ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El día 23 del mes pasado, una providencia del Supremo rechazaba el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad acerca de la presencia del castellano en los centros docentes catalanes. Concretamente estipulaba que al menos el 25% de las clases debían impartirse en castellano. Hasta aquí todo normal. Lo extraño, lo que debería sorprendernos, es que el Gobern saliese en bloque a denunciar el ataque que, según ellos, estaba sufriendo la Autonomía por parte de la Justicia.
Pere Aragonés manifestó de forma contundente que la sentencia no se iba a cumplir, que el modelo educativo no variaría ni un ápice y, lo que es aún más grave, retó al Gobierno central, y en concreto a su presidente, a que no guardase silencio y saliese a reprobar la actuación de los jueces. Hasta este punto piensan los independentistas que tienen cogido a Sánchez por las orejas. A su vez, el consejero de Educación se arriesga más y pone por escrito el rechazo total a la sentencia y en una carta incita y ordena a los directores de colegio a que no la apliquen.
No hace falta ser experto en Derecho Penal para llegar a la conclusión de que si esto no es prevaricación se encuentra muy cerca de serlo. Parece que contiene todos los elementos para definirlo como tal. La carta tiene toda la apariencia de una resolución en la que se ordena a los inferiores. Y aquello que se dispone consiste en cometer un delito de desobediencia. El consejero ejerce como autoridad y, desde luego, actúa a sabiendas. Veremos qué dicen los tribunales.
Pero más allá del Código Penal y del dictamen de los jueces, lo que conviene resaltar es lo que todos estos hechos tienen de estridentes y preguntarse si no son tantos los desafueros que se están cometiendo en la política española que vamos a terminar por insensibilizarnos y perder el sentido de la normalidad democrática. Esa era mi preocupación cuando publiqué el libro “Una historia insólita. El gobierno Frankenstein”, en la editorial El Viejo topo, que diésemos por normales los extraños acontecimientos que venían sucediendo. Pero mi narración finalizaba con la formación del segundo Gobierno Frankenstein, es decir, con la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
A partir de entonces, son muchos los lances que han seguido ocurriendo y que han jibarizado aún más nuestra realidad democrática. Y mayor es aun el peligro de que los sucesos más escandalosos los contemplemos con la indiferencia con la que se percibe lo rutinario. Quizás nos estamos acostumbrando a que el Gobierno de Cataluña viva en una permanente insumisión y que solo hagan caso a la ley cuando les favorece, declarándose en cambio en rebeldía siempre que la ley o los fallos judiciales no les convienen. Es curioso que aceptasen la autoridad del Tribunal Supremo para recurrir la sentencia y se la nieguen poco tiempo después en cuanto ha emitido la providencia en su contra.
Incluso hay algo peor, podemos habituarnos a que esas fuerzas insumisas sean las que manden en España y que arrastren al Gobierno de la nación a ser cómplice de la sedición, al menos con el silencio. Así se lo ha exigido públicamente Aragonés a Sánchez (no se cortan un pelo), y el consejero de Educación no ha tenido ningún problema en manifestar que había hablado con Pilar Alegría, quien le había confirmado ser de su misma opinión y garantizado la pasividad del Gobierno. Tampoco el PSC ha tenido ningún reparo en votar en el Parlament catalán en contra de la sentencia; claro que ¿acaso podíamos esperar otra cosa teniendo en cuenta que ellos son los autores del modelo de inmersión lingüística?
La alcaldesa de Barcelona, ella siempre tan amante de lo público y azote de propietarios y banqueros, tan propensa a las lágrimas y pronta a afirmar que no es independentista -a pesar de que en todos los contenciosos se coloca del lado de los sediciosos-, ha encontrado la solución al problema del modelo educativo de Cataluña. Es sencillo: las familias que quieran educar a sus hijos en castellano que se vayan a la enseñanza privada, que la pública es únicamente para los buenos catalanes.
Claro que aún es más estridente y máxima expresión de cinismo e hipocresía escuchar a Rufián dar vivas a Cádiz y a la clase obrera gaditana. Casa mal con ser portavoz de un partido cuyo líder en el pasado, Carod Rovira, no tuvo inconveniente en desplazarse a Perpiñán a pactar con ETA para que no matasen en Cataluña, aunque continuasen atentando contra el resto de España, entre otros sitios en Cádiz. Portavoz en el Congreso de una formación política que acuñó aquello de “España nos roba”, y que mantiene una constante conspiración para separar Cataluña (los ricos) del resto de España (los pobres), o al menos para obtener todo tipo de privilegios en detrimento de las otras Comunidades, entre ellas Andalucía, y por lo tanto de Cádiz. Es posible que la inercia y la costumbre terminen por hacernos aceptar pulpo como animal de compañía, en otras palabras, llegar a creer que Colau y Rufián son de izquierdas.
En esta cascada de disparates, cuya finalidad es que nos habituemos a las mayores imposturas, ocupa un lugar destacado el hecho de que Sánchez se vanaglorie de haber aprobado los presupuestos con la aquiescencia de once partidos. Se presenta como mérito lo que no es más que la expresión de una profunda debilidad, y una enorme ambición, la de un presidente de gobierno cuyo partido cuenta solo con 120 diputados y que tiene que ir al mercado político a comprar todo tipo de apoyos, sin que importe la matricula ni la patente.
Sánchez no ha dudado en aliarse con los golpistas catalanes, con los soberanistas vascos e incluso con los herederos de Herri Batasuna y de pagar el precio que estos le pidan, simple continuación de las múltiples cesiones que lleva haciendo desde el momento de su nombramiento. En el lote se engloban también retazos de partidos políticos de carácter regionalista nacidos al rebufo del nacionalismo y que, siguiendo su ejemplo, están dispuestos a vender sus escasos apoyos por un plato de lentejas.
Sánchez quiere hacernos creer que ha domesticado y controla a todas estas fuerzas políticas, cuando es al revés: son estas formaciones las que se han adueñado del PSOE, lo conducen a donde quieren y consiguen de él y de su gobierno lo que desean. Sánchez quiere que admitamos que ha logrado la paz; es más, quiere que nos acostumbremos a esa paz, paz que no es otra cosa que rendición ante los soberanistas y ante sus cómplices. No son los golpistas los que se han convertido al constitucionalismo, sino que es el PSOE el que ha cambiado de bando. La gran pregunta es si le va a resultar posible y cuándo recorrer el camino inverso.
republica.com 9-12-2021

Pocas cosas harán, quizá, más daño a los políticos que la hemeroteca. La simple coincidencia en televisión en forma sucesiva de dos apariciones diciendo en la segunda todo lo contrario de lo que se decía en la primera tiene un efecto demoledor. Es una pena que la hemeroteca no se use también para algunos periodistas o tertulianos. Difícilmente sus discursos actuales casarían con los de hace algunos años. Este comportamiento es especialmente llamativo en sus comentarios y posiciones respecto a Sánchez. Sería curioso contrastar sus afirmaciones de hace un quinquenio con las actuales.

Esta versatilidad ha adquirido dos formas diversas. La primera es la de aquellos que actuaban como claros detractores de Sánchez, en la época en la que siendo secretario general del PSOE se enfrentaba a los barones y al Comité Federal de su partido, y que sin embargo han pasado a ser sus fervientes defensores en la actualidad.

La segunda es más lineal y continuada, sin saltos tan bruscos. Son aquellos que en la actualidad se enfrentan a las críticas y a los miedos de que tal o cual actuación se lleve a cabo, afirmando rotundamente que Sánchez no la ha realizado y que es imposible que la realice, pero que en cuanto este la lleva a efecto la defienden entusiásticamente. En múltiples ocasiones nos cuentan que es una línea roja que el presidente del Gobierno no traspasará nunca, pero cuando la cruza, el fiel tertuliano o periodista muda de opinión y nos pretende convencer de que lo acometido es bueno y fructífero. No iba a pactar, pero pactaba; no iba a conceder, pero concedía; no iba a indultar, pero finalmente ha indultado.

Ahora hay quienes nos quieren hacer ver que la mesa de diálogo es muy positiva para solucionar lo que llaman “el problema catalán”. Intentan hacernos creer que la estrategia de Sánchez está dando resultado y que el independentismo está más débil y dividido que nunca. No estoy seguro de que el soberanismo esté extenuado y fraccionado. Siempre han estado divididos, pero a la hora de la verdad pactan y terminan entendiéndose. Ponen por encima de todo sus creencias nacionalistas y secesionistas. Esquerra Republicana, que todos los días pretende dar lecciones de izquierdas en el Congreso por medio del meteco macarra que tienen como portavoz, no pacta con los Comunes o con el PSC, sino con los herederos del  tres por ciento y del partido más reaccionario de España. Y, ante la detención de un prófugo que cobardemente dejó tirados a sus compañeros y salió corriendo en el maletero de un automovil, todos se unen, engolan la voz para exigir (no pedir, exigir) la libertad del huido.

