ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Ya no sé si soy de los míos. El otro día escuché la comparación más abracadabrante, pronunciada curiosamente por quien se quiere hacer pasar por paladín de la república. Comparó una de las escenas más sombrías de nuestra historia, la triste hégira que tuvieron que emprender casi medio millón de españoles tras la Guerra Civil con un vodevil que causa sonrojo y risa, la fuga de Puigdemont escondido en el maletero de un coche, después de habernos obsequiado con un auténtico sainete de “síes” y “noes” hasta terminar declarando una república independiente vergonzante. La diferencia es tan notable que resulta difícil explicar cómo alguien en su sano juicio puede plantearla, a no ser que haya sucumbido al sectarismo independentista.

No me detendré en la parte más emotiva y, por lo tanto, más provocadora, la cadena de angustias y penalidades por las que tuvieron que pasar esa fila interminable de exiliados que atravesaron los Pirineos o la desesperación de los pasajeros de los últimos barcos que salieron de Alicante, y los sufrimientos y calamidades posteriores de todos ellos en los campos de concentración franceses o de otras naciones. El contraste con el turismo político y la vida casi de lujo que Puigdemont vive en Europa resulta insultante. Tampoco insistiré en la pérdida de inteligencia que significó para España el exilio republicano. Nada hemos perdido con la fuga de Puigdemont y sus satélites. La pena es que continúan dando la lata.

Pero todo lo anterior, aunque es relevante desde el punto de vista humano, no incide sobre el núcleo de la diferencia. El antagonismo más radical se encuentra en que los exiliados republicanos habían sido objeto de un golpe de Estado y huían de una dictadura militar, mientras que Puigdemont ha sido él mismo el que ha dado el golpe y se fuga de la justicia de una sociedad democrática, con sus defectos, sin duda, pero equiparable a la de los principales países europeos, por lo menos si no se destruye o adultera por el populismo y el secesionismo. La disparidad es esencial. Entre víctimas y delincuentes. Víctimas de un régimen sanguinario y delincuentes en una sociedad tan garantista que no consiente juzgarles en rebeldía y les permite presentarse como candidatos a todas las elecciones y en una Europa tan llena de contradicciones que les reconoce, por lo menos, hasta ahora como eurodiputados.

Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, se ha visto en la obligación de salir en defensa de su jefe, recurriendo para ello a la RAE: “Un político que ha salido de su país por defender determinadas ideas políticas… es un exiliado. Eso no lo dice Pablo Iglesias, lo dice la RAE”. Mas allá de que la Real Academia no afirma nada por el estilo, lo cierto es que Puigdemont no ha huido de España por defender determinadas posiciones políticas, sino por dar un golpe de Estado, violando de la forma más flagrante las leyes y la Constitución. Esas ideas las defendió con total libertad durante muchos años, y de ella se valió para ocupar distintos empleos y cargos -algunos de ellos importantes-, y para llegar a presidir al final una de las Comunidades más ricas de España.

El problema surge cuando desde el poder que le proporcionaba esta plataforma, incluyendo un ejército de 17.000 hombres, quebranta la Constitución, transgrede toda la legalidad vigente, asume funciones que no le corresponden y declara unilateralmente la independencia de la Comunidad Autónoma de la que es presidente por el imperio de esa misma Constitución que desafía. En España hoy, a diferencia de otros tiempos más lejanos, a nadie se persigue por sus ideas políticas. En todo caso, si algunos en Cataluña pueden verse, si no perseguidos, al menos marginados, son aquellos a los que los soberanistas llaman españolistas, es decir, los que defienden la Constitución.

Según la nomenclatura del señor Iglesias y de la señora Serra, todos los autócratas que han dado un golpe de Estado y, tras su fracaso, tienen que huir de la justicia de sus países, deberían ser tenidos por exiliados políticos. ¿Tejero habría sido también un exiliado político si tras el 23-F se hubiera fugado de España?

Pedro Iglesias, se supone que con la intención de defender a Puigdemont, ha mantenido “que está en Bruselas no por haber robado, ni haber intentado enriquecerse”. Afirmación totalmente errónea. El ex presidente de la Generalitat está acusado de malversación de fondos públicos, y si no está condenado como muchos de sus consejeros es tan solo porque se encuentra fugado de la justicia. Han sido cuantiosos los recursos públicos que se han desviado de su correcta finalidad para destinarlos a objetivos no solo espurios, sino ilegales e incluso delictivos.

Los políticos tienen cierta tendencia a disculpar a aquellos de sus correligionarios que, inmersos en casos de corrupción, no se han apoderado aparentemente de dinero de forma personal. Establecen dos clases de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Una menos grave que la otra. La más leve se daría cuando no se ha producido enriquecimiento personal. Discrepo. La financiación ilegal de los partidos políticos o la desviación de recursos públicos destinándolos a fortalecer el clientelismo o a fidelizar a los prosélitos, tal como ocurrió, por ejemplo, con los ERE en Andalucía, haya o no haya apropiación individual de dinero, tienen mucha más gravedad porque puede resultar dañada la esencia misma del sistema, la neutralidad del juego democrático. Además, en todos estos casos termina habiendo también, aunque sea de forma indirecta, un enriquecimiento personal porque los beneficios económicos conseguidos para su partido o secta influyen en el statu quo del individuo. Sin duda, el señor Puigdemont, como los demás prebostes de Convergencia, ha terminando beneficiándose del 3% impuesto con carácter general en Cataluña.

La malversación de fondos de la que está acusado Puigdemont es de la mayor gravedad posible, puesto que los recursos se han destinado a un proyecto que tenía por objeto romper el Estado, modificar las condiciones económicas y políticas de más de la mitad de los catalanes y robar la soberanía popular a la mayoría de los españoles. Es una ingenuidad pensar que todo ello no contribuía a su beneficio personal. Él ha sido lo que ha sido y es lo que es gracias al procés y a la financiación irregular del independentismo. Incluso, esos recursos invertidos ayer en publicidad, subvenciones y contratos, entre otras cosas, están rentando hoy lo suficiente para costear en buena medida el tinglado de Waterloo y su opulenta vida en Bélgica.

Pablo Iglesias, no sé si a modo de disculpa, ha afirmado que no está dispuesto a criminalizar a los independentistas. Es una de esas frases -como la de que no hay que judicializar la política- que aparentemente quedan bien, pero que lo mejor que se puede decir de ellas es que no significan nada, cuando no que pretenden distorsionar la realidad. En España nadie criminaliza a los independentistas, son los propios independentistas los que se criminalizaron al convertirse en golpistas y solo son ellos los que han abierto la puerta de la política a los tribunales al conculcar las leyes y la Constitución.

Una cosa es criminalizar a los soberanistas y otra blanquear a los golpistas, que es lo que se hace cuando se les califica de presos o exiliados políticos y en el culmen se les compara con los que fueron perseguidos por una dictadura fascista. Los abogados de Puigdemont piensan ya incorporar todas estas manifestaciones a su defensa en Europa. ¿Cómo van a creer en el extranjero que son verdaderos delincuentes si el vicepresidente del Gobierno español no lo cree, y el presidente parece ser que tampoco?

José Borrell, cuando fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez, se quejaba amargamente de la negligencia del Gobierno de Rajoy al no haber sabido combatir el relato independentista en el extranjero y aseguraba que el Gobierno de Sánchez se iba a dedicar a ello con ahínco. Aquella promesa choca tan frontalmente con los hechos actuales que da cierto bochorno recordarla.

El líder de Podemos defendió la posibilidad de indultar a los líderes independentistas catalanes, ya que “lo requiere el interés del Estado”. Creo que es todo lo contrario. Precisamente su condena y encarcelamiento obedecen a que atentaron gravemente contra el Estado e intentaron romperlo, y, lo que es peor, mantienen la misma actitud y afirman sin ningún pudor que están dispuestos a repetirlo. Parece lógico pensar que el interés del Estado precisamente lo que exige, por tanto, es que continúen en prisión para que no se pueda dar de nuevo otro primero de octubre ni otro golpe de Estado. Otros son quizás los intereses en juego tanto de Iglesias como de Sánchez. Pero no entremos en profundidades.

republica.com 29-1-2021

Creo que he citado ya dos veces en estas páginas a Thomas Piketty. Es un autor que encuentro interesante porque, se compartan o no sus juicios de valor, puede resultar de gran utilidad la extensa información que maneja y pone a disposición del público. Es una lástima que apenas cite a España y, en contraste con otros países, no se refiera a ella de forma específica y determinada. Por eso me parece tan relevante la excepción, las paginas (1.090-1.094) que  dedica en su última obra, “Capital e ideología”, a Europa, España y Cataluña, tanto más en cuanto que se acaba de celebrar la Diada.

