ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Se quiere dividir a los partidos políticos y a la opinión pública en relación con Cataluña entre los propugnan el diálogo y los que abogan por una postura autoritaria. Desde esta óptica, la alternativa parece que no se sitúa en un plano ético, sino que más bien se reduce a un problema meramente técnico, practico, de táctica o de estrategia. El presidente del Gobierno es el más beneficiado de que el diálogo esté planteado en estos términos. Se supone que las razones son desinteresadas, basadas exclusivamente en la conveniencia de solucionar el problema catalán. Esta interpretación sirve para limpiar su posición poco ética y políticamente reprochable, consistente en haber abandonado el bloque constitucionalista y pasarse al lado de los golpistas. Vender su primogenitura por un plato de lentejas. También sirve para justificar a todos los comentaristas, tertulianos, políticos, que están empeñados en defender a este Gobierno de sus actuaciones en Cataluña, la mayoría de las veces bochornosas, ya que les resulta cómodo argumentar en estos términos, fijándose exclusivamente en lo necesario y conveniente que es el diálogo.

¿Quién va a estar en contra de dialogar? Pero el dilema es otro. No se encuentra en la disyuntiva diálogo sí, diálogo no, sino en saber con quién se dialoga, qué es lo que se negocia y, sobre todo, cuál es la intención y la finalidad de la negociación. El enfoque más certero ha partido precisamente de las filas del mismo PSOE, lo ha puesto sobre la mesa el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, al afirmar que el quid de la cuestión se halla en que no se puede dialogar con los secesionistas cuando se depende de ellos. En definitiva, el problema radica en que, a partir de la moción de censura, todas las actuaciones del Gobierno tocante a Cataluña son sospechosas. Existe un antes y un después en relación a esa fecha (véase mi artículo del 11 de noviembre pasado).

Esa dependencia respecto a los golpistas contagia todo el comportamiento del Gobierno en Cataluña. Pedro Sánchez pretende justificar su proceder basándose en el diálogo, Sin embargo, nunca ha creído en él, como no fuese como un medio para conseguir la presidencia del Gobierno. Se hizo famoso su «no es no», negándose a negociar, ni siquiera sentarse a la mesa, con el partido que había ganado las elecciones. Tampoco quiso negociar nada con los órganos e instituciones de su partido en todo aquello que le podía alejar de la Moncloa. Prefirió utilizar la técnica caudillista dirigiéndose directamente a la militancia, en la que priman los eslóganes y no se precisa de argumentación ni negociación alguna. Las cosas son blancas o negras, sin necesidad de matices. Para Sánchez, el diálogo con el secesionismo es mera coartada. Lo ha sido cuando estaba en la oposición, como instrumento con el que criticar y desgastar a Rajoy y un medio para situarse en esa tercera vía, sin que nadie haya podido saber nunca en qué consistía el dialogo que proponía; y lo es en estos momentos como mecanismo para mantenerse en el poder.

El diálogo de Sánchez está enmarcado en estas coordenadas. Aun cuando quiere vender que se trata de un diálogo con los catalanes y con Cataluña, realmente no lo es. Sus interlocutores son tan solo los golpistas, ya que son estos únicamente los que le pueden mantener en el poder. Deja al margen, por ejemplo, a Ciudadanos, que es el partido más votado en Cataluña. No es, por tanto, el interés de Cataluña y de España el que se busca en la negociación, sino la conveniencia y los deseos de los secesionistas y la estabilidad en el poder de Pedro Sánchez. Se olvida, en consecuencia, que la primera negociación que debe producirse en Cataluña es entre las dos mitades en las que está dividida la sociedad, de lo que no quieren ni oír hablar los independentistas. Ellos se consideran que conforman toda Cataluña. Por eso Torra, con todo el descaro, reacciona ante el discurso del Rey afirmando que no hay un problema de convivencia en Cataluña, sino de justicia y democracia. Problema de justicia y democracia, sin duda, en el régimen establecido por el secesionismo, pero también de convivencia -y cada vez mayor- porque la otra parte de Cataluña también existe.

El diálogo de Sánchez no se configura como el de un presidente de Gobierno con el presidente de una Comunidad Autónoma, sino como dos interlocutores equivalentes, con igualdad de autoridad y derechos. Ha sido siempre la ambición de los independentistas, establecer relaciones bilaterales con el Estado, de poder a poder. El Gobierno, desde que ha entrado en negociaciones con los golpistas, ha aceptado este planteamiento, unas condiciones humillantes para él, para su partido y para todos los españoles. El ejemplo más claro han sido los acontecimientos presenciados en torno a la última reunión en Barcelona, desde el hecho de que se celebrase en Cataluña (ahora, para disimular, quiere celebrar consejos de ministros en todas las Comunidades), pasando por el formato de minicumbre, hasta el documento aprobado y suscrito entre las dos delegaciones, en el que se omitió la palabra Constitución, se utilizó el termino conflicto, en lugar de golpe de Estado, y no se hizo referencia a la voluntad de todos los españoles. En el fondo, este planteamiento tiene su lógica, porque no se trata de un diálogo entre España y Cataluña, ni siquiera entre un Gobierno Central y el de una Comunidad Autónoma; es, más bien, la negociación entre dos formaciones políticas, una nacional y otra nacionalista, en la que cada una busca sus propios intereses. De ahí el que el diálogo se plantee en términos de igualdad, tanto más cuanto que la primera es rehén de la segunda.

El diálogo que defiende Sánchez solo tiene utilidad para los golpistas y para él y su Gobierno. No aporta nada ni al Estado ni a Cataluña. Lejos de solucionar el problema, lo complica. Los sanchitas cambian los términos. Quieren hacernos creer que hasta ahora no se ha ensayado el diálogo, y que es el presidente de este Gobierno el que se ha erigido pionero en la materia. Afirman tajantemente que hay que ensayar la negociación porque los otros medios han fracasado. Pero lo cierto es que lo único que se ha experimentado con los nacionalistas ha sido el diálogo, un diálogo ciertamente muy sui generis, porque toda negociación estaba basada en más y más cesiones del Estado sin que la otra parte estuviera nunca dispuesta a renunciar a nada. Siempre a más, jamás a menos. Los nacionalistas en ningún momento se han dado por satisfechos con lo conseguido. Tanto durante la Segunda República, como a lo largo de estos cuarenta años de democracia, cada cesión ha empeorado el problema. Ortega lo vio claro; Azaña fue consciente de ello demasiado tarde; Zapatero, si no hubiera estado tan pagado de sí mismo, debería haberse dado cuenta en algún momento; y si Pedro Sánchez pudiera pensar en otra cosa distinta que en permanecer en el gobierno se percataría de que en estos siete meses que lleva en el poder las posibilidades de los golpistas se han incrementado.

Los sanchistas se empeñan en persuadirnos de que la aplicación del 155 fue inútil. Es posible que tengan razón, pero tan solo por la manera de aplicarlo, parcial, con miedo y limitado en el tiempo. Lo mantuve desde el mismo momento en que se decretó. (Vease mi artículo de 2 de noviembre de 2017. (Sé que las auto citas pueden resultar pedantes, pero resultan de utilidad porque evitan tener que repetir ideas y argumentos ya manifestados y que alargarían quizás inútilmente los artículos).

En cualquier caso, la situación ha empeorado sustancialmente desde el mismo instante en que el artículo 155 ha dejado de estar en vigor y los golpistas cuentan con el inmenso poder y dinero que les concede disponer del gobierno de la Generalitat, y de los medios que les está entregando Sanchez. A pesar de que Eric Juliana, arrimando siempre el ascua a su sardina, haga esfuerzos para convencernos de lo contrario, la aplicación del 155 es perfectamente constitucional y democrática. Obedece a un mandato de la Carta Magna y el Gobierno de Madrid es tan democrático como el de la Generalitat, y mucho más cuando este último, le haya votado quien le haya votado, se sale del mandato constitucional y conspira para consolidar un golpe de Estado.

El diálogo de Sánchez está agravando la situación y dando nuevas armas a los independentistas, incluso legitimándoles internacionalmente. Ahora hasta se les autoriza a eludir el escaso control al que estaban sujetos mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y se les presta el dinero por ese otro mecanismo del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que no conlleva condiciones fiscales. Se les deja total libertad en el uso de los recursos, que sin duda se emplearán en buena medida en continuar alimentando el golpe de Estado. Qué casualidad que, a pesar de no aprobar los presupuestos, la Generalitat, según la ministra de hacienda (licenciada en medicina) cumple los requisitos de déficit, endeudamiento y pago a proveedores.

Puestos a ensayar, deberíamos hacerlo con un artículo 155 consistente (policía, educación, relaciones exteriores, Hacienda, medios de comunicación) e indefinido hasta que, tal como dispone la Constitución, se haya restaurado la normalidad. Esto sí que no se ha probado nunca. Bien es verdad que cuanto más se tarde en aplicarlo, más necesario será, pero también presentará mayores dificultades en su instrumentación. Sin embargo, paradójicamente, desde esa nueva situación creada por la aplicación del citado artículo sería más posible el diálogo y la negociación, puesto que los secesionistas comprenderían que no siempre es de más a más, sino que también puede ser de más a menos. Claro que ese diálogo solo sería factible con un gobierno que no dependiese de los golpistas para gobernar. García-Page tiene razón. La cuestión no está en diálogo sí o diálogo no, sino en qué es lo que se dialoga, desde qué plataforma y con qué hipotecas.

republica.com 4-1-2019

El 21 del pasado mes de noviembre no fue un buen día para Pedro Sánchez. El FMI, la OCDE y la Comisión de la Unión Europea coincidieron en un análisis no demasiado favorable sobre la economía española y en críticas y advertencias nada positivas acerca de la política del Gobierno. Lo curioso es que diagnósticos tan negativos se han producido sin que Pedro Sánchez haya tomado apenas alguna medida efectiva. Tan solo ha lanzado anuncios y hecho promesas. Las únicas medidas adoptadas han sido las que figuraban en los presupuestos pactados por el PP con Ciudadanos y el PNV. En política, los anuncios y las promesas son flatus vocis y no suelen tener consecuencias a no ser que se cumplan. En economía, sin embargo, la reacción es más inmediata. El dinero es miedoso. Y el simple anuncio tiene ya efectos e induce a inquietud o a optimismo. Por eso hay que tener cuidado con las palabras.