Pero, en cualquier caso, el presunto desfallecimiento del independentismo no sería mérito del actual Gobierno. Todo lo contrario. El interés de Sanchez por mantenerse en el poder es la baza más importante que mantienen los soberanistas. Si hoy una buena parte de ellos han cambiado de estrategia no es gracias a Sánchez, sino a la toma de conciencia de que en 2017 habían fracasado en sus planteamientos y de que, hoy por hoy, estos resultan imposibles. Han descubierto que no se puede pretender la independencia cuando sus partidarios no llegan al cincuenta por ciento de los ciudadanos de Cataluña. Así mismo, percibieron que no tienen apoyo internacional suficiente y, sobre todo, han comprobado que el Estado tiene los medios necesarios para contener y repeler cualquier intento de rebelión o sedición. Entre estos instrumentos, sin duda sobresale la justicia, que ha demostrado su autonomía, que puede mantener a raya a los golpistas y trazar líneas rojas que estos no pueden traspasar.

La nueva estrategia del soberanismo pasa por afianzar sus posiciones, conseguir más medios y competencias y ganar crédito internacional, de manera que la posible intentona dentro de unos años no fracase de nuevo. Las actuaciones de la Generalitat deben dirigirse a conseguir esos objetivos y a comportarse -en lo posible y en tanto en cuanto lo permita la justicia- de manera que se cree el imaginario de que Cataluña es ya un Estado independiente y de que no tienen otro gobierno distinto del autonómico.

En este sentido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lejos de resquebrajar el independentismo, constituye su mejor arma. Le sirve para conseguir sus objetivos. La mesa de diálogo colabora a dar esa imagen de haber conseguido ya de facto la independencia y de que solo necesita que sea reconocida de iure. La representación es algo infantil, pero puede tener eficacia. Se comienza por la permanente negativa a participar en reuniones como una Comunidad Autónoma más, y se continúa por exigir el establecimiento de una mesa de negociación al margen de todo entramado institucional. Se trata de dar la apariencia de una negociación de igual a igual entre dos naciones representadas por sus respectivos gobiernos.

Hay quienes con toda energía proclaman que en la mesa no habrá ninguna concesión esencial. No estoy seguro de ello. Tampoco iba a haber indultos y los ha habido. Pero es que, además, la simple constitución de la mesa es ya un triunfo para el soberanismo, principalmente cuando se admiten como cuestiones a discutir la amnistía y la autodeterminación. Hay temas que no pueden ponerse a debate, sobre todo en foros que no son competentes para ello. Aceptar su negociación es asumir ya unos postulados espurios. Es curioso, pero al mismo tiempo muy grave, que parte de la opinión pública haya pasado de escandalizarse ante esa posibilidad a considerarla como normal e incluso conveniente.

De ahí toda una serie de gestos que tienen mucho de  sobreactuación, pero que, no obstante, pueden tener su utilidad para los independentistas en aras de conseguir sus objetivos, y para que, tanto en Cataluña como en el resto de España, y también en el extranjero, vaya calando un relato falso. El Gobierno ha aceptado la pantomima y ha transigido que esa mesa que llaman de diálogo se constituya como una negociación entre dos delegaciones, de poder a poder, liderada una por el presidente del Gobierno y la otra por el presidente de la Generalitat. Y ha consentido también en que la primera reunión se celebrase en Barcelona.

Sánchez hace una inclinación exagerada ante la senyera, pero Aragonés manda retirar, además de forma ostentosa, la bandera española en su rueda de prensa. Nunca he dado demasiada importancia a las banderas, pero la tienen cuando los de enfrente se  la dan y la emplean para construir un relato falso. Ocurre igual con la monarquía. Su cuestionamiento, los desplantes al rey y el intento de poner veto a su presencia en Cataluña se llevan a cabo en realidad como boicot al jefe del Estado. El hecho de no reconocerle como tal es para los soberanistas, en ese imaginario que construyen, un signo de independencia. Por eso el silencio de Sánchez ante tal situación y su decisión de no condicionar sus relaciones con la Generalitat a que cese ese comportamiento es una vez más postrarse ante los golpistas.

Se pretende dar tal importancia a la mesa que van a ser seis ministros los que participarán en ella como si no tuvieran nada más que hacer y Cataluña fuese la única Comunidad Autónoma. El actual ministro de Cultura y Deporte, antiguo líder del PSC, asume las tesis de los sediciosos cuando compara esta mesa con la que se creó en Vietnam al final de la guerra. Incluso, se supone que, de manera inconsciente, hasta el mismo presidente del Gobierno, cuando debería decir “el resto de España” habla de España como contrapuesta a Cataluña, como si esta Comunidad ya no perteneciese a España.

Aun cuando en tono un tanto chulesco los golpistas afirmen que lo único que quieren negociar es la amnistía y la autodeterminación, en la mesa se terminará acordando la transferencia de nuevas competencias y privilegios económicos que servirán para abrir una mayor brecha entre Comunidades, con la consiguiente injusticia. ¿De qué si no hablaron Sánchez y Aragonés durante dos horas? Además, se dará el contrasentido de que, por una parte, se vaya a primar precisamente a los sediciosos, con lo que se crea un incentivo para que otras Comunidades continúen por el mismo camino, y, por otra, se les va a conceder medios e instrumentos que incrementaran las posibilidades de éxito en una nueva intentona.

Lo que resulta quizás más irritante es la postura de los llamados barones del PSOE, especialmente los de aquellas Comunidades que no tienen ninguna veleidad nacionalista. Presencian impasibles cómo se va a beneficiar a una Autonomía en perjuicio de las demás. Y, lo que es peor, cómo se intenta robar a los ciudadanos de su Comunidad la soberanía sobre una parte de España. Todo lo más, hacen alguna manifestación pública, siempre comedida y limitada a la afirmación de que no se va acordar nada que perjudique al resto de los españoles, cuando saben fehacientemente que no va a ser así. El Estado de las Autonomías es un sistema de suma cero.

No, la mesa llamada de diálogo no tiene nada que ver con la utilidad pública ni con la solución del llamado problema catalán. Va a ser, lo es ya sin duda, de interés, por todo lo dicho a lo largo del artículo, para los independentistas y más en concreto para Esquerra Republicana. También, será de provecho y de mucho provecho para Sánchez a fin de mantener unido el bloque Frankenstein y permanecer de ese modo en el poder. Pero, desde luego, no es útil ni para Cataluña ni para el resto de España.

republica 30-9-2020

El PSOE de Sánchez se ha especializado en acuñar palabras que, más tarde, a fuerza de repetirse, se usan como eslóganes publicitarios con los que poder modificar la opinión del personal, no solo la del electorado, sino también en el consumo interno del partido. Porque Sánchez se ve obligado a convencer a los de fuera, pero también a los de dentro.

El sanchismo, de cara al 40 Congreso, ya está preparando la escena y la correspondiente representación. La vicesecretaria general del partido y portavoz parlamentaria, peón para todo (ahora más necesario que nunca cuando se ha defenestrado a otros peones que parecían imprescindibles), ha comparecido ante la prensa para transmitir el nuevo vocablo que han parido, «España multinivel», que más o menos viene a decir lo mismo que antes se quería designar con lo de “federalismo asimétrico”.

En realidad, el término no es original. Se ha utilizado, aunque quizás con muy poco éxito, para dar respuesta a la globalización, superando el concepto de Estado-nación. Desde esta óptica, se defiende la distribución de competencias, pero no tanto en la descentralización del Estado hacia abajo, sino en la fijación de niveles competenciales hacia arriba, creando unidades políticas que puedan superar parcialmente la realidad del Estado y enfrentarse así a la integración de los mercados.

He señalado al principio «que quizás con poco éxito» porque no podemos estar demasiado orgullosos de las organizaciones internacionales creadas, desde luego, manifiestamente ineficaces para contraponerlas a las integraciones comerciales y financieras. Tal vez el intento más serio se haya realizado con la Unión Europea, pero las competencias se han asignado de forma asimétrica y los resultados conseguidos son los contrarios de los que se deberían haber buscado. Lejos de neutralizar la globalización, la Unión Europea se ha convertido en su plasmación más genuina, con todas sus consecuencias negativas.

