ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Concluía yo el artículo de la semana pasada sosteniendo que el plus que otorga a Sánchez el gobierno y le permite continuar en él, no es otro que la coyunda con todas las fuerzas centrífugas que le consideran la vía más propicia para conseguir sus objetivos. Eso le sirve, sin duda, en el ámbito nacional, pero tiene su talón de Aquiles en el escenario autonómico, especialmente en aquellas Comunidades que no cuentan con partidos nacionalistas o regionalistas en los que apoyarse, si obviamos algunas como Extremadura o Castilla-La Mancha, cuyos presidentes, aun perteneciendo mal que les pese al sanchismo, se han mostrado siempre más jacobinos.

En este mapa aparece Madrid como pieza fundamental, como objeto de deseo, tanto más cuanto que Sánchez se había implicado directamente en esta Comunidad, quitando y poniendo secretario general y nombrando –si bien mediante la pantomima de las primarias- directamente a los candidatos. Es por eso por lo que desde el primer momento se desató una cacería contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se podría considerar una batalla política normal, si no se usasen instrumentos tan torticeros y, sobre todo, si no tomase a la población madrileña como rehén y como medio para atacar al gobierno regional. Esto es lo que está ocurriendo con la pandemia.

No me detendré a relatar el desastre que representó la gestión de la primera época de la crisis sanitaria durante el estado de alarma, y los múltiples errores que cometió el gobierno central, hasta el extremo de que el mismo se asustó y decidió dejar todo en manos de las Comunidades Autónomas. Eso sí, sin ese plan B que todos le pedían y que pactó con Ciudadanos, pero que, como de costumbre, no cumplió, engañándoles una vez más. De todos modos a Ciudadanos parece gustarles que les toree, así que todos contentos.

Sánchez, durante meses, en el tema de la pandemia ha estado de vacaciones. Ante las críticas a su pasividad, compareció en rueda de prensa para manifestar que estaba dispuesto a ayudar a las Comunidades y poner a su disposición tres instrumentos. El primero, ofrecer a los presidentes de las Autonomías la posibilidad de  comparecer ante el Congreso para pedir el estado de alarma, facultad que constitucionalmente solo a él le corresponde, pero que de ninguna manera quiere asumir personalmente.

El segundo consiste en ofrecer como rastreadores 2.000 miembros del ejército (que parece ser la única institución que funciona con el gobierno Frankenstein), pero a los que había que formar en esta tarea y, lo que es más dificultoso, en el sistema informático de cada Comunidad, que según dicen son diferentes. Cosas del Estado de las Autonomías. Y tercero, poner a disposición de los ciudadanos una  app, que ya existía pero que casi nadie usa.

Después de eso, Sánchez ha seguido inhibiéndose, incluso en los momentos en los que la pandemia azotaba fuertemente a Comunidades como Aragón, Cataluña, País Vasco, la Rioja etc., y dejando a las Autonomías todas ellas a expensas de los múltiples dictámenes de múltiples jueces que, como es lógico, tienen criterios dispares. Pero, cosa curiosa, cuando los contagios comienzan a llegar con fuerza a Madrid, el gobierno se despierta de repente y abandona su aparente apatía.

Se tenga la opinión que se tenga de la señora Ayuso, incluso de la efectividad y suficiencia de las medidas que se habían adoptado en Madrid, hay que ser muy iluso para no darse cuenta de que las actuaciones del gobierno central no obedecen a ningún motivo sanitario ni epidemiológico, sino a su particular guerra con la presidenta madrileña y su objetivo de de desalojarla de la Puerta del Sol. En los últimos quince días ha montado todo un aquelarre orientado en esa dirección.

Se inició con una entrevista entre los dos presidentes con comparecencia conjunta incluida, llena de pasteleo y moralina en la que Sánchez, en su papel de tartufo, reiteró que venía a la Puerta del Sol a colaborar y en ningún momento con intención de inspeccionar o juzgar las medidas que se estaban adoptando. Pero, al mismo tiempo, mandaba a sus huestes a que montasen contra el gobierno de Madrid algaradas y manifestaciones, y a su perro de presa, la portavoz parlamentaria, a lanzar todo tipo de venablos aduciendo los argumentos más burdos, atribuyendo a motivos clasistas el cierre de algunos barrios de Madrid.

Es posible que haya muchos motivos para criticar tanto al gobierno de Madrid como al central por las condiciones sociales del sur de la capital, pero es demagógico y absurdo pensar que el confinamiento (acertado o no) decretado en ellos obedece a factores distintos de los epidemiológicos. Aquellos de los que viviendo en estos barrios exigían medidas similares en todo Madrid, paradójicamente, cuando estas se hagan efectivas, si trabajan en otras partes de la capital, puede ser que vean en peligro su empleo.

Tan solo han hecho falta dos días para que la imagen idílica de la Puerta del Sol se invirtiese e hiciese su aparición la faz más bronca, personificada en el hasta entonces amorfo Illa, contraprogramando incluso una rueda de prensa y exigiendo el confinamiento de todo Madrid. El desenlace es conocido, continuas presiones a la Comunidad y la convocatoria de un Consejo Territorial trampa con un acuerdo adoptado sin consenso y que se ha trasladado al BOE por una resolución de la secretaría de Estado de Sanidad (ninguna orden ministerial ha sido publicada). Esa secretaría de Estado creada recientemente sin que se supiese bien cuál era su finalidad (es posible que fuese esta o alguna similar que evitase que se manchase las manos el ministro) y cuya titular ha estado casi desaparecida desde su nombramiento.

Sin duda, el acuerdo, de muy dudosa legalidad, se redactó a la carta, y a la medida de la Comunidad de Madrid, porque, ¡oh, casualidad!, los criterios seleccionados solo los cumplian nueve municipios de esta Autonomía y la capital. ¿Por qué se han escogido estos y no otros?; ¿por qué 500 y no 300 o 700 casos?; ¿por qué en los últimos 14 días y no en los 7 o en los 10?; ¿por qué un 10% de positivos y no 20 o por qué un 35% de camas de UCI ocupadas y no el 20 o el 40? Y ¿por qué las medidas solo se aplican a municipios mayores de cien mil habitantes?

A pesar de sus continuas referencias a los expertos, a los científicos y a los criterios sanitarios y epidemiológicos, Illa no ha sido capaz de dar una explicación ni de presentar un informe sobre la materia. No ha dejado de ser asombrosa esa continua demanda del ministro de Sanidad: “Hagan caso a la ciencia”, que exclamaba con tono profesoral, cuando el gobierno central nos engañó a todos y continúa engañándonos con un comité de expertos inexistente. Esta es la ciencia del señor Illa, cambiar de opinión según le interese al gobierno.

Se violó el reglamento y la forma de funcionar del Consejo Interterritorial, que hasta ese momento había tomado decisiones siempre por unanimidad y haciendo simples recomendaciones. Por primera vez, se adopta la mayoría para imponer una serie de medidas que deben hacerse efectivas en 48 horas. Se da la casualidad que de los 63 municipios que potencialmente pueden verse afectados, 39 pertenecen a las Autonomías que votaron en contra, Comunidades que a su vez representan el 60% de la población total de España.

Las propias medidas que el ministro ha forzado a votar al Consejo Interterritorial son muy discutibles y, al menos para Madrid capital, aun desde la propia perspectiva epidemiológica van a tener un efecto muy dudoso, es posible que incluso perjudicial. Madrid capital tiene más de tres millones de habitantes, 30 veces los 100.000 habitantes establecidos. Prohibir entradas y salidas pero permitiendo la movilidad interior entre todos sus distritos, sin considerar las características de cada uno de ellos puede ser contraproducente. Solo puede tener como justificación el sectarismo y la demagogia, de creer que los confinamientos se hacen atendiendo al nivel económico y social de sus habitantes. Mal de muchos, consuelo de tontos. El tema resulta tanto más delirante cuando se renuncia a controlar los aeropuertos y las estaciones ferroviarias. Sánchez se ha negado siempre a exigir PCR en origen como hacían otros países, pensando que así salvaba el turismo. El efecto ha sido el contrario. Afirmar que el número de contagios en Barajas ha sido del 0,2% es de una enorme estupidez. ¿Cómo lo saben si no se han hecho  PCR? Estupidez solo comparable con la del delegado del gobierno en Madrid cuando asevera que los pobres no utilizan el transporte aéreo.

El gobierno se ha inhibido durante meses de lo que eran competencias propias, tráfico aéreo y ferroviario, y muy especialmente en lo referente al ministerio del Interior. Frente a una presencia incluso excesiva en la primera parte de la epidemia, la policía ha desaparecido desde que terminó el estado de alarma. Cataluña, País Vasco y Navarra tienen sus propias fuerzas de seguridad, pero ¿y el resto de las Autonomías? ¿De qué vale que las Comunidades aprobasen normas si no había nadie que las vigilase? La policía municipal resulta insuficiente, hasta inexistente en muchos ayuntamientos. Los botellones, las fiestas privadas, llevar o no llevar la mascarilla, la distancia de seguridad, los aforos, todo ha quedado a la buena voluntad de los ciudadanos. ¿Qué utilidad tienen los propios rastreos si no hay nadie que vigile que se cumplan las cuarentenas? El Ministerio del Interior ha estado ausente. Ahora sale de su letargo para vigilar los confinamientos perimetrales, pero ¿es esta la única medida o, si me apuran, la más importante?

Sánchez, mientras, continúa haciendo el tartufo, da orden a sus huestes para que entren en Madrid como un caballo en una chacharería. Él no, él no quiere implicarse. Nada de ir de frente decretando el estado de alarma que le permite la Constitución. Escoge el sistema más torticero. Ni siquiera la firma del ministro de Sanidad aparece en público. Emplea una orden comunicada que, como es conocido, no se publica en el BOE y que los órganos administrativos emplean para comunicarse entre sí, cuando surte efectos frente a terceros. ¿Orden comunicada cuando va a afectar casi a seis millones de ciudadanos? Lo único que aparece explícitamente en el BOE es una resolución de una secretaria de Estado fantasma que acaba de llegar al cargo. ¿Se pueden limitar los derechos fundamentales de la octava parte de los habitantes de España mediante una simple resolución?

