ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

La palabra aprovechategui se ha hecho famosa, viral, como se dice ahora. La verdad es que resulta altamente expresiva y aclaratoria de los planteamientos de Ciudadanos. No está en el diccionario de la Real Academia, pero podría incorporarse como una versión light de aprovechado, oportunista. El presidente del Gobierno hizo diana -por mucho que después le criticasen- al calificar así el comportamiento de Rivera. A estas alturas, exigir una aplicación más dura del artículo 155, cuando parece que quedan tan solo días para que en Cataluña haya gobierno de la Generalitat y decaiga por tanto el citado artículo, es un buen ejercicio de postureo, y de aprovechar (de ahí lo de aprovechategui) el cabreo y la ignorancia de la gente.

Aprovecharse hace siempre referencia a algo, normalmente de algo, cierto y concreto. Y en este caso lo concreto es el caos que se ha creado en Cataluña y los errores cometidos por los partidos nacionales; pero ahí se encuentra el oportunismo de Rivera, porque es tan culpable o más que los demás. Todas las formaciones políticas se han enfrentado al tema de Cataluña sin dejar al margen sus intereses electorales y sin considerarlo, por tanto, un problema de Estado, el problema más crítico que sin duda tiene hoy España.

Por supuesto que esto afecta en primer lugar a Podemos que, de forma increíblemente paradójica y por el único motivo de cosechar votos en las regiones con fuertes movimientos nacionalistas (aprovechategui), defiende el derecho de autodeterminación que, aparte de constituir un desatino desde el punto de vista teórico, es totalmente contradictorio con la ideología que afirman profesar. ¿Cómo conciliar los principios de la izquierda con las pretensiones de las regiones ricas (que son las únicas que pretenden la independencia) de romper los lazos de solidaridad con las regiones menos desarrolladas? La sucursal en Cataluña de Podemos (con Colau a la cabeza) afirma que no es independentista, pero lo cierto es que termina situándose en la mayoría de los conflictos a favor de los golpistas y de sus postulados.

Pero ese oportunismo electoral ha estado también presente en el resto de los partidos nacionales y ha provocado que la actuación del Gobierno en Cataluña haya sido extremadamente lenta y tibia, permitiendo que el secesionismo llegase a límites que nunca se deberían haber consentido. El PSOE, arrastrado por las ambivalencias del PSC y en el afán de desgastar a Rajoy, durante mucho tiempo se situó en una extraña equidistancia: si bien criticaba duramente al independentismo, no lo hacía nunca sin censurar al mismo tiempo al Gobierno acusándole de no hacer política en Cataluña. Bien es verdad que resulta difícil saber a qué tipo de política se refería, porque no creo que el modelo sea la de Zapatero en su época. De aquellos polvos, estos lodos.

El artículo 155 se ha aplicado en Cataluña tarde y mal. Tarde, porque durante mucho tiempo ninguna de las formaciones políticas quería oír hablar de él. Es posible que el Gobierno estuviese perezoso en su aplicación, pero con 134 diputados resulta perfectamente comprensible que, a pesar de tener mayoría en el Senado, desease ir acompañado. El PSOE, una vez más arrastrado por el PSC, hasta el último momento y cuando ya la declaración de la independencia fue un hecho, estuvo oponiéndose a la aplicación del 155 y, diga lo que diga ahora Rivera, los portavoces de Ciudadanos repitieron como papagayos una misma frase: “Aplicar el artículo 155 es como matar moscas a cañonazos”.

Se aplicó mal porque desde el primer momento se le puso plazo de caducidad convocando unas nuevas elecciones. El PSOE, empujado una vez más por el PSC, deseaba una aplicación mitigada y por el plazo más breve posible, y Ciudadanos insistía sin cesar que se aplicase el 155 pero con el único objetivo de convocar elecciones. El error era evidente. Tras treinta años en los que el nacionalismo había ido copando las instituciones y consolidando un imaginario y una estructura separatistas, pretender que en tres meses era posible invertir la situación no dejaba de ser una inocentada o un puro espejismo. Ciudadanos podía sacar un buen resultado, como así ocurrió. Pero resultado inútil en la práctica, puesto que le era imposible formar gobierno. Aun cuando las fuerzas independentistas hubieran perdido las elecciones (las perdieron en votos), dadas las diferencias existentes en las fuerzas constitucionalistas, tampoco hubiera podido gobernar.

No podemos rasgarnos ahora las vestiduras acerca de la situación creada. Era bastante previsible. El 2 de noviembre y el 28 de diciembre del año pasado, desde estas mismas páginas alertaba yo de los errores cometidos y del escenario kafkiano que se podía presentar. Llarena tiene razón cuando afirma que el golpe de Estado continúa latente y, en base a ello, mantiene las prisiones preventivas por la más que probable intención de reincidencia. Esta se ha expresado de forma clara en las actuaciones de los fugados al extranjero, especialmente de Puigdemont, y se ha hecho más evidente aún con la designación de Quim Torra como candidato a la Generalitat, y el discurso que este ha pronunciado en su investidura manifestando su predisposición a perseverar en el proceso de ruptura con España.

Quim Torra, propuesto ciertamente por Puigdemont pero con la aquiescencia de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, no ha dejado demasiadas dudas. Piensa reconstruir lo poco que el 155 había desmontado de la estructura golpista. Va a crear una comisión al efecto, así como también piensa relanzar, financiadas con fondos públicos, las llamadas embajadas, órganos de propaganda del independentismo catalán en el exterior. Al mismo tiempo, va a retomar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, entre ellas la de transición.

Parece que estamos en el “como decíamos ayer” de Fray Luis de León. ¿Qué hacer ante este escenario? Aferrarse, tal como hacen tanto el PSOE como el Gobierno, a que una cosa son las palabras y otra los hechos, y que solo se puede actuar cuando los hechos son delictivos, resulta muy arriesgado. Imaginemos que un grupo de generales hubiesen organizado un golpe de Estado y tras desbaratarlo y pasados unos cuantos meses colocásemos de nuevo a esos militares o a otros similares en los mismos puestos y nos dijesen sin ambages que están dispuestos a continuar con el golpe, y con el pretexto de que solo son palabras y no hechos pusiésemos en sus manos personal y material que facilitasen sus intenciones y esperásemos pacientemente para actuar a que el golpe se perpetrase de nuevo. ¿Sería lógico o más bien demencial?

Hoy, los golpes de Estado, al menos en España, no los dan los generales, sino los presidentes de las Comunidades Autónomas, y no son los fusiles ni los cañones los instrumentos apropiados, sino los inmensos medios personales y materiales que les otorga su posición, especialmente si se trata de una de las regiones más ricas de España; y la violencia no radica tanto en la física, como en la coacción, el tumulto y el sabotaje. En ese aspecto, tiene sentido la modificación del Código Penal, que ahora propone Pedro Sánchez, respecto al delito de rebelión para adaptarlo a los tiempos actuales. La pregunta es por qué no se hizo antes, durante todos estos años en los que se anunciaba el golpe de Estado que se pensaba dar o, mejor, por qué en 1995 se hizo una redacción tan sumamente mala. Plantearlo ahora en pleno proceso solo puede inducir a confusión.

Se dirá que a los generales los elige el Ejecutivo central y a los presidentes de las Comunidades Autónomas, sus respectivos parlamentos. Es cierto, pero los eligen como resultado de unas elecciones autonómicas y para gestionar una Comunidad, no para dar un golpe de Estado. El Parlamento de Cataluña, en contra de lo que afirman los independentistas, al igual que cualquier otro parlamento autonómico, no es ni soberano ni poder constituyente, tan solo poder constituido y únicamente sobre las competencias transferidas del Estado. ¿Es lógico poner en manos de Torra la inmensa fuerza y el poder que le dan los medios y recursos de la Generalitat, entre ellos el de disponer de un cuerpo armado de 17.000 hombres, cuando afirma tajantemente que va emplear todo ello en un objetivo ilegal y delictivo en contra de más de la mitad de los catalanes y de la totalidad del resto de España? ¿Hay que esperar pacientemente otra vez a que los secesionistas terminen de armarse de nuevo, y esta vez se supone que de forma más eficaz, para dar el golpe definitivo? O incluso, ¿habrá que aguardar a que, como afirma la muy avispada y aguda Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el golpe triunfe y el desenlace sea irreversible? Rajoy y Sánchez han pactado aplicar de nuevo el artículo 155 tan pronto como los independentistas infrinjan la ley. Deberían considerar, no obstante, que los secesionistas también han aprendido, que estarán preparados para dicha eventualidad y que tal vez reaccionen de distinta forma que la primera vez. La cosa ahora no va a ser tan fácil.

Ciudadanos tiene razón para alarmarse, pero lo que no es de recibo es que esta situación, cuando se es al menos tan culpable como los demás en su génesis, se use como instrumento para desgastar al Gobierno. De ahí lo de aprovechategui. Rivera reprocha al Ejecutivo el haber llegado a un cierto pacto secreto con el PNV orientado a conseguir su apoyo en la aprobación de los presupuestos, cuya contrapartida sería permitir la formación de gobierno en Cataluña y que así decaiga el 155. De ahí que Rajoy, según Rivera, no haya recurrido el voto delegado de Puigdemont y Comín. Puede ser cierto o no, pero de lo que no cabe duda es de que el Gobierno tiene que ir con pies de plomo en los recursos, porque todo aparente revés tiene un efecto bumerán y contraproducente y además se le deja solo. Bastó un informe negativo del Consejo de Estado en el recurso que se iba a presentar al Tribunal Constitucional contra la investidura de Puigdemont para que le lloviesen las críticas, entre ellas las de la formación naranja. Por cierto, que más tarde se vio lo oportuno que resultó tal recurso y su importancia estratégica.

No es ningún secreto que Rajoy deseaba la constitución de un gobierno en Cataluña. Es posible que por muchos motivos. Uno, que él, como todos, no estaba seguro de lo que podía salir de unas nuevas elecciones. Otro fundamental sin duda, la necesidad de que el PNV aprobase lo presupuestos. Situación ciertamente chirriante, la de que la gobernabilidad de España dependa una vez más del nacionalismo vasco, y que este pueda chantajear condicionando la solución a tomar en el problema catalán. No obstante, puestos a reprochar este estado de cosas, Ciudadanos debería mirar más bien a su izquierda (ver mi artículo de la semana pasada).

Rajoy cometió a mi entender un grave error, el de aceptar gobernar con 134 diputados y con un simple acuerdo de investidura. Debería haber consultado a su amiga la señora Merkel. Tampoco el SPD quería esta vez entrar en el gobierno, pero la canciller se negó en redondo a gobernar si no era en coalición. Es verdad que ante los enormes retos a los que se enfrentaba España la primera propuesta de Rajoy fue la constitución de una gran coalición, pero lo cierto es que ni siquiera Ciudadanos quiso entrar en el gobierno. Eso le ha permitido a Rivera una postura muy cómoda de Pepito Grillo y que deteriora fuertemente al Ejecutivo.

