ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

RENFE se ha cubierto de gloria. Ha proyectado trenes que no caben por los túneles, y al unisonó bloquea el servicio de cercanías de Madrid. Ayuso acusa a Sánchez de que no invierte en la capital de España sino en Cataluña. Mientras, los presidentes de Asturias y de Cantabria ponen el grito en el cielo y acusan a la empresa y al Ministerio de tener durante dos años escondido el problema. Revilla, a pesar de ello, salva a la ministra actual y dice que está seguro de que no lo sabía, pero no piensa lo mismo de su antecesor. Las simpatías y antipatías están claras. La primera aún puede conceder prebendas; el segundo caído en desgracia, no.

Alguien también podría reprochar a los presidentes de las respetivas Autonomías que tampoco ellos debieron de tener mucho interés durante esos dos años por averiguar cómo iba el proyecto. El PSOE gobierna en Asturias y cogobierna en Cantabria y el asunto tiene visos de dañar los resultados electorales, con lo que el Ejecutivo no ha tenido más remedio que sacar la chequera y prometer al personal en compensación hasta 2026 el gratis total en el servicio de cercanías de ambas Comunidades. El Gobierno se siente generoso, pero, como siempre, lo hace con dinero ajeno, con el erario público, es decir, con el de todos los españoles. Otras Comunidades, que también tienen un sistema deficiente de ferrocarriles, se preguntan por qué no pueden sentarse en la misma mesa. ¿Quizás porque sus gobiernos no son del PSOE?

A su vez, la ministra de Transportes, por los mismos motivos electorales y después de resistirse mucho, ha cesado a la secretaria de Estado y al presidente de RENFE, miembro del PSC, secretario general de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña con José Montilla e historiador y librero de profesión. Algún malintencionado podría preguntarse si no está ahí la justificación de las anomalías en las medidas. Ahora bien, si a una licenciada en medicina se la puede nombrar ministra de Hacienda por qué no a un historiador y librero presidente de RENFE. Lo importante es que sea del PSC y por eso, para que se mantenga la cuota, el recién nombrado también lo es, aun cuando le hubieran cesado de secretario general de Industria por el fracaso en la administración de los Fondos Europeos del ERTE de automoción. Es de lo poco que ha trascendido hasta ahora acerca de dónde han ido los recursos de la ‘Next Generation EU’.

Bueno, algunas cosas más se van filtrando, flecos de información: que si se subvencionan ventanas, puertas y paneles solares; que si ese carril bici del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que encima no quieren los vecinos; la APP de Muface y otras muchas baratijas. También, parece que se están sufragando con los fondos los anuncios en televisión, propaganda y publicidad para mostrar las muchas cosas que hace el sanchismo. E incluso -imitando el plan E, de triste memoria- de Zapatero dinero a los municipios para que hagan obrillas. Con lo bien que vendrían los susodichos fondos para  arreglar la sanidad, la justicia y para construir viviendas sociales en alquiler, y dejarse de zarandajas y utilizaciones alambicadas.

España ha recibido la visita de una comisión del Parlamento Europeo dispuesta a examinar la ejecución de la ‘Next Generation EU’. Al frente de ella Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario. Hohlmeier, antes de venir, envió una carta al Ejecutivo español manifestando, más o menos, que matarile, rile, rile, que no sabía dónde estaban los recursos que se habían enviado. En eso no se diferenciaba mucho de los diputados nacionales y en general de la población española. Calviño se ha enfadado mucho y cuestionó la neutralidad de la delegación con el argumento de que estaba compuesta por políticos y no por funcionarios, como si fuesen funcionarios los que el Gobierno nombra al frente de empresas públicas y organismos. La descalificación se ha basado también en que en la delegación hay muchos españoles. ¿Y por qué extrañarse? Habrán venido a ver si así se informan de lo que no pueden averiguar en el Parlamento español.

La delegación se ha ido como ha venido, sin enterarse de nada. El Gobierno y sus portavoces mediáticos se han mostrado muy satisfechos porque la Comisión ha declarado que no han encontrado fraude. Solo faltaba que en estos tres días lo hubiesen hallado. Hohlmeier, con lenguaje diplomático, dijo algo mucho más grave, que hay ausencia de transparencia, es decir, que no se conoce ni adónde van ni dónde se encuentran ni cómo se decide su destino. De eso ya se preocupó el Gobierno, de que todo estuviese en sus manos, atado y bien atado, y de que los demás se enteraran lo menos posible. Parecerá increíble, pero contó con la inestimable colaboración de VOX. Sin ellos, la ley no se hubiese aprobado.

Y es que el partido de Abascal, cuando menos se le espera, actúa de muleta del sanchismo. Ahora plantea una moción de censura que va a ser un show. Bien es verdad que Sánchez presentó una que fue una danza fantasmagórica, y un oprobio. Dio una cabriola mortal, un salto cualitativo en la política española, pactar con los que acababan de dar un golpe de Estado y con los sucesores de ETA, al tiempo que se disponía a comprar con dinero público todos los votos necesarios.

Tamames ha aceptado el reto. Dice que es una oportunidad única. Pero hay etapas en la vida en las que lo más digno es arrinconar las oportunidades, a no ser que se piense pasar a la historia como Sánchez. No deja de haber quienes ruegan al catedrático de Estructura económica que, por lo menos, cuando salga al atril no de saltitos como lo hace Biden para demostrar lo joven que está, porque el actual presidente de EE. UU. con sus saltitos y carreritas armó la de Dios es Cristo en Afganistán, y se corre el peligro de que nos meta en la tercera guerra mundial, que con el tema de las armas nucleares no es ninguna bagatela. Da la impresión de que quiere que la guerra se prolongue, pero por apoderado y lejos de EE. UU.