Ahora bien, la ponencia del PSOE parece orientarse por otros derroteros. La España multinivel hace referencia a la estructura territorial en la que las distintas Autonomías se sitúan en diferentes niveles competenciales y de relaciones con el Estado. No es la primera vez que en el PSOE se plantea este problema, aunque en buena medida con otra terminología. El PSC ha hecho múltiples intentos de atraer al PSOE a su terreno, con un mapa territorial en el que haya órdenes y niveles distintos para clasificar las correspondientes Comunidades Autónomas. No todos somos iguales.

Con Maragall (en tiempos de Zapatero -llamado el Bambi, aunque habrá quien opine que le sentaría mejor el adjetivo de frívolo-) pusieron en circulación la expresión “federalismo asimétrico”, con la que se indicaba que debía haber Autonomías de primera y de segunda clase, e incluso de décima si fuera necesario, un traje a medida donde Cataluña y el País Vasco ocupasen el primer lugar. Faltaría más, que para eso tienen hechos diferenciales.

Hablando de hechos diferenciales, no se puede por menos que recordar un pequeño sketch de Boadella, en el que comenzaba afirmando que él, como buen catalán, poseía hechos diferenciales. Bien es verdad, reconocía inmediatamente, que, como no podía ser de otra manera, los otros, el resto del público, también los tenía. Pero en seguida agregaba con tono irónico que los suyos eran mejores, porque, de lo contrario, de qué valdría tenerlos. Lo malo de los nacionalistas catalanes y vascos -y que Boadella ridiculizaba- no está en que crean que tienen hechos diferenciales (allá ellos con sus ensoñaciones pueblerinas, que les llevan a defender que hoy en día existe otra cultura distinta de la de la Coca-Cola); lo peligroso se encuentra en defender que sus hechos diferenciales son superiores a los de los otros (supremacía) y que en función de ello pretendan traducirlos en derechos o privilegios adicionales

El federalismo asimétrico que planteaba el PSC nunca fue aceptado por la mayoría del PSOE. En tiempos de Rubalcaba esta formación se vio obligada a forzar una reunión con su marca catalana sobre el tema y a llegar a una postura conjunta, lo que se dio en llamar “el acuerdo de Granada”. El PSC consiguió múltiples concesiones del PSOE, entre ellas la apuesta clara por el Estado de las Autonomías y su desarrollo posterior hacia un proyecto federal, modificando lo que fuese necesario la Constitución. Pero, a su vez, el PSOE logró que se silenciase la calificación de asimétrico predicada del federalismo.

Con Pedro Sánchez, el tema ha vuelto a surgir con fuerza, en esta ocasión marcado por la necesidad que tiene el Gobierno de contar con el apoyo de catalanes y vascos para mantenerse en el poder. Se comenzó hablando del Estado plurinacional o nación de naciones. En el fondo, todo termina igual, en la desigualdad y en la autodeterminación.

La ponencia está redactada por Denis Itxaso, dirigente del Partido Socialista de Euskadi (PSE) –PSE, el de ahora, no el de antes- y delegado del Gobierno en el País Vasco. Es, por tanto, hasta cierto punto lógico que hable de la España multinivel, porque si alguna Comunidad muestra de forma clara la existencia de distintas categorías en nuestro Estado de las Autonomías, esa es Euskadi. Goza sin lugar a dudas de una situación privilegiada. Cada vez que Sánchez necesita del voto de los diputados vascos, o incluso cuando el lehendakari hace la merced de asistir a una reunión de los presidentes de las Comunidades Autónomas, los privilegios se incrementan. No deja de resultar curioso que el mismo gobierno que habla de armonización fiscal entre Autonomías transfiera al País Vasco tres nuevos impuestos.

La ponencia para vendernos la España multinivel acude a la cogobernanza, otro de los vocablos que ha acuñado el sanchismo. También se da aquí la asimetría. Para la mayoría de las Comunidades la cogobernanza significa asumir las responsabilidades, mientras el Gobierno central se apropia de las decisiones y de los laureles. Todo ello ha quedado suficientemente claro en la pandemia y se deja ver ya también en la forma de repartir los recursos europeos. Es algo así como las asociaciones público-privadas: el beneficio para el sector privado y las pérdidas, si las hay, para el Estado.

La óptica cambia cuando se trata de Comunidades que cuentan con partidos nacionalistas. La cogobernanza entonces se concreta en que son los gobiernos autonómicos los que mandan e imponen las condiciones, ya que el Ejecutivo central se encuentra en sus manos. Son muchas las concesiones que ha ido haciendo Sánchez a todas las formaciones políticas que le mantienen en el poder. El panorama se oscurece aún más de cara al futuro, las que tendrá que hacer en los dos años que faltan para terminar la legislatura.

Las cesiones principales van a tener sin duda a los golpistas catalanes como protagonistas. Al soberanismo vasco le queda ya poco por conseguir, como no sea la independencia, que desde la estricta perspectiva económica quizás fuese rentable para el resto de España. La ponencia hace referencia explícitamente a Cataluña. Se afirma en ella: “La mejora de la convivencia en la sociedad catalana y el mejor encaje del autogobierno catalán con el resto de España constituyen objetivos de primer orden para los socialistas».

Habría que recordarles a los que se definen como socialistas que el autogobierno de los catalanes (al igual que el de todos los españoles) no depende del ámbito territorial, sino de su carácter democrático. No se circunscribe a la Generalitat, también se incluyen, en tanta o mayor medida, el gobierno central y el de los respectivos ayuntamientos, siempre que el uno y los otros funcionen democráticamente y, si no es así, cualquiera que sea su ámbito, serán heterónomos, no autónomos.

El encaje de la Generalitat en España, al igual que el del resto de las Autonomías, se realiza mediante el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Sin Estado de derecho no puede subsistir el Estado social. A su vez, se desmiembra cuando los poderes públicos -que todos ellos lo son en virtud de la carta magna- delinquen y se rebelan contra ella. El conflicto político en Cataluña (la ponencia lo cita así en varios sitios) se circunscribe al que están creando los golpistas cuando tratan de violentar el orden político establecido por la Constitución.

Dejémonos de zarandajas. El único objetivo de primer orden que tienen los sanchistas es mantenerse en el gobierno y a ese fin se dirigen las cesiones a los golpistas catalanes. Es en este contexto en el que se incardina la España multinivel. El presidente de la Generalitat no tiene por qué ir a mezclarse con los otros presidentes autonómicos. Él tiene dos mesas bilaterales (dos, no una) para negociar; mejor digamos que para imponer sus pretensiones. Como ha dejado claro el vicepresidente de la Generalitat, ellos vienen a cobrar al contado. Le faltó añadir (aunque no ha hecho falta que lo hiciera) que reclamaban el pago por sus servicios: el haber convertido a Sánchez en presidente del gobierno y mantenerlo posteriormente en el poder. Lo que pasa es que Sánchez no paga con su peculio, sino con el dinero y los derechos que pertenecen al resto de España.

republica.com 5-8-2021

Parece que Ábalos se dedica ahora a las rancheras. Es posible que una piedra en el camino le enseñase que su destino era rodar y rodar, o más bien desempedrar, desempedrar, para que Sánchez continúe siendo el rey. Al ministro de Fomento se le entiende casi todo. Los indultos no son más que el comienzo, la primera piedra. En realidad, ha habido otras antes, pero de menor magnitud, cuando la otra mesa y la historia del relator. Entonces no hablaban de desempedrar sino de desinflamar. Se acuerdan Vds. del ibuprofeno de Borrell. Hace ya tres años y la hinchazón es cada vez más grande.

Los indultos constituyen un salto cualitativo. Por eso se ha forzado a todos los ministros, incluso a los que podían mostrarse más escépticos, a posicionarse. Algunos como Margarita Robles han tardado, y no es de extrañar ya que se mostró totalmente contraria a los indultos cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial; pero al final se ha prestado a ello, y es que todo vale con tal de no perder el sillón. Supongo que es este mismo motivo el que ha impulsado a la ministra de Economía a defenderlos, empleando ese argumento tan bobalicón de que la estabilidad política es buena para el crecimiento, porque lo primero a cuestionar es si los indultos incrementan la estabilidad política o más bien la reducen. Lo segundo es que para la buena marcha de la economía lo principal es la seguridad jurídica y esta no sale muy bien parada con la medida.