En realidad, el número de afectados es mucho mayor porque Madrid es el centro neurálgico de comunicaciones. Paradójicamente, a los que se confina de verdad y de forma más dura es a los habitantes de los municipios de la Comunidad de Madrid a los que en teoría no se les aplica las medidas, ya que se les cierran la capital y las principales ciudades dormitorio. Todos estos pueblos viven, en buena parte, en una profunda simbiosis con los territorios ahora confinados, con lo que van a quedar reducidos a moverse en sus pequeños municipios o en algunos similares colindantes.

No hay duda de que las consecuencias económicas de las medidas van a ser graves no solo para los madrileños, sino que se extenderán a toda España. El eslogan de que lo primero es la salud es de una gran simplicidad porque ciertamente sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud, ni siquiera sanidad pública, para mantener la salud. Como en todas las cosas, aquí también es imprescindible la proporcionalidad, ¿Por qué sino no volvemos todos a encerrarnos en nuestra casa durante tres meses? Es posible que muchos de los habitantes de esos barrios del sur que los sanchistas tanto dicen defender estén más preocupados por mantener el empleo que por la propia pandemia.

Republica 9-10-2020

Casi todo el mundo conoce la parábola, que se atribuye a Esopo, del escorpión y la rana. Estaba en la naturaleza del primero matar al anfibio. No podía actuar de otra manera. Y está en la naturaleza del gobierno Frankenstein actuar como lo está haciendo. Su presente y su futuro dependen del bloque de la investidura, que es el mismo  del de la moción de censura. No debemos sorprendernos.

El ministro de Justicia ha anunciado en el Congreso, como quien no quiere la cosa, que va a comenzar a tramitar los expedientes de indulto de los golpistas catalanes. El anuncio no es inocente. Se podría pensar que se trata del comienzo de un trámite más. Cada año se inician más de 4.000. Es cierto, como dicen los sanchistas, que el Gobierno está obligado a tramitarlos, pero no a aprobarlos (no suelen pasar de 30 los finalmente concedidos) y sobre todo no se anuncian en las Cortes. Es evidente que las palabras del ministro de Justicia fueron dichas con toda la intención. Es un mensaje a los golpistas.

No soy de los que piensan que el simple inicio de los expedientes no significa nada. Está claro que la determinación del Gobierno es aprobarlos si fuese necesario. Es más, parece que ya han encargado a la abogacía del Estado que recopile todos los casos en los que el perdón se ha concedido con el informe negativo del tribunal sentenciador. Las palabras del ministro de Justicia constituían, se llegue o no se llegue a concederlos, un mensaje a los nacionalistas asegurándoles que el Gobierno está dispuesto a otorgarlos si tuviese que recurrir a ello.

Caben pocas dudas de cuál es la intención del Ejecutivo. Se ha negado siempre a apoyar las reformas encaminadas a excluir de la ley del indulto los delitos de sedición y rebeldía, y acaban de rechazar en el Senado una proposición de ley para penalizar la convocatoria de referéndums.

Es cierto que el Gobierno piensa que tal vez no sea preciso recurrir a los indultos, puesto que va a tramitar también y de modo exprés, es decir por lectura única, una modificación del Código Penal con el objetivo de rebajar las penas en el delito de sedición y rebeldía, de manera que servirá para excarcelar a los sediciosos catalanes a quienes se les aplicaría retrospectivamente la medida. Tendrá además efectos colaterales. Primero, facilitar la vuelta de los fugados; segundo, abaratar la repetición del golpe.

A todo esto hay que añadir la prohibición al rey de desplazarse a Cataluña para participar en la entrega de despachos a los nuevos jueces. El hecho es de una enorme relevancia, por afectar a dos instituciones, columnas medulares del edificio democrático. Por una parte, la jefatura del Estado y, por otra, el poder judicial. Al margen de que se sea republicano o monárquico, mientras que el rey sea el jefe del Estado, vetar su presencia en una parte del territorio nacional es aceptar la tesis de los golpistas y asumir que Cataluña no es España.

Intelectualmente siempre me he confesado republicano. Como afirmó Pi i Margall, la ventaja de la república sobre la monarquía es la que existe entre lo racional y lo absurdo. Pero en política prima la funcionalidad. Y el constructivismo social con compás y tiralíneas sin tener en cuenta las circunstancias suele resultar peligroso. En este país, desde la Transición y con todos sus defectos, la monarquía ha funcionado aceptablemente bien, quizás porque nuestra Constitución diseñó una monarquía muy republicana en la que el rey apenas tiene competencias, como se acaba de demostrar en los momentos presentes cuando el monarca ni siquiera puede asistir a los actos oficiales sin la aquiescencia del Gobierno.

Tampoco se puede decir que hasta ahora la Corona haya caído en la tentación de borbonear, actuación tan frecuente en Alfonso XIII. Más bien lo que se ha producido es el efecto contrario, el de los políticos queriendo instrumentar la monarquía. Buen ejemplo de ello fue ya la postura de Sánchez en 2015, cuando pretendió dar a su designación para presentarse a la investidura un sentido que no tenía. Se presentó como investido de una dignidad especial, de cierta preeminencia, por encima de todo el resto de políticos, trastocando el acto del rey, que no tiene nada de discrecional, ya que es funcional, automático, se ve impelido a designar a quien tiene posibilidades de ser elegido o al que le dice que las tiene, aunque como en este caso, y luego se vea, carece de ellas. A partir de ese momento la predisposición de Pedro Sánchez en utilizar para sus fines a la monarquía ha sido permanente.

Plantear ahora el cambio de la forma de Estado carece de todo sentido, y constituye una aventura peligrosa. España tiene una cantidad ingente de problemas, como para enfangarse gratuitamente en este lodazal, tanto más cuanto que no existe ni el consenso ni el quórum necesario tal como exige nuestra Constitución para realizarlo. Es más, muchos tenemos la sospecha de que las andanadas que se lanzan al rey no son tanto como rey sino en su calidad de jefe del Estado. Que lo que realmente se busca es la desintegración del Estado. Y, paradójicamente, los que dan gritos a favor de la república están en contra de esa República con mayúscula, esa res pública que es el Estado español.

Si como insinúa Podemos, lo que intentaba el presidente del Gobierno con el veto al rey era deslegitimar a Lesmes, por estar vencido su mandato, lejos de constituir una justificación incrementa la gravedad de la decisión. En primer lugar, porque es una prueba más de cómo este Gobierno no tiene ningún reparo en manipular a la monarquía y sacarla de su papel institucional. Habría tomado al rey como rehén en su lucha partidista en el contencioso que mantiene con el PP respecto a la renovación de los órganos constitucionales.

En segundo lugar, pretender deslegitimar a Lesmes constituye ya por sí mismo un ataque a la Constitución. Lesmes, le guste o no a Sánchez y aunque haya terminado su mandato, y mientras el Congreso y el Senado no se pongan de acuerdo en su renovación, es el presidente del poder judicial, poder independiente del ejecutivo, columna del estado de Derecho y que representa a toda la justicia. No es de extrañar que los jueces en su conjunto hayan tomado la decisión como una ofensa, tanto más cuanto que los ataques a la justicia están siendo continuos. Primero, violentando a la abogacía del Estado. Segundo, nombrando una fiscal general con sectarismo político demostrado. Y tercero, el indulto y la modificación del Código Penal, que tienen como única finalidad corregir la sentencia del Tribunal Supremo.

Lo cierto es que tampoco nos puede asombrar que el rey y la justicia estén en la diana del Gobierno Frankenstein, ya que en ellos se centra la agresividad de los golpistas. El primero por ser el signo de la unidad del Estado y la segunda porque se ha convertido actualmente en la valla de contención frente a la sedición de Cataluña. Todos estos hechos pueden resultar insólitos, pero, como indicaba al inicio del artículo, no tenemos por qué sorprendernos: está en la naturaleza del Gobierno.

La editorial El viejo topo acaba de editar mi último libro, que he titulado “Una historia insólita, el gobierno Frankenstein”. Me pregunto en él cómo hemos llegado a esta situación. Cómo es posible que aquellos grupos que han dado un golpe de Estado en Cataluña y que amenazan con volver a repetirlo, no solo continúen gobernando en Cataluña, sino que hayan decidido el gobierno de España y que le condicionen día a día, aunque no, formen explícitamente parte de ese Ejecutivo. El gobierno Frankenstein no se compone únicamente del PSOE y del PP, sino que lo integran todo el bloque de la investidura que no es distinto del de la moción de censura. Ciertamente es una historia insólita. Y es la que me he propuesto narrar en el libro, cómo en pocos años hemos llegado a este escenario y cuáles han sido sus causas y los protagonistas. Es una historia llena de situaciones inauditas que lógicamente despertaban nuestra sorpresa según iban acaeciendo.

Hay un hecho conocido, pero poco recordado, y que expresa hasta qué punto Sánchez está ligado a los golpistas, y cómo el gobierno Frankenstein estaba presente ya desde sus primeros pasos. En esa noche aciaga de primeros de octubre de 2016, cuando el Comité Federal del PSOE fuerza su dimisión de secretario general, entre los energúmenos que gritaban a la puerta de Ferraz y que se suponía que eran militantes socialistas, se encontraba Torra, el ahora inhabilitado.

Pero, una vez constituido este Gobierno, no tenemos ya derecho a la sorpresa. Está en su naturaleza. Pocas cosas nos deberían impresionar. El plus que otorga a Sánchez el gobierno y le mantiene en él es el ayuntamiento con los secesionistas catalanes, con los separatistas vascos, con los herederos de ETA, con independentistas y regionalistas de todos los pelajes; su ventaja estriba en la coyunda con todas las fuerzas centrífugas que ven en él, en el ámbito nacional, la vía más propicia para poder conseguir sus aspiraciones. Ese es el gobierno Frankenstein que le ha servido para llegar al poder y en el que piensa perpetuarse lo más posible, aunque al final en esa labor el Estado quede destrozado.

republica 2-10-2020

Cuentan que Franco, al darle la noticia de la muerte de Carrero Blanco, exclamó “no hay mal que por bien no venga”. Frase un tanto enigmática en ese contexto, que nadie ha sabido interpretar. Es posible que la explicación sea en extremo sencilla. Que el viejo dictador estuviese ya gagá y, no sabiendo muy bien qué contestar, dijo lo primero que le vino a la cabeza. Lanzó la susodicha expresión como podría haber verbalizado otra.