Tenía la intención de dedicar este artículo a los problemas económicos señalados y a las recomendaciones lanzadas por los tres organismos internacionales. Pero el mismo día 21 sucedían ciertos acontecimientos que me convencieron de cambiar de tema. Me refiero, por una parte, al cese del jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal y, por otra, al folklore que se formó en el Parlamento con los golpistas cabreados porque les llamaban golpistas. Ha colaborado también en mi decisión al cambio pensar que la situación económica no va a sufrir mucha alteración de una semana para otra y que las recomendaciones del Fondo, de la OCDE y de la Comisión suelen ser siempre las mismas.

He observado que en gran parte de la prensa y de la opinión pública se ha instalado una idea equivocada: la creencia de que los fiscales son independientes, pero los abogados del Estado no. Si no lo son, deberían serlo. Lo cierto es que la Abogacía del Estado, al igual que toda la Administración Pública, tiene que regirse, de acuerdo con el art. 103 de la Constitución, por el principio de legalidad, lo que quiere decir que debe actuar con objetividad, neutralidad e independencia, y tanto la selección como la remoción de todos los empleados públicos, también de los abogados del Estado, deberán basarse en el mérito y la capacidad.

Es verdad que, según el artículo 97 de la Constitución, el Gobierno dirige la Administración, pero eso no quiere decir que pueda sustituirla, ni apartarla de su finalidad y del cumplimiento de la ley. El Gobierno marca las políticas, determina los objetivos y los proyectos, pero todo ello dentro del margen establecido por el ordenamiento y los procedimientos administrativos. La neutralidad política de la Administración constituye una protección para los ciudadanos y uno de los aspectos esenciales a la hora de medir el nivel democrático de una sociedad. La estabilidad en el puesto de trabajo no es un privilegio de los empleados públicos, sino una garantía de los administrados (véase mi artículo del 2 de agosto pasado).

La autoridad y el control del Gobierno y demás altos cargos sobre los funcionarios públicos tienen límites muy claros. Caben pocas dudas de que ningún político puede -o al menos no debe- intervenir en un órgano de contratación, violentando la adjudicación. Todo el mundo condenaría que el ministro de Hacienda decidiese a quién hay que inspeccionar o a quién no, y mucho más si seinmiscuyese en un procedimiento de inspección manipulando el resultado. Del mismo modo, resulta reprochable que el ministro de Justicia, por razones políticas, dé directrices a un abogado del Estado personado en un proceso de corrupción acerca de la calificación del delito y de las penas a demandar. La neutralidad de la Administración en su funcionamiento exige que no haya interferencia política en los procedimientos administrativos, y que los empleados públicos ejerzan sus funciones atendiendo únicamente a los dictados de la ley.

Lo anterior explica la inmoralidad cometida (bordeando la prevaricación) y el escándalo producido cuando la abogada general del Estado ha cesado -se supone que por indicación de la ministra de Justicia- a Edmundo Bal de su puesto de jefe del departamento de lo penal de la Abogacía del Estado. Y ello por el único motivo de no querer firmar un escrito que él no había elaborado, escrito de muy baja calidad, en el que la relación de los hechos se había reconstruido y era claramente fraudulenta, evitando emplear la palabra violencia, y dirigido a poder cambiar la calificación de rebelión por la de sedición y calcular a la baja las penas de defraudación.

El Ministerio de Justicia y la portavoz del Gobierno fundamentan el cese en que se trata de un puesto de confianza. Y es que para el sanchismo todos los puestos deben ser de confianza, de confianza del sanchismo. No le basta haber cambiado nada más llegar al poder cientos y cientos de puestos que tenían un carácter meramente técnico, como el de la presidencia del CIS, para sustituirlos por perfiles claramente partidistas, incluso sectarios. No le resulta suficiente haber establecido una auténtica purga en Televisión Española, sino que está dispuesto a que todos los puestos de libre designación sean también de libre remoción y de confianza política. En la Administración hay miles y miles de puestos de libre designación, casi todos los que comportan cierta responsabilidad, pero ello no quiere decir que en su provisión se prescinda del mérito y de la capacidad o que los ceses puedan aplicarse arbitrariamente y cuando el empleado público se niegue a suscribir las irregularidades que el ministro de turno considere convenientes.

El caso que nos ocupa es de suma gravedad, puesto que no se trata de un mero asunto administrativo más o menos importante, sino de la postura que el Estado (no el Gobierno) a través de la Abogacía mantiene en un proceso de los más relevantes- si no el que más- de la historia reciente de España. Unos días antes de que se presentase el escrito de calificación y ante los rumores de que la Abogacía iba a cambiar de opinión, la portavoz del Gobierno, con ese tono con el que parece hablar ex cátedra, mantuvo que la Abogacía del Estado estaba trabajando únicamente con «criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad».

La realidad ha desvelado el embuste. El escrito de acusación presentado no fue elaborado por los técnicos competentes, que se mantenían en la misma postura, sino por la abogada general del Estado (este si es cargo de confianza, aunque debería ser menos de confianza y más de mérito y capacidad) que siguió fielmente las indicaciones de la ministra de Justicia- y es de suponer que del mismo Sánchez- y, ante la negativa de Bal a suscribirlo, debió firmarlo ella misma quedando en un papel bastante desairado. Esta es la verdadera razón del cese, que un técnico, aunque progresista y que estuvo a punto de ser nombrado fiscal general del Estado por la propia Dolores Delgado, se negó a retorcer la ley y a traicionar su función administrativa en aras de la conveniencia política de Sánchez.

La destitución va a acarrearle serias consecuencias tanto en su carrera profesional como en su economía. Lo sé por experiencia profesional puesto que hace 28 años, por criticar públicamente la participación española en la Guerra del Golfo, fui cesado del puesto de interventor del Ministerio de Cultura y tuve que pasar seis años en el dique seco, con pérdidas significativas en las retribuciones. Supongo que Bal dirá ahora lo que yo dije entonces: todos al suelo que vienen los míos. Lo peor del asunto no es que uno u otro empleado público puedan salir perjudicados, sino que constituye un aviso a navegantes y una llamada de atención para todos los funcionarios. El deterioro es para la Administración y para los ciudadanos, que no podrán estar seguros de que la neutralidad y la objetividad rigen en la función pública.

Que en el caso que nos ocupa no se puede hablar de puesto de confianza queda meridianamente claro cuando se repara en que Bal llevaba en ese cargo 16 años y había visto pasar a ministros del PSOE y del PP: Michavila, López Aguilar, Fernández Bermejo, Caamaño, Gallardón y Catalá. Ninguno de ellos puso en cuestión su trayectoria y su trabajo, incluso cuando a pesar de estar Rajoy de presidente del Gobierno fue, en nombre de la Hacienda Pública, un acusador implacable en el caso Gürtel en el que se juzgaba la financiación del PP. Han bastado seis meses, sin embargo, para que Dolores Delgado le considere persona (funcionario) non grata, y es que el sanchismo no tolera todo aquello que se oponga a sus intereses, que se concretan en uno solo, permanecer en la Moncloa, y para ello necesita a los golpistas.

He escrito golpistas a propósito, porque golpista es quien da un golpe de Estado, el que intenta cambiar la constitución de un país al margen de los procedimientos establecidos en la propia constitución y en la ley para hacerlo, modificar la ley no desde la ley, sino desde la fuerza, sea cual sea esta, la física, practicada por las fuerzas armadas, o la coacción ejercida por instituciones investidas de poder por el Estado y que utilizan ese mismo poder para violentar las leyes y la constitución.

Son golpistas porque no esconden sus propósitos e incluso reivindican las acciones ejecutadas para alcanzarlos, y lo son con independencia de cuál sea el resultado del proceso penal, bien sea rebelión, sedición o nada. Al llamarlos golpistas ni se les está insultando ni violando su presunción de inocencia, sencillamente porque no es una calificación penal, sino una constatación política que describe claramente sus intenciones, aquellas que ellos mismos confiesan.

No obstante, si nos referimos a la calificación penal, hay quienes van de tertulia en tertulia asegurando que de ninguna forma se puede hablar de rebelión, ya que la mayoría de los juristas dicen lo contrario, que no se cumple la condición de violencia. Bien es verdad que nunca dicen qué juristas son esos, y cómo saben ellos que son la mayoría. Supongo que opiniones hay para todos los gustos, pero lo que importa es el criterio de aquellos que hasta ahora han sido competentes para intervenir en el proceso y que han conocido toda la información sobre lo sucedido. Tanto el juez instructor, como la Fiscalía, como la Abogacía del Estado antes de la intervención interesada del Gobierno, han coincidido en que ha existido violencia suficiente para calificar lo ocurrido de rebelión. Por supuesto que el juicio está por celebrarse, y hay que estar por lo tanto a lo que sentencie el tribunal, pero mientras tanto es lógico que los que no somos juristas nos fiemos más de los que intervienen en el proceso que de cualquier charlatán que da su opinión sin demasiado fundamento.

Quizás la presidenta del Congreso no estuviera muy acertada el otro día cuando pretendió situarse en la equidistancia y comparó golpista con fascista. Aunque en realidad, en boca del señor Rufián y compañía lo de fascista no representa tampoco ningún insulto, es un simple calificativo equivalente a no secesionista, y que lanzan contra todos aquellos que se oponen a su gran objetivo: la Magna Cataluña. Cuando la extensión de una palabra es tan grande, y abarca a todos, difícilmente puede constituir una ofensa. A los militantes de Ciudadanos y a Borrell se les puede calificar de muchas cosas, pero no utilizaría yo precisamente la denominación de fascistas. Es un apelativo tal vez un poco anticuado. Pero, puestos a encontrar similitudes, me orientaría más al mundo independentista, en el que no se puede por menos que encontrar muchas semejanzas con el nacionalismo, supremacismo, empleo de la coacción y desprecio de la legalidad establecida, que caracterizó a los movimientos fascistas y similares del siglo pasado.

Dicen que hay crispación en el hemiciclo, ¿cómo no va a haberla? Es la sociedad la que está crispada. Eso es lo que ha conseguido el secesionismo. Crispación en Cataluña, donde la mitad de la población se encuentra enfrentada a la otra media. Y crispación con el resto de España, que está hasta las mismas narices de tantas ofuscaciones y atrocidades. Lo malo es que estos fanáticos son los aliados de Sánchez, los que necesita para seguir gobernando. ¿Cómo iba el otro día a defender a su ministro de Exteriores? Hace dos semanas escribí un artículo que titulé “Un antes y un después de la moción de censura”. Estamos en el después.

republica.com 30-11-2018

El PP y Ciudadanos reclaman la aplicación del art. 155 de la Constitución. No les falta razón. El PSC y el Gobierno, por el contrario, se oponen y para ello se escudan tras la distinción entre palabras y hechos, empleando además una versión cercenada de estos últimos, reduciéndolos tan solo a los jurídicos, o a los acuerdos formales del Gobern y del Parlament que sean claramente ilegales o que violen la Constitución. Esta concepción puede ser correcta a efectos de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional o incluso en el ámbito penal, aunque nuestro código sanciona también la conspiración para determinados delitos, como el de rebeldía, sin esperar a que se comentan de forma fáctica, pero desde luego no hay por qué mantener una interpretación tan restrictiva para la aplicación del art. 155. de la Constitución.