Me van a permitir que esta semana haga simplemente de transmisor de sus opiniones, ya que coincido con ellas y las considero de interés para los lectores, principalmente para aquellos que se sienten de izquierdas, y que tal vez estén predispuestos a aceptar de mejor grado sus palabras que las mías, aunque sea simplemente por el hecho de no ser español. Comienza Piketty manifestando que de todas las encuestas se deduce el hecho de que el independentismo en Cataluña no es transversal. Los partidarios de la secesión se incrementan a medida que aumentan sus ingresos y su nivel cultural.

Según el autor, esta tendencia no tiene por qué aparecer como discordante con la que se presenta en la mayoría de los países europeos en los que la adhesión a la integración europea está en correlación positiva con el nivel de renta y son principalmente las clases modestas las que rechazan en mayor medida la Unión. Y añade Piketty que la razón de esta aparente contradicción es que las clases acomodadas que apoyan la independencia catalana no tienen ningún interés en abandonar Europa. Quieren que Cataluña permanezca en la UE, pero como Estado independiente, de manera que pueda seguir sacando partido de la integración comercial y financiera, conservando, sin embargo, sus propios ingresos fiscales.

No obstante, ya es hora de que a partir de aquí reproduzcamos literalmente las palabras de Piketty:

“No se trata de reducir por entero el nacionalismo catalán a una motivación fiscal. Los factores propiamente culturales y lingüísticos tienen su importancia, así como la memoria histórica del franquismo y lo brusco del poder centralizador madrileño. Pero la autonomía fiscal desempeña un papel central en el caso catalán. Sobre todo, tratándose de una región notablemente más rica que la media española. Es natural pensar que los contribuyentes más acomodados se sientan especialmente exasperados por la idea de que sus impuestos en parte se van a otras regiones. Al contrario, las categorías modestas y medias son por el contrario un poco más sensibles a las virtudes de la solidaridad fiscal y social.

Es importante destacar que, en el aspecto fiscal, España es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con estados federales mucho más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Un sistema de este tipo plantea muchos problemas, en el sentido de que daña la idea misma de solidaridad en el seno del país y termina por enfrentar a las regiones entre ellas, lo que resulta especialmente problemático tratándose de una herramienta como el impuesto sobre la renta que se supone debe reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, al margen de las identidades regionales o profesionales…

En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE. UU. Es el que garantiza, desde su creación en 1913, la progresividad fiscal y el que aplica los tipos impositivos más altos a los tramos superiores de la renta. Tal vez a los contribuyentes acomodados de California (estado que por sí solo está casi tan poblado como España y seis veces más que Cataluña) les habría gustado conservar para sí y para sus hijos la mitad del impuesto federal sobre las rentas más altas, pero nunca lo han conseguido (para ser sinceros nunca lo han intentado seriamente puesto que la sola idea habría sido interpretada como una declaración de guerra de tipo secesionista)

En la República Federal de Alemania, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: los estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de votar tipos impositivos adicionales ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria, independientemente de lo que piensen los contribuyentes bávaros. La lógica de los tipos impositivos adicionales a nivel regional o local no es perniciosa en si misma siempre que sea mensurada. Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España hay ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos.  

Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión calamitosa de la crisis de la zona del euro, sobre todo en perjuicio de España, desde hace décadas, la Unión Europea promueve un modelo de desarrollo basado en la idea de que es posible tenerlo todo: la integración en un gran mercado europeo y mundial, todo sin obligaciones de solidaridad y de financiación de los bienes públicos. En estas condiciones, ¿por qué no probar hacer de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo? De hecho, para muchos independentistas catalanes el proyecto es este, constituyéndose en estado independiente podrán conservar la totalidad ingresos generados en el territorio para desarrollar Cataluña y, si es necesario, reducir los impuestos a los actores económicos que gozan de mayor movilidad para así atraer inversiones a la región-estado (lo que resultaría tanto más fácil cuanto que se habría desembarazado de la solidaridad con el resto de España).

No hay ninguna duda que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal europeo, como es el caso de Estados unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones a nivel federal. Si la parte esencial de los impuestos por las rentas altas catalanas alimentara el presupuesto federal como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico. Para huir de la solidaridad fiscal, habría hecho falta huir de Europa con el riesgo de ser excluido del gran mercado europeo, lo que tendría un coste redhibitorio a ojos de muchos catalanes independentistas.

No digo que el movimiento nacionalista e independentista desapareciera inmediatamente en un sistema así ni que debería desaparecer. Pero se debilitaría mucho y, sobre todo, estaría centrado en las cuestiones culturales, lingüísticas y escolares, que son importantes y complejas, en lugar de centrarse en las cuestiones fiscales y en el enredo de cuentas entre regiones. La crisis catalana, tal como está estructurada, se nos presenta como el síntoma de una Europa que descansa sobre una competitividad generalizada entre territorios y sobre una ausencia absoluta de solidaridad fiscal, que siempre contribuye a acrecentar la lógica del “cada uno por su cuenta”. Constituye otro caso más de la estrecha relación entre el sistema político y las desigualdades entre las fronteras el régimen de propiedad.”  

republica.com 18-9-2020

El asilo en sagrado era una costumbre, casi una ley, en vigor principalmente durante la Edad Media, por la que cualquier delincuente se podía acoger a la protección de una iglesia para librarse de la persecución de la justicia. Nuestros clásicos se refieren con frecuencia a ella. Así, por ejemplo, Quevedo en su Buscón hace decir al protagonista: “Nos acogimos a la Iglesia Mayor a que nos amparase del rigor de la justicia”.

Hoy en día todo se moderniza, y parece que el lugar preferido de asilo es Europa. No, no me refiero a los refugiados políticos que provienen de Asia y de África, de conflictos creados a menudo por los propios europeos o norteamericanos. Ellos suelen tener bastantes dificultades para entrar. Estoy pensando en los golpistas españoles que se han acogido a sagrado, pero no en una iglesia, sino en algunos países europeos y últimamente también en el Europarlamento. Bueno, al menos ahora este órgano servirá para algo, aunque no sea precisamente para algo provechoso. Hay antecedentes. El sur de Francia fue el lugar de refugio del terrorismo etarra. El santuario se le denominaba. Costó años de negociación lograr que entendiesen que España era ya un Estado de derecho y una democracia similar a la de cualquier otro país de la Unión Europea.

Acabar con el santuario francés, allá por el año 1984, costó más que argumentos y palabras. Francia exigió contrapartidas por su colaboración. De una de ellas fui testigo de excepción. Se estaba informatizando en España todo el sistema presupuestario y contable del sector público estatal, y la compra de todos los equipos hubo que adjudicársela a una empresa francesa cuando la licitación estaba ya casi terminada en sentido contrario.

Los defraudadores fiscales y evasores de capitales han tenido siempre y continúan teniendo algunos países europeos para acogerse a sagrado y huir así de las haciendas públicas de sus respectivos países. Ahora, por lo pronto, Bélgica, Reino Unido y Alemania se han convertido en refugio de los golpistas fugados de España. El tema resulta tanto más chusco cuanto que todos estos países son miembros de la Unión Europea (Reino Unido aún lo es), y se supone que debe regir entre ellos si no la unión, que siempre brilla por su ausencia, como mínimo la colaboración y confianza. Y es que en esta materia como en casi todas, la tan ensalzada Unión Europea hace aguas y muestra sus contradicciones. Un país de la Unión se convierte en refugio de los delincuentes de otro. Ha quedado muy clara la inoperancia de ese instrumento denominado euroorden. A esa inutilidad me referí, con ocasión de la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en un artículo publicado en este diario el 12 de abril del 2018 con el título de “¿Sirve para algo la euroorden?”.

Ahora ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que en una sentencia en procedimiento prejudicial y en respuesta a una consulta del Tribunal Supremo de España ha convertido, se supone que de forma indirecta y no querida, al Parlamento Europeo en refugio de delincuentes. No seré yo el que tenga la osadía de juzgar la sentencia, pero sí conviene señalar algunos hechos y elementos cuando menos extraños. Lo primero es que un tribunal que juzga asuntos tan importantes como este y que afectan a toda Europa, en teoría compuesto por numerosos miembros, no admita votos particulares y que además siga en casi todos los casos las conclusiones y el dictamen de un solo abogado.

Algo que extraña también es que el TJUE considere un requisito sin demasiada importancia la aceptación y promesa de cumplir la Constitución de un Estado miembro. La sorpresa proviene de que quienes representan a España, Polonia o Italia en el Parlamento Europeo no tengan que comprometerse a cumplir la Constitución de sus respectivos países, y puedan ser eurodiputados sin hacerlo. Claro que hay que reconocer que en esto el Tribunal Europeo no se aparta mucho de la opinión de nuestro Tribunal Constitucional que con su tolerancia para con la famosa fórmula de “por imperativo legal” ha consentido que el juramento o la promesa a la Constitución en el Parlamento haya devenido una verbena.

