en el futuro y con mayor razón si se consolida la inflación, objeto del ataque de los halcones. Al margen de esto, no ha habido apenas ningún avance que pueda considerarse tal.

Dese luego ha estado ausente cualquier progreso serio en lo referente a la unidad fiscal. El presupuesto ha continuado siendo ridículo. La Unión Europea tampoco cuenta con impuestos propios con capacidad recaudatoria y progresividad suficiente para realizar una política redistributiva entre las personas y entre los territorios y los Estados. Los fondos estructurales, los de cohesión y ahora los de recuperación pasan por ser mecanismos de solidaridad, pero son sucedáneos a todas luces insuficientes para compensar los desequilibrios que el mercado y la unión monetaria crean entre los Estados; por supuesto a gran distancia de la redistribución que se produciría con una unidad fiscal al estilo de la que se da en cualquier Estado, o incluso con la que se ha aplicado en la reunificación alemana. Tampoco se ha establecido una mínima armonización fiscal para que el capital no huya de unos Estados a otros, ni se ha creado un seguro de desempleo europeo.

La unidad bancaria ha quedado casi en su totalidad en el mundo de las ideas, puesto que el coste de las crisis continúa recayendo sobre los respectivos Estados y sus ciudadanos. Ni siquiera se ha establecido un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo. Ni la Eurozona ni la Unión Europea cuentan con una política exterior y de defensa común. En España hemos podido constatar el enorme vacío que existe en la cooperación judicial entre los Estados, y que existen santuarios donde pueden refugiarse los perseguidos penalmente por otro país. Se ha comprobado fehacientemente la inutilidad de las órdenes de detención y entrega europeas.

Periódicamente se constata la impotencia de la Unión Europea para lograr una política común de migración, terreno donde cada Estado actúa por su cuenta y en ningún caso está dispuesto a colaborar con los demás. Por último, pero quizás lo más importante, se mantiene como el primer día el déficit democrático. La Unión Europea se ha cocinado al margen de los ciudadanos y las decisiones continúan estando en órganos no plenamente democráticos en los que los lobbies económicos tienen una gran fuerza. Se ha creado una superestructura burocrática muy bien pagada pero incapaz de resolver cualquier problema. Las cuestiones se eternizan y las múltiples comisiones pueden estar días y días discutiendo del sexo de los ángeles.

En España no falta quien nos diga que menos mal que estamos en Europa. Ante cualquier problema o dificultad nos reiteran eso de qué sería de España si estuviera fuera de la Unión Monetaria. Hay un juego tramposo en este discurso, porque suponen que si no perteneciésemos a la Eurozona los medios y las condiciones serían los mismos que ahora. Lo cual no es cierto, comenzando porque tendríamos nuestra propia moneda, un banco emisor del que ahora carecemos o al menos no controlamos, una deuda nominada en nuestra propia divisa, y seguramente con un montante muy inferior al actual porque los bancos extranjeros no hubiesen prestado nunca a los nacionales cantidades tan desorbitadas, si hubiese existido riesgo cambiario. Tampoco hubiese habido, por tanto, burbuja inmobiliaria, ni crisis bancaria, al menos de las mismas magnitudes. No es necesario seguir enumerando  factores. Recuerdo ahora que al final de los gobiernos de la UCD el Reino de España gozaba de la triple A, lo que ahora no posee, aunque se financie gracias al BCE a tipos aún menores.

Este discurso de la Unión Monetaria benefactora nos trae a la memoria aquellas coplillas citadas por Juan de Iriarte, de antigua tradición:

                        El señor don Juan de Robles

                        Con caridad sin igual

                        Hizo este santo hospital

                        y primero hizo a los pobres.

Con la Unión Monetaria se nos aboca primero a una ratonera y se nos priva de los instrumentos necesarios para poder realizar una política económica correcta, y más tarde se la presenta como la salvadora de los conflictos que ella misma ha creado.