Hace casi un año, el 2 de noviembre de 2017, que desde estas mismas páginas me refería yo al art. 155 de la Constitución afirmando que el error del Estado había sido atribuir un carácter casi sacro y solemne a este artículo, pensando que solo se podía o se debía utilizar en ocasiones dramáticas o críticas, cuando en realidad su contenido es mucho más amplio, y debe usarse siempre que una Comunidad «incumpla las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España». En ese mismo artículo del 2 de noviembre tachaba de error haber convocado inmediatamente elecciones en Cataluña y poner plazo de caducidad a la vigencia del 155. El tiempo creo que ha confirmado lo desacertado de esa forma de actuar y cómo se debería haber mantenido las condiciones de excepcionalidad hasta que la situación de rebeldía creada por la Generalitat se hubiese desactivado.

Pero dejemos de lamentar lo que podría haber sido y no fue y consideremos el presente. Es fácil reconocer que hay suficientes motivos para aplicar de nuevo en estos momentos el 155 y quizás con una amplitud, si no mayor, sí distinta de la de hace un año. El golpe de Estado continúa activo y los independentistas no se privan de afirmar que, si el Gobierno no cede al chantaje de convocar un referéndum de secesión y si los jueces no absuelven a los presos, retornarán a las andadas. Es más, gran parte de sus actuaciones se encaminan a fortalecer medios e instrumentos para garantizarse que la próxima vez no fallarán.

¿Alguien se atreve a afirmar que el Gobierno de la Generalitat está cumpliendo las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes? ¿Quién puede negar que su actuación va dirigida a dañar gravemente el interés general de España, cuando el muy honorable presidente afirma abiertamente que hay que atacar al Estado español, y cuando toda la actuación exterior de la Generalitat se dirige a desacreditar y vilipendiar a España? ¿Acaso no es evidente que el Gobern no puede, y además no quiere, mantener el orden público? ¿No es patente que los derechos de la mitad de la población no están garantizados, entre otros el de manifestación? ¿Está la Generalitat gestionando adecuadamente el régimen penitenciario de los presos del procés? ¿No es cierto que TV3 y Catalunya ràdio no están cumpliendo la función de medio de comunicación público y que actúan más bien como un instrumento de publicidad y propaganda de los secesionistas y del golpe de Estado? ¿Acaso este Parlamento ha revocado la declaración de independencia proclamada en la legislatura anterior?

Motivos hay y muchos para volver a utilizar el 155 en Cataluña. Es más, antes o después habrá que ponerlo en vigor y será tanto más difícil su instrumentación cuanto más tarde se haga. Dicho todo eso, hay una realidad que hoy por hoy hace imposible su aplicación y es el hecho de que el Gobierno de España gobierna gracias a los golpistas, y les necesita para aprobar los presupuestos. Se lo recuerdan cada poco. Es esta situación viciada y adulterada del Ejecutivo del Estado español la que hace irrealizable el empleo en Cataluña del 155 de la Constitución. Solo permite el diálogo del apaciguamiento. Pero por eso mismo resulta tan cínica la postura de Sánchez cuando realiza una invocación al PP y a Ciudadanos para que “hagan lo mismo que él hizo con Rajoy y apoyen al Gobierno en esta materia, ya que es una cuestión de Estado”. El doctor Sánchez miente ya que lo que él propone, el diálogo del apaciguamiento, no es una cuestión de Estado, sino una condición para su propia supervivencia en el poder.

Por otra parte, el PSOE de Sánchez no apoyó a Rajoy en el tema catalán, tal como ahora pretende. Tan solo cuando las cosas llegaron al límite con la declaración de independencia accedió al 155, pero imponiendo tales condiciones que en buena parte fue el causante de que se aplicase de manera precaria e incompleta. El PSOE de Pedro Sánchez en el tema catalán ha sido una prolongación del PSC y por lo tanto un freno para todas las medidas que se pretendían adoptar desde el Gobierno y desde los tribunales. Ante el propósito de Rajoy de que los partidos constitucionalistas caminasen juntos en el proceder del Estado en Cataluña, Pedro Sánchez, arrastrado por el PSC, se convirtió en un lastre que obstaculizaba todas las actuaciones. La prueba más evidente es que no ha tenido ningún reparo en unirse a los golpistas para llegar a la Moncloa y para mantenerse en ella. ¿Cómo va a aplicar ahora el 155?

Pedro Sanchez es rehén de los golpistas, pero el PSOE de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Aragón y de tantas otras regiones que no son precisamente Cataluña, están cautivos de Sánchez. Van a tener difícil explicar a sus votantes que los intereses de su líder están por encima de los intereses de todos los españoles.

republica.com 19-10-2018

En el clan de Pedro Sánchez se ha hecho rutina utilizar como amuleto determinadas palabras, que repiten todos como papagayos. Ahora emplean la palabra “cacería” para indicar que el Gobierno, según ellos, padece el acoso de la oposición y de la prensa. Resulta chusco que el Pedro Sánchez del “no es no” hable de caza. Hace unas semanas refiriéndose a Cataluña empleaban la palabra “normalizar”. Parece que ya no la usan, lo cual es lógico porque la situación en Cataluña se puede calificar de todo menos de normal. Ahora han cambiado a la palabra “apaciguamiento”, que les sirve de excusa para hacer todo tipo de concesiones a los secesionistas, aquellas que son necesarias para que Sánchez continúe en el gobierno.

El tema viene de lejos. Durante todo el tiempo que Pedro Sánchez ha estado en la oposición ha usado el procés para arremeter y criticar al Gobierno de Rajoy, situándose en la equidistancia, en esa tercera vía en la que siempre se ha colocado el PSC. Cada vez que condenaba a los golpistas se creía en la obligación de acusar al Gobierno de no practicar el diálogo y de haber judicializado la política, mantra que todos sus acólitos han repetido hasta la saciedad. A la luz de los últimos acontecimientos, este reproche de judicializar no deja de ser chusco en boca de un presidente que tiene a su gobierno trufado de ministros pertenecientes a la Administración de justicia.

El contraste es aún más llamativo si se consideran las manifestaciones que de forma premeditada y en cascada han hecho algunos de los miembros del equipo de Pedro Sánchez acerca de la conveniencia de que los presuntos golpistas no continúen en prisión preventiva, lo que ciertamente no significa una judicialización de la política, sino una politización de la justicia, y un intento en definitiva de presionar al juez instructor. Es más, esta postura del Gobierno no puede por menos que tener efectos en el extranjero, en el objetivo número uno de los golpistas, lo que llaman internacionalizar el proceso. Es el propio Gobierno el que cuestiona los acuerdos del Tribunal Supremo, y da la razón así a los que fuera de España, bien desde la administración de justicia o bien desde la prensa, ponen en duda el funcionamiento correcto de las instituciones españolas.

“El problema de Cataluña es político y no penal”. No se entiende bien esa afirmación de los golpistas que ha hecho suya también el Gobierno de Pedro Sánchez. El problema siempre ha sido político, pero además de político pasó a ser penal cuando los nacionalistas se hicieron golpistas y pretendieron segregar unilateralmente de España una parte de su territorio, transgrediendo la Constitución, el Estatuto y todo el ordenamiento jurídico español, y en contra de al menos la mitad de los catalanes y de casi la totalidad de los españoles.

Querer solucionar un golpe de Estado con diálogo es el colmo de la ingenuidad. Mientras que Pedro Sánchez ha estado en la oposición podía reivindicar el diálogo sin mayor concreción, incluso cuando los independentistas afirmaban que lo único que estaban dispuestos a negociar era la celebración de un referéndum de autodeterminación o bien dando un paso más allá pactar cómo tenía que desarrollarse el proceso de segregación de Cataluña de España. Ahora que ya está en el gobierno y le corresponde poner en órbita ese diálogo que tanto ha demandado, se encuentra con que el rey está desnudo, es decir, que la negociación está vacía de contenido o, lo que es peor, que todo el diálogo se reduce a una serie de concesiones por parte del Estado sin recibir nada como contrapartida, porque en el fondo nada pueden ofrecer los independentistas al Estado español, excepto cumplir la ley y la Constitución, pero eso debe hacerse sin compensación y sin obtener premio alguno. Otra cosa es lo que puedan ofrecer a Pedro Sánchez, esto es, garantizarle la permanencia en el gobierno.

Los independentistas no se engañan, saben que tienen de rehén a Sánchez, y que les debe el gobierno. A pesar de que mantienen viva su reivindicación máxima, el derecho de autodeterminación y la República, y que lo repiten y reclaman cada poco, saben que no está en manos de Sánchez concederlo, pero ello no es óbice para que estén muy contentos con el llamado diálogo, puesto que está constituyendo un maná de favores y prebendas.

El diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez constituye claramente una quiebra de la equidad respecto a las otras Comunidades Autónomas. El presidente del Gobierno, a pesar de que lo había prometido en la oposición, ha renunciado a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica. La razón hay que buscarla en su aspiración de tener las manos libres para establecer relaciones bilaterales con la Generalitat, condición sine qua non de los independentistas, ya que no quieren ni oír ni hablar de plataformas multilaterales.

Según la ministra de Política Territorial, que parece más bien ministra exclusivamente para Cataluña, hay más de 20 mesas de diálogo, lo que representa 20 plataformas para el victimismo y la reivindicación, y 20 canales por los que las cesiones y las dádivas del Estado irán a parar a la Generalitat desviando recursos de otras finalidades y destinos. El victimismo tiene tanta o menos razón cuanto que el sistema actual de financiación autonómica fue diseñado por Zapatero y Montilla de acuerdo a las conveniencias de la Generalitat.

La gravedad de estas cesiones se incrementa al considerar que el Gobierno de Sánchez ha renunciado a controlar las cuentas de la Generalitat y no pueden garantizar que los recursos transferidos no se orienten a favorecer la independencia: constituir nuevas embajadas, subvencionar a las llamadas asociaciones civiles -que son instituciones encargadas de promocionar la independencia y dirigir la rebeldía-, ayudas a la prensa para que hagan propaganda del procés, nombramientos de afines, etc.

El diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez se orienta a ampliar las competencias de la Generalitat, lo cual resulta ciertamente difícil, dado el nivel de autogobierno que tiene Cataluña. El presidente del Gobierno, ante la petición de independencia de los secesionistas, sabiendo que tal demanda está fuera de cualquier posibilidad, se ha escudado en la ampliación del autogobierno. Ha comenzado por plantear la retirada de los recursos que el anterior Ejecutivo había interpuesto ante el Tribunal Constitucional sobre determinadas leyes propuestas por la Generalitat. El problema no es si contienen o no medidas sociales, sino si la Generalitat tenía o no competencia para aprobarlas. Si son anticonstitucionales, no parece lógico que el Gobierno de la nación se inhiba y dé por bueno el ejercicio por parte de una Comunidad de unas competencias de las que carece. Si se está de acuerdo con las medidas sociales contenidas en esas leyes, lo coherente es que se aprueben para toda España y que no se apliquen solo en Cataluña, sobre todo cuando la Generalitat demanda dinero continuamente al Estado.

Tampoco parece correcto que el doctor Sánchez asuma el discurso falaz de los secesionistas acerca del último estatuto de autonomía, situando en la sentencia que sobre él dictó el Tribunal Constitucional el origen de todo el conflicto. Y menos honesto es aún que prometa la aprobación de un nuevo estatuto incorporando los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional, sabiendo que son anticonstitucionales y que su partido solo cuenta con 84 diputados.

Todos los gobiernos de la democracia, cuando han estado en minoría, han cedido al chantaje de los nacionalistas comprando su apoyo en el Parlamento de Madrid mediante nuevas transferencias y prebendas. Es indudable que las cesiones de todos estos años se encuentran en el origen de los problemas actuales, pero en descargo de esos ejecutivos se puede aducir que quizás no eran conscientes de lo que iba a venir después, ya que entonces los nacionalistas no habían traspasado aun la raya. La situación ahora es muy distinta; la gravedad, mucho mayor. Sánchez y sus acólitos no tienen disculpa cuando han presenciado todo lo que ha ocurrido estos años, y son conscientes de que el golpe continúa vivo. Los secesionistas aprovecharán la primera oportunidad que tengan para repetir la rebelión. Concederles más competencias y medios es armarles y equiparles para que la próxima vez tengan éxito.

El diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez conduce a que el Estado esté ausente de Cataluña y a que se vea obligado a guardar total silencio ante el caos que reina en esta Comunidad, sufriendo toda clase de humillaciones. El Gobierno es incapaz de contestar a las bravatas del independentismo. Acepta que los secesionistas impongan el orden del día en las reuniones, aunque en él se incluya del derecho de autodeterminación. El presidente de la Generalitat arremete permanentemente contra el jefe del Estado con la total permisividad del Gobierno y de su presidente que, al mismo tiempo, recibe a Torra, aun cuando este había puesto un veto para que el rey no fuese a Cataluña.

El Gobierno de Sánchez está consintiendo que en Cataluña reine la anarquía y el gobierno despótico y violento de los comités de defensa de la república. Se han adueñado de las calles, ensucian todos los espacios públicos con lazos amarillos e impiden por la fuerza que discurra con normalidad, aun cuando esté plenamente autorizada, toda otra manifestación con la que no comulguen. Cortan carreteras, autopistas y las vías del AVE. Se adueñan de edificios oficiales y asedian y asaltan el Parlamento. Todo ello de forma muy pacífica, solo hay que contemplar las imágenes… Tan pacifica como las acciones llevadas a cabo el 1 de octubre del año pasado. No en vano son los mismos, solo que entonces se llamaban comités de defensa del referéndum. Cuentan con la complicidad de las autoridades de la Generalitat, que han distorsionado el funcionamiento normal de los mossos, hasta el punto de suscitar las críticas y las quejas de todos sus sindicatos.

Cuentan, si no con la complicidad, sí al menos con el silencio del Gobierno de Sánchez y de la Fiscal General del Estado que parece que se encuentra de vacaciones y casi se puede dudar de si la plaza está ocupada. Supongo que el diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez hace imposible que se califique a los comités de defensa de la república de agrupaciones criminales, pero lo cierto es que la definición que el artículo 570 bis del Código Penal ofrece de esta figura delictiva les viene como anillo al dedo.

republica.com 12- 10-2018

Como es sabido, el 27 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña, en una sesión en extremo insólita (se ausentaron de la Cámara Ciudadanos, PP y PSC), aprobaba la declaración unilateral de independencia, que tan solo fue leída por la presidenta de la mesa sin intervención de miembro alguno del Govern. Pocas horas después, Rajoy anunciaba la entrada en vigor en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, con un punto sorpresa, el de convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre siguiente. En una tribuna dedicada a analizar la problemática del citado artículo y publicada en este mismo diario digital el 2 de noviembre, señalaba yo los riesgos que podían derivarse de esa convocatoria tan apresurada:

«Quizás haya que buscar en estos escrúpulos del PSC y en el oportunismo de Ciudadanos -formación que cree tener buenas expectativas electorales- la urgencia en convocar desde el primer momento elecciones autonómicas. Convocatoria a todas luces precipitada y a ciegas porque se desconoce la situación en la que la sociedad catalana puede encontrarse dentro de 54 días. Se supone que el objetivo del artículo 155 no es la convocatoria, de cualquier modo, de elecciones, sino el regreso a la legalidad. La convocatoria de elecciones es tan solo el final lógico de esa normalidad conseguida, pero no puede precederla… La convocatoria de elecciones para una fecha tan próxima, el 21 de diciembre, plantea muchos interrogantes. Tras lo que ha costado llegar hasta aquí, no parece razonable quedarse a mitad del camino y encontrarnos con que a los tres meses estamos de nuevo en el inicio del problema… Son muchos años de errores, de cesiones y de inhibiciones del Gobierno español y de sectarismo de las instituciones catalanas… Sin duda, no es fácil invertir todo esto y menos a corto plazo… Existe, desde luego, el peligro de que se quieran convertir de nuevo estas elecciones de autonómicas en plebiscitarias, y si los resultados son los mismos, de que retornemos al principio».

Por desgracia, los pronósticos se cumplieron. Los partidos independentistas, aunque perdieron en votos, ganaron en escaños (cosas de la ley electoral) y eso fue suficiente para que les faltase tiempo para interpretar en clave plebiscitaria que los comicios les habían dado la razón, lo que transmitía los peores augurios para el futuro. Unos días después de las elecciones (el 28 de diciembre) me preguntaba de nuevo desde este mismo diario ¿y ahora, qué? y manifestaba mi creencia de que se iban a producir múltiples contradicciones y situaciones caóticas:

«Lo cierto es que el hecho de haber convocado con tanta premura las elecciones nos adentra en una situación kafkiana, difícil de asimilar. Quiérase o no, se van a entremezclar los sucesos políticos y los judiciales… Nadie discute que los jueces deben actuar con criterios estrictamente jurídicos y al margen de cualquier suceso político. Los votos pueden lavar en todo caso la responsabilidad política, pero nunca la penal. No obstante, eso no es óbice para admitir que la situación va a ser en extremo complicada y que los sediciosos van a querer utilizar los resultados electorales para librarse de las condenas…».

Todo esto era previsible, así como que se entablaba una partida de ajedrez sumamente compleja; lo que no estaba previsto es que uno de los jugadores a mitad de la partida se cambiase de bando y además se llevase las fichas y el tablero. La actitud saltimbanqui de Sánchez, que a los tres días de llamar xenófobo a Torra se apoya en los golpistas para llegar al gobierno, crea un escenario tan sumamente distorsionado que nada es lo que parece y se pueden producir las mayores incongruencias, comenzando por la mayor de ellas, la de estar obligados a preguntarnos ante cada acontecimiento en qué bando están situados Sánchez y su Ejecutivo. En el tema de Cataluña todas sus posturas han pasado a ser sospechosas, al tener que apoyarse en los sediciosos para mantenerse en el poder y para dar cualquier paso en sus actuaciones de gobierno.

De ahí en adelante, lo que se quiera. Llevamos tres meses de desatinos. Los golpistas, custodiados en las cárceles que dirigen los golpistas; el representante del Estado en Cataluña que afirma que hay que destruir el Estado, y que pretende vetar la presencia del jefe del Estado en Cataluña; golpistas huidos que cobran un sueldo del erario público; Ayuntamientos e instituciones haciendo proclamas públicas a favor del golpe y colocando todo tipo de señales con claro sentido denigratorio del Estado; la policía que actúa con total pasividad frente a los que ponen lazos insultando a España, pero identifican y confiscan el material a los que se deciden a quitarlos. Podríamos continuar con la relación, pero todo esto es de sobra conocido y nos quedaríamos siempre cortos.

No obstante, se ha producido un acontecimiento que, por su extrema trascendencia y por las consecuencias que puede tener de cara al futuro, hay que situar en primer plano. Me refiero a la demanda judicial en Bélgica contra el juez Llarena y todo lo que la ha rodeado. No insistiré en el comportamiento anormal de la justicia belga dando curso a una demanda civil que no tiene ni pies ni cabeza, presentada por unos ciudadanos “españoles” prófugos de la justicia “española” que aparentemente denuncia a un magistrado del Tribunal Supremo de “España”, casualmente el que le está juzgando en un proceso penal, pero que en realidad es un panfleto contra el Estado “español”, que se supone miembro de la UE. ¿Qué pinta la justicia belga en todo esto? En Bélgica todo es posible, y en la UE también. ¿Pero cómo quieren que no se incremente el euroescepticismo?

Pero más allá de Bélgica y de la UE, la profunda gravedad del tema reside en la reacción del Gobierno y, por qué no decirlo, también de la formación política Podemos. El Consejo del Poder Judicial (CPJ), como no podría ser de otra forma, concedió amparo al juez Llarena, en un escrito sumamente duro en el que mantiene que la denuncia presentada tiene como único fin condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales. Considera difícil que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español y añade que cuando se cuestionan de tal modo los actos llevados a cabo por el magistrado, se cuestiona también la esencia misma de nuestro Estado de Derecho. El CPJ comunicó su escrito a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia “para que adoptasen las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

Es difícil pronunciarse acerca del celo que el Ministerio de Asuntos Exteriores se haya tomado en el empeño (el mundo diplomático siempre es recóndito y difícil de descifrar), pero lo que sí se sabe es que la eficacia conseguida frente al Gobierno belga ha sido más bien escasa, por no decir nula, lo que puede ser un toque de atención para todos aquellos entre nuestros gobernantes que van jactándose de ocupar un puesto muy relevante en el ámbito europeo. Lo que, sin embargo, sí ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la postura adoptada por el Ministerio de Justicia que, mediante un comunicado, se desentendía de la defensa del juez Llarena, con la excusa de que la demanda se dirigía contra manifestaciones privadas del magistrado.