En algún periódico he leído que la epidemia del coronavirus había echado un capote a la comisión encargada de elaborar el marco financiero plurianual de la UE, 2021-2027, que se encontraba en punto muerto. La discusión se hallaba estancada en las posiciones inamovibles de los distintos países e instituciones, sobre una décima más o menos. El drama del coronavirus ha dejado desfasados estos planteamientos y ha mostrado de alguna forma, lo grotesco de tales litigios. La UE ha tenido que introducirse en una nueva dinámica sobre las cifras presupuestarias.

También es posible que el Gobierno de España haga de la necesidad virtud y piense que el coronavirus, junto con tantos males, puede traer algún efecto positivo para sus intereses, al menos a corto plazo. Pedro Sánchez estaba contra las cuerdas, fruto de haber superado la investidura con un voto de diferencia, y con un cóctel de alianzas muy difícil de mantener y de compaginar. Un presidente de gobierno a punto de cumplir dos años en el colchón de la Moncloa y sin haber podido aprobar y ejecutar su propio presupuesto; continúa con uno prestado de Montoro, que en otro tiempo tanto denostó y que se negó a negociar. El Gobierno había renunciado ya a presentar los del 2020, y se vislumbraba enormemente difícil conseguir el consenso necesario para la aprobación de los de 2021. Los catalanes querían concesiones muy claras, pero casi imposibles de aceptar, por más que Sánchez estuviese dispuesto a casi todo.

A base de tantas ocurrencias en los viernes sociales, el déficit de 2019 se les ha desmandado y a la hora de cocinar y maquillar se precisa cierta práctica que la doctora en Medicina no parece poseer. De manera que Eurostat en seguida ha pillado el pufo con el consiguiente ridículo y amonestación. Es que no se puede elevar solo el gasto sin incrementar al mismo tiempo los ingresos, pero Sánchez no quiere subir los impuestos para no cabrear al personal. La prodigalidad en el gasto da votos, mientras que la subida de los tributos los resta. Aparte de que la creación de nuevos gravámenes no puede hacerse por decreto ley, que es lo único que ha venido utilizando Sánchez a lo largo de estos dos años.

No parecía que 2020 se fuese a presentar mucho mejor. La actividad económica entraba claramente en un proceso de desaceleración. La evolución del empleo comenzaba a cambiar de signo. El número de parados detenía su descenso y todo anunciaba que iba a adentrarse en una tendencia alcista. El simple funcionamiento de los estabilizadores automáticos influiría de forma negativa sobre las finanzas públicas.

A ello habría que añadir las características populistas del propio Gobierno, presto a medidas demagógicas en el gasto, pero reticente al mismo tiempo a todo lo que fuese una verdadera reforma fiscal, capaz de proporcionar los recursos necesarios. A lo más que había llegado era a anunciar dos nuevos impuestos (véase mi artículo del 5 de marzo pasado), más con la idea de cuadrar unos presupuestos que con el convencimiento de que se pudiesen poner en práctica. A la hora de la liquidación ya veríamos… Tan largo me lo fiais, que reiteraba el burlador de Sevilla. Pero antes o después chocaría con las autoridades de Bruselas.

Con malas perspectivas en la economía, sin poder aprobar los presupuestos, con unas finanzas públicas cada vez más desfavorables, con dificultades para poder implantar las medidas demagógicamente prometidas, y chantajeado y presionado por los que le habían conducido al gobierno, Pedro Sánchez estaba en un laberinto de difícil salida. Pero he aquí que aparece el coronavirus. La epidemia, a pesar de su ola de destrucción y tragedia, puede tener sus efectos positivos colaterales para el Gobierno. Le ha ofrecido una cierta escapatoria.

A partir del 9 de marzo (antes no, porque había que celebrar la manifestación feminista) todo se centra en el coronavirus. La culpa y toda ella será de la epidemia. El COVID-19 se adueña de tal modo del escenario que elimina, o al menos oculta, todos los errores  cometidos por el Gobierno hasta el momento. Es más, le dota de una especie de patente de corso sobre los que pueda perpetrar en el futuro. Prohibida la crítica. Hay que arrimar el hombro. Todo el mundo debe apoyar incondicionalmente a Pedro Sánchez. De lo contrario, se está en contra de la reconstrucción de España. Es la misma adhesión que exigía a PP y a Ciudadanos de cara a la investidura, y también a Pablo Iglesias, aunque a este, solo tras las primeras elecciones del 2019, porque después de las segundas no tuvo más remedio que aceptar las condiciones de la formación morada. Existen pocas dudas de que los efectos económicos de la epidemia van a ser devastadores, pero la pregunta es si no se van a atribuir a esta también los que provengan de la incompetencia del Gobierno, mezclando todo en un totum revolutum. De ahí el intento de anatematizar toda posible critica y mutualizar la responsabilidad, pero, eso sí, sin compartir las decisiones.

El estado de alarma permite a Pedro Sánchez concentrar todos los poderes, desterrar la transparencia y monopolizar la información. Doblegar la lógica y hacer pasar como verdad contrastada por la comunidad científica los absurdos más flagrantes. Hasta ahora no podías viajar en el mismo automóvil con tu pareja, con la que te acuestas todos los días, porque puede haber contagio; debías tomar un taxi (se supone que el taxista es inmune), o moverte en transporte público (que, por lo visto, debe de estar libre de virus); durante la fase uno, dentro de la misma provincia no se puede ir a la segunda residencia, pero sí a una casa rural o a un hotel que linda con ella o a la residencia de un vecino. Por citar tan solo algunas perlas de la coherencia científica. Uno se echa a temblar si es esa misma lógica la que va a regir la política de la recuperación económica del Gobierno.

El estado de alarma faculta a Pedro Sánchez para saltarse todos los procedimientos y, amparado en la urgencia de combatir los daños sanitarios y económicos de la epidemia, modificar aspectos que nada tienen que ver con ella, como la composición de la comisión de secretos oficiales, la ley de educación o la inclusión de las clases pasivas en la seguridad social. Es curioso que el ministro independiente (dependiente de los golpistas), que tomó posesión afirmando que había que aligerar el balance de la seguridad social traspasando determinadas partidas de gasto al presupuesto del Estado, lo primero que proponga es realizar el proceso inverso con las clases pasivas.

El destrozo económico causado por el coronavirus va a generar a su vez un colosal agujero en las finanzas públicas, y en consecuencia un brutal aumento en el endeudamiento. El porcentaje cercano al cien por cien que actualmente mantiene la deuda pública sobre el PIB va a elevarse de manera muy peligrosa. Primero porque, por desgracia, se espera un enorme descenso en el denominador, es decir del PIB. Segundo por un gigantesco incremento del numerador, tanto por la bajada de los ingresos del sector público, que siguen muy de cerca la evolución del PIB, como por el fuerte incremento que va a sufrir el gasto público fruto de las múltiples necesidades económicas y sociales que la recesión va a comportar.

A río revuelto, ganancia de pescadores. El colosal incremento del déficit y del endeudamiento público derivado de la epidemia puede hacer pensar al Gobierno que tiene vía libre para implantar todas aquellas medidas de su programa que deseaba poner en práctica, pero que la disciplina presupuestaria y, digámoslo todo, las autoridades de Bruselas se lo impedían. Donde caben seis caben siete, y el coronavirus lo tapa todo. El Gobierno sabe que a largo plazo la situación va a ser insostenible. Pero a largo plazo, todos muertos, que diría Keynes. Pedro Sánchez vive el momento. Balones hacia adelante. Además, pretende meter en el mismo saco a todos los partidos, sindicatos, etc. Todos enfangados en el mismo lodo. Pactos de la Moncloa.

Pedro Sánchez, yo diría que, con mucha ingenuidad, confía en Europa. En realidad, de Europa puede esperar muy poco. Es verdad que la situación no es la misma que en la crisis anterior. No es la misma pero por dos aspectos contrarios y enfrentados. El primero se encuentra en que la política de Bruselas es más laxa y no va a exigir, al menos a corto plazo, la estabilidad presupuestaria con la misma rigidez que entonces. El segundo juega en sentido contrario y es que el grado de endeudamiento actual del sector público español es incomparablemente mayor que el de 2007 y toca ya niveles límites. Incrementarlo en un treinta por ciento del PIB -como es muy posible que ocurra- nos introduce en un terreno resbaladizo y peligroso.

La amenaza en esta ocasión tal vez no venga de los hombres de negro, ni de la Comisión, ni siquiera de las supuestas condiciones del rescate, sino de la propia realidad económica y de los mercados financieros. Mercados hoy contenidos por el BCE, pero no sabemos hasta cuándo va a tener munición para frenarlos, y tampoco hasta qué momento los países del Norte van a permitir que lo haga. La última sentencia del Tribunal Constitucional alemán es ya todo un aviso. Que el Gobierno pierda toda esperanza de que  vayan a llegar de la Unión Europea transferencias como para tapar, aunque sea parcialmente, un agujero por importe del treinta por ciento del PIB. En todo caso, migajas (véase mi artículo de la semana pasada). Es difícil, por no decir imposible, que los males del COVID-19 puedan, al menos a medio plazo, traer algún bien aunque sea a un personaje tan maquiavélico como Pedro Sánchez.

republica.com   8-5-2020

En el artículo de la semana pasada mantenía (con algunos ejemplos como el de la judicialización de la política) que una de las peores consecuencias de los pactos que Sánchez ha firmado con los secesionistas de todos los pelajes radica en haber accedido a utilizar su propio lenguaje, lenguaje que tiene muy poco de inocente. Detrás de él hay todo un discurso y una concepción política claramente contraria a la Constitución, y me atrevo a decir que también al Estado de derecho. El nacionalismo ha desplegado una gran habilidad para utilizar palabras con un doble sentido que, si aparentemente parecen inocuas, no lo son. Cuando el Gobierno de la nación usa el lenguaje de los golpistas -incluso de los defensores de los terroristas-, los está blanqueando, legitimando, incluso internacionalmente. Termina siendo presa, además, de la ambigüedad de su discurso y sus planteamientos.