republica.com 13-1-2022

Dicen que los españoles enterramos muy bien a los muertos, pero pienso que no es una característica exclusiva de España. La razón quizás se encuentre en que una vez que una persona ha fallecido no constituye ya ningún peligro o amenaza, ni siquiera plantea competencia alguna. Es por eso por lo que no hay inconveniente en cantar sus supuestos méritos, e incluso en inventarlos, al tiempo que se silencian todos sus defectos o faltas.
Es posible que un fenómeno similar se produzca cuando se trata de la muerte política, es decir, con respecto a aquel que deja la competición, que se retira del campo de juego. Estas últimas semanas han abundado las alabanzas y piropos a Merkel, en claro contraste con las opiniones que tiempo atrás se vertían en casi toda Europa sobre la canciller y su política, política fuertemente restrictiva, que venía imponiéndose a todos los países miembros desde el Tratado de Maastricht mediante los criterios de convergencia.
Especialmente fue a partir del 2008, al surgir la recesión mundial y con ella las contradicciones de la Unión Monetaria, cuando se impuso con más fuerza la política de austeridad. En muchos países como ocurrió en España la salida de la crisis solo se consiguió tras fuertes sufrimientos y privaciones. Las directrices provenían de las autoridades comunitarias y tuvieron efectos devastadores desde el punto de vista social. De esa política se responsabilizó a Alemania y a Merkel. Tan es así que desde Grecia -que fue sin duda el país más castigado-, algunos llegaron a identificar la situación actual con la dominación alemana en tiempos del nazismo. Recordemos a ese farmacéutico, Dimitris Christoulas, suicidándose en la plaza Sintagma de Atenas y llamando al presidente del Gobierno griego, Tsolákoglu, en referencia a quien ocupaba ese cargo en el gobierno colaboracionista.
He criticado innumerables veces la política aplicada por la Unión Europea. Pero de lo que no he estado nunca tan seguro es de que Merkel fuese la máxima responsable del sacrificio y deterioro sociales generados en la Eurozona. Es importante que no nos pongamos orejeras. Solo así llegaremos a la verdadera causa de los problemas, que no es otra que la propia Unión Europea y, más concretamente, la moneda única. Hay que traer a colación aquel principio escolástico de “Agere sequitur esse”, el obrar sigue al ser. Aplicándolo a nuestro caso podríamos afirmar que la política es consecuencia de la naturaleza del proyecto. Con la Unión Europea hemos construido un engendro lleno de contradicciones y no podemos esperar más que resultados caóticos.
La integración comercial, junto a la libre circulación de capitales y con moneda única, sin que al mismo tiempo se dé la unidad fiscal, presupuestaria y política tiene que conducir por fuerza al debilitamiento de la democracia y a incrementar las desigualdades personales y entre los Estados. Tradicionalmente, los defensores del libre comercio nunca negaron que este pudiese crear embarazosos desequilibrios entre los Estados, es decir, superávits y déficits en la balanza de pagos, que se traducirían en endeudamiento y en un importante gap entre deudores y acreedores, pero suponían que el equilibrio se restablecería antes o después a través del realineamiento de los tipos de cambio.
El problema surge cuando nos movemos en una unión monetaria, y por lo tanto no cabe la depreciación de la moneda. En realidad, eso es lo que sucede dentro de cada país. Los desequilibrios producidos entonces entre regiones solo se palian, aunque sea parcialmente, mediante la política redistributiva del Estado, a través de los impuestos y de un presupuesto consistente, en otras palabras, mediante la unión fiscal. Nada de esto ocurre en la Eurozona. Los impuestos comunes son muy reducidos y carentes de progresividad y el presupuesto es de una cuantía ridícula e inútil para compensar las desigualdades entre Estados que crea el mercado. Es más, los tratados prohíben toda mutualización de la deuda o transferencia de recursos entre países. Lo poco que se ha hecho en esta materia se ha producido en momentos críticos y ante el peligro de que la Unión Monetaria saltase por los aires, sorteando y haciendo trampa a los propios tratados.
Solo hay que echar un vistazo a las cifras macroeconómicas de los distintos países para comprobar cómo ha influido en cada uno de ellos la creación de la moneda única, y las diferencias que se han originado. Ciertamente no es solo Alemania la beneficiada, pero, dado su tamaño, su caso tiene especial trascendencia. Entre los datos macroeconómicos sobresale por su importancia el déficit o el superávit en la balanza por cuenta corriente, porque cuando son desproporcionados indican en buena medida cómo unos países viven a costa de otros. Durante los siete primeros años de este siglo, Alemania fue acrecentando su superávit, enchufada de forma parásita a los déficits de los países del Sur. La crisis ha obligado a estos a equilibrar sus cuentas exteriores de la única manera que podían hacerlo, mediante una devaluación interna que ha significado dolor y empobrecimiento para sus ciudadanos. Al país germánico nada ni nadie le ha obligado a hacer lo mismo con su superávit. Bien al contrario, este se ha incrementado aún más, alcanzando el 9% del PIB, con lo que continúa creando graves problemas a la Eurozona.
No obstante, no es razonable echar la culpa a Merkel de esta situación. Como canciller de Alemania, su quehacer no podía ser otro que sacar las mayores ventajas para su país, explotando todas las posibilidades que le permitían los tratados y la configuración de la propia Eurozona, basada en una enorme asimetría. Otros son los responsables, principalmente los mandatarios de los países perdedores, que no fueron conscientes de a dónde les conducía la Unión Monetaria tal como se estaba gestando, y aquellos que siguen sin darse cuenta todavía.
El origen del euro es un tanto pintoresco. Increíblemente, surge como contrapartida a la reunificación alemana. La consideración de que la nueva Alemania era demasiado grande, desequilibraba la Unión Europea y constituía una amenaza para los intereses del resto de los países, sobre todo para Francia, llevó a Mitterrand a exigir a Helmut Kohl (¡oh, paradoja!) la desaparición del marco y el nacimiento de la moneda europea, en la creencia de que así Alemania tendría las manos atadas. El canciller alemán accedió de mala gana, pero introduciendo tal cúmulo de condiciones que finalmente se dio a luz un despropósito. La perspicacia del presidente francés y de Jacques Delors, que presidía la Comisión, y de algún acólito como Felipe González, pasará como paradigma a los libros de texto, porque si lo que pretendían era controlar a Alemania, el resultado ha sido justo el contrario, es el país germánico el que está controlando al resto de los países miembros. Los tratados le dan tales armas que su voluntad es ley en toda la Eurozona.
Responsables han sido en tanta o mayor medida los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, de los distintos países del Sur, que siguieron el juego sin ser conscientes de a dónde les conducía. En España, Aznar y Zapatero permitieron que se formase la burbuja inmobiliaria y los ingentes déficits de la balanza de pagos por cuenta corriente con el correspondiente endeudamiento exterior, que creó el campo abonado para que se produjese la recesión económica tan pronto como una causa externa hizo de detonante. Y en cierto modo fueron también responsables del deterioro social que se produjo por la aplicación de la devaluación interior, única forma de salir de la crisis.
La izquierda de los países del Sur de Europa, especialmente de España, para lavar su mala conciencia de haber dado su aquiescencia a la Unión Monetaria, echa las culpas a las derechas de las políticas de austeridad seguidas, pero lo cierto es que populares y socialistas se pueden repartir las culpas, porque ambos están implicados en su construcción y, por lo tanto, son responsables de sus consecuencias. Es más, el modelo fabricado condiciona la política actual y paraliza el desarrollo económico de los Estados deudores. Merkel lo único que ha hecho es aprovechar el defecto radical que tiene el proyecto europeo y que se manifiesta en sus tratados para maximizar el beneficio de Alemania en detrimento de otros Estados.
Sin embargo, la canciller alemana, a diferencia de otros mandatarios como el primer ministro holandés, ha sido lo suficientemente pragmática para tirar sí de la cuerda, pero también aflojar cuando era necesario para que la cuerda no se rompiese y matara de ese modo la gallina de los huevos de oro. La primera cesión fue en 2012, cuando la prima de riesgo de España e Italia había llegado a un nivel insostenible y existía el peligro de que se rompiese la Unión Monetaria. Merkel, en contra de los halcones de su misma nación, mantuvo una cierta postura permisiva ante la actuación de Draghi, totalmente necesaria para que el euro no saltase por los aires, pero contraria a los tratados o, al menos, bordeándolos de manera un tanto heterodoxa.
Más tarde, fue el órdago de Monti, al frente entonces del Gobierno italiano, acerca de que el MEDE (UE) asumiese las pérdidas de las entidades financieras quebradas. A esta postura se unieron en enseguida el Gobierno francés y el español. Ante ello la canciller alemana, con cintura, no se opuso a la propuesta, pero supo condicionarla de tal forma que al final la tan cacareada unión monetaria se ha quedado reducida a transferir a las autoridades europeas las competencias sobre la supervisión y las potestades de liquidación y resolución, pero nada de mutualizar las pérdidas.
Otro hito importante fue la llegada de Macron a la cabeza del Gobierno francés. Consciente de que tenía que tomar medidas impopulares, pretendió compensarlas consiguiendo reformas importantes en la Eurozona. Reclamó la creación de un presupuesto para la Eurozona, distinto y separado del de la Unión Europea. La propuesta era sustancial puesto que incidía sobre el defecto más grave de la Unión Monetaria y del que surgen todos sus problemas y contradicciones, el hecho de que al mismo tiempo no se haya creado una unión fiscal.
Merkel pareció aceptar la propuesta y aparentemente Alemania y Francia hacían un frente común, pero en realidad la teórica adhesión de Merkel solo ha servido para desnaturalizar y hacer que pierda todo significado. Las cantidades que se manejan son absurdas por insignificantes, no se nutre de impuestos propios sino de créditos, y de las cotizaciones de los estados y las aportaciones a los países se instrumentan a modo de préstamos y no a fondo perdido. Una vez más, la canciller alemana, con mano izquierda, logró que todo quedase en nada.
Por último, habrá que resaltar la respuesta de Merkel a la hora de encarar la crisis económica derivada de la pandemia, marcando distancias con los halcones y asumiendo un papel reconciliador entre los dos bandos. Era consciente de que la postura de Mark Rutte primer ministro holandés y que capitaneaba a los llamados frugales era suicida. Resultaba inasumible someter a las poblaciones de los países del Sur a los mismos recortes de la crisis pasada. Por otra parte, resultaba temerario enfrentarse a los tres países más grandes de la Eurozona, si exceptuamos a Alemania. Había que cambiar algo para que nada cambiase. Ese ha sido el origen de los fondos de recuperación, que todo el mundo está interesado en magnificar, pero que en realidad tan solo suponen ese mínimo necesario para que el proyecto continúe, y sin comparación alguna con la transferencia de fondos que se produciría en una verdadera integración fiscal. Sirva de ejemplo la unificación alemana. Así lo entendió Merkel, una vez más.
La canciller alemana, como es lógico, ha potenciado siempre la política que le interesaba a Alemania y a los otros países acreedores. Resultaría ilusorio haber pretendido de ella otra cosa. Corregir ahora la asimetría de partida con la que se redactaron los tratados resulta imposible. Los países que se han visto beneficiados por ellos -Alemania y demás países del Norte- quizás hubieran estado dispuestos a ceder en el origen como contrapartida a las ventajas que obtenían de la Unión. Pero de ningún modo van a hacer ahora concesiones sustanciales a cambio de nada. En todo caso, tal como ha hecho Merkel, se plantearán permitir lo necesario para no acabar con la vaca lechera. Veremos lo que nos depara el futuro con el nuevo gobierno alemán.

republica.com 16-12-2021

El cinco de febrero pasado, el diario El País (curiosamente, en España, solo el diario El País) publicaba un manifiesto firmado por cien economistas y titulado “Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos”. Las firmas presentan una distribución muy desigual no solo por la representación de los distintos países, sino porque dentro de cada uno de ellos el sesgo es evidente. Por ejemplo, en España predominan aquellos que se mueven en los aledaños del PSOE o pertenecen a la plataforma “economistas frente a la crisis” -que para el caso viene a ser parecido-, prevaleciendo además los que se han especializado en los temas de energía y medio ambiente.

Tengo que reconocer que el manifiesto me ha producido una cierta ambivalencia. En un primer momento, satisfacción al constatar que personas como Cristina Narbona, Manuel Escudero o Jordi Sevilla, conspicuos miembros del PSOE que como tales han defendido siempre la Unión Monetaria, aceptan ahora que la pertenencia a ella nos ha hecho perder nuestro destino, es decir, nuestra soberanía, soberanía que se encuentra en manos del BCE. Algo que, sin embargo, ha sido patente a lo largo de todo este tiempo. Solo es preciso acordarse de Grecia. “Dejadme emitir y controlar el dinero de una nación y no me preocupará quién escriba las leyes”. Frase que se atribuye a Mayer Amschel Rothschild.

Pero en seguida me han asaltado otros sentimientos, decepción, desilusión y cierto escepticismo al tomar conciencia de que todo ese recobrar nuestro destino se concretaba exclusivamente en lograr que el BCE cancelase la deuda pública de los países miembros en su poder. Es más, tengo la impresión de que plantearlo en este momento puede resultar contraproducente. No aduciré que sería ilegal y que iría contra los tratados. En Europa, los tratados -o al menos su interpretación- se utilizan siempre con una gran elasticidad y priman sobre ellos los intereses. Se transita por sus lindes cuando se considera necesario y está en peligro el invento.

El BCE hace ya tiempo, al menos desde el 2012 que circula por esos confines, e incluso ahora, está situado más bien en el exterior. Pero ese fue el mérito de Mario Draghi, el intuir que, en aquellas circunstancias, a pesar de las críticas que se alzaron, nadie que quisiera que la Unión Monetaria perdurase podía oponerse en serio a que se diese el salto y se actuase en el mercado conteniendo las actuaciones desestabilizadoras. Italia y España no eran Grecia y dejar caer a esas dos economías era equivalente a que se derrumbase toda la Eurozona.