El tema entraría dentro de lo normal y allá cada partido con su estrategia, su política y sus expectativas, pero adquiere otras dimensiones cuando salpica un asunto tan fundamental para España como el de Cataluña. En esta materia todo desgaste del Gobierno se transforma por desgracia en una erosión de la posición del Estado, y toda división mostrada agriamente entre las fuerzas constitucionalistas, una rendija que el independentismo aprovecha inmediatamente.

La situación sin duda es grave. Está claro que legalmente el acuerdo tomado en octubre por el Senado no da más de sí. El artículo 155 de la Constitución lo importamos, como tantas cosas, del extranjero, concretamente de Alemania, pero también como en tantas cosas, lo hicimos sin tener en cuenta otras, en este caso el resto de circunstancias diferenciales. En Alemania están prohibidos los partidos políticos secesionistas, cosa que no ocurre en España en la que no solo están permitidos, sino que se les consiente llevar en su programa el objetivo de delinquir. Quizás eso explique que en nuestro país el artículo 155 se quede a mitad de camino al no contemplar de forma clara y explícita la suspensión de la Autonomía, (incluyendo incluso el parlamento) lo que en Alemania no es necesario. Y eso explica también que a los jueces alemanes y a la opinión pública de ese país les cueste tanto comprender la gravedad de las actuaciones cometidas por los independentistas catalanes y que las comparen con la ocupación de un aeropuerto, además de permitir que desde su territorio se conspire tranquilamente para romper España.

La situación es grave, pero el Estado español cuenta aún con muchos instrumentos para controlarla siempre que los partidos constitucionalistas quieran y adopten de forma unánime una postura firme y enérgica, reaccionando inmediatamente ante cualquier reto, y no permitiendo el rearme de las instituciones soberanistas. Pero, sobre todo, huyendo de la tentación de convertir Cataluña en un asunto electoral y deponiendo cualquier actitud oportunista o de aprovechategui.

republica.com 18-5-2018

Han sido múltiples las ocasiones en las que desde esta misma tribuna he manifestado mi convencimiento de que los problemas planteados en Cataluña tienen su origen en buena parte en la política española, y son los errores del Estado español y de sus representantes los que impiden, también en gran medida, su solución. Pero no, como a menudo se dice, porque hayan faltado, y falten, diálogo y mano izquierda. Todo lo contrario. A lo largo de varias décadas, los partidos nacionales y el gobierno de turno han sido totalmente permisivos con el nacionalismo y han ido incubando con sus cesiones un monstruo que se ha adueñado de Cataluña y que ahora es difícil de combatir. Es por ello por lo que resulta tan patética e hipócrita la postura adoptada por Felipe González, Aznar o Zapatero cuando en la actualidad se empeñan en dar lecciones de cómo enfrentar el problema catalán, ya que han sido ellos los que nos han conducido a la situación presente anteponiendo sus conveniencias de partido a los intereses generales.

Tampoco en los últimos años, a pesar de haber hecho ya su aparición con todas sus consecuencias la sedición, las fuerzas políticas y sociales han estado muy finas. Frente a un movimiento independentista que ha sabido sobreponerse a cualquier división ideológica o de clase y aúna las posturas más enfrentadas supeditando todo al objetivo del secesionismo, los partidos llamados constitucionalistas, bajo un disfraz de unidad, actúan en función de sus diferencias y de sus intereses; no desaprovechan ocasión para utilizar la cuestión catalana en su lucha partidista y de acuerdo con su provecho electoral.

La oposición no tiene reparo alguno en usar lo que ocurre en Cataluña como medio para desgastar al Gobierno, situándose en una equidistancia inadmisible. Cuando se critica a Rajoy y al PP por haber, según dicen, judicializado la política, en realidad lo que se hace es debilitar al Estado. Esto lo saben perfectamente los independentistas y por eso eluden presentar su procés como ofensiva frente a la otra mitad de Cataluña e incluso frente al Estado español; sino que, lo plantean como una lucha de todo el pueblo de Cataluña contra un gobierno (el del PP) opresor. En este punto Inés Arrimadas estuvo muy acertada en su intervención en la investidura fallida en el Parlament. En realidad, los únicos que han judicializado la política son los propios independentistas, ya que, al adentrarse en el ámbito de la delincuencia, por fuerza tenían que provocar la reacción de la ley y la justicia.

Se afirma que en la solución de los problemas de Cataluña ha escaseado la política, lo que puede ser cierto, pero en sentido opuesto de lo que a menudo se entiende. No es que hayan faltado el diálogo y las concesiones, sino que quizás de lo que se haya carecido sea de la firmeza del Estado para imponer por vías políticas la ley y la Constitución. Sin duda, el origen puede encontrarse en primer lugar en la vacilación y debilidad del Gobierno, pero no puede olvidarse que el PP cuenta tan solo con 134 diputados y que es lógica, por tanto, su aspiración a sentirse acompañado en las medidas que tiene que adoptar en Cataluña. Ahí se encuentra quizás la explicación de que el art. 155 se haya aplicado tarde y mal. Tarde, porque se debería haber instrumentado mucho antes, pero nadie deseaba hacerlo; mal, porque se ha hecho de forma vergonzante convocando inmediatamente elecciones e incidiendo lo menos posible en las instituciones catalanas, hasta el punto de dejar actuar sin control alguno a los medios de comunicación públicos a favor del secesionismo (ver mis artículos del 2 de noviembre y del 28 de diciembre del año pasado en este periódico digital).

A menudo se reprocha al Gobierno, incluso al servicio exterior del Estado, su apatía y quizás su ineficacia para neutralizar el discurso secesionista en el extranjero, pero resulta difícil contrarrestar y desenmascarar las mentiras del nacionalismo, cuando partidos como Podemos mantienen un alegato similar, o cuando Ada Colau y las organizaciones sindicales no tienen reparo en manifestarse junto a ANC y Ómnium Cultural portando las mismas pancartas y poniendo en cuestión la democracia y el Estado de derecho de España. ¿Cómo extrañarnos de que representantes del SPD hagan declaraciones ambiguas en Alemania, si las manifestaciones del PSC (formación que pertenece a la misma familia política) gozan de idéntica ambivalencia y se apuntan a las críticas en contra del Tribunal Supremo?

La tercera vía y el buenismo de los partidos de la oposición, de las organizaciones sindicales, de algunos medios de comunicación y de ciertos creadores de opinión dificultan y complican la lucha contra el independentismo. Ahora bien, el problema adquiere una gravedad mucho mayor cuando la confusión se promueve desde el propio Gobierno. Por eso han resultado tan sumamente improcedentes las manifestaciones del ministro de Hacienda afirmando de forma tajante que no se ha empleado un solo euro público ni en el procés ni en el referéndum. Resulta bastante evidente el daño que se ha podido infligir a la investigación judicial y me imagino la cara de asombro que se le ha debido de quedar al juez Llarena y en general a todos los magistrados del Tribunal Supremo. No tiene nada de extraño que todos los acusados y huidos, así como sus abogados, se hayan agarrado inmediatamente a locuacidad del ministro y la estén usando no solo ante los jueces españoles, sino también ante los tribunales extranjeros.

El estupor, desde luego, no es privativo de la judicatura, me atrevo a adelantar que incluso es mayor entre todos aquellos que conocemos, aunque sea parcialmente, la complejidad de las finanzas de cualquier unidad económica, y no digamos de una Comunidad Autónoma como Cataluña compuesta por 13 o más consejerías, 200 o 300 direcciones generales, múltiples delegaciones territoriales, con un presupuesto anual cercano a los 25.000 millones de euros, amén de un conglomerado de más de doscientas entidades públicas, cada una con su contabilidad propia, y de la naturaleza más variopinta: organismos autónomos, fundaciones, empresas, consorcios, etc. ¿Ante una cantidad tal de recursos y un panorama tan complejo, alguien en su sano juicio puede acreditar que no se ha gastado ni un solo euro público en la aventura independentista?

Una afirmación de tal calibre por parte del ministro de Hacienda es grave, sin duda, por las implicaciones negativas que puede tener sobre el procedimiento penal que se sigue contra los independentistas catalanes; pero es aún más grave por la estulticia que demuestra y el desconocimiento que manifiesta de los medios y limitaciones que tiene el control del gasto público. Un sistema de control, por muy perfecto que sea, no puede garantizar que se haya eliminado toda posibilidad de fraude, tan solo minimiza su viabilidad. Cualquier auditor sabe que su trabajo está sometido a la contingencia de que la información que le faciliten sea veraz. De ahí que se apresure, por ejemplo, a poner limitaciones al alcance y exija la carta de manifestaciones.

El ministro de Hacienda ni siquiera puede asegurar de forma absoluta que no exista malversación de recursos públicos en su propio ministerio y eso a pesar de contar con uno de los instrumentos más potentes para evitarlo, la Intervención General de la Administración del Estado; lo mismo que no puede prometer que va a desaparecer el fraude fiscal, por mucho que disponga de la Agencia Tributaria. La corrupción, al igual que el fraude fiscal, se puede minimizar, pero difícilmente eliminar, del mismo modo que no es posible aniquilar la delincuencia. Montoro suele vanagloriarse de ser el ministro de Hacienda que va a ocupar el puesto durante más tiempo. La cuestión es si a pesar de ello va a percatarse en algún momento de su cometido. Uno tiene la impresión de que, al menos en materia de control del gasto público, va a pasar por el cargo sin romperlo ni mancharlo, es decir, sin enterarse de nada.

En sus meteduras de pata el ministro parece estar unido fatídicamente con Rivera. Ha sido el líder de Ciudadanos el que, mostrando un total desconocimiento de lo que es el sector público, se ha empecinado en pedir responsabilidades al Gobierno por el dinero que los independentistas hayan podido gastarse en el referéndum. No es la primera vez que Ciudadanos hace gala de la más radical ignorancia de la Administración y de la Hacienda Pública, ni es la primera vez que arrastra al Gobierno al mayor de los ridículos.

A ello me refería el 15 de junio del año pasado desde estas mismas páginas en un artículo titulado A Montoro no le gustan los interventores: “Todos aquellos que conozcan mínimamente la Administración –escribía- no habrán podido por menos que quedar estupefactos al leer en la prensa que el Consejo de Ministros, en su reunión del 2 de junio, acordó llevar a cabo una revisión integral del gasto del conjunto de las Administraciones públicas… El encargo se realiza a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las conclusiones deberán estar disponibles a finales de 2018… Resulta insólito que se pretenda inspeccionar de golpe todo el sector público, y que para ello se encomiende a un organismo carente de medios y de experiencia, que como mucho es tan solo un mediocre servicio de estudios, muy inferior desde luego al del Banco de España”.