Sánchez habla ya sin ningún pudor de conflicto político. Expresión que los independentistas catalanes han copiado de ETA, y que tiene unas connotaciones  difícilmente aceptables. El mismo Sánchez hace solo algunos meses negaba que se diese un conflicto político y, en su lugar, hablaba de un conflicto de convivencia entre catalanes; pero ya sabemos que Sánchez puede cambiar de discurso en veinticuatro horas. Lo que sí se puede sostener es que en Cataluña hay un problema (no conflicto) político. Pero, como acertadamente sostuvo Ortega en las Cortes españolas con motivo del debate del estatuto de autonomía de Cataluña, no todos los problemas tienen que tener solución, y eso parece que es lo que ocurre con el catalán, que solo se puede conllevar. Bien es verdad que, como el mismo Ortega defendía, la “conllevanza” no solo implica “que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”. Y yo me atrevería a decir que unos catalanes tienen que conllevarse con los otros. Sería bueno que todos los que piensan que el problema nacionalista (problema eterno, lo llamaba Unamuno) puede solucionarse a base de concesiones, leyesen el memorable discurso de Ortega en aquella ocasión. Aun cuando fue pronunciado hace noventa años, sigue siendo perfectamente aplicable en la actualidad.

Para los sediciosos, la expresión conflicto político tiene varias derivaciones que Sánchez está asimilando una tras otra. La primera es que con ella se pretende indicar que no es un conflicto judicial, de lo que ya hablamos la semana pasada. La segunda es que lo plantean como un conflicto entre España y Cataluña. Pero ellos no son Cataluña; y, además, Cataluña, les guste o no, también forma parte de España. El único conflicto posible es de orden público. Una parte de Cataluña se subleva contra todo el Estado y, por lo tanto, también contra Cataluña, y pretende imponer por la fuerza y no mediante la ley sus pretensiones. La tercera derivada es que aprovechan para plantear todo en términos de bilateralidad.

Los catalanes -incluso muchos de los no nacionalistas- han reclamado siempre la bilateralidad, como una forma de especificidad, de salirse del común de confesores, del resto de las Autonomías. Invocan con frecuencia lo que llaman sus hechos diferenciales y algunos, como los del PSC, que si en teoría no son nacionalistas siempre han estado próximos, reclaman el federalismo asimétrico. Sánchez en el debate de investidura enumeró todos los estatutos de autonomía que recogían la bilateralidad. Constituye uno de los efectos negativos del nacionalismo, que todas las regiones quieren alcanzar sus mismos privilegios y así terminan copiando sus mismos defectos y desviaciones.

En cualquier caso, por mucho que los estatutos de autonomía recojan la bilateralidad, en ninguna Comunidad como en Cataluña se establece una mesa de diálogo, de tú a tú, de igual a igual, entre los dos gobiernos a los máximos niveles. Esta mesa se sitúa fuera de toda la estructura y organización del Estado y de la Comunidad Autónoma, suspendida en el aire, con la finalidad de que, como afirman los sediciosos, sus acuerdos no se puedan recurrir ante los tribunales (desjudicializar la política), por encontrarse en el limbo jurídico y administrativo. En ninguna Comunidad como en Cataluña se alterna el lugar de la reunión entre gobiernos (Madrid-Barcelona) para dejar constancia de forma muy expresiva de que la negociación se hace de igual a igual. Y con ninguna Comunidad Autónoma como con Cataluña se constituye una mesa de negociación en la que se pueden tratar todos los temas, aun los ilegales y los que vayan contra la Constitución.

En el acuerdo firmado por Pedro Sánchez se asume el lenguaje de los secesionistas al eludir la palabra Constitución, sustituyéndola por esa expresión tan ambigua de “los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Los sanchistas se defienden asegurando que en esa fórmula está contenido el reconocimiento a la Constitución, pero habrá que preguntar, entonces, la razón por la que no se la cita expresamente. La respuesta resulta sencilla y lo han manifestado los mismos secesionistas. Ellos interpretan la afirmación remitiéndose a un supuesto derecho internacional inexistente y por relación a unos etéreos derechos humanos con exégesis propia y singular, que se colocan frente a la Constitución y a la legislación española.

El acuerdo contempla también someter a referéndum en Cataluña (aun cuando lo llame consulta) el resultado de la mesa. El actual secretario de Organización del PSOE se refirió a esta anormalidad alegando que la población tiene que opinar para superar el conflicto enquistado y recomponer la Comunidad de Cataluña. No parece que haya nada parecido en nuestra Constitución y en nuestras normas jurídicas que estipule que la población de Cataluña, al margen de los ciudadanos del resto de España, tenga que opinar acerca de las conclusiones aprobadas en una mesa inexistente jurídica y administrativamente hablando.

Es cierto que los estatutos de autonomía se someten a votación de los ciudadanos de la respectiva Comunidad, pero la mesa bilateral que se propone no tiene nada que ver con las reformas estatutarias. Primero, porque no sigue el camino procedimental de ellas. Se deja al margen tanto al parlamento catalán, como a las cortes españolas. Segundo, porque los golpistas han afirmado una y otra vez que ya no están en clave autonómica y estatutaria. Tercero, después del chasco del anterior estatuto, no creo que quede mucho margen para modificaciones estatutarias, a no ser que se pretenda repetir la actuación de Zapatero y cambiar la Constitución por la puerta de atrás disfrazada de reforma del estatuto de autonomía.

El 8 de abril de 2014, el soberanismo trajo a las Cortes la petición, más bien exigencia, de que el Congreso delegase en el Parlament la competencia para convocar en Cataluña un referéndum no vinculante acerca de su autodeterminación. La propuesta fue rechazada con los votos del PP, del PSOE, de UPD, y de alguno del grupo mixto. En total, 299 frente a los 47 a favor, de los nacionalistas y de IU. El resultado contrasta con lo que hemos presenciado estos días de atrás en el Parlamento. La diferencia es que entonces Pérez Rubalcaba lideraba el grupo socialista, y hoy la Secretaría General del PSOE está ocupada por Pedro Sánchez. El requerimiento de los proponentes fue claro y muy expresivo de cómo iban a concebir el diálogo a partir de entonces: “Es un proceso sin retorno”. Es decir, la alternativa es sí o sí. Si no nos lo dan, nos lo tomaremos. Lo que no estaba previsto es que en esa tarea fuesen a tener la ayuda del presidente del Gobierno de España, y por supuesto del vicepresidente segundo.

Lo más impúdico de la posición adoptada por Sánchez es que todas sus concesiones no han tenido ni una sola contrapartida de parte de los golpistas. No han renunciado a la unilateralidad, o lo que es lo mismo, amenazan con repetir el golpe de Estado. No han cedido ni un ápice. Más bien, todo lo contrario. Se han crecido y piensan que todas las bazas están en su mano. Tanto Bildu como Esquerra en el debate de investidura han actuado con total chulería sin ocultar lo más mínimo sus planteamientos.

No se lo han puesto fácil a Sánchez. Daba vergüenza ajena. Él, tan prepotente habitualmente, se ha empequeñecido ante las intervenciones y exabruptos de los golpistas y batasunos. Ha tenido que escuchar de Montse Bassa que le importaba un comino la gobernabilidad de España. Tanto EH Bildu como Esquerra Republicana le han dejado claro quién manda. Mertxe Aizpurua se lo advirtió de forma bastante elocuente: “Sin nuestros votos y sin atender la demanda de nuestras naciones no habrá gobierno progresista”. Nadie le contestó que era su presencia la que impedía precisamente cualquier gobierno de corte progresista. A su vez, Rufián también le previno que sin mesa de diálogo no habrá legislatura.

Uno de los efectos más perniciosos del sometimiento de Sánchez a los golpistas es la repercusión muy negativa que va a tener en el exterior. Es difícil que los jueces y los políticos europeos se crean que en España se ha producido un golpe de Estado cuando el presidente del Gobierno funda en los golpistas su nuevo gobierno y plantea la necesidad de desjudicializar la política, como primera medid cambia de fiscal general para conseguirlo. No deja de resultar irónico que Borrell tras la moción de censura criticase al gobierno de Rajoy por no haber sabido contrarrestar el relato de los golpistas en el extranjero y prometía solemnemente que el nuevo gobierno sabría corregir esta omisión. Está claro que lo ha conseguido, ya no es una omisión, sino una postura activa. Pedro Sánchez se está convirtiendo en el portavoz del pensamiento independentista.

En el debate de investidura Sánchez centró toda su argumentación en dos ideas. La primera, agrupar a todos los que no le apoyan, en lo que llama mayoría de bloqueo. Es realmente irónico escuchar al señor del “no es no”, eslogan con el que ganó las primarias, atribuir a los demás lo que él llevaba haciendo desde el 2015, porque en realidad el bloqueo ha existido desde esa fecha y ha sido él quien de una u otra forma ha estado bloqueando el funcionamiento normal del sistema político hasta que se ha hecho con el gobierno.

La segunda ha consistido en repetir una y otra vez que este es el gobierno que han elegido los españoles, lo que es totalmente falso. En el sistema político español, los ciudadanos no eligen al gobierno ni a su presidente, sino a los diputados y son estos los que eligen al presidente del gobierno. A Pedro Sánchez, por lo tanto, quienes le han elegido son los golpistas de Esquerra, los postetarras de Bildu, los nacionalistas del PNV; algunos regionalistas que se han lanzado a imitar a los nacionalistas y que están dispuestos a vender su voto al mejor postor; Podemos, que hace tiempo que perdió el norte; y los propios diputados socialistas que habían hecho la campaña electoral con un discurso radicalmente diferente al que ahora se ven obligados a asumir.

Teniendo en cuenta esto último no es extraño que Inés Arrimadas se haya acordado de Sodoma y Gomorra y haya pedido no treinta justos como Abraham, sino uno solo que impidiese que el gobierno de España quedase rehén de los golpistas y de los defensores de ETA. La demanda de Arrimadas tenía su fundamento en el hecho de que en 2016 los órganos del partido socialista echaron a Sánchez de la Secretaría General ante la sospecha de que intentaba hacer lo que ahora por fin ha consumado. El requerimiento de Arrimadas, sin embargo, tenía desde el principio poco futuro considerando la purga a la que Sánchez ha sometido al grupo parlamentario socialista, precisamente en previsión de que cuando diese el salto al gobierno  Frankenstein no hubiese nadie dispuesto a oponerse. Lo que sí parece cierto es que -quieran o no- quedarán marcados por haber colaborado en esa ignominia que tuvo ya su antecedente en la moción de censura.