En realidad, el BCE no ha hecho nada extraordinario que no hayan hecho otros bancos centrales como el de Gran Bretaña, el de Japón o la Reserva Federal; o lo que hubiese realizado el Banco de Italia o el de España en el caso de haber tenido moneda propia. Pero es que el BCE, según los tratados, no es un banco central normal. Nació, como el resto de las instituciones europeas, perniquebrado y sometido a limitaciones que lo hacían totalmente ineficaz. La diferencia con las demás instituciones es que, quizás por necesidad, el BCE supo reaccionar, y paradójicamente la que parecía más antidemocrática ha resultado la más efectiva a la hora de solucionar los problemas que ha tenido y tiene la Eurozona. Quizás, y es triste decirlo, esa supuesta independencia de los poderes políticos que tanto criticamos lo ha mantenido en cierta forma al margen de la división entre países y partidos.

Primero Draghi y ahora Lagarde han sabido reaccionar frente a las crisis. Bien es verdad que frente a la del 2008, un poco tarde. Lo cierto es que, si la gran mayoría de países miembros se están financiando en los mercados a tipos sostenibles, incluso bajos, es porque están respaldados por el BCE, lo que en principio no tendría que tener nada de meritorio porque para eso están los bancos centrales; pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey y en Europa estamos casi todos ciegos.

El BCE, nada más comenzar la crisis del Covid, cuando los distintos gobiernos y la propia Comisión estaban discutiendo si eran galgos o podencos (aun parece que lo siguen discutiendo), puso sobre la mesa 750.000 millones de euros, cantidad que meses después aumentó en otros 600.000 millones, orientados a comprar títulos públicos y privados. Recientemente ha añadido otros 500.000, con lo que su potencial de fuego se eleva en estos momentos a 1.850.000 millones de euros. Es más, ha anunciado que continuará con esta política al menos hasta marzo de 2022 y que, si fuera necesario, incrementaría la cantidad hasta 2.5 billones de euros.

Esta actuación del BCE no ha sido pacífica. Desde dentro de la propia institución, pero sobre todo desde fuera, desde el ámbito de los países que llaman “frugales”, han arreciado las críticas, en las que ha tenido sin duda un papel predominante el Bundesbank; sin olvidar la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que pende como una espada de Damocles sobre la política expansiva de Frankfurt, porque, aunque en principio carece de competencias sobre las instituciones comunitarias, es imposible no tener presente el peso que su opinión tiene en Alemania y la influencia de este país sobre toda la UE. Por eso puede constituir una osadía y cierta imprudencia proponer ahora la cancelación de la deuda pública. No descarto que en el futuro pudiera ser necesario llevar a cabo una operación de este calibre, pero desde luego no es este el momento, entre otras razones porque su utilidad sería muy dudosa y además puede despertar al monstruo dormido. Los países miembros, incluso los del Sur, apenas obtendrían ventajas de ello. En los momentos actuales apenas hay diferencia entre que la deuda se encuentre en manos del BCE o que esté condonada. Nadie en su sano juicio puede creer que esa deuda pueda amortizarse en el futuro, al menos en una medida importante, en base a una política de austeridad presupuestaria.

El manifiesto habla de que, en contrapartida a la cancelación de la deuda, los países miembros deberían invertir esas cantidades (las estiman en 2.500.000 millones de euros) en la reconstrucción ecológica y social. La pregunta es de dónde iba a surgir esa cantidad de dinero. No cabe más que una respuesta. De una nueva emisión de deuda de los países miembros que, sin duda alguna, para que fuese sostenible, al menos para un gran número de estos, y se mantuviese el tipo de interés, debería ser adquirida de nuevo por el BCE, cosa que resultaría difícil, por no decir imposible, de justificar y más aún de conseguir.

En realidad, esa gran inversión que piden los firmantes del manifiesto hace tiempo que el BCE la viene realizando. Su balance, que alcanzaba dos billones de euros con anterioridad a la crisis de 2008, se ha incrementado hasta sobrepasar los siete en los momentos actuales. Es decir, que ha emitido dinero y regado las economías de la Eurozona con una cantidad aproximada de cinco billones de euros, y una gran parte de ellos se ha orientado a los sectores públicos; otra cosa es el destino que los gobiernos hayan dado a estos fondos.

No obstante, se podría argumentar que la cancelación de la deuda, sí produciría una diferencia en las haciendas nacionales: librarse de parte de las cargas financieras; pero, como arguyen los portavoces del BCE, también se reducirían en la misma cuantía los ingresos de esta institución y, como consecuencia, los dividendos que el BCE abona a los países miembros. Vienen a decir que lo comido por lo servido. Pero el tema no es tan simple, debido a la diversidad que existe entre los Estados, en su endeudamiento y en sus cargas financieras. Por ejemplo, hace tiempo que Alemania presenta intereses negativos, es decir, que no paga, sino que cobra por la deuda que emite. Así que la cancelación de parte de ella, lejos de significarle menos gastos, le representaría menores ingresos.

La prima de riesgo no debería existir en una unión monetaria, pero existe en la europea, dada su deficiente constitución y las anormales características con las que se creó. Ello lleva al hecho de que la cancelación de la deuda por parte del BCE tendría consecuencias diversas en los distintos países. Es esa misma razón la que aleja cualquier posibilidad de acuerdo en esta materia. Por otra parte, la ganancia para los países del Sur no sería tan grande mientras las primas de riesgo se mantengan en los niveles actuales. El verdadero interés para estos países es que el BCE continúe con esta política y sería una temeridad ponerla en peligro por un cambio cuasi cosmético o de nomenclatura.

Las condiciones en Europa son muy distintas de las que se daban en 1953 cuando en la Conferencia de Londres se le perdonaron a Alemania dos tercios de su deuda, o de las que pueden aconsejar su derogación en los países en desarrollo. En Eurozona, sin moneda propia, los países miembros estarán siempre a expensas del BCE y precisarán de su intervención en los mercados para evitar la especulación. Condonarles ahora su deuda no serviría de nada. Es previsible que dentro de poco, en el mejor de los casos, estuviésemos en la misma situación.

El problema de la deuda, como casi todos en Europa, radica en las diferencias sustanciales que se generan entre los Estados, al estar en presencia de un mercado único, con libre circulación de capitales y una moneda común y sin los mecanismos redistributivos que cualquier unidad política establece entre sus regiones. En los momentos actuales, el endeudamiento público de Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, después de los gastos extraordinarios efectuados con la pandemia, mantiene aún un nivel relativamente moderados (75, 62, 78 y 69% del PIB, respectivamente). El panorama cambia radicalmente cuando nos referimos a los Estados del Sur: Grecia, 196%; Italia, 159%; Portugal, 132%; España, 117%; Francia, 116%.

Los países del Norte, e incluso muchas voces desde los del Sur, de forma simplona e interesada sitúan la causa de esta discrepancia en el diverso comportamiento en el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos y de la política presupuestaria. Discrepancias existen y han existido siempre, pero esa no es la razón de que se formen dos bloques de forma tan definida. Esta hay que buscarla en el euro. En 1999, justo antes de su creación, la deuda de todos los países citados se movía entre el 40 y el 60%. Solo Grecia con el 99% e Italia con el 113%, rompían la tónica, pero como se ve, en porcentajes muy inferiores a los actuales. El endeudamiento de Alemania se situaba, por ejemplo, en 60,1% y el de España en el 60,8%.

La Unión Monetaria privó a los países del único instrumento (la moneda y, por lo tanto, la devaluación) que poseían frente a un mercado único y una libertad de capitales que genera lógicamente desequilibrios entre los distintos territorios. Antes de constituir la Unión Monetaria las balanzas por cuenta corriente de todos los países miembros estaban más o menos en equilibrio, con déficits y superávits relativamente moderados. La cosa cambia en pocos años tras entrar en funcionamiento el euro. En 2007, mientras Alemania y Holanda obtienen superávits desorbitados (alrededor del 7% del PIB), Grecia, España y Portugal sufren déficits imposibles de sostener (15%, 9% y 9%, respectivamente).

Han transcurrido más de diez años. Antes de la pandemia los países del Sur habían logrado equilibrar sus balanzas por cuenta corriente. Eso sí, a base de enormes sacrificios y tras una devaluación interna que ha hundido los salarios e incrementado fuertemente la desigualdad social. Alemania y Holanda, sin embargo, han incrementado su superávit (8% y 10%) con lo que los desequilibrios subsisten. La permanencia de un mismo tipo de cambio, diferencias en las estructuras productivas y un mercado único, sin integración presupuestaria y fiscal, son una amenaza constante para los países del Sur y para la misma pervivencia de la Unión Monetaria. Es sobre todo esto sobre lo que habría que abrir el debate. La condonación de deuda pública por el BCE no solucionaría nada y complicaría gravemente la política seguida por esta institución que es imprescindible para los Estados del Sur.