En el mismo artículo indicaba yo “que tan maravillosa idea parecía tener su origen en el pacto firmado con Ciudadanos, necesario para que Rajoy alcanzase la investidura. Eso es lo malo de tener que aceptar las exigencias de un partido que desconoce totalmente la Administración y el sector público, cuyos miembros no han regido ni un pequeño ayuntamiento y que, además, huyen de las responsabilidades de gobierno y orientan su actuación política en función tan solo de todo aquello que tiene buena prensa”.

Lo peor del asunto es que Ciudadanos continúa impertérrito en los mismos errores. El partido que ha centrado toda su actuación política en luchar, según dicen, contra la corrupción, ha reducido su actuación en esta materia a ejercer funciones inquisitoriales, pero a estar ausente de cualquier planteamiento serio para el futuro, ya que ignora radicalmente el funcionamiento de la Administración, y todas sus propuestas -eso sí, manifestadas con mucha arrogancia- son ideas de Perogrullo. Hace pocos días en una tertulia en televisión aparecía su portavoz de economía, Toni Roldán, mostrándose plenamente satisfecho y orgulloso de la auditoría que gracias a ellos la AIReF estaba realizando de la totalidad del sector público. Dejaba relucir tal nivel de desconocimiento de la materia, y sus palabras, por muchos másteres que muestre en el currículo, comportaban tal simplificación del tema, que daban ganas de echarse a llorar.

Los múltiples sumarios de corrupción que campan por los tribunales dan buena muestra de que su eliminación es una utopía; pero, eso sí, al mismo tiempo se puede extraer de ellos algunas interesantes conclusiones. La casi totalidad de los casos se han producido en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, lo que tiene una explicación obvia: la falta de independencia de los órganos de control (los interventores son nombrados y retribuidos por los responsables políticos) de estas administraciones públicas. La situación es bastante diferente en la Administración central, por eso en las escasas ocasiones en las que la corrupción ha salpicado al presupuesto del Estado lo ha hecho en las entidades carentes de un interventor in situ y donde el control se ejercita a posteriori mediante auditorías, por ejemplo, en las sociedades estatales, y donde, en consecuencia, el riesgo es mayor.

Todo lo anterior confirma las dificultades que existen para que el Ministerio de Hacienda, con 155 o sin 155, controle las finanzas de la Generalitat e impida de forma total que fondos públicos se destinen a finalidades delictivas o espurias. Su enorme envergadura, la complejidad de su estructura, las deficiencias en sus mecanismos de control interno y la contaminación por el secesionismo de una buena parte de la Administración autonómica dificultan enormemente esta labor. Haría falta que Montoro hubiera desplazado a Cataluña en su totalidad a los colectivos de funcionarios, interventores y auditores del Estado y técnicos de contabilidad y auditoría, y así y todo no se podría haber asegurado al cien por cien que no se hubiesen desviado fondos públicos al procés. Por otra parte, existe una malversación que va unida simplemente al empleo indebido de los medios personales y materiales de la Administración y de los entes públicos. La utilización de colegios, centros sanitarios, recursos informáticos, empleados públicos, medios de comunicación, etc., en actividades ilegales o delictivas constituye también corrupción y malversación de fondos públicos.

Es muy probable que durante todos estos meses los servicios del Ministerio hayan establecido un buen sistema de control de los gastos y pagos de la Generalitat, pero hasta donde es posible hacerlo, desde el exterior y a distancia. ¿Qué garantía hay de que las anotaciones, certificaciones, papeles, etc., que mandan desde Cataluña sean correctos y que los fondos se dirijan a la finalidad señalada? ¿Cómo estar seguros de que las inversiones y las subvenciones se han aplicado al objetivo adecuado y no han sufrido desviaciones? ¿Es que acaso Montoro y Rivera esperaban que los gastos del referéndum apareciesen correctamente documentados en facturas y explicitados en la contabilidad? Habría que preguntarles si son conscientes de que existen las facturas falsas, la doble contabilidad, los fondos de reptiles, las cajas b, la contabilidad creativa, la ingeniería financiera, la evasión de capitales, etc., etc. Circuitos e instrumentos difíciles de detectar si no es por medios y mecanismos policiales. De ahí que no tenga nada de extraño que sea la Guardia Civil (con las posibilidades que le concede el hecho de ser policía judicial) la que pueda haber localizado recursos públicos malversados que seguramente serán tan solo una parte de todos los desviados a finalidades ilegítimas.

No nos puede sorprender que quienes poseen un desconocimiento tal de la Administración como para suponer que la AIReF puede auditar la totalidad del sector publico piensen que desde unos despachos a muchos kilómetros de distancia se puedan controlar todas las cuentas de la Generalitat hasta el extremo de garantizar que no se ha desviado ni un solo euro y hacer responsable al Gobierno de España de lo contrario. Montoro ha caído en el mismo despropósito que Rivera. Y en lugar de reírse de él y reprocharle su desconocimiento de la Administración y sus planteamientos simples e imberbes, ha entrado al trapo, ha sacado pecho y ha puesto la mano en el fuego de que no se ha desviado un solo euro. Es evidente que va a achicharrarse, pero además ha dado muestras de una enorme frivolidad y de una desmedida osadía.

republica.com 27-4-2018

¿Cómo hablar de unión monetaria cuando los tipos de interés que cada país paga por su deuda pública son dispares? ¿Cómo mantener la libre circulación de capitales sin armonización fiscal, social o laboral? ¿Cómo compaginar una moneda única con un presupuesto comunitario del 1,2% del PIB? Los que reiteradamente hemos venido señalando los enormes defectos que la Unión Europea tiene en materia económica deberíamos haber imaginado que no iba a funcionar mejor en el área judicial.

Ha bastado con que se presentase un caso inusual y de excepcionales consecuencias para que se demostrase fehacientemente que tampoco en este aspecto se da unidad alguna. No es solo que cada país, tal como se ha visto, tenga códigos penales diferentes, lo cual hasta cierto punto es lógico, sino que algo tan elemental como conseguir que ningún país pueda servir de refugio a los fugados de la justicia de otro país de la Unión hace aguas. El procedimiento especial para reclamar a los huidos no funciona y termina creando problemas insolubles.

Primero fue Bélgica. Todo fue afirmar que este país era un caso especial, dividido en dos mitades casi idénticas y una de ellas suspirando por la independencia. Después, Reino Unido, dado que la cesión tenía que provenir de Escocia, tampoco ofrecía muchas esperanzas. Pero se suponía que Alemania era otra cosa. Por eso la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein nos ha devuelto a la realidad, una realidad francamente negativa.

No me extraña que haya dificultad para interpretar el artículo 472 del código penal, no en vano lo redacto López Garrido. Pero ese no es el tema. Un profano en derecho puede analizar el auto del tribunal alemán desde dos ópticas diferentes sin adentrarse en vericuetos jurídicos. La primera referida a los aspectos formales, la segunda en cuanto al contenido. Desde la primera perspectiva, y sin prejuzgar el fondo jurídico del asunto, se produce una disyuntiva evidente: o bien los jueces alemanes se han extralimitado en su función o bien el procedimiento de la euroorden es una total chapuza. Los hechos son incuestionables: un tribunal regional de un país de la Unión Europea, en dos días de estudio ha puesto patas arriba una instrucción judicial de seis meses del tribunal supremo de otro país de la misma UE, y dictaminando, además, sobre un presunto delito, delito de una suma gravedad, cometido en el ámbito territorial y por un ciudadano de este último país.

En la práctica, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha actuado como si fuese un tribunal europeo de segunda instancia (cuando aún no hay sentencia) y no en función de las relaciones de mutua confianza de las instancias judiciales de dos países soberanos y ambos miembros de la UE, firmantes de los mismos acuerdos internacionales, con ordenamientos jurídicos que se suponen similares y con los mismos cánones democráticos. Da la sensación de que ha juzgado más bien al Tribunal Supremo español que a un presunto delincuente fugado de la justicia española, con el agravante de que esta no puede recurrir el auto del tribunal alemán, cosa que sí podría haber hecho el expresidente de la Generalitat en el caso de que la decisión hubiese sido la contraria. Habrá que preguntarse si la supremacía que Alemania ejerce en materia económica no pretende mantenerla también en el ámbito judicial.

Puigdemont en España hubiese sido absuelto o condenado por rebelión, tras un largo proceso, por un tribunal (en el que no hubiera podido figurar el juez instructor) que habría realizado un examen minucioso de las pruebas aportadas tanto por el ministerio público y la acusación privada como por la defensa. Con la euroorden, en dos días ha sido “absuelto” por un tribunal extranjero sin que se haya dado voz a la acusación privada y con un ministerio público que ha tenido que actuar por figura interpuesta, y sin la comprobación de demasiadas pruebas. Ciertamente, el tema chirría.

La situación es tanto más aberrante cuanto que la audiencia territorial de Schleswig-Holstein, al absolver en la práctica a Puigdemont del delito de rebelión, condiciona el proceso de todos los acusados en España. La rebelión es un delito colectivo y como mínimo resultaría extraño que al jefe de la banda no se le procesase por él y sí a sus segundos o terceros espadas. De forma indirecta, un tribunal regional de Alemania viene a interferir de manera sustancial en el problema más grave que en estos momentos tiene España, e incluso -aunque muchos países no sean conscientes de ello- uno de los principales problemas de Europa, el nacionalismo. Y lo ha hecho como el que no quiere la cosa, de forma tangencial, en dos días y con un auto orientado principalmente a modificar las medidas cautelares de un fugado.

Se mire como se mire, la situación creada es kafkiana y los efectos sumamente negativos para España y para Europa. Me imagino que muchos de aquellos que inocentemente continúen creyendo en la UE se habrán llevado una buena sorpresa. No se trata de cuestionar lo que se ha decidido, sino quiénes y cómo lo han decidido. El resultado es tan aberrante que la conclusión, como decíamos al principio, solo es posible por una de estas dos realidades, o el tribunal alemán ha sobreactuado y se ha excedido en su cometido al entrar a juzgar las pruebas y a decidir si en el golpe de Estado realizado en España ha habido o no violencia, o la euroorden parece ser que solo es útil para delitos simples y flagrantes. Imaginemos lo que ocurriría si Alemania reclamase a España un presunto terrorista y los jueces españoles (una audiencia provincial) se dedicasen a investigar si el acto cometido es o no terrorismo y a analizar si las pruebas, acerca de si lo ha perpetrado realmente la persona reclamada, son totalmente concluyentes. Y todo eso a distancia y en 48 horas (muchas obras en horas 24 pasaron de las musas al teatro, que decía López de Vega).