Los expertos en estas lides afirman que, en este caso, el Tribunal de Luxemburgo ha cambiado radicalmente la doctrina que hasta ahora había sobre la materia, consistente en que, por lo que hace referencia al procedimiento electoral, prima la legislación del país miembro. Incluso esta era la opinión del propio Tribunal en su pronunciamiento del 1 de julio y, teniendo en cuenta que el artículo 8, párrafo primero, del Acta electoral de la UE establece que: «Salvo lo dispuesto en la presente Acta, el procedimiento electoral se regirá, en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales», no nos puede extrañar que haya quienes se pregunten si más que una interpretación de la norma, que es su función, no ha cambiado la norma misma, asumiendo funciones legislativas que desde luego no le corresponden.

De lo que no cabe ninguna duda es de que una vez más la UE es víctima de su asimetría. Es esa asimetría la que origina todos los problemas. Se crea la libre circulación de capitales sin establecer entre los países miembros la armonización fiscal y laboral que impida el chantaje del capital a los gobiernos. Se unifica la moneda sin la existencia de una unión presupuestaria y fiscal que compense los desequilibrios entre Estados que la unión monetaria origina.

Y ahora, por lo que se ve también en el tema judicial, ¿dónde está la asimetría? En la uniformidad que parece defender el tribunal de Luxemburgo y en el despiporre de las euroórdenes. No habría habido ningún problema en dejar que Junqueras se desplazase al Parlamento Europeo si su sede hubiera estado en España, o los países de la Unión estuviesen obligados a devolver los delincuentes de otros países. De hecho, con anterioridad, cuando fue elegido diputado nacional, el Tribunal Supremo le permitió asistir al Congreso custodiado por la policía para que pudiese tomar posesión de su escaño, cumplir los requisitos adecuados y volver a prisión. El resultado habría sido muy distinto si se le hubiese dejado asistir al Parlamento Europeo. No es preciso ser mal pensado para suponer que, dada la enorme eficacia de las euroórdenes, hubiera sido imposible hacerle retornar a España, y se hubiese puesto en peligro todo el proceso judicial que estaba a punto de culminar.

No se puede actuar en ciertos temas como si fuésemos un Estado y en otros como naciones separadas, si no enfrentadas, sí refractarias. El resultado es que vamos a tener unos golpistas sentados en el Parlamento Europeo. Es lo único que le faltaba a Europa para caer en el mayor desprestigio. En un momento en el que se critican -y quizás con razón- los privilegios de los políticos, no puede por menos que chocar la inmunidad de los parlamentarios europeos. Tanto más cuando les exonera de delitos cometidos en su propio país con anterioridad a ser elegidos para el cargo y sin que tengan nada que ver con su función. Algo vetusto y ciertamente injusto.

Pero hay que reconocer que en este caso el problema no está tanto en Europa como en España. ¿Cómo vamos a pedir que en Europa se trate a los golpistas catalanes como delincuentes si están negociando con el Gobierno, y el Gobierno se empeña en exculparlos? Tras la sentencia, la ínclita Carmen Calvo repite por doquier la consigna del Gobierno: lo de Cataluña es un problema (a veces dicen conflicto) político. Así dicho, es una obviedad, la política comprende todo. Lo que pasa es que los sanchistas le dan una connotación distinta. Pretenden señalar que no es un problema penal.

Pero penal lo es, y me atrevo a decir que antes que nada, porque lo que caracteriza desde 2012 lo que se llama el problema catalán es que el Gobierno de la Generalitat, apoyado por los partidos que le respaldan, se ha rebelado contra el Estado, la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña y ha saltado por encima de todas las leyes. Penal lo es en cuanto que estos partidos continúan afirmando que piensan repetirlo y que no renuncian a la vía unilateral, dicho de otra forma, a la rebelión.

A los sanchistas les estorba la vía penal porque, si no, cómo justificar que están pactando con unos golpistas y cómo llamarlos así si son sus socios. La vicepresidenta y la portavoz del Gobierno han dicho a dúo que esta sentencia es una herencia de Rajoy. Lo que no se entiende muy bien, aun cuando estemos dispuestos a echar la culpa de todo al anterior presidente del Gobierno. Solo es comprensible desde la creencia sanchista de que el Gobierno puede instrumentar a la justicia. De quién depende el fiscal general del Estado, se preguntaba en sentido retórico Pedro Sánchez cuando estaba en plena campaña electoral. Igual debe pensar ERC, ya que le exige que dé alguna señal de que el poder judicial va a prestarse a sus deseos.

Es difícil que Europa crea que de verdad son golpistas cuando en España hacemos cosas tan raras como negociar con ellos la investidura del presidente del Gobierno de la nación o como que nuestras leyes permitan que un prófugo de los tribunales pueda presentarse a todo tipo de elecciones sin previamente comparecer ante la justicia o pisar suelo español, o como que, a diferencia de otros países no se pueda juzgar a un delincuente en rebeldía.

Se entiende mal que, a lo largo de años, por complacer a los nacionalistas, hayamos cercenado el Código Penal de aquellas figuras delictivas que podían molestarles, pero que quizás eran imprescindibles para defender la Constitución y el Estado. Difícilmente se comprende no ya que, a diferencia de Francia o Alemania, hayamos aprobado una Constitución no militante, que permite que haya partidos separatistas, sino que incluso aceptemos que se presenten a las elecciones con el programa de rebelarse contra las leyes en cuanto puedan.

En cierto aspecto es explicable que, por ejemplo, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no pudiese concebir que un gobierno de una Comunidad Autónoma se hubiese sublevado contra la Constitución española. En sus esquemas no entra ni por lo más remoto que el gobierno de Baviera pueda rebelarse contra la República Federal de Alemania. Lo más que logra imaginar a efectos de comparación es un conjunto de manifestaciones ecologistas en contra de la ampliación de un aeropuerto en Fráncfort.

Cómo entender que después de la sublevación de una Comunidad continúan gobernando los mismos que se han sublevado y que además muy posiblemente serán árbitros de la gobernación del Estado. No, definitivamente no, no es fácil que en Europa nos entiendan.

republica.com 27- 12- 2019

El nacionalismo corrompe cualquier ideología, la deforma, la desnaturaliza y la convierte a veces en todo lo contrario. El secretario general de la UGT, para justificar su peregrinaje a la cárcel de Lledoners, ha declarado que no se entiende un gobierno de progreso sin la izquierda catalana. Lo de Progreso es un término bastante ambiguo. Deriva del latín progressus, del verbo progredi, que significa “caminar adelante”. Luego, todo depende de donde se ponga el adelante y el detrás, y ciertamente las opiniones son diversas. El nacionalismo siempre es retroceso, retorno a la tribu. Lo de izquierda catalana también es equívoco, incluso puede haber una contradictio in terminis, de forma especial en los que oficialmente se han apropiado del calificativo de izquierdas. Casi todos ellos están contaminados por el nacionalismo.

El actual Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, es un buen ejemplo de que lo que ha dado de sí la izquierda catalana. Aparentemente se trata de un prócer de izquierdas, de la gauche divine. Secretario general del PSUC y más tarde presidente de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Los que desde Izquierda Unida (IU) sufrimos las veleidades de esta última formación política sabemos hasta qué punto en la época de Ribó estaba trufada de nacionalismo y conocemos bien las posturas ambiguas que mantenía en materia social y económica.

En el reparto de tareas del grupo parlamentario de IU, los temas fiscales y presupuestarios recayeron entonces en el diputado Ramón Espasa de ICV y médico de profesión. Es curiosa la atracción que la Hacienda Pública ejerce sobre los doctores en medicina. Lo cierto es que desde la presidencia de IU costaba un gran esfuerzo vencer el pasteleo y el pactismo al que en esta materia se inclinaba el grupo parlamentario, arrastrado por su responsable en esa área.

Desde que fue nombrado, el actual Síndic de Greuges no ha dejado de ser un instrumento a favor, primero del nacionalismo, después del independentismo, un altavoz más en el ámbito internacional, orientado a denigrar el sistema político estatal. “El Estado español oprime a los catalanes”. Pero la dificultad de mantener este mensaje con credibilidad le ha hecho retornar al clásico “España nos roba”, aunque en una versión más moderna: “Los enfermos españoles (se entiende del resto de España) roban a los enfermos de Cataluña”.

Si la sanidad catalana funciona mal, si sus cifras están entre las peores de España, si las listas de espera son de las más abultadas entre las de todas las Comunidades, si en Cataluña en los últimos años se han perdido un millón de camas, si han desaparecido 800 médicos de asistencia primaria; en suma, si el funcionamiento de la sanidad en Cataluña es muy deficiente, la razón no se encuentra en los recortes que Mas realizó, sin que se hayan corregido hasta la fecha, ni en que el gasto en sanidad sea del 4,8% de su valor añadido mientras la media en España se sitúa en el 5,5%, ni en la incompetencia de la Generalitat, ni en que el modelo seguido fuese el de concesión a las entidades privadas, ni en que Cataluña lleve varios años sin presupuestos, ni en el 3%, ni en el gasto desproporcionado de las mal llamadas embajadas catalanas, ni en que los sueldos de los altos cargos -incluyendo al presidente de la Comunidad y al Síndic de Greuges- carezca de parangón en ninguna otra Administración, ni en que los distintos gobiernos independentistas hayan desviado recursos de la sanidad a otras finalidades, incluso ilegales, ni en que sea la Comunidad con menor gasto sanitario por habitante, sino en el hecho de que a Cataluña van a tratarse los enfermos de otras Autonomías.