El manifiesto parece que lo encabeza Piketty. En varias ocasiones he citado al economista francés. Admiro sus obras por la cantidad de información que acumula y los análisis estructurales que realiza. Cabría decirse que es un extraordinario profesor de estructura económica (creo que ahora se llama economía aplicada), pero de lo que no estoy tan seguro es de que domine de la misma manera la teoría económica y, desde luego, lo que no comparto es su visión relativamente optimista acerca de que la Unión Europea pueda caminar hacia un verdadero estado federal. Me temo que ello le conduce a proponer soluciones demasiado simples como la actual, que lejos de solucionar los problemas los embrollan.

De todas formas, Piketty como profesor e intelectual puede sin mayores complicaciones presentar a debate las cuestiones que crea convenientes. Otra cosa distinta es cuando el manifiesto lo firman personas que se consideran muy próximos a un gobierno, de manera que se pueda interpretar que detrás de ellos se encuentra la postura de ese país miembro. Ni que decir tiene que es muy posible que se despierten todo tipo de susceptibilidades y que se provoque la reacción contraria de otros Estados, complicando gravemente el escenario. Ese es el problema cuando se quiere estar al mismo tiempo en el gobierno y en la oposición.

republica.com 19-2-2021

Hay que reconocer que los medios de comunicación se encuentran a veces un poco desorientados. Así ha ocurrido con el asunto de las vacunas. Entraron al trapo y se pasaron no sé cuántos días estableciendo un ranking acerca de cuáles eran las Autonomías que habían vacunado un porcentaje mayor con respecto a las dosis recibidas; datos, supongo, hábilmente filtrados por el Ministerio de Sanidad para alejar la atención del verdadero problema, el suministro. Cualquier observador avisado podía darse cuenta de que al ritmo al que estaban llegando las vacunas se tardaría cuatro años en inmunizar a toda la población.

En ese momento, por lo tanto, la mayor o menor celeridad en la administración tenía muy poca importancia. Es más, en seguida se demostró que las Comunidades que habían actuado correctamente eran las que con prudencia habían guardado una parte importante de las dosis para la vacunación de la segunda fase. Por el contrario, las que se habían apresurado se encontraban en la desagradable tesitura de encontrarse sin material suficiente para administrar la segunda dosis, con el desastre que esto representaba de dejar sin eficacia toda la vacunación realizada hasta esa fecha. El Gobierno, con un gran cinismo, vino a sacarles del atolladero redistribuyendo los envíos a favor de las cigarras y en contra de las hormigas, utilizando el falaz argumento de que debía primar a las Comunidades que habían demostrado mayor presteza en la administración.

Bien es verdad que no cabía esperar que la contratación y la gestión europea fuesen tan desastrosas. Después de la pasividad mostrada por la Comisión en la primera etapa de la pandemia, en la que cada país debió apañarse por su cuenta, parecía una buena idea lo del suministro centralizado. Sin embargo, la burocracia europea está demostrando una vez más lo que da de sí. Es increíble que países como Israel o Reino Unido estén obteniendo mucho mejores resultados que la Unión Europea (UE), con todo el potencial que se le supone.

Pero yo hoy quería tratar principalmente otro affaire que también en buena medida ha desorientado a la prensa. Me refiero a la abstención de Vox en la votación parlamentaria del decreto-ley por el que se aprueban medidas para la gestión del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia. Es curioso comprobar que es tal la propensión de este Gobierno de legislar por decretos- leyes que a casi todo el mundo se le ha olvidado la diferencia que existe entre decreto y decreto-ley, y los medios y los periodistas emplean los dos términos indistintamente.

La abstención de Vox permitió que el decreto-ley fuese aprobado en el Congreso, lo que fue acogido con estupefacción por gran parte de la prensa. ¡Vox salvando a Sánchez! Quizás si hubieran tenido un poco más de perspicacia habrían comprendido que muy posiblemente no entraba en las intenciones de Vox ayudar al Gobierno, sino cumplir las indicaciones de los empresarios, en especial de algunos empresarios, que estaban sumamente interesados en que el decreto-ley saliese adelante.

En otras circunstancias, lo asombroso habría sido que Podemos e IU hubiesen votado a favor. Pero no estamos en una época normal y Podemos forma parte del Gobierno. Es fácil imaginarse cuáles serían los epítetos y las críticas de esta formación política de no pertenecer al Ejecutivo. Durante años los partidos llamados de izquierdas han estado censurando, seguramente con razón, los 40.000 millones que, llegados de Europa, incrementaban nuestro endeudamiento y sirvieron para solucionar el desastre creado por las Cajas de Ahorros. Sin embargo, ahora parece contemplarse con satisfacción que 140.000 millones de euros rieguen a las empresas privadas de manera oscurantista y sin ningún control.

Se ha creado el mantra de que este dinero es una especie de maná gratuito que recibimos de la generosa Europa sin coste alguno. Habrá que recordar una vez más los números y constatar que la mayor parte de la cantidad que vamos a recibir recaerá sobre el erario español. Aunque se afirma que, de los 140.000 millones, 72.000 son a fondo perdido, lo cierto es que esta cantidad se reduce a 33.000 millones, al minorarla en 39.000 millones, parte proporcional que España como país miembro debe financiar, por uno u otro medio, del monto global (390.000).

La cantidad de 33.000 millones, aunque aparentemente considerable, resulta bastante exigua si se la compara con las transferencias de recursos que España recibiría todos los años si en la UE existiese una integración presupuestaria y fiscal como la que se da en cualquier Estado y que es el complemento necesario de una unión monetaria. Además, por mucho que se haya dicho lo contrario, los fondos vendrán condicionados a tomar determinado tipo de medidas que seguramente tendrán mucho más que ver con la ideología que impera en la UE que con las necesidades de reactivación de la economía española. No es por casualidad que las dos reformas que en este momento están sobre la mesa sean la de pensiones y la laboral, que apenas tienen relación con la pandemia, la crisis actual o la recuperación.

La historia puede repetirse. Tras un periodo en el que se invita a los Estados a gastar sin medida, posteriormente se les conmina a recortes muy duros y antisociales. El denominado maná se puede convertir en una losa muy pesada para el futuro, sobre todo si los gastos se orientan a objetivos equivocados y si no se han controlado adecuadamente, y ahí es donde retornamos al Decreto-ley 36/2020 y a la abstención de Vox.

Vox, para justificar su postura, ha recurrido al sentido de Estado, al interés de todos los ciudadanos y a la exigencia de la economía. Ha alegado la necesidad de que los fondos europeos lleguen y lleguen cuanto antes, pero esto no es lo que estaba en juego con la aprobación del decreto-ley. Lo que se ventilaba no era la llegada o no de los fondos, ni siquiera el “cuándo”, que depende de la burocracia europea, sino de cómo gastarlos, quién tiene que decidir su destino y, cómo se van a gestionar y con qué control.

Paradójicamente, Vox había dicho de esta norma que “creaba la mayor red clientelar de la maltratada historia de este país”.  Cambio tan radical solo se explica por el hecho de que alguien les hiciese notar que en este caso los clientes eran los de su bando, a pesar de que también le hagan la pelota a Sánchez. Ahora andan los líderes de Vox intentando dar explicaciones en todos los medios que se lo permiten, afirmando que el decreto-ley no es un cheque en blanco al Gobierno. Vano intento. Por mucho que se esfuercen, el hecho es que todo el proceso va a quedar sin control político alguno, y muy deteriorados y disminuidos los controles y procedimientos administrativos, esos que son totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la aplicación de todos los recursos públicos, y estos lo son.

Desde el punto de vista político, es claro que el Gobierno rehúye todo control del Parlamento. Todas las decisiones quedan en el ámbito del Ejecutivo. Se crean un Comité y una Comisión Delegada. Comisión Delegada que constituye un caso único y que pasará como una aberración a los anales del Derecho Administrativo, puesto que se compone de todo el Consejo de Ministros, ampliado con unos cuantos secretarios de Estado. Se supone que las comisiones delegadas, como su propio nombre indica, son delegadas para determinadas materias del Gobierno, pero ¿qué delegación puede darse si la integra el Consejo de Ministros en pleno y la preside el presidente del Gobierno?. En cuanto al Comité, el decreto- ley ni siquiera explicita cuál va a ser su composición, aunque todo indica que será este comité el que realmente va a partir el bacalao y no es muy arriesgado suponer también que estará formado principalmente por el personal de la Moncloa.

Se crea también una conferencia sectorial en la que participarán todas las Autonomías. Se podría pensar que este iba a ser un órgano de cogobernanza, como se dice ahora, pero este término suele encerrar tan solo una forma de engañar al personal. De hecho, el reglamento interno de esta Conferencia estipula que la representación del Gobierno cuenta con el mismo número de votos (19) que el total de las Autonomías, más el voto de calidad de la presidenta, la ministra de Hacienda.

Tras aprobar el decreto-ley, al Congreso no le queda ningún papel ni en la determinación del destino de los fondos ni en su adjudicación. A lo único que se compromete el Gobierno es a informar trimestralmente al Parlamento, comparecencia que se convertirá una vez más en un acto de publicidad y propaganda.