La segunda perspectiva con la que se puede analizar la actuación de la audiencia territorial de Schleswig-Holstein es examinando el contenido del auto, pero no desde el punto de vista jurídico, sino tan solo desde la coherencia interna de las afirmaciones que realiza. El auto mantiene que Puigdemont no es un preso político, solo faltaba. Acepta que el 1 de octubre hubo violencia y responsabiliza al entonces presidente de la Generalitat al menos de esa violencia. No es de extrañar que no cite más actos de violencia, ya que en dos días es imposible que haya examinado el expediente completo. Pero lo realmente sorprendente es lo que se añade después. Se afirma que esta violencia no fue suficiente para doblegar al Estado, y que por lo tanto no se puede hablar de rebelión o, en su terminología, de alta traición.

O sea, vamos a ver si nos entendemos. ¿Solo se puede acusar de rebelión o de alta traición cuando se ha doblegado al Estado, es decir, cuando el golpe ha triunfado? Pienso que entonces, nunca. A ver quién acusa y condena a los vencedores de una rebelión. Salvando las distancias, me pregunto si con este criterio se hubiera podido juzgar a los protagonistas del 23-F, ya que el golpe fue derrotado. Es verdad que durante unas horas se violentó la voluntad del Estado al secuestrar el Parlamento o pasear tanques por Valencia, pero nunca fue doblegado el Estado. Lo grave no fue lo que pasó, sino lo que hubiese podido suceder si el golpe no hubiera sido derrotado.

Pero, trasladando el criterio al caso del procés, también aquí se ha forzado la voluntad del Estado, al celebrar, mediante la violencia y utilizando un cuerpo armado de 16.000 hombres, un referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, al haber declarado la mayoría del Parlament la independencia de Cataluña y aprobado unas leyes que anulaban la Constitución, el Estatuto y la legislación vigente para sustituirlas por la de un nuevo Estado catalán que se declaraba soberano, o al haber proyectado ocupar por la fuerza puertos, aeropuertos y demás sitios estratégicos e incautarse de todos los organismos oficiales y servicios públicos incluyendo la recaudación de los impuestos. Aquí también lo grave no es lo que ocurrió, sino lo que hubiera podido acontecer de triunfar la rebelión. En este último caso, hay incluso un agravante y es el de que actualmente el golpe no está desarmado por completo y sus autores, como se puede comprobar todos los días por las declaraciones de Puigdemont, no han renunciado a su propósito.

La señal más inequívoca de la frivolidad con que ha actuado la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein lo constituye el hecho de que compara toda una conspiración criminal preparada durante cinco años, utilizando importantes instrumentos públicos y de poder y orientada a segregar la región más rica de la nación en contra de la mayoría de su población y de la Constitución española, con unas manifestaciones ecologistas en contra de la ampliación de un aeropuerto en Fráncfort, por muchos heridos que se hubiesen originado en este último caso.

Me pregunto cuál hubiese sido el veredicto de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein si hubiese tenido que juzgar al Gobierno de Baviera por haber declarado la independencia de su land y por haber cometido las mismas tropelías realizadas por el Consejo de Gobierno de la Generalitat. Supongo que lo primero es que nunca se hubiese dejado una decisión de tal trascendencia en manos de un tribunal de tercera fila como una audiencia territorial y hubiera sido uno superior el competente. En cualquier caso, continúo preguntándome ¿de qué se les acusaría?, ¿únicamente de haber defraudado a la hacienda alemana?

Me pregunto también ¿cuál hubiera sido la reacción de la ministra de justicia alemana, socialdemócrata ella? ¿Hubiera afirmado que en Baviera al igual que en Cataluña hay que empezar a considerar los aspectos políticos del problema? Supongo que no se referirá a la posibilidad de legalizar un referéndum, ya que el Tribunal Constitucional alemán, al igual que el español, lo ha vetado y además su Constitución es mucho más expeditiva que la nuestra, no solo prohíbe los referéndums de autodeterminación, sino que ilegaliza los partidos secesionistas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Imagino que por eso a los alemanes les cuesta entender lo que ocurre en Cataluña.

No obstante, es posible que no haya que ser excesivamente duro con la postura de la señora Katarina Barley. Tal vez no se le pueda exigir una correcta información del tema cuando un partido político como Podemos defiende abiertamente los referéndums de autodeterminación de todas las regiones de España, y cuando Pedro Sánchez, correligionario socialista de la ministra, manifiesta reiterativamente que al problema de Cataluña hay que darle una solución política. Eso sí, nunca dice en qué consiste.

republica.com 13-4-2018

Si algo no puede negarse a los secesionistas catalanes es que saben cómo explotar la comunicación. En esto se nota que es un independentismo de alto standing, con influencias, nacido en las clases ilustradas y con recursos, educado en Harvard y en foros internacionales, aunque sea con becas de la Caixa. Tiene estrategia a la hora de saber colocar el mensaje y convertir en verdad una mentira a base de repetirla. Primero fue el “España nos roba”, que sirvió para atraerse a las clases populares, siempre dispuestas a creerse cualquier mantra, y convencerlas de que era España (las regiones más pobres, pletóricas de vagos y gandules) la causa de sus problemas y dificultades. La arcadia estaba en la independencia.

Más tarde, popularizaron el derecho a decidir, expresión eufemística para referirse a la autodeterminación, precisamente porque eran conscientes de que este concepto no se podía aplicar a Cataluña. Tanto lo repitieron que la democracia parecía quedar circunscrita al derecho a la independencia. En los momentos actuales se ha abandonado el eslogan “España nos roba” (por increíble, al ser Cataluña una de las regiones más ricas del país) por el de “el Estado nos reprime”, que es más fácil de enmascarar y hacer pasar por verosímil. Ahí se incardina el objetivo de nominar como presos políticos a los detenidos por golpistas y malversadores.

En esa ayuda que la tercera vía proporciona al secesionismo, el primero que habló de presos políticos fue Enric Juliana. En un artículo en La Vanguardia, cuando no había aún nadie en la cárcel, arguyó que Europa no toleraría presos políticos, dando a entender que los futuros detenidos, de serlo, lo serían por este motivo. No hay una definición exacta y uniforme del término; es claramente ambiguo, pero eso quizás es lo que se pretende para poder emplear el doble lenguaje, arma preferida por el independentismo.

El concepto de preso político se podría identificar con el de preso de conciencia y de opinión; se referiría a la persecución de la libertad de pensamiento, de expresión, de religión o de asociación, etc. Entendidos así, es evidente que en España hace muchos años que desaparecieron. Y afirmar su existencia actual es un insulto para todos aquellos que lo fueron en el pasado. Es un chiste afirmar que el nacionalismo está perseguido en España cuando desde la Transición lleva gobernando, de una o de otra forma, tanto en el País Vasco como en Cataluña; y en cierto modo en España, a través del PSOE o del PP, cuando estos partidos carecían de mayoría absoluta. No solo el nacionalismo, sino que, a diferencia de Alemania, se permite la existencia de partidos independentistas o secesionistas, incluso cuando estos mantienen abiertamente en su programa que están dispuestos a conseguirlo por cualquier medio. Por eso se entiende mal que cierta prensa del país germánico ponga en duda la libertad de los que profesan la ideología secesionista en España, teniendo en cuenta que Alemania tiene prohibida en su Constitución la existencia de formaciones políticas que mantengan este propósito.

Pero hay otra forma de entender el término. A los independentistas se les suele contestar que en España no existen presos políticos, sino políticos presos. Pero habría que añadir algo más: políticos presos, pero por delitos cometidos en cuanto políticos. La gravedad de estos delitos se encuentra es que son ejecutados desde una estructura de poder, abusando del cargo que se ostenta. Este grupo incluiría, por ejemplo, la prevaricación, el cohecho, la malversación y, por supuesto, el golpe de Estado.

El concepto de golpe de Estado comenzó a usarse en la Francia del siglo XVII, designando una serie de actos y de medidas violentas y repentinas adoptados por el rey, sin respetar la legislación ni las normas. A lo largo del siglo XIX, el término se fue ampliando para significar la acción violenta de un componente del Estado, por ejemplo en España las fuerzas armadas, con el fin de modificar el ordenamiento jurídico o el gobierno, sin atenerse a los canales establecidos para ello. El golpe de Estado se diferencia de la revolución en que mientras esta se realiza desde abajo, desde la base social, desde el pueblo o desde una facción del pueblo, el golpe de Estado se lleva a cabo de arriba abajo, desde una estructura de poder, que no tiene porqué ser forzosamente la militar. Ambas figuras coinciden sin embargo en el objetivo de pretender modificar la legalidad vigente sin seguir los caminos establecidos. A la ley no desde la ley, sino desde la fuerza, desde la violencia.

Actualmente uno de los temas más debatidos es si en estos últimos meses ha habido o no violencia en la actuación del secesionismo catalán, a efectos de poder calificar su conducta de rebelión. Es fácil recurrir a los listados de la guardia civil, o incluso de los mossos d´escuadra, para encontrar más de 350 casos en los que se han empleado métodos violentos. Pero antes que ello conviene considerar que todo golpe de Estado, por el hecho de realizarse desde el poder, implica fuerza o violencia, que no tiene que ser necesariamente física. Se utiliza la preeminencia y los instrumentos que proporciona el cargo para imponer al margen de la ley y contra la ley una nueva ley, y ello solo puede realizarse violentando la voluntad de la ciudadanía.

Ya de por sí el poseer el gobierno de la Generalitat concede un alto grado de poder y fuerza al soberanismo, pero el hecho de haber estado desde siempre en el gobierno de Cataluña le ha permitido a lo largo de todos estos años crear unas fuertes estructuras sociales de poder que le han dotado de los mecanismos necesarios de coacción y fuerza para doblegar contra su voluntad al menos a la mitad de los catalanes. Frente a ellos se ejerció violencia en el intento de forzarles a aceptar un nuevo ordenamiento político que no deseaban y también se ejerció frente al resto de españoles al pretender arrebatarles de forma ilegal y también contra su voluntad la soberanía que según la Constitución solo pertenece al pueblo español en su conjunto.