El señor Ribó muestra en primer lugar una gran ignorancia y, lo que es peor, no siente ninguna vergüenza de ella, cuando ante la pregunta del periodista de la SER acerca de la desproporción de las listas de espera en Cataluña con respecto a las del resto de España contesta: «Yo no sé si es la lista de espera más larga, depende de cómo lo enfoquemos, lo que le puedo garantizar es que uno de los déficits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste por la gente que viene a Cataluña a intervenirse. ¿Por qué? Porque ha habido un modelo excelente que, si no lo mimamos, se nos puede ir al garete».

Lo primero que sorprende es que confiese con todo el descaro su ignorancia de la dimensión de las listas de espera, un tema que debería entrar dentro de sus preocupaciones prioritarias, porque pocas cosas importan más a los ciudadanos que el correcto funcionamiento de la sanidad. Pero su ignorancia va mas allá demostrando un desconocimiento total del funcionamiento del sistema nacional de salud y de los mecanismos que el sistema tiene para compensar los distintos servicios en materia sanitaria que unas Comunidades se prestan a otras. Parece ignorar también que, como han puesto de manifiesto los mismos sindicatos médicos, se estima en un escaso 1% el número de los pacientes que piden ser atendidos fuera de su Comunidad.

Dada la trayectoria del síndico, cabe la sospecha de que tales afirmaciones no obedecen tanto a la ignorancia como a prejuicios xenófobos. Que sus palabras son fruto inconsciente de su ideología supremacista. Desde su cargo, el contubernio con los independentistas y con el procés ha sido total, al tiempo que se despreocupaba de menudencias como esa de saber si las listas de espera son largas o no.

La tarea del defensor del pueblo es atender las quejas que los ciudadanos realizan con respecto a los errores o defectos de funcionamiento de la Administración. Teniendo en cuenta que el Estado de las Autonomías ha multiplicado este organismo por 15, habría que suponer que el cometido de cada uno de ellos se orienta a la Administración en la que está incardinado. Es decir, que la tarea del Síndic de Greuges debe circunscribirse a canalizar las protestas de los catalanes frente a la Generalitat. Mientras que las dirigidas a la Administración central por los españoles, sean catalanes o no, son competencia del Defensor del Pueblo estatal.

Pues bien, parece ser que Rafael Ribó ha entendido su papel de otra manera y, ante el defectuoso funcionamiento de los servicios sanitarios en Cataluña, en lugar de canalizar las quejas de los ciudadanos a la Administración (esto es, a la Generalitat), defiende a la Generalitat cantando las excelencias de la sanidad pública en esta Comunidad y responsabilizando de cualquier defecto a los intrusos extranjeros de otras Autonomías. Marcando diferencias. Todo ello, muy de izquierdas.

Según parece, a los catalanes, a la hora de manifestar sus reclamaciones en aquellos casos en los que sufren un defectuoso funcionamiento de los servicios públicos de la Generalitat, no les sirve de nada acudir al Síndic de Greuges y eso a pesar de que dicen que el número de empleados, muchos de ellos nombrados a dedo, son numerosos y los sueldos, abultados, comenzando por el del Síndic. Pero el Síndic no tiene ningún interés en censurar o denunciar a la Administración catalana. No tiene tiempo de ocuparse de tales naderías. Su destino es más alto, librar a Cataluña de la opresión de los extranjeros. Bien es verdad que gracias a ello continua en el puesto tras 15 años.

Así, se puede dedicar, amparado en su cargo y con fondos públicos, a recorrer el mundo censurando al Tribunal Supremo con la acusación de venalidad por las sentencias emitidas en el caso del procés. Con una gran osadía y desconocimiento del Derecho Penal, se atreve a llevar la contraria a siete magistrados que están en lo más alto de su carrera técnica y profesional. Claro que él no habla, aunque debería, como un profesional o un técnico, sino como un militante -y bastante sectario, por cierto- del procés. En ese campo no valen razones o argumentos, solo fe y tergiversar los hechos. Desde ese mismo pedestal se pronunció en contra del Tribunal Constitucional, declarando ilegal la aplicación del art. 155 de la Constitución.

Porque no actúa como un técnico ni como un profesional, sino como militante, emite -totalmente al margen de sus competencias- un informe arbitrario y parcial al dictado del Presidente de la Generalitat acerca de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (no de la Autonomía) en los acontecimientos del 1 de octubre, tendente a denigrar al Estado español. De alguna forma, los independentistas lo consideran y él lo acepta, con una cierta usurpación de funciones, el tribunal supremo de la República Catalana. Quizás la única autoridad judicial (aun cuando no sea un órgano jurisdiccional) que los golpistas admiten y que les sirve de estratagema en su intento de eludir el poder judicial. Por eso Torra cuando se vio acorralado por la Junta Electoral Central con el mandato de que debía quitar los lazos amarillos de los edificios oficiales, recurrió como coartada al Síndic de Greuges para dar a entender que él solo obedecía a una institución catalana.

Ciertamente el actual Síndic de Greuges está muy ocupado para dedicarse a esas pequeñas cosas que constituyen su responsabilidad y su cometido. Bien es verdad que sí parece que tuvo tiempo en 2015 para viajar a Berlín, gratis total, al final de la Champions, en un jet privado invitado por el empresario Jordi Soler, uno de los implicados en el 3%. Hay que decir, no obstante, en su descargo que jugaba el Barcelona y ya se sabe que este equipo es más que un club y, por lo tanto, se puede entender que el viaje era un servicio más a la causa del procés.

En fin, no sé si es a esta izquierda a la que se refería el secretario general de la UGT. En Cataluña, sin duda, hay otra izquierda, la de los trabajadores, obreros, empleados, pertenecientes a las clases modestas, muchos de ellos o sus padres emigrantes hace años desde otras partes de España buscando trabajo y una vida mejor. Pero en buena medida esa clase ha quedado secuestrada por la izquierda caviar, que ha ocupado las cúpulas de las formaciones políticas de izquierdas. A esa izquierda de trabajadores se le ha hecho creer que el origen de sus problemas se encuentra fuera de Cataluña en un Estado español que oprime a los catalanes. Se le ha inculcado que la lucha, la contienda, no tiene que plantearse en términos de clases o de grupos sociales, sino de territorios. Izquierda y nacionalismo, contradictio in terminis.

republica.com 20-12-2019

El nacionalismo es contagioso. A Rajoy solía echársele la culpa de casi todo. A menudo se le ha hecho responsable del incremento del número de independentistas. Esta acusación ha podido ser de gran utilidad a los sanchistas (me niego a llamarles socialistas) como lenguaje dialéctico, para justificar su postura permisiva, cuando no complaciente, frente a la rebelión, pero no se sostiene ante el menor análisis serio. El invocado aumento del separatismo es únicamente nominal porque obedece tan solo a la radicalización de CiU y con la de esta formación política, la de casi todos sus votantes. Los que antes eran nacionalistas ahora son secesionistas. No es el número lo que ha cambiado, sino el extremismo de sus planteamientos.

Ese tránsito desde el nacionalismo al independentismo y después al golpismo desmiente la tesis de que la solución del problema nacionalista pasa por las concesiones. La historia del nacionalismo catalán desde la Transición hasta el momento actual es un proceso continuo de concesión de privilegios y de traspaso de competencias, tal como ha puesto de manifiesto González Urbaneja el pasado 14 de noviembre en este mismo diario digital. Sin embargo, ello no ha servido para calmar sus pretensiones. Cada escalón alcanzado ha remitido a uno nuevo más alto. Cuanto más se concedía, mayores eran las reivindicaciones; hasta llegar al momento actual en el que lo que se reclama es lisa y llanamente la secesión (la pretensión última de todo nacionalismo), secesión que están dispuestos a conseguir unilateralmente y pasando por encima de la Constitución, del Estatuto y de cualquier ley que se oponga a ello.

Llegar a esta última posición solo ha sido posible tras la creación de una estructura, construida a base de concesiones, y que ha permitido que la sociedad fuese sometida a muchos años de adoctrinamiento, basado en el victimismo, en las mentiras y en las quimeras. No es por casualidad que el tránsito del nacionalismo al secesionismo y después al golpismo haya coincidido con la llegada a los cargos directivos de los partidos de aquellos que han crecido, se han formado y madurado en estos últimos cuarenta años.