La ministra, incomprensiblemente, caía en la trampa urdida por los golpistas que, para atacar al Estado español y negar su carácter democrático y de derecho, se valían de una triquiñuela jurídica, demandando civilmente al juez español. Es evidente que a quien se demanda no es a Pablo Llarena, ciudadano, sino a Llarena, magistrado del Supremo e instructor de la causa que se sigue contra los golpistas. Es incuestionable que solo así, en su calidad de magistrado, el juez Llarena podría haber infligido el daño que se le atribuye sobre el honor, sobre la integridad moral y sobre el fundamento de la acción política de los demandantes. Las manifestaciones de Llarena a los medios de comunicación del 22 de febrero pasado en Oviedo se citan en la demanda tan solo como coartada y como ejemplo de la falta de imparcialidad del juez, pero esa falta de imparcialidad, suponiendo que la hubiese habido, poca importancia podría tener si Llarena fuese tan solo Pablo Llarena y no magistrado del Supremo, o no estuviese llevando la instrucción de los golpistas. Las palabras del juez, aun trastocadas de forma torticera, eran de lo más inocuo. ¿Se podría esperar que afirmase que en España había presos políticos?

Es más, dado que, en España, digan lo que digan los sediciosos, el Estado de derecho es en extremo garantista y existen infinidad de recursos, recursos cuya totalidad han ido utilizando y perdiendo los sediciosos, el juez Llarena solo podría haber cometido las felonías de que se le acusa contando con la complicidad de la Fiscalía y de todo el Tribunal Supremo. Se precisaba, por tanto, elevar el tiro por encima del magistrado y acusar a todo el sistema judicial y al Estado, presentándolo como no democrático y violador de los derechos fundamentales. La demanda es casi un panfleto que no escatima insultos y descalificaciones sobre el Estado español, hasta el punto de compararlo con Kazajstán. Hemos llegado al verdadero quid de la cuestión, la intención de los sediciosos es la de utilizar a la justicia belga para montar una farsa que desprestigie y desacredite internacionalmente a la democracia española. Lo indignante es que la justicia belga entre en el juego, y más irritante aún que la ministra, no se sabe con qué intenciones, minimizase el tema y lo quisiera convertir en un asunto privado del juez Llanera. Es el Estado, estúpidos, es el Estado.

El intolerable comportamiento de la ministra no se puede atribuir a la ignorancia, ya que contaba sobre su mesa con dos informes, uno de la Abogacía del Estado de su propio departamento y otro de la Abogacía General del Estado (antiguamente, Dirección General de lo Contencioso), y ambos dejaban perfectamente clara la intención de la demanda y la necesidad de que el Estado se personase no solo en defensa del Estado español, sino del juez Llarena, porque resultaba imposible separar una de la otra. Especial importancia reviste el informe de la Abogacía General del Estado, ya que la competencia de este órgano, al igual que la de la Intervención General del Estado, trasciende el ámbito de un ministerio para insertarse en el de la totalidad del Gobierno. En escasas ocasiones un ministro se ha atrevido a actuar contradiciendo un dictamen de la Abogacía General del Estado. El sectarismo de la ministra ha llegado hasta el extremo de indignarse porque tales informes se habían filtrado e iniciar una verdadera caza de brujas, sin percatarse de que tales documentos deben ser públicos y conocidos.

No es extraño, por tanto, que la decisión de la ministra incendiase a la totalidad del mundo judicial. Jueces y fiscales mostraron por todos los medios su disconformidad y descontento. Esta movilización se debe, sí, al convencimiento de que la defensa del Estado español exigía la defensa del magistrado, pero también a una razón práctica de justicia. La decisión del Ministerio representaba un antecedente muy peligroso. Cualquier delincuente a partir de ese momento, para defenderse, podría actuar judicialmente contra jueces y fiscales y estos en su ejercicio como servidores públicos no contarían para su defensa con el apoyo del Estado. En el extremo, esta situación de indefensión podría influir en la independencia judicial. Es más, de alguna manera es posible que la intranquilidad se extienda a otros colectivos de funcionarios como inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, etc.

Ante el incendio producido, la vicepresidenta asumió el puesto de bombero que, como es habitual y nos tiene acostumbrados desde su época de ministra con Zapatero, empeoró la situación al intentar solucionar el entuerto. Afirmó que la defensa del juez Llarena no correspondía al Gobierno, sino al CPJ, ignorando que existía un convenio firmado con este órgano constitucional por el que el Gobierno se hacía responsable, mediante la Abogacía del Estado, de la defensa de los jueces.

Al final, el Gobierno ha tenido que corregirse a sí mismo y prometer que va a defender con todos sus medios al juez y al Estado, pero la rectificación no aleja las preguntas ni las sospechas. ¿Cuál ha sido la razón de un comportamiento tan sectario del Gobierno? La versión más inocua sería pensar que obedece a los rencores personales de la ministra contra el Supremo, derivados de su amistad con el juez Garzón. Desde luego, ciertas actuaciones posteriores, como dar a conocer el contrato firmado con el despacho de abogados encargados de la defensa en Bélgica, así como su importe, haciendo pasar lo que era una provisión de fondos por un precio definitivo, y lo que va orientado a proteger en el extranjero los derechos y la soberanía del Estado español por el precio de la defensa de LLarena, dan lugar a ello. Parece bastante claro que la ministra pretendía alentar las críticas y exabruptos de los demagogos, aquellos que actúan como si fueran la sucursal de los golpistas en el resto de España.

Pero puede haber una versión más preocupante. La intención del Gobierno de ir preparando el camino para un cambio de rumbo en el proceso, mediante la corrección en las calificaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Habrá quien afirme que esto es pensar tendenciosamente, pero también dijeron en su momento que Sánchez no llegaría jamás al Gobierno con el apoyo de los independentistas (entonces aún no eran golpistas), pero llegar, ha llegado, y se mantiene gracias a ellos.

republica.com 13-9-2018

Karl Marx escribe en su obra El 18 brumario de Luis Bonaparte: “Hegel sostiene en algún lugar que la historia se repite dos veces. Le faltó agregar: primero como tragedia y después como farsa». Con esta frase Marx quería indicar cómo el golpe de Estado perpetrado en París el 2 de diciembre de 1851 por Luis Bonaparte (Napoleón III) era un remedo, una mala imitación del ejecutado por Napoleón Bonaparte el 18 de noviembre (18 brumario) de 1799. De vivir Marx en la actualidad, alguien le podría objetar que eso ocurriría en Francia, pero que en España la frase debería enunciarse al revés, los golpes de Estado acaecen primero como farsa, bufonada, fiasco o amago frustrado, y la segunda vez como tragedia.

Al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que inició una cruenta guerra de tres años, le precedió la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932 que supuso el primer levantamiento del ejército frente a la República, y que claramente fracasó. El Gobierno de entonces no se tomó quizás demasiado en serio la intentona. A Sanjurjo se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua que, por supuesto, no cumplió; tan solo una pequeña temporada en el penal de El Dueso en un régimen de internamiento bastante benévolo, hasta que por último se exilió a Estoril. Cuentan que el llamado jefe de la Revolución mexicana, Plutarco Elías Calles, envió el siguiente mensaje a Azaña: «Si quieres evitar el derramamiento de sangre en todo el país y garantizar la supervivencia de la República, ejecuta a Sanjurjo». Mensaje que hoy, en un país europeo y después de más de ochenta años, con una mentalidad, por lo tanto, totalmente distinta de la que regía entonces en México, nos puede parecer muy duro y descarnado, pero no por ello deja de ser significativo.

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque fallido finalmente, mantuvo en vilo a toda España durante una noche y humilló al Gobierno y a todos los diputados, auténticos representantes de la soberanía nacional. Le precedió en noviembre de 1978 la operación Galaxia, protagonizada por el mismo Tejero, quien ya había diseñado un año antes en Játiva un plan similar. Por supuesto, toda la operación fue una auténtica chapuza que terminó con el arresto de los golpistas. La reacción del Gobierno y del propio aparato judicial fue muy débil. Tejero e Inestrillas, cabezas del previsible levantamiento, fueron condenados a siete y seis meses respectivamente de arresto, sin que ninguno de ellos perdiese el grado de militar.

A finales del año pasado en Cataluña se ha producido un auténtico golpe de Estado, no militar, ciertamente, pero sí ejecutado por instituciones que contaban con mucho más poder y capacidad de coacción y amenaza que muchos generales. De haber triunfado, las consecuencias hubiesen sido similares o mayores que bastantes pronunciamientos militares. En principio, puede decirse que ha fracasado. El referéndum del 2 de octubre fue una patochada que ni siquiera validaron los llamados observadores internacionales convocados y pagados por la propia Generalitat; y la proclamación de la República, un espejismo que nadie reconoció y que carecía de todas las estructuras e instrumentos necesarios para funcionar.

No obstante, una vez más, haríamos mal en tomarnos a broma lo sucedido o infravalorarlo, porque, como hemos dicho, en España lo que comienza como farsa acaba presentándose como tragedia. Tras la moción de censura en la que a los golpistas se les otorgó legitimidad para cambiar el gobierno de la nación, se está desarrollando una nueva etapa bastante peligrosa, centrada en una negociación entre el nuevo Gobierno y los independentistas que puede tener consecuencias gravísimas. El equipo de Sánchez y algunas de sus prolongaciones mediáticas hablan de la agenda del presidente en Cataluña que, según ellos, pasa por un doble mensaje, reaccionar con cordialidad y sin inmutarse frente a los actos hostiles de los independentistas, y con toda dureza ante sus actos ilegales. Parece ser que tan solo consideran como acto ilegal la última declaración soberanista del Parlament que el Gobierno impugnó ante el Constitucional, aunque la dureza no se vio por ninguna parte porque el Gobierno ni siquiera pidió que el Tribunal requiriese a Torrent y a los demás miembros de la mesa. Y actos ilegales, aunque de menor trascendencia, están practicando los independentistas todos los días sin que el Ejecutivo reaccione en absoluto.