Parece bastante claro que los recursos en su mayoría no se van a quedar en el sector público. No van a servir para reducir el fuerte incremento que ha experimentado el stock de deuda pública. Tampoco se van a emplear en fortalecer la sanidad, perfeccionar el sistema educativo, intensificar los organismos públicos dedicados a la innovación, modernizar la justicia, etc. Es muy posible que tampoco se orienten a esa parte del sector privado que más ha sufrido la pandemia, concretamente hacia aquellos establecimientos que se han visto obligados a cerrar por disposiciones legales, y que lógicamente podrían tener derecho a una indemnización.

Según todos los indicios, los recursos se van a destinar al sector privado, pero a otros menesteres que se suponen más elevados y que se presentan con palabras grandilocuentes, cambiar la estructura productiva, reforma de la economía, transición energética, proyectos estratégicos, etc. Todo ello bajo principios ecológicos y de igualdad de género, etc., que pueden ser muy respetables pero que poco tienen que ver con la necesidad más apremiante que es remontar la enorme crisis económica y fiscal en que nos vamos a ver envueltos.

Es curioso observar la discrepancia en el nombre conferido al plan en Europa y en España. En Europa se le denomina “Instrumento Europeo de Recuperación” (Next Generation Eu) –en inglés es Siguiente generación UE-; en España, “Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia”. Como se ve, se ha añadido el término transformación. Sánchez no se conforma con sacarnos de la crisis, pretende también transformar toda la economía, lo que representa una enorme osadía y un gran desconocimiento de la realidad, creer que, con esos recursos -que aun cuando se suponen muy cuantiosos son bastante reducidos- puede cambiar la estructura productiva de un país. Una transformación de este calibre no depende únicamente del dinero, sino de otras muchas variables muy difíciles de controlar. Tanto más cuando se está encuadrado dentro de una organización como la UE, y no se dispone de moneda propia.

Los medios que el Gobierno piensa emplear son bastante conocidos: convenios, asociaciones público-privadas, empresas mixtas, etc. Todos ellos bajo un mismo prisma, el maridaje entre lo público y lo privado, cuyas experiencias han sido la mayoría de las veces desastrosas. Los beneficios, cuando los ha habido, han quedado en el ámbito privado, mientras que las pérdidas, las más de las veces, han corrido a cargo del sector público. El mismo Tribunal de Cuentas de la UE criticó en un informe en 2018 las fuertes deficiencias e irregularidades que se han derivado de las asociaciones publico-privadas desarrolladas en la UE. Las previsiones pueden ser tanto peores cuanto que con el falaz argumento de lograr una gestión más ágil se huye del Derecho Administrativo y se eliminan los escasos mecanismos de control que tienen estas figuras.

En los proyectos que se aprueben va a existir desde luego la cofinanciación del sector privado. La banca ya se está frotando las manos en la seguridad de que la mayoría de los que acudan a la tómbola carecerán de recursos y tendrán que recurrir a las entidades financieras, que piensan obtener pingües beneficios. En resumen, en gran medida se va a producir un enorme apalancamiento. Cuando surjan los proyectos fallidos, los futuros socios serán insolventes. Las pérdidas serán para el Estado y quizás también para los bancos que, de una u otra forma, terminarán repercutiendo sobre el sector público.

La huida del Derecho Administrativo está presente en todo el decreto-ley. Se crean de nuevo las agencias, órganos de gestión altamente desreguladas. Se modifican reglamentos y numerosas leyes desde la de contratos del Estado, a la de subvenciones, pasando por la ley general presupuestaria, todo con la excusa de agilizar la gestión, pero con el corolario de que se eliminan controles y mecanismos totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la adjudicación, así como la eficacia y el cumplimiento de la legalidad en la realización. No solo es el control político el que se elimina, sino también el administrativo. Ello merece quizás otro artículo.

El resultado económico posiblemente será nefasto, pero en cualquier caso lo que es cierto es que se consolidará una amplia red clientelar alrededor del Gobierno, con lo que aumentarán fuertemente su poder y su influencia, por ejemplo, en la prensa. Ya algún periódico se ha apresurado a defender el decreto-ley e incluso a Vox por su sentido de Estado.

republica.com 12-2-2021

La teoría económica, tras cualquier proposición, suele emplear la expresión “ceteris paribus”, que viene a significar que tal cosa sucederá siempre que permanezcan constantes todas las demás variables. Es una forma de guardarse las espaldas. Lo cierto es que casi nunca las otras variables permanecen estables, pero eso no importa porque el economista de “pro” continúa actuando como si no hubiese introducido la cláusula, o bien como si nada hubiese cambiado. He aquí una de las razones por las que muchas veces en Economía se afirma una cosa y la contraria.

Existe aún otro motivo para las enormes discrepancias que se suelen dar en esta disciplina, y es que las teorías tienen consecuencias prácticas y diferentes según la posición social en la que cada uno se encuentra. Las afirmaciones no suelen ser desinteresadas, y todo depende del sitio donde cada cual esté situado o del bando al que pertenezca. Es más, la ortodoxia se desplaza sin el menor pudor de unas a otras posiciones.

Los que llevamos bastantes años en el estudio de esta materia, recordamos cómo hace treinta o treinta y cinco años, incluso más, la doctrina oficial pasaba por condenar toda posible monetización del déficit. Durante muchos años financiar el déficit público con la emisión de dinero era tabú y herejía. Aquí en nuestro país el Banco de España se presentaba como el cancerbero de la ortodoxia, pero coincidía al cien por cien con el diseño seguido en la Unión Europea y con los principios sobre los que se estaba asentando la creación del Banco Central Europeo (BCE); en general, concordaba con las tesis de todos los bancos centrales. Se defendía que una postura expansiva de la política monetaria conducía automáticamente a un proceso inflacionario.

Solo algunos nos atrevimos a adentrarnos mínimamente en planteamientos que casi todo el mundo consideraba heterodoxos, y mantuvimos que la creación de dinero no tenía por qué ser inflacionaria, ya que actúa sobre el PIB nominal, es decir, sobre sus dos componentes, PIB real y precios, sin que esté determinado a priori en qué proporción. Es posible que en muchas ocasiones no se traduzca en inflación, sino en crecimiento de la economía. Señalábamos también que una política monetaria en exceso restrictiva, tal como se venía aplicando primero en el proceso de convergencia y más tarde en el plan de estabilización, podía dañar gravemente la economía.

En los momentos actuales, el panorama ha cambiado por completo. Todos los bancos centrales han adoptado políticas monetarias enormemente flexibles a las que se ha denominado “de expansión cuantitativa” (QE, por sus siglas en inglés), con las que monetizan los déficits públicos de sus respectivos países. Como se puede apreciar, el dogma ha virado de un extremo al otro. El BCE bajo la presidencia de Draghi se vio obligado a dar un giro radical para que la Unión Monetaria no hiciese aguas. Aunque es verdad que el BCE no inyecta directamente el efectivo a los tesoros de los países miembros, sí los financia mediante la compra de deuda pública en el mercado secundario y el descuento de los títulos de los bancos.

El BCE, nada más comenzar la crisis del Covid, cuando los distintos gobiernos y la propia Comisión estaban discutiendo si eran galgos o podencos, puso sobre la mesa 750.000 millones de euros, cantidad que meses después aumentó en otros 600.000 millones, orientados a comprar títulos públicos y privados. La pasada semana ha añadido otros 500.000, con lo que su potencial de fuego se eleva en estos momentos a 1.850.000 millones de euros. Es más, ha anunciado que continuará con esta política al menos hasta marzo de 2022 y que, si fuera necesario, incrementaría la cantidad hasta 2.5 billones de euros. No es extraño que por primera vez el Tesoro español haya podido introducir en el mercado bonos a diez años a interés negativo. Y todo ello sin que aparezca la menor señal de inflación. El incremento de los precios está muy lejos de alcanzar el objetivo del 2%.

Considerando estas cifras, uno se pregunta qué sentido tiene el tan cacareado y alabado plan de recuperación (los 750.000 millones), al menos en la parte –su gran mayoría- que se va a ofrecer como endeudamiento. No parece que las condiciones de estos préstamos puedan ser mucho mejores que las que ofrece ahora el mercado, gracias al BCE. Pero, sobre todo, es que los del fondo de recuperación van a ser préstamos finalistas, con lo que los distintos parlamentos nacionales no van a contar con autonomía para decidir a qué finalidades se orienta el endeudamiento, ni siquiera si van a ser convenientes y rentables.

La versatilidad de la ortodoxia ha ido más allá porque hasta hace pocos años no solo se condenaba la monetización del déficit, sino el déficit en sí mismo. La doctrina oficial y el pensamiento único hablaban del crowding out, traducido al español, efecto desplazamiento. Es decir, que, según esta teoría, el déficit público, aun cuando se financiase en el mercado, desplazaba al sector privado de la obtención de los recursos que precisaba para sus inversiones, lo que perjudicaba gravemente la actividad económica.