Ucrania va a quedar arrasada. Cuanto más dure la contienda, más negocio para EE. UU., y peor le irá a la economía europea. Cada vez que la presidenta de la Comisión y el alto representante, con saltitos o y sin satitos, adoptan tonos bélicos y anuncian medidas contra Rusia hay que ponerse a cubierto e ir a mirar los daños que van a caer sobre Europa.

Biden ha ido a Kiev a mostrar total apoyo y solidaridad a Zelenski, siempre que sea a distancia, claro, y en plan bravucón ha sostenido que si China vende armas a Rusia habrá graves consecuencias. ¿Para China o para Europa? ¿Por qué será que hay gente que no sabe retirarse con elegancia a tiempo? Parece que se olvidan de que tal como lo fueron en el pasado, serán polvo de estrellas.

republica.com 2-3-2023

Pocas dudas existen de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituye una necesidad y un bochorno que los consejeros de este órgano lleven cuatro años con el mandato caducado. Situación que se ha agravado con la ley elaborada ad hoc por este Gobierno, encaminada a despojar al Consejo, mientras está en funciones, de las competencias para cubrir vacantes. Resulta un cierto contrasentido privarle de las funciones precisamente cuando está en funciones. Se está creando así una situación caótica en la justicia -aunque tal vez buscada por el Gobierno- al permanecer muchos puestos vacantes.

A pesar de todo ello, hay que decir que seguramente es preferible que se haya producido la ruptura de las negociaciones al establecimiento de un mal acuerdo. Existen sospechas fundadas de que el arreglo que al final iba a pactarse tendría efectos más negativos sobre la justicia que mantener la situación actual. La razón no se encuentra en que el Gobierno vaya a modificar el Código Penal para reducir el delito de sedición. Es una ingenuidad que el Partido Popular se creyese los cantos de cisne y promesas del sanchismo. Mantenerse en el poder en esta legislatura, y sobre todo la esperanza de continuar en la próxima, depende de la permanencia del conglomerado Frankenstein. De ahí la necesidad y el verdadero motivo del cambio legislativo que se pretende hacer y no ese tonto argumento, que por mucho que se repita no deja de ser falaz, el de acomodarnos al resto de los países europeos. Al margen de nominalismos, sea cual sea el nombre que se le dé, todos los Estados castigan con penas muy severas el delito de atentar contra la unidad del Estado.

La causa de recelar del acuerdo tampoco se halla en que no sean los jueces los que hagan la designación. Era evidente que el PSOE no quería cambiar la ley, y las promesas, en el caso de que Sánchez se hubiese plegado a ellas, no ofrecían ninguna garantía de que la norma se modificase finalmente. Con todo ello se debería haber contado a priori. El verdadero motivo de desconfiar del acuerdo es la sospecha de que en el fondo

se iba a seguir el mismo procedimiento de siempre, el sistema de reparto de consejeros entre los dos partidos mayoritarios de acuerdo con sus afinidades políticas, en lugar de llegar al consenso mediante la convergencia de ambas formaciones acerca de quiénes son los candidatos más capacitados e independientes.

Existe un precedente reciente: el Partido Popular de Pablo Casado, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, aceptó nombrar a los consejeros del Tribunal de Cuentas por el mismo método, por el sistema tradicional de reparto (ver mis artículos del 11-11-2021 y del 10-3-2022). El resultado fue que el Tribunal cambió en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, y orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la Sección de Enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común. ¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados?

El mecanismo de reparto se opone si no a la letra, sí al menos al espíritu de la Constitución. El Gobierno repite hasta la saciedad que el Partido Popular no cumple la Constitución. Piensa en esto, como en tantas cosas, y puede ser que tenga razón, que a base de repetir una burda mentira la ciudadanía termina por asumirla como verdad. Sin embargo, la falacia se desinfla en cuanto analizamos con cierto rigor lo que dice la Carta Magna, tal como pretendí hacer en mi artículo de 23 de septiembre de 2021 en este mismo periódico digital.

La Constitución española en el apartado 3 del artículo 122 establece que el CGPJ se compone de veinte miembros. Ocho de ellos deben ser abogados u otros juristas de reconocida competencia, elegidos cuatro de ellos por el Congreso y cuatro por el Senado por mayoría de tres quintos. Los doce restantes serán seleccionados entre magistrados y jueces de todas las categorías judiciales y por el procedimiento que establezca una ley orgánica. Aun cuando es cierto que para estos últimos consejeros la Carta Magna no dispone la forma de designación, se puede concluir que no estaba en la intención del legislador que fuese la misma que la de los otros ocho miembros, porque, de ser así, no se hubiese establecido distinción entre ambos grupos o, al menos, solo en lo relativo a su procedencia.

En 1980, durante el Gobierno de UCD, las Cortes aprueban la primera ley orgánica sobre esta materia y en ella se estipula que estos doce consejeros sean elegidos por todos los jueces y magistrados en servicio activo mediante voto personal, igual, directo y secreto. No obstante, este procedimiento fue efímero porque en 1985 el PSOE en el gobierno elaboró una nueva ley orgánica en la que se cambia la elección de los doce jueces, y se determina que se realice de la misma forma que dispone la Constitución para los otros ocho miembros, es decir, entre aquellos que provienen del colectivo de abogados y juristas de reconocido prestigio.

Desde ese momento hasta la actualidad, aun cuando haya habido pequeños cambios, los veinte miembros que componen el CGPJ son designados por las Cámaras por mayoría de tres quintos. Pero con todo, la mayor gravedad no radica sin más en este cambio, sino que en la práctica, en una interpretación incorrecta, ha llevado a que los dos partidos mayoritarios terminasen repartiéndose los puestos, en función de sus afinidades políticas. Es a este peligro al que se refería el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia del 29 de julio de 1986 en la que -aun sin declarar inconstitucional el procedimiento, ya que no se oponía de forma directa a la letra de la Constitución- advertía de los efectos negativos que podían derivarse de su aplicación:

«Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el poder judicial… La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución».