Yo pienso que Pedro Sánchez solo tiene una agenda, mantenerse en el gobierno a cualquier precio, y ahí se encuentra precisamente el peligro de las negociaciones entabladas, que se realizan desde la hipoteca. Los sanchistas vienen afirmando que dentro de la Constitución se puede negociar todo. Me temo que lo que realmente quieren decir es que dentro de la Constitución se puede ceder todo. Vayamos por partes. Lo primero es señalar que no se está negociando con Cataluña sino con los golpistas, que como mucho representan a la mitad de los catalanes. Y que hay otros muchos catalanes cuyas reivindicaciones son totalmente contrarias a las que colocan los independentistas encima de la mesa de negociación.

Lo segundo es que existe la sospecha, y sospecha fundada, de que Sánchez y sus adláteres poseen un concepto muy laxo de la Constitución, por ejemplo, cuando el presidente del Gobierno afirma que el problema de Cataluña solo se soluciona votando. ¿A qué votación se refiere? Porque votar, votar, los catalanes salen a una elección por año. Otra cosa es que se pretenda, por más que se disfrace de una o de otra manera, que aquello que deben decidir todos los españoles se consulte exclusivamente a los catalanes. En ese sentido, aunque no se explican demasiado, es mal síntoma que hablen de un nuevo Estatuto, retomando aquellas cuestiones que el tribunal de garantías declaró inconstitucionales, o las manifestaciones de Meritxel Batet acerca de que si el 70 u el 80% de las fuerzas catalanas se pusiesen de acuerdo, el contenido se podría someter a referéndum en Cataluña. En ambos casos se está aceptando (o al menos se induce a confusión) que la soberanía no radica en el pueblo español en su conjunto.

Pero aun cuando creamos que la agenda de cesión de Pedro Sánchez tiene de verdad un límite, el de la Constitución, el camino emprendido es sumamente peligroso porque hay muchísimas cosas en las que el Gobierno no puede ni debe ceder, aunque no se opongan a la Constitución. Por supuesto, en todas aquellas reivindicaciones que representarían un claro agravio frente a otras Comunidades Autónomas. No hay que olvidar que Cataluña es una de las regiones más ricas, y sería totalmente injusto que al final el golpismo tuviese premio.

Pero existe incluso una limitación mucho mayor, la de no propiciar un nuevo golpe que quizás no aparecería ya como farsa, sino como tragedia. El independentismo, tras el fracaso obtenido con la declaración unilateral de independencia, si bien no ha tenido más remedio que aceptar los hechos y adaptarse a la realidad, sus representantes continúan sin embargo enrocados en su objetivo y dispuestos a repetir la rebelión tan pronto se les presente la ocasión y cuenten con los medios precisos para, ahora sí, tener éxito. En realidad, no engañan a nadie y admiten abiertamente su propósito. Consideran este periodo como un paréntesis en el que rearmarse para volver a intentarlo si nadie se lo impide. Por eso resulta tan obsceno que Pedro Sánchez quiera engañarse o engañarnos. Toda nueva cesión al independentismo es allanarles el camino para un segundo golpe de Estado, al que no han renunciado en ningún momento.

El primer golpe de Estado vino precedido de casi treinta años de cesiones en los que los dos partidos nacionales mayoritarios compraban el apoyo en las Cortes de los nacionalistas a costa de prebendas. Habrá quien pensase que esta política de continuos favores aplacaría las reivindicaciones independentistas. Todo lo contrario, sirvió para que el nacionalismo fuese robusteciéndose socialmente poco a poco y haciéndose con todas las estructuras en Cataluña. Los medios de comunicación públicos o subvencionados y la educación han ido consolidando el discurso, adoctrinando a gran parte de la sociedad, incluso, cosa sorprendente, a muchos de los que provenían de otras partes de España y que renegaban de sus orígenes para abrazar el supremacismo, esperando ser aceptados aunque fuese en un puesto de segunda fila.

Es de suponer que tanto los gobiernos del PP como los del PSOE nunca pensaron que sus favores, y su pasividad hacia lo que ocurría en Cataluña, fuesen a terminar en un golpe de Estado. Pero la situación ahora es diferente. Los independentistas no lo ocultan. Permanecen en los mismos planteamientos que originaron la asonada el pasado año: autodeterminación y, si es necesario, por la fuerza. Continuar empeñados en contentarles con cesiones y nuevas competencias es pura demencia. Lejos de satisfacer sus aspiraciones, servirán únicamente como nueva plataforma en la que apoyarse para alcanzar su auténtico objetivo.

Pedro Sánchez, con la finalidad de perdurar en el gobierno, está insuflando aire al independentismo. El acercamiento de presos a Cataluña, cuando la política penitenciaria está transferida a la Generalitat; la dejación en el control de las cuentas de la Comunidad; la pasividad ante la refundación de las llamadas embajadas; el intento de dotar a Cataluña de más financiación, aunque haya tenido que disfrazarlo con la subida de la cifra de gasto público, y la prometida reestructuración de su deuda para que pueda financiarse en el mercado, son todos ellos escalones útiles para alcanzar el mismo punto, el segundo golpe de Estado al que en ningún momento el independentismo ha renunciado.

El mismo hecho de que el Gobierno de España no responda adecuadamente a las bravatas de los secesionistas y se humille una y otra vez ante sus imprecaciones es ya una cesión, porque se presta al equívoco y a que se fortalezcan frente a su clientela, al tiempo que la enfervorizan. Por el contrario, desanima por completo a la gran masa de catalanes que durante años han sufrido en silencio el despotismo de los independentistas y que se movilizaron por primera vez ante el golpe de Estado. La aceptación del funcionamiento de comisiones bilaterales sin que la Generalitat se haya incorporado a ninguno de los órganos multilaterales induce a la confusión, la que precisamente pretenden los secesionistas haciendo ver que son dos Estados que dialogan y negocian de igual a igual, tanto más cuanto que el Gobierno acepta en el orden del día la discusión sobre el derecho de autodeterminación y la situación de los presos.

Los independentistas no han tenido ningún reparo en violar la ley y cometer delitos muy graves sancionados por el Código Penal, en la confianza de que el Estado no iba a actuar, e incluso, en el caso de que actuase y recayesen sobre ellos condenas más o menos duras, estaban convencidos de que al final iba a producirse una negociación en la que situarían como punto primero el indulto de los condenados. Es lógico que lo piensen así cuando en plena campaña electoral lo insinuó el primer secretario del PSC y cuando Pedro Sánchez acaba de afirmar que no abrirá ninguna vía judicial más. Sin duda, ese mismo razonamiento será el que los independentistas apliquen cuando tengan que arriesgarse en una futura rebelión.

Si se produce un segundo golpe de Estado, al gobierno, sea del signo que sea, le va a ser más difícil reprimirlo. Me temo que los secesionistas cuando se lancen nuevamente a la aventura lo harán bastante más preparados, y dispuestos a presentar mayor resistencia. Resulta muy plausible que, ante lo incongruente una vez más de la actitud del Estado, los antiindependentistas se muestren reticentes a movilizarse de nuevo. Es muy posible que los mossos tampoco reaccionen de la misma forma, tras haber permitido el gobierno una caza de brujas entre sus filas. Uno de los factores que fue decisivo para que el golpe fracasara fue la asfixia financiera de la Generalitat, circunstancia que seguramente no subsista si las negociaciones continúan. En fin, la cabriola dada por Pedro Sánchez al romper la unidad de los partidos constitucionalistas y permitir ser nombrado presidente de gobierno por los secesionistas y, aún más, al depender de ellos para aprobar cualquier medida, sitúa al Estado español en una situación muy crítica y vulnerable, y aumenta la probabilidad de que se produzca un segundo golpe de Estado en Cataluña. Y hay que temer que en esta ocasión no sea como farsa, sino como tragedia.

republica.com 10-8-2018

Si hay algo que repiten continuamente todos los integrantes del equipo de Sánchez es que hay que devolver la normalidad a Cataluña. No diría yo que la normalidad haya sido precisamente la característica más habitual de esta Comunidad. Es más, el nacionalismo odia la normalidad. No quiere que Cataluña este dentro de la norma, una región más. Ansía que sea especial. Reclama su especificidad, es decir, sus hechos diferenciales que, como es lógico, piensan que son mejores que los hechos diferenciales del resto de las regiones, porque si no ¿para qué se van a demandar con tanto ahínco? Pero, en fin, dentro de esa campaña publicitaria en la que, desde el primer día, Pedro Sánchez ha convertido a su Gobierno, se encuentra el eslogan de la normalización.

La cuestión consiste en saber qué se entiende por normalización, y si no existe el peligro de que, al intentar que en Cataluña reine la normalidad, se termine por imponer la anormalidad dentro de toda España. Desde luego, no es normal que el presidente de una Comunidad Autónoma comparezca para poner verde al jefe del Estado, afirme que rompe todo tipo de relaciones con la Corona y manifieste que ni él ni sus ministros van a acudir a ningún acto al que asista el Rey y, viceversa, no le invitarán a los actos que convoque la Generalitat. Es más, anómalo es que el mismo presidente de la Generalitat participe en las manifestaciones callejeras en contra del jefe del Estado, algaradas que, por otra parte, él mismo había convocado.

Pero tampoco parece muy normal que el presidente del Gobierno de España se llame andana, no respalde al jefe del Estado y haya mantenido al mismo tiempo el encuentro previsto con el presidente de la Generalitat. Está muy bien ser republicano, aún más, yo diría que es lo único razonable, pero mientras el Rey sea el jefe del Estado las injurias contra él son también contra todos los españoles. En buena medida, los golpistas han establecido su estrategia en presentar su actuación no como una rebelión contra el Estado, sino como un enfrentamiento con un gobierno de derechas de ideología franquista. Tras la moción de censura, esta tergiversación ya no es posible de mantener. De ahí que ahora pretendan sustituirla por un desafío a la Corona, aun cuando saben perfectamente que se trata de una monarquía constitucional en la que el Rey no ejerce ninguna competencia. Crean así una situación ambigua, en las que ellos son maestros, que les permite mantener la calumnia y los exabruptos contra España centrándolos en el Rey y dejar así al margen a Pedro Sánchez, como si la guerra no fuese con él de manera que puedan obtener cesiones y ventajas en una posible negociación y presentarse como demócratas en el ámbito internacional. Lo grave es que el hoy presidente del Gobierno admita este doble juego y asuma el papel de niño bueno, dispuesto a pasar por alto todo tipo de ofensas a las instituciones españolas.

