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ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

NICOLÁS REDONDO, LA IZQUIERDA AUTÉNTICA Y SENSATA

APUNTES POLÍTICOS, MERCADO LABORAL, PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, enero 08, 2023 23:26:20

Es un artículo que siento mucho escribir y, sin embargo, sabía que era previsible que tuviera que hacerlo. Por lo menos, hubiera querido retrasarlo lo más posible. Ha fallecido Nicolás Redondo Urbieta. Es posible que a muchos de los que hoy se mueven en la política o en la prensa este nombre no les diga demasiado. A diferencia de otros, Nicolás nunca ha pretendido ser un jarrón chino y hace tiempo que se mantenía en un discreto aislamiento. No obstante, los que contamos ya con bastantes años de edad somos conscientes del papel que ocupó en la historia reciente de España. Fue un protagonista indiscutible del mundo laboral, político y social español.

En las primeras campañas electorales, el PSOE usó como eslogan “cuarenta años de honradez”, al que el PC de forma hiriente agregó “y cuarenta de vacaciones”. El añadido no carecía de razón, pues el partido socialista, con la dirección en el exilio, estuvo bastante al margen de la lucha antifranquista. Fueron tan solo un número exiguo de socialistas los que la protagonizaron, pero en esa minoría desde luego se encontraban el PSOE y la UGT de Euskadi y, en un papel predominante, Nicolás. Siendo muy joven presenció la persecución y tortura de su padre, también militante del partido y del sindicato, y posteriormente sufrió la propia, ingresando varias veces en la cárcel.

Curiosamente no solía alardear de nada de ello. Todo lo contrario,  lo mantenía en un pudoroso ocultamiento. Solo en algunas conversaciones de mucha confianza cuando salían a relucir aquellos tiempos infaustos descorría parcamente el velo y dejaba traslucir la amargura y la tristeza que le producían dichos acontecimientos. Siempre fue consciente del necesario esfuerzo de olvido que representó la Transición. Esto resulta tanto más significativo cuanto que hoy se invoca continuamente eso que llaman la memoria histórica y algunos que apenas conocieron el franquismo se manifiestan como si hubiesen sido guerrilleros y mártires toda la vida.

En Nicolás contrastaba la aparente dureza de sus posiciones con la humildad de sus planteamientos personales. Siempre fue consciente de su papel, de lo que podía y no podía hacer, de cuáles eran sus limitaciones. Se sabía un trabajador de la metalurgia, un luchador obrero, y fue por eso por lo que en el congreso de Suresnes, cuando los distintos grupos regionales del interior dieron un viraje al partido derrotando a la dirección del exterior, Nicolás, que aparecía como el candidato indiscutible a la secretaría general, se quitó de en medio y propuso en su lugar a Felipe González, cosa que este ha intentado siempre que no se airease demasiado.

Nicolás era consciente de que quizás se precisaba para ese puesto y para convertir al PSOE en uno de los partidos más importantes de España, un hombre más joven que él y con capacidad para aggiornarse a los nuevos tiempos políticos. Él prefirió quedarse al frente de la UGT y conseguir, como así lo hizo, la gran transformación sindical que se produjo durante los dieciocho años que estuvo al frente de la Organización.

No es de extrañar, por tanto, que en octubre de 1982 cuando el PSOE llega al gobierno, el poder y la influencia de Nicolás fuese grande, hasta el punto de que un secretario general de Presupuestos y Gasto público anduviese gimoteando por el Ministerio de Hacienda porque Nicolás Redondo le había echado de una reunión ya que se había puesto demasiado impertinente. Eran tiempos de unidad entre el PSOE y la UGT, de manera que mutuamente se hablaba del partido hermano y del sindicato hermano. Casi todos los miembros de ambas organizaciones tenían la doble militancia. y fueron muchos los cuadros de la organización sindical que pasaron a ocupar un puesto en el gobierno.

Esta luna de miel no duró demasiado tiempo. Pronto lo que se llamó el felipismo, de acuerdo con los aires que venían de Europa, fue girando hacia posiciones socialiberales, que casaban mal con los planteamientos de los sindicatos e incluso con lo que había sido hasta ese momento el programa del PSOE. El primer encontronazo se produjo en 1985 con la ley de reforma de las pensiones, que tanto Nicolás Redondo como Antón Saracíbar, ambos cargos sindicales y diputados del PSOE, votaron en contra en el Congreso, rompiendo la disciplina de voto. Tal vez deberían tomar nota los actuales diputados del PSOE que en privado se muestran tan contrarios a medidas tales como la desaparición del delito de sedición o la reducción de las penas de corrupción política y sin embargo votan afirmativamente en el Parlamento.

Nicolás se negó a aceptar que el sindicato fuese simplemente la correa de transmisión del partido y del gobierno, y arrastró a Comisiones Obreras a la unidad de acción sindical. Las circunstancias propiciaron que los enfrentamientos con el gobierno se convirtiesen en algo más que una lucha sindical. El resultado del PSOE en las elecciones de octubre de 1982 fue de 202 diputados, una victoria sin parangón que dejaba al ejecutivo prácticamente sin oposición política. En ausencia de esta, las organizaciones sindicales, y a su cabeza Nicolás Redondo, ocuparon su lugar.

La demostración más palpable de lo anterior es la huelga general del 14 de diciembre de 1988, motivada por las medidas que se pensaba aprobar en materia de precardad en el empleo y de impuestos. El gobierno estuvo a punto de caer, pero no forzado por ninguna oposición política, sino por los sindicatos. El país entero se paralizó y Felipe González aquel día pensó dimitir y dejar en su lugar a Narcís Serra. Pero una vez más se demostró que quien aguanta termina ganando, o al menos no termina perdiendo. Viendo hoy la actuación de los sindicatos cuesta creer que sean los mismos que hicieron temblar entonces al presidente del gobierno.

Hoy se habla del régimen autocrático de Pedro Sánchez y ciertamente lo es, pero el felipismo quizás no lo fuera menos. Hay que recordar a Nicolás diciéndole en televisión a Solchaga aquello de “tu problema Carlos son los trabajadores”. Es más, los autócratas de hoy se crearon, aprendieron y crecieron en esa tierra de cultivo. Todos los felipistas emplearon los medios más rastreros para perjudicar al sindicato y lograr que Nicolás Redondo dejase la secretaría general, como así sucedió en 1994, en que no se presentó a la reelección. Dos años más tarde, Felipe González perdería el gobierno.

De la sustitución de Nicolás en la secretaría general han transcurrido casi dos décadas. Estos dieciocho años ha permanecido en un discreto lugar. Se impuso un respetuoso silencio, lo cual no quiere decir que permaneciese ajeno a los acontecimientos políticos. Tampoco significa ni mucho menos que estuviese de acuerdo con todo. Algunos conocemos muy bien su postura crítica, su desasosiego e incluso su tristeza por la orientación seguida por su partido y su sindicato. Leía cualquier cosa que cayese en sus manos. A sus noventa y cinco años mantenía una cabeza totalmente lúcida, y no perdía ocasión de enterarse de todo y de analizar todo. Yo confieso que, entre otras muchas cosas, echaré de menos sus frecuentes llamadas telefónicas enjuiciando mi último artículo. Descansa en paz, luchador, compañero del alma, compañero.

republica 5-1-2023



DELITO DE SEDICIÓN: EL TIRO POR LA CULATA

CATALUÑA, GOBIERNO, PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, diciembre 12, 2022 18:13:18

Gestionar resulta difícil, por eso el Gobierno lo rehúye siempre que puede. Prefiere legislar. No es que este cometido no sea complejo, solo que se participa de un cierto espejismo, el creer que lo sabe hacer cualquiera o el de pensar que los errores en este quehacer no tienen consecuencias. Pero los resultados negativos se producen y terminan pagándolo los funcionarios y, sobre todo, los ciudadanos.

En ocasiones el pufo es tan grande que se vuelve contra los propios legisladores. Eso es lo que ha pasado con la ley del sí es sí.  Y es que elaborar una ley resulta sumamente complicado y no todo el mundo está capacitado para ello. No deja de ser irónico que desde el Ministerio de Igualdad se defienda que los jueces deben volver a la escuela para ser reeducados cuando es el Gobierno entero el que debería pasar por las aulas a la hora de legislar o al menos fiarse de los que sí saben hacerlo.

Es posible que en la ley que se está tramitando para eliminar el delito de sedición pueda ocurrir algo parecido, que el tiro les salga por la culata. Es sabido que a los procesados se les tiene que aplicar la norma más favorable, incluso a aquellos cuya condena fue anterior a la aprobación de la nueva ley. Desaparecido el delito de sedición, no parece que existan muchas dudas acerca de que a los ya condenados e indultados por el golpe de Estado de 2017, en el peor de los casos para ellos, se les rebajarán las penas aplicándoles las del nuevo artículo 557, en el que se sanciona el delito contra el orden público.

Pero ¿qué pasa con los que aún no han sido juzgados, y se encuentran huidos en Europa? Todo el mundo da por supuesto que se aprovecharán de un tratamiento similar. Ciertamente, el delito de sedición, al haberse eliminado, no se les podrá imputar, y se presume que se tendrá que esgrimir al artículo 557 con penas mucho menores. Pero lo cierto es que el delito de rebelión continúa existiendo, y que a lo largo del todo el proceso las tres acusaciones defendieron que era la tipología que correspondía utilizar. Solo al final, ante las presiones (más bien ordenes) del Gobierno Sanchez, la Abogacía del Estado cambió de criterio, pasando -sin razón técnica, solo política- de la rebelión a la sedición, previa dimisión como protesta del abogado del Estado jefe del servicio de lo penal.