Violencia hubo, desde luego, los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona, cuando la ACN y Òmnium Cultural convocaron a la muchedumbre al asedio de la Consejería de Economía y al secuestro de la comisión judicial y de la guardia civil que, obedeciendo órdenes del juez, registraban el susodicho edificio. Violencia hubo el 1 de octubre, aunque fuese pasiva, cuando emplazó a todos los incondicionales para que impidiesen la entrada de las fuerzas de seguridad del Estado que actuaban como policía judicial en los colegios electorales. Violencia hubo en los llamados paros país, en los que se intentó paralizar la circulación ferroviaria y el transporte por carretera. Violencia hubo en las múltiples coacciones, escraches e intimidaciones a la guardia civil, a la policía armada, y a cualquier ciudadano que se opusiese al procés o se considerase sospechoso de ser botifler, palabra que tiene ya un origen bélico. Violencia hubo en tantos y tantos actos que figuran en los diferentes sumarios tanto del juez Llarena como de las otras instancias judiciales. ¿Y cómo no hablar de violencia cuando se metió en el juego a un cuerpo armado de más de 16.000 hombres y se pretendió utilizarlo para los fines del procés?

En los momentos actuales la violencia continúa. Los llamados CDR (comités de defensa de la república) proclaman la primavera catalana con el objetivo de paralizar todo el territorio, cortan carreteras y pretenden apoderarse de estaciones de ferrocarril. Hay quien afirma que todos estos actos representan una radicalización del comportamiento y que los protagoniza tan solo una pequeña parte del independentismo, sin que pueda ser predicable del conjunto. Incluso hablan de un independentismo pacifico, el de la ANC y Òmnium Cultural, y otro más agresivo parecido a la kale borroka, que es el que practican los CDR.

Discrepo de esta tesis. La prueba más evidente es que tanto Junts per Catalunya como Esquerra se niegan a condenar la violencia de estos días. En realidad, los que actúan ahora no son distintos de los del 20 o 21 de septiembre, o del 1 de octubre, solo han cambiado el nombre, entonces se llamaban comités de defensa del referéndum y ahora, de la república. En todo caso, hay una división de papeles y una diversificación en cada momento según las circunstancias. Pero todo obedece a una misma estrategia y se incardina en un mismo procés, con una sola finalidad y una dirección común. Mientras en público se repite constantemente que son hombres de paz, y que sus manifestaciones son serenas y apacibles, por debajo se promocionan y se incita a la coacción, la intimidación y la violencia.

En ese lenguaje falaz e incluso ridículo en el que se mueven los que pretenden estar en la tercera vía, pero terminan siendo abogados defensores del secesionismo, Enric Juliana mantenía en una tertulia que si todos esos actos de violencia se consideraban rebelión también lo serían las manifestaciones de los pensionistas. Al margen de si hubo o no violencia en este último caso, la diferencia se encuentra en la finalidad. La violencia del secesionismo se engloba en un proyecto que pretende romper la Constitución, e independizar de forma ilegal una parte de la nación. No creo yo que esa fuera la intención de los pensionistas.

Desde distintos ángulos, no solo independentistas, se ha criticado la actuación del juez Llarena en el hecho de haber dictado prisión incondicional para algunos de los implicados. Conviene recordar que al principio del proceso era la juez Lamela la que suscitaba todos los improperios mientras se encomiaba a Llarena por su ponderación y por haber dejado en libertad con fianza a la mesa del Parlament. Más tarde, las censuras se han dirigido con toda su virulencia al juez del Supremo. En el mejor de los casos, se ha dicho que las medidas eran desproporcionadas. Ciertamente nadie puede alegrarse ni agradarle ver entrar en prisión a personas que hasta hace poco eran personajes públicos y contaban con todos los honores; los acontecimientos, sin embargo, parece que están dando la razón al juez instructor.

Al menos son dos las razones que parecen ratificar las decisiones de Llarena. Suponer que existe riesgo de fuga no es nada descabellado cuando ya existe un buen número de huidos y, además, se supone que los procesados tienen suficientes medios económicos y relaciones políticas para poder permanecer en el extranjero. El razonamiento de que los que se han presentado ante el juez son los que no tienen intención de huir no es demasiado convincente, porque las decisiones pueden cambiar a lo largo del proceso según vayan viendo que las condiciones se modifican, tanto en la existencia de pruebas como en la calificación del delito y en las previsibles condenas. La fuga de la secretaria general de Esquerra Republicana no deja lugar a la duda.

La segunda razón y quizás más contundente es la posibilidad de reincidencia. Cada vez es más evidente que el proyecto continúa vivo, que las nuevas elecciones no han servido para poder hacer un punto y aparte. El independentismo, a pesar de haber fracasado en casi todos los proyectos, no decae en su intención de mantener el procés, y en su propósito de declarar la independencia de forma unilateral y en contra de la Constitución. La mayoría de los procesados conservan en él un importante protagonismo, aun cuando hayan declarado ante el juez lo contrario. Las tentativas de querer nombrar presidente de la Generalitat a algunos de los principales cabecillas del golpe, dotándoles por tanto de los mismos medios y poder que tenían antes de la rebelión, indican bien a las claras que la posibilidad de reincidencia es muy elevada. ¿Qué pensaríamos si a alguien que hubiese robado en una empresa con la excusa de que aún no hay sentencia firme lo colocásemos al frente de ella? ¿Qué diríamos si mientras se celebraba el Consejo de guerra, como no había aún sentencia, se hubiera nombrado a Milans del Bosch jefe del Alto Estado Mayor?

En los momentos actuales se está produciendo un gran número de situaciones paradójicas y confusas con las que le ha tocado lidiar al juez Llarena. Todas ellas derivadas de la deficiente aplicación del artículo 155, tales como la de convocar inmediatamente elecciones sin tener sofocado el golpe de Estado. A ello me refería yo en los artículos escritos en estas mismas páginas el 2 de noviembre y el 28 de diciembre del año pasado. Rajoy tiene sin duda una parte de culpa, pero la misma o más corresponde a Albert Rivera y a Pedro Sánchez, que le empujaron a ello y que condicionaron su aquiescencia a este requisito. El primero, llevado por la idea de que las elecciones iban a ser ventajosas para Ciudadanos, como así ha sido; el segundo, tutelado por Iceta que no quería ni oír hablar de la aplicación del 155, y que solo accedió a condición de que su mantenimiento fuese por el periodo más corto posible. He dicho a menudo que el problema del secesionismo catalán no está en las formaciones políticas independentistas, sino en las constitucionalistas que son incapaces de actuar con firmeza.

republica.com 6-4-2018

No parece que a estas alturas haya muchas dudas de que lo único que mueve a Puigdemont es su propio interés. Hace ya bastante tiempo que su principal objetivo se reduce a no ir a prisión. A partir del uno de octubre, repetía con bastante frecuencia, sin venir a cuento y fuera de contexto: “Sé que puedo terminar en la cárcel”. De ahí sus vacilaciones posteriores sobre la conveniencia de proclamar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). El 10 de octubre, su carácter más bien frívolo y dubitativo convirtió el Parlament en un auténtico vodevil. Después de su intervención, nadie sabía si había ido o había vuelto, si había aprobado la DUI o si la había suspendido sin aprobarla. Tan así fue, que de cara a implantar el artículo 155, el Gobierno tuvo que requerirle dos veces acerca de si la proclamación era o no real.

El viernes 27 del mismo mes, Puigdemont nos obsequió con un día entero de intriga y suspense. La rueda de prensa convocada desde primera hora de la mañana se fue retrasando en varias ocasiones al tiempo que los rumores y filtraciones daban por seguro que iba a anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas. Pretendía evitar la aplicación del artículo 155, y de paso quitarse de en medio y eludir para sí cualquier repercusión penal. Una vez más, su carácter vacilante e inseguro se manifestó con un viraje de ciento ochenta grados y, en lugar de los comicios, lo que se proclamaba al final del día era la DUI. La presión de sus correligionarios y el riesgo de ser tenido por un botifler le condujeron a ello.

Su permanente silencio y su gesto adusto a lo largo de aquella sesión eran bastante elocuentes de su estado de ánimo y de hasta qué punto se había sentido obligado a declarar la independencia, ya que era consciente de que con ello se provocaba que el Estado aplicase el artículo 155 de la Constitución y, lo que al parecer le preocupaba más, que se desencadenasen consecuencias penales. Por eso, aquel mismo fin de semana se marchó a Gerona y, en cuanto pudo, casi subrepticiamente, a Bruselas. Existen pocas dudas de que ese viaje no fue algo improvisado. Obedecía claramente a una estrategia muy planificada y preparada. El país de destino no se escogió de forma aleatoria. Se conocían perfectamente las especificidades jurídicas y procesales de Bélgica. La elección del abogado tampoco fue casual. El designado poseía una larga historia en burlar las órdenes europeas de detención y en conseguir neutralizar las extradiciones. Todo esto no se prepara en un fin de semana. Y es señal inequívoca de que la obsesión de Puigdemont por no ser detenido le había llevado a tener preparado el plan de fuga por lo que pudiese ocurrir.

Aquel fin de semana, la huida de Puigdemont y de algunos de sus consejeros obedecía a un único motivo, eludir la acción de la justicia. Ciertamente la espantada en sí misma no aparecía como un acto demasiado honorable, por lo que debía disfrazarse de un carácter épico. Para ello se acudió a la milonga de haber escogido la táctica de dividir el gobierno, haciendo que la mitad se fuese a Bruselas y que la otra mitad permaneciese en España. La realidad era que los cargos de su partido y la mayoría del gobierno se enteraron de la tocata y fuga cuando ya estaba en Bruselas.

Puigdemont fue descubriendo poco a poco que lo que había comenzado siendo una excusa de la huida se podía transformar en un buen instrumento para alcanzar el verdadero objetivo, el de eludir las responsabilidades penales. Bruselas, con la complicidad del partido nacionalista flamenco, constituye una plataforma ideal para la propaganda. El ex presidente de la Generalitat piensa, quizás equivocadamente, que cuanto más ruido haga y más esté en el candelero, más posibilidades tiene de burlar la cárcel.

Con la impunidad que le procuraba encontrarse en Bélgica, se dedicó a denostar al sistema democrático español y a mantener la postura más radical defendiendo incluso los actos ilegales anteriores al 155, postura que difícilmente podían adoptar otros líderes independentistas que se encontraban en España y que debían enfrentarse a procesos penales. Ello le proporcionaba una ventaja relativa, lo que le animó a presentarse a las elecciones, aun cuando Esquerra Republicana se negó a formar una lista única. Su éxito en los comicios consistió en situarse como la única alternativa al 155. Las elecciones tenían que servir para restituir al gobierno legítimo. No votarle a él era aceptar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como si él no hubiese sido el primero en asumirlo, saliendo huyendo del palacio de la Generalitat.