He estado revisando los resultados electorales desde 1980 al parlamento catalán y he calculado el porcentaje de votos obtenidos por la totalidad de las fuerzas políticas que se denominan nacionalistas: 1984, 51’21%; 1988, 50’18%; 1992, 54’79%; 1995, 50’92%; 1999, 46’8%; 2003 47’38%; 2006, 45’55%; 2003, 47’38%; 2006, 45’55%; 2010, 45’47%; 2012, 47’83%; 2015, 44’37%; 2017, 47’50%. Si algo se puede deducir de estas cifras es que el número de nacionalistas no se ha incrementado; más bien, con altibajos, se ha ido reduciendo, y precisamente en proporción inversa al tránsito del nacionalismo al secesionismo. Al mismo tiempo, aun cuando no haya transcrito los datos para no resultar tedioso se produce también una reagrupación dentro de sus filas, un traspaso continuo de votos de CiU a Esquerra y, a partir de 2012, de estas dos formaciones a la CUP.

Podríamos pensar, por tanto, que, al no incrementarse el número, no es posible hablar de contagio, solo de radicalización, de aumento de dogmatismo en sus posiciones. Ahora bien, quizás sí se ha producido un contagio en otro sentido. Nos engañaríamos si supusiésemos que tantos años de mentalización y lavado de cerebro solo han surtido efecto en los que se proclaman independentistas. El supremacismo y cierta comprensión de las posturas de los secesionistas están más interiorizados en la sociedad catalana de lo que pensamos. La historia ambivalente del PSC y de Iniciativa per Catalunya da buena prueba de ello. Muchos de sus antiguos afiliados militan hoy en el independentismo o en sus aledaños. Incluso, ambas formaciones presentan posiciones muy ambiguas en los momentos presentes.

El contagio se ha producido sin lugar a dudas en el empresariado. Independientes, independientes, ciertamente solo unos pocos (por cierto, habría que preguntarse por la rama económica del golpe y la razón por la que no se la ha perseguido); pero son muchos los empresarios que durante demasiado tiempo han vivido callados y contentos porque los chantajes del nacionalismo repercutían positivamente en su bolsillo. Ahora están asustados y se quejan de los problemas económicos que se pueden derivar de la rebelión, pero incluso cuando en la actualidad proponen la solución -según dicen para pacificar la situación-, es más de lo mismo, conceder a la Generalitat el pacto fiscal, es decir, el mismo sistema privilegiado de concierto económico que mantiene el País Vasco, y otorgar a Cataluña la denominación política (no solo cultural) de nación, con lo que se darían argumentos a los independentistas para que volviesen a reclamar la secesión.

Pero no son solo los empresarios. En otros muchos sectores ha calado el victimismo nacionalista y son multitud los que sin ser independentistas participan de la creencia de que Cataluña ha sido maltratada y reclaman diálogo, lo que en la práctica significa, amén de premiar a los golpistas, conceder más privilegios a Cataluña o más competencias a la Generalitat, con lo que se facilitaría que un futuro golpe tuviese éxito.

Es frecuente escuchar voces en la parte de población que se confiesa constitucionalista quejándose de que están solos y de que el Estado les ha abandonado. Hay una parte de verdad en ese lamento. Los partidos nacionales, a menudo, han dado patente de corso al nacionalismo en su territorio a cambio de sus votos para consolidar su gobierno en la administración central. Pero no es menos cierto que tal vez muchos de los que se hacen tal reproche han adoptado con frecuencia una postura pasiva, de cierta comodidad, dejando el campo libre a los separatistas, esperando que cualquier solución viniese de fuera. Ha funcionado además una especie de síndrome de Estocolmo. La dialéctica de los secesionistas ha terminado calando en ellos y su finalidad en muchos casos se ha cifrado en ser admitidos en el otro bando o, al menos, en participar de parte de sus reivindicaciones, lo que resultaba tanto o más atrayente en cuanto que el chantaje nacionalista al gobierno central ha situado a Cataluña como Comunidad privilegiada frente a otras regiones.

Solo cuando las cosas han pasado a mayores y el nacionalismo ha desafiado al Estado, la mayoría silenciosa, al igual que los empresarios, se ha dejado oír, aunque con mucha menos fuerza que los independentistas, y solo una pequeña proporción ha adoptado rotundamente una postura de enfrentamiento. La gran mayoría permanece en una gran indeterminación, debatiéndose entre echar la culpa de todo a Madrid o esperar de Madrid la solución. Solo así se explican los resultados en Cataluña de las elecciones del pasado día 10, en las que de los 25 escaños conseguidos por las fuerzas no independentistas 19 lo han sido por el PSC o por el partido de Colau, formaciones que de forma evidente mantienen una gran ambigüedad frente al nacionalismo.

Muchos han sido los errores cometidos por Ciudadanos, pero nadie le puede negar el mérito de ser la formación que desde hace muchos años combate abiertamente el independentismo y, pagando por ello costes significativos. Se puede entender hasta cierto punto el castigo electoral sufrido en toda España, pero resulta bastante incomprensible que este se haya producido también en Cataluña, a no ser que la ambivalencia frente al nacionalismo que mantienen Iceta y Colau esté mucho más extendida de lo que creemos en la sociedad catalana.

Desde luego, algo parecido a todo lo que se ha dicho hasta aquí se podría predicar también del País Vasco, pero esto ya es otra historia. De todas las formas no es únicamente en estos dos territorios donde se ha extendido la epidemia. Progresivamente, todas las Comunidades han tomado conciencia de las ventajas que representa tener partidos nacionalistas o regionalistas. Aun con pocos escaños, el chantaje funciona. No puede extrañarnos que este tipo de formaciones políticas comiencen a emerger como las setas. Las elecciones del día 10 lo dejaron perfectamente claro. Si no he contado mal, han sido trece formaciones políticas de este tipo las que consiguieron escaño, y supongo que serían algunas más las que se presentasen a las elecciones, aunque por el momento haya sido sin éxito.

La cuestión es que, tal como se presenta la investidura, todos estos partidos van a sacar tajada, lo que lógicamente estimulará la creación de otros nuevos. El contagio se puede extender de tal manera que cambie el signo de la lucha política y haga desaparecer la confrontación ideológica izquierda-derecha (aunque se mantenga el nombre), sustituyéndola por la contienda territorial. En realidad, es lo que ocurre ya en Cataluña y en el País Vasco, que partidos manifiestamente de derechas como el PNV y los sucesores de Convergencia van de la mano de los que se denominan de izquierdas.

La epidemia nacionalista se está extendiendo por toda España, pero es que, además, los acontecimientos de Cataluña están propiciando que emerja un nacionalismo que se encontraba casi desaparecido, enterrado: el español. Los independentistas catalanes y vascos están prestos a tildar de nacionalista español a todos aquellos que critican sus planteamientos y se oponen a sus pretensiones. En la mayoría de los casos el calificativo es radicalmente injusto porque se confunde el nacionalismo con la defensa de la unidad del Estado.

España será quizá uno de los países que menos conciencia nacional tiene o en el que, al menos, el orgullo nacional es más débil. Se carece totalmente de chovinismo. Solo hay que leer a nuestros autores de finales del siglo XIX y principios del XX para comprobar que si la sociedad española peca de algo es de autoflagelación. De forma quizás irreflexiva, hemos introyectado parte de la leyenda negra. Hay hasta un cierto complejo de inferioridad, pensando que los muchos errores y defectos que suceden en España no ocurren en el resto de los países. Esa frase tan socorrida de “En este país” a la que ya Larra dedicó un artículo, y que en la actualidad se continúa usando con frecuencia es la confirmación, en primer lugar, del desconocimiento que a menudo tenemos del extranjero y, en segundo lugar, de la mala opinión que mantenemos de todo lo español.

Es cierto que el franquismo, al igual que todo movimiento fascista, abrazó y pretendió exaltar el nacionalismo español, pero pienso que fue una planta que nunca llegó a arraigar en la mayoría de la sociedad. Es más, por esa identificación con la dictadura, despertó en amplias capas de españoles un rechazo incluso inconsciente a todo lo que se uniese a patriotismo y a símbolos nacionales, tan habituales, sin embargo, en otros países. Confirma lo anterior el entusiasmo con el que abrazamos la Unión Europea. Las encuestas han mostrado siempre que nuestro país se encuentra a la cabeza en la aceptación del proyecto europeo y los que lo criticamos y nos oponemos a él es precisamente por no constituir una verdadera unión política.