Una vez más, algunos nos atrevimos a disentir, aunque con prudencia y matizando situaciones. Pensábamos que, en momentos de debilidad económica, malamente se podía desplazar al sector privado, cuando en realidad no había sector privado que desplazar, no existía apenas la iniciativa privada. Pero es que, además, si el sector público sustituye al sector privado a la hora de acometer determinadas actuaciones lo lógico es que lo sustituya también en la financiación. No existe ninguna constatación de que el gasto privado sea siempre más productivo que el público.

De nuevo la doctrina oficial ha cambiado por completo de posición. Hoy, todos los estamentos, desde los organismos internacionales hasta los servicios de estudios, pasando por las organizaciones empresariales y demás agentes sociales, piden a los estados que gasten, que rieguen la economía con dinero público, sin importar cuál sea el déficit o el endeudamiento de las administraciones públicas o, lo que me temo que es peor, sin analizar con demasiado detenimiento la rentabilidad económica y social del gasto o de la inversión.

La verdad es que no ha sido la única vez en la que la ortodoxia ha apostado por aumentar el gasto o reducir los impuestos y, como consecuencia, por incrementar el déficit y el endeudamiento públicos. Recuerdo que contemplé con asombro cómo, en 2008, al aparecer la crisis, todos, incluidos organismos internacionales, hasta entonces en posturas abiertamente liberales, se hicieron keynesianos. Es cierto que el paréntesis duró bien poco. En 2010 ya se estaban reclamando -más que reclamando, imponiendo- la estabilidad fiscal y presupuestaria, con duros ajustes y reformas. Hay que reconocer que los planes fiscales expansivos realizados en los dos años anteriores no habían servido para mucho en orden a incentivar la economía. Buen ejemplo de ello fue el plan E, un procedimiento perfecto para tirar dinero a la papelera. Algunos lo cifran en 50.000 millones de euros.

Según los últimos datos del Banco de España, el endeudamiento público en nuestro país a finales del mes de septiembre de 2020 se situó en un 114,1% del PIB, habiendo tomado como valor de esta última variable la media de los alcanzados en los cuatro trimestres de 2019. Es de suponer que el porcentaje del endeudamiento alcanzará un valor mayor cuando se utilice el PIB de 2020, que con toda seguridad será sustancialmente menor que el de 2019. El stock de deuda pública se ha incrementado, por tanto, en los tres primeros trimestres del presente año en 18,6 puntos del PIB. Aun cuando nos movemos en términos de caja y no de contabilidad nacional, este porcentaje puede ser una buena aproximación de a cuánto se elevaba el déficit de las administraciones públicas a finales de septiembre, y no resulta muy arriesgado vaticinar que al final del año se situará por encima del 20%, si no se realizan ingeniarías financieras.

¿A qué nivel se situará el endeudamiento público en los años 2021 y 2022? No cometemos ninguna exageración si hablamos del 125 o 130% del PIB. Y ello solo como consecuencia de la acumulación de los déficits públicos de estos ejercicios. A ellos habría que añadir para estos años y para los siguientes los 140.000 millones de euros (tal como se distribuyan temporalmente) que según dicen provendrán de Europa. No deja de ser sorprendente la percepción que de estos futuros recursos tienen todos. Aquellos que han venido anatematizando el déficit y el endeudamiento público, los que ponían el grito en el cielo ante cualquier incremento de gasto público, ahora se muestran encantados, y no les importa que el estado tenga que endeudarse. Tienen la percepción equivocada de que esos recursos son gratuitos y que no hay que devolverlos, cuando lo cierto es que de esos 140.000 millones de euros solo alrededor de 33.000 millones lo son a fondo perdido. El resto habrá que pagarlo de una o de otra forma. (Ver mis artículos en estas páginas digitales del 30 de julio y del 24 de septiembre del presente año). Es cierto que, en este cambio tan brusco de postura, por ejemplo, el de los empresarios, también puede influir que en esta ocasión esperan ser los principales beneficiarios del gasto.

Ante esta mudanza tan rotunda de la política oficial, algunos, otra vez desde la heterodoxia, no podemos por menos que gritar que ni tanto ni tan calvo. Ante discursos fuertemente triunfalistas que hablan de lo importantes que son los fondos europeos y de lo mucho que se puede hacer con ellos, hay que recordar el cuento de la lechera y más concretamente las medidas tomadas por Zapatero en los años 2008-2009. Orientadas, tal como se decía entonces, a reactivar la economía, pero que no tuvieron ningún resultado salvo los de incrementar el endeudamiento público y hacer más difíciles los ajustes de 2010 y años posteriores.

Los miedos se incrementan y los recelos de que el dinero se despilfarre se intensifican al leer o escuchar los objetivos a los que en teoría se van a dedicar estos recursos: investigación e innovación, lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad e igualdad de género, modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, cambiar el sistema productivo y otros más de las mismas características,  todos ellos muy vagos y genéricos y sin que aparezca una conexión clara con la reactivación de la economía y con la creación de empleo. ¿Vendrá después el llorar y el crujir de dientes?

El nivel de deuda pública en el que vamos a situarnos es sin duda muy alarmante, solo sostenible si el BCE permanece en la política expansiva que está aplicando. ¿Pero hasta cuándo va a querer o poder mantenerla? El balance de esta institución supera ya los siete billones de euros y es muy posible que llegue a los ocho el próximo año. Multiplicará así por cuatro la cifra (dos billones) que tenía con anterioridad a la crisis de 2008. La situación presenta una evidente inestabilidad a medio plazo, tanto más cuanto que el problema puede afectar no solo a España, ya que el stock de deuda pública de Grecia, Portugal, Italia, Francia, Chipre y hasta Bélgica, también se sitúan ya por encima del 100% de sus respectivos PIB.

No obstante, todos estos países no se encuentran en la misma situación. Se está produciendo un nuevo giro en la ortodoxia económica. Son bastantes quienes en los bancos centrales comienzan a pensar algo que algunos veníamos hace tiempo defendiendo: que el problema no está tanto en el endeudamiento público como en el exterior (conjunto de público y privado). Lo que importa no es tanto el déficit público como el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos o, dicho de otro modo, desde el punto de vista macroeconómico el endeudamiento público no es peligroso siempre que haya sido adquirido por los nacionales.

Está claro que este planteamiento da un respiro a la estrategia del BCE, porque la Eurozona en su conjunto presenta superávit en el saldo de su balanza de pagos. El problema es que la posición entre los distintos estados miembros es muy diferente. Ese superávit exterior de la Eurozona en su conjunto obedece al enorme saldo positivo de Alemania y Holanda. Lo que crea una nueva situación de inestabilidad y una pregunta angustiosa para nosotros: ¿cuál va ser en los próximos años el saldo de nuestra balanza por cuenta de renta? No podemos olvidar que fue el desequilibrio exterior el que nos precipitó a la crisis pasada. A la hora de destinar los fondos de recuperación, lejos de movernos por rutas imperiales, ¿no deberíamos analizar qué impacto va a tener cada una de las partidas en la balanza de pagos?

republica.com 18-12- 2020.

En 1992, Telecinco puso en antena un programa presentado por  Jesús Puente titulado “El millonario”. El juego consistía en que el concursante debía gastar un millón de pesetas en treinta minutos desde una habitación y cuando los establecimientos comerciales estaban cerrados. Solo podía contar con un teléfono y las páginas amarillas. El premio para el concursante consistía en quedarse con todo aquello que hubiese podido comprar durante esa media hora.

Ni que decir tiene que la elección de los artículos adquiridos no se acomodaba exactamente a las necesidades del concursante, ni a los bienes o servicios que hubiera adquirido con ese dinero en condiciones normales. La elección estaba condicionada por la prisa, la precipitación y por las posibilidades que en ese momento se le ofrecían, lo que hacía que, a menudo, con tal de gastar la mayor cantidad de dinero posible, el participante se llenara de cachivaches que en otras circunstancias hubiesen ocupado un lugar muy secundario en sus preferencias.

Lo anterior puede servir de paradigma a lo que a menudo ha ocurrido con los fondos de cohesión. Con frecuencia, el miedo a perder los recursos europeos hizo que las inversiones y los gastos acometidos no se acomodaran perfectamente a las prioridades de los españoles e incluso en ocasiones, con el tiempo, algunos resultaron fallidos, irracionales, poco útiles y con fuertes deseconomías.

El peligro se encuentra en que la historia se repita ahora con los recursos que van a venir de Europa. Ese riesgo revoloteaba por encima de la escenificación que el pasado 7 de octubre nos ofreció el presidente del Gobierno con piano y empresarios incluidos. En ese espectáculo montado con todo el mimo, con la vista puesta en la publicidad y en la propaganda, destacaron dos sensaciones que quedaron flotando en el ambiente, porfiando cada una de ellas por tener un puesto preferente y superar a la otra.

Destaco la ambigüedad y la levedad en la presentación de los proyectos; más que proyectos, enunciación de frases generalistas que no indicaban nada. Afirmar por toda explicación que el 37% se va a dedicar a transición verde y el 33% a transformación digital es dejar todo en el aire. Da la impresión de que quizás el Gobierno aún no sabe muy bien qué se puede hacer con ese dinero, y también de que está más interesado en garantizar que se gasten todos los recursos que en discriminar y seleccionar su destino.