Hace treinta y cinco años de esta exhortación del TC, y si exceptuamos algunos retoques efectuados en 2001 y 2013, que no cambian sustancialmente el procedimiento, la ley continúa sin modificarse en este aspecto, y, lo que es peor, el riesgo del que avisara el Tribunal Constitucional se ha hecho realidad a lo largo de todos estos años. Y no solo en lo referente al CGPJ, sino en general a todos los organismos cuyos miembros deben elegirse por las Cortes y para los que se ha establecido una mayoría cualificada.

De todo esto se deduce:

1. Que el Gobierno no pinta nada en la elección. Son el Congreso y el Senado los que tienen que elegir por esa mayoría cualificada y, por lo tanto, las formaciones políticas que pueden conformarla. De aquí que esté fuera de lugar la pretensión de Podemos de hacerse con un puesto, al tiempo que no puede por menos que chirriar cuando las formaciones a la izquierda del PSOE han criticado siempre el sistema de reparto, y ahora no solo lo defienden, sino que se apuntan a participar en el pastel.
2. La Constitución no obliga a ningún diputado ni senador a votar a un consejero que no considere apto, y por consiguiente ninguna formación política debe dar su aquiescencia a uno o varios candidatos que piensen que no son los adecuados por el simple hecho de que en contrapartida la formación política contraria acepte a los propios aspirantes.
3.  Si la Constitución exige la mayoría cualificada de tres quintos es para evitar toda posibilidad de politización del órgano. En principio, el hecho de que cada consejero cuente con la aprobación como mínimo de tres quintas partes de los diputados o de los senadores debería garantizar, al ser una persona de consenso, su neutralidad e independencia, sin adscripción partidista alguna.
4. Lo cierto es que, del modo en el que se ha venido aplicando desde 1985, el resultado ha sido el inverso. Tal como previó el  TC, se ha consolidado una corruptela: los partidos se han distribuido los puestos, nombrando cada uno de ellos a los más proclives a su formación política. La conclusión es que los elegidos son los más politizados (en el mal sentido del término) e incluso en algunos casos los más sectarios. Tan es así que se continúa hablando de consejeros conservadores y progresistas.
5. No estar dispuestos a votar a favor de la propuesta del PSOE no se puede decir que sea atacar la Constitución como se esfuerzan por afirmar una y otra vez todas las fuerzas del sanchismo; más bien, como mantiene el TC, el atentado la Carta Magna consiste en la distribución de los puestos a cubrir entre las fuerzas políticas, segun se hizo en la elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas, y existía el peligro de que la negociación entre el PSOE y el PP, ahora suspendida, transitara por el mismo camino.

Resulta un tanto estrambótico que Sánchez acuse a alguien de no cumplir la Constitución cuando accedió al gobierno y se mantiene en él gracias a las alianzas que ha establecido con formaciones secesionistas que se levantaron contra la Carta Magna y que atentaron contra la unidad del Estado; es más y que repiten constantemente en forma de reto que volverán hacerlo.

Resulta también bastante irónico que Sánchez grite que las leyes se cumplen al tiempo que pacta con los independentistas catalanes contravenir la sentencia de los jueces acerca del veinticinco por ciento del uso del castellano en la enseñanza y cuando el TC ha declarado contrarios a la Constitución varios de los acuerdos de este Gobierno. Incluso, parece que Sánchez adopta determinadas decisiones, consciente de que son inconstitucionales y de que en el futuro pueden declararse tales, y por eso está tan empeñado en controlar las instancias judiciales.

republica.com 10-11-2022

La primera vez que Yolanda Díaz presentó en sociedad su nuevo proyecto lo hizo escoltada por compañías no muy recomendables: Colau, Oltra, Monica etc. Y sin ninguna presencia de Podemos, como no fuese la catalana. La segunda vez, en el Matadero de Madrid y ya con nombre propio para su plataforma, espacio o lo que demonios sea. Lo ha llamado “sumar”, aunque más bien parece que de lo que se trata es de restar, ya que pidió expresamente que no asistiese ninguno de los líderes de los partidos políticos. Quiso que la dejasen sola. Mal comienzo para quien pretende aunar a esas mismas formaciones políticas.

Proclamó que lo suyo no iba de partidos ni de siglas, sino de la sociedad. Lo denominó movimiento ciudadano. Y ¿por qué será que cuando oigo algo así me viene a la memoria lo del movimiento nacional? El sistema de partidos políticos tiene muchos defectos y la democracia representativa también, pero hoy por hoy no se ha inventado nada mejor y cuando se ha querido innovar recurriendo a “movimientos” o soluciones parecidas, aquí o en América Latina, se han construido regímenes muy peligrosos.

Yolanda manifiesta que se trata de escuchar a la sociedad, pero ¿a través de qué canales, si se desecha a los partidos, cauces por los que cualquier ciudadano, si lo desea, puede participar en política? Se corre el peligro de escuchar tan solo a una parte de la sociedad, la más activa, la que más grita, y de olvidar a la mayoría, a los que el trabajo no les deja demasiado tiempo para opinar.

Por otra parte, cabría preguntarse ¿quién es el que tiene que escuchar?, ¿quién esta investido de autoridad para ello? Alguien podría interrogar a la ministra de Trabajo acerca de dónde se encuentra el origen de su designación. ¿Pablo Iglesias?, ¿Iceta?, ¿Sánchez? Por cierto, lo de Iceta no creo que sea una buena recomendación en la parte de España que no confraterniza con el nacionalismo. Cabría preguntarle también a qué debe su nombramiento de ministra de Trabajo. ¿No es acaso a su pertenencia a una formación política, al pacto entre dos partidos y al apoyo de otras formaciones políticas independentistas?