Curiosamente, en la sentencia se optó también por la sedición. Siempre quedará la duda de que en qué medida este cambio en la postura de la Abogacía del Estado colaboró a que el tribunal se decantase por abandonar el delito de rebelión y se inclinara por el de sedición, lo que hubiera resultado más difícil de justificar si las tres acusaciones hubiesen mantenido la misma calificación. Además no es preciso ser especialmente desconfiado para sospechar que en esta ocasión también se produjo alguna presión por parte del Gobierno para que el Tribunal Supremo optase por la sedición en lugar de la rebelión. No digo que ninguna de estas dos circunstancias fuese determinante, pero sí que lo favorecieron.

Quizás la causa definitiva del cambio se situó en el hecho de que los magistrados se marcasen desde el principio el objetivo de que la sentencia había de dictarse por unanimidad. Y tras esa finalidad hay que reconocer el gran esfuerzo que realizó el Tribunal, o al menos el ponente, para después de aceptar unos supuestos irreprochables, llegar a unas conclusiones que no parece que sean las que de ellos se derivan, sino las que estaban dispuestos a consensuar todos los magistrados, un mínimo común múltiplo. Quizás tengan razón los que afirman que la unanimidad termina siendo la dictadura de la minoría.

La sentencia acepta las premisas de la Fiscalía según las cuales la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal no tiene que ser forzosamente física, sino que puede ser también compulsiva, equivalente a la intimidación grave. El Tribunal, desde el punto de vista jurídico, fundamenta consistentemente esta interpretación, pero es que desde el mismo sentido común resulta difícil mantener otra tesis, cuando el artículo 473.2 considera agravante el hecho de portar armas, por lo que hay que suponer que el artículo 472 incluye también en el delito de rebelión otro tipo de violencia distinta de la militar o de la armada. Incluso el empleo de las armas puede surtir efecto con la simple amenaza, sin necesidad de utilizarlas.

La sentencia recoge también la tesis del Ministerio fiscal de que la violencia ha estado presente en los acontecimientos de Cataluña. Literalmente afirma: “La existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada”. Y, a continuación, pasa a analizar los principales trances en los que se ha producido esta violencia. Esta argumentación desbarataba la tesis de todos los que defendían que no se había producido el delito de rebelión porque no se había utilizado la violencia física.

Ahora bien, el Tribunal mantiene también y con toda lógica que no basta la presencia de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión, sino que se precisa que sea “instrumental, funcional y preordenada”. La violencia tiene que configurarse como instrumento y estar ordenada hacia alguna de las finalidades que marca el artículo 472; pero es que al menos las especificadas en los puntos 1 y 5 (derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, y declarar la independencia de una parte del territorio nacional) parecen adecuarse perfectamente a la perseguida por los procesados. Evidentemente es esto lo que otorga gravedad a esa violencia y la distingue de cualquier otra algarada por muy amenazadora que sea.

Hasta aquí todo parece ser totalmente coherente. Pero a partir de ahí comienzan los esfuerzos del ponente para retorcer los hechos y los razonamientos hasta llegar a la conclusión que se desea. No puede por menos que extrañar la afirmación de que “los actos paradigmáticos de violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se tratarían de actos de culminación de un proceso, no de actos instrumentales para hacer realidad lo que ya era una realidad”. No parece que con la violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se culmine nada, sino que constituye más bien un medio, un instrumento para conseguir la única finalidad perseguida a lo largo de todo el tiempo, la separación de Cataluña del resto de España. Esta es la causa final que informa todo el proceso desde 2012.

Todos los actos y pasos dados, unos violentos y otros no, son medios e instrumentos para obtener la finalidad última, la independencia proclamada unilateralmente y sin someterse a los mecanismos constitucionales. Ello no implica que algunos de estos medios, a su vez, no constituyan un fin intermedio para otros actos, pero todos reciben su sentido último de la causa final. Las leyes de desconexión establecían entre referéndum y secesión una conexión ineluctable, puesto que obligaban a que si el resultado del referéndum era positivo el Parlamento “debía” (no “podía”) declarar la independencia en cuarenta y ocho horas.

Afirmar, tal como hace la sentencia, que la finalidad de los independentistas era tan solo forzar al Gobierno central a la negociación, que todo fue un engaño a la población por parte de los dirigentes y que ellos mismos no se lo creían, así como mantener a posteriori que la secesión no tenía ninguna posibilidad de triunfar son aseveraciones gratuitas y totalmente contradictorias con los hechos. Los propios golpistas no solo se ratificaron en la finalidad de la secesión, sino que mantienen que lo volverán a hacer. Los secesionistas plantearon siempre la negociación como sí o sí y, de acuerdo con ello, el 20 de septiembre, el 1 de octubre y los días posteriores estaban ya en otro escenario diferente al de la negociación, el de la vía unilateral.

Por otra parte, los rebeldes disponían de todo el poder que concede controlar la Comunidad más fuerte de España, que cuenta con un ejército de 17.000 hombres armados, y nadie podía anticipar cuál sería el comportamiento de los mossos. Los sediciosos habían dedicado años a crear las estructuras de Estado. ¿Qué habría pasado si hubiesen logrado una respuesta internacional distinta y hubiesen consolidado su propia hacienda pública? Ellos mismos ponen el ejemplo de Eslovenia.

Que la secesión fracasase no es señal de que no se cometiese el delito de rebeldía. La misma sentencia reconoce que este delito pertenece, según la doctrina penal, a los delitos de consumación anticipada, es decir, que no se precisa esperar a que triunfe para considerar que el delito se ha consumado. Que el Estado no perdiese nunca el control de la situación no quiere decir que todo fuese una ensoñación o una quimera.

En fin, los magistrados, después de descartar el delito de rebelión, se ven obligados a hacer auténticas piruetas y cabriolas jurídicas e intelectuales para amoldar los hechos al delito de sedición. La unanimidad pretendida en la sentencia obligó al tribunal a forzar los argumentos para llegar a conclusiones que de ninguna manera se extraían de las premisas y convertir un delito contra la Constitución en un delito contra el orden público.

Pero, de cara al futuro, el resultado no tiene por qué ser el mismo, ni en el caso de la imputación y presunto juicio de los evadidos ni en la reacción judicial frente a un hipotético nuevo golpe de Estado. Al haberse abolido el delito de sedición, no hay ninguna razón para que el próximo tribunal se incline por el delito de desórdenes públicos agravados, tal como pretenden los golpistas y el Gobierno, y no por el delito de rebelión que seguramente se acercará mucho más a los supuestos de las transgresiones y atentados cometidos o que se cometan. El tiro puede salirles por la culata.

Republica 8-12-2022



VOY A POR TODAS

GOBIERNO, PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mar, agosto 23, 2022 09:03:19

Voy a por todas. Cuando se escuchan estas palabras de boca de Sánchez, no se puede por menos que sentir un cierto escalofrío. Emergen a la memoria todas las cosas que ha sido capaz de hacer para llegar a la presidencia del gobierno y mantenerse en ella. Sánchez ha chalaneado, ha engañado a todo el mundo, ha destruido a su antiguo partido para sustituirlo por una secta a sus órdenes. Se ha mostrado dispuesto a pactar si era necesario con el propio diablo, prometer lo que le pidiesen, pagar el precio que le exigieran, todo para continuar en el poder. Ha construido un mundo de embustes y mentiras que él mismo se ha llegado a creer. Cuando la realidad le ha zarandeado haciendo que viese que perdía elección tras elección y las encuestas una tras otra le eran desfavorables, ha gritado “voy a por todas”. ¿Hasta dónde será capaz de llegar si se encuentra entre la espada y la pared y ve que se le escapa el poder de las manos? Da miedo.

A por todas, no pone ninguna limitación. Todo es lícito, todo vale. El fin justifica los medios. De tanto pactar con los golpistas e independentistas ha asimilado su discurso. Desjudicializar la política. Es imposible encontrar una expresión más mendaz y menos democrática. En realidad, lo que se está pidiendo es acabar con el Estado de derecho.

La política es todo lo referente al gobierno de la polis, la ciudad, el Estado para los griegos. Tras muchos años de historia, después de múltiples vicisitudes, avances y retrocesos, la polis, el Estado moderno, se fundamenta en tres soportes básicos: democrático, social y de derecho. Estos atributos se complementan, se necesitan y ninguno de los tres puede realizarse plenamente sin que se den los otros dos. Así como, sin el carácter de social, el Estado se convierte en el consejo de administración de la clase dominante, sin el derecho, el Estado se transforma en tiranía o se hace despótico. La misma democracia necesita de leyes y de normas para realizarse.

Los golpistas catalanes prescindieron de las leyes y de la Constitución, declararon la soberanía de Cataluña y se proclamaron únicos representantes de los ciudadanos catalanes, sin reparar en que si habían sido elegidos era para el cometido y con las exclusivas competencias que les otorgaban las leyes y la Constitución. Se lanzaron a una revolución, pero desde el poder que les daba la Generalitat, por ello es lícito denominarles golpistas.

El Estado de derecho se impuso y frustró su propósito. Esa es la razón por la que exigen ahora que se desjudicialice la polis, la política, que desaparezca del Estado el derecho y la justicia. Sánchez les ha comprado el eslogan. En realidad no le ha costado mucho. Desde el principio ha tenido alergia a las leyes y a todo lo que coarte sus ansias de poder. Lo probó ya en su primera singladura como secretario general al no aceptar los límites que le imponía el Comité federal del partido e intentar frustradamente un golpe de Estado interno, aunque algún correligionario que le acompañó luego en el gobierno lo interpretase interesadamente como los idus de marzo.