Pero en aquel acto quedó también flotando la sensación de que el propio Gobierno desconfiaba de su capacidad para gestionar todos esos fondos. De ahí la insistencia del presidente del Gobierno en la prontitud y en la urgencia, primando estos objetivos por encima de la adecuada elección de los proyectos, de acuerdo con su eficacia y rentabilidad y teniendo en cuenta las necesidades reales.

Parece que el Gobierno se puede ver en la misma tesitura que el concursante de aquel programa de Telecinco señalado al principio del artículo y, llevado por el afán de utilizar todo el dinero, pueda encontrarse al final con una serie de inversiones que, en el mejor de los casos, no eran prioritarias y, en el peor, totalmente inútiles e incluso ruinosas para la sociedad española, aunque quizás convenientes para alguna iniciativa privada perspicaz.

Esa ansiedad en utilizar los recursos es la que hace decir a Pedro Sánchez y a sus acólitos que van a modificar la ley de contratos, la de subvenciones, la de régimen jurídico, la general presupuestaria, y que van a emprender una reforma de la Administración, de los procedimientos administrativos, de los sistemas de control, de rendición de cuentas, en definitiva, de todo lo que consideran obstáculos para lo que, según ellos, es una gestión ágil, eliminar -como afirma Sánchez- los estrangulamientos funcionariales.

Hay que reconocer que en esto los sanchistas no son demasiado originales. En los muchos años que he trabajado en el sector público he escuchado esa cantinela multitud de veces y casi siempre se producía una correlación casi perfecta entre la incapacidad para gestionar de los políticos que proponían las medidas y la fuerza con la que reclamaban la eliminación de todos los mecanismos y condicionantes que son garantía de que el gasto público se administre con la ecuanimidad y objetividad necesarias y que minimizan las posibilidades de corrupción y de arbitrariedad.

Todo esto explica la postura del Gobierno. Ante los muchos fracasos cosechados en la gestión, en este corto plazo que llevan en el poder, tienden a justificarse culpabilizando de los descalabros a lo que llaman rigideces administrativas, descalabros de los que solo ellos son causantes. El Gobierno es responsable de todos los fallos que han rodeado la gestión de la pandemia, puesto que han contado con poderes ilimitados y los contratos se han hecho por el procedimiento de emergencia, como pagos a justificar, sin someterse a la ley de contratos ni a los mecanismos habituales de control. Quizás por eso las distintas compras han resultado  a menudo nefastas y se han adjudicado no precisamente a las mejores empresas.

El bloqueo sistémico en la concesión del ingreso mínimo vital solo tiene una causa, el absurdo diseño con el que se ha elaborado que va a dificultar la gestión hasta niveles inasumibles, no solo ahora, sino en el futuro, y con resultados insólitos y casi ridículos como la respuesta que se da a un solicitante en la que se le comunica que se le ha concedido la prestación por importe de 14,20 euros mensuales. Algo parecido ha ocurrido con el atasco en los ERTE, en la aprobación de las pensiones y en el seguro de desempleo. El Ejecutivo no debe buscar la causa en lo que Sánchez llama cuellos de botella de la Administración, sino en su incapacidad para gestionar.

La desconfianza del Gobierno en la posibilidad de utilizar correctamente y a tiempo los fondos europeos ha tenido un efecto positivo, el de limitar, al menos a corto plazo, los recursos que han de solicitarse a los 72.000 millones que se van a conceder a fondo perdido. En realidad, netos son solo 33.000 millones, porque los otros 39.000 millones son aproximadamente la cuota que por uno u otro procedimiento debe aportar España como un miembro más de la Unión Europea en función de la cuantía de su PIB.

En principio, no parece que nuestro país obtenga ningún beneficio por disponer de los fondos que puedan venir de Europa como préstamos cuando actualmente no tiene dificultad, gracias al BCE, en financiarse adecuadamente. Si seleccionar los proyectos es siempre una operación delicada que se debe realizar con sumo cuidado, aun cuando los recursos sean a fondo perdido, cuánto más si el dinero viene en forma de préstamos, que pueden constituir para el futuro una enorme losa sobre la economía española.

No nos puede extrañar que la CEOE haya reaccionado en contra de la exclusión, porque muchos empresarios contaban ya con repartirse ese dinero. Pero los intereses de la sociedad española no tienen por qué coincidir con los suyos, y el Estado debe elegir con mucho cuidado cuál debe ser el nivel de endeudamiento y, sobre todo, qué proyectos son tan necesarios e imprescindibles de manera que merezcan incrementar la deuda pública. La historia se repite. Rajoy tuvo que resistir la presión que provenía de ámbitos empresariales y mediáticos exigiéndole que pidiera el rescate. Esperemos que al menos en esta ocasión Sánchez sepa estar a la altura, se mantenga firme y plantee las cosas con realismo, no con el triunfalismo al que nos tiene acostumbrados.

Hay un cierto equívoco referente a las ayudas europeas. La verdadera mutualización de la deuda se encuentra en el BCE y en sus programas llamados de “flexibilización cuantitativa”. Desde 2012, momento en el que Draghi decidió actuar, el balance del instituto emisor se ha incrementado sustancialmente. En la actualidad, su activo sobrepasa los cinco billones y medio de euros, acercándose al 60% del PIB comunitario. Activo que en buena medida lo constituyen créditos a los bancos y a los países miembros comprando su deuda en el mercado secundario.

Con anterioridad a la pandemia, el BCE mantenía controladas las primas de riesgo de los países como España o Italia mediante el Programa de compras del sector público (PSPP por sus siglas en inglés), creado en 2015 y que ha llegado a ascender a 2,9 billones de euros. Más tarde, previendo las consecuencias económicas del Covid19, el BCE reaccionó desde el primer momento. El 26 de marzo creó el Programa de compras de emergencia para pandemias (PEPP por sus siglas en inglés), dotándolo con 750.000 millones de euros, cifra que ha incrementado en otros 600.000 millones de euros en junio. Es decir, que mientras la Comisión, el Consejo, incluso el Parlamento, están discutiendo por ese fondo de recuperación tan ensalzado cuyo importe es de 700.000 millones, y que todo el mundo considera fabuloso, pero del que todavía no se ha visto ni un euro, el BCE ha puesto el doble -1.350.000 millones- sobre la mesa y gracias a él España, Italia y otros muchos países han podido funcionar, endeudarse y no caer en la bancarrota.

Mientras el BCE siga actuando de esta manera no parece que haya necesidad de recurrir a los préstamos de los fondos de recuperación. Es más, puede que no sea conveniente, ya que estos recursos van a venir condicionados, como mínimo, a invertir en los planes y proyectos que aprueben, si no los hombres de negro, sí los hombres de gris. La emisión de deuda pública, siempre que se pueda realizar en la cuantía necesaria, presenta ventajas indudables, aunque sea tan solo porque aparecen de forma explícita el coste y la carga, mientras que con los préstamos de los fondos de recuperación puede dar la impresión de que nos lo regalan, y de este modo se decida gastar los recursos con mucha más alegría.

En realidad, el BCE no está haciendo nada que no hagan los otros bancos centrales, el de Japón, el de Inglaterra o la Reserva Federal de Estados Unidos. La única cuestión anómala se encuentra en la naturaleza de la Eurozona, una moneda única sin integración fiscal, presupuestaria y política. De ahí surgen las contradicciones. Mientras los países del norte son totalmente cicateros y reacios a aceptar en la política fiscal toda operación que comporte mutualización de riesgos, esta se consigue en una cuantía mucho mayor a través de la política monetaria del BCE. No puede extrañarnos que el Tribunal Constitucional alemán se haya pronunciado en contra.

Republica.com 30-10-2020

La propaganda oficial tiene mucha fuerza, sobre todo cuando desde el Gobierno se pretende vender como un triunfo lo que en realidad es un fracaso. Eso ya ocurrió con González y los fondos de cohesión y ha vuelto a suceder en la actualidad con el cacareado dinero de Europa (ver mi artículo del 30 de julio pasado). Pienso que en la batalla que enfrentó en el Consejo Europeo a unos países contra otros fueron los llamados “frugales” los que se llevaron el gato al agua, concediendo el mínimo para que el invento continuase vivo y funcionando, pero que va a dejar a los países del sur casi moribundos.

Esta semana pretendo analizar el término “frugal” aplicado a los Estados, porque su concepción correcta quizás explique, más allá de los mantras, en qué terreno de juego se mueve la Unión Monetaria y puede que sirva para desmitificar el fondo de recuperación y las ayudas europeas.

La opinión pública entiende casi mayoritariamente que cuando se predica de un país el término frugal se está haciendo referencia al déficit y al endeudamiento público. En este sentido, sin duda, existen actualmente importantes diferencias entre los países del norte y del sur. Es más, generalmente se interpreta tal división en un sentido cuasi moral o al menos como signo de una recta política. Países austeros y países manirrotos.