La verdad es que el resultado obtenido por Puigdemont sobrepasando, contra todo pronóstico, a Esquerra constituye una de las cuestiones electorales más difíciles de entender. El 27 de octubre fue sospechoso de ser un botifler y proclamó la República a regañadientes, empujado por la presión de los suyos. En rigor, él no la proclamó (no abrió la boca), lo hizo la presidenta de la Asamblea. A los dos días se fugó sin decir nada a nadie y abandonando a su suerte a sus correligionarios. Mientras sus consejeros tenían que hacer frente a los tribunales e incluso permanecer en prisión, el se exhibía en Bruselas no precisamente pasando calamidades. Además, encabezaba una lista que era heredera del partido seguramente más corrupto de España. Bien, pues todo eso no fue óbice para que sacase más representación electoral que Esquerra y que desplazase a la jerarquía del PDC. Cosas de la democracia.

Puigdemont se presentó a las elecciones desde Bélgica, pero con el compromiso muchas veces repetido de que si ganaba retornaría a España. Promesa que nunca pensó cumplir, ya que su objetivo número uno era escapar a la acción de la justicia, y a esta finalidad se han orientado todas las acciones que ha emprendido desde entonces, incluso el chantaje permanente al Parlament. Lo ajustado de la victoria de los independentistas hace que todos los votos sean necesarios y que el control de un pequeño grupo de diputados como el que tiene Puigdemont puede mantener cautiva a toda la cámara. Lo curioso de la cuestión es que nadie le recuerda su promesa, ni se le exige que la cumpla, ni su incumplimiento parece que le haya hecho perder prestigio entre sus partidarios, a pesar de que su comportamiento está perjudicando gravemente a todos aquellos que en España tienen procesos penales relacionados con el golpe de Estado.

El descaro mayor consiste en que con el objetivo de ser nombrado presidente de la Generalitat a distancia, y de no tener que enfrentarse así con la justicia, exige a sus compañeros en España que cometan actos ilegales y desafíen al Estado, con las correspondientes responsabilidades penales que podrían acarrearles. En fin, como el capital Araña, que embarcaba a los demás y se quedaba en tierra.

Cuentan las crónicas que en el siglo XVIII existía un capitán de buque llamado Arana que recorría las costas españolas reclutando personal para ir a combatir las insurrecciones que se producían en las colonias, pero él no emprendía viaje alguno. Con el tiempo, el vulgo transformó el nombre de Arana en Araña, concediéndole así un carácter más pintoresco. Puigdemont es el capitán Araña del procés: anima a los otros a enfrentarse con la justicia, mientras él pretende mandar y dirigirles cómodamente a salvo desde Bruselas.

republica.com 16-2-2018

“Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato… Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento”. Valle Inclán en “Luces de Bohemia” intenta definir el género literario que va a utilizar en varias de sus obras. Continúa una tradición de la literatura española encarnada, por ejemplo, en Quevedo y en Cervantes, incluso en la novela picaresca, en la que, mediante el humor y el ingenio, se efectúa la crítica más acerva y corrosiva de la realidad. Se trata de descubrir lo que se encuentra detrás del disfraz social que cada uno lleva. Los espejos cóncavos deforman la imagen o, más bien, muestran la verdadera.

El esperpentismo lo inventó Goya, afirma Max Estrella en “Luces de Bohemia”. La pintura negra, pero sobre todo los tres Caprichos en los que aparecen personajes mirándose al espejo son enormemente expresivos: un petimetre que ve su imagen trocada en un mono; la maja que contempla en el espejo una serpiente enroscada en una guadaña; un mosquetero convertido en un gato enfurecido. El espejo habla. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas, sentencia el protagonista de “Luces de bohemia”.

Hay que llevar al independentismo catalán a pasear a un imaginario callejón del gato para que asome su auténtica imagen. Que caigan el disfraz y la máscara. Pongamos fin al carnaval. A dicha finalidad está ayudando de forma muy notable esa nueva realidad que ha recibido el nombre de Tabarnia. Tabarnia y su presidente Boadella se han instalado enfrente del procés y han asumido el papel de espejos cóncavos que colocan a los independentistas ante su verdadera figura y sus incoherencias. Demuestran el esperpento que se halla detrás de su épica. Boadella tiene una larga trayectoria dedicada a desmitificar, caricaturizar a todos los poderes fácticos: ejército, Iglesia, Franco… En el lote entró también en su día Pujol, confirmando que detrás del gran padre de la patria solo había un fantoche avaro y corrupto.

La constitución de Tabarnia ha puesto enormemente nerviosa a la cúpula del secesionismo. Los coloca frente a sus propias contradicciones y ante la falsedad de sus argumentos. Detrás de la grandilocuencia y petulancia de su discurso, de sus grandes ideales patrióticos y de su pretendido heroísmo, se esconden tan solo los intereses más bastardos y el más ramplón de los provincianismos. Su verdadera imagen es esperpéntica, un fantoche extravagante. Quienes cifran toda su legitimidad en un estrafalario derecho a decidir no pueden negar a la parte más importante de Cataluña, Tabarnia, la facultad de exigir lo mismo. Y quienes han colocado como fundamento de sus reivindicaciones el victimismo del “España nos roba” no pueden ofenderse porque los tabarneses, con los mismos argumentos, mantengan que se sienten robados por el resto de Cataluña (Gerona y Lérida). Al fin y al cabo, Tabarnia es la zona más rica de Cataluña.

Si el soberanismo quiere convertir Cataluña en un nuevo Estado -lo que es patentemente ilegal y anticonstitucional-, con más razón los tabarneses están legitimados para crear una nueva Comunidad Autónoma, posibilidad que concede la Carta Magna. ¿Una broma? No en mayor medida que el independentismo. Ya lo dijo Boadella en el discurso de toma de posesión de la presidencia de la entidad: “Sí, soy un payaso, pero no mayor que quienes están al frente del secesionismo”.

La constitución de Tabarnia tampoco ha sentado bien en Podemos. A primera vista resulta extraño el apasionamiento con el que Pablo Iglesias ha reaccionado calificándolo de circo y afirmando que “ya está bien de tomar el pelo a la gente”. La explicación tal vez se encuentre en que eso que llama circo cuestiona también el discurso de Podemos sobre el tema territorial, y más concretamente sobre Cataluña. La defensa del derecho a decidir no conforma esa postura progresista que pretenden transmitirnos, sino un tópico grotesco con el que situarse en el medio de la contienda y mantener así al mismo tiempo los votos de Cataluña y los del resto de España. Es, como se ha visto, difícil de conseguir y no tendría nada de extraño que se quedase sin los unos y sin los otros. Gracias a Tabarnia, la defensa del derecho a decidir se refleja en el espejo como el absurdo de una Europa fraccionada en 200 o 300 reinos de Taifas. ¡Viva Cartagena!

Darío Fo mantenía que la sátira es el arma más eficaz contra el poder. Es posible que Tabarnia se esté manifestando como uno de los principales instrumentos para combatir el nacionalismo. ¿Un circo, tal como ha dicho Pablo Iglesias?, ¿una broma? Quizás, pero su sola presencia muestra el circo, la bufonada y la patraña que conforman el procés, y por ende el discurso de todos los que intentan justificarlo.

republica.com 9-2-2018

El pasado día 15, nueve años después de comenzar la instrucción, se ha conocido la sentencia del llamado caso Palau en la que se pone de manifiesto judicialmente algo que desde hace muchísimos años era un secreto a voces. Estaríamos tentados a pensar que nos encontramos en un caso más de corrupción de los muchos que se han dado en las instituciones cuando un partido las ha controlado durante largo tiempo. PSOE, PP, hasta IU, Podemos, todas las formaciones políticas que han ostentado el poder han caído en casos de corrupción. Esta relación está sometida a una regularidad casi matemática. A mayor poder, más corrupción. Cabría deducirse, por tanto, que nada nuevo bajo el sol. Pero pienso que no es así. La corrupción en Cataluña muestra connotaciones especiales, ha tenido un carácter sistémico, en el sentido de que ha producido una cierta complicidad generalizada; han sido muchos dentro y fuera de la Comunidad Autónoma los que han consentido en cubrir con una capa de silencio la corrupción. Lo que no se ha dado en otras instituciones o territorios.

Desde el exterior, los dos partidos mayoritarios han guardado un completo mutismo sobre lo que ocurría en Cataluña. Necesitados a menudo de los votos de Convergencia, han cerrado los ojos ante los posibles cohechos y sobornos que pudieran estar cometiéndose en la Generalitat y demás instituciones de la Comunidad Autónoma.

En el interior, desde el 30 de mayo de 1984, fecha en la que Jordi Pujol sale al balcón del Palau en la plaza de Sant Jaume para identificar su imputación en el caso del Banco de Cataluña con un ataque al pueblo y a la nación catalana, se ha empleado la misma estrategia para ocultar cualquier indicio o sospecha de posibles fraudes. Todo está permitido bajo la señera, y no digamos bajo la estelada. Cualquier denuncia o crítica se interpreta como una agresión a Cataluña.

Desde el principio se ha producido una especie de proceso simbiótico. El nacionalismo ha servido de tapadera a la corrupción y la corrupción ha sido un instrumento (además de para el enriquecimiento de algunos o de muchos) para lo que Pujol llamaba “hacer país”, es decir, para intensificar e incrementar el sentimiento nacionalista y la tendencia centrífuga frente a España. Desde la llegada a la Generalitat de Jordi Pujol se ha ido creando un sindicato de intereses alrededor del nacionalismo, un tejido social compuesto de miedos, amenazas, rentabilidades, beneficios, recelos o comodidades, en el que han germinado la disculpa, la justificación, la coartada e incluso la participación en múltiples atropellos. Las empresas, los medios de comunicación (también los privados), la mayoría de los partidos políticos, incluso los sindicatos, han participado en un entramado de complicidades -o al menos de mutismo.

El último estatuto, al que con frecuencia recurre el secesionismo como pretexto de sus posiciones, emergió amalgamado de alguna forma con el tres por ciento. Conviene recordar la intervención en 2005 en el Parlament de Pasqual Maragall, artífice y máximo valedor de ese estatuto, increpando públicamente a Artur Mas acerca de que Convergencia tenía un problema, el tres%, y la contestación de este último, amenazando con no secundar la aprobación del estatuto. Lo más significativo es que, ante este chantaje, el entonces presidente de la Generalitat, empeñado en sacar adelante el proyecto, dio marcha atrás y pidió disculpas. A mayor gloria del catalanismo y en aras del buen final del estatuto, el 3% debía quedar relegado, y así fue. Hasta 2009, con Montilla ya en la Presidencia de la Generalitat y una vez aprobado el estatuto, no se inició la instrucción del Palau.