Ha sido Podemos y su pacto con el PSOE lo que la ha convertido en vicepresidenta segunda. Bien es verdad que el funcionamiento interno de Podemos (no solo de Podemos, sino de casi todos los partidos) deja mucho que desear desde el punto de vista democrático. Prueba evidente de ello es su nominación por Pablo Iglesias como cabeza de lista en las próximas elecciones generales. Al estilo de los mejores tiempos de la Monarquía absoluta, el jefe elige a su sucesor en la organización y en el gobierno. Se comprende que Yolanda Díaz desconfíe de los partidos políticos. Pero ¿cuál es la alternativa? El caudillismo de alguien que se postula como el enviado de Dios.

La actual ministra de Trabajo habla de un nuevo pacto social. Pero este no constituye en la teoría política un hecho histórico, sino un concepto que se supone implícito en el origen del Estado. Mediante él se pasa de una sociedad amorfa, sin ley ni orden, a un cuerpo organizado y estructurado con mayor o menor acierto. El pacto social es un concepto político-filosófico por el que cada ciudadano renuncia a parte de su libertad a condición de que los otros hagan lo mismo. Allí donde se ha dado integración social, por muy imperfecta que sea, está presente, aunque lo sea de manera implícita e inconsciente, el pacto social.

El Estado, la sociedad organizada, ha ido adquiriendo muchas formas, y en buena medida perfeccionándose, hasta constituirse como social, democrático y de derecho, y adoptar la democracia representativa, que tiene en la actualidad la mayoría de los países occidentales. En España, si buscamos en los tiempos recientes un hecho histórico, lo más parecido al pacto social se encuentra en la Constitución de 1978. No parece que hoy se den las condiciones suficientes para un consenso parecido. El aventurerismo siempre es peligroso.

Hay una tendencia a contraponer sociedad civil y Estado (sociedad política) denigrando a este último y situando a la primera como con el conjunto de todas las perfecciones. Tiendo a pensar que la sociedad civil no existe, que es una entelequia, un comodín que cada uno usa como quiere y en su propio beneficio. La sociedad sin Estado es amorfa, sin ley ni organización, reino del más fuerte. A lo que muchas veces se llama sociedad civil le cuadraría con más propiedad la denominación de sociedad mercantil.

En primera instancia, se encuentra formada por todo tipo de fundaciones o entidades parecidas, normalmente vinculadas a grandes empresas o a conglomerados económicos, que sirven sin duda a los intereses de quien dependen, aunque en parte estén financiadas por el Estado mediante las correspondientes deducciones en el impuesto de sociedades. Son instrumentos de poder de los ejecutivos que se valen de ellas para influir en todos los ámbitos sociales, desde la educación al deporte, pasando por la cultura, etcétera.

En segunda instancia, están las ONG y todo tipo de asociaciones. En la mayoría de los casos su independencia es muy relativa. Con frecuencia viven al amparo de alguna fuerza política o de alguna de las fundaciones de las que hablábamos antes. Lo de “no gubernamental” suele ser un eufemismo porque existen en buena medida gracias a las ubres del Estado, bien directamente mediante subvenciones, bien indirectamente a través de deducciones en el IRPF y en el impuesto de sociedades.

A pesar de que fundaciones y ONG se financien en todo o en parte con fondos públicos, carecen de los mecanismos de control que deben tener estos recursos y que, al menos en teoría, existen en la Administración.

Me temo que cuando alguien recurre a la sociedad civil está apelando a las asociaciones y organizaciones que se mueven en su misma órbita ideológica. Con el nombre de sociedad civil (a veces comunidad científica, o expertos) se pretende dar visos de objetividad y neutralidad a opiniones que son de parte. Por poner algún ejemplo, las tesis del Instituto de Estudios Económicos se presentan como imparciales cuando son en realidad la voz de la CEOE; lo mismo ocurre con FEDEA, solo hay que mirar quiénes son sus patronos. Algo parecido se podría decir de muchas ONG de la izquierda, y no digamos del espacio independentista.

El hecho de que Yolanda Díaz haya renunciado a presentarse a las elecciones autonómicas y municipales da idea de hasta qué punto hoy Sumar es una superestructura sin raíces ni asentamiento en la sociedad. Carece de organización. Por eso hay que esperar a las generales, que siempre se plantean más de forma plebiscitaria, a favor o en contra. Se prestan al caudillismo, al enfrentamiento entre los líderes, sin que importe mucho en ocasiones a qué organización representan.

En realidad, el proyecto de Yolanda Díaz, aun cuando se exhibe como novedoso, tiene poco de tal. En múltiples latitudes se han visto experimentos parecidos. Pero es que, mirando a nuestro  propio país, parece una repetición de Podemos. Y ya se sabe que segundas partes nunca han sido buenas; o bien, citando a Marx en “El 18 de Brumario”, la historia sucede dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Las circunstancias han cambiado por completo. No existe ya un 15-M y muchos de los indignados han pasado por el poder.

Es posible que Podemos esté en decadencia, fruto de sus muchos errores, pero malamente repetir el ciclo va a añadir algo nuevo. Si Yolanda Díaz quiere jugar en política, barrunto que no va a tener más remedio que acudir a los partidos, y en la izquierda únicamente hay dos formaciones políticas que puedan llamarse tales, Podemos e Izquierda Unida, por muy en decadencia que parezcan estar. De lo contrario, en lugar de sumar va a restar. Claro que tiene otro camino que han seguido antes que ella otros muchos miembros de IU o del PC, ingresar en el PSOE.

republica.com 8-9-2022

Con frecuencia aparecen en la prensa titulares que son manifiestamente falsos o que, siendo verdaderos, se interpretan de forma falaz. En ocasiones el sofisma se encuentra también en la forma de comentarlos en la radio o en la televisión; la mayoría de las veces sobre materias distintas, pero en todas motivadas por la misma finalidad. Cada uno pretende arrimar el ascua a su sardina. Tal vez no se encuentre en este artículo una temática que le dé unidad, ya que su finalidad es escoger de aquí y de allá, de esto y de aquello, hechos que o bien son incorrectos o bien se han  utilizado torticeramente.