Los frugales han reprochado a los endeudados que no han sabido aprovechar los años de expansión que siguieron a la última crisis para ajustar sus finanzas públicas. Lo embarazoso es que de esa misma percepción participan muchos comentaristas nacionales que piensan que nuestros problemas surgen de una mala gestión de las cuentas públicas al haber abandonado la estabilidad presupuestaria. Algún articulista incluso ha mirado para atrás y se ha acordado con nostalgia de cuando a nosotros se nos podía llamar frugales. Etapa dorada de Aznar y primera legislatura de Zapatero en la que nuestro déficit publico era casi inexistente (en algún año se convirtió incluso en superávit) y la deuda pública, muy reducida y gozaba de la calificación de triple A.

Pero a la hora de aplicar el calificativo de frugal a un país deberíamos entenderlo de otra manera, que en mi opinión es la correcta. Hay que considerar el déficit y el endeudamiento de todo el país frente al exterior, incluyendo tanto el sector público como el privado. Desde este punto de vista, la deuda en poder de los nacionales no cuenta puesto que son activos y pasivos que se consolidan dentro del propio Estado. Es el déficit de la balanza por cuenta corriente el que puede conceder el calificativo a todo el país de frugal o pródigo. Considerar únicamente el sector público y olvidarse del sector privado puede tener efectos perniciosos y eso fue lo que ocurrió en los años anteriores a la crisis. Zapatero después se quejaba amargamente de que nadie le había hablado del endeudamiento privado.

Esta óptica cambia por completo la historia. Desde la entrada en vigor del euro hasta el comienzo de la anterior crisis el comportamiento de los países del norte y los del sur fue muy distinto. Los primeros gastaron frente al exterior mucho menos que los ingresos que recibían del extranjero. En todos ellos el saldo de la balanza por cuenta corriente fue haciéndose positivo y cada vez de mayor cuantía. Así, países como Holanda o Alemania, en 2007 llegaron a alcanzar un superávit del orden del 7%, hecho insólito hasta entonces, solo comparable con China, pero es que este país, como es sabido, tiene características muy especiales. En este sentido se podría calificar a los países del norte de frugales, incluso de muy frugales, porque los alemanes, los holandeses o los daneses consumían menos de lo que producían.

Por el contrario, los países del sur desde la creación del euro comenzaron a sufrir déficits en su balanza por cuenta corriente, llegando algunos de ellos a niveles desproporcionados y alarmantes en 2007: España 9,4%, 9,7% Portugal, 15,5% Grecia. Francia e Italia tuvieron saldos más moderados, pero también negativos. No se puede dudar de que durante todos estos años estos países fueran pródigos. Consumieron más de lo que producían.

Desde esta perspectiva, la época de Aznar y la primera legislatura de Zapatero están muy lejos de poder considerarse como la edad de oro que dibujan algunos comentaristas. Por mucho que la deuda pública mantuviese entonces la calificación de triple A, España se comportó como un país profundamente despilfarrador. Vivió del crédito. En él se fundamentaba la prosperidad económica de la que se vanagloriaban los gobiernos. En estos años el endeudamiento exterior (endeudamiento privado) se incrementó fuertemente llegando a niveles desproporcionados y peligrosos, y causantes de los problemas económicos de nuestro país cuando estalló la crisis de las subprime.

Fue precisamente en los años posteriores a la crisis cuando el Estado español entró por necesidad en un proceso de austeridad. Recortes en el sector público, sector público que terminó por asumir parte del endeudamiento privado, y una devaluación interna en precios y salarios con un alto coste para la sociedad española, pero que logró que a partir de 2012 el déficit de la balanza por cuenta corriente se transformase en superávit. Es decir, que nuestro país comenzó a la fuerza a ser frugal, puesto que consumía menos de lo que producía. Procesos similares se dieron en Grecia y Portugal.

Los países del norte, sin embargo, continuaron siendo frugales, y cada año en mayor medida; no realizaron ningún ajuste en su balanza de pagos, y los superávits por cuenta corriente han sido cada vez más elevados. Esta variable alcanza actualmente en Alemania más del 7% y en Holanda se eleva a dos dígitos.

En un mercado de libre flotación de la moneda, fuera por tanto de la Unión Monetaria, un país no puede mantener la condición de frugal mucho tiempo. Esta falta de permanencia se explica en economía por lo que se conoce como “mal holandés”. Recibe el nombre de los problemas que Holanda tuvo en los años sesenta. En 1959 se descubrieron importantes bolsas de gas en el Mar del Norte que concedieron a los Países Bajos durante unos años una expansión de sus exportaciones, superávit en su balanza de pagos y una cierta euforia económica, pero también, como es lógico, una fuerte entrada de divisas que apreciaron poco a poco el florín, de manera que los productos holandeses dejaron de ser competitivos y las exportaciones tradicionales de Holanda descendieron fuertemente. En virtud del tipo de cambio, la balanza de pagos se fue equilibrando.

El llamado mal holandés se ha repetido otras veces, en otros países y en otras situaciones y sin tener que estar ligado al descubrimiento de ningún producto energético. Lo importante de este hecho es que el mecanismo de tipos de cambio impide los desequilibrios comerciales permanentes. Es decir, que no se puede ser frugal o pródigo durante mucho tiempo.

El panorama cambia totalmente cuando nos movemos en la Unión Monetaria, donde no pueden jugar los tipos de cambio. No hay apreciación o depreciación de las monedas, puesto que existe una sola. Un país puede ser frugal por tiempo indefinido. El desequilibrio comercial no tiene por qué desaparecer, ninguna modificación del tipo de cambio le obligará a ello. Bien es verdad que puede forzar la revalorización de la moneda común, el euro, pero el impacto se diluirá entre 19 países, haciéndoles perder competitividad precisamente a los que precisarían todo lo contrario.

La situación anómala que crea la Unión Monetaria quizás se comprenda mejor cuando se considera la evolución de los tipos de cambio en los años anteriores al euro. De 1980 a 1999, el marco alemán y el florín neerlandés casi doblaron su valor con respecto a la peseta y esta moneda se apreció más del 100% con respecto al escudo portugués y al dracma griego. Variaciones similares quizás se podrían haber producido del año 2000 al 2020 si no se hubiese formado la Unión Monetaria.

Cabría pensar que al igual que pasa con la condición de frugal ocurre con la de pródigo, y que en con la Moneda Única resulta posible tener un déficit comercial de manera indefinida. Nada más alejado de la realidad. Es verdad que no habrá apreciación de tipo de cambio que corrija el desequilibrio, pero después de un tiempo y de un cierto nivel de déficit y endeudamiento los acreedores comenzarán a desconfiar de los países pródigos, los inversores se retraerán, aparecerán la crisis económica y el desempleo y el país en cuestión no tendrá más remedio que corregir su desfase entre importaciones y exportaciones, con una devaluación interna que empobrecerá a los trabajadores y a la mayoría de los ciudadanos.

Los países del norte pueden continuar siendo frugales, pero no es mérito suyo. No lo serian fuera de la Unión Monetaria. Es la moneda única la que les libra del mal holandés. Es la pertenencia al Euro la que les permite tener esos enormes superávits en sus balanzas por cuenta corriente, a costa de la economía de los países del sur. Alemania y Holanda gozan de esta situación de privilegio gracias a que la cotización del euro es bastante inferior a la que tendrían el florín neerlandés o el marco alemán si flotasen. Pero ese mismo tipo de cambio del euro resulta muy superior al que tendrían las monedas de países como España, Grecia, Portugal, e incluso Italia y Francia, si estuvieran fuera de la Unión Monetaria, lo que les está haciendo perder competitividad.

Merkel es perfectamente consciente de los beneficios que están obteniendo Alemania y el resto de los países acreedores de su pertenencia a la Unión Monetaria, y ha comprendido también que ante una crisis como la del coronavirus de origen sanitario y a pocos años de la anterior recesión económica, cuando los países del sur no están recuperados aún, el invento podía venirse al traste si no se les ayudaba. De ahí que diese la impresión de que cambiaba de postura y se aliaba con Macron, en la necesidad de establecer mecanismos de rescate, y de que convenciese (si es que no era un juego previamente pactado) al halcón holandés. El mercado único necesita a las empresas y a los consumidores españoles, italianos, portugueses, etc., y no se les podía dejar caer.

El problema es que esas ayudas europeas, por ejemplo, a las empresas españolas, van a venir en su mayoría bajo la forma de préstamos (las transferencias a fondo perdido no pasarán de los 33.000 euros) y que va a constituir una gigantesca carga sobre la hacienda española, cuyo endeudamiento alcanza ya niveles muy peligrosos. El dinero que va a llegar de Europa no es una conquista de Sánchez, sino el mínimo que los frugales han considerado necesario para que el chiringuito no se hunda. Lo que Sánchez presenta como un gran éxito en realidad es un enorme fracaso, porque solo consiguieron una parte, y no demasiado importante, a fondo perdido. Los préstamos pueden ser una losa muy pesada que ahogue la economía española para muchos años.

Republica.com 16-10-2020