Parece también anómalo que en un acto en EE. UU el presidente de una región española insulte gravemente al Estado español., desacreditándolo, tachándolo de Estado antidemocrático en el que no se respetan los derechos fundamentales y en el que existen presos políticos. Lo que sin duda sí fue normal fue la contestación del embajador español, desmintiendo los exabruptos de Torra. No solo anómalas, sino ridículas resultaron por extemporáneas la espantada del presidente de la Generalitat y las intervenciones de los parlamentarios secesionistas pidiendo el cese de Morenés y la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores. Y algo parecido se podría afirmar de las manifestaciones posteriores de Sánchez caracterizadas por la falta de firmeza, eludiendo dar su apoyo al embajador y limitándose a declarar que, como tantas veces había afirmado, no creía que en España hubiera presos políticos. ¡Para chasco! Solo faltaba que el presidente del Gobierno afirmase que los hay. ¿Qué importa que Borrell dé instrucciones a los embajadores sobre el discurso con el que deben responder a los independentistas si el presidente del Gobierno no es capaz de mantenerlo y permite la ambigüedad?

A pesar de que Sánchez nos quiere hacer creer que la anormalidad en Cataluña proviene de que Rajoy no ha sabido dar una solución política al conflicto mediante un diálogo con la Generalitat, lo cierto es que su origen se encuentra exclusivamente en que las autoridades de una Comunidad Autónoma, valiéndose de los instrumentos de poder que le otorgan la Constitución y el Estatuto y la complicidad de ciertos empresarios, medios de comunicación y asociaciones civiles, han dado un golpe de Estado en toda regla. Golpe de Estado que, si bien por el momento ha fracasado, está lejos de estar totalmente desactivado, lo que se nos olvida con frecuencia. Cierta normalidad se estableció cuando, por una parte, actuó la justicia y, por otra, se implantó el artículo 155 de la Constitución, pero normalidad parcial y muy limitada en el tiempo, como parcial y efímera ha sido la aplicación del citado precepto, tal como impuso el PSOE de Pedro Sánchez al Gobierno de entonces.

A pesar de que en un principio parecía que los independentistas desistían de sus intenciones, muy pronto se vio que no y muchas son las muestras de que no se han movido un ápice de su postura y de que continúan desafiando al Estado. Es mas cada día se encuentran más crecidos. Simplemente esperan mejor ocasión para volver a repetir el golpe. Por eso resulta bastante anómalo que desde el Estado se les vuelva a otorgar el control de la Generalitat. Es cierto que las fuerzas secesionistas ganaron en escaños las elecciones (esas elecciones que se debían haber convocado mucho más tarde), pero eso les da derecho a regir la Comunidad Autónoma, no a continuar con los planteamientos y las actuaciones anteriores y que habían motivado la aplicación del artículo 155.

Pero lo que en realidad ha instalado de forma muy alarmante la anormalidad en Cataluña e incluso en toda España es el funanbulismo y la pirueta practicada por Pedro Sánchez que, de estar en el bando de los que ellos mismos se habían denominado partidos constitucionalistas, en un día cambia de trinchera y pacta con todos los que defienden el derecho de autodeterminación, y en una semana pasa de estar considerando la posibilidad de aplicar de nuevo el art 155, a ser elegido presidente del Gobierno gracias a los votos de los que pretenden romper el Estado. ¿Dónde está ahora todo ese PSOE que prohibía a Sánchez llegar al poder con el apoyo de los secesionistas? ¿Dónde están todos aquellos periodistas y tertulianos que juraban y perjuraban que Pedro Sánchez nunca aceptaría eso?

Quizás no nos damos realmente cuenta de la transcendencia de lo ocurrido en la moción de censura y de la grave situación de anormalidad que a partir de ese día se originó tanto en Cataluña como en el resto de España. La cuestión no radica en que Sánchez no fuese nombrado presidente por el voto de los ciudadanos. En España, de acuerdo con la Constitución, el presidente del Gobierno nunca es elegido por los ciudadanos, sino por los diputados. El problema se encuentra en que ha llegado a la presidencia con los votos de los diputados representantes de los golpistas y, es más, necesitará esos mismos votos (tal como se aprecia ya en el nombramiento de los consejeros y del presidente de RTVE) para todos y cada uno de los acuerdos que pretenda sacar del Parlamento. Sánchez ha dinamitado la frágil unión establecida en el bloque constitucional, y se ha convertido en rehén de los secesionistas.

En estas circunstancias el diálogo y la negociación que pretende implantar Pedro Sánchez con los golpistas no van a contribuir a la normalidad, sino todo lo contrario. Diálogo no es lo mismo que negociación. Dialogar se puede dialogar de todo. La negociación implica un “do ut des”, partida y contrapartida. No todo es negociable. Es más, me temo que en estos momentos en Cataluña hay muy poco que negociar. La negociación con el nacionalismo siempre ha sido de más a más, las concesiones las hacía siempre el Estado, nunca el nacionalismo, puesto que se partía en todos los casos del suelo conseguido, para incrementarlo, jamás para reducirlo.

Parece evidente que el Estado puede realizar muy pocas concesiones en Cataluña si no quiere ir contra sí mismo, bien contraviniendo la ley o la Constitución, bien faltando a la equidad y a la justicia frente a las otras Comunidades, bien concediendo más armas e instrumentos a los independentistas para que la próxima vez no fallen en el golpe. Tampoco los secesionistas parece que puedan ofrecer mucho al Estado como no sea retornar a la legalidad, pero el cumplimiento de la ley ni se negocia ni tiene precio. Ahora bien, Pedro Sánchez sí ha precisado y va a precisar del apoyo de los independentistas todo el tiempo que dure la legislatura, y es difícil no creer que está dispuesto a pagar los peajes respectivos. Las cesiones de Pedro Sánchez van a incrementar la anormalidad política en Cataluña, pero también en toda España.

No parece que ayude a la pretendida normalización que se encomiende la custodia de los golpistas a los golpistas. Esto es lo que esconde el discurso del Gobierno sobre el traslado de los presos a Cataluña. Que esta Comunidad es la única que tiene transferida la competencia en materia penitenciaria. Se afirma que se trata únicamente de aplicar la ley, pero la ley señala tan solo una conveniencia que debe ser evaluada por los ministerios del Interior y de Justicia, de acuerdo con todas las circunstancias. En suma, es una decisión política que en esta ocasión tenía que haber considerado quien se va hacer cargo de los presos en Cataluña, las condiciones a las que van a estar sometidos, cómo pueden participar a partir de ahora en la rebelión que continúa activa y las posibles peregrinaciones de creyentes que va a dar lugar en las cárceles. Razones todas ellas suficientes para mantener a los presos alejados de Cataluña.

Por otra parte, el golpismo no puede tener premio ni se debe beneficiar a una Comunidad en detrimento de las otras, quizás mucho más necesitadas. En realidad, nos movemos en un sistema de suma cero, los recursos que se destinan a un objetivo no se dedican a otro. De ahí que las negociaciones de carácter financiero interterritorial deberían adoptar principalmente la forma de la multilateralidad, lo que odian los nacionalistas que pretenden siempre entenderse en un bis a bis con el Estado al que con frecuencia pueden chantajear. Por eso es bastante relevante la declaración de Pedro Sánchez de no acometer la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, cuestión que paradójicamente el PSOE reclamaba constantemente al anterior Gobierno. Bajo el pretexto de falta de tiempo, que no cuadra con su pretensión de agotar la legislatura, la pretende sustituir por conversaciones con cada una de las Comunidades.

Mano libre para el favoritismo y sobre todo para comprar el apoyo de los nacionalistas, principalmente de los catalanes. De hecho, todos los datos se orientan al mismo punto: el perfil de la ministra de Política Territorial, como si toda la actividad del Ministerio se redujese a Cataluña; el nombramiento de Isaías Táboas como presidente de Renfe, cuya capacidad no deriva, creo yo, de ser historiador, sino catalán, que induce a pensar que el objetivo principal es solucionar las cercanías de Cataluña (lo de Extremadura, aunque su ferrocarril se encuentre a nivel tercermundista, no corre prisa); o los anuncios del ministro de Fomento acerca de eliminar el peaje de las autopistas, que beneficiarán principalmente a Cataluña, y no digamos si se acepta la condonación de la deuda de la Generalitat.

No parece que del encuentro entre Pedro Sánchez y Torra haya surgido el compromiso por parte de este último de acudir a los órganos multilaterales sino que, de acuerdo con las exigencias independentistas, se establecen comisiones bilaterales. No es un mero tema de método, sino de principio. Detrás de ello se encuentra la concepción del secesionismo de que la relación se establece entre dos Estados soberanos. Torra hasta se permite invitar al presidente del Gobierno a una reunión en Cataluña. No resulta muy normal y menos aún que Sánchez no conteste adecuadamente. El lenguaje ambiguo tan querido por los secesionistas es sumamente peligroso.

Los golpistas en ningún momento han desistido de su objetivo, continúan reafirmándose en el 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia y consideran esta etapa como un paréntesis en el que fortalecerse para volver a dar otro golpe de Estado. En esta situación toda nueva concesión o transferencia de competencias supone lisa y llanamente dotarles de más armas e instrumentos para que el nuevo golpe tenga éxito. ¿Estamos ciegos? Mientras permanezcan en esta actitud, el restablecimiento de la normalidad debería provenir más bien de hacer los cambios legales precisos para privar a la Generalitat de aquellas competencias que pueden usarse y de hecho se usan para afianzar el golpismo. Nada impide aplicar de nuevo el 155, puesto que no han variado las condiciones por las que se aplicó la primera vez.

Antes de con el Estado, la negociación que se debería establecer es entre los propios catalanes cuya sociedad y parlamento están divididos en dos mitades enfrentadas y una impone despóticamente sus planteamientos a la otra. El establecimiento de la normalidad debería empezar por ahí. Mientras esa postura consensuada no se produzca, el Gobierno, como afirmó certeramente Arrimadas, no dialogará con Cataluña sino con los independentistas.

republica.com 13-7-2018

Resulta de sobra conocido que el lenguaje no es neutral. Es más, a menudo constituye un arma valiosa a la hora de conformar la realidad. Quien controla el lenguaje es fácil que controle la ideología y, con ella, la sociedad. Fue George Orwell quien de forma más clara se refirió a la perversión del lenguaje cuando en su novela “1984” habló de la neolengua impuesta por el Gran Hermano.