La publicación de un informe de la OCDE sobre la fiscalidad puso de manifiesto que España es el país, de entre los 38 de la OCDE, en el que la presión fiscal más ha subido en el año 2020. Puede ser cierto, lo que ya no lo es la interpretación acerca de que ello implica que nuestro país ha sido el que más ha incrementado los impuestos. El secreto está en el denominador en lugar del nominador. España lidera en esta Organización el aumento de presión fiscal en 2020 porque nuestro PIB es el que se ha reducido más drásticamente entre todos los de los otros países, y no porque haya aumentado más la carga fiscal.

En el mismo informe se mantiene que la presión fiscal en nuestro país es inferior a la media de la OCDE, lo cual también es cierto, pero de ello no se puede deducir de ningún modo que sea muy elevada, como quieren dar a entender algunos comentaristas detractores de toda fiscalidad y a los que todo les sirve para argumentar el nivel intolerable de gravámenes que soportamos.

A la OCDE pertenecen países como Turquía, México, Corea del Sur, Chile, Colombia, Costa Rica, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, etc., cuya fiscalidad es muy reducida, por lo que no tiene nada de raro que también lo sea la media de esta Organización, tanto más cuanto que pertenecen a ella también EE. UU. y el Reino Unido, países que se caracterizan por su baja imposición, y que tienen una ponderación muy elevada. La mayoría de los miembros de la UE (incluso España que está a la cola de Europa y cuya diferencia con la Eurozona es de siete puntos) tendrán por tanto una presión fiscal superior a la media de la de los países de la OCDE. Las comparaciones hay que hacerlas con nuestros similares y no con países de características muy diferentes.

El Gobierno ha filtrado que piensa establecer peaje en las autopistas. Para justificarlo se afirma que parece lógico que los costes de su mantenimiento recaigan sobre aquellos ciudadanos que las utilizan y en la medida en que lo hacen. No parece un argumento muy adecuado para un gobierno que se denomina de izquierdas. Es más propio del neoliberalismo. El mismo argumento se podría aplicar a la sanidad, a la educación y en general a todos los servicios públicos, con lo que el Estado del bienestar desaparecería o por lo menos quedaría muy menoscabado.

Es la clásica alternativa, acerca de si la financiación se realiza mediante el precio o a través de los impuestos. La diferencia se encuentra en si mantenemos exclusivamente las leyes del mercado (precio) o si se corrigen con la función redistributiva del Estado (impuestos). Sería de esperar que la izquierda defendiese la financiación mediante tributos, mientras que la derecha se  inclinase por el precio. Pues bien, en España somos diferentes. Por eso el Gobierno, que se considera progresista, propone los peajes y la oposición pone el grito en cielo y critica la medida.

Andan tanto el Gobierno como el Partido Popular porfiando acerca de quién tiene que apuntarse el tanto de que el empleo crezca más que el PIB. El Ejecutivo, principalmente las ministras de Economía y la de Trabajo, lo achacan a su buena gestión. Dado que en la recuperación económica (evolución del PIB) España está a la cola de casi todos los países europeos, creen justificarse aferrándose a la marcha del empleo. El Partido Popular, a su vez, porque asevera que esa diferencia en el comportamiento de ambas variables se debe a la reforma laboral de Rajoy, que es la que el Gobierno actual está empleando.

Lo que ninguno de los dos dice, ya sea porque no son conscientes de ello o porque no les interesa, es que no existe mérito alguno en esa dispar tendencia. Es más, no tiene nada de positiva. El envés de esta discrepancia se encuentra en que la productividad, lejos de crecer, se reduce. El mismo número de trabajadores produce menos. Es posible que la causante sea, como afirma el PP, la reforma laboral anterior, pero de lo que no hay duda es de que la devaluación interior a la que se sometió a la economía española ha tenido mucho que ver, y que la pertenencia a la UE y especialmente a la moneda única han conformado nuestro sistema productivo y nuestro mercado laboral. Producimos aquello que nos permiten nuestros socios en un reparto realizado silenciosamente y de manera automática.

La productividad es una variable fundamental en la economía. Sin su incremento ni se van a poder subir los salarios ni los beneficios empresariales ni se puede mantener la economía del bienestar. El hecho de que el empleo crezca más que el PIB no es una buena noticia. Constituye un signo muy claro del déficit y de las lacras de nuestro sistema económico.

Desde las filas del neoliberalismo, bien sea político o mediático, con el fin de relativizar las cifras de creación de empleo y pinchar el globo que infla el Gobierno, se resalta que los puestos de trabajo generados son públicos, como si estos, por el hecho de ser tales, fuesen de peor calidad que los privados o no fuesen necesarios. Es difícil aceptar que los médicos y los sanitarios de los hospitales públicos tienen menos importancia que los de los centros privados. Tampoco parece muy lógico defender que contratar profesores en la enseñanza concertada o privada sea crear empleo y, sin embargo, incrementar la plantilla de la pública no.

Cuando el ciudadano comprueba que no puede dar de alta su pensión o apuntarse al paro por deficiencia de los servicios, en parte quizás, sí, por incompetencia de los ministros, pero también y principalmente por carencia de los funcionarios necesarios, es difícil que entienda eso de que el empleo público no es empleo. Y ¿por qué considerar de distinta manera a los trabajadores de las empresas privadas de seguridad que a los guardias civiles, a los policías nacionales o a los ertzainas?