A menudo en nuestra democracia se produce la unión no deseable en una misma mano del poder legislativo y el ejecutivo. Tan solo el judicial permanece independiente. Sánchez ha sabido unir con alianzas y pactos contra natura el ejecutivo y el legislativo, y encuentra como única limitación a su poder la de los tribunales. Por eso desde el primer momento ha pretendido controlarlos. De ahí la enorme ofensiva desatada contra el PP respecto a la elección del Consejo General del Poder Judicial. Incluso han acusado a la oposición de insumisión constitucional.

El PP ha estado más bien torpe a la hora de defenderse. Cuando no se llega a un acuerdo entre dos bandos, es evidente que los responsables serán ambos. No se puede hablar de bloqueo de uno solo. Pero es que, además, el PSOE lo que pretende (a tenor de que todos los vocales que propone son de lo más sectario) es continuar con el sistema de reparto, que es precisamente el contrario al espíritu de la Constitución, según la interpretación dada por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 29 de julio de 1986 (véase mi artículo publicado el 23 de septiembre de 2021 en este mismo diario digital y titulado “Trapicheo en la constitución del CGPJ”).

Sánchez, desde que se instaló en el poder, ha establecido un permanente forcejeo, más bien contienda, contra todos los ámbitos judiciales, de manera que se pudiesen retorcer las leyes a su antojo. La última, con la complicidad de la anterior dirección del PP, el nombramiento en el Tribunal de Cuentas de consejeros afines con el único objetivo de que cambiasen, por una parte, el criterio anterior del propio Tribunal, aceptando ahora el sinsentido de que una Administración pueda avalar la responsabilidad contable de quien ha robado a esa propia Administración. Y, por otra, rebajar la cuantía de las cantidades defraudadas por los golpistas del 1 de octubre. Para tales cambios se precisaba el concurso de la Fiscalía, pero la Fiscalía, al igual que la Abogacía del Estado, han dejado de ser instancias profesionales e independientes para ser una prolongación del sanchismo.

En aras de desjudicializar la política, tal como ha pactado con los independentistas, intenta que la Fiscalía retire la acusación a los dirigentes de ETA a los que se juzga por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y, del mismo modo, que se inhiba en los juicios pendientes en los distintos tribunales por los acontecimientos de la subversión del 2017 en Cataluña.

Bajo el eslogan de desjudicializar la política, los golpistas catalanes han pasado olímpicamente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y del Tribunal Supremo que había ratificado la sentencia del anterior, exigiendo la enseñanza del castellano al menos en un 25% en las aulas. El Parlament ha aprobado una ley con el concurso del PSC por la que se contradice de forma radical la postura de los tribunales y de la misma Constitución. Es más, la ley ha sido seguida de una instrucción del consejero de Educación catalán a los colegios, propia de un régimen dictatorial, prohibiendo el español hasta en los recreos y con comisario político incluido. Aplican al idioma español los mismos procedimientos que Franco utilizaba frente al catalán.

Uno se pregunta si hay que desjudicializar la política. ¿Por qué aprueban una ley? Parece ser que sus leyes sí son válidas. En el fondo lo que se está poniendo en cuestión a diario en Cataluña es un asunto de soberanía. Lo que se esconde detrás de la frase de los independentistas catalanes de desjudicializar la política es el empeño de librar a la polis (estado) catalana de la ley y de la justicia española.

Por eso resulta tan reprobable la postura del Gobierno. Lejos de recurrir la ley del Parlament ante el Tribunal Constitucional, con lo que la norma quedaría suspendida temporalmente hasta que se produjese la sentencia (la suspensión automática solo es prerrogativa del Gobierno), la asume, la jalea y la hace propia, con lo que se coloca también él en insumisión frente al Tribunal Supremo, cosa que ha hecho con frecuencia, y en cierto modo frente a la Constitución.  

En realidad, lo que Sánchez quiere ante todo es politizar la justicia, pretende hacerse con el control del Tribunal Constitucional. Con ese objetivo no tiene empacho en elaborar una ley (bueno, decreto ley, que es lo único que utiliza Sánchez) corrigiendo el que hace unos meses había hecho aprobar y que limitaba las funciones del CGPJ, privándole de hacer nombramientos; ahora se le devuelve tal competencia, pero limitada exclusivamente a la designación de los dos consejeros del Tribunal Constitucional que le corresponden y que es condición para que el Gobierno pueda hacer el nombramiento de los dos suyos. Todo es absolutamente descarado.

Sánchez se ha llevado ya algunos coscorrones del Tribunal Constitucional y, dada la forma de gobernar totalmente despótica, a base de decreto ley y con sumisión continua a las fuerzas que quieren romper el Estado, no es descabellado que se llevase alguno más. De ahí que persiga controlarlo, dado que tiene muchos asuntos pendientes y bastantes de ellos de verdadera importancia, como la sentencia de los ERE.

El Gobierno, siguiendo la senda de Tartufo, por una parte, afirma que respeta el veredicto de los tribunales, pero, por otra, ha salido en tromba en defensa de los dos presidentes de la Junta con el tópico de que ellos no se han enriquecido. Todos los ministros repiten que pagan justos por pecadores. Pero si ellos son los justos, ¿quiénes son los pecadores?

Nunca he entendido ese discurso que disculpa a los defraudadores con el argumento de que no se han enriquecido personalmente. Pienso que siempre existe enriquecimiento, aunque sea indirecto y no inmediato. Es más, en estos casos suele haber un agravante. Si el fin es la financiación de un partido, se está violentando la neutralidad que debe darse en el juego político. Algo parecido ocurrió con los ERE, se utilizó una enorme cantidad de dinero público para crear todo un mundo clientelar que garantizase el poder al partido socialista. Y más grave es aún la corrupción de los golpistas catalanes, que usaron múltiples recursos de la Generalitat para atentar contra el Estado y la Constitución.

Y en la cúspide de todos, aun cuando no este tipificada en el Código Penal y tenga apariencia de legalidad, se encuentra la corrupción de un gobierno que compra con mercedes públicas a otras fuerzas políticas para permanecer como sea en el poder.

republica.com 18-8-2022



¿GIRO A LA IZQUIERDA O POLITICA POPULISTA?

HACIENDA PÚBLICA, PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mar, agosto 02, 2022 19:20:03

Una de las primeras cosas que se aprende en la facultad de Economía es que esta disciplina se basa en un principio, el de la elección. Es el tópico dilema de cañones o mantequilla. Las funciones de producción limitan los recursos y fuerzan a la disyuntiva. La escasez es la característica esencial de los bienes económicos. Toda decisión debe estar sometida al coste de oportunidad, esto es, la alternativa o las alternativas a las que se renuncian, lo que se podría hacer con tales recursos de no efectuar ese gasto o prescindir de tales ingresos.

Entre las enormes diferencias existentes entre una política socialdemócrata y una populista se encuentra la consideración o no del coste de oportunidad. La primera tiene conciencia de que todo tiene un precio, y asume que los recursos deben orientarse a los objetivos mejores. No basta con que sean buenos, sino que deben ser los óptimos. La política populista, por el contrario, bien se  califique de derechas o de izquierdas, ignora el coste de oportunidad, supone que todo es gratuito; en ella se adoptan las decisiones como si los recursos fuesen infinitos, atendiendo exclusivamente a la rentabilidad electoral.

Actualmente existe en España, y en cierto modo también en Europa, una hegemonía de la doctrina populista. Tanto la autodenominada izquierda como la llamada derecha se han olvidado del coste de oportunidad. Unos venden sus ocurrencias en materia de gasto público como si el dinero cayese del cielo o como si el endeudamiento público no tuviese consecuencias a medio o a largo plazo. Los otros están dispuestos a reducir tributos con la misma alegría y, aunque se pronuncian partidarios de la estabilidad fiscal, parece que no creen que las rebajas de impuestos la afecten, solo el incremento de los gastos.

Ambos, Gobierno y oposición, a la hora de proponer medidas lo hacen con idéntica frivolidad y sin establecer su financiación, es decir, sin considerar la alternativa al gasto o a la reducción propuesta de ingresos. Desde esta perspectiva, ¿quién va a estar en desacuerdo con las dádivas planteadas por el Gobierno o con las laxitudes fiscales de la oposición? Nos movemos en el reino de Jauja, allí donde ha desaparecido la necesidad y todo es posible. Es el mundo del populismo.

Pero, permítanme que me centre en la política del Gobierno, precisamente por eso, por ser gobierno, ya que sus ocurrencias o desatinos, para desgracia de los ciudadanos, los puede hacer realidad. Eso no ocurre con la oposición. Es más, es muy posible que cuando asuma en algún momento el gobierno no tenga más remedio que llevar a cabo políticas muy distintas de las que ha defendido con anterioridad. En cualquier caso, ya habrá tiempo de criticar su labor si es que llega al poder.

Sánchez, cada vez que obtiene un mal resultado en unas elecciones o que las encuestas le son negativas, realiza toda una escenificación de giro a la izquierda de su política. Se olvida o no, pero, aunque no se olvide, sabe que no puede prescindir de ello, de su máximo lastre, que es mantenerse en el gobierno mediante la compra de votos de golpistas, independentistas y herederos de terroristas. Es más, de cara a una nueva legislatura, es consciente de que si tiene alguna posibilidad de gobernar será con las mismas ataduras. Por eso centra su estrategia electoral en escenificar una política de izquierdas, que es más bien populista. Un conjunto de medidas heterogéneas sin conexión ni coherencia. Es curioso que cuando las anuncia su discurso se centra principalmente en alardear de los cuantiosos recursos que se van a emplear, sin mayor concreción, y sin indicar nunca cómo se van a financiar. Parece que el mérito político radicara en la relevancia de la cuantía.