Tal vez es esta debilidad de la conciencia nacional de España la que ha originado a lo largo de los dos últimos siglos el alumbramiento de los nacionalismos periféricos. Así al menos lo contempló Ortega en su “España invertebrada”. Paradójicamente, sin embargo, es posible que en estos momentos el proceso se haya invertido y que la extrema proliferación de fuerzas centrífugas y, en concreto, el mantenimiento de un golpe de Estado que se mantiene vivo en Cataluña haya despertado un nacionalismo que estaba dormido. España era de las pocas naciones de Europa que no tenía un partido de extrema derecha. Pues bien, parece que ya lo tiene y que ha venido para quedarse. Los que se rasgan las vestiduras ante el crecimiento exponencial de Vox harían bien en preguntarse cuáles son las razones y las causas que lo han hecho posible.

republica.com 22-11-2019

Con ocasión de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, el independentismo catalán ha dejado poco espacio para la duda. Ha mostrado su verdadera faz. Se le ha caído la careta. Las atrocidades cometidas en las calles han descubierto ese discurso hipócrita, de Tartufo, acerca de la revolución de las sonrisas y la falsedad de su profesión de pacifismo y democracia. No obstante, una vez que ha subido el telón y se ha divisado lo que hay entre bambalinas, se pretende, como último recurso, engañar al personal con un nuevo relato, la existencia en Cataluña de dos independentismos, uno violento y minoritario; otro, masivo y pacífico. El mismo presidente del Gobierno y su ministro del Interior han colaborado en mantener el simulacro al distinguir entre los que cometen los actos vandálicos y los manifestantes mayoritarios, por ejemplo, los de las tres marchas llamadas por la libertad y la consiguiente concentración, como si fuesen dos cosas diferentes, sin conexión alguna, círculos sin intersección.

Es cierto que nadie puede pensar que todos los que se confiesan independentistas tengan capacidad ni estén dispuestos a hacer barricadas, incendiar la calle, tirar piedras o artefactos explosivos a la policía, etc. Es lógico que la extrema violencia sea propia de una minoría, pero eso no quiere decir que minoría y mayoría pertenezcan a espacios distintos. Esas marchas por la libertad tan “pacíficas” que han recorrido Cataluña durante tres días han cortado carreteras causando graves perjuicios a muchos transportistas y viajeros. Y los asistentes a esa manifestación tan “sosegada y democrática” no tuvieron ningún reparo en bombardear con todo tipo de proyectiles a la tribuna de la prensa, hasta que hicieron bajar a los periodistas de la plataforma. Y habrá que preguntarse a cuál de los dos grupos pertenecen los varios miles de manifestantes que pretendieron apoderarse del aeropuerto e interceptaron las vías de ferrocarril, ocasionando que se suspendiese un buen número de aviones y de trenes.

El ojo no es el oído ni la pierna es el brazo, las funciones son diversas, pero todos esos órganos pertenecen al mismo cuerpo, por ellos corre la misma sangre, e igual sucede con el independentismo catalán. Todos integran el mismo proyecto, aunque las intervenciones y los desempeños sean diferentes. El nacionalismo -como todo totalitarismo- es monolítico, no admite bifurcaciones. Las divisiones solo pueden ser funcionales, deberse a la asignación de distintos papeles y, en todo caso, a distintas estrategias.

La prueba de que todos pertenecen al mismo espacio es la lentitud y la ambigüedad que han mantenido la mayoría de los líderes del independentismo en condenar (algunos no lo han hecho aún) las barbaridades que tras la sentencia se han visto en Cataluña, situándose en una postura intermedia entre manifestantes y policía, cuando no manifiestamente en contra de los policías. Parecen decir: son unos salvajes, pero son nuestros salvajes. Quizás haya sido Carles Riera, de la CUP, el más sincero al increpar a los líderes de otros partidos haciéndoles notar que son sus hijos. Torra y algún otro podrían afirmarlo en sentido estricto y no solo en sentido figurado. Por si cabía alguna duda la presidenta de la ANC lo ha dejado meridianamente claro, al considerar la violencia como un factor positivo para la propaganda internacional del Procés

Se atribuye a Xavier Arzalluz la frase de “mientras ellos agitan el árbol, nosotros recogemos las nueces”, en referencia a la actuación de ETA. Da la sensación de que algo así quieren los dirigentes del secesionismo porque, cuando se adueña de Cataluña una cascada de sabotajes y de actuaciones violentas, el presidente de la Generalitat insiste una y otra vez en entrevistarse con el presidente del Gobierno para establecer un diálogo sin líneas rojas, es decir, para negociar la independencia y la amnistía. En realidad, plantea un chantaje: “Yo puedo hacer que la violencia cese en Cataluña, siempre que accedas a mis propuestas”.

Todo lo anterior no quiere decir que en ocasiones no existan distintas estrategias en los secesionistas y que, en función de ellas, pueda parecer que se dan tipos distintos, unos mejores que otros. Pero los papeles pueden invertirse en cualquier momento. Es posible que Esquerra aparezca hoy como más flexible y dialogante que los ex convergentes. Eso al menos piensa Pedro Sánchez, o quiere pensarlo, ya que considera que tras las elecciones la única posibilidad de mantenerse en el gobierno es pactar de nuevo con Esquerra. Es esta suposición la que ha condicionado y condiciona la forma de actuar del Ejecutivo en los graves disturbios que están ocurriendo en Cataluña. Es esa creencia la que hace que Pedro Sánchez, aparte de afirmar que tiene todo controlado, no haga nada ante la violencia que se está generando. En cualquier caso, conviene no olvidar que fueron los representantes de Esquerra los que presionaron a Puigdemont para que no convocase elecciones y declarase unilateralmente la independencia. Recordemos a Rufián y las 155 monedas de plata.

En esa estrategia de utilizar todos los medios posibles en la difícil tarea de convencer a la opinión pública nacional e internacional de la ausencia de violencia en el procés, se pretende a veces borrar toda conexión de las fuerzas independentistas con los brutales tumultos desatados estos días en Cataluña, por lo que, de forma solapada, atribuyen los disturbios a colectivos un tanto equívocos y de contornos confusos, como el de los antisistema o el de los anarquistas. Puede ser que tengan razón, pero ello no implica que no sean además secesionistas.

Pocos movimientos más anárquicos y antisistema que el procés. El Gobern, el Parlament y todo el entramado independentista saltaron por encima de la Constitución, del Estatuto y de todo el marco legislativo, pretendiendo justificar tal voladura del preexistente orden jurídico en una pseudovoluntad del pueblo de Cataluña. Transgredieron una multitud de leyes, desobedecieron a los tribunales y obstaculizaron sus mandatos, manejaron cuantiosos fondos públicos al margen del presupuesto y de todo procedimiento administrativo. El Parlament se declaró soberano, soberanía de la que se pretende privar a todo el pueblo español y a las Cortes generales. ¿Puede haber comportamiento más anárquico y antisistema que el planteado por los líderes independentistas? ¿Puede extrañarnos entonces que una parte del movimiento queme contenedores y coches, corte las carreteras, pretenda adueñarse del aeropuerto, sabotee las líneas férreas, agreda a la policía con todo tipo de artefactos, incluso empleando los más violentos? El que puede lo más, puede lo menos. El que justifica lo más, justifica lo menos. Ante un golpe de Estado por muy incruento que sea, todas esas cosas carecen de importancia.

Han sido muchos años de adoctrinamiento. Para los cachorros independentistas, toda su vida. Desde su más tierna infancia han escuchado un discurso monolítico, centrado en la gran epopeya que ha protagonizado a lo largo de la historia el pueblo catalán; se les ha inoculado la idea de que las virtudes de la sociedad catalana son muy superiores a las del resto de España, se les ha repetido una y otra vez que los españoles les roban, que el origen de todos los problemas se encuentra en el Estado español, conglomerado de todos los males; que todo sería distinto si algún día alcanzasen la independencia; que este debería ser el objetivo número uno de todo buen catalán; los otros son malos catalanes, botiflers.

En los últimos años los cachorros secesionistas han visto a sus mayores aceptar plenamente el concepto maquiavélico de que el fin justifica los medios. Les han dicho que las leyes o los mandatos de los tribunales podían no cumplirse, siempre que fuese por una buena causa, y no hay causa más excelsa que colaborar a que el pueblo catalán recobre la libertad que no se sabe muy bien quién le había arrebatado. Han visto a sus políticos y a sus líderes situarse al margen de todo el ordenamiento jurídico con el argumento de que la independencia estaba al alcance de la mano. ¿Puede extrañarnos ahora que se comporten anárquicamente, bárbaramente, saltándose cualquier precepto o norma, cuando comienzan a ser conscientes de que la república prometida no se consigue y sus políticos les convocan a manifestarse?

Sí, los que han puesto patas arriba estos días a Cataluña son ácratas, antisistemas, pero no más que los que han dado y mantienen un golpe de Estado. Cataluña se ha convertido en una región sin ley. El independentismo catalán ha sacado de la jaula al tigre y es posible que no sepa ahora cómo encerrarlo.

republica.com 1-11-2019

La figura del golpe de Estado no se encuentra en el Código Penal (al menos en el nuestro). No es un concepto jurídico. Pertenece a la teoría política. En ese sentido, no tienen razón los que mantienen que después de la sentencia del Tribunal Supremo no se debe hablar de golpe de Estado. La denominación política aplicada a los acontecimientos ocurridos en Cataluña no depende de su tipificación penal. Sea cual sea esta, los hechos se ajustan como anillo al dedo a lo que la teoría define como golpe de Estado. Se puede estar o no de acuerdo con la sentencia, pero ello es totalmente independiente de que, con toda propiedad, se pueda seguir calificando de golpe de Estado lo que ha ocurrido en Cataluña y se pueda continuar llamando golpistas a los partidos secesionistas.