La diferencia -y es la única que de verdad parece interesar a los detractores del sector público- se encuentra en su financiación, en un caso mediante precios; en el otro, a través de impuestos. Es la carga fiscal la que rechazan hasta el extremo de denigrar el empleo público y no considerarlo empleo. De ahí que sea frecuente escuchar en el mundo conservador esa frase de que son los empresarios los únicos que crean empleo. Como se ve, el sector público también lo crea, y no tiene por qué ser de peor calidad que el privado.

Es más, en muchas ocasiones el sector público se encuentra detrás también del empleo que crean los empresarios. Últimamente se produce la paradoja de que aquellos que más reniegan del sector público son los que demandan mayores y más numerosas ayudas para el sector empresarial. La pandemia ha puesto de manifiesto hasta qué punto el Estado juega un papel fundamental en el mantenimiento de la economía y en la sostenibilidad de las empresas y de los puestos de trabajo. Tal vez más de lo que sería conveniente, ya que se pueden estar apuntalando sin ningún sentido empresas zombis y un empleo ficticio, que en definitiva no es más que paro encubierto.

republica.com 23-12-2021

“El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha descendido en 734 (-0,02%) personas en el mes de octubre, un dato excepcional ya que es la primera vez que el paro baja en este mes desde el año 1975. De esta manera, el paro acumula ocho meses consecutivos de bajada, un periodo de caídas de duración también inédita. Desde febrero, el número de personas inscritas se ha reducido en 751.721“. Así comienza la nota de prensa de la Moncloa acerca de las estadísticas del SEPE correspondientes al paro registrado del mes de octubre.

No puede extrañarnos que el Gobierno, una vez más, emplee las palabras: “excepcional”, “por primera vez”, “inédito”. Solo les faltó hablar de “histórico”. No nos puede sorprender tampoco que el Gobierno ofrezca una interpretación torticera de las cifras. Está dentro de su idiosincrasia. Lo que sí debe pasmarnos es que todos los medios de comunicación y sus respectivos periodistas, sean de la tendencia que sean, hayan comprado la mercancía averiada. No me refiero a los datos, sino a su exégesis, a sus comentarios y, sobre todo, a sus titulares.

¿Cuándo se va a entender que esta crisis sí que es particular y que todo lo que en ella se desarrolla no puede compararse con las situaciones normales de la economía y tampoco con el comportamiento económico de cualquier otra crisis pasada? No solo en los últimos 45 años, sino ni siquiera mucho más atrás; seguramente habría que llegar a la Guerra Civil, jamás en un año el PIB se había desplomado al -10,8%, como ha ocurrido en 2020, ni la tasa interanual de un trimestre había descendido al -21,5%, tal como sucedió en el segundo trimestre del año pasado. La estacionalidad por fuerza tiene que contar muy poco si, por ejemplo, en el verano se tienen cerrados o a medio gas todos los comercios, espectáculos o servicios y se eliminan restricciones en otoño, en concreto en octubre. ¿Qué tiene de excepcional que en este mes baje el paro?, ¿qué tiene que ver el mes de octubre de este año con el de los anteriores?

Cuando en un determinado momento la actividad económica se hunde en más de un 10%, y el porcentaje de desempleo se eleva por encima del 26%, no tiene nada de raro que a partir de ese momento el paro descienda todos los meses? Habrá quien se pregunte por qué me refiero a una tasa de desempleo superior al 26%, cuando a lo largo de la pandemia en los peores momentos nunca ha superado el 17% en las estadísticas oficiales; pero lo que habría que cuestionarse más bien es por qué razón los datos de paro y empleo gubernamentales tienen tan poco que ver con la evolución del PIB. La solución al misterio se encuentra en las personas incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que mientras están en esta situación son no productivas y, se quiera o no, son paradas, aunque lo sean temporalmente. Si por ejemplo en el mes de mayo de 2020 a los 3.857.776 parados oficiales se les suman las 2.661.878 personas que estaban en ERTE, nos encontramos con que el número de parados reales era 6.519.654, es decir, una tasa de paro del 26%.

El enigma de la esfinge y su solución quizás se comprendan mejor analizando la Encuesta de Población Activa (EPA). Examinemos la última, la del tercer trimestre del presente año. Los portavoces gubernamentales echaron como siempre las campanas al vuelo. En este trimestre el número de ocupados aumentó en 359.000 personas, lo que significa que el total se ha situado por encima de los 20 millones, cifra que no se alcanzaba desde hace 13 años, justamente desde antes de estallar la crisis anterior. El panorama es propicio para el triunfalismo y la propaganda. El Gobierno se ha apresurado a colocarse las medallas y a proclamar el gran éxito que representa que la cifra de empleados haya retornado, e incluso superado, a la existente con anterioridad al inicio de la pandemia. El número de ocupados en el tercer trimestre de este año se ha incrementado en 157.000 con respecto a los del mismo periodo de 2019.

El enigma y la contradicción aparecen tan pronto como se comparan estos datos con la evolución del PIB, que se encuentra aproximadamente un 6% por debajo del de 2019, y con el número de las horas trabajadas semanalmente, que en el tercer trimestre del año actual han sido 14,9 millones menos que en el mismo periodo de 2019. No hay que esforzarse mucho, sin embargo, para encontrar la respuesta al problema. Se halla en la existencia de los trabajadores en ERTE que, siendo en el fondo parados, no se contabilizan como tal y que, no estando ocupados, sí figuran en este colectivo como si lo fueran. En septiembre de este año aún había 239.200 trabajadores en ERTE y 226.400 autónomos en cese de actividad. Si se tienen en cuenta estos datos, la tasa de paro, en lugar del 14,57%, sería en estos momentos del 16,6% y los afiliados a la Seguridad Social, 19,6 millones de personas, número inferior por tanto al que existía en 2019.