Bien es verdad que posteriormente resulta difícil comprobar si se han cumplido o no las previsiones. Hay, sin embargo, alguna excepción. El ingreso mínimo vital es de tal relevancia que se conoce bien la enorme diferencia que se ha producido entre el discurso triunfalista del ministro y del Gobierno en su conjunto y los desastrosos resultados obtenidos. Recientemente ha sido la propia AIReF la que ha criticado duramente la gestión de esta prestación social. En realidad, todos estos defectos estaban ya presentes en el diseño desde el inicio. De hecho, nada más publicarse el decreto ley, el 20 de septiembre de 2020, en este mismo diario publiqué un artículo titulado “El patinazo del Ingreso Mínimo Vital”, en el que criticaba con dureza el diseño y avisaba de los enormes problemas de gestión que iba a ocasionar.

Buena prueba de la veleidad que acompaña la política del Gobierno es su decisión de subir en un quince por ciento el importe de la prestación de los actuales beneficiarios del IMV. Lo lógico sería que el incremento coincidiese con el aumento de la inflación, a no ser que se reconozca que la cantidad fijada hace poco más de un año era incorrecta. El hecho de que haya sobrado más del sesenta por ciento de la partida consignada se debe no tanto a que la prestación sea insuficiente, sino a los muchos teóricamente beneficiarios que se han quedado fuera por la mala gestión y el deficiente diseño. Es más fácil incrementar un quince por ciento las ayudas actuales que corregir la norma y aumentar los beneficiarios.

Una de las últimas ocurrencias, el gratis total en cercanías, muestra también la improvisación y los vaivenes de la actuación del Ejecutivo. Se toma esta medida cuando hace pocos días se había acordado subvencionar tan solo el cincuenta por ciento. Tales cambios de criterio en tan corto plazo de tiempo tienen difícil explicación y sin duda son expresión de la frivolidad de una política sin consistencia.

La medida, por otra parte, no parece tener demasiada lógica. Primero, afecta exclusivamente a una pequeña parte de la población española. ¿Que dirán los extremeños? Segundo, se subvenciona al cien por cien a los viajeros del tren, que no han sufrido ningún perjuicio. La subida se ha producido en los carburantes y los damnificados son los usuarios del automóvil y el transporte por carretera. Se supone que la finalidad es incentivar que los ciudadanos abandonen el automóvil y opten por el tren. La medida es simplista porque el incentivo en todo caso ya existía, debido al elevado precio de la gasolina y el gasóleo y porque además va a existir una enorme desproporción entre el pequeño número de aquellos que debido a la gratuidad se trasladen al ferrocarril y el coste de eximir a todos los viajeros del pago del billete.

Da la impresión de que la aprobación está motivada por un cierto fanatismo que pretende criminalizar el uso del coche privado y que cree que la crisis de los carburantes se solucionará reduciendo el consumo. La Comisión Europea tampoco está muy fina, cuando después de la desastrosa política energética que ha aplicado -y a petición de los llamados hasta ahora países frugales, pero que en materia energética no lo son tanto-, se le ocurre como única solución pedir a los ciudadanos que consuman menos.

Pero quizás el ejemplo más claro de lo que es una ocurrencia populista se encuentre en esa medida que parecía recluida en el baúl de los recuerdos y que acaba de resucitar Iceta, el ministro apóstol de la reforma del delito de secesión. Me refiero a esa especie de lotería que les ha tocado a todos los nacidos en el 2004 (será por eso de ser el año del triunfo de Zapatero o porque tienen derecho al voto por primera vez), un bono de 400 euros para que se lo gasten en chucherías culturales.

Ante estas ocurrencias y otras muchas del programa populista de Sánchez surge una pregunta: ¿Dónde se encuentra la ministra de Hacienda? Tradicionalmente, el ministro de Hacienda ha sido siempre el malo de la película, el cancerbero que interceptaba las ocurrencias de los demás ministerios, que criticaba sus propuestas y que mejor o peor aplicaba el coste de oportunidad. Hasta ahora no se entendía que toda nueva medida no fuese acompañada del correspondiente informe de este departamento.

Hoy parece que el ministerio no existe. Sus técnicos se enteran por la prensa y se ven obligados a arreglar los desaguisados, una vez anunciadas con la mayor frivolidad las cosas más peregrinas. Casos especialmente graves los han constituido el IMV y ese bono de una sola vez de 200 euros para los más necesitados, ambos con normativa y condiciones tan descabelladas que han echado sobre la Agencia Tributaria toda una enorme e inútil carga de trabajo que le era totalmente ajena y que la apartaba de su verdadera finalidad, la gestión de los tributos y la persecución del fraude fiscal.

Lo que realmente no existe es una ministra de Hacienda. Sanitaria de formación y política de profesión, carece de la competencia mínima para ocupar ese puesto, con el agravante de que se trajo de Andalucía un equipo de características parecidas, y que se encuentra totalmente perdido en un ministerio de tamaña complejidad. Han sido ya dos los secretarios de Estado de Hacienda dimitidos al comprobar que el puesto les caía totalmente grande. En eso han tenido más honestidad que la propia titular del departamento.

La ministra, que ocupó durante algún tiempo la portavocía del Gobierno, ha suplido su falta de ideas y de discurso con una verborrea mareante, sin que nadie sea capaz de callarla, sea cual sea el tema. Antes muerta que sencilla. Su mayor virtud, el no poner ninguna objeción y decir a todo que sí ante su señorito, convertirse, en definitiva, en alfombra. No hay porque extrañarse por tanto que ahora la premien con la vicesecretaría general del partido. Bien es verdad que en el actual PSOE solo hay un cargo, el de secretario general.

En su afán por justificar lo injustificable de la política del Gobierno, Montero puede pronunciar los mayores disparates, como que la ley va a impedir que la banca repercuta a los clientes el nuevo impuesto que el Ejecutivo quiere imponer. Ya dirá cómo. La transmisión o no, dependerá del mercado y de la competencia que se establezca entre las entidades financieras. Pero este tema, el del impuesto a la banca, lo dejaremos para la semana que viene.

Republica.com 30-7-2022



¿SE HAN VUELTO DE DERECHAS LOS ANDALUCES?

GOBIERNO, PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, julio 03, 2022 22:44:31

A lo largo de los diez últimos días han sido muchos los comentarios vertidos en los medios de comunicación acerca de las elecciones andaluzas y sus resultados. Cada uno de ellos ha arrimado el ascua a su sardina. Son bastantes, todos los entusiastas del sanchismo, los que han intentado aislar Andalucía del resto de España y a Juanma Bonilla del Partido Popular. Hay quienes han llegado a manifestar que el candidato había escondido las siglas. Con todo ello pretenden establecer un cortafuego alrededor de Sánchez. Curiosamente, ocurrió lo mismo con Madrid, se esforzaron en afirmar que los resultados no eran extrapolables al resto de España.

Tras atacar de forma inmisericorde a Juanma Bonilla a lo largo de la campaña, ahora se deshacen en loas, ensalzan sus cualidades, su buena gestión y sobre todo su ponderación y centralidad. Se empeñan en contraponerlo a Ayuso y, cosa curiosa, lo único que destacan de las elecciones de Andalucía, es saber cuál de las dos versiones es la que va a triunfar dentro del Partido Popular. No sé si son dos visiones distintas. Lo que es indudable es que las dos han tenido éxito y que van a lograr gobernar en solitario en sus respectivas Comunidades, que es a lo que ambos candidatos aspiraban. No deja de ser llamativo que después de lo que ha ocurrido en Andalucía, la cuestión que preocupe al sanchismo sea una imaginaria división del Partido Popular. Como si en el PSOE no hubiese divergencias, ¿versiones distintas?, casi partidos diferentes.

Algo de común tienen las elecciones en Galicia, Madrid, Castilla y León o Andalucía, es que ha perdido la izquierda en su conjunto y, en algunos casos, estrepitosamente. He afirmado con frecuencia que hace tiempo que en España no se vota a favor sino en contra, y eso creo que ha pasado en todos estos comicios. No diré yo que todos los candidatos, cada uno en su medida, no haya tenido que ver en la victoria, pero por mucho que los altavoces sanchistas se empeñen, aislar a Andalucía y mantener los resultados al margen de la problemática nacional resulta incomprensible y absurdo.

Son muchos los elementos, unos esenciales otros más secundarios, que indican lo contrario. Por ejemplo, es difícil entender la debacle de Ciudadanos sin hacer referencia a la trayectoria nacional de esta formación política. El castigo electoral no iba desde luego orientado a Marín ni al resto de los consejeros que contaban con los mismos méritos que los del PP, sino a la caótica política de los responsables nacionales.

El Gobierno ha estado presente en la campaña desde el primer momento. No se puede olvidar que el candidato, al igual que en Madrid, ha sido el que impuso Sánchez; violentando todos los mecanismos democráticos y retorciendo la voluntad del PSOE andaluz, desplazó a Susana y colocó en su lugar a Espadas. Cómo evitar que los votantes viesen detrás de este candidato la sombra de Sánchez y cómo no suponer que entre los militantes existen muchos damnificados y en cierto modo resentidos. Los ministros y otros principales del partido, no andaluces, se han prodigado en todos los mítines y basaron en buenas medidas sus intervenciones en cantar las excelencias de las políticas del gobierno central y lo mucho que ha hecho por Andalucía. Enfocar así la campaña electoral era suicida. Sánchez, lejos de ser un activo, se ha convertido en un lastre, excepto, por supuesto, para Cataluña y el País Vasco.