Por otra parte, el hecho de que la sentencia haya optado por la tipificación de sedición, en lugar de rebelión, no lava al Gobierno de Pedro Sánchez de la infamia de presionar a la Abogacía del Estado para que cambiase su postura en el proceso. Es más, habría que preguntarse hasta qué punto la inferencia no ha sido la contraria. Es decir, si el cambio de opinión de la Abogacía del Estado no ha colaborado a que la sentencia se haya decantado por la sedición y no por la rebelión. En cualquier caso, el giro de la Abogacía seguro que ha facilitado al Tribunal Supremo pronunciarse tal como lo ha hecho, lo que hubiera resultado más difícil de justificar si las tres acusaciones hubiesen mantenido la misma calificación.

No se puede negar -a no ser con mala intención- que la división de poderes se da en el sistema democrático español al menos con la misma solidez que en los demás países europeos. Prueba de ello se encuentra en el gran número de políticos que se hallan procesados o en la cárcel; muchos después de ocupar puestos muy relevantes en el organigrama de aquellos partidos que se han turnado en el gobierno durante treinta años. Incluso el cuñado del rey permanece en prisión. Pero una cosa es que el poder judicial sea independiente del gobierno y de los poderes fácticos y otra muy distinta que no se produzca ninguna influencia. Pecaríamos de inocentes si no aceptásemos que esta se da en todos los países y, por supuesto, también en el nuestro.

No es preciso ser especialmente desconfiado para sospechar que en esta ocasión alguna presión ha habido para que el Tribunal Supremo haya optado por la sedición en lugar de la rebelión. No digo que fuese determinante, pero sí que ha coadyuvado junto con el hecho de que los magistrados se marcasen desde el principio el objetivo de que la sentencia se dictase por unanimidad. Y tras esa finalidad hay que reconocer el gran esfuerzo que ha realizado el Tribunal, o al menos el ponente, para después de aceptar unos supuestos irreprochables, llegar a unas conclusiones que no parece que sean las que de ellos se derivan, sino las que estaban dispuestos a consensuar todos los magistrados, un mínimo común múltiplo. Quizás tengan razón los que afirman que la unanimidad termina siendo la dictadura de la minoría.

La sentencia acepta las premisas de la Fiscalía según las cuales la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal no tiene que ser forzosamente física, sino que puede ser también compulsiva, equivalente a la intimidación grave. La violencia psíquica, por tanto, no puede descartarse como elemento integrante del delito de rebelión. Los magistrados argumentan profusamente, desbaratando la tesis de casi todos los que defendían que no se había producido este delito, puesto que todos ellos se basaban en que no se había utilizado la violencia física.

El Tribunal, desde el punto de vista jurídico, fundamenta consistentemente esta interpretación, pero es que desde el mismo sentido común resulta difícil mantener otra tesis, cuando el artículo 473.2 considera agravante el hecho de portar armas, por lo que hay que suponer que el artículo 472 incluye también en el delito de rebelión otro tipo de violencia distinta de la militar o de la armada. Es más, desde el campo de la Psicología parece bastante claro que la intimidación o la amenaza puede ser tanta o más coactiva que la mera fuerza física. Incluso el empleo de las armas puede surtir efecto con la simple amenaza, sin necesidad de utilizarlas.

La sentencia recoge también la tesis del ministerio fiscal de que la violencia ha estado presente en los acontecimientos de Cataluña. Literalmente afirma: “La existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada”. Y, a continuación, pasa a analizar los principales acontecimientos en los que se ha producido esta violencia, en concreto, el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. No obstante según el Tribunal, y no puede sorprender a nadie, no basta la presencia de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. Los magistrados mantienen que se precisa que la violencia sea “instrumental, funcional y preordenada”. Hasta aquí todo puede ser perfectamente coherente. Parece una obviedad afirmar que en el delito de rebelión la violencia tiene que configurarse como instrumento y estar ordenada hacia alguna de las finalidades que marca el artículo 472, pero es que al menos las especificadas en los puntos 1 y 5 parecen adecuarse perfectamente a la perseguida por los procesados. Evidentemente es esto lo que otorga gravedad a esa violencia y la distingue de cualquier otra algarada por muy amenazadora que sea.

Sin embargo, llama la atención lo que a partir de este momento se afirma en la sentencia. Comienzan los esfuerzos para retorcer los hechos y los razonamientos hasta llegar a la conclusión que se desea. No puede por menos que extrañar que se afirme que “los actos paradigmáticos de violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se tratarían de actos de culminación de un proceso, no de actos instrumentales para hacer realidad lo que ya era una realidad”. No parece que con la violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se culmine nada, sino que constituye más bien un medio, un instrumento para conseguir la única finalidad perseguida a lo largo de todo el tiempo, la separación de Cataluña del resto de España. Esta es la causa final que informa todo el proceso desde 2012. Todos los actos y pasos dados, unos violentos y otros no, son medios e instrumentos para obtener la finalidad última, la independencia proclamada unilateralmente y sin someterse a los mecanismos constitucionales. Ello no implica que algunos de estos medios, a su vez, no constituyan un fin intermedio para otros actos, pero todos reciben su sentido último de la causa final. Es difícil creer que la violencia ocasionada a lo largo de esos cinco años se ordene a una finalidad distinta de la secesión.

Concretamente, la violencia desplegada por el independentismo el 1 de octubre iba dirigida a la celebración de un referéndum, referéndum que era condición necesaria y suficiente para la proclamación unilateral de la independencia. Aún más, las leyes de desconexión establecían entre ambos (referéndum y secesión) una conexión ineluctable, puesto que obligaban a que si el resultado del referéndum era positivo el Parlamento “debía” (no “podía”) declarar la independencia en 48 horas.

Afirmar, tal como hace la sentencia, que la finalidad de los independentistas era tan solo forzar al Gobierno central a la negociación es una aseveración gratuita y totalmente contradictoria con los hechos y con las manifestaciones de los propios golpistas, que no solo se ratifican en la finalidad de la secesión, sino que mantienen que lo volverán a hacer. Los magistrados basan el argumento, por ejemplo, en el testimonio del señor Vila, pero no parece que este exconsejero sea el más representativo de todos los condenados. La negativa del Gobierno a permitir la independencia estuvo clara desde 2012, y no podía ser de otra manera puesto que no lo permite la Constitución. Los golpistas plantearon siempre la negociación como sí o sí y, de acuerdo con ello, el 20 de septiembre, el 1 de octubre y los días posteriores estaban ya en otro escenario diferente del de la negociación, el de la vía unilateral.

Mantener que todo fue un engaño a la población por parte de los dirigentes y que estos últimos no se lo creían es un juicio de valor sin soporte fáctico y difícil de aceptar, como también es un juicio de valor y muy osado el mantener a posteriori que la secesión no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Los rebeldes disponían de todo el poder que concede controlar la Comunidad más fuerte de España, que cuenta con un ejército de 17.000 hombres armados, y nadie podía anticipar cuál sería el comportamiento de los mossos. Los sediciosos habían dedicado años a crear las estructuras de Estado. ¿Qué habría pasado si hubiesen logrado una respuesta internacional distinta y hubiesen consolidado su propia hacienda pública? Ellos mismos ponen el ejemplo de Eslovenia.

Que la secesión fracasase no es señal de que no se cometiese el delito de rebeldía. La misma sentencia reconoce que este delito pertenece, según la doctrina penal, a los delitos de consumación anticipada, es decir, que no se precisa esperar a que triunfe para considerar que el delito se ha consumado. Que el Estado no perdiese nunca el control de la situación o que los responsables se asustasen ante el 155 no quiere decir que la independencia no se declarase públicamente y que el presidente de la Generalitat, ante el requerimiento del presidente del Gobierno central se negase siempre a manifestar lo contrario. Desde luego, no quiere decir que todo fuese una ensoñación o una quimera.

En fin, los magistrados, después de descartar el delito de rebelión, se ven obligados a hacer auténticas piruetas y cabriolas jurídicas e intelectuales para amoldar los hechos al delito de sedición. Se esfuerzan para convertir un delito contra la Constitución en un delito contra el orden público. Cosas de la unanimidad.

republica.com 18-10-2019

Pedro Sánchez manifestó su intención de nombrar a Iceta presidente del Senado. Muchos son los comentarios que a propósito de esta designación, aunque abortada, habría que hacer, porque son muchos también los mensajes que el secretario general del PSOE ha pretendido lanzar con ella. Aunque hay uno que resalta por encima de todos, la intención y el deseo de enterrar el 155. La mayoría absoluta conseguida por Pedro Sánchez en el Senado alejaba ya la posibilidad de una futura aplicación en Cataluña, pero, por si cupiera alguna duda, Sánchez había ideado colocar de presidente de esta segunda cámara a quien más obstaculizó en el pasado su aplicación y cuando esta fue ya ineludible más presionó para que fuera lo más blanda y por el periodo más corto posible.

Hace más de año y medio, concretamente el 2 de noviembre de 2017 –casualidad, el día de los difuntos- en un columna titulada «El artículo 155 y las elecciones anticipadas», escrita en esta misma plataforma digital, criticaba yo la tardanza en aplicar el citado artículo en Cataluña y, sobre todo, que se hubiese fijado a priori el plazo de su vigencia. Se situaba su final en la toma de posesión de un nuevo gobierno salido de las elecciones autonómicas que se convocaban en ese mismo momento. Anticipaba -y lo grave es que acertaba- los problemas que se iban a derivar de tal precipitación. Se retornaría, apuntaba, a la misma situación existente con anterioridad a la aplicación del artículo. Y así ocurrió, y si la situación no ha sido exactamente la misma se debe a la actuación de la justicia y al miedo que los secesionistas parecen haber tomado a los tribunales. Lo cual es lógico cuando se vive excesivamente bien (nada de opresión) y no se está dispuesto a arriesgar nada. El independentismo en Cataluña ha sido, por el contrario, toda una fuente de privilegios y prebendas. Los secesionistas continúan con su proyecto y no tienen ningún inconveniente en saltarse una y otra vez la legalidad, con la única limitación de no incurrir en alguna de las figuras tipificadas en el Código Penal.

Criticaba también en aquella columna lo que en mi opinión era una excesiva dramatización de la medida. Quizás porque no se había aplicado nunca (tan solo se había amagado una vez con ella en la época de Felipe González), se consideraba su implantación una grave excepcionalidad que solo debía utilizarse en casos extremos. Sin embargo, eso no es lo que parece deducirse de la redacción literal del artículo. Según la ley, su aplicación se justifica siempre que una Comunidad Autónoma incumpla las obligaciones que la Constitución o las leyes le imponen o actúe de forma que atente gravemente contra el interés general de España y que, además, el Gobierno autónomo se resista a rectificar. No se trata del simple incumplimiento, sino de la obcecación en mantener la irregularidad y la inobservancia.

Como se ve, la intervención puede obedecer a dos motivos. Por acción o por omisión. En el primer caso, los responsables de la Comunidad Autónoma actúa en contra del interés general de España y la ley exige una condición, que ese atentado sea cometido de forma grave. En el segundo caso, es por omisión, cuando los representantes de la Autonomía dejan de cumplir determinadas obligaciones que las leyes le imponen. En este segundo supuesto no se habla de la gravedad. Se entiende que a las Comunidades Autónomas y a sus responsables se les debe pedir en todas las ocasiones el cumplimiento de la ley, al igual que se les demanda a los ciudadanos, aun cuando el quebrantamiento no constituya un delito tipificado en el Código Penal.

En este segundo caso, dadas las múltiples competencias que poseen las autoridades de una Comunidad Autónoma, es lógico que las leyes les impongan también múltiples obligaciones, y así mismo que los incumplimientos que pueden cometer sean numerosos y de importancia, materia y clase muy variadas. Habrá que concluir por tanto que las formas de aplicar el 155 podrán ser igualmente muy diferentes tanto en su amplitud como en su intensidad. De ahí que el mandato de la ley al Gobierno central de «adoptar las medidas necesarias» adolezca también de una gran generalidad. Es el grado y la clase del incumplimiento lo que determinará qué medidas son necesarias emplear y, en consecuencia, la intensidad y amplitud de la aplicación del 155. Es lo que se llama proporcionalidad; ahora bien, proporcionalidad no quiere decir inacción.

Estas consideraciones conducen a señalar que durante estos cuarenta años de vigencia de la Constitución habrían sido varias las veces que hubiera sido necesario aplicar el 155 (y no solo en Cataluña) o, al menos, haber hecho el requerimiento al presidente de la Comunidad respectiva. Se imponía, como mínimo, en todas aquellas ocasiones en las que los responsables de una Comunidad Autónoma han hecho oídos sordos a las sentencias de los tribunales y han continuado manteniendo el incumplimiento de la ley como si no pasase nada. Es posible que muchos de los problemas actuales que presenta el Estado de las Autonomías se deban a la pasividad con que los distintos gobiernos han contemplado las violaciones legales cometidas por algunas Comunidades y por sus responsables.

No obstante, ha sido en Cataluña, y desde el año 2015, cuando se ha hecho más evidente que el Gobierno de la nación tenía que haber actuado y haber requerido a las autoridades autonómicas a cumplir la legalidad y no haber esperado a esa situación límite de la proclamación unilateral de independencia. En esta demora ha tenido mucho que ver la postura del PSC y, más concretamente, de su primer secretario, que al estar contaminados de nacionalismo veían como una suerte de sacrilegio la intervención del Gobierno central en Cataluña. Por una parte, Rajoy pretendía que a la hora de tomar la decisión hubiera consenso al menos entre las tres formaciones que él consideraba constitucionalistas; por la otra, Iceta forzaba a Pedro Sánchez a ser totalmente reticente hasta el último instante en que la decisión era ya inevitable, e incluso en esta ocasión a descafeinar hasta el extremo la medida.

La aplicación raquítica en su momento del 155 ha dejado que en la actualidad perduren, excepto en materia penal, los mismos hechos, infracciones, incumplimientos y dejación de funciones que aconsejaban entonces su empleo. De la educación al orden público, del Diplocat y las llamadas embajadas a los medios públicos de comunicación, pasando por un largo etcétera, son muchos los aspectos en los que las autoridades de la Generalitat no cumplen ni el papel ni las obligaciones que la Constitución y las leyes les encomiendan.

Existe una teoría bastante extendida, y defendida incluso a menudo desde el Gobierno central, de que para la aplicación del 155 se precisan hechos y actuaciones de las autoridades autonómicas. Ello puede ser cierto en materia penal (aunque el delito de conspiración para la rebelión existe, aun cuando esta no se ha producido), pero no para la utilización del 155, que pretende corregir también las omisiones, el mero incumplimiento de las obligaciones propias del puesto que se ocupa. No solo “el hacer”, sino también “el no hacer”.

Resulta innegable que en la actualidad tanto el presidente de la Generalitat como el resto de consejeros y muchos de sus cargos públicos intentan infligir daño, cuanto más grave mejor, a lo que llaman el Estado español, desacreditándolo y calumniándolo frente a los otros países. Es también patente que el presidente de la Generalitat y otras muchas autoridades no cumplen con las obligaciones de su cargo que la ley les impone. Pretenden disfrazarlo bajo el paraguas de la libertad de expresión. Nadie le impide al señor Torra que goce de la más absoluta libertad de expresión, pero en tanto en cuanto no la ejerza en su calidad de presidente de la Generalitat, y por lo tanto máximo representante del Estado en su Autonomía.

Recientemente se ha producido un hecho curioso y sintomático. La Junta Electoral ordenó a Torra quitar los lazos del Palacio de la Generalitat, a lo que el president se ha resistido hasta el último momento, hasta que no ha tenido más remedio que cumplir el mandato, puesto que ya iban a intervenir los mossos por orden judicial. La pregunta surge de inmediato: ¿Es únicamente durante la campaña electoral cuando deben desaparecer los signos partidistas de los edificios oficiales?, ¿no están obligadas las respectivas autoridades a garantizar la neutralidad y evitar el uso particular de los medios públicos?, ¿no debería intervenir el Gobierno central cuando de forma generalizada se incumplen estos principios legales sin esperar a que lo imponga un juez? Para eso está el 155. Después nos quejamos de que se judicializa la política. Si se judicializa es tan solo porque antes la política se ha inhibido. La política no solo es diálogo, sino también imposición cuando el diálogo no es posible.

Mientras el Gobierno dependía de los secesionistas era imposible pensar en aplicar el 155. Después de las elecciones generales y dados los resultados, la situación apenas ha cambiado, porque con toda probabilidad el próximo Ejecutivo, más allá de desencuentros tácticos, va a apoyarse de nuevo en los sediciosos. Con la propuesta, aunque fallida, de Iceta como presidente del Senado, Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje. El 155 está enterrado y bien enterrado, y hagan lo que hagan los golpistas no piensa resucitarlo. Para ello lo mejor era transferir la llave del sepulcro al PSC. A pesar de la respuesta desairada dada por motivos electorales por los independentistas, el significado del mensaje no cambia. La cuestión es saber qué piensan los militantes de Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, etc. Y, sobre todo, si van a decir algo. Como se preguntaba Alfonso Guerra en la presentación de su libro: «¿Hay alguien ahí?».

republica.com 17-5-2019