Hay quienes en arranque de optimismo anuncian que este gobierno durará muy poco porque, según dicen, en seguida surgirán los enfrentamientos y discrepancias. Creo que quienes así piensan se equivocan; quizás no conocen a Pedro Sánchez. Carmen Calvo lo ha dicho con total rotundidad: esta legislatura durará cuatro años, y es que una vez que ha sido investido, Sánchez tiene la sartén por el mango y el mango también, tal como se decía en aquella famosa adaptación del “Tartufo” de Llovet-Marsillach, que se puso en escena en la época franquista y en la que se criticaba a los ejecutivos del OPUS. Una vez en la presidencia del gobierno no hay nada ni nadie que le pueda obligar a marcharse. La moción de censura es constructiva y pase lo que pase es quimérico pensar que pueda prosperar una alternativa a Sánchez. Y este no va a estar dispuesto en ninguna circunstancia a la dimisión ni a disolver las Cortes. Con acuerdos y sin acuerdos, con presupuestos o sin presupuestos, nada le va a hacer que abandone la Moncloa. Durante cuatro años ha sido capaz de pasar por todo con tal de llegar a la presidencia del gobierno, tanto o más fácil le será ahora mantenerse. 

republica.com 17- 1- 2020

Le ha costado cuatro años, pero lo ha conseguido. En diciembre de 2015 nadie podía imaginarlo, ni tampoco hasta dónde íbamos a llegar en los desatinos. Era difícil, por no decir imposible, prever entonces la aberración que se iba a consumar en el Congreso el día 7 de enero de este año. Solo se le pudo pasar por la cabeza a Sánchez. Bueno, tal vez también a alguien más, al artífice, al ideólogo, a Iceta. Sánchez puede ser un inmoral, que lo es, pero de ninguna manera es tan listo. Iceta, por el contrario, es un Rasputín, curtido en no se sabe cuántos aquelarres políticos, que han constituido su única profesión y universidad, y dispuesto siempre a la intriga y a moverse entre dos aguas, como buen militante del PSC.

En diciembre de 2015 Sánchez no tenía a favor prácticamente nada. Había perdido las elecciones y, además, con unos resultados peores que los obtenidos por Almunia y Pérez Rubalcaba en sus respectivos comicios, tras los cuales ambos habían dimitido. Cabría suponer que Pedro Sánchez les imitaría. Nada de eso pasó por su mente, más bien acariciaba la idea de ser presidente de gobierno. Comenzó por negar cualquier diálogo o negociación con Rajoy, con lo que aparentemente quedaba bloqueado el camino hacia la formación de todo gobierno, ya que en aquellos momentos nadie contemplaba como viable un acuerdo con los nacionalistas catalanes, que estaban ya en un proceso claro de rebeldía. Sánchez, como más tarde se ha comprobado, no era de la misma opinión y continuó pensando de manera similar tras los comicios de 2016, en los que consiguió peores resultados y quedó aún a una mayor distancia del PP.

Los botafumeiros de Sánchez repetían a diario que este nunca pactaría con los secesionistas. Está claro, a la vista de los acontecimientos posteriores, que se equivocaban (o bien querían equivocarse). Sánchez, aparentemente, no disponía de ninguna baza, excepto la falta absoluta de escrúpulos y su capacidad para colocar su ambición y su yo por encima de cualquier otra consideración. Era capaz de pactar con el diablo si era preciso para obtener su objetivo.

Ha tardado cuatro años, pero finalmente lo ha logrado. Para ello ha tenido primero que desvertebrar totalmente su partido estableciendo, ayudado por ese mal invento de las primarias, un sistema caudillista en el que han desaparecido todos los contrapoderes. Ha montado una Comisión Ejecutiva, un Comité Federal y un grupo parlamentario a su conveniencia con personas de su total confianza. De ahí que haya conseguido que el tradicional pensamiento del PSOE en materia territorial haya dado un giro radical. Se ha echado en manos del PSC, lo que provocó que él y el PSOE en su conjunto hayan mantenido una postura confusa ante el secesionismo, una actitud ambigua que se proyectó en el 1 de octubre y en la misma activación del art. 155 de la Constitución. En esta ocasión condicionó su aprobación poniendo limitaciones tanto en su contenido como en su duración.

No tuvo ningún inconveniente en llegar a la presidencia del gobierno mediante la farsa de una moción de censura ganada con la complicidad de los nacionalistas catalanes, que para entonces eran ya golpistas. No puso ningún obstáculo en establecer una negociación humillante, de igual a igual con el gobierno de la Generalitat cediendo en casi todas sus pretensiones. No le importó incluso presionar a la Abogacía del Estado para que modificase su calificación en el proceso del 1 de octubre. Como el nacionalismo no tiene límite, llegó cierto momento en que Sánchez creyó que le era imposible aceptar todas sus reivindicaciones, no tanto por considerarlas inmorales o injustas, sino porque podían ser perjudiciales para sus intereses, que entonces pasaban más por convocar unas nuevas elecciones. Creía que los resultados le darían un mayor margen de maniobra.

El desenlace no fue el esperado ni en los primeros comicios (18 de abril) ni en los segundos (14 de noviembre), a pesar de que durante su estancia en la Moncloa supo utilizar partidistamente todos los engranajes de poder, y a pesar también de que durante este tiempo Sánchez cambió, sin el menor pudor, de discurso y de planteamientos todas las veces que consideró conveniente, diciendo digo donde antes decía diego. Al final ha elegido de nuevo el gobierno Frankenstein como la forma que mejor le garantiza su continuidad en la Moncloa. Este Gobierno será ahora más  Frankenstein que nunca. Son diez las formaciones políticas implicadas, siete de ellas nacionalistas o regionalistas (eso, si consideramos a Podemos como partido nacional, que es mucho considerar pues en su interior conviven por lo menos tres o cuatro organizaciones distintas). Ciertamente, el aglutinante de este Gobierno no tiene nada que ver con la homogeneidad ideológica, sino con los intereses partidistas y provincianos de cada una de las formaciones. Cada uno extiende la mano para recibir el peaje, que Pedro Sánchez pagará con el dinero de todos.

Especial gravedad tienen los acuerdos con Bildu, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, porque los peajes, aparte de ser crematísticos, van a afectar a la estructura territorial y a la soberanía nacional. Las tres formaciones políticas se han mostrado muy satisfechas por el acuerdo. Esquerra y Bildu han declarado que se trata de una gran oportunidad. Si para ellos significa una gran oportunidad, echémonos a temblar el resto de los españoles. Pero quien ha mostrado más alegría quizás haya sido Andoni Ortuzar, quien ha llegado a decir que el nuevo gobierno era un regalo de reyes para todos los españoles. Hay que pensar que para quien es en realidad un gran obsequio es para el nacionalismo vasco; se les ha concedido todo lo que habían pedido en la carta a los reyes magos, es decir, todo eso que llaman “la agenda vasca”.

El PNV nunca da puntada sin hilo, y en esta ocasión son muchas las puntadas y muchos los hilos. Solo había que ver la cara de satisfacción de Andoni Ortuzar en la rueda de prensa. Con tal de lograr los seis votos que le podían hacer presidente, Sánchez les ha concedido todas sus reivindicaciones, incluso para el gobierno de una Comunidad vecina, como Navarra, dando a entender que es algo más que vecina, y todo ello con la pasividad de la señora Chivite y del resto del Gobierno navarro.

Lo malo de este acuerdo, al igual que del firmado con Esquerra, es que quien va a ser presidente del gobierno español asume un discurso muy querido por el nacionalismo, pero nunca aceptado hasta ahora por el gobierno central, tales como el compromiso “de cambiar la estructura del Estado al reconocimiento de las entidades territoriales acordando en su caso las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso de Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia”. En román paladino, la concesión del carácter de nación (no solo cultural, sino también político) a Cataluña y al País Vasco.

En la misma línea aparece, tanto en el acuerdo con el PNV como en el acuerdo con Esquerra, el tópico tan querido por los nacionalistas de eliminar lo que llaman judicialización de la política. Negar en cualquier área social toda posibilidad a la actuación judicial es tolerar la anarquía, el desorden y la delincuencia, que es por ejemplo lo que se ha instalado desde hace tiempo en la política catalana. Precisamente el Estado de las Autonomías blinda a las Comunidades de tal manera que el Gobierno central carece de instrumentos adecuados ante las ilegalidades -incluyendo la rebelión frente al Estado- que los gobiernos y demás instituciones autonómicas puedan cometer, a no ser la compra de la paz con nuevas concesiones, que parece que es el camino que propugnan el PSC y Sánchez. Cuando una Autonomía aprueba acuerdos o leyes que son anticonstitucionales, pocas opciones le quedan al gobierno central como no sea acudir al Tribunal Constitucional, y cuando los políticos autonómicos cometen delitos tipificados en el Código Penal los tribunales no tienen más remedio que actuar. Impedir u obstaculizar en este caso la acción de la Fiscalía constituye cuando menos una prevaricación.

El peligro no está tanto en la judicialización de la política como en la politización de la justicia, y hacia ello se está escorando Pedro Sánchez. En función de sus intereses, que no son otros más que permanecer en la Moncloa, ha pretendido manipular a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía. A esta última institución le ha resultado imposible controlarla hasta ahora; sin embargo, ha entrado a saco en la primera hasta sumirla en el mayor desprestigio. Primero fue la negativa de la ministra de Justicia a defender al juez Llarena cuando fue acusado por los fugados golpistas en un tribunal de Bélgica. En ese momento pretendió escudarse en un informe de la Abogacía del Estado. Después, fue el vergonzoso cambio de criterio en la tipificación penal de los hechos llevados a cabo por los acusados en el proceso del 1 de octubre. Cambio que se produjo por presiones del Gobierno, hasta el extremo de cesar al abogado del Estado responsable cuando este se negó a firmar un informe que no había hecho.