El asunto del 3% era de conocimiento general en Cataluña; pero ni esto ni todo lo que se fue conociendo acerca de los manejos y fortuna de la familia Pujol fue óbice para que Convergencia obtuviese en todo momento el apoyo de partidos que se titulaban de izquierdas, como Esquerra republicana o la CUP. El procés ocultaba todo y excusaba todo. Incluso Podemos, cuyos dirigentes se muestran tan rigurosos con el PP en materia de corrupción, no han tenido ningún escrúpulo en situarse al lado de Convergencia y prestar su colaboración al secesionismo cuando lo ha necesitado.

Parece bastante innegable que detrás del abrazo de la causa independentista por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se encuentra el progresivo afloramiento de los casos de corrupción que, junto con el intento de eludir las consecuencias políticas de la aplicación de las medidas restrictivas provenientes de la crisis económica, convencieron a los responsables de esta formación política de la necesidad de acentuar su fanatismo y girar hacia posiciones secesionistas, donde fueron bien recibidos sin hacer preguntas por los partidos defensores de esta ideología. Incluso ahora que la sentencia se ha hecho pública, el independentismo no cambia de postura, más allá de efectuar manifestaciones de repulsa, puramente verbales, que suenan tan solo a hipocresía.

La reacción ante la sentencia de los partidos que conforman el procés no ha podido ser más significativa, similar a la que adoptaron cuando se hicieron públicos el patrimonio y las operaciones fraudulentas de la familia Pujol: condenan los hechos, pero hacen como si nada tuviera que ver con ellos ni con el nacionalismo. Los líderes y militantes del PDC se sacuden el problema de encima con el mayor descaro, amparados en que ahora no se presentan bajo la denominación de CDC. Como si el simple cambio de nombre pudiese modificar la historia del partido y como si los actuales miembros no fuesen los usufructuarios de los beneficios obtenidos en el pasado por la corrupción. A ninguna empresa se le permitiría desentenderse de sus obligaciones y responsabilidades por el mero hecho de cambiar de razón social. El mismo Puidegmont en Bruselas ha dado la callada por respuesta, y ha mirado hacia otro lado. Postura distinta a la adoptada en 2010 cuando en su blog personal acusaba al PSC de querer destruir a Convergencia con la comisión de investigación creada en el Parlament acerca del caso Palau.

La postura adoptada tanto por Esquerra Republicana como por la CUP se adentra en la hipocresía más absoluta. Mientras que Sergi Sabrià, en nombre de ERC, proclama que «quien tenga que asumir responsabilidades que las asuma» y advierte que Esquerra lo que no hará «es mirar hacia el otro lado» en asuntos de corrupción, esta formación mantiene el contubernio con el PDC e incluso su disposición a elegir como presidente de la Generalitat a Puigdemont. Algo parecido ocurre con la CUP. Al tiempo que publica una foto invertida, imagen boca abajo, de Jordi Pujol, y acusa a lo que llama “régimen” de financiarse ilegalmente, predicando la corrupción incluso del PDC, no abandona su complot con esta formación política y está dispuesta a votar como presidente a Puigdemont con la única condición de que se mantenga fiel a la república.

Podemos no se libra de que su postura se pueda calificar de impostura. Es cierto que Ada Colau ha reprochado a Convergencia haberse estado financiando ilegalmente durante muchos años y ha exigido al PDC que asuma responsabilidades, pero al mismo tiempo En Comú Podem ha permitido que se formase una mesa independentista en el Parlament facilitando así que Puigdemont u otro miembro de la antigua Convergencia pueda ser investido presidente de la Generalitat.

Con todo, es Rufián, como siempre, el que bate todos los records a la hora de expresarse con desfachatez y desvergüenza. Muy propio de un charnego transformado en perseguidor de charnegos. Con todo el descaro, desvincula la corrupción del caso Palau del independentismo, para ligarla a Aznar y a la FAES. Aznar ya tiene bastante con lo suyo, pero se necesita tener rostro para desentenderse de la corrupción en Cataluña, cuando ER lleva muchos años lucrándose, en un proyecto común, con la cometida por Convergencia. El argumento de Rufián de que ER es un partido con 87 años de historia impoluta tiene muy poco recorrido, la honradez no se hereda de padres a hijos. El PSOE también utilizó en los inicios de la democracia el eslogan de “cien años de honradez” (el PC con cierta ironía añadía “y cuarenta de vacaciones”), lo que no fue óbice para todos los casos de corrupción acaecidos a finales de los ochenta y principios de los noventa.

Por otra parte, el mayor caso de corrupción lo constituye en sí mismo el propio procés. Los secesionistas, e incluso Podemos, practican un discurso espurio, desligando de la corrupción los delitos que se atribuyen a los imputados en el golpe de Estado. Es más, con todo el cinismo los califican de presos políticos. Rufián, en el colmo de la desvergüenza, ha tuiteado que “en España sale más barato robar que votar”, comparando la sentencia del caso Palau con los que se encuentran ahora en prisión como consecuencia del procés. Discurso como siempre tramposo, porque Junqueras y el resto de imputados no se encuentran encarcelados por votar -la prueba es que hace unos días pudieron hacerlo desde la cárcel sin problema alguno-, sino por robar. Por pretender hurtar a más de la mitad de catalanes su nacionalidad española, su libertad y su democracia (porque no hay libertad y democracia fuera de la ley), y a la totalidad de los españoles su soberanía.

Boadella en esa parodia (menor que la que quiere montar Puigdemont) de su toma de posesión como presidente de Tabarnia afirmó que los tabernienses quieren continuar siendo copropietarios del Museo del Prado, de la Alhambra y de la Basílica del Pilar. Tiene razón, al igual que 46 millones de españoles queremos continuar siendo copropietarios de la Sagrada Familia, de la Costa Brava y del Museo Dalí. Despojarnos de este derecho es robar. Es una forma, y no de las menos importantes, de corrupción.

Pero incluso entendiendo el robo en un sentido más estricto, es plenamente aplicable a los involucrados en el procés. Se ha producido una clara malversación de fondos públicos. Se ha extendido la teoría, y no solo en Cataluña, de que la corrupción va unida exclusivamente al enriquecimiento propio. Resulta frecuente escuchar en tono de disculpa: “Sí, pero él no se ha llevado un euro”. En primer lugar, hay muchas maneras de conseguir el enriquecimiento propio; los favores o los recursos que se canalizan en el presente hacia un tercero, a menudo se espera que retornen más tarde en forma de beneficios o prebendas hacia uno mismo. No debería haber diferencia entre desviar recursos públicos al margen de la ley y fuera de los objetivos generales al propio bolsillo, a los amigos, al partido o a una finalidad partidista.

Nadie duda hoy de que el desvío de fondos públicos a la financiación de un partido constituya un caso de corrupción. Lo mismo cabe afirmar cuando se trata de costear las campañas electorales. De igual modo, tendrían que considerarse todas las operaciones publicitarias acometidas, sea cual sea la administración, con la única finalidad de cantar las alabanzas y el buen hacer del gobierno de turno. Existen ya bastantes casos en los que los jueces han comenzado a imputar a políticos por haber contratado con dinero público servicios publicitarios encaminados exclusivamente a mejorar su imagen. Corrupción es y bastante importante la creación de toda una red clientelar utilizando fondos presupuestarios de manera artera, tal como ha ocurrido en Andalucía.

¿Y qué decir entonces de todos los caudales públicos empleados de forma directa o indirecta en el procés, que se han destinado además no a una finalidad simplemente partidaria o ilegal, sino delictiva? En honor de la verdad, la corrupción en Cataluña hunde sus raíces hasta casi el mismo origen de la Comunidad Autónoma; con la llegada a la Generalitat de Jordi Pujol va haciéndose sistémica, ya que son muchos los recursos que se desvían de forma sectaria del interés general a una finalidad arbitraria, parcial y tendenciosa, a la que denominan “hacer país”, que sirve de antesala y catapulta al llamado procés, en el que la finalidad se convierte ya en claramente delictiva.

No solo son los dirigentes de Convergencia y sus actuales dobles, Junts per Catalunya, los que están enfangados en esta corrupción y de los que se puede predicar el robo. Les guste o no, ER no puede alardear de 87 años de limpieza. Comenzando porque habría mucho que hablar (basta con leer a Azaña) de su historia, en especial de su papel en la II República y en la Guerra Civil, a lo que hay que añadir su silencio frente al pujolismo, pero especialmente por su papel protagonista en el procés, malversando fondos públicos y orientándolos a la perpetración de un golpe de Estado. En esto sí imitaron a sus mayores.

republica.com 26-1-2018

El día 2 de noviembre pasado, tras la proclamación unilateral de independencia y recién aprobada la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, en estas mismas páginas digitales me preguntaba si acaso no era precipitada la convocatoria de las elecciones autonómicas y cuáles podían ser las razones para tanta premura.

“Sin embargo, la sola invocación del artículo 155 genera una especie de alergia y no tanto por la dificultad de aplicarlo, sino porque muchos consideran una herejía el hecho de que el Gobierno central intervenga en una Comunidad Autónoma (a ese punto hemos llegado). No solo entre los nacionalistas, sino entre otros que no se tienen por tales, como los miembros de Podemos o como una parte del PSC. Lo que subyace tras esa postura es la negativa a considerar al Gobierno de España como un gobierno propio (autogobierno). Ello es tan absurdo como si los habitantes de Barcelona creyesen que su gobierno radica exclusivamente en la corporación municipal y que las instituciones de la Generalitat son extrañas por el solo hecho de que no son exclusivas de Barcelona…

Quizás haya que buscar en estos escrúpulos del PSC y en el oportunismo de Ciudadanos -formación que cree tener buenas expectativas electorales- la urgencia en convocar desde el primer momento elecciones autonómicas. Convocatoria a todas luces precipitada y a ciegas porque se desconoce la situación en la que la sociedad catalana puede encontrarse dentro de 54 días. Se supone que el objetivo del artículo 155 no es la convocatoria, de cualquier modo, de elecciones, sino el regreso a la legalidad. La convocatoria de elecciones es tan solo el final lógico de esa normalidad conseguida, pero no puede precederla…

La convocatoria de elecciones para una fecha tan próxima, el 21 de diciembre, plantea muchos interrogantes. Tras lo que ha costado llegar hasta aquí, no parece razonable quedarse a mitad del camino y encontrarnos con que a los tres meses estamos de nuevo en el inicio del problema. A estas alturas no se conoce el grado de dificultad que va a tener la aplicación del 155 y es muy dudoso que en tan poco tiempo la sociedad catalana haya vuelto a ese mínimo de neutralidad necesaria para celebrar unas elecciones con ciertas garantías. Son muchos años de errores, de cesiones y de inhibiciones del Gobierno español y de sectarismo de las instituciones catalanas. Sin duda, no es fácil invertir todo esto y menos a corto plazo, pero por eso mismo no se ve la necesidad de fijar desde el primer momento la fecha de las elecciones. Existe, desde luego, el peligro de que se quieran convertir estas elecciones de autonómicas en plebiscitarias y, si los resultados son los mismos, de que retornemos al principio”.

Por desgracia y como cabía temer, los resultados han sido casi los mismos que los de 2015. Las formaciones independentistas han conseguido dos escaños menos, pero así y todo van a tener mayoría en el Parlament, lo que les va a permitir con toda probabilidad formar gobierno. El resultado, sin embargo, no les legitima para emprender o continuar un proceso secesionista. Primero porque estas elecciones no eran plebiscitarias, y segundo porque, de serlo, las habría perdido el independentismo al obtener tan solo el 47% de los sufragios. Ahora bien, una cosa son los hechos y otra cómo los venden los independentistas. En 2015, con idénticos resultados, se creyeron mandatados por todo el pueblo de Cataluña para dar un golpe de Estado y declarar la independencia.

En cualquier caso, lo cierto es que el haber convocado con tanta premura las elecciones nos adentra en una situación kafkiana, difícil de asimilar. Quiérase o no, se van a entremezclar los sucesos políticos y los judiciales. Puede ocurrir que el mismo gobierno cesado por dar un golpe de Estado y acusado de sedición y rebeldía vaya a ocupar de nuevo los mismos cargos, y que dentro de unos meses recaiga sobre sus miembros una condena de inhabilitación y muy probablemente de prisión. Todo ello sin contar con que el juez instructor pueda considerar que, al ocupar idénticos puestos, hay riesgo de reincidencia y decrete la prisión incondicional, a lo que se añadiría el riesgo de fuga en el caso de Puigdemont y los cuatro consejeros evadidos a Bélgica.

Nadie discute que los jueces deben actuar con criterios estrictamente jurídicos y al margen de cualquier suceso político. Los votos pueden lavar en todo caso la responsabilidad política, pero nunca la penal. No obstante, eso no es óbice para admitir que la situación va a ser en extremo complicada y que los sediciosos van a querer utilizar los resultados electorales para librarse de las condenas. Todo ello se podía haber evitado con solo haber retrasado las elecciones, al menos hasta que los procesos judiciales hubiesen estado más adelantados y la inhabilitación hubiese recaído sobre los golpistas. Quizás el resultado hubiese sido similar, pero con otros actores. El problema no es que haya ganado el independentismo (en escaños, no en votos). Ello es perfectamente asumible si esa es la voluntad de una parte importante de la población catalana. La dificultad se encuentra en que entre los electos se encuentran los investigados, lo que puede dar lugar a escenarios bastantes paradójicos y fácilmente usables y manipulables por los sediciosos.

En este posible error el PSC ha tenido mucho que ver y, en consecuencia, el PSOE de Pedro Sánchez, que practica el seguidismo de su marca catalana más de lo que sería conveniente. En un primer momento mantuvo una oposición frontal a la aplicación del 155. Las declaraciones de Iceta y de Margarita Robles no dejaban lugar a dudas. Ello, al menos, colaboró a que este artículo no se instrumentase con anterioridad, cuando se aprobaron las leyes del referéndum y de la desconexión con España, claramente inconstitucionales. Entonces, tal vez hubiese bastado con asumir las competencias de Interior y de Hacienda, con lo que se habría impedido el referéndum del 1 de octubre y cualquier medida que la Generalitat hubiera querido implementar en esa dirección. Es posible que entonces el Gobierno de Rajoy tampoco tuviera muchos deseos de aplicar el 155, pero desde luego a lo que no estaba dispuesto era a acometer esa aventura en solitario.

Tras el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, y ante las críticas internas, a Pedro Sánchez no le quedó más remedio que dar su aquiescencia a la aplicación del 155, pero, una vez más y condicionado por el PSC, puso todo tipo de limitaciones, descafeinando en buena medida la propuesta del Gobierno. Presionó para que los comicios se convocasen cuanto antes, y se opuso a la posibilidad de que se ejerciese un cierto control sobre los medios de comunicación de la Generalitat, cuando resultaba evidente que hacía mucho tiempo que se habían convertido en meros canales de publicidad y propaganda del independentismo. La idea de que el 155 se aplicase sobre la televisión y la radio públicas tampoco fue muy bien recibida en el gremio periodístico. Es curiosa la prevención que los periodistas sienten ante la posible influencia del poder político en los medios públicos, sin que se produzca esa misma susceptibilidad respecto al poder económico en los medios privados. En cualquier caso, en el ámbito catalán, oxigenar, establecer la pluralidad y erradicar el fanatismo, incubado durante cuarenta años de control nacionalista, hubiese sido una operación de salud democrática y una condición necesaria para celebrar unos comicios con cierta neutralidad.

Había más razones que justificaban la prolongación del artículo 155, por ejemplo el conocer con cierto detalle las finanzas de la Generalitat -que han gozado de total opacidad- y averiguar, de este modo, los recursos que se han dedicado a actividades ilegales cuando no delictivas, al tiempo que se desmontaban todas las llamadas estructuras de Estado, tareas todas ellas que, dada la complejidad de la administración autonómica, necesitaban tiempo y difícilmente se han podido acometer de forma adecuada en un periodo tan reducido. Es más, tampoco ha habido tiempo suficiente para que los ciudadanos tomen conciencia de los daños que el procés está causando a la economía de Cataluña. En ese orden de cosas, el boicot a los productos catalanes, al margen del juicio político que cada uno tenga, tiene la facultad de mostrar de forma fehaciente algo que los que votan independentismo no quieren reconocer: que gran parte de su prosperidad y bienestar depende del consumo del resto de España. Y no vale afirmar que todas las economías están relacionadas, lo cual es cierto, pero eso no quita para que el saldo del intercambio comercial sea altamente positivo a favor de Cataluña, de tal manera que si no pudiera vender sus productos al resto de España, sería su economía la que se vería fuertemente dañada.

También Ciudadanos ha tenido parte de responsabilidad en la precipitación con la que se han convocado comicios autonómicos. Si bien es verdad que defendieron antes que nadie la aplicación del 155, no es menos cierto que siempre añadían la coletilla de que era con la finalidad exclusiva de que se convocasen inmediatamente elecciones. La razón de esa postura debe buscarse en intereses partidistas, el convencimiento de que en ese momento las urnas, como así ha sido, les favorecían. Han cosechado ciertamente un triunfo, tal como se afirma histórico, pero hay que preguntarles ¿y ahora, qué? Una gran victoria, pero victoria pírrica, triste victoria, porque ¿Ahora qué? Inés Arrimadas ha manifestado que “treinta años de nacionalismo no se solucionan en unas elecciones». Ciertamente, pero por eso no se tendría que haber ido a ellas apresuradamente.

Ciudadanos se ha beneficiado de defender la postura más dura y más inequívoca en contra del secesionismo. Se ha presentado sin ninguna ambigüedad, lo que ha captado a una buena parte de la población que está harta del procés y de tanto fanatismo y al mismo tiempo rechaza ya las medias tintas y las terceras vías. Tal actitud, ciertamente, es fácil cuando no se tienen responsabilidades de gobierno. Es una clara ventaja con la que ha jugado Ciudadanos.

La situación contraria es con la que se ha encontrado el PP. Como Gobierno de España, ha tenido que enfrentarse con el reto separatista, hallándose en la diana de todas las críticas. A su vez, a los golpistas les convenía personalizar en Rajoy y en su Gobierno ese Estado, según ellos opresor y antidemocrático, que les perseguía. Es una táctica común del nacionalismo construir un pelele imaginario al que llaman Estado y del que predican toda clase de males y perversiones, por supuesto la de ser continuación del franquismo. Curiosamente son los únicos que en los momentos actuales están obsesionados con el franquismo. Tal vez porque en el fondo tiene con él bastante semejanza, una concepción cuasi religiosa de la política. Es posible que el nacional catolicismo franquista no esté demasiado lejos del nacional catolicismo catalán o vasco. Sería un buen tema para un artículo, y constatar cómo estos dos últimos también han nacido en las sacristías.

El Estado parece que no es de nadie y a nadie representa. En este planteamiento el nacionalismo no se encuentra solo, le acompañan todos aquellos que se inclinan de una o de otra manera por la tercera vía. Resulta fácil reclamar al Estado un pacto fiscal, o la conmutación de la deuda. Así no se ve que sobre los que en realidad recae estas demandas es sobre Extremadura, sobre Andalucía, o sobre Galicia, en fin sobre todas aquellas regiones y Comunidades con una situación económica mucho peor que Cataluña.

El error del PSC ha consistido en la ambigüedad y en situarse en tierra de nadie, por eso hace tiempo que han perdido a sus votantes tradicionales, que en esta ocasión se han ido tras Ciudadanos. Desde que el PSOE renunció a tener representación en Cataluña y se echó en brazos del PSC, en el mal llamado socialismo catalán se da una situación paradójica, un divorcio bastante pronunciado y durante mucho tiempo latente, entre la elite, perteneciente en su mayoría a las clases favorecidas y de mentalidad catalanista cuando no nacionalista, y las bases, pertenecientes casi en su totalidad a las clases populares. Ese divorcio dejó de estar latente y salió a la luz con Maragall y el tripartito, a partir del cual comenzó la desafección de muchos de sus votantes.

Iceta durante la campaña ha lanzado propuestas desconcertantes, desde la condonación de deuda hasta la transferencia a la Generalitat de todos los impuestos, pasando por la petición de indulto de unas penas aun no impuestas. Los resultados han sido más bien mediocres, por eso se entiende tan mal que Pedro Sánchez, tras haberse implicado de lleno en la campaña, compareciese, después de los comicios, sin la menor autocrítica (se ve que la autocrítica no es lo suyo) y centrando toda su exposición en reproches e invectivas a Mariano Rajoy, emplazándole a que haga una oferta. Lo de la oferta, o lo de hacer algo, se ha convertido en un mantra que se dice cuando no se sabe qué decir.

Como en algún momento manifestó Albert Boadella, lo peor del nacionalismo es que su discurso, de tanto repetirlo, termina siendo introyectado por otros muchos que no son nacionalistas. En el fondo, todos acabamos asumiendo de forma inconsciente su lenguaje y algunos de sus planteamientos. Detrás de la decisión de acortar lo más posible la vigencia del artículo 155, y por tanto de convocar elecciones deprisa y corriendo se encuentra la creencia de que el único gobierno legítimo de Cataluña es el de la Generalitat, que el Gobierno de España es algo ajeno y que su intervención en Cataluña constituye una injerencia intolerable.

republica.com. 29-12-2017