Los ERTE están teniendo, al menos, un efecto perverso, el de disfrazar las cifras de desempleo. Todo el mundo sabe que se trata de un paro encubierto, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones -el Gobierno en todas ellas- las cifras de paro y de empleo se ofrecen sin tenerlos en cuenta. El tema es especialmente grave cuando el fenómeno se está haciendo crónico y lo que teóricamente debería ser un instrumento temporal se convierte en indefinido y se está dispuesto a aplicarlo de manera sistemática, tal como se ha evidenciado en las dificultades surgidas con el volcán de la Palma. Parece que incluso su papel se va a intensificar y a ampliar en las próximas modificaciones de la legislación laboral.

Resulta paradójico lo que está ocurriendo con los ERTE y la reforma laboral de Rajoy. Los que más presumen del éxito de su aplicación son los mismos que reclaman con más fuerza la derogación de la reforma anterior. No es que esta norma legal, tal como la derecha se empeña en afirmar, los haya credo. De hecho, la figura existía mucho antes. Se encuentra ya, por ejemplo, en el Estatuto de los trabajadores de 1995 (incluso en el de 1980); solo que con otro nombre: “Suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas u organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor”. El nombre de ERTE, que se le ha dado posteriormente, proviene de su semejanza con los expedientes de regulación de empleo (ERE) de los que solo se diferencian por su carácter temporal.

Lo que sí hizo la reforma del PP fue modificarlos sustancialmente, aunque ya se habían flexibilizado dos veces en tiempos de Zapatero. En 2012 se eliminó el requisito de ser aprobados por la autoridad laboral, y se ha permitido que a partir de entonces fuese suficiente la resolución de la dirección de la empresa con la aquiescencia de la representación sindical o incluso sin ella en el caso de desacuerdo, concediendo tan solo a esta, la posibilidad de acudir a los tribunales. Ha sido este cambio el que ha facilitado su uso masivo durante la epidemia, pero también ha abierto profundos mecanismos de fraude, situaciones caóticas y ha hecho que muchas empresas los hayan utilizado sin verdadera necesidad.

Resulta también curioso que desde que Podemos ha pactado con Sánchez y está en el Gobierno todo el mundo se ha olvidado de la reforma laboral de Zapatero. Tampoco parece acordarse nadie de que el 11-M surgió durante el Gobierno del PSOE y en contra de su política económica. La reforma laboral del PP fue continuación de la de Zapatero y las dos obedecieron a la imposición de la Unión Europea. Conviene considerar que la reforma se encontraba en la carta que Trichet, entonces presidente del BCE, envió juntamente con Fernández Ordoñez, gobernador del BE, a Rodríguez Zapatero, gemela de otra enviada a Berlusconi. En ambas se establecían las condiciones para que el BCE interviniese en el mercado y rescatase a España y a Italia de la encrucijada en que las había sumido una prima de riesgo inasumible. Entre esas condiciones estaba casi como punto número uno la reforma laboral.

La presión de la Unión Europea para que se reformase el mercado de trabajao no se limitaba a la coacción de Bruselas o de Frankfurt, sino que radicaba en la propia naturaleza de la Moneda Única. La imposibilidad de devaluar la moneda fuerza, en presencia de graves desequilibrios de la balanza de pagos ocasionados por la diferencia en las tasas de inflación, a lo que se denomina “devaluación interna”. Se trata en definitiva de recuperar mediante la depreciación de precios y salarios la competitividad exterior perdida. A este objetivo estaban destinadas las dos reformas laborales, tanto la de Rajoy como la de Zapatero.

Parte de la izquierda parece no haberse enterado de que las reglas de juego y los equilibrios de fuerzas han cambiado desde el mismo momento en el que se constituyó la Unión Monetaria. Existen límites infranqueables. Determinadas políticas que antes se podían defender ahora son inviables, e incluso supone una cierta ingenuidad reclamarlas porque pueden producir efectos contraproducentes, o contrarios a los queridos. En particular, los sindicatos dan la impresión de caer en una injustificable estulticia cuando después de defender el sí crítico a Maastricht actúan como si ello no hubiese generado consecuencias y todo se debiese a la perversidad de la derecha.

Tiene razón la ministra de Trabajo cuando ahora (va a ser verdad que el Gobierno solo acierta cuando rectifica) califica la derogación de la reforma laboral de fetiche político. Pero no es porque técnicamente no sea realizable. De hecho, al final de cualquier ley aparecen derogaciones parciales o totales de otras muchas leyes, sino porque política y económicamente este Gobierno no ha pensado nunca que fuese factible ni conveniente derogarla en su totalidad. Ni la de Rajoy ni la de Zapatero. Recurrir a su derogación es un simple fetiche político empleado por cierta izquierda, y quizás por los sindicatos, como reclamo electoral y político.

En realidad, nadie ha planteado en serio cambiar lo que ha sido el núcleo duro de ambas reformas: la facilidad y el abaratamiento del despido, bien sea el individual o el colectivo. Se rebajaron sustancialmente las indemnizaciones y se ampliaron la causalidad de los ERE y los motivos por los que se pueden plantear. A su vez, los ERTE se están convirtiendo en el instrumento más eficiente para que los empresarios puedan adecuar la plantilla a sus necesidades e intereses, sin asumir ningún gasto de despido; eso sí, a costa del erario público. Su justificación se asienta en la creencia, en absoluto demostrada, de que todo ERTE impide la realización de despidos colectivos o el cierre empresarial. Se prescinde de la posible existencia de ERTE que tienen como origen exclusivamente aumentar los beneficios empresariales

No siempre lo que está detrás de la reducción temporal de plantilla es una necesidad imperiosa de la empresa. En muchas ocasiones se trata únicamente de reducir costes o, lo que es lo mismo, de obtener mayores ingresos. Es más, la flexibilidad con que en estos momentos se puede adoptar parece que está dando lugar a múltiples casos de fraude, en los que empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo para, aun cuando se continúe trabajando, tramitar un ERTE ficticio y repartirse los correspondientes beneficios. Por otra parte, habrá que preguntarse si la extensa duración de esta situación teóricamente temporal no está facilitando el mantenimiento de empresas zombis que antes o después van a desmoronarse, pero con resultados aún más dañinos.