Los independentistas son auténticos artistas en la perversión del lenguaje. A base de repetir determinadas palabras o frases, han conformado un relato que nada tiene que ver con la realidad, pero que intentan imponer como verdad incontestable. Así, hablan de Cataluña como colonia cuando constituye una de las Comunidades Autónomas más ricas y con más competencias de España; como región oprimida, lo que choca con el nivel de su renta per cápita y de su autonomía. Han reescrito la historia falsificándola y construyendo las farsas más disparatadas e ilusorias. Presentan al Estado español como opresor, tiránico, le acusan de no respetar los derechos humanos. Denominan presos políticos a quienes han dado un golpe de Estado de carácter xenófobo y supremacista… Y no se sabe cuántas burdas mentiras más que quizás puedan confundir en el extranjero donde la información es escasa, pero resulta impensable que puedan tener algún crédito en el interior.

Pero, además de estas falsificaciones tan chapuceras del lenguaje, los independentistas realizan unas más sibilinas y menos toscas que, de forma inconsciente, pueden terminar por ser asumidas en el discurso de los no separatistas, y convertirse en un error generalizado que dé lugar a tergiversar la realidad. Los secesionistas hablan siempre de España y de Cataluña como términos disyuntos, sin que uno contenga al otro. Cataluña no es España. Lo que subyace detrás de este lenguaje es la pretensión de establecer un terreno de juego igualitario en el que se enfrenten o dialoguen de igual a igual dos entes soberanos. Pues bien, es frecuente que desde las tertulias o desde las informaciones periodísticas se caiga en este mismo error, y se emplee el término «España» o «españoles» en aquellas ocasiones en las que debería hablarse del «resto de España» o del «resto de españoles», ya que lo que se pretende es contraponerlo a Cataluña o a catalanes. El error puede parecer insignificante, pero contiene una fuerte carga ideológica.

En esa operación de pervertir el lenguaje, los secesionistas procuran hablar siempre en nombre de Cataluña o del pueblo catalán cuando todo lo más se pueden erigir en portavoces del 50% de los catalanes. A menudo, en los medios de comunicación de Madrid o del resto de España se comete el mismo error y, lejos de hablar de los independentistas catalanes, hablamos de Cataluña o de los catalanes, concediéndoles una representación y universalidad que no poseen.

Más enjundia si cabe se produce a propósito de las actuaciones judiciales en España y fuera de España con respecto a los procesados y a los huidos. El independentismo, con el afán de internacionalizar el proceso y de llevar el ascua a su sardina, se empeña en denigrar a los jueces y fiscales españoles, poniendo en duda su independencia (en realidad, se ha llevado a cabo el linchamiento de alguno de ellos) y ensalzando a los tribunales extranjeros que intervienen en las extradiciones. Es lógico que los secesionistas echen las campanas al vuelo ante cualquier actuación que pueda considerarse un revés en la tramitación de las euroórdenes. Y es aquí donde se encuentra la perversión del lenguaje, porque esos reveses se consideran una bofetada al Tribunal Supremo español y se habla de que “los tribunales europeos han desautorizado a la justicia española”.

Una vez más se juega con las palabras, porque solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo y El Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede asimismo en Luxemburgo pueden considerarse justicia europea y con competencia suficiente para rectificar las sentencias de los tribunales de los distintos países miembros. El proceso judicial de los acusados por rebeldía en el Tribunal Supremo se encuentra tan solo en fase de instrucción y queda pues por recorrer un largo camino en el que, además, se pueden producir múltiples cambios antes de que se pronuncien los tribunales europeos. Hasta ahora, los jueces y fiscales que han intervenido tan solo pertenecen (y no con una categoría muy sobresaliente) a algunos de los países europeos, aquellos a los que por uno u otro motivo han ido a parar los fugados. En ningún caso se les puede identificar con la justicia europea con mayúscula, tal como se pretende jugando con las palabras. Su cometido es pronunciarse únicamente acerca de si se dan las circunstancias para ejecutar la euroorden e incluso, en algunos casos como el de Bélgica, su decisión ha recaído exclusivamente sobre aspectos formales.

De cualquier modo, es comprensible que los soberanistas jueguen con las palabras para retorcer la realidad y mantener así su tesis de la intrínseca maldad y parcialidad de los jueces españoles y de cómo desde Europa los dejan en ridículo. Pero lo que no es tan explicable es que los no independentistas, articulistas, tertulianos y demás creadores de opinión terminen asumiendo este discurso y hablen de la bofetada que la justicia europea ha dado al juez Llarena y de cómo lo han desautorizado. Se dejan arrastrar por el mismo error que cometen conscientemente los secesionistas al denominar justicia europea, y concederle por tanto un puesto preeminente, a cualquier juez, por secundario que sea, de más allá de los Pirineos.

Las razones del soberanismo para distorsionar de este modo la realidad están claras, pero ¿cuáles son los motivos para que los que supuestamente están en contra del independentismo mantengan la misma postura? Quizás la explicación se encuentre en el tradicional complejo de inferioridad de los españoles y que por lo menos se remonta a la generación del 98 e incluso antes. Ya en 1833, Larra publicaba un artículo cuyo título, “En este país”, era expresivo de la costumbre de explicar cualquier problema por los defectos y carencias de España y de creer que las situaciones y circunstancias siempre son mejores en los otros países.

Larra en ese artículo se inventa un interlocutor, don Periquito, que se queja de casi todo, y añade siempre una coletilla: “cosas de España”. En este país, según él, no se lee ni se sabe escribir. Se queja de que no hay policía en este país. Es un país de ladrones. Porque en Londres no se roba, apostilla Fígaro. En este país no hay limpieza. En el extranjero, por el contrario, no hay lodo, señala Larra. Aquí no hay buenos teatros, y ¡qué cafés los de este país! Y así proseguía don Periquito sin encontrar una cosa buena en España y suponiendo, aunque apenas hubiese salido al extranjero, que todos esos males en otros países no sucedían.

Muchos años han pasado desde la época en que escribía el pobrecito hablador y mucho ha cambiado España en todos los aspectos desde entonces. Sin embargo, continúan existiendo don Periquitos que creen que la corrupción solo existe en España, que piensan que en el extranjero los jueces y fiscales son absolutamente independientes y neutrales, que solo en España el consumidor está indefenso ante los multinacionales, que las puertas giratorias no funcionan en otros países, etc., etc. En ningún país de Europa sucedería esto, afirman a menudo y con aplomo. Curiosamente son los extranjeros que vienen a España los que quizás mejor sepan reconocer las virtudes y bondades que tiene nuestro país, y los que más relativizan nuestros vicios, conscientes de que no son ni más ni menos que los de los demás países.

Nada más entrar en la Comunidad Económica Europea, España se situó a la cabeza de todos los miembros en cuanto a europeísmo se refiere. Los índices de aceptación eran altísimos. Esta positiva valoración de los ciudadanos, que ha caracterizado nuestro proceso de integración desde 1986 y que lo ha mantenido al margen de todo cuestionamiento, hunde sus raíces en esa admiración bobalicona, que da por bueno, sin examen previo, todo aquello que provenga de más allá de nuestras fronteras. Después de muchos años de aislamiento, después de largo tiempo de sentirnos rechazados, de creernos el adagio francés de que África comienza en los Pirineos, nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea nos llenó de orgullo. Nos acercamos a Europa agradecidos, sin estar seguros de merecerlo; acomplejados, hicimos el firme propósito de demostrar a nuestros vecinos que nadie nos gana a europeizantes.

Este sentimiento ha perdurado en los últimos treinta años. Y en la actualidad, existe aún mucho don Periquito que, ante cualquier divergencia entre los órganos judiciales de nuestro país y los de cualquier país extranjero, no dudan en otorgar la razón a estos últimos aun cuando sean de cuarto orden; es más, conceden a sus actuaciones el carácter de canon con el que medir las decisiones de los tribunales españoles. Dentro del pensamiento de los Periquitos actuales no cabe la menor posibilidad de creer que las dificultades surgidas en los procesos de extradición de los golpistas catalanes se deban a los defectos de diseño y funcionamiento de la Unión Europea. Si la euroorden no funciona es porque los jueces españoles son unos chapuceros.

La perversión del lenguaje adquiere a menudo tonos más amables, pero también más hipócritas. Las afirmaciones se disfrazan de buenas intenciones y de objetivos loables. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la propuesta de Pedro Sánchez de reformar el artículo 472 del Código Penal. No es que este artículo no debiera ser reformado, todo lo contrario. Es un engendro de difícil interpretación, que crea confusión e introduce toda clase de dudas acerca de cómo hay que entender el término violencia. El problema radica en el «cuándo» el secretario general del PSOE propone su reforma y en los motivos que alega para acometerla. No parece que sea este el momento más a propósito, ya que se puede entender que con la redacción actual no cabe acusar a los golpistas de rebelión, cuando hoy por hoy sí lo está haciendo el juez instructor. Por supuesto que el proceso está en sus inicios y no se sabe cuál será la calificación definitiva, pero por eso mismo no parece prudente que el secretario general del PSOE tome partido y no deje trabajar a los tribunales.

Antes de lanzarse por la pendiente de la moción de censura, de la que hablaremos otro día, Pedro Sánchez para respaldar su propuesta ofrece un razonamiento aparentemente bastante convincente, basado en la historia. Nuestro Código Penal al tipificar el delito de rebelión estaba pensando en los golpes de Estado militares, al estilo de los que se habían producido a lo largo de la historia de España en los siglos XIX y XX: pero la realidad ha cambiado, los golpes de Estado ya no los cometen los espadones sino los presidentes de las Comunidades Autónomas, por lo que se hacía preciso cambiar la legislación.

Todo muy lógico, si no fuera porque los hechos no lo confirman. El requisito de violencia no se encuentra ni en el Código Penal de finales del siglo XIX ni en el de los primeros años del XX ni en el de la I República ni durante el franquismo. Se introduce precisamente en 1995 cuando han transcurrido veinte años de democracia y ha desaparecido toda amenaza golpista por parte del ejército integrado ya en la OTAN. Es el último gobierno de Felipe González con Belloch de ministro de Justicia el que reforma el Código Penal y elimina el artículo 214, cuyos orígenes se remontan al menos a 1900 y que estipulaba: “Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los fines siguientes…”. El punto 5 decía expresamente: “Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El precepto no exigía ningún requisito de violencia.

La llamada reforma Belloch establece, en cambio, el art 472, en el que se requiere para el delito de rebelión que el levantamiento sea violento. Y como explica quien se autodenomina redactor del artículo, el carácter de violento se introdujo por una enmienda aprobada por el grupo socialista y el de Izquierda Unida, y parece ser que bajo la presión de PNV y Convergencia. Tras los acontecimientos posteriores, uno tiende a pensar que los nacionalistas sabían muy bien lo que hacían. Es de suponer que PSOE e IU, no.

republica.com 1-6-2018