Más tarde, un acontecimiento, casi un vodevil. Pedro Sánchez pretendía la investidura. Con la intención de presionar a los otros partidos mediante los gobiernos de las Comunidades Autónomas, la doctora ministra de Hacienda tuvo la ingeniosa idea de encargar un informe a la Abogacía del Estado en el que se defendiese que un gobierno en funciones no tiene competencias para transferir las entregas a cuenta y devolver la liquidación del IVA a las Autonomías. La investidura no se llevó a cabo. Se disolvieron las Cortes y entramos en campaña electoral. Los intereses de Pedro Sánchez también cambiaron. Ahora quería presentarse ante la ciudadanía como pródigo y generoso, con lo que de nuevo se acudió a la Abogacía del Estado para que dijese lo contrario de lo que había sostenido antes, es decir, que un gobierno en funciones sí podía instrumentar las susodichas transferencias. El nuevo informe no tuvo más remedio que firmarlo la abogada general del Estado.

Por último, ha llegado la traca final. Lo nunca visto. Una vez más se demostraba que Pedro Sánchez se podía superar a sí mismo. Que estaba dispuesto a pasar por todo con tal de conseguir la investidura. Pedro Sánchez ha consentido que la postura a tomar por la Abogacía del Estado de cara a la situación en la que queda Junqueras después de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo entrase públicamente en la balanza, como una mercancía más, de una negociación política y no demasiado limpia para su investidura. El tema ha sido tan vergonzoso que el informe de la Abogacía del Estado (órgano acusador) le ha sido presentado a Junqueras (delincuente) para su visto bueno antes de mandarlo al Tribunal Supremo.

Algunos periodistas y tertulianos, con tono docto, han querido ilustrar al personal manifestando que la Abogacía General del Estado es una subsecretaría del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, tiene que obedecer al Gobierno. Lo primero es cierto; lo segundo, no. Al menos no en todos los sentidos. Toda la Administración depende del Gobierno, pero la ley y el ordenamiento jurídico están por encima de ambos. Es a ese ordenamiento jurídico al que de forma prioritaria los abogados del Estado, al igual que el resto de la Administración, deben supeditarse, máxime en un tema tan sensible como la posición que como acusadores en nombre del Estado mantienen ante los tribunales. ¿Alguien podría imaginar las consecuencias de que el Gobierno pudiese dar órdenes a los inspectores fiscales señalando los contribuyentes concretos que deben inspeccionar y a quién deben sancionar y a quién no?

Los que hemos trabajado muchos años en la Administración sabemos que las presiones políticas existen y que afectan -qué duda cabe- a los abogados del Estado, pero pienso que en temas menores y siempre con límites. Conocemos que los abogados del Estado, como buenos abogados, son especialistas en hacer cuando quieren informes ambiguos en los que no se sabe si van o vienen. Pero siempre dentro de un orden y sin traspasar determinadas líneas rojas. Ahora bien, en este caso se han traspasado las líneas de todos los colores. Difícil encontrar un informe tan alambicado, contradictorio y confuso como el presentado por la Abogacía del Estado al Supremo, y es que se ha querido servir a muchos señores. Solo comparable, por cierto, con el comunicado emitido por la asociación de abogados del Estado. Es totalmente imposible saber lo que querían decir. En algún artículo he señalado el papelón que estaba haciendo la abogada general del Estado. Hoy tengo que preguntarme, con tristeza, acerca del papelón que ha hecho la asociación profesional de abogados del Estado que, se quiera o no, va a terminar salpicando a todo el colectivo.

Intento gravísimo de politizar la justicia se encuentra también en ese punto del acuerdo firmado entre el PSOE y Podemos en el que proyectan que el acceso a la carrera judicial se realice por la puerta de atrás por el método de la selección a dedo. Pero este tema merece que le dediquemos un artículo completo otra semana.

El otro día en el debate, Sánchez repitió continuamente que el PSOE ha ganado las elecciones. Eso no significa nada en un sistema parlamentario en el que lo que cuentan son las alianzas. No las había ganado en el 2016 y, sin embargo, llegó a presidente de gobierno. Lo que a Sánchez le ha permitido estar este pasado año en la Moncloa y lo que le va a permitir ahora formar gobierno es el hecho de ser capaz de doblegarse y humillarse ante los independentistas, ante los que han dado un golpe de Estado, y aún permanecen en él cómodamente. La hégira de Pedro Sánchez demuestra sobradamente que Maquiavelo tenía razón y que en política -al menos a corto plazo- no gana el más honesto y sincero ni el más consecuente, ni siquiera el más inteligente y preparado, sino el más mendaz, tramposo y carente de escrúpulos, triunfa el que carece de todo principio, el que está dispuesto a resistir (manual de resistencia), el que se pega a los sillones y si es preciso se arrodilla para conseguir sus propósitos.

republica.com 10-1-2020

Dicen que Esquerra no tiene ninguna prisa por llegar a un acuerdo con el PSOE. Y es que mientras no den el sí, tienen a Pedro Sánchez cogido por las solapas. Saben que su fuerza y su influencia disminuirán sustancialmente tras la investidura. Una vez nombrado, échale un galgo. Hay quienes dicen que este gobierno va a durar muy poco. Están un poco despistados. Con presupuestos y sin presupuestos, en cuatro años no va a haber quien mueva a Sánchez de la Moncloa.

El óptimo de Esquerra pasa, en consecuencia, por que la negociación dure lo más posible, pues mientras esta se mantenga permanecerá el chantaje. El problema es que la interinidad y el gobierno en funciones pueden alargarse indefinidamente ya que, según el artículo 99 de la Constitución, el plazo para la disolución de las Cortes no empieza a contar hasta el momento en el que se produzca una investidura fallida y, tal como han manifestado desde el PSOE, Sánchez no tiene intención alguna de presentarse en el Parlamento mientras no cuente con los apoyos necesarios. Curiosamente, una vez más y sin sentir el menor pudor, adopta la misma postura que con tanta virulencia criticó de Rajoy.

Las reivindicaciones que plantea Esquerra están claras: la amnistía para los presos y la independencia de Cataluña o, al menos, la celebración de un referéndum. Hay muchos comentaristas que afirman con total convicción que no es posible que el presidente del Gobierno acceda a tales exigencias. No estaría yo tan seguro. Con Pedro Sánchez todo es creíble. ¿Cuántas veces se ha dicho sobre él “imposible, no se atreverá a eso”? Tantas como las que ha sobrepasado todo lo que se tenía por líneas rojas.

Recordemos los inicios. Allá por el 2015, cuando comenzó todo, Pedro Sánchez, habiendo obtenido los peores resultados de la historia del PSOE desde la Transición, en lugar de dimitir, saltó por encima de Rajoy para proponerse como candidato e intentó conseguir los apoyos necesarios para la investidura. El Comité Federal del PSOE (entonces había Comité Federal, no como ahora) le vetó incluso sentarse a negociar con los partidos que defendiesen el derecho a decidir. Desde la perspectiva actual, tal prohibición induce al sarcasmo. A la vista de los acontecimientos posteriores, es evidente que Pedro Sánchez, ya entonces, acariciaba la idea de constituir el gobierno que Rubalcaba calificó de Frankenstein. Solo que no se atrevía a confesarlo. Por otra parte, era la única posibilidad que tenía de llegar a la Moncloa.

En aquellos momentos, como era lógico, pactar con los independentistas que defendían la declaración unilateral de independencia y que estaban ya en pleno proceso de insurrección era tabú, aparecía como algo totalmente impensable para los partidos constitucionalistas. Por supuesto, ni a Rajoy ni al PP se les pasó por la imaginación, a pesar de tener más escaños que Sánchez. Menos aún a Ciudadanos. Pero es que también era una opción fuertemente rechazada por todos los que representaban algo en el Partido Socialista y por la mayoría del Comité Federal de esta formación. Los comentaristas y tertulianos próximos a Sánchez aseguraban que bajo ningún punto estaba dispuesto a ser nombrado presidente por los votos de los secesionistas. Son los mismos que los que en la moción de censura aseguraron que no pactaría con ellos y los que ahora afirman que no puede ceder a sus reivindicaciones.

Pero a la vista de lo que ha ocurrido después, es claro que Pedro Sánchez estaba dispuesto a salir elegido presidente con los votos de los secesionistas y había escogido la única vía que pensaba factible para librarse de la atadura del Comité Federal: acudir a los militantes, que, en el fondo, son fáciles de engañar. Si entonces no acabó por poner en práctica su plan, fue porque ese mismo Comité Federal le forzó a dimitir para evitar que deprisa y corriendo convocase unas primarias cuya precipitación le garantizaba el triunfo, legitimándole al mismo tiempo para la negociación.

Que Sánchez ha estado siempre dispuesto a traspasar esa línea roja, la de que el gobierno de la nación dependiese de partidos que estaban en clara rebeldía, lo confirma el hecho de que no dudó en cruzarla en cuanto tuvo ocasión. Interpuso la moción de censura. Los sanchistas mantuvieron que para ganarla no pactaron con los secesionistas (que a esa altura eran ya golpistas). Los acontecimientos posteriores los desmintieron. Hay quienes continúan echando la culpa a Rajoy por no dimitir entonces. Me da la sensación de que están un poco ofuscados. La dimisión del entones presidente del Gobierno no hubiese arreglado nada, porque aun suponiendo que Sánchez hubiese cumplido su palabra (que es mucho suponer) y hubiese retirado la moción de censura, el resultado no habría sido unas nuevas elecciones, sino otra investidura y, en esas circunstancias, solo la podría haber ganado Sánchez, puesto que solo Sánchez estaba dispuesto a pactar con los golpistas.

En los momentos actuales, la negociación es ya abierta y pública. Nos hemos acostumbrado a que se den las situaciones más insólitas y extravagantes en nuestra realidad política, y es muy posible que terminemos viendo con naturalidad las futuras cesiones de Sánchez ante Esquerra, esas que ahora decimos que es imposible que acepte. Las Cortes se han convertido en una fiesta taurina o en un mercado persa. Resulta difícil pedir a los ciudadanos que sientan respeto por el Parlamento y por los procuradores cuando se prestan a ese juego que presenciamos el día de su constitución, y que anuncia y pronostica espectáculos del peor gusto. A los más viejos nos recuerda aquellas asambleas de la universidad en tiempos del franquismo. Para estudiantes estaban bien, aunque siempre un poco demagógicas, pero para diputados… Siente uno, una cierta vergüenza.

La presidenta del Congreso (del PSC, por cierto, que es ahora la formación que manda en el PSOE) ha admitido todo tipo de juramentos chuscos y estrafalarios. Todo indica que permitirá las situaciones más delirantes y ofensivas con tal de no molestar a los que van a ser socios de su jefe. El juramento de la Constitución se ha transformado en una farsa, un esperpento, una gran mentira. Las múltiples versiones elegidas tienen todas la misma finalidad, ocultar que juran la Constitución, los mismos que quieren por todos los medios, legales o ilegales, acabar con ella. Algo de culpa tiene el Tribunal Constitucional por no querer embarrarse y cerrar el melón que un día abrió al haber aceptado lo de por “imperativo legal”, que en sentido estricto es una payasada porque -como señaló muy atinadamente el magistrado Marchena- todos lo hacen por imperativo legal. Pero los perjuros lo son con imperativo legal o sin imperativo legal.

Los sanchistas han asumido ya el término conflicto político, empleado antaño por ETA y actualmente por los nacionalistas catalanes. El lenguaje no es neutral y detrás se encuentra la concepción que se tiene de una determinada realidad. Con la expresión conflicto político los independentistas pretenden presentar lo que ocurre en Cataluña como el enfrentamiento entre dos entidades políticas soberanas que deben negociar de tú a tú, en igualdad de condiciones y con un intermediario internacional, relator o como se le quiera llamar. Con ese término intentan negar al mismo tiempo que exista un conflicto de otro tipo, en concreto, unas actuaciones delictivas y punibles.

Hablar de que el problema en Cataluña es político es decir una obviedad porque político es todo lo que afecta a la ciudad (polis), al Estado, incluyendo el Código Penal. El problema del independentismo comenzó además a ser penal desde el mismo momento en el que los partidos nacionalistas se rebelaron contra la Constitución, el Estatuto y las leyes. Fueron ellos los que se adentraron en el ámbito judicial, al querer romper el país por la fuerza, al dar un golpe de Estado y pretender mantenerlo vivo. Es un problema de orden público para España y de convivencia para Cataluña. Una parte no mayoritaria de la población catalana pretende despojar al resto de los catalanes y de los españoles de su soberanía y de su derecho de decidir sobre Cataluña.

Sí, nos estamos acostumbrando a las situaciones más incongruentes y disparatadas que están distorsionando nuestra realidad política. El Estado está consintiendo que aquellas formaciones políticas que han perpetrado un golpe de Estado, y que están dispuestas a repetirlo, continúen al frente de unas de las mayores Comunidades de España y, por lo tanto, contando con poderosos medios, entre ellos un ejército armado de 17.000 hombres, los mismos medios que les permitieron intentar subvertir el orden constitucional. Las contradicciones surgen en cascada.

Los encargados de controlar el orden público son los mismos que jalean o se ponen a la cabeza de la anarquía y el desorden. Los detenidos y los responsables de prisiones pertenecen a la misma secta. El presidente de la Generalitat, que lo es solo por gracia de la Constitución Española, reniega de ella, afirma que no la reconoce y que por su cuenta y riesgo los golpistas están redactando otra para Cataluña. El presidente del Gobierno español, como le recuerda Rufián a menudo, debe el cargo a los condenados por sedición, y ahora negocia de nuevo con ellos para asegurarse el puesto. Los líderes de las principales organizaciones sindicales van en romería a la cárcel de Lledoners con plegarias y rogativas dirigidas a quien la justicia ha considerado jefe de la intentona.

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización de lo que queda del PSOE afirma que “hay que buscar cauces de expresión, de tal forma que no sea necesario, ni nadie tenga que recurrir a situarse fuera del ordenamiento jurídico”. Por nadie se entiende los golpistas. Bien es verdad que lo mismo podríamos hacer con los rateros, los ladrones, los defraudadores, etc., buscar fórmulas para que puedan robar, defraudar, estafar, sin que tengan que situarse fuera de la ley. Hasta ahora creíamos que el vehículo destinado a resolver los problemas políticos era el Parlamento. Pero he aquí que no, por eso el PSOE y Esquerra se van a negociar a Barcelona. Habremos de acostumbrarnos a las situaciones insólitas. Ábalos las califica de obvias y se pregunta por qué lo obvio genera escándalo. Puestos así, puede ser que terminemos admitiendo como obvio que al presidente del Gobierno español lo invista el Parlament de Cataluña.

republica.com  13-12-2019  

Acompañando al nacimiento en España de nuevas fuerzas políticas, ha surgido el fenómeno de que algunos partidos, cuyas siglas provienen de otras épocas anteriores a la Guerra Civil, tales como el PSOE, Esquerra Republicana o el PNV, han sacado pecho y se vanaglorian de sus muchos años de historia. Antes que nada, habrá que convenir en que no todo tiempo pasado fue mejor. En la historia de las organizaciones, al igual que en la de las naciones o en la de las personas, no todo es bueno, hay de todo, claroscuros, actos y realidades de los que sentirse orgulloso y otros de los que avergonzarse.

En las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, el PSOE escogió como eslogan electoral “100 años de honradez”, al que los militantes del partido comunista añadieron con cierta sorna e ironía “y cuarenta de vacaciones”, haciendo referencia a su escasa presencia durante la dictadura, en contraposición a la actuación del partido comunista. Presiento que de Esquerra Republicana y del PNV se podría predicar algo parecido, mucho más presentes en el exilio que en el interior, por más que ahora, cuando Franco ha muerto hace más de cuarenta años, estén dispuestos a luchar contra franquistas imaginarios que ven por todas partes. Tampoco se puede decir que estos dos últimos partidos tuviesen un papel muy lúcido durante la Segunda República y la Guerra Civil.

No hay por qué dudar de los cien años de honradez del PSOE, pero no se puede decir lo mismo de los que vinieron después. El partido socialista tiene poco que reprochar al PP en materia de corrupción. En ambas formaciones políticas ha surgido con largueza cuando y allí donde gobernaban. La memoria de los ciudadanos es frágil y es posible que hayan olvidado lo que sucedió en los últimos años del felipismo, y cómo la corrupción se expandió de tal manera por todas las Administraciones que en 1996 hizo perder el gobierno al PSOE. Y con toda probabilidad muchos tampoco recordarán que fue en el Ayuntamiento de Madrid, a principio de los ochenta en un contrato de limpieza licitado por el gobierno municipal del PSOE, donde se ensayó por primera vez la financiación ilegal de un partido político.

Últimamente ha estado muy presente en la prensa la formación del gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra. Lo que le ha dado ese carácter de extraordinario es que lo presida una socialista, apoyada en un conglomerado político muy heterogéneo entre los que se encuentran incluso los herederos de ETA. Lógicamente, esta forma de actuar ha suscitado muchas críticas en contra del PSOE. No obstante, hay quienes han pretendido explicar la postura del partido socialista navarro por el mono de poder, al llevar 23 años fuera del gobierno. Ningún medio, sin embargo, se ha preguntado por la razón de esta ausencia, que muy probablemente radica en el escándalo que protagonizaron los dos últimos socialistas que ocuparon el cargo de presidente de la Comunidad. Estuvieron procesados por corrupción. Uno de ellos incluso pasó varios años en la cárcel y el otro fue absuelto, pero tan solo porque había prescrito el delito.

Sánchez ha basado toda su oposición a Rajoy en el asunto de la corrupción. Incluso ha querido justificar la moción de censura ganada con el apoyo de los golpistas, con la excusa de una sentencia en la que se daba por probada la corrupción del PP. En realidad, la sentencia no afirmaba nada nuevo que no se conociese hace tiempo. Pero sirvió de coartada. Pedro Sánchez se ha creído legitimado para adoptar esa postura puritana de inquisidor inexorable, ya que no se sentía vinculado por los escándalos pasados de su partido. Esta actitud hasta cierto punto era coherente en un personaje que ha pasado por encima de todos los órganos de su formación política, hasta el extremo de configurar un partido prácticamente nuevo. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que pretenda recurrir ahora a los 140 años de historia de los que no queda nada sino las siglas?

Al felipismo se le pueden achacar cantidad de errores y defectos. No seré yo el que los oculte cuando tantas veces los he censurado, pero ese PSOE, el de los años ochenta y noventa, nunca hubiese pactado en Navarra con los herederos de ETA, ni sus federaciones del País Vasco, Baleares y Navarra se habrían comportado tal como están actuando en los momentos presentes con la aquiescencia de Sánchez. Tampoco se hubiese hipotecado a los intereses del PSC, ni hubiese dejado que fuesen los planteamientos de esta formación política los que se impusiesen en todo el partido. Aquel PSOE, por mucho que le tentase el poder, jamás hubiese aceptado ponerse al frente de un gobierno Frankenstein, formado por un amasijo de fuerzas políticas dispares entre las que se encontraban aquellas que acababan de dar un golpe de Estado y que permanecían en las mismas posiciones. Es verdad que en los años ochenta y noventa tanto el PSOE como el PP pactaron con los nacionalistas, que cedieron a muchas de sus reivindicaciones, colaborando así, de forma quizás inconsciente, a que se fortaleciesen de cara a la traca actual. Pero entonces aún no habían mostrado su auténtica faz. Se trataba de nacionalistas, no de golpistas. No se habían sublevado, permanecían, al menos aparentemente, dentro del marco constitucional. La situación ha cambiado radicalmente.

Sí, Pedro Sánchez ha inventado un nuevo PSOE, y ha barrido casi en su totalidad a todos los que representaban algo en el antiguo, pero por eso resulta tan irónica -más bien hipócrita- la postura de la vicepresidenta pretendiendo disculpar los coqueteos del sanchismo con los batasunos amparándose en las víctimas que ETA ha causado al PSOE. Es precisamente esa historia del partido socialista frente al terrorismo la que censura con mayor dureza el comportamiento actual del sanchismo. Pedro Sánchez quiere usar el pasado del partido para lavar sus escarceos con golpistas y herederos de terroristas, pero curiosamente no se siente concernido con la parte oscura de la historia del partido, piensa que no le salpica la corrupción pasada y se cree legitimado para censurar duramente a la de los otros partidos.

Pero el hecho es que la corrupción del PSOE no queda confinada en el pasado, llega al presente. Como cabría esperar, se ha mantenido, allí donde ha venido gobernando, principalmente en Andalucía. Pedro Sánchez se ha desentendido de la corrupción de la Junta de Andalucía como si no fuese con él, un asunto exclusivo de Susana Díaz. Pero lo quiera o no, esa Comunidad Autónoma proporciona una parte muy importante de los parlamentarios del grupo socialista y en los que Pedro Sánchez ha venido apoyándose tanto en su acción de oposición como de gobierno. Él también se ha beneficiado del supuesto dopaje que ha usado el partido socialista de Andalucía. Pero es que, además, la corrupción de la Junta toca más directamente a Sánchez desde el momento en el que ha incorporado a su gobierno a altos cargos de esa Comunidad Autónoma; especialmente en el Ministerio de Hacienda, al que la ministra se ha traído a media Consejería, bloqueando e invadiendo múltiples cargos del Ministerio.

Hace pocos días surgió la noticia de que había dimitido el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al ser llamado a declarar como investigado en el caso del yacimiento minero de Aznalcóllar. Se le imputaba participar en la adjudicación de un contrato en el que, según la Audiencia provincial, podría haberse producido malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales, y prevaricación.

Es un proceso más de los que afectan a los pasados responsables de la Junta de Andalucía. La relevancia del caso se encuentra en la imputación del presidente de la SEPI. Para los que no lo sepan, la SEPI es el holding propiedad del Estado y dependiente del Ministerio de Hacienda, que engloba a casi todas las sociedades estatales que han quedado sin privatizar. Resulta evidente la importancia del cargo, el poder económico que acumula y la cuantía de sus retribuciones. Haber designado para ese puesto a quien después ha resultado imputado no deja en muy buen lugar «in vigilando» a la ministra que lo ha traído de Andalucía.

Además, el ahora dimitido de la presidencia de la SEPI había ocupado previamente el cargo de Interventor General de la Junta de Andalucía, es decir, encargado de controlar la legalidad y correcta administración de los recursos públicos en todos los organismos, entes y consejerías de la Junta. Se supone que fue nombrado también por la actual ministra de Hacienda, entonces consejera de la Junta en la misma área. La trascendencia de estos nombramientos surge de que la Audiencia provincial ha mandado investigar si hay un posible delito de cohecho, por «ascensos» que pudieran haberse dado a modo de recompensa a las personas relacionadas con el concurso. Llueve sobre mojado, puesto que quien ocupaba el cargo de Interventor General de la Junta entre 2000 y 2010 se encuentra procesado en la actualidad en el caso de los ERE, porque conociendo la irregularidad de las subvenciones que se estaban tramitando no las impidió.

Quizás, la relevancia de todo lo anterior se encuentre de forma prioritaria en la alegría con la que algunos políticos usan y abusan de lo público. Una concepción del poder que cree que el gobierno puede apropiarse de la Administración, incluso de aquellas instituciones que como las intervenciones generales tienen que actuar con total objetividad e independencia, al margen de los intereses partidistas. Actitud que hasta ahora había anidado principalmente en las Autonomías, pero que con Pedro Sánchez puede estarse contagiando a la Administración central. Buena prueba de ello es la utilización espuria a la que se ha sometido a la Abogacía del Estado, primero haciéndole cambiar la calificación en el juicio del procés y últimamente con el informe acerca de los anticipos a cuenta a las Autonomías. Esto también es corrupción, y de las más graves. Qué papelón el de la Abogada general del Estado.

republica.com 25- 10- 2019

Al grito de «Dios lo quiere» se inició la primera cruzada, y con ella los múltiples excesos y barbaridades cometidos por los países católicos en el intento de conquistar lo que llamaban Santos Lugares. El “Dios lo quiere” los acompañó en todas las contiendas. En general, es una constante en todas las religiones hacer a Dios portador de la ley; poner en su boca lo que se desea que el pueblo acepte. En ocasiones, el resultado ha sido positivo. Se trataba de convertir las reglas necesarias para la convivencia en preceptos divinos para que así la conformidad fuese más fácil y generalizada. En otros casos, los efectos han sido extremadamente perniciosos al justificar las mayores atrocidades en nombre de Dios.

En nuestras sociedades secularizadas se ha producido una traslación. El Dios lo quiere se convierte en el pueblo lo quiere, la sociedad lo quiere, la nación lo quiere, Cataluña lo quiere. Todos los nacionalismos se arrogan ser ellos solos, y solo ellos, los representantes de todo el pueblo. Ya Pujol hace treinta y cinco años en la plaza de Sant Jaume se envolvió en la señera para identificarse con Cataluña y escapar así de la acción de los tribunales. Convirtió la actuación de la justicia por una vulgar estafa, la de Banca Catalana, en un ataque del Estado a Cataluña.

Esta postura se ha venido repitiendo durante todos estos años en Cataluña. Se puede cometer todo tipo de tropelías siempre que el objetivo sea la independencia. Esta es la diferencia fundamental de la corrupción en esta Comunidad con la que se produce en el resto de España. En cualquier otro sitio la desviación de caudales públicos no admite justificación, es condenada siempre por la opinión pública, aun cuando el que la cometa no se haya lucrado personalmente y lo defraudado sea para el propio partido o para propagar una determinada ideología. En Cataluña no. Se justifica hasta el propio enriquecimiento, con tal de que vaya unido a la propagación del independentismo. En los últimos años vemos cómo los golpistas, para justificarse, manifiestan que sus acciones, a pesar de que hayan violado la Constitución, el Estatuto y la ley, y hayan malversado fondos públicos, obedecen a un mandato superior el del pueblo de Cataluña. El pueblo lo quiere.

A Sánchez, de tanto tratar con los independentistas, se le ha pegado algo de esta actitud cuasi mágica. Y él y sus mariachis para presionar a los otros partidos de cara a la investidura no dejan de repetir que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que «los españoles quieren». Postura de una gran jactancia, y que de ninguna manera se deduce de los resultados de las elecciones generales. Los colectivos no votan, votan y manifiestan sus preferencias las personas, preferencias muy diferentes y a menudo antagónicas, tanto más en los momentos actuales en los que se ha roto el bipartidismo y existe mayor pluralidad en el espectro político.

A tenor del resultado de las elecciones generales, Pedro Sánchez podría afirmar con cierta razón que ese gobierno, el que formaría en solitario, lo quieren el 26,68% de los españoles que acudieron a las urnas, que son los que les han votado. Ir más allá es presunción e impostura, porque en el otro extremo se encuentran Ciudadanos y el PP, que han obtenido el voto del 32,56%, y no creo que estos votantes quieran precisamente el Gobierno de Sánchez. Si el gobierno fuese de coalición con Podemos podría dar un paso más y afirmar que es el gobierno que en principio quieren el 42,99% de votantes, aunque no convendría olvidar que a Ciudadanos, PP y Vox les ha votado el 42,82, lo que indica hasta qué punto se encuentra dividida la sociedad, hasta qué extremo está fragmentado el «querer de los españoles».

Paradójicamente, el desempate en los momentos actuales está en manos de los golpistas y separatistas y la victoria es de quien esté dispuesto a aceptar su apoyo. Ello fue lo que ocasionó que Pedro Sánchez con 88 diputados se hiciese con el gobierno y expulsase a Rajoy, que contaba con 133. Y eso es también lo que hace que ahora Pedro Sánchez acaricie la investidura, siempre, claro está, con permiso de Podemos. Ese gobierno progresista del que habla Sánchez no se puede decir que sea el que quieren los españoles (solo algunos españoles), pero parece que sí es el que quieren los independentistas, a juzgar por las manifestaciones de Rufián y de Ortuzar. Nadie se muestra más interesado que ellos en que gobierne Sánchez. Por algo será.

Pero precisamente este interés mostrado por los que han dado un golpe de Estado o los que defienden abiertamente el derecho de secesión en España es el que debería poner en guardia y hacer recelar no ya a ese 42,88%, que ha votado a los tres partidos de derecha o centro derecha, sino incluso a algunos de entre ese 42,99% que ha votado al PSOE o a Podemos. ¿Dónde se encuentran todos esos miembros del Comité Ejecutivo Federal del PSOE que condenaban incluso sentarse a negociar con los partidos que defendiesen el derecho a decidir?

El gobierno que propone Sánchez tampoco es progresista. A tenor de las 370 medidas publicadas, yo diría que es más bien populista. El documento es una carta a los Reyes Magos. Es un conglomerado de todas las peticiones presentadas por las distintas asociaciones afines y que han desfilado por la Moncloa. No mantiene una estructura coherente ni fija prioridades. Se puede dar la misma importancia a la reforma laboral o al problema de las pensiones que a las carencias de los bomberos forestales o la subvención a las mujeres para que emprendan carreras técnicas o de ciencias.

El documento no presenta ningún cálculo del coste de las medidas y, en consecuencia, no dice cómo las van a financiar. El capítulo dedicado a los impuestos es pobrísimo, huye de tocar los grandes tributos en los que se basan la progresividad y la suficiencia del sistema -lo que sería impopular- y cifra todo el incremento de los ingresos en la creación de una serie de gravámenes hasta ahora desconocidos y sobre los que existen muchas dudas acerca de su viabilidad, efectos y capacidad recaudatoria, desde luego totalmente insuficiente para financiar el país de las maravillas que describe el documento. Pero eso le preocupa poco a Sánchez, le da lo mismo. Las medidas no están pensadas para ponerlas en práctica. Solo sirven para el postureo, la publicidad y la propaganda de cara a unas nuevas elecciones que es en lo que realmente está interesado. ¿Cómo si no puede decirle a Podemos que no quiere su voto gratis para la investidura, sino un pacto de adhesión incondicional y sin la menor crítica para toda la legislatura?

republica.com 13-9-2019