Ciertamente, el resultado electoral de Andalucía puede calificarse de asombroso. Que la derecha haya obtenido 72 escaños frente a la izquierda que consiguió 37, y que además haya sido en Andalucía, cortijo durante mucho tiempo del PSOE, es ciertamente sorprendente. Pero, si el hecho se analiza con cierto rigor, lo verdaderamente asombroso sería que andaluces, castellanos, extremeños o aragoneses etc. voten a quien día a día está comprando su estancia en la Moncloa, a base de pagar a independentistas vascos y catalanes.

Todos los andaluces, o la mayoría de ellos, no se han hecho de derechas de la noche a la mañana, ni ningún candidato puede tener tanto carisma como para garantizar tales resultados. Los andaluces han reaccionado, al igual que en su momento los madrileños, frente a un gobierno y a unos políticos que están dispuestos a todo con tal de permanecer en el poder. Cada cesión que realizan a golpistas, filoetarras, independentistas y demás ralea, el resto de los españoles tienen que sentirlo como bofetadas.

Sánchez, aparte de establecer este mercadeo nacional en temas políticos y jurídicos, lo ha instalado también en materia económica. Actúa como si los recursos públicos fuesen suyos y, así, los reparte a su conveniencia. En la distribución de los fondos de recuperación se ha negado a fijar cualquier criterio como no sea el de la discrecionalidad, lo que le permite actuar de forma arbitraria según sus provecho. Y por ello tampoco ha tenido interés después de cuatro años de gobierno de reformar el sistema de financiación autonómica. Ello le permite tener las manos libres para retribuir y gratificar como desee a las Comunidades.

Esa es la razón de que haya resultado tan estridente la intervención de Lastra al señalar que el triunfo de Juanma Moreno obedece al dinero transferido por el gobierno central a Andalucía. En primer lugar, los recursos no son de Sánchez, aunque lo plantea como si saliesen de su bolsillo y, en segundo lugar, no existe razón alguna para pensar que Andalucía ha salido beneficiada en el reparto. Más bien al contrario, todos los indicios señalan que son Cataluña y País Vasco las agraciadas. Se precisa comprar los votos de los independentistas. Ahí quizás se encuentra la razón del castigo a Sánchez y del triunfo del PP en las andaluzas.

La izquierda a la izquierda del PSOE no puede sentirse más satisfecha en los comicios andaluces. Los diecisiete escaños con los que contaban han quedado reducidos a siete. Tiene su lógica, ya que su coyunda con el independentismo es incluso más intensa que la del partido sanchista y constituye además el nexo de unión entre unos y otros. El 14 de septiembre del 2017, cuando aún no se había constituido el Gobierno Frankenstein, escribí un artículo en este diario titulado “El coqueteo nacionalista de Podemos”. Manifestaba en él que resultaba inexplicable que la izquierda defendiese planteamientos tales como el derecho de autodeterminación o se situara a favor de aquellos que tratan de conseguir la desintegración del Estado.

La concepción marxista de que el Estado es el consejo de administración de la clase dominante queda muy lejos y lejos queda también la monarquía y el turnismo de finales del siglo XIX y principios del XX, y distante también el régimen franquista. El Estado actual, social democrático y de derecho, con todos sus defectos, es el único contrapeso a las fuerzas económicas y el mejor instrumento para reducir las desigualdades sociales. Por lo que se entienden mal las posturas anti estatales de la izquierda.

Quizás la única explicación del acercamiento de Podemos y de otras formaciones homólogas al independentismo es la prisa que han mostrado desde el principio para alcanzar el poder, incluso en alguna ocasión llegaron a calificar de fracasada a la izquierda que les precedió por no entrar nunca en el gobierno y ocupar en el tablero político un puesto secundario. Esa prisa por llegar al poder se plasma en dos hechos. El primero es su reiterado esfuerzo por pactar con el PSOE. Olvidando el discurso de las dos orillas, y el de programa, programa, programa, y sobre todo que el 15-M, movimiento del que ellos se sienten continuadores, surgió estando Zapatero en el gobierno.

El segundo ha sido el acercamiento a toda clase de partidos independentistas o regionalistas, y en muchos casos creando con ellos alianzas que terminaban por configurar un mapa de lo más heterogéneo, no solo en las siglas con las que se presentan a las elecciones, sino también en su discurso, pensando que así se podían obtener resultados mejores. Han pensado que tal vez en Comunidades como en Cataluña, País Vasco, Galicia o incluso Valencia y Baleares, esta postura podría resultarles rentable. Lo cierto es que en estas Comunidades, discursos nacionalistas suele haber muchos y a la hora de la verdad se prefiere el original a la copia. Por otra parte, cuando se defiende la soberanía de las regiones existe la tentación de que cada agrupación asuma vida propia y que se declaren cuasi independientes. Lo que está ocurriendo en Cataluña con Colau y sus seguidores es buena prueba de ello.

La contrapartida se encuentra en que sus potenciales votantes de otras regiones, de Andalucía, de Madrid, de Extremadura, de Castilla, de Aragón, etc. no verán con buenos ojos que aquellos partidos a los que votan por definirse como de izquierdas se coloquen a favor de las regiones ricas y se sitúen en el bando de los que están en contra de la solidaridad interterritorial. Los desastrosos resultados en las últimas elecciones andaluzas pueden explicarse en parte por ello.

Tampoco hay que descartar que la permanencia en el gobierno durante los dos últimos años haya colaborado a la derrota. Mientras estemos en la Unión Monetaria, resulta muy problemático, por no decir imposible, aplicar un programa de izquierdas coherente. Lo ocurrido en España con Rodríguez Zapatero y con Syriza en Grecia les debería haber hecho reflexionar, haber aplacado sus urgencias por llegar al poder.

No parece que el futuro pueda ser mucho mejor. El mirlo blanco que algunos ven en Yolanda Díaz plantea muchos interrogantes. Su proyecto en cuanto al tema territorial no varía un ápice del de Podemos. El mismo slogan escogido, “sumar”, está indicando que lo único que se pretende es agrupar lo que ya existe, e incluso añadir si es posible algún corpúsculo más. De hecho, su presentación con Oltra, Colau, la comisionada de Errejón, etc. no concita muchas esperanzas.

No, los andaluces no se han vuelto de repente de derechas. Simplemente es que desde esta perspectiva no encuentran muchas diferencias entre los partidos políticos. Más bien la única distinción que perciben es entre los que mantienen la igualdad de todos los españoles y los que defienden, o al menos contemporizan, con el supremacismo. Votan en consecuencia.

republica.com 30-6-2022



QUE PUTIN NO NOS HUNDA LA ECONOMÍA

ECONOMÍA, GOBIERNO, PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Jue, mayo 12, 2022 21:50:20

“No vamos a permitir, señoras y señores, que la guerra trueque esa evolución positiva de la economía española en nuestro país”. Así se explicaba Sánchez al presentar su “Plan de choque de respuesta a la guerra”. Lo hacía en ese foro en el que se siente tan a gusto, el del mundo empresarial y el del IBEX, y al que suele acudir a presentar sus proyectos y leyes, con anterioridad a exponerlo en el Parlamento, o a la oposición, incluso, a sus socios de gobierno y de coalición. Lo propio de un régimen autocrático. El caudillo no debe tener ninguna limitación. Solo aplausos y aquiescencia. Y para eso están siempre dispuestos los clientes agradecidos. La oposición estorba.

Sánchez es especialista en esconderse tras cualquier cosa con tal de echar culpas fuera. Ahora es Putin. Titula su plan de choque (de choque tiene poco) “de repuesta a la guerra”. Quiere dar la imagen de que la economía iba como un cañón con anterioridad a la invasión de Ucrania. “Una economía que había empezado a crecer de forma robusta y que está creando empleo de manera también robusta, en niveles históricos”. Todo muy robusto y que no falte la coletilla de “niveles históricos”.

“El año 2021 se cerró, como he dicho antes -continúa hablando Sánchez-, con un crecimiento del 5,1% del PIB, el mayor en dos décadas”. La afirmación no es errónea, pero el latiguillo final colocado con toda la intención puede inducir a confusión. Desde la Moncloa se hace esta triquiñuela de forma habitual y lo malo es que los medios de comunicación suelen repetirla. Es cierto que hay que remontarse veinte años atrás para encontrar un dato parecido, pero eso no constituye ningún éxito, ni la tasa representa nada excepcional al estar calculada sobre una base anormalmente baja, el PIB del año de 2020, tras ese derrumbe del 10,8%. Ante el titular, muchos ciudadanos se quedan en la creencia de estar en presencia de un buen dato, cuando constituye un incremento realmente pobre respecto al que cabía esperar, y que nos pone a la cola de todos los países europeos en el proceso de recuperación.

Lo verdaderamente ilustrativo es comparar el PIB de 2021 con el de 2019. La tasa es del 6,3% negativa. Es decir, el año pasado terminó con un PIB un 6,3% inferior al de 2019, lo que crea graves incertidumbres acerca de en qué año nuestro nivel de renta alcanzará el que teníamos antes de comenzar la crisis sanitaria, y desmiente radicalmente las palabras de Sánchez: “Estamos a punto de recuperar en tan solo dos años el PIB anterior a la pandemia”. La realidad es que nos encontramos muy lejos de ello y, además, a la cola de todos los países europeos. Muchos de ellos ya lo han conseguido.

En cuanto a los datos de nivel de empleo, variable a la que con más fuerza se agarra el Gobierno para mostrarse optimista, hay que interpretarlos adecuadamente. No deben separarse del número de trabajadores en ERTE y del de autónomos en cese de actividad, a los que no se puede considerar empleados aun cuando continúen afiliados a la Seguridad Social. Buena prueba de ello es el hecho de que las prestaciones que perciben se realizan con cargo al seguro de desempleo. Por otra parte, una evolución más positiva del empleo respecto al PIB solo indica que la productividad está descendiendo. Es por eso por lo que a las cifras que hay que acudir, y que son las realmente significativas, son las estadísticas de horas trabajadas.

Sumamente revelador es comparar las realizaciones con lo que el Gobierno, en la elaboración de los presupuestos, en octubre de 2020, esperaba lograr, que situaba como objetivos para 2021. El Gobierno presentó dos escenarios macroeconómicos. El primero es el que llamó tendencial, esto es, el que se conjeturaba que se produciría de acuerdo con las condiciones normales de la economía sin medidas adicionales de política económica. El segundo es el que teóricamente se iba a alcanzar mediante la actuación del Gobierno y la aplicación de recursos públicos, especialmente los derivados del fondo de recuperación europea, en el que Sánchez puso todas sus esperanzas.

El crecimiento del PIB previsto en este segundo escenario -y se supone que sobre el que estarían basando las cifras presupuestarias- era del 9,8%, es decir, nada menos que 4,7 puntos de diferencia sobre la tasa real que al final se ha conseguido, 5,1%, tasa que está por debajo (2,1 puntos menos) incluso de la que se preveía en el escenario tendencial (7.2%). Pero es que, además, ya casi al final del año, en el mes de octubre, en la presentación de los presupuestos de 2022, el Gobierno, en contra de las previsiones de todos los otros organismos, continuaba apostando, tal vez por voluntarismo, ignorancia o con mayor probabilidad por el afán de ocultar la realidad, a un crecimiento del 6,5%, es decir, 1,4 puntos por encima del que realmente ha sido.

Sería de suponer que una tasa real tan alejada de los objetivos que el Ejecutivo se había fijado, le llevaría a tomar una postura más bien humilde de aceptación del fracaso; también que daría una explicación de sus posibles causas y expondría la forma de superar los problemas de cara al futuro. Pero la actitud adoptada ha sido muy diferente. No dejan de hablar de crecimiento robusto. El presidente del Gobierno, la ministra de Economía, todos siguen la consigna, expansión robusta. La ministra de Hacienda no podía ser menos. Antes muerta que sencilla. También ella ha recurrido a la robustez de la economía para explicar la contención del déficit. La explicación, sin embargo, es otra muy distinta.

El déficit de 2021 (6,7% del PIB), aunque menor al esperado, no es como para lanzar fuegos artificiales, y desde luego está lejos de merecer ese tono triunfalista adoptado por la doctora ministra en su presentación. Acude a la misma táctica de siempre y que después copian los medios con titulares llamativos, el cotejo con los datos de 2020 (10,08%). Alardea de que es 4,1 puntos menor y un 38% más bajo, una disminución única, dice, en la serie histórica. Para el sanchismo todo es histórico. Siempre estamos en lo mismo, en la comparación con el año 2020, que fue totalmente anormal. Solo faltaba que mantuviésemos el mismo PIB, el mismo número de parados y el mismo déficit que el de ese año.

Lo que sí es verdad es que los datos facilitados por María Jesús Montero han desmentido las expectativas agoreras de todos aquellos que, desde los medios de comunicación, pronosticaban que, dado que los presupuestos se habían elaborado sobre un cuadro económico inflado, la recaudación sería inferior a la prevista y el déficit, por tanto, mayor. El razonamiento seria impecable a no ser porque no tenían en cuenta que interviene otro factor en el juego, la inflación. La inflación cuenta y mucho con respecto a las finanzas públicas. Existe una correlación entre los ingresos públicos y el PIB, pero el PIB nominal, en precios corrientes, incluyendo el nivel de precios.

Atendiendo únicamente a la parte real del crecimiento, PIB en precios constantes, la recaudación en 2021 tendría efectivamente que haber sido inferior a la prevista en los presupuestos, ya que el nivel de la actividad económica se mantuvo también por debajo de lo pronosticado, pero como la inflación ha alcanzado cotas muy superiores a las anunciadas, se ha compensado con creces el anterior desfase. El ejercicio se ha cerrado con un deflactor del PIB de 2,3 puntos por encima del que aparecía en el presupuesto y el índice de precios al consumo ha seguido una senda constante de crecimiento desde el 0% a principios de año hasta el 6,5% en diciembre. Ha sido la inflación la causante de la subida de la recaudación y de que el déficit no fuese mayor.

La ministra de Hacienda o bien es que no entiende nada de todo esto (lo cual es muy posible), o es que está dispuesta a mentir todo lo que sea necesario a mayor gloria del jefe (lo que es aún más probable). Insistió en la rueda de prensa en que el buen comportamiento de la recaudación y del déficit se debe a la expansión “potente” de la economía, lo que es falso porque, como ya hemos visto, el PIB creció mucho menos de lo previsto. Resulta evidente que el Gobierno ha visto en la subida de los precios un instrumento ideal para nivelar y con creces ese mayor déficit que se hubiera producido al ser la recuperación económica muy inferior a la anunciada.

A estas alturas de la película, parece que todo el mundo debería ser consciente de que la inflación incide positivamente en la cuantía de la recaudación, por lo que carecen de todo sentido las múltiples posturas farisaicas, anunciando todo tipo de males y catástrofes por indexar las pensiones al IPC. Se olvidan de que, si el gasto en pensiones sube con la inflación, en mayor medida lo hacen los ingresos del Estado, ya que estos tienen una elasticidad con respecto al PIB superior a la unidad.

Es curioso que aquellos que se oponen a que las pensiones se actualicen por el IPC sean los mismos que después insisten una y otra vez en denominar a la inflación el impuesto de los pobres, porque es precisamente en este ámbito donde, si las prestaciones no se regularizan, se hace cierta tal definición. Los jubilados verían gravadas sus remuneraciones por un importe equivalente a la subida de los precios y el Estado recaudaría una cantidad extra equivalente.

El problema solo aparece cuando el Gobierno pretende utilizar ese exceso de recaudación generada por la inflación a otros menesteres como puede ser, en los momentos actuales, para compensar el déficit de ingresos causado por el menor crecimiento de la economía. Es por ese motivo y mirando al futuro por lo que Sanchez ha sido tan reacio a combatir las subidas de los precios de las distintas clases de energía, bajando los impuestos correspondientes que gravan esos productos y renunciando al menos a la recaudación extraordinaria derivada de esta clase de tributación.

Lo que se entiende menos es que cuando al fin se ha visto obligado a hacer una pequeña concesión, como la de bonificar con veinte céntimos el litro de carburante, lo haya instrumentado como una especie de subvención, con una gran complicación administrativa y no, como sería más sencillo, como una simple bajada de impuestos. Sea cual sea la razón, lo que ha ocurrido es que debido a la incompetencia y falta de experiencia administrativa de este Ejecutivo y de sus cargos de confianza se ha generado un desbarajuste muy considerable, y si no que se lo digan a las gasolineras. De nuevo, al igual que con el ingreso mínimo vital se ha embarrado a la Agencia Tributaria en tareas que no le corresponden y la alejan de su auténtico objetivo, el control fiscal y la persecución del fraude. Bien es verdad que, si una galena puede hacer de ministra de Hacienda, por qué la Agencia tributaria no va a poder dedicarse al negocio de la gasolina.

Sánchez nos quiere hacer ver que las dificultades económicas han surgido con Putin, hasta el extremo de que su plan de choque contra la crisis económica lo ha tildado de respuesta a la guerra, pero ello resulta difícil de creer cuando, como hemos visto más arriba, antes del conflicto bélico e incluso antes de que este se vislumbrase el hundimiento de la economía española había sido el más pronunciado de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE, y el ritmo de recuperación el más bajo, de manera que nuestra economía es la que más se aleja de los niveles de 2019. A su vez, la inflación ha venido aumentándose a lo largo de todo 2021, hasta alcanzar en diciembre, mucho antes de que las tropas rusas invadiesen Ucrania, el 6,5%.

Sin duda, la guerra ha agravado la situación económica de toda la Unión Europea, especialmente disparando la inflación, pero alguien tendría que contestar a la pregunta de por qué nuestro país, siendo de los que se encuentran más alejados de Ucrania y de los que teóricamente tienen menor dependencia energética de Rusia, es uno de los que presentan mayores incrementos de precios. En el mes de marzo la tasa de inflación armonizada de España asciende a 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (7,5%). Tan solo Lituania, Estonia, Países Bajos y Letonia han sufrido mayores incrementos. Sin embargo, otros, y más representativos para nuestra economía, como Alemania, Italia, Portugal y Francia, etc., presentan respectivamente tasas mucho más reducidas (7,6%, 7%, 5,5% y 5,1%,).

Este fenómeno tiene especial gravedad, ya que el diferencial de precios con los otros países y la correspondiente pérdida de competitividad estuvieron en el origen de las crisis económicas que sufrió España en los principios de los noventa y en 2008. De la primera se salió con cuatro devaluaciones; en la segunda, al no poder devaluar por encontrarnos ya en la Unión Monetaria, la sociedad tuvo que sufrir una depreciación interior de precios y salarios con graves consecuencias sociales. Esperemos que no tengamos que enfrentarnos muy pronto de nuevo con una crisis de estas características.

Republica.com 7-4-2022



LA MESA DEL OPROBIO

CATALUÑA, PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, octubre 24, 2021 09:35:20

Pocas cosas harán, quizá, más daño a los políticos que la hemeroteca. La simple coincidencia en televisión en forma sucesiva de dos apariciones diciendo en la segunda todo lo contrario de lo que se decía en la primera tiene un efecto demoledor. Es una pena que la hemeroteca no se use también para algunos periodistas o tertulianos. Difícilmente sus discursos actuales casarían con los de hace algunos años. Este comportamiento es especialmente llamativo en sus comentarios y posiciones respecto a Sánchez. Sería curioso contrastar sus afirmaciones de hace un quinquenio con las actuales.

Esta versatilidad ha adquirido dos formas diversas. La primera es la de aquellos que actuaban como claros detractores de Sánchez, en la época en la que siendo secretario general del PSOE se enfrentaba a los barones y al Comité Federal de su partido, y que sin embargo han pasado a ser sus fervientes defensores en la actualidad.

La segunda es más lineal y continuada, sin saltos tan bruscos. Son aquellos que en la actualidad se enfrentan a las críticas y a los miedos de que tal o cual actuación se lleve a cabo, afirmando rotundamente que Sánchez no la ha realizado y que es imposible que la realice, pero que en cuanto este la lleva a efecto la defienden entusiásticamente. En múltiples ocasiones nos cuentan que es una línea roja que el presidente del Gobierno no traspasará nunca, pero cuando la cruza, el fiel tertuliano o periodista muda de opinión y nos pretende convencer de que lo acometido es bueno y fructífero. No iba a pactar, pero pactaba; no iba a conceder, pero concedía; no iba a indultar, pero finalmente ha indultado.

Ahora hay quienes nos quieren hacer ver que la mesa de diálogo es muy positiva para solucionar lo que llaman “el problema catalán”. Intentan hacernos creer que la estrategia de Sánchez está dando resultado y que el independentismo está más débil y dividido que nunca. No estoy seguro de que el soberanismo esté extenuado y fraccionado. Siempre han estado divididos, pero a la hora de la verdad pactan y terminan entendiéndose. Ponen por encima de todo sus creencias nacionalistas y secesionistas. Esquerra Republicana, que todos los días pretende dar lecciones de izquierdas en el Congreso por medio del meteco macarra que tienen como portavoz, no pacta con los Comunes o con el PSC, sino con los herederos del  tres por ciento y del partido más reaccionario de España. Y, ante la detención de un prófugo que cobardemente dejó tirados a sus compañeros y salió corriendo en el maletero de un automovil, todos se unen, engolan la voz para exigir (no pedir, exigir) la libertad del huido.

Pero, en cualquier caso, el presunto desfallecimiento del independentismo no sería mérito del actual Gobierno. Todo lo contrario. El interés de Sanchez por mantenerse en el poder es la baza más importante que mantienen los soberanistas. Si hoy una buena parte de ellos han cambiado de estrategia no es gracias a Sánchez, sino a la toma de conciencia de que en 2017 habían fracasado en sus planteamientos y de que, hoy por hoy, estos resultan imposibles. Han descubierto que no se puede pretender la independencia cuando sus partidarios no llegan al cincuenta por ciento de los ciudadanos de Cataluña. Así mismo, percibieron que no tienen apoyo internacional suficiente y, sobre todo, han comprobado que el Estado tiene los medios necesarios para contener y repeler cualquier intento de rebelión o sedición. Entre estos instrumentos, sin duda sobresale la justicia, que ha demostrado su autonomía, que puede mantener a raya a los golpistas y trazar líneas rojas que estos no pueden traspasar.

La nueva estrategia del soberanismo pasa por afianzar sus posiciones, conseguir más medios y competencias y ganar crédito internacional, de manera que la posible intentona dentro de unos años no fracase de nuevo. Las actuaciones de la Generalitat deben dirigirse a conseguir esos objetivos y a comportarse -en lo posible y en tanto en cuanto lo permita la justicia- de manera que se cree el imaginario de que Cataluña es ya un Estado independiente y de que no tienen otro gobierno distinto del autonómico.

En este sentido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lejos de resquebrajar el independentismo, constituye su mejor arma. Le sirve para conseguir sus objetivos. La mesa de diálogo colabora a dar esa imagen de haber conseguido ya de facto la independencia y de que solo necesita que sea reconocida de iure. La representación es algo infantil, pero puede tener eficacia. Se comienza por la permanente negativa a participar en reuniones como una Comunidad Autónoma más, y se continúa por exigir el establecimiento de una mesa de negociación al margen de todo entramado institucional. Se trata de dar la apariencia de una negociación de igual a igual entre dos naciones representadas por sus respectivos gobiernos.

Hay quienes con toda energía proclaman que en la mesa no habrá ninguna concesión esencial. No estoy seguro de ello. Tampoco iba a haber indultos y los ha habido. Pero es que, además, la simple constitución de la mesa es ya un triunfo para el soberanismo, principalmente cuando se admiten como cuestiones a discutir la amnistía y la autodeterminación. Hay temas que no pueden ponerse a debate, sobre todo en foros que no son competentes para ello. Aceptar su negociación es asumir ya unos postulados espurios. Es curioso, pero al mismo tiempo muy grave, que parte de la opinión pública haya pasado de escandalizarse ante esa posibilidad a considerarla como normal e incluso conveniente.

De ahí toda una serie de gestos que tienen mucho de  sobreactuación, pero que, no obstante, pueden tener su utilidad para los independentistas en aras de conseguir sus objetivos, y para que, tanto en Cataluña como en el resto de España, y también en el extranjero, vaya calando un relato falso. El Gobierno ha aceptado la pantomima y ha transigido que esa mesa que llaman de diálogo se constituya como una negociación entre dos delegaciones, de poder a poder, liderada una por el presidente del Gobierno y la otra por el presidente de la Generalitat. Y ha consentido también en que la primera reunión se celebrase en Barcelona.

Sánchez hace una inclinación exagerada ante la senyera, pero Aragonés manda retirar, además de forma ostentosa, la bandera española en su rueda de prensa. Nunca he dado demasiada importancia a las banderas, pero la tienen cuando los de enfrente se  la dan y la emplean para construir un relato falso. Ocurre igual con la monarquía. Su cuestionamiento, los desplantes al rey y el intento de poner veto a su presencia en Cataluña se llevan a cabo en realidad como boicot al jefe del Estado. El hecho de no reconocerle como tal es para los soberanistas, en ese imaginario que construyen, un signo de independencia. Por eso el silencio de Sánchez ante tal situación y su decisión de no condicionar sus relaciones con la Generalitat a que cese ese comportamiento es una vez más postrarse ante los golpistas.

Se pretende dar tal importancia a la mesa que van a ser seis ministros los que participarán en ella como si no tuvieran nada más que hacer y Cataluña fuese la única Comunidad Autónoma. El actual ministro de Cultura y Deporte, antiguo líder del PSC, asume las tesis de los sediciosos cuando compara esta mesa con la que se creó en Vietnam al final de la guerra. Incluso, se supone que, de manera inconsciente, hasta el mismo presidente del Gobierno, cuando debería decir “el resto de España” habla de España como contrapuesta a Cataluña, como si esta Comunidad ya no perteneciese a España.

Aun cuando en tono un tanto chulesco los golpistas afirmen que lo único que quieren negociar es la amnistía y la autodeterminación, en la mesa se terminará acordando la transferencia de nuevas competencias y privilegios económicos que servirán para abrir una mayor brecha entre Comunidades, con la consiguiente injusticia. ¿De qué si no hablaron Sánchez y Aragonés durante dos horas? Además, se dará el contrasentido de que, por una parte, se vaya a primar precisamente a los sediciosos, con lo que se crea un incentivo para que otras Comunidades continúen por el mismo camino, y, por otra, se les va a conceder medios e instrumentos que incrementaran las posibilidades de éxito en una nueva intentona.

Lo que resulta quizás más irritante es la postura de los llamados barones del PSOE, especialmente los de aquellas Comunidades que no tienen ninguna veleidad nacionalista. Presencian impasibles cómo se va a beneficiar a una Autonomía en perjuicio de las demás. Y, lo que es peor, cómo se intenta robar a los ciudadanos de su Comunidad la soberanía sobre una parte de España. Todo lo más, hacen alguna manifestación pública, siempre comedida y limitada a la afirmación de que no se va acordar nada que perjudique al resto de los españoles, cuando saben fehacientemente que no va a ser así. El Estado de las Autonomías es un sistema de suma cero.

No, la mesa llamada de diálogo no tiene nada que ver con la utilidad pública ni con la solución del llamado problema catalán. Va a ser, lo es ya sin duda, de interés, por todo lo dicho a lo largo del artículo, para los independentistas y más en concreto para Esquerra Republicana. También, será de provecho y de mucho provecho para Sánchez a fin de mantener unido el bloque Frankenstein y permanecer de ese modo en el poder. Pero, desde luego, no es útil ni para Cataluña ni para el resto de España.

republica 30-9-2020



MEDALLA DE ORO EN VACUNAS Y RECUPERACIÓN

PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Sáb, septiembre 04, 2021 08:48:23

En una cosa estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, en los momentos actuales la mejor política económica consiste en una eficaz e inteligente lucha contra la pandemia. Esta crisis es muy singular. Su génesis es exógena, no endógena. No se ha generado por factores económicos, tal como la de 2008, que obedeció a unos exorbitantes desequilibrios comerciales y financieros entre los países, inasumibles a medio plazo. La crisis actual se ha originado por una onerosa situación social, creada al margen de la economía y proveniente del mundo de la sanidad, una terrible pandemia. Que la actividad económica se recupere antes o después dependerá en buena medida de los éxitos obtenidos en el ámbito sanitario.

Si la política económica de este Gobierno, disfrácese como se disfrace, deja mucho que desear y el PIB del año 2020 se desplomó un -10,8%, situándose a la cabeza de todos los países de la Unión Europea en tasa negativa (el de la Eurozona fue del -6,5%), quizás sea en parte porque la lucha contra la pandemia ha sido un auténtico caos. La pugna contra el Covid, al revés de lo que afirma Sánchez, ha mostrado los problemas que el Estado de las Autonomías tiene a la hora de afrontar una crisis tan intrincada como la actual. El Gobierno, aparte de haber situado los intereses políticos por encima de los sanitarios, se ha mostrado impotente a la hora de ofrecer soluciones; ha sido un quiero y no puedo, un coitus interruptus. No ha existido planificación ni racionalidad ni coherencia.

Por citar tan solo el último caso. Cuando estábamos ya en la quinta ola, al Gobierno lo único que se le ocurre para infundir optimismo es eliminar la obligación de llevar mascarilla al aire libre, añadiendo la coletilla de la necesidad de guardar un metro y medio de distancia. Adición, esta ultima lógica, pero por ello innecesaria para la montaña, el campo o la playa, o tal vez también en ciertos parajes poco frecuentados, pero norma impracticable en la mayoría de ciudades y pueblos. ¿Cómo mantener el metro y medio de distancia? Aunque muchos ciudadanos con cierta prudencia optaron por llevar la mascarilla en todos los espacios, aunque estuviesen al aire libre, otros muchos se sintieron legitimados (lo había autorizado el Gobierno) para quitarse la mascarilla en cualquier espacio  abierto, fuese cual fuese la densidad de población en él. A la ministra de Sanidad, en el culmen del papanatismo, se le escapó aquello de la sonrisa, mostrando hasta qué punto eran esas las intenciones de Sánchez, lanzar un mensaje optimista que se tradujera en un clima favorable hacia el Gobierno. Lo cierto es que para algunos la sonrisa se ha transformado en una mueca lastimera.

Paradójicamente, las Comunidades, de forma bastante generalizada, han estado a la altura. Cada una de ellas se ha esforzado por salvar los muebles como ha podido, a pesar de no contar con los medios necesarios y teniendo enfrente a un Gobierno central que pretendía seguir mandando, pero que entorpecía más que ayudaba. El resultado no podía ser otro que un mapa totalmente heterogéneo, donde cada Autonomía campaba por su cuenta, tanto más cuanto que los distintos tribunales a los que había que someter muchas de las medidas que se adoptaban mantenían criterios dispares. El escenario, visto con perspectiva, es anárquico y caótico, y si no fuese porque se trata de un tema tan serio, cómico.

Pedro Sánchez, en una de esas homilías a las que nos tiene acostumbrados, sacó pecho vanagloriándose de que nuestro país va a la cabeza de la recuperación económica y es, según él, medalla de oro en la vacunación. “Imaginen un país que va primero en vacunación y que lidera las previsiones de recuperación económica. Ese es nuestro país” A pesar de que Sánchez lleva tiempo apuntándose tantos en el tema de la vacunación, el Gobierno central no ha tenido ni arte ni parte en ello, como no sea en el papel de mensajero. Todo el mérito es de los gobiernos autonómicos, que han actuado francamente bien en una logística complicada y que podrían haber ido a mayor velocidad si hubiese funcionado mejor el suministro. Tampoco en esta fase ha tenido nada que ver Sánchez, ya que se acordó que la adquisición se realizase por la Comisión centralizadamente y para toda la Unión Europea.

Bruselas, en este aspecto también se ha cubierto de gloria. El suministro ha sido un cuello de botella para nuestras Autonomías y se supone que para todos los países. No se explica que conociendo el coste que tenia la pandemia en términos económicos o, a la inversa, el beneficio que se obtendría de adelantar lo más posible la vacunación, se haya racaneado con el precio de las dosis, perjudicando la velocidad del suministro. Parece que no entendieron -o lo entendieron solo al final- que lo mejor para la economía de la Eurozona consistía en acelerar la vacunación todo lo más posible.

Por otra parte, si nuestro país está a la cabeza en el porcentaje de inmunización se debe también en buena parte a la resistencia que se da frente a la vacuna en amplias capas de población de otras naciones. Quizás hubiese sido en este último aspecto en el que podría haber intervenido el Gobierno, comprando directamente los excedentes que otros países se veían obligados a vender por no poder utilizarlos a corto plazo, ya que muchos de sus ciudadanos se declaraban negacionistas, si no del virus, sí al menos de las vacunas. Tampoco en esto el Gobierno se movió ni un ápice. Continuó, sin embargo, anclado en el triunfalismo, y atribuyéndose los logros que no le correspondían.

En su comparecencia Pedro Sánchez se vanaglorió también de que nuestro país lideraba las previsiones de recuperación económica. Hay un error de base, o más bien un engaño premeditado, por parte del Gobierno. Fijan la recuperación en la mayor o menor cuantía de las tasas de crecimiento o de empleo de 2021, sin tener en cuenta el suelo del que se parte, el desplome de los índices en 2020. Es lógico que en el presente año e incluso en 2022 nuestra economía presente mayores tasas que las del resto de países, dado que en 2020 la caída también fue mucho mayor.

Para conocer el ritmo de recuperación y relacionarlo con el de las otras naciones hay que examinar la cuantía que alcanzan determinadas variables en los momentos actuales, así como las que prevemos para el futuro, y compararlas con los valores que tenían antes de la pandemia, es decir en 2019. Sabremos así en qué medida nos acercamos a la recuperación. Llegaremos quizás al convencimiento de que nuestro país está lejos de liderar las previsiones de recuperación económica, y que se encuentra más bien a la cola de las otras naciones respecto al momento en que es previsible que retorne a los valores previos a la crisis.

Con la publicación de los datos de paro registrado del  pasado mes de julio y de la encuesta de población activa del segundo trimestre se ha hecho presente un discurso tan triunfalista como falaz, y lo malo es que los medios de comunicación repiten este mensaje y lo transmiten, unos por ignorancia y otros por malicia, sin ningún discernimiento ni análisis. Los titulares fueron de este cariz: «La afiliación marca un nuevo record en julio, 19,6 millones de trabajadores, y se produce una histórica caída del paro, 197.841 personas». La mayor caída del paro registrada jamás en toda la historia económica, titulaba El País.

Con Sánchez y sus acólitos todo es histórico, grandioso, lo más de lo más, los datos, los fondos europeos y cualquier otra cosa. En realidad, lo único que de verdad es histórico es la pandemia y por tanto atípico todo lo que sucede dentro de ella. Para calibrar el valor real de cualquier dato hay que cotejarlo con aquellos similares previos al inicio de la crisis sanitaria. De esta manera las conclusiones son muy diferentes. Toda otra comparación puede conducir a error, tanto más si lo que se pretende es engañar.

El paro registrado, según el Ministerio de Trabajo, alcanzó en el mes de julio del presente año la cifra de 3.416.498 trabajadores, a los que hay que sumar los 331.486 que estaban a 31 de julio en ERTE, que, en realidad, independiente de cuál sea su destino final, en este momento es un paro encubierto. El paro registrado en julio de 2019, según las oficinas del SEPE, ascendía a 3.011.483. Lo único que tienen de histórico estas cifras es que hay 736.501 parados más de los que teníamos en julio de 2019. A resultados parecidos se llega en cuanto al número de parados si empleamos los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año.

Solo podremos empezar a hablar de recuperación cuando nuestro PIB alcance al menos el nivel que tenía en 2019 y el número de parados se reduzca hasta la cota en la que se encontraba ese mismo año. E incluso entonces no vamos a poder decir en sentido estricto que la recuperación es total. Primero, porque es de suponer que en estos dos años algo hubiese crecido el PIB y algo se hubiese reducido el paro. Bien es verdad que el descenso de esta última variable se había desacelerado desde que Sánchez ocupaba el colchón de la Moncloa. Segundo, porque el stock de la deuda pública mantendrá en esa fecha, previsiblemente 2022, 2023, un valor considerablemente más elevado que el que alcanzaba antes de la pandemia, lo que se va a convertir en una losa para la economía española en los próximos años.

Está lejos de mi intención culpabilizar de todo a Sánchez y a su Gobierno. La epidemia y sus consecuencias están afectando a todos los países. Pero las respuestas son distintas y he ahí donde comienzan las responsabilidades de los políticos. Solo después de algún tiempo se podrán comprobar con nitidez los resultados. Lo que desde luego no es de recibo es que los gobiernos pretendan ocultar sus errores detrás de la crisis, y mucho menos que, tal como hace el español, pretendan con interpretaciones torticeras apuntarse medallas que no les corresponden. Pedro Sánchez suele repetir con frecuencia en sus homilías que él está por la recuperación y no por la crispación. Lo dice quien ha crispado primero a su partido y después a toda España desde que fue elegido secretario general del Partido Socialista.  

republica.com 19-8-2021



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