Pero, sobre todos, sobresale el ínclito ministro que se vanagloriaba de ser independiente cuando presidía la AIReF, y ahora es tan dependiente que justifica los indultos argumentando esa patochada de que costaba explicar en el extranjero la amplitud de las penas. ¿Cómo van a entender en el extranjero que en Cataluña ha habido un auténtico golpe de Estado si el Gobierno de España depende de los golpistas para gobernar?

Ahora tienen que quitar otra piedra del camino. El Tribunal de Cuentas ha cifrado la cuantía de la malversación cometida por los golpistas en sus operaciones de publicidad y propaganda en el extranjero en 5,4 millones, a los que hay que sumar los 4,1 que se habían calculado ya de malversación por otros conceptos. Conviene resaltarlo porque, al margen del delito de sedición, los golpistas cometieron un robo al erario público, desviando recursos del Estado hacia una finalidad cuando menos ilegal si no abiertamente delictiva. Parece ser que la corrupción deja de serlo si afecta a los nacionalistas. Ya que se les ha indultado del delito de malversación, al menos que devuelvan el dinero que han robado. Veremos si el Gobierno, tal como afirma Ábalos, está dispuesto también a retirar esta piedra. Lo que por lo pronto se ha quitado de en medio es a la Abogacía del Estado con el argumento falaz de que no es competente, y habrá que preguntarse también qué va a pasar con la Fiscalía.

La factoría de desempedrar se va a configurar, al igual que hace tres años, como una mesa de diálogo, más bien de imposición, porque los soberanistas han dejado muy claro que ellos vienen exclusivamente a negociar la amnistía y la independencia, precisamente dos cosas que chocan frontalmente con la Constitución, y no parece que el gobierno Frankenstein tenga suficiente fuerza para cambiar la Carta Magna. Los tertulianos que se mueven en la tercera vía, la mayoría de ellos catalanes, se esfuerzan en asegurarnos que el independentismo está mucho más débil de lo que parece, que todas sus pláticas son bravatas o relatos orientados a mantener la fe de sus militantes, y que en el fondo sí están inclinados a dialogar o a negociar otros temas más prosaicos.

Estoy dispuesto a creerme que en todo esto hay mucho de teatro, de postureo, que los soberanistas saben que lo de la amnistía es imposible, pero que hay otros subterfugios como la reforma del Código Penal que pueden tener efectos similares. Puede que sean conscientes de que la independencia, dado el porcentaje de adhesiones y la ausencia de apoyo internacional que conquistaron, no es viable a corto plazo, que piensen que necesitan fortalecerse para intentarlo otra vez, y que a ello se dirijan en la negociación persiguiendo prebendas, ventajas e instrumentos que les allanen el camino. Por eso precisamente es tan peligrosa la negociación, porque se va a traducir en una serie de cesiones que facilitarán el golpe de Estado en el futuro.

El secesionismo tiene claro que es el momento, que difícilmente van a tener una ocasión más propicia. Los nacionalistas, y más concretamente los catalanes, huelen la debilidad del Estado y sacan la cabeza -con gran deslealtad, que diría Azaña- cada vez que España entra en crisis. Véase la trayectoria en la Primera y Segunda Repúblicas e incluso durante la Guerra Civil. Los condenados al salir de la cárcel ya vociferaron en tono retador que los indultos lo que mostraban era la impotencia del Estado. En cierto sentido tienen razón, la fragilidad es del Gobierno, pero lógicamente la transmite a todas las instituciones del Estado. Esta situación permanece desde la misma moción de censura. Lo dejó muy claro ese día Aitor Esteban al comenzar su intervención en plan irónico. Se reía del gran Estado español cuyo gobierno estaba pendiente de los cinco votos del PNV. Comentario hiriente, pero cierto. La debilidad del Estado comienza en el mismo momento en el que Pedro Sánchez permite que los que no creen en el Estado y buscan dividirlo le nombren presidente del Gobierno.

Los nacionalistas saben de sobra que difícilmente se van a encontrar con un momento más favorable a sus objetivos. Por eso piensan sacar el mayor rédito posible. Rufián, de manera arrogante, se lo ha dejado claro a Sánchez en las Cortes. Los indultos más que un acto de valentía son un gesto de necesidad. Sánchez también es consciente de que la única forma de permanecer en el poder es mantener unido el gobierno Frankenstein, y para ello está dispuesto a quitar todas las piedras del camino que sean necesarias, no solo en Cataluña sino también en el País Vasco. Intuye que para agotar la legislatura va a tener que ceder mucho. De ahí la mesa de negociación y el haberse traído a Iceta de Cataluña.

De hecho, son Iceta y el PSC los que marcan el camino. Fue el entonces primer secretario del PSC el que habló antes que nadie de los indultos, y también el primero que lanzó la idea (el 27 de marzo de 2019) de que, si un día el 65% de los catalanes quieren la independencia, la democracia tendría que encontrar alguna forma para encauzarla. Les brindaba así la tesis a los nacionalistas, de que, si tal como habían comprobado, la independencia no estaba madura, lo más inteligente era sentarse a negociar y conseguir el mayor número de bazas posibles que hagan viable la cesión en un futuro.

Del PSC parte también la creencia de que en todo caso es imprescindible un referéndum para que los catalanes voten. Según Illa, sería un referéndum sobre el marco de convivencia de los catalanes. Uno tendería a pensar que el marco de convivencia ya existe para los catalanes y para el resto de españoles y es la Constitución de 1978, que los propios catalanes votaron entusiastamente. Es lo malo del nacionalismo, que nunca está conforme, que jamás respetan los pactos. A mí tampoco me gustan muchas cosas de la Carta Magna y estoy convencido de que no habrá un solo ciudadano que esté de acuerdo con el cien por cien de ella. El marco de convivencia se puede cambiar, pero votando todos los españoles. El PSC nunca ha creído que determinar el sistema de convivencia es competencia no solo de los catalanes, sino de estos con el resto de ciudadanos del Estado.

Según ellos, el referéndum podría centrarse sobre un nuevo estatuto que saliese de la mesa de negociaciones. Lo cual tiene por fuerza que resultar cómico, puesto que el actual está por estrenar y contra él se han sublevado los golpistas, que han repetido cantidad de veces que ellos se encuentran ya en otra onda. El fondo del asunto es que están pensando en que el nuevo estatuto consista en el actual, solo que incorporando aquellas cosas que o bien eliminó el Parlamento español o bien tumbó el Tribunal Constitucional.

Pretenden repetir la jugada de Maragall en 2006, modificar la Constitución por la puerta de atrás. Zapatero hace unos días, el 26 de junio pasado, en una entrevista en La Razón, propuso claramente este nuevo estatuto. Es más, contestando a la pregunta del periodista acerca de su posible inconstitucionalidad afirmó: “Todo en la vida, y también la sentencia del Tribunal Constitucional, deja espacio para la interpretación. Y el Derecho permite alternativas creativas que no suponen reproducir lo que el Estatut decía y que el Tribunal Constitucional anuló”.

En esa construcción creativa introduce una serie de cuestiones que, en su opinión, tienen que votar los catalanes; pero lo cierto es que la mayoría de ellas afectan al conjunto de España y que deberían ser decididas por todos los españoles. La entrevista no tiene desperdicio y confirma que Zapatero se situó como presidente de gobierno en el colmo de la superficialidad y la ligereza. Es posible que, al final, los desaguisados que habrá cometido Sánchez sean superiores a los que infligió en su momento Zapatero, pero hay una diferencia: Sánchez incurre en las transgresiones y atropellos para durar lo más posible en el cargo; Zapatero los mayores descalabros los hizo por pura frivolidad.

También los empresarios catalanes están en esta longitud de onda. Organizaron un contubernio para dar su apoyo a Sánchez y pronunciarse a favor de los indultos, al tiempo que espoleaban al Gobierno español y al catalán al diálogo y al pacto. Lo más extraño estriba en el juego que se trae el empresariado de toda España. Sánchez los tiene seducidos con ese chorro de millones que, según dicen, va a venir de Europa. He reiterado a menudo que los fondos de recuperación quizas se conviertan en un mal negocio para los ciudadanos, pero pueden traducirse en un beneficio muy saneado para algunas compañías. He ahí la razón de que los empresarios -al menos algunos- estén muy domesticados.

Los empresarios catalanes han jugado siempre a la ambigüedad. Muchos de ellos han sido cómplices del nacionalismo. Mientras todo se reducía a gritar que España nos roba y obtener así prebendas y privilegios frente a otras Comunidades, estaban de acuerdo y colaboraron con entusiasmo, por la cuenta que les traía. No obstante, se asustaron cuando vieron que el tema iba demasiado lejos, que se rompía la legalidad y podía acarrear consecuencias económicas muy graves. Los empresarios que a coro alababan el otro día a Sánchez y pedían negociación y mesa de diálogo son los mismos que demandaban a Rajoy que cambiase la ley de sociedades para que el consejo de administración de una empresa, sin más requisitos, pudiese modificar su domicilio social por si precisaba salir de Cataluña.

Hace tiempo que Sánchez Llibre, hoy a la cabeza del empresariado catalán, mostró ya por dónde iban sus inclinaciones, nada de independencia, pero sí un nuevo estatuto. Insinuó que el problema podría terminar y los secesionistas conformarse si en ese estatuto se reconociese a Cataluña como nación y se dotase a la Generalitat de un sistema de financiación similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra. Conceder la condición de nación a Cataluña no tendría ninguna importancia si todo se redujese al ámbito cultural, pero entonces no se está ante un tema político, sino de historiadores y sociólogos, y no sería necesario introducirlo en ninguna norma. Pero ese es el problema, que cuando se quiere que aparezca en una ley es que la pretensión consiste en procurar que surta efectos jurídicos. Parece bastante evidente que con ello el nacionalismo tendría una coartada mayor a la hora de reclamar la independencia.

Dotar a Cataluña de un sistema de financiación parecido al del País Vasco y Navarra sería catastrófico. Ampliaría las múltiples  distorsiones que produce el concierto existente con estas dos últimas Autonomías, y cuya legalidad nunca se debía haber introducido en la Constitución. El cupo catalán dañaría gravemente la política redistributiva del Estado en el plano territorial, y se dotaría a los secesionistas de un instrumento esencial, una hacienda pública propia, para aumentar sus probabilidades de éxito en una nueva intentona.

Pedro Sánchez ha dicho que nunca sobrepasará la ley ni la Constitución. El problema no es ese, aunque también, ya que ni siquiera sus mismos socios le creen. La cuestión además es que hay muchas cosas que sin traspasar la ley son muy perniciosas para el Estado y para los ciudadanos. Todo lo que represente premiar a una Comunidad por encima de las otras, o lo que signifique dotar a un gobierno soberanista de más competencias para que sea más sencillo un día independizarse. El colmo es que los golpistas tengan premio.

republica.com 8-7-2021

Bla, bla, bla. Es increíble la palabrería que rodea el tema de los indultos. Todo ello para justificar lo injustificable. El caso es que algunos se lo creen o fingen creérselo. La doblez y la hipocresía llega a extremos inauditos. El ministro de Justicia afirma que hay que ver los indultos con naturalidad. Puede que tenga razón, pero verlos con naturalidad es mirar lo que hay debajo de toda esa charlatanería de frases grandilocuentes y egregios cometidos.

Si prescindimos una vez más de la representación y de toda la farfolla creada para ocultar la verdadera realidad, lo que encontramos es algo muy simple, pero al mismo tiempo bastante grave: el cohecho más insólito cometido por un gobierno. ¿No hablaríamos de cohecho frente a un funcionario que recibiese un notable patrimonio, por ejemplo, un chalet o algo similar, de una empresa a la que hubiera concedido una importante adjudicación o concesión administrativa?

Lo que hace distinto este indulto de cualquiera que se haya otorgado anteriormente es que en ningún otro caso quien lo concedía debía el gobierno y el mantenerse en el poder a aquellos a quienes indultaba. No cabe comparación posible. Malamente Sánchez puede recurrir al hecho de que Felipe González indultase al general Armada, ya que este no había nombrado presidente del gobierno a González. Y lo mismo cabe decir de Aznar y Barrionuevo. La afirmación de Pedro Sánchez de que actuaría igual si tuviese 300 diputados no resulta demasiado creíble, teniendo en cuenta que defendía todo lo contrario cuando no era presidente de gobierno. Por otra parte, su aseveración actual resulta un brindis al sol de igual manera que si el funcionario del ejemplo anterior nos asegurase que la adjudicación se habría producido igual si no le hubiesen regalado el chalet.

El hecho de que Pedro Sánchez deba el gobierno a los golpistas es lo que contamina todo en esta ocasión y, tal como afirma el informe del Tribunal Supremo, convierte la medida de gracia en una especie de autoindulto, prohibido por el artículo 103 de la Constitución. Quien concede la medida de gracia no solo es el Gobierno, sino quien está detrás y mueve y fuerza al Gobierno. En este contexto, todo otro argumento deviene sospechoso y constituye un subterfugio.

Entre las múltiples excusas y pretextos que conforman esa enorme hojarasca con la que se pretende ocultar la verdadera razón, hay un alegato especialmente peligroso y es el empleado por Sánchez en Bruselas, contraponiendo el entendimiento y la concordia, valores que él dice seguir, y que designó como valores constitucionales, con los que afirma que no lo son como la revancha y la venganza que, lógicamente, atribuye a los tribunales y a todos los que se oponen al indulto. Formulación parecida realizó al día siguiente en el Parlamento, alegando que hay tiempo para el castigo y tiempo para la concordia, y cierta similitud se encuentra en las declaraciones del portavoz de En Comú Podem, al proclamar que ha terminado el tiempo de la justicia y comienza el de la política. Qué manía tienen estos muchachos de separar la justicia y la ley de la política.

La gravedad de este planteamiento radica en que Sánchez, de alguna manera, asume el discurso de los independentistas que consideran a los encarcelados presos políticos y las penas y hasta la misma sentencia, fruto de la venganza y de la revancha. La argumentación del nacionalismo, participada por Podemos y ahora parece que por el propio sanchismo, es que el indulto (mejor la amnistía) es el último mecanismo que repara los derechos humanos violados. El Gobierno, mediante la medida de gracia, corrige los desafueros de la justicia (revancha y venganza).

Que el Ejecutivo dé cobertura a estas ideas tiene muy graves repercusiones en el exterior, legitima frente al extranjero el mensaje del nacionalismo. ¿Cómo van a creer los organismos internacionales y las instituciones de otros países que los independentistas catalanes son unos delincuentes si no lo cree el propio gobierno?

En ese blablablá con el que se pretenden justificar los indultos se encuentra también la teoría del diálogo, la concordia y la pacificación, que choca frontalmente con la postura de los golpistas que no solo no se arrepienten de nada, sino que proclaman con toda desfachatez que van a volver a repetir el golpe. Incluso alguno en el culmen de la chulería ha llegado a pregonar que se metan los indultos por donde les quepa.

Hay algunos periodistas que, puestos a especular, se han aventurado a ser exegetas e interpretar en clave buenista las intenciones de Sánchez; y especulan acerca de que el objetivo del presidente del Gobierno es ser el pacificador de Cataluña, al igual que Zapatero lo fue del País Vasco. A pesar de ser una versión interesada, es totalmente ilusoria y fantasiosa. Zapatero no fue pacificador de nada. Más bien inició el incendio en Cataluña con la aprobación de un estatuto inconstitucional, y no realizó un desaguisado en el País Vasco porque ETA rompió la negociación con el atentado del aeropuerto de Barajas. Si el terrorismo fue derrotado no se debió a ningún diálogo establecido con Zapatero, sino al haber perdido la batalla, gracias a la política antiterrorista y a los policías y a los jueces.

Sánchez no es tan ingenuo como para pensar que por la vía del diálogo se puede llegar a lo que llama “la pacificación de Cataluña”. El soberanismo catalán da pruebas todos los días de que la única pacificación que busca es la independencia y que no cejará hasta conseguirla. Por otra parte, es que quizás a Pedro Sánchez no le importe demasiado la reconciliación en Cataluña. No persigue tanto el futuro, perpetuarse en la historia, como el presente: mantenerse en el poder y en el gobierno.

Entre los que tras una apariencia de bienintencionados buscan justificar al Gobierno se encuentran aquellos que aseveran a diario que el otro camino ya se ha seguido y que ahora habrá que intentar el del diálogo. Nada menos cierto, porque el único sendero recorrido desde la Transición ha sido el de las cesiones en las que ha terminado siempre toda negociación. Concesiones que solo han servido de plataforma para realizar nuevas reivindicaciones.

La historia es muy distinta de cómo la cuenta Sánchez. La ruptura constitucional del golpismo, el referéndum del primero de octubre y la declaración unilateral de independencia no eran contra Rajoy y contra el PP, sino contra el Estado. Y si después no se ha repetido el golpe no ha sido gracias a los diálogos de Sanchez y sus mesas de negociaciones, que lo único que han generado han sido nuevas cesiones y dar más alas a los golpistas, sino a la acción de la justicia y al miedo al castigo que ahora se quiere eliminar. Eso es lo único que, al margen de bravuconadas, mantiene relativamente parado al secesionismo.

La actuación del sanchismo a rebufo del PSC sirvió únicamente de rémora. Participó en la aprobación del artículo 155, pero a remolque, con reticencias y poniendo toda clase de limitaciones. Cuando, basado en ello, Sánchez tiene la osadía de reclamar el apoyo del PP a los indultos, habría que contestarle que, hasta donde sabemos, el Ejecutivo de Rajoy no dependía de los soberanistas catalanes. En todo caso, si la implantación del 155 tuvo algún impacto fue el de facilitar la moción de censura que les costó el gobierno a los populares.

Por último, en la descripción del ruido que rodea el tema de los indultos habrá que incluir a ese periodista que para justificarlos va de tertulia en tertulia afirmando “Que algo habrá que hacer”. Hacer por hacer… por qué no jugar a los bolos o al pinacle. El activismo sinsentido, aparte de ser ilógico, puede acarrear resultados muy negativos. Hay soluciones que empeoran el problema.

Pero dejémonos de zarandajas y de monsergas. Como decíamos al principio del artículo, solo hay una motivación que explique los indultos, mantener en el poder a Pedro Sánchez. Lo que resulta irónico es que el PSOE pretenda proclamarse el único partido que tiene sentido de Estado, cuando está dispuesto a permitir que el Estado se trocee con tal de permanecer en el gobierno.

republica.com 4-6-2021

Se han cumplido los peores augurios en las elecciones catalanas. La participación ha sobrepasado escasamente el 50%. La causa hay que buscarla, ciertamente, en las difíciles condiciones en las que, debido a la pandemia, se han celebrado estos comicios, pero quizás también en el cansancio que el procés ha suscitado en los catalanes. La abstención, sin embargo, no ha afectado por igual a los distintos partidos. Se ha primado a las posiciones extremas, y cuando hablo de extremos, no me refiero al marco de izquierda–derecha, sino de independentismo-noindependentismo, puesto que es en estos términos en los que creo que transcurre la política de Cataluña. Han ganado, sin duda, la CUP y VOX.

Los soberanistas han salido beneficiados, al afectarles en menor medida la abstención, aunque han perdido alrededor de 700.000 votos, lo que deslegitima cualquiera lectura que intenten hacer acerca de que los resultados justifican, aún más, sus pretensiones. Difícilmente pueden hablar en nombre del conjunto de los catalanes. Todo lo más, podrán afirmar que representan al millón trescientos ochenta mil ciudadanos que les han votado y, así y todo, esa representación queda reducida a su actuación en el ámbito del Parlament y de la Generalitat, y de acuerdo con las competencias que les marcan las leyes, pues para eso les han votado, y no hay por qué suponer que sus votantes participen de todas sus posiciones políticas.

Lo cierto es que el soberanismo ha incrementado sus escaños en el Parlament y que la abstención ha perjudicado en mayor medida a los partidos de ese grupo tan heterogéneo que se suele llamar constitucionalista. También parece claro, aunque quizás inexplicable, que en este grupo el PSC -si es que se le puede encuadrar en él-  ha sido el único ganador. Triunfo que quizás no le va a servir para mucho porque, sea cual sea el desenlace, Illa va a quedar de comparsa. Por eso es un poco patético que, siguiendo el ejemplo sanchista, monte la representación de abrir consultas con otras fuerzas políticas y su decisión de presentarse a la investidura, cuando sabe de sobra que no va a tener esta opción, ya que dependerá del futuro presidente del Parlament.   

Pase lo que pase en la Generalitat, pienso que el problema de Cataluña se dilucida mucho más en la Moncloa. Por eso creo que ha llegado el momento de fijarnos en el anverso de la operación Illa, un aspecto hasta ahora poco considerado, pero de suma importancia para el resto de España. Me refiero al hecho de haber situado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Miquel Iceta. Es difícil que no despierte suspicacias contemplar al primer Secretario del PSC ocupando el ministerio que tiene que establecer un juego lo más neutral posible entre todas las Autonomías, tanto más cuanto que está pendiente de renovación el Sistema de Financiación Autonómica. El vigente data de 2009, establecido en tiempos de Zapatero y Montilla y al gusto y conveniencia de los catalanes, aunque ahora renieguen de él y digan que les perjudica.

Los antecedentes de Iceta no son precisamente los más adecuados para que el resto de las Comunidades se sientan tranquilas. Su concepción del Estado es de las más atrabiliarias. En su momento, habló ya de ocho naciones, lo que nos retrotraería al Estado cantonal de malhadada memoria, porque, aunque se matice añadiendo que se trata de un concepto puramente cultural, el hecho es que siempre se termina en formulaciones políticas. Pasa igual que con la pluralidad del Estado y los hechos diferenciales, que al final se traducen en fuerzas centrífugas o, al menos, en privilegios. Quién puede dudar de que España es plural. Cualquier territorio lo es. También Cataluña. ¿O es que acaso no hay diferencias entre Barcelona y Gerona?

Iceta fue el primero que habló de indultos para los presos del procés e incluso de alguna manera pretendió trazar a Esquerra su ruta y la estrategia que debía seguir, al comentar que si en algún momento el voto independentista llega a alcanzar el 60 o el 65% habrá que considerar en serio el referéndum. Aunque el PSC ya lo había contemplado antes, al pronunciarse a favor de ese ilusorio derecho a decidir inventado por los independentistas.

Pero descendamos al tema crematístico que es donde se va a plantear el problema, ya que es de prever que, a pesar de soflamas incendiarias sobre la independencia, es en ese terreno en el que Esquerra, con sentido práctico, va a situarse. El fracaso de 2017 y el miedo a la justicia les disuadirá de evitar por el momento nuevas aventuras. Fue en ese mismo 2017, el 30 de noviembre, cuando Iceta publicó en el diario El Mundo un artículo titulado “Financiación justa para una hacienda federal”.

Comenzaba afirmando que los socialistas catalanes querían participar de forma activa (ahora el PSC está más subido e Illa afirma que quieren liderarlo) en el debate y en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico, que debía acordarse en un futuro inmediato. El futuro dejó de ser inmediato en cuanto Sánchez asumió el gobierno, a pesar de que en la oposición arremetió reiteradamente contra Rajoy por no acometer la tarea. Se ha dilatado en el tiempo casi cuatro años, porque el presidente del Gobierno ha preferido tener las manos libres para distribuir dádivas y mercedes entre la Comunidades. Se supone que antes o después tendrá que establecer un nuevo sistema y para ello y para sus planes nada como tener a Iceta en el ministerio de Política Territorial.

Iceta continuaba afirmando en el artículo que las Comunidades Autónomas deben ser gobiernos auténticos, no meras gestoras. Para ello lo que viene a proponer es que haya una mayor cesión de tributos y cita en concreto el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Desconozco lo que el señor Iceta entiende por gobiernos auténticos (Consejos de gobierno los denomina la Constitución). Lo que es cierto es que están muy lejos de ser meras gestoras.

Son ya muchos los tributos que están cedidos a las Comunidades Autónomas. Tal como afirma Piketty (en las páginas 1.090-1.094 de su obra Capital e Ideología y que yo transcribí en este diario en mi artículo del 17 de septiembre de 2020): “España en materia fiscal es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con Estados federales más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el Estado central y las regiones… En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE.UU. y lo mismo ocurre en Alemania, ejemplo más cercano a España. Los Estados (länders) no tienen posibilidad de votar tipos impositivos adicionales, ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria  con independencia de lo que piensen los contribuyentes bávaros”.

Conviene señalar además que los tributos cedidos -patrimonio, sucesiones y renta (parcialmente)- son los impuestos más progresivos, por lo que su cesión puede producir efectos muy negativos. No se necesita avanzar en el proceso, sino quizás retroceder. La capacidad normativa de las Autonomías crea presiones fiscales diferentes según donde uno viva y, lo que es peor, se establece una competencia desleal entre las Comunidades, el llamado dumping fiscal, que daña la recaudación y la progresividad de los impuestos. Lo paradójico surge cuando se defiende, tal como hacen el PSOE y los independentistas, incrementar la autonomía financiera pero después se protesta cuando esta se ejerce por otras Comunidades diferentes a la catalana.

La cesión de la recaudación, es decir, que los recursos obtenidos por los impuestos en una Autonomía se queden dentro de la Autonomía, representa la ruptura de la función de redistribución del Estado en el ámbito interregional, porque no habrá fondo que pueda compensar el desequilibrio creado. Cuando los nacionalistas e Iceta hablan del Estado del bienestar parece que se refieren únicamente a Cataluña, propugnando hacia el exterior el neoliberalismo económico más radical. Darwinismo social entre regiones. El resultado de transferir además de la recaudación, la gestión y la inspección de los tributos a las Comunidades sería muy negativo desde el punto de vista de la administración fiscal. Trocear la Agencia Tributaria crearía el caos en la gestión de los tributos y obstaculizaría gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Hay que tener en cuenta que Iceta escribía desde Cataluña (y me temo que desde ahí será desde donde seguirá hablando y actuando a pesar de ser ahora ministro del Gobierno central) y lo hacía nada más celebrarse un auténtico golpe de Estado. El soberanismo utilizó el inmenso poder que le concedía estar al frente de una de las administraciones autonómicas más ricas y con más competencias para crear toda una estructura sediciosa capaz de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado. Pero el golpe está lejos de estar desactivado. Los golpistas continúan y parece que van a continuar al frente de la Generalitat, y no se privan de repetir que volverán hacerlo. El peligro está muy lejos de disiparse, por lo que no parece demasiado acertada la política de conceder cotas de autogobierno más elevadas ni más medios para que en otro momento se puedan volver contra el Estado y entonces, sí, tener éxito.

La estrategia debería pasar más bien por limitar en la medida necesaria las competencias de la Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta república independiente es la ausencia de una Hacienda Pública propia. Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos con el Estado. El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la Generalitat.

Iceta terminaba su artículo reclamando una quita de la deuda autonómica. No es de extrañar, puesto que afecta principalmente a la Generalitat catalana (que no a Cataluña). El mayor endeudamiento de esta Comunidad no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, tal como intentan convencernos, sino en buena medida a la cantidad ingente de recursos públicos absorbidos por el procés y en general en engrasar esa inmensa máquina de publicidad y propaganda dedicada a promocionar la independencia.

Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las Comunidades Autónomas. Es lógico suponer que ese alto nivel retributivo se extiende a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo. Recientemente se ha hecho pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Esquadra y la Guardia Civil y la Policía nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.

El primer secretario del PSC suele repetir que no pide nada para Cataluña que no pida para las otras Autonomías. Puede ser cierto. El problema es que tanto en el orden personal como en el territorial las medidas que son buenas para los ricos no suelen serlo para los menos afortunados. La condonación de la deuda no tiene la misma significación para Cataluña -que debe al Estado 52.499 millones de euros- que para Extremadura -que adeuda tan solo 2.031. Extender una copia del cupo vasco, aun cuando fuese limitado, a todas las Comunidades sería muy beneficioso para Madrid y Cataluña, y por supuesto para el País Vasco, que ya lo tiene, pero tendría efectos devastadores para Andalucía y Extremadura, por ejemplo. Es difícil entender por tanto los afanes independentistas de partidos, como el Bloque Nacionalista Gallego, que se desarrollan en las Comunidades de menor renta.

La presencia de Iceta en el Ministerio de Política Territorial difícilmente va a colaborar a corregir la desigualdad y los desequilibrios entre las regiones, más bien es muy probable que los incremente. Pero no creo que eso le importe mucho a Sánchez. Su finalidad debe de ser otra. Su objetivo consiste en que le ayude a mantener las alianzas con los golpistas, a los que necesita para continuar en el Gobierno.

republica.com 26-2-2021

¿Qué les pasa a los catalanes? Todas las encuestas arrojan el resultado de que, aunque con oscilaciones, el número de los ciudadanos que se inclinan por la independencia es inferior al de los que la rechazan. No obstante, el panorama cambia cuando llegan las elecciones, el sesgo hacia el nacionalismo es mayoritario, no solo porque los partidos secesionistas son los que obtienen más escaños, lo que puede explicarse como consecuencia de los defectos de la ley electoral, sino porque gran parte de los catalanes que se declaran en las encuestas en contra de la independencia terminan votando a partidos que, si bien no se proclaman nacionalistas en la práctica, su simpatía e incluso complicidad con el nacionalismo resulta innegable.

No es infrecuente escuchar de muchos catalanes, de esos que se confiesan anti independentistas, el lamento de que el Estado les ha abandonado, se ha inhibido, dejándoles en manos del nacionalismo. Tienen su parte de razón, desde la Transición los partidos nacionales se han preocupado sobre todo de sus intereses, permitiendo que los nacionalistas campasen a sus anchas por Cataluña y el País Vasco, a cambio de conseguir su apoyo en el Parlamento español. De esta manera, poco a poco, el nacionalismo ha terminado apoderándose de todas las instituciones en sus respectivos territorios y, lo que es peor, ha impuesto progresivamente su discurso y su punto de vista a toda la sociedad.

Pero no es menos cierto que todo esto no hubiese sido posible sin el silencio, la pasividad, e incluso en muchos casos la complicidad, de la población no independentista. En cierto modo, las reivindicaciones nacionalistas y su victimismo beneficiaban a toda la sociedad en cuanto significaban obtener ventajas evidentes frente a otros territorios. Por otra parte, el conformismo era más cómodo y la aceptación de las reglas de juego podía acarrear beneficios inmediatos, quizás nada despreciables.

Buen ejemplo de ello lo ha constituido gran parte del empresariado, de los medios de comunicación y de otras muchas entidades que han visto recompensada su fidelidad al régimen (este sí que ha sido y es un régimen) de manera muy generosa, pero es que este modo de actuar se ha extendido también a muchos ciudadanos particulares a los que tampoco les iba mal el paraguas del victimismo. Muy pocos han sido los que han plantado cara. La mayoría han optado por amoldarse y recolectar los beneficios.

Solo cuando la situación subió de nivel y se dio un salto cualitativo, cuando el nacionalismo se declaró ya en franca rebeldía y se convirtió en golpismo, cuando vieron que los secesionistas estaban dispuestos a declarar la independencia unilateralmente, sonó la señal de alarma, la mayoría de los empresarios se asustaron. Vivían bien en la ambivalencia, pero el envite era demasiado fuerte. Gran parte de ellos se situaron en la tercera vía, “sí, pero no”, y la mayoría silenciosa de ciudadanos salió por primera vez a la calle de forma masiva. Un partido que había sido hasta entonces cuantitativamente secundario en Cataluña, Ciudadanos, se alzó como la fuerza política más votada.

Pero el tiempo pasa y parece que lo borra todo, lo que en el caso de Cataluña resulta un poco incomprensible, porque durante cuatro años se ha extendido el caos; y la violencia se ha adueñado con frecuencia de las calles de toda la Comunidad Autónoma. Los golpistas continúan sin arrepentirse de nada y afirman que están dispuestos a repetir el golpe. El Gobierno ha sido desgobierno, más pendiente del procés y de su propaganda secesionista, que de la gestión y de los problemas de los administrados. Por eso resulta tan difícil comprender los resultados actuales de las encuestas, no ya que el voto independentista se mantenga (el fanatismo suele dar razón de casi todo), sino que gran parte de la sociedad silenciosa se inclinen por formaciones políticas que mantienen cierta complicidad con el secesionismo. ¿Dónde están las izquierdas catalanas?

Es cierto que, en Cataluña, desde hace tiempo, al menos desde el inicio del procés, el enfrentamiento político no se plantea en términos de izquierda y derecha, sino de independencia o no independencia. No hay más que considerar el extraño matrimonio entre Convergencia -o lo que queda de ella- y Esquerra. Llevan gobernando juntos casi una década. Incluso cuentan siempre con el apoyo de la CUP cuando la necesitan en el Parlament. Pero precisamente por eso se entiende mal la traslación de votos que las encuestas arrojan de Ciudadanos al PSC, porque si hay un partido que en Cataluña ha defendido a esa más de la mitad de ciudadanos humillados y ofendidos ha sido la formación naranja.

Sin duda, Ciudadanos cometió un gran error, convertirse en partido nacional, y no quedarse en Cataluña, que es donde tiene un sentido y un perfil propio. He criticado a Ciudadanos en bastantes artículos y también en mi último libro “Una historia insólita, el gobierno Frankenstein”, pero estas críticas iban dirigidas a su comportamiento en la política nacional, no en Cataluña, donde han mantenido una posición bastante digna. Aunque hayan podido cometer alguna equivocación ¿cómo compararles con el comportamiento errático y torticero seguido por el PSC?.

Lo más que se puede esperar del PSC es la constitución de un tripartito, y conviene no olvidar que todo este fregado catalán comenzó precisamente con el anterior tripartito y la alianza de Zapatero con Maragall. Fue el primer intento de cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Ciertamente no en rebeldía como lo hicieron en 2017 los independentistas, pero sí arteramente aprobando un estatuto anti constitucional, estatuto que en el fondo nadie demandaba. Solo hay que considerar la enorme abstención que se produjo en el referéndum de su aprobación. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Resulta, por tanto, bastante incomprensible que aquellos que se quejan del independentismo, terminen votando a un partido que entre otras cosas pretende indultar a los golpistas para que prueben de nuevo, a ver si tienen éxito.

Lo más inconcebible es que parece que las buenas perspectivas del PSC se deben a presentar como candidato a Salvador Illa. Es difícil de entender. Se desconoce cuáles son sus gracias. Lo mejor que se puede decir de él es que es educado, modoso, de buenos ademanes y palabras. Claro que todo esto también podría interpretarse como amorfo, ni chicha ni limoná, y que cuando habla no se le entiende nada porque parece que está rezando. Pero más allá de todo esto, como ministro de Sanidad no ha brillado con luz propia. Ha sido tan solo una marioneta en manos de Sánchez, transmitía lo que este decidía. Su permanencia al frente del Ministerio de Sanidad se ha caracterizado por la inoperancia más absoluta. Tomó posesión de un medio ministerio (Sanidad) que era parte de otro casi sin competencias (Sanidad y Consumo). Un ardid para que tuviera un sitio en el Consejo de Ministros y desde esta plataforma se dedicase a su auténtica misión, servir de cemento a ese maridaje espurio que Sánchez pretende mantener con el nacionalismo golpista.

El hombre propone y Dios dispone. Así que se ha tenido que  enfrentar con la pandemia más grave de los últimos cien años. Sin preparación y sin medios no es de extrañar que su gestión haya sido un desastre, tanto más cuanto que desde el comienzo se echó en manos de un chisgarabís, locuaz y frívolo, que no tenía ni siquiera la categoría de subdirector general y que toda su “expertitud” (que diría Calvo) consiste en haber entrado en la función pública por la puerta de atrás, gracias a un importante pariente del PP.

Las dificultades con las que se encontró Illa al comienzo de su mandato son notorias. La distribución de competencias y medios entre las Comunidades Autónomas hacían del Ministerio un gigante de barro y dificultaban gravemente la gestión. Pero su languidez y su carencia radical de experiencia no solo sanitaria sino en la Administración Pública le convirtieron en una marioneta en manos de Sánchez. La subordinación de los criterios sanitarios a las conveniencias políticas cerraba toda posible solución.

El sometimiento a los intereses políticos estuvo presente desde el primer momento. Se reaccionó tarde. Había que mantener las manifestaciones feministas. “El machismo mata más que el coronavirus”, lema de los carteles, parece ahora una broma macabra. Se permitió la entrada por los aeropuertos de todos los italianos que quisieron pasar cuando en Italia la epidemia estaba ya desbocada. En una semana se pasó de asegurar que en nuestro país no había ningún problema a decretar el estado de alarma e imponer el confinamiento más duro de toda Europa.

Se adoptó un sistema de mando único, lo que a todo el mundo le pareció bien dada la gravedad de la situación. El problema surgió cuando ese mando único, el Ministerio de Sanidad y el señor Illa, comenzaron hacer aguas por todas partes. Pretendieron centralizar todas las compras, pero resultó un auténtico desastre. Los suministros no llegaban y muchos de los contratos eran fraudulentos y adjudicados sin el menor rigor, y aún está por conocerse qué hubo detrás de todas esas contrataciones. Al final cada Comunidad, a pesar de no tener competencias (estaban atribuidas al mando único), tuvo que apañarse como pudo.

No es el momento de relatar la inmensa acumulación de desatinos cometidos a lo largo de toda la pandemia. Los engaños y las rectificaciones han estado presentes en todo el proceso. “Donde ayer dije digo hoy digo diego”. Las mascarillas pasaron de no convenientes a ser obligatorias. Y las FFP que ayer se consideraban improcedentes e incluso egoístas resulta que son las que ahora Alemania considera como las únicas aceptables. La desescalada fue caótica y llena de prejuicios políticos, sin informes y al margen de todo criterio científico, y con un comité de expertos fantasma o inexistente.

Ante la catástrofe, el Gobierno optó por descargar la responsabilidad en las Comunidades Autónomas -pero sin darles al mismo tiempo los medios y la autoridad necesarias-, que ha pretendido mantener en sus manos para intervenir cuando por sus conveniencias políticas le pareciese necesario. Buen ejemplo de ello fue el sainete de Madrid que para demostrar quién mandaba no dudó primero en fabricar un engendro jurídico tumbado por los tribunales y al final decretar un estado de alarma reducido a una sola provincia con el que hizo el ridículo más absoluto, demostrándose que la Comunidad Autónoma tenía razón en su estrategia. La llamada “cogobernanza”, una de tantas palabras elaborada por la fábrica de la Moncloa, ha sido un caos, convirtiendo el mapa de España en la lucha contra la epidemia en un espectáculo de lo más heterogéneo y variado. Illa aseguró que no habría diecisiete navidades distintas y lo cierto es que si nos descuidamos acaba habiendo cincuenta.

A su vez, el Gobierno ha sido totalmente reacio a utilizar las competencias que permanecían exclusivamente en sus manos. A pesar de la petición de las Autonomías afectadas, se negó siempre a establecer en los aeropuertos y en las estaciones de ferrocarril controles efectivos, incluso cuando después de la aparición de la cepa británica y casi todos los países habían anulado ya todos los vuelos con Inglaterra Sánchez, rechazó hacerlo. El Ministerio del Interior, tan presente en la primera etapa incluso con entorchados en todas las ruedas de prensa, desapareció posteriormente como por asomo, con lo que la mayoría de las Autonomías se han encontrado sin medios para asegurar que se cumplían las medidas que iban adoptando.

El último escándalo, por ahora, lo ha constituido el de la vacunación. Como es habitual, el Gobierno ha lanzado la responsabilidad hacia fuera. En este caso a la Unión Europea, que, como es habitual, está demostrando lo que es, un bodrio burocrático incapaz de dar solución eficaz a cualquier problema. No obstante, Sánchez intentó ponerse las condecoraciones y venderlo a bombo y platillo, colocando en el primer envío un cartel monumental, que decía “Gobierno de España”. Algo infantil ciertamente, pero muy revelador de su finalidad de representación y propaganda. Ahora, ante las dificultades, echará balones fuera y trasladará todas las culpas a la Unión Europea.

Se dirá que todo esto es imputable principalmente al Gobierno y no a Illa. En alguna medida es verdad, pero el ahora candidato a la presidencia de la Generalitat ha sido el hombre de paja, el instrumento, el medio del que se ha valido Sánchez para implementar esta política tan desastrosa y para intentar vender como triunfos y aciertos los mayores descalabros. “No se arrepiente de nada”, ha manifestado en la despedida el hasta ahora ministro, y aleccionó a su sucesora anticipando que lo va a pasar bomba. La mayor prueba de la insignificancia de Salvador Illa consiste en que se ha considerado que puede dejar el Ministerio en el momento más crítico de la epidemia sin que pase absolutamente nada. Lo cual es cierto.

¿Es este personaje anodino el que quieren los catalanes para presidente de la Generalitat? Lo cierto es que Salvador Illa nunca va a serlo. Primero porque lo más probable es que se vuelva a formar un gobierno independentista y segundo porque, aunque diesen los números y se intentase constituir un tripartito, Esquerra nunca aceptaría no presidirlo y tener que votar de presidente a un hombre del PSC. ¿Entonces a qué tanto interés en colocar a Illa de candidato? Me da la impresión de que la finalidad ha sido otra, nombrar a Iceta, no en un ministerio cualquiera, sino en el de Administración Territorial. Pero eso merece quizás otro artículo.

republica.com 5-2-2021