Las ayudas necesarias para los trabajadores en paro se podrían haber canalizado por otros mecanismos mejores como la mayor extensión y ampliación del seguro de desempleo, más fácil de controlar y con un coste seguramente inferior para las finanzas públicas. Lo único seguro en los ERTE es que se beneficia a los empresarios. Por eso se entiende mal que cuando se establece como objetivo corregir las reformas laborales pasadas se recurra a la multiplicación y desarrollo de estos procedimientos que significan en última instancia abaratar una vez más el despido, tanto más si se alude a la tan cacareada mochila austriaca y aun cuando el gobierno se pueda beneficiar de ellos facilitando una cifra de paro trucada.

En el diálogo social, se supone que los interlocutores no deben ser solos los empresarios y sindicatos, sino que también debe participar el gobierno; pero no como mero notario que da fe de los acuerdos, sino como representante de todos los ciudadanos, porque es bastante probable que la mayoría de los pactos terminen engrasados con dinero público. Sin embargo, en los acuerdos sobre los ERTE no parece que haya estado demasiado presente el Estado. En estas y en otras muchas decisiones da la impresión que la Ministra de Hacienda está de vacaciones. Su función ha quedado reducida a la de contable o tesorero y a decir a todo que sí. Lo suyo es lo de la charanga y la pandereta. “El lunes os lo arreglo”.

republica.com 18-11-2021

Nos vamos acostumbrando a los trucos y fullerías de Sánchez. Últimamente, como si de un prestidigitador se tratase, ha sacado un conejo de la chistera. Lo ha denominado descentralización. La primera argucia consiste en el nombre, no sé si por ignorancia o por estratagema hablan de descentralización cuando en realidad quieren decir deslocalización. Descentralizar es acercar las decisiones y la gestión de los servicios públicos a los administrados mediante su atribución a entidades más próximas a ellos.

En España, la Administración pública está compuesta, simplificando, de tres niveles, que además son estratos políticos diferentes: Administración central, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales. Descentralizar es transferir competencias de un órgano superior a otro inferior, por ejemplo, de las Autonomías a los Ayuntamientos o de la Administración Central a las Comunidades Autónomas o a las Corporaciones locales. España es uno de los países más descentralizados de Europa. En la Transición comenzó con el Estado de las Autonomías un proceso de centrifugación de competencias que parece no tener fin.

Competencias del Estado (Administración Central), por ejemplo, la sanidad o la educación, se han transferido a las Autonomías, en la creencia de que de esta manera se acercaban a los ciudadanos las decisiones y la gestión de los servicios públicos o de los actos administrativos. Se puede estar a favor o en contra de la descentralización. Yo estoy más bien en contra, al menos con la intensidad y el modo en el que se ha llevado a cabo en España (ello puede ser materia de otro artículo), pero lo cierto es que resulta perfectamente legítimo mantener en este tema posturas diversas.

Cosa distinta es lo que predica ahora Sánchez. No es descentralización. La descentralización, es decir, las transferencias de competencias, la viene realizando hace tiempo a la chita callando hacia Cataluña y el País Vasco. Lo que pregona en este momento es la deslocalización, o sea, cambiar el emplazamiento territorial de una entidad o institución, pero sin que haya transferencia de competencias de ningún tipo. Trasladar la sede del Ministerio de Sanidad o la del Ministerio de Educación a Albacete o a Teruel, por ejemplo, no significa que la Administración esté más cerca de los administrados; en todo caso, de los habitantes de Albacete o Teruel, porque presiento que la gran mayoría del resto de los españoles la sentirán más lejos o, en el mejor de los casos, el desplazamiento les será indiferente.

Habrá quien diga que no tienen por qué ser ministerios (ya que su traslado parece a las claras bastante absurdo), sino organismos o agencias. Pero para el caso es lo mismo. Escojamos el organismo Puertos del Estado, que es el elegido para que se instale en Valencia, por quien ha lanzado, por encargo de Sánchez, la primera piedra, Ximo Puig. Es claro que no se trata de transferir la gestión de cada puerto a la correspondiente Comunidad Autónoma. Los puertos, al igual que los aeropuertos, tienen incidencia no solo en la región donde están situados, sino en toda España, de ahí que hoy por hoy la gestión de todos los puertos permanezca centralizada en la Administración Central, y concretamente en el organismo autónomo Puertos del Estado.

Es este organismo el que se pretende deslocalizar, es decir, trasladar su domicilio de Madrid a Valencia. No parece que por este procedimiento se acerque la Administración a los usuarios. Dudo que se sienta así en Algeciras, que tiene por cierto el mayor puerto de España, o en otras muchas ciudades con puertos como Gijón o Huelva. A la mayoría de ellos les resulta más fácil conectar con Madrid que con Valencia, y no digamos si se trata de otros organismos con competencias para todo el país a los que se pretende trasladar a Soria, Albacete o Jaén.

Lo que ha hecho que desde hace siglos la villa de Madrid haya sido capital de España (art. 5 de la Constitución) es su situación geográfica, equidistante de casi todos los territorios, allí donde se cruzan los caminos -que canta Sabina-, lo que ha originado que sus habitantes sean en buena medida oriundos de todas las partes de España, y carentes por tanto de toda veleidad nacionalista. Trasladar algún organismo fuera de Madrid, como se hizo en tiempos de Zapatero y Montilla, