ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

No es ningún secreto que la principal característica de este Gobierno es el maquiavelismo, la aceptación de que el fin justifica los medios. Su único objetivo, mantenerse en el poder. Para ello todo vale. Pero creo yo que hay otra característica, tal vez menos conocida y de la que no somos demasiado conscientes, la incompetencia. Las pifias que cometen suele ser fruto de ambas. Alguien poco respetuoso hablaría de maldad y tontería.

Serían infinitos los ejemplos. Por citar alguno, hablemos del embrollo que se ha formado en la Seguridad Social en la que no hay manera de conseguir cita para realizar cualquier gestión. Cerrado por inoperancia. Dicen que falta personal. Pero parece que eso no es óbice para que el ministro del ramo pueda mandar una carta a cada uno de los jubilados haciendo propaganda y jactándose de lo mucho que han subido las pensiones. No dudo que falte personal, pero algo tendrá que ver en el colapso el diseño de un ingreso mínimo vital que resulta ingestionable.

También podríamos poner el ejemplo de los fondos de recuperación europeos que nadie sabe dónde están. El Gobierno apostó por el oscurantismo para poder repartirlos a su gusto y a su conveniencia, sin dar cuenta alguna. Pero tanto ha sido su aislamiento en esta materia, tanta su incompetencia y tanto el desconocimiento de la Administración, que gran parte de ellos están sin ejecutar y otros se están empleando sin control, sin racionalidad, sin el menor análisis del impacto económico y en los fines más variados, decididos solo en virtud del clientelismo político.

La tardanza en su ejecución y las críticas que el Gobierno recibe de la misma Unión Europea han obligado a Sánchez a tirar por la calle de en medio y a buscar los gastos más fáciles de desembolsar, incluso resucitando el catastrófico plan E de Zapatero, repartiendo dinero entre los ayuntamientos un poco a tontas y a locas como una pedrea y para los destinos más variopintos.

Pero quizás donde aparezca de forma más clara la incompetencia sanchista sea en la elaboración de las leyes. Las chapuzas son continuas. Todos los días están en la prensa la ley del sí es sí y sus penosas consecuencias. Lo grave además es que el Gobierno, lejos de reconocer su ineptitud y su metedura de pata, atribuye la culpa a la interpretación de los jueces, lo que choca con el hecho de que los aludidos no sean ni uno ni dos, ni siquiera un grupo lo que podría entenderse por una equivocación, o incluso, pensando aviesamente, fruto de una postura ideológica machista, -como se dice-, porque lo cierto es que las sentencias provienen de toda España y de  jueces de los más diversos pelajes.

El quid de la cuestión estriba que los sanchistas piensan que los tribunales no tienen que aplicar la ley tal como está escrita, sino interpretarla de acuerdo con sus deseos y con lo que ellos quisieron decir cuando la elaboraron, aunque la impericia les haya llevado a plasmarlo de forma distinta. Tendríamos que habernos quedado pasmados, si no estuviéramos ya curados de espanto, al escuchar al portavoz parlamentario del PSOE afirmar tranquilamente que lo que se pretendía era orientar a los jueces sobre por dónde debía discurrir su interpretación.

Cuando falta aún mucho para que acabe la traca de la ley del sí es sí, han aparecido en escena los primeros efectos indeseados, como dice Sánchez, de esa otra ley bodrio en la que se juntan churras, múltiples trasposiciones de directivas europeas, con merinas, la reforma del Código Penal eliminando el delito de sedición y la modificación a la baja del de malversación.

El objetivo es claro, completar los indultos y plegarse a las exigencias de los secesionistas. Esquerra nunca lo ha ocultado, más bien se ha vanagloriado de ello y de haberle ganado el pulso al Estado. En realidad, tampoco el Gobierno lo negó, aunque lo disfrazó del latiguillo habitual de que todo se hacía para pacificar Cataluña.

A Esquerra no le valía rebajar las penas del delito de sedición, sino que perseguía su eliminación, una forma de amnistía. Se quería dejar claro que nunca había habido nada penalmente reprobable, sino actos plenamente democráticos. De nuevo, el Gobierno se plegó a las exigencias de los golpistas y escogió una fórmula con la que creía que salvaba la situación, añadió al delito de desórdenes públicos un nuevo supuesto al que se añadió el calificativo de agravado.

No se precisa tener grandes conocimientos jurídicos para que resulte extraño que se pretenda reducir lo que ocurrió en Cataluña en 2017 a un problema de orden público, por muy agravado que sea. De hecho, el traje de la sedición quedaba ya estrecho y somos muchos los que pensamos que el atavío que le iba a la medida era el de rebelión. Así opinaron durante todo el proceso las tres acusaciones, la Fiscalía, la acusación particular y la Abogacía del Estado, aunque esta última, presionada por el Gobierno, cambió de opinión en la calificación definitiva.

Así también lo creyó en su momento el juez instructor. Y cuando uno lee la sentencia llega a la conclusión de que también lo pensaba el ponente, al menos al redactar la primera parte, puesto que sigue milimétricamente la argumentación de la Fiscalía de que la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal no tiene que ser física, sino que puede ser también compulsiva, equivalente a la intimidación grave.

Del mismo modo, y parece una obviedad, se señaló que para que se produzca el delito de rebelión se precisa que tal violencia esté ordenada a conseguir una de las finalidades que marca el susodicho artículo, pero es que los puntos uno y cinco (derogar, suspender o modificar la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional) parecen hechos a la medida de lo que pasó en Cataluña. La conclusión parecía evidente. Sin embargo, la ponencia da una cabriola en el aire y, se supone que en aras de la unanimidad, el Tribunal se inclina por la sedición, aunque hay que hacer esfuerzos para que los hechos quepan en los supuestos de ese delito (ver mi artículo en estas mismas páginas del 17 de octubre de 2019 titulado “Sí, hubo golpe de Estado”).

La unanimidad en la sentencia explica que el auto de su revisión actual se haya suscrito también por todos los miembros del Tribunal. Ello priva de razón totalmente al berrinche de los independentistas, hablando de dictadura de los jueces y al querer ver una intromisión de estos en la función legislativa. Es curioso que los secesionistas hayan tildado la sentencia de venganza, la misma expresión que empleó Sánchez para justificar los indultos. Y es que los relatos de ambos se van haciendo muy similares. En esta ocasión no se ha atrevido él, ni ninguno de sus ministros socialistas, a criticar abiertamente al Tribunal Supremo, pero lo ha hecho mediante apoderado. Ya se ha encargado de realizarlo su portavoz, el periódico “independiente” de la mañana.

Esquerra fue muy ambiciosa. No le resultaban suficientes las rebajas de penas para unos delitos que estaban ya indultados, aspiraban a su desaparición. Bien es verdad que hay bastantes altos cargos que están aún pendientes de juicio y que se sentirían beneficiados con la eliminación total de ese delito. Existía además una clara intención política, mantener que sus actuaciones en contra de la Constitución y su declaración de independencia, lejos de constituir un delito, fueron un acto de soberanía democrática.

El Gobierno central sucumbió a la presión de Esquerra y creyó que el tema se arreglaba creando un supuesto agravado dentro del capítulo de desórdenes públicos. Pero las cosas son como son y no como se pretenden, sobre todo si se carece de los conocimientos precisos. El resultado, tal como afirma el Tribunal Supremo: dejar un enorme vacío legal que deja inerme al Estado frente a un posible nuevo golpe de Estado.

La avidez de Esquerra y su conciencia de que domina al Gobierno les llevó también a exigir la reducción de las penas para el delito de malversación. Los independentistas se encontraron, sin embargo, con una difícil encrucijada, cómo beneficiar a los condenados por el procés, pero solo a ellos, de manera que los favores no se extendiesen a otros delincuentes acusados de corrupción. Con tal fin, se inventaron la tesis de que no es lo mismo defraudar para llevarse el dinero a casa que cuando no hay enriquecimiento propio.

Aparte de lo injustificado que es considerar que el segundo supuesto es menos grave que el primero, no se solucionaba el problema, porque ¿cómo evitar que la reducción se aplicase también a todos los encausados por corrupción cuya finalidad hubiese sido tan solo, por ejemplo, la financiación de los partidos políticos? Rufián, con toda desfachatez, pregonaba que había que hacer una buena operación quirúrgica. Quería indicar con ello que debería hacerse una redacción ad hominem, lo que no es tan fácil si además se desconoce la técnica jurídica.

Una vez más, la reforma de la ley ha sido un engendro, se ignora aún cuáles van a ser las consecuencias, pero lo que sí se sabe es que no va a servir para reducir las penas de inhabilitación a los políticos catalanes del golpe de Estado, que era precisamente la finalidad de la reforma. A la malicia se le añade la ineptitud. El tiro les ha salido por la culata.

Resumiendo, la nueva redacción del delito de malversación se formaliza en tres supuestos, dos de ellos a simple vista no son aplicables a los secesionistas del uno de octubre. El primero se recoge en el artículo 432 bis de nueva creación. Para su aplicación se exige que los bienes apropiados sean devueltos en el plazo de diez días, lo cual evidentemente no se ha cumplido en este caso. El segundo aparece en la nueva redacción del art 433, y se refiere a las autoridades o a los funcionarios públicos que diesen al patrimonio público una aplicación pública distinta al que estaba destinado. Es, por tanto, un supuesto penal que afecta a aquellos que violan la especificidad presupuestaria cambiando, pero dentro del sector público, el destino fijado para los recursos.

Es palmario que este supuesto tampoco es aplicable a la malversación cometida en el procés. No se puede afirmar que dedicar recursos públicos a celebrar un referéndum ilegal para el que no se tiene competencias y financiar aquellas actuaciones necesarias para violar la Constitución y romper España sea una simple variación de la aplicación presupuestaria.

Tanto la versión de malversación descrita en el artículo 432 bis como la del artículo 433, que son las castigadas con menores penas, no son aplicables a las desviaciones de fondos públicos que ocurrieron en 2017 en Cataluña a efectos de llevar a cabo unas actuaciones ilegales y delictivas. Hay que concluir, en consecuencia, que necesariamente se debe imputar la tipificada en el artículo 432, aunque en su nueva redacción.

Los autores de la reforma cometieron, creo yo, dos errores. El primero es haber identificado enriquecimiento propio con ánimo de lucro. El segundo término es mucho más amplio que el simple llevarse el dinero a casa. Se comete la apropiación de los fondos en cuanto se decide darles una finalidad distinta de la utilidad pública en beneficio propio o de un tercero, y no digamos si este destino es ilegal o delictivo como en el caso que nos ocupa.

El segundo error que pienso que cometieron los independentistas -y este es mucho más grave- es que en su demencia dedujeron que dedicar fondos al procés era destinarlos a al interés publico. Su conciencia real o fingida es que no cometieron nada ilegal, sino un acto patriótico. Eso y el victimismo es lo que les lleva a lanzar improperios contra los jueces y a hablar de venganza. La verdad es que se equivocaron y redactaron unas enmiendas al Derecho Penal que no dice lo que ellos, según parece, querían decir. Aparte de malicia, ineptitud.

No obstante, para la ministra de Hacienda no hay ninguna equivocación. Ella tiene descaro y verborrea suficientes para dar la vuelta a la tortilla. Y hay que tenerlo para que, una vez conocida la sentencia, su reacción fuese afirmar que se demostraba así que el PP mentía al decir que la reforma se había hecho para beneficiar a los independentistas catalanes. Es una buena forma de aprovechar y justificar la ignorancia.

republica.com 23-2-2023

La psicoanalista Melanie Klein explicó gran parte de la evolución psicológica de la primera infancia por la bipolarización que, según ella, aparece en los niños a la hora de interpretar la realidad. Proyectan todo lo bueno en un objeto, pecho bueno; y todo lo malo en otro, pecho malo. Tal vez por reminiscencia de la niñez, esta tendencia bifronte se ha trasladado a la edad adulta. Es ya un tópico el juego de policía bueno, policía malo a la hora de los interrogatorios. Sale en todas las películas.

En nuestra realidad más inmediata se tiende a clasificar a los independentistas en buenos y malos. Unos serían los dialogantes, los propensos al pacto y a la negociación, y otros, al enfrentamiento y a la subversión. El esquema es demasiado simple para ser cierto. Esas teóricas posiciones no han estado siempre del mismo lado. Durante muchos años los llamados moderados se situaban en el ámbito de CiU. Permanentemente estaban dispuestos a pactar; eso sí, cobrando un precio. De hecho, tanto el PSOE como el PP se apoyaron en Pujol cuando no tenían mayoría absoluta, y contaron con él en toda circunstancia para aprobar determinadas leyes. De hecho, los convergentes nunca se proclamaron independentistas, sino nacionalistas.

Al mismo tiempo, Esquerra adoptaba la postura más radical, al menos en lo referente al Estado español. En ningún momento negaron su condición de independentistas. Han sido fieles a su historia. El 4 de abril de 1931, nada más instaurarse la República, Francesc Maciá anunciaba desde el palacio de la Generalitat la creación del Estado Catalán, violando así el Pacto de San Sebastián y traicionando el acuerdo al que habían llegado con el resto de los republicanos españoles, que tuvieron que viajar rápidamente a Cataluña para conseguir que las aguas retornasen a su cauce.

El 6 de octubre de 1934, aprovechando la Revolución de Asturias, Lluís Companys se rebela contra la Constitución republicana y proclama de nuevo el Estado Catalán. Fueron los cañones enviados por Lerroux los que abortaron la intentona. Los dirigentes y militantes de Esquerra continúan en la época actual homenajeando a un sedicioso, porque el hecho de que Companys fuese víctima de un régimen tiránico y fascista no altera su condición anterior de golpista.

En ese marco de fidelidad a su historia de traición al Estado español, parece que Carod Rovira se entrevistó el 4 de enero de 2004 en Perpiñán con la cúpula de ETA, ofreciéndoles el apoyo político de Esquerra a cambio de no cometer atentados en Cataluña, sin importarle que continuasen matando en cualquier otra parte de España. Ello explicaría el hecho de que el 18 de febrero de ese mismo año ETA anunciara una tregua solo en Cataluña, manteniendo la ofensiva en el resto.

En 2017, el 17 de octubre, después de haberse celebrado el referéndum, Puigdemont, ante la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de la intervención de la Generalitat por el Gobierno español, se inclinaba por no declarar la independencia, sino por convocar elecciones a la Generalitat. Se encontró enfrente a toda Esquerra presionándole y tachándole de traidor. Es conocido el mensaje de Rufián acerca de las 155 monedas de plata en referencia al citado artículo y a la traición de Judas. En realidad, la decisión de Puigdemont de declarar la independencia fue en cierta medida forzada, pues es sabido que el mayor temor de un independentista es que se le tilde de botifler.

Tras la intentona de golpe de Estado, la aplicación del 155 y la actuación de los tribunales, son los líderes de Esquerra los que se han convertido en moderados y dialogantes, mientras que los sucesores de Pujol, con Puigdemont a la cabeza, los que se han echado al monte. En realidad, no hay tal, ni en un caso ni en el otro. Todos han estado siempre del mismo lado. Se trata tan solo de una cuestión de táctica, de las conveniencias de cada uno en cada momento.

Tan pronto como Artur Mas se vio obligado a entrar en helicóptero en el Parlament debido a que el edificio estaba rodeado por los indignados del 15 M y teniendo en cuenta la fuerte ola de contestación social que se desató (al igual que en otras partes de España) en Cataluña se terminaron la moderación y los acuerdos. CiU se subió al carro de los independentistas, lo que le sirvió de hábil instrumento para desviar la protesta contra el gobierno central.

Qué duda cabe que la postura actual de Esquerra obedece también a una cuestión de estrategia, sin que se haya producido el menor cambio en la finalidad última. Tras el fracaso del golpe y la reacción del Estado, los líderes de la formación fueron plenamente conscientes de que la independencia de Cataluña no estaba madura y que a corto plazo les convenía jugar al acuerdo y a la negociación, obteniendo del Estado todas las cesiones posibles, tanto más cuanto que existe un gobierno débil y dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. No obstante, a medio y a largo plazo continúan sin renunciar al objetivo de la independencia, ni a la vía unilateral si fuese preciso. Dicen claramente que lo volverán hacer. Piensan, además, que cuantas más concesiones consigan a corto plazo antes se darán las condiciones necesarias para declarar de nuevo la independencia.

La situación de los ex convergentes es diferente. Está marcada por la tocata y fuga de Puigdemont, con lo que la estrategia adoptada es también distinta. El exilio hace que el ex presidente de la Generalitat no pueda esperar. Por mucho que se esfuerce por estar en la pomada, con el destierro corre el peligro de ser poco a poco marginado. Es por ello por lo que su actitud es claramente de enfrentamiento. Precisa explosionar la situación y oponerse a la táctica adoptada por ERC. Son los seguidores de Puigdemont los que ahora llaman botifler a Oriol Junqueras, lo que no deja de resultar curioso cuando el líder de Esquerra se ha pasado tres años en la cárcel y el ex convergente se fugó al exterior dejando a su gobierno en la estacada. Pero en el fondo no hay diferencias. Todos están dispuestos a intentarlo de nuevo. No hay buenos ni malos.

Es frecuente que esta tendencia a la polarización se produzca también a la hora de enjuiciar a los miembros del Gobierno. Periodistas, tertulianos y demás plumillas, según sus preferencias, se empeñan en realizar distinciones entre ministros buenos y malos, sin considerar que todos deben su cargo sin excepción al voto de los golpistas y de los filo etarras, y que se mantienen en el poder gracias a las múltiples concesiones y privilegios de todo tipo que se les confieren a unos y a otros.

Es frecuente que los mismos ministros, dependiendo de sus inclinaciones e ideas, renieguen de algunas de las medidas del Gobierno o de los planteamientos de otros ministros. En muchos casos se lavan las manos como si el problema no fuese con ellos. Pretenden transmitir la idea de que las pifias no les afectan; pero, quieran o no, todas las medidas son aprobadas por la totalidad del Gobierno e implican por tanto a todos y cada uno de los ministros. E incluso, cuando se trata de leyes, los responsables son también todos los diputados que las aprueban.

Es todo el Gobierno en su conjunto el que ha aprobado la ley del sí es sí, y la ley trans, y el que ha dado vía libre a los indultos o ha eliminado el delito de sedición o reducido las penas a los delitos de corrupción. Pero son también todos los ministros, pertenezcan al partido que pertenezcan, los que han incrementado el gasto en defensa, los que envían armas a Ucrania, los que cambiaron la postura de más de cuarenta años sobre la situación política del Sahara o los que permitieron la matanza en la valla de Melilla. No hay ministros técnicos o chapuceros, las chapuzas han salido del Consejo de Ministros y salpican a todos sus miembros.

Los intentos de ciertos ministros para desentenderse de los acuerdos del Consejo de Ministros o de los planteamientos de otros miembros del Ejecutivo suenan a falsos y oportunistas. Si fuesen sinceros, esa postura les debería conducir a la dimisión, que siempre está en su mano. Todo tiene un coste y cuando se está dispuesto a pagarlo con tan de mantenerse en el cargo es porque en el fondo no hay tanto desacuerdo como se pretende, ni tanto tecnicismo como se supone.

Lo mismo se puede afirmar del presidente del Gobierno. Hay que dar por hecho que es responsable no solo de todos los acuerdos del Consejo de Ministros, sino incluso de las actuaciones, posturas y manifestaciones de todos sus miembros. Tiene siempre la posibilidad de cesarlos. Es más, hay que suponer también que, quiera o no, se le pueden atribuir todos los desmanes que cometen sus socios de legislatura, puesto que los acepta y consiente con tal de que le mantengan en el poder.

republica.com 2-2-2023

Siempre se ha dicho que no conviene legislar en caliente. Elaborar y aprobar leyes es una operación sumamente delicada que exige reflexión y sosiego. Es por eso por lo que se establecen para ello procedimientos cuidadosamente fijados y premiosos con distintas etapas, de manera que sea posible la mesura y la deliberación. No obstante, siempre ha habido excepciones. La primera es la ley de presupuestos, que cuenta con un procedimiento de tramitación especial y más rápido. De ahí que normalmente se haya visto con recelo introducir en ella prescripciones que nada tienen que ver con los presupuestos.

Pero precisamente por esa razón también todos los gobiernos han sentido la tentación de aprovechar su tramitación para dar salida a otros preceptos y normas que juzgaban urgentes. Tan es así que, con la intención de disimular y hacer el tema más presentable, se creó una nueva ley llamada de acompañamiento que siguiera los pasos de la de presupuestos, en la que introducir todos estos elementos espurios. Existen otras excepciones (pero tendrían que ser eso, excepciones) tales como el decreto ley cuya utilización está prevista solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad o la tramitación por el procedimiento de urgencia de las leyes.

El problema surge cuando lo que debe ser una excepción, algo extraordinario, se convierte en la norma, que es lo que ha ocurrido con el Gobierno Frankenstein. Para dar salida a su diarrea legislativa ha llevado hasta el límite toda clase de procedimientos atípicos. Ha hecho habitual lo extraordinario. Sin comparación posible, ha usado mucho más que cualquier otro gobierno los decretos leyes. Y en las leyes que ha tramitado ha recurrido más de lo que sería deseable al procedimiento de urgencia.

Utiliza también “la proposición de ley”, tramitada por sus grupos parlamentarios, que acorta los trámites y los simplifica y que se suponía que son los apropiados para los grupos de la oposición, ya que no tiene demasiado sentido que los grupos que apoyan al Gobierno las presenten, como no sea para pisar el acelerador, evitar los debates y, sobre todo, los informes molestos de otros órganos institucionales, puesto que cuentan con que el Ejecutivo puede aprobar proyectos de leyes. El extremo de la corruptela se alcanza cuando, como ahora, se pretende modificar leyes básicas tales como el Código Penal, o las orgánicas del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, mediante una simple enmienda a una ley exprés que ya de por sí tenía los defectos anteriores y que se resolverá en pocos días.

A Lope de Vega se le atribuye aquello de que “muchas obras en horas veinticuatro pasaron de las musas al teatro”. Pedro Sánchez podría afirmar que muchas leyes en pocos días han pasado del Diario del Congreso al Boletín Oficial del Estado. El Gobierno Frankenstein no es que legisle en caliente es que se quema y abrasa la democracia.

Recientemente ha dado un paso más deslizándose de legislar en caliente a legislar a la carta, es decir, según los intereses y conveniencias de algunos políticos. Es lo que ha llamado el ingenioso Rufián “operación quirúrgica” (aislar lo que interesa), en otras palabras, leyes elaboradas únicamente con la finalidad de beneficiar a determinados delincuentes. Se las podría denominar “leyes de autor”, hechas a la medida. Por si no bastara con la eliminación del delito de sedición, ahora se rebajan las penas de la malversación para reducir la inhabilitación que pesa sobre los golpistas catalanes y de este modo puedan presentarse próximamente a las elecciones.

Para esta operación quirúrgica se sacan de la manga una distinción que no tiene sentido: los que roban para sí con “ánimo de apropiárselo”, como dice la enmienda de Rufián, o aquellos que roban para la causa, por otros motivos, para otras finalidades. Diferencian entre que haya enriquecimiento personal y que no lo haya, calificando de mayor gravedad la primera forma de malversación que la segunda. Creo que más bien debería ser al contrario, porque en el caso del enriquecimiento propio el daño queda solo reducido al desfalco que se produce a la Hacienda Pública; en el segundo caso, al menoscabo en el erario público se añade otro perjuicio, el que normalmente se deriva de la finalidad a la que va dirigida la cantidad hurtada al Fisco.

En la financiación ilegal de un partido político o en la creación de una red clientelar se rompen las reglas del juego democrático dando ventajas a una formación política sobre las demás. Y no digamos el perjuicio que se produce cuando se trata de financiar un golpe de Estado o las operaciones orientadas a fracturar una nación, o robar a todos los ciudadanos la soberanía que les corresponde sobre una porción de España.

Por otra parte, ¿qué entendemos por beneficio propio? En toda malversación, de un modo o de otro, lo hay. El dinero que se roba para el partido o para la causa termina repercutiendo en provecho de uno mismo, al menos en cargos o prebendas. Además, ¿dónde se encuentra el límite?, ¿se incluyen los hijos la pareja, otros familiares, los amigos….?

Como de costumbre, el Gobierno juega con las palabras. En los días previos todos los ministros han salido a repetir la consigna. Ni este Gobierno ni este partido tomarán nunca una medida que favorezca la corrupción. El equívoco perseguido es que nos dirán después que si no hay enriquecimiento propio no se puede hablar de corrupción, cuando esta sobrepasa con mucho no solo todo el espectro de la malversación, sino que alcanza a otras muchas actuaciones como conseguir un cargo o un puesto de trabajo para el hijo o para la pareja.

El Gobierno, al mismo tiempo, lanza una cortina de humo para tapar la desvergüenza que va a cometer al reducir las penas de los malversadores: ha registrado una enmienda a la ley creando un nuevo delito que ha denominado de “enriquecimiento ilícito” con el que se, según afirma, intenta intensificar la lucha contra la corrupción. Se castigará con penas de seis meses a tres años a los cargos públicos cuyo patrimonio se haya incrementado en 250.000 euros y no puedan justificarlo.

La enmienda es claramente una operación de distracción, y a la vez una demostración de ignorancia, puesto que el delito que se propone ya existe. Y no solo para los cargos públicos sino para todos los contribuyentes, y con condiciones más duras. El delito fiscal castiga de 1 a 6 años de prisión a aquellos contribuyentes que defrauden más de 120.000 euros y hay que tener en cuenta que los incrementos no justificados de patrimonio se consideran defraudación.

También por una simple enmienda a esta ley exprés el Gobierno quiere cambiar las reglas del juego o, lo que es lo mismo, las mayorías con las que se tiene que elegir a los miembros de los órganos constitucionales. Pretende justificarse con una idea que repite hasta la saciedad y que espera que como lluvia fina penetre en los ciudadanos: “la oposición tiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional”. La realidad es precisamente la contraria, es el sanchismo el que las bloquea, ya que su planteamiento es de este tenor: “si no aceptáis los nombres que yo propongo, no hay acuerdo, rompo la baraja y además os acuso de bloquear la negociación”.

Precisamente la fijación de una mayoría cualificada tiene como objetivo que ninguna formación política o tendencia pueda designar por sí misma y en solitario a un consejero. Se supone que al establecer la exigencia de los tres quintos de los votos, los elegidos tendrán que ser de consenso y no representar la prolongación de ningún partido. Serán de todos porque no serán de ninguno.

Ciertamente se puede dar una corruptela que es la que ha imperado en el pasado en casi todas las etapas, y que el PSOE quiere mantener, el reparto de cromos entre los dos partidos mayoritarios. Tú nombras a unos y yo nombro a otros. Tú apoyas a los míos y yo a los tuyos. El resultado es que los elegidos para estos órganos, lejos de ser personas de consenso y, en cierto modo, independientes, se convierten en correas de transmisión de los partidos que les han nombrado. Y de este modo son los políticos los que controlan los órganos constitucionales (ver mi artículo titulado “Cumplir la Constitución” del 10-11-22 y publicado en este mismo diario).

Sánchez va a por todas. Ya lo dijo cuando las encuestas comenzaron a darle la espalda. Quiere controlar el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Constitucional del mismo modo que ya controla, gracias a la impericia de Pablo Casado, el Tribunal de Cuentas. Está dispuesto a todo para que los nombres que propone sean aceptados, y en ese todo se incluye cambios legislativos de la forma más bochornosa, empleando todo tipo de abusos y corruptelas.

Son muchos los que mantienen que todas estas actuaciones y cesiones están ocasionadas por la necesidad de aprobar los presupuestos. Disiento. La aprobación de los presupuestos no era imprescindible para terminar la legislatura. Se puede gobernar perfectamente con unos prorrogados. Sánchez va mucho más lejos. Se trata de asegurar la coalición contra natura (Gobierno Frankenstein) de cara una nueva legislatura, pues sabe que es la única forma de mantenerse en la Moncloa. Ha comenzado hace tiempo el desarme del Estado, pero este cambio por la puerta de atrás de la Constitución y el derribo de los fundamentos del Estado pretende culminarlos en los próximos cuatro años.

republica.com 15-12-2022

Gestionar resulta difícil, por eso el Gobierno lo rehúye siempre que puede. Prefiere legislar. No es que este cometido no sea complejo, solo que se participa de un cierto espejismo, el creer que lo sabe hacer cualquiera o el de pensar que los errores en este quehacer no tienen consecuencias. Pero los resultados negativos se producen y terminan pagándolo los funcionarios y, sobre todo, los ciudadanos.

En ocasiones el pufo es tan grande que se vuelve contra los propios legisladores. Eso es lo que ha pasado con la ley del sí es sí.  Y es que elaborar una ley resulta sumamente complicado y no todo el mundo está capacitado para ello. No deja de ser irónico que desde el Ministerio de Igualdad se defienda que los jueces deben volver a la escuela para ser reeducados cuando es el Gobierno entero el que debería pasar por las aulas a la hora de legislar o al menos fiarse de los que sí saben hacerlo.

Es posible que en la ley que se está tramitando para eliminar el delito de sedición pueda ocurrir algo parecido, que el tiro les salga por la culata. Es sabido que a los procesados se les tiene que aplicar la norma más favorable, incluso a aquellos cuya condena fue anterior a la aprobación de la nueva ley. Desaparecido el delito de sedición, no parece que existan muchas dudas acerca de que a los ya condenados e indultados por el golpe de Estado de 2017, en el peor de los casos para ellos, se les rebajarán las penas aplicándoles las del nuevo artículo 557, en el que se sanciona el delito contra el orden público.

Pero ¿qué pasa con los que aún no han sido juzgados, y se encuentran huidos en Europa? Todo el mundo da por supuesto que se aprovecharán de un tratamiento similar. Ciertamente, el delito de sedición, al haberse eliminado, no se les podrá imputar, y se presume que se tendrá que esgrimir al artículo 557 con penas mucho menores. Pero lo cierto es que el delito de rebelión continúa existiendo, y que a lo largo del todo el proceso las tres acusaciones defendieron que era la tipología que correspondía utilizar. Solo al final, ante las presiones (más bien ordenes) del Gobierno Sanchez, la Abogacía del Estado cambió de criterio, pasando -sin razón técnica, solo política- de la rebelión a la sedición, previa dimisión como protesta del abogado del Estado jefe del servicio de lo penal.

Curiosamente, en la sentencia se optó también por la sedición. Siempre quedará la duda de que en qué medida este cambio en la postura de la Abogacía del Estado colaboró a que el tribunal se decantase por abandonar el delito de rebelión y se inclinara por el de sedición, lo que hubiera resultado más difícil de justificar si las tres acusaciones hubiesen mantenido la misma calificación. Además no es preciso ser especialmente desconfiado para sospechar que en esta ocasión también se produjo alguna presión por parte del Gobierno para que el Tribunal Supremo optase por la sedición en lugar de la rebelión. No digo que ninguna de estas dos circunstancias fuese determinante, pero sí que lo favorecieron.

Quizás la causa definitiva del cambio se situó en el hecho de que los magistrados se marcasen desde el principio el objetivo de que la sentencia había de dictarse por unanimidad. Y tras esa finalidad hay que reconocer el gran esfuerzo que realizó el Tribunal, o al menos el ponente, para después de aceptar unos supuestos irreprochables, llegar a unas conclusiones que no parece que sean las que de ellos se derivan, sino las que estaban dispuestos a consensuar todos los magistrados, un mínimo común múltiplo. Quizás tengan razón los que afirman que la unanimidad termina siendo la dictadura de la minoría.

La sentencia acepta las premisas de la Fiscalía según las cuales la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal no tiene que ser forzosamente física, sino que puede ser también compulsiva, equivalente a la intimidación grave. El Tribunal, desde el punto de vista jurídico, fundamenta consistentemente esta interpretación, pero es que desde el mismo sentido común resulta difícil mantener otra tesis, cuando el artículo 473.2 considera agravante el hecho de portar armas, por lo que hay que suponer que el artículo 472 incluye también en el delito de rebelión otro tipo de violencia distinta de la militar o de la armada. Incluso el empleo de las armas puede surtir efecto con la simple amenaza, sin necesidad de utilizarlas.

La sentencia recoge también la tesis del Ministerio fiscal de que la violencia ha estado presente en los acontecimientos de Cataluña. Literalmente afirma: “La existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada”. Y, a continuación, pasa a analizar los principales trances en los que se ha producido esta violencia. Esta argumentación desbarataba la tesis de todos los que defendían que no se había producido el delito de rebelión porque no se había utilizado la violencia física.

Ahora bien, el Tribunal mantiene también y con toda lógica que no basta la presencia de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión, sino que se precisa que sea “instrumental, funcional y preordenada”. La violencia tiene que configurarse como instrumento y estar ordenada hacia alguna de las finalidades que marca el artículo 472; pero es que al menos las especificadas en los puntos 1 y 5 (derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, y declarar la independencia de una parte del territorio nacional) parecen adecuarse perfectamente a la perseguida por los procesados. Evidentemente es esto lo que otorga gravedad a esa violencia y la distingue de cualquier otra algarada por muy amenazadora que sea.

Hasta aquí todo parece ser totalmente coherente. Pero a partir de ahí comienzan los esfuerzos del ponente para retorcer los hechos y los razonamientos hasta llegar a la conclusión que se desea. No puede por menos que extrañar la afirmación de que “los actos paradigmáticos de violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se tratarían de actos de culminación de un proceso, no de actos instrumentales para hacer realidad lo que ya era una realidad”. No parece que con la violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se culmine nada, sino que constituye más bien un medio, un instrumento para conseguir la única finalidad perseguida a lo largo de todo el tiempo, la separación de Cataluña del resto de España. Esta es la causa final que informa todo el proceso desde 2012.

Todos los actos y pasos dados, unos violentos y otros no, son medios e instrumentos para obtener la finalidad última, la independencia proclamada unilateralmente y sin someterse a los mecanismos constitucionales. Ello no implica que algunos de estos medios, a su vez, no constituyan un fin intermedio para otros actos, pero todos reciben su sentido último de la causa final. Las leyes de desconexión establecían entre referéndum y secesión una conexión ineluctable, puesto que obligaban a que si el resultado del referéndum era positivo el Parlamento “debía” (no “podía”) declarar la independencia en cuarenta y ocho horas.

Afirmar, tal como hace la sentencia, que la finalidad de los independentistas era tan solo forzar al Gobierno central a la negociación, que todo fue un engaño a la población por parte de los dirigentes y que ellos mismos no se lo creían, así como mantener a posteriori que la secesión no tenía ninguna posibilidad de triunfar son aseveraciones gratuitas y totalmente contradictorias con los hechos. Los propios golpistas no solo se ratificaron en la finalidad de la secesión, sino que mantienen que lo volverán a hacer. Los secesionistas plantearon siempre la negociación como sí o sí y, de acuerdo con ello, el 20 de septiembre, el 1 de octubre y los días posteriores estaban ya en otro escenario diferente al de la negociación, el de la vía unilateral.

Por otra parte, los rebeldes disponían de todo el poder que concede controlar la Comunidad más fuerte de España, que cuenta con un ejército de 17.000 hombres armados, y nadie podía anticipar cuál sería el comportamiento de los mossos. Los sediciosos habían dedicado años a crear las estructuras de Estado. ¿Qué habría pasado si hubiesen logrado una respuesta internacional distinta y hubiesen consolidado su propia hacienda pública? Ellos mismos ponen el ejemplo de Eslovenia.

Que la secesión fracasase no es señal de que no se cometiese el delito de rebeldía. La misma sentencia reconoce que este delito pertenece, según la doctrina penal, a los delitos de consumación anticipada, es decir, que no se precisa esperar a que triunfe para considerar que el delito se ha consumado. Que el Estado no perdiese nunca el control de la situación no quiere decir que todo fuese una ensoñación o una quimera.

En fin, los magistrados, después de descartar el delito de rebelión, se ven obligados a hacer auténticas piruetas y cabriolas jurídicas e intelectuales para amoldar los hechos al delito de sedición. La unanimidad pretendida en la sentencia obligó al tribunal a forzar los argumentos para llegar a conclusiones que de ninguna manera se extraían de las premisas y convertir un delito contra la Constitución en un delito contra el orden público.

Pero, de cara al futuro, el resultado no tiene por qué ser el mismo, ni en el caso de la imputación y presunto juicio de los evadidos ni en la reacción judicial frente a un hipotético nuevo golpe de Estado. Al haberse abolido el delito de sedición, no hay ninguna razón para que el próximo tribunal se incline por el delito de desórdenes públicos agravados, tal como pretenden los golpistas y el Gobierno, y no por el delito de rebelión que seguramente se acercará mucho más a los supuestos de las transgresiones y atentados cometidos o que se cometan. El tiro puede salirles por la culata.

Republica 8-12-2022

“No se puede dialogar con los secesionistas cuando se depende de ellos”. Son palabras certeras de García- Page pronunciadas a finales de 2018, cuando el PSOE estaba iniciando una ruta peligrosa, y poco después de que Sánchez hubiese llegado a la Moncloa por una moción de censura con el apoyo de los que habían protagonizado un golpe de Estado. Entonces se hablaba de diálogo cuando lo que se quería decir era negociación, y Sánchez acudía a múltiples argumentos para justificar su nueva relación con los golpistas.

El quid de la cuestión se encuentra en las palabras de García-Page. Es absurdo creer en la inocencia desinteresada y en las buenas intenciones de una negociación si de ella se depende para permanecer en el poder. Han pasado cuatro años en los que en sentido estricto no se puede hablar de diálogo, sino de cesiones, porque en eso es en lo que se convierte la negociación si una de las partes tiene la sartén por el mango y el mango también.

En esta etapa entronizada por Sánchez los que tienen la sartén por el mango son los secesionistas e imponen condiciones. No se precisa hacer un recorrido por estos cuatro años para ser consciente de las mercedes y favores que el presidente del Gobierno ha hecho a las fuerzas políticas que le sostienen en el poder, desde los golpistas catalanes a los herederos vascos de ETA, pasando por todo partido nacionalista o regionalista que este pronto a cobrar su estipendio. Ellos saben que son los que mandan y recuerdan cada poco a Sánchez que ocupa el colchón de la Moncloa porque ellos quieren.

La última ha sido la eliminación del delito de sedición del Código Penal. Los secesionistas han despejado toda duda de que son ellos los que han obligado al Gobierno a la supresión. Junto a esto aparecen como sospechosos y quedan invalidados todos los argumentos acuñados por el el sanchismo para justificarse, y que sus altavoces mediáticos y tertulianos de medio pelo repiten con ímpetu y brío, si bien, por mucho que se reiteren, no dejan de ser sofismas y no resisten el menor análisis, aunque ellos piensen, y a lo mejor tienen razón, que a base de recitarlos una y otra vez terminan cuajando en la sociedad como hechos incontestables.

El primer mantra que corean los sanchistas, ya sean políticos o periodistas, es el de la pacificación, afirman que se trata de poner paz en Cataluña. Pretenden hacer una comparación entre la situación de 2017 y el momento actual, en el que, según ellos, existe una mayor tranquilidad, y se lo apuntan como mérito suyo. En realidad, es difícil saber qué escenario es mejor, pero lo que claramente sí hay, como parece lógico, es diferencia entre una etapa en la que se estaba preparando un golpe de Estado y el periodo posterior cuando el golpe ha fracasado y los golpistas se han dado cuenta de que la operación no estaba madura y de que el Estado tenía mucha más capacidad de defensa de la que ellos pensaban.

La aplicación del art. 155 de la Constitución y la actuación de los tribunales fueron los instrumentos que sirvieron para parar el golpe y dejar invalidada la proclamación de la independencia. En buena parte, han sido el poder judicial y el miedo a terminar en la cárcel lo que les ha hecho cambiar de estrategia y convencerse de que había que esperar y, mientras tanto, prepararse acumulando todos los medios posibles para que una nueva intentona no fracasase.

Precisamente Sánchez ha tenido muy poco que ver en la contención del golpe; más bien supuso un lastre que dificultó y condicionó al Gobierno de Rajoy, ya que este pretendía consensuar con el PSOE cualquier actuación en esta materia pensando que era un partido constitucionalista. Es verdad que Sánchez concedió su aquiescencia a aplicar el art. 155, pero tarde y con tantas limitaciones que dejaron muy devaluada su eficacia. Exigió que se excluyesen los medios de comunicación de su ámbito de aplicación y sobre todo que se convocasen inmediatamente elecciones, de manera que le hizo perder gran parte de su virtualidad, aunque ahora, en un ejercicio de cinismo, afirme que Rajoy debería haberlo aplicado antes.

En buena medida la justicia se quedó sola, lo que se hizo más realidad a partir de que Sánchez ganara la moción de censura con el concurso de los golpistas. Desde ese momento estos contaron con un aliado, el Gobierno, que se convirtió en una estupenda coartada para adaptarse a la nueva situación, al tiempo que les dotaba de medios para que pudiesen repetir el golpe con mayor éxito.

Karl Marx escribe en su obra “El 18 brumario” que la historia repite los acontecimientos, esto es, acaecen dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Con esta frase quería indicar cómo el golpe de Estado perpetrado en París el 2 de diciembre de 1851 por Luis Bonaparte (Napoleón III) era un remedo, una mala imitación del ejecutado por Napoleón Bonaparte el 18 de noviembre (18 brumario) de 1799. Pero quizás en España la frase debería enunciarse al revés, los golpes de Estado acaecen primero como farsa, bufonada, fiasco o amago frustrado, y la segunda vez como tragedia.

Al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que inició una cruenta guerra de tres años, le precedió la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932, que supuso el primer levantamiento del ejército frente a la República y que claramente fracasó.

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque fallido finalmente, mantuvo en vilo a toda España durante una noche y humilló al Gobierno y a todos los diputados. Le precedió en noviembre de 1978 la operación Galaxia, protagonizada por el mismo Tejero. Por supuesto, toda la operación fue una auténtica chapuza.

A finales de 2017 en Cataluña se ha producido un auténtico golpe de Estado, no militar, ciertamente, pero sí ejecutado por instituciones que contaban con mucho más poder y capacidad de coacción y amenaza que muchos generales. De haber triunfado, las consecuencias hubiesen sido similares o mayores que las de bastantes pronunciamientos militares. En principio, puede decirse que ha fracasado.

No obstante, una vez más, haríamos mal en tomarnos a broma lo sucedido o infravalorarlo, porque, como hemos dicho, en España lo que comienza como farsa acaba presentándose como tragedia. Tras la moción de censura en la que a los golpistas se les otorgó legitimidad para cambiar el gobierno de la nación, se está desarrollando una nueva etapa bastante peligrosa, centrada en una negociación entre el Gobierno y los independentistas, que puede tener consecuencias gravísimas.

Lo que Sánchez denomina “pacificar Cataluña” consiste en haber blanqueado a los golpistas hasta el punto de calificar de venganza la sentencia del Tribunal Supremo, con la finalidad de justificar los indultos. Ha asumido su mismo lenguaje. Llama conflicto político lo que fue golpe de Estado, y desjudicialización de la política lo que es renuncia del Estado de derecho. Casi les ha dado tratamiento de poder político independiente, negociando con ellos de igual a igual.

Ha renunciado a recurrir las leyes inconstitucionales del Parlament, tales como la de la lengua que se puede usar en la escuela. Ha permitido la creación de más y más embajadas dedicadas a pregonar por todo el mundo la soberanía de Cataluña. Ha manipulado la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los nombramientos al Tribunal de Cuentas a efectos de librar a los golpistas de reintegrar lo robado a la hacienda pública. Va a modificar el Código Penal con la finalidad de conceder una amnistía encubierta. Y todo ello sin que los golpistas hayan renunciado a sus pretensiones y gritando a todos los que lo quieran oír que volverán a hacerlo. La paz que predica Sánchez es la rendición del Estado.

El segundo mantra que utilizan los sanchistas para intentar justificar la modificación del Código Penal es el de europeísmo, homologar el delito de sedición con el que rige en la mayoría de los países europeos. Afirman una gran mentira, que la legislación penal de los otros Estados establece un tratamiento mucho más favorable que el nuestro para los delitos similares a los que cometieron los golpistas catalanes. Pero lo cierto es que, dejando al margen el nominalismo y  llamándolo como se llame, en los principales países las penas son sin duda iguales o mayores que las nuestras para aquellos que atacan la Constitución o la integridad del Estado.

Junto a la repetición de los mantras, el sanchismo cuenta con el olvido. Piensan que todo esto habrá desaparecido de la mente de los votantes cuando lleguen las elecciones. De ahí que intenten aprobarlo por el procedimiento más rápido posible. Poco les importan las formalidades democráticas. Han escogido la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos, en lugar de un proyecto de ley elaborado por el Gobierno, con lo que evitan que el texto tenga que ser informado por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial. Y, por si esto fuera poco, se acuerda tramitarla por el procedimiento de urgencia.

La rapidez tiene su contrapartida en que son todos los parlamentarios del PSOE y de Podemos los que quedan enfangados. En los indultos solo era el Gobierno el implicado. Aquí sería el conjunto de los congresistas y senadores, en realidad la totalidad de los militantes de los partidos. En estos momentos no vale separar lo nacional de lo local. Las ejecutivas de los formaciones políticas y los parlamentarios de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, etcétera, quieran o no, serán cómplices de los desafueros del Gobierno.

republica.com 24-11-2022

Hace casi dos años (11-6-2020) en un artículo en este mismo periódico, señalaba el acierto que había tenido Rubalcaba al bautizar con el nombre de Frankenstein al gobierno que Pedro Sánchez acariciaba en 2016, y que motivo que le descabalgasen de la Secretaría General del PSOE, que al final logró formar en 2018 con 85 diputados, para repetirlo en 2020 con 120. La semejanza con el personaje creado en su novela por Mary Shelley es evidente. Construido en la ficción con despojos de distintos individuos, porciones con orígenes plurales y heterogéneos, es deforme y repelente. Pero, es además, al ser contra natura resulta funcionalmente no apto para la vida.

Algo casi idéntico sucede con el Gobierno formado por Sánchez. Se apoya en un conglomerado híbrido de múltiples formaciones políticas totalmente inconexas, la mayoría minoritarias, de aquí y de allá, muchas de ellas con la única pretensión de romper España. ¿Cómo no va ser contra natura que gobierne el Estado quien quiere destruirlo? Pero, también, al igual que el personaje literario, es inhábil funcionalmente. Difícilmente puede cumplir los objetivos que se le asignan a un gobierno. Su historia se reduce a una serie de contradicciones y contrasentidos que sería interminable relatar. Cada uno nuevo que emerge supera a los anteriores. Se van acumulando y complicando la situación.

Últimamente, los despropósitos han surgido alrededor de una noticia sin garantía alguna de veracidad, publicada en un periódico de Canadá, acerca de que se había investigado con el programa Pegasus a una serie de independentistas catalanes. El reportaje habría pasado casi desapercibido si no hubiese sido porque los soberanistas, que en parte lo habían propiciado, no estaban dispuestos a dejar pasar ocasión tan propicia para hacerse, como es su costumbre, las víctimas. Magnificaron el asunto, dando por probado lo que era una mera especulación. Han puesto el grito en el cielo y lo han utilizado para uno de sus objetivos preferidos, la internacionalización, según dicen, del conflicto.

Hemos tenido que ver a Puigdemont, el fugado de la justicia, acompañado por unos cuantos acólitos, con pancartas a la puerta del Parlamento Europeo, quejándose de que les habían espiado, y hemos tenido que aguantar que ese hombre de Estado que es Rufián se mostrase intranquilo y abatido porque lo que, según él, estaba en solfa no era la legislatura, sino el sistema democrático. Y esto lo dice quien es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado. Pero todo ello no puede extrañarnos, entra dentro de la conducta a la que nos tienen acostumbrados los independentistas. Lo que no parece normal ni presentable es que un gobierno reaccione tal como lo ha hecho el  de Sánchez.

Cualquier otro gobierno en una situación parecida no se habría dado por enterado mientras la información no estuviese probada. Consideraría la noticia como una más, de la que no se sabe qué parte es invención y qué parte realidad, y que por lo tanto el Gobierno no tiene por qué confirmarla o desmentirla al tratarse, además, de materia de secretos oficiales. En todo caso, mantendría que, verdad o mentira, no tendría nada de raro que aquellos que habían dado un golpe de Estado y afirmaban que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; sostendría que sería totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España, hayan sido investigados por los servicios secretos; y defendería que sería razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.

Pero todo esto sería así, si el Gobierno fuese normal, pero estamos en presencia de un gobierno Frankenstein. Margarita Robles tendría que haber sido consciente de ello, puesto que, desde el primer momento -2016-, se situó al lado de Sánchez frente al Comité Federal, cuando manejaba ya la idea de realizar todas estas alianzas espurias, le acompañó en su hégira de las segundas primarias y ha formado parte desde el principio del Gobierno Frankenstein. Sin embargo, se olvidó de todo ello, cuando en el Congreso se enfrentó muy digna a los nacionalistas, con la siguiente pregunta: ¿Qué tiene que hacer un Estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?

Alguien podría haber respondido: Que ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Si es el Frankenstein: indultar a los golpistas, gobernar con ellos, asumir el lenguaje soberanista respecto al espionaje, desplazar al ministro de la presidencia a Barcelona a pedir disculpas y humillarse frente a un miembro de tercera fila del Gobern, convocar una rueda de prensa precipitadamente y por sorpresa para anunciar que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido espiados hace un año? El hecho de publicitarlo –que resultaba un tanto insólito e incomprensible- adquirió sentido más tarde, al comprender que servía de pretexto para cesar a la directora del CNI y dar así satisfacción a los golpistas.

Qué tiene que hacer un gobierno, se preguntaba Margarita Robles. Pues si ese gobierno es el Frankenstein, parece que forzar a la presidenta del Congreso a que cambie las reglas del juego para constituir la Comisión de Secretos Oficiales e introducir en ella a los independentistas, golpistas y herederos de Batasuna; obligar a comparecer en esta Comisión a la directora del CNI y mostrar todos los expedientes y las correspondientes autorizaciones judiciales; y, por último, cesarla a petición de los golpistas y utilizando la coartada previamente preparada del espionaje al Gobierno.

¿Por último? No es la expresión adecuada, porque parece que los independentistas no van a conformase con lo obtenido hasta ahora y van a seguir chantajeando al Gobierno. Parece que exigen que se desclasifiquen los expedientes referentes a las escuchas y las respectivas autorizaciones judiciales. Pero seguramente lo que no les gustaría es extender la desclasificación al contenido de los pinchazos, ya que se escucharían y se verían muchas cosas que a los secesionistas no les interesaría que se supiesen. No saldrían quizás muy bien parados. Es posible que sea ese mismo motivo el que hace que no estén muy decididos a ir a los tribunales. A lo largo de los procesos saldrían a la luz toda una serie de hechos e informaciones que seguramente les perjudicarían.

Hay quienes piensan que existe aún una baza pendiente en aras de dar satisfacción a los nacionalistas, el cese de Margarita Robles, una vez que haya pasado la asamblea de la OTAN. Las múltiples reiteraciones de la ministra de Defensa acerca de que cuenta totalmente con la confianza de Sánchez tienen muy poco valor y si no que se lo digan a Ábalos, a Calvo o a Iván Redondo. Poco vale que Robles saque a pasear que ha acompañado a Sánchez desde el principio. Lo cual es cierto y también el mayor manchón en su vida política e incluso democrática,  pero es que, además, no les sirvió de nada a los tres citados anteriormente para impedir su cese.

Lo único cierto es que la todavía ministra de Defensa hizo un tremendo papelón en la rueda de prensa en la que comunicó el cese (sustitución lo denominó ridículamente) de Paz Esteban como directora del CNI. Fue todo un espectáculo. Ha decepcionado a muchos que se creían que Robles era distinta de los otros miembros del ejecutivo, lo que constituye sin lugar a dudas un espejismo. Todos participan de la misma culpa, les une el mismo pecado, la pertenencia al Gobierno Frankenstein. Habrá quien se interrogue sobre la causa de que Margarita Robles no haya dimitido. La pregunta no deja de ser ingenua. Quien admite gobernar apoyándose en golpistas, por qué se va a detener con bagatelas como la de participar en este aquelarre de dar satisfacción a los secesionistas con el cese de la directora del CNI.

No se piense, sin embargo, que la sangre va a llegar al rio. Nadie está interesado en romper la baraja. Todo queda en un mero teatro. Estirar la cuerda, pero sin que llegue a romperse. ¿Con qué gobierno van a estar mejor los independentistas? Otegui lo dejó muy claro. Junqueras habló ya de seguir apoyando. Solo exigen que el Gobierno les prometa que no cometerán de nuevo tamaña osadía. La cosa no deja de ser paradójica. Los que afirman que repetirán el golpe de Estado exigen que los servicios secretos y los jueces no vuelvan a vigilarles.

Hasta ahora era evidente que Sánchez gobernaba supeditado al chantaje de un revoltijo de fuerzas políticas de lo más dispar, desde “Teruel existe” hasta ”Bildu”. Tras haberse descubierto el presunto espionaje de que ha sido objeto el presidente del Gobierno, surge una pregunta: ¿no habrá alguien más que se haya apuntado al chantaje? Solo así se explicaría ese acontecimiento de lo más misterioso, el cambio repentino y sin contar con nadie que adoptó Sánchez sobre la posición de España en el tema del Sáhara. ¿Qué tiene que esconder?

Republica.com 19-5-2022

La tragedia que asola Ucrania y que salpica a toda Europa puede hacer que una de las mayores corrupciones políticas de España pase casi desapercibida. Digamos que está llegando a su fin según lo predispuesto. El Tribunal de Cuentas ha cambiado en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La gravedad del escándalo no estriba únicamente en el mero hecho de que se haya producido la modificación de criterio, sino que esta se ha conseguido mediante el cambio en la composición del propio tribunal, cambio realizado por el sistema tradicional de reparto entre los dos partidos mayoritarios, y que tan contrario es al espíritu de la propia Constitución. (Ver mis artículos del 23 de septiembre y del 11 noviembre del año pasado en este mismo diario digital). La gravedad, además, se incrementa en tanto en cuanto que la mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la sesión de enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común.

¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados? El planteamiento es tan disparatado como cuando en tono de chunga y con cierta ironía se le comunica a alguien la disposición a convidarle siempre que antes nos adelante el dinero de la invitación. Se pretende cubrir una defraudación con otra defraudación, defraudación al cuadrado.

Corrupción, y grave, la de todos aquellos que en Cataluña han empleado fondos públicos para un objetivo ilegal, incluso delictivo, intentar la sedición de parte de la ciudadanía, insumisión frente a la Constitución y la soberanía nacional. Pero corrupción también y más grave la de los consejeros del Instituto Catalán de Finanzas que, a sabiendas, aprobaron que el organismo avalase con dinero público el alcance anterior. Se convierte en una corrupción de mayor nivel, corrupción al cuadrado.

Habrá sido seguramente esa la razón por la que tres de los consejeros dimitieron, para no tener que dar su conformidad a los avales. Quizás por miedo a incurrir en un grave delito de prevaricación. Habrá que preguntarse si la Sociedad Civil Catalana además de plantear una demanda ante el tribunal de Cuentas no debería haber interpuesto una querella criminal contra aquellos miembros del Instituto Catalán de Finanzas que aprobaron el aval y a todos aquellos que les forzaron a hacerlo.

Todo esto era ya bien conocido y no hay por qué incidir en ello, pero últimamente ha acaecido un nuevo suceso que eleva el listón de la corrupción, corrupción al cubo. Constituye un salto cualitativo. La gravedad es sustancialmente mayor, porque no radica en que determinados actos sean corruptos, sino en la corrupción de las propias instituciones. Ahora, la del Tribunal de Cuentas.

La corrupción del propio Gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún otro acto concreto de corrupción. Ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político. Es una corrupción estructural que está en la misma conformación desde sus orígenes de este Ejecutivo, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que forman o han formado parte de él, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de olvidar. Durante toda su existencia este Gobierno viene incurriendo en un cohecho endémico mediante el que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder. Resulta grotesco que Sanchez asuma el lenguaje de los puros y exija explicaciones a Juan Carlos. Siempre he pensado que el problema de Sanchez respecto a la monarquía no tiene relación con las preferencias con respecto a la forma de Estado sino que se fundamenta más bien en un sindrome  sicológico, le es aplicable aquello que Nietzsche decía de sí mismo “Si dios existiese como iba a soportar yo no serlo, luego Dios no existe”.  Si existe rey como va a soportar Sanchez no serlo. Luego la monarquía debe desaparecer.    

Ahora se comprende la urgencia con la que el presidente del gobierno quería cambiar la composición del Tribunal de Cuentas. El mandato de los consejeros, a diferencia de los de las otras instituciones, acababa de expirar. Tras el indulto de los golpistas, quedaba por solucionar el problema crematístico, que no podía ser objeto de indulto, derivado de la defraudación cometida en los preparativos del golpe de Estado y que dependía del Tribunal de Cuentas. Se precisaba pues cambiar a los consejeros para corregir la redacción del auto que la sección de enjuiciamiento había preparado para rechazar los avales que presentaba el Instituto Catalán de Finanzas y que parecían más bien una broma pesada.

La historia reciente del Tribunal no es para que nos sintamos precisamente orgullosos de esta institución. La Ley Orgánica de 1982 y la Ley de funcionamiento de 1988, elaboradas ambas de acuerdo con las pretensiones del PSOE -la primera cuando estaba en la oposición, la segunda ya en el gobierno y de acuerdo con las manías de Pascual Sala-, configuraron una institución con enormes lacras, que comenzaban ya en el diseño de la responsabilidad y de la jurisdicción contable, y finalizaban en su constitución como órgano pluripersonal de doce consejeros, y que se han venido repartiendo en cuotas iguales los dos partidos mayoritarios.

Han sido estas lacras las que han condenado con frecuencia a esta institución a la esterilidad, limitando su actuación a casos de poca monta y quedando, sin embargo paralizada en cualquier asunto de mayor envergadura en el que hubiese por medio intereses políticos, porque en la mayoría de los casos la mitad del Consejo bloquea a la otra media. Durante todos estos años, el Tribunal de Cuentas no ha destacado precisamente por su eficacia, pero nunca había llegado al descaro, degradación y degeneración que se ha producido ahora. Degeneración de los currículos de los elegidos respecto a los que deberían tener, según la categoría asignada al puesto por la ley orgánica y la de funcionamiento. Cada vez son mucho más grises y de carácter más político.

Degradación, porque se ha nombrado a unos consejeros, y ellos han aceptado la designación, con la finalidad explícita de librar a los golpistas catalanes de la obligación económica derivada de los actos de sedición, admitiendo para cubrirla el aval de un organismo público, lo que en sí mismo constituye otra malversación. Dos son los elegidos para los puestos en la sección de enjuiciamiento, que van a permitir el cambio de criterio. En realidad, sus currículos son de tal levedad que no resulta fácil encontrarlos en Internet. Solo en el portal de trasparencia y con bastante vaguedad.

El primero es don Diego Íñiguez, perteneciente al cuerpo de Administradores Civiles del Estado y que ya desde el inicio (1993, en plena cúspide, de corrupción felipista) se separó de sus compañeros de promoción para cubrir un puesto de mayor nivel del que le correspondía de salida, pero también de mayor contenido político, consejero técnico en el Gabinete del ministro de Justicia. Durante los gobiernos del PSOE y en las esferas políticas de los gabinetes, ejerció bien de consejero técnico bien de asesor ejecutivo bien de vocal asesor, primero a la sombra de Belloch y más tarde a la de María Teresa Fernández de la Vega.

En el ínterin, durante los gobiernos de Aznar, buscó acomodo en el exterior en puestos muy cotizados en su cuerpo por sus altas retribuciones. Al final del mandato de Zapatero, consiguió que le hiciesen magistrado por el cuarto turno, es decir a dedo y sin oposición, lo que suelen describir como “juristas de reconocido prestigio”, aunque siempre está el problema de quién es el que reconoce el prestigio. Por desgracia, hay que preguntarse si no fue una forma que inventó en sus tiempos el PSOE para que  desembarcasen sus fieles en la Administración de Justicia. Ello permitió al nuevo magistrado refugiarse durante los mandatos de Rajoy en su judicatura recién estrenada, para volver con Sánchez a los puestos políticos. Primero, como director en la empresa pública de paradores, para aterrizar más tarde como jefe de gabinete de la ministra de Defensa, cargo que ocupaba al ser nombrado consejero del Tribunal de Cuentas.

Precisamente su inmediata permanencia como jefe de gabinete de la ministra de Defensa podría hacer que alguien se preguntase si no  podría estar inmerso en los supuestos del artículo 33.3 de la Ley Orgánica de la institución: haber gestionado fondos públicos o haber pertenecido a un consejo de administración de un organismo o sociedad pública en los dos últimos años, lo que le invalidaría para ocupar el nuevo cargo.

El segundo puesto como consejero en la sección de enjuiciamiento lo va a ocupar doña Rosario García Álvarez. Su currículum es mucho menos movido que el del anterior, se limita a veintisiete años de experiencia en la carrera judicial, últimamente como magistrada de la sala de lo social en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesora de Derecho laboral en la Universidad de Comillas. No parecen conocimientos muy a propósito para el Tribunal de Cuentas. Ni Derecho administrativo, ni financiero, ni mercantil, ni contabilidad, ni auditoría, ni análisis de los estados económicos y financieros, nada. Su única gracia parece que radica en poder ir a la sección de enjuiciamiento y estar dispuesta a cambiar el dictamen. Tan es así que según dicen doña Rosario no estaba en la primera lista, sino que era doña María Luz Rodríguez la designada, pero al darse cuenta de que la titulación de esta última no la capacitaba para ir a la sección de enjuiciamiento, que es para lo que se la necesitaba como objetivo primario -salvar a los golpistas-, se modificó la propuesta.

Poco puede sorprendernos la postura del sanchismo. Está en su naturaleza como en la del alacrán de la fábula. El Gobierno Frankenstein precisa día a día de estos comportamientos para mantenerse. Estaban claros su objetivo y su finalidad. Pero ¿a qué se debe la postura del PP?, ¿qué ganaba con los acuerdos? Solo le pueden acarrear desprestigio, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, hasta el extremo de continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que ahora parece una incongruencia. ¿Por qué uno sí y otros no?

Parece que en algún momento el PP alegó a favor del acuerdo el hecho de que los candidatos propuestos no tenían perfil político, lo que constituye una gran ingenuidad, puesto que confundían el nivel con la trayectoria. Que no hayan ocupado puestos relevantes solo indica que su currículum es más bien gris, pero no que todo él no se haya desarrollado a la sombra del PSOE. Es precisamente esa mediocridad la que más les debería haber llamado la atención y hecho desconfiar y podrían haberse cuestionado acerca de cuál era entonces el motivo de la propuesta. Ahora ya se sabe. Que estaban dispuestos a cumplir de forma servil las indicaciones políticas. La pregunta surge entonces de forma inmediata: ¿qué trapicheos ha habido entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea?

Republica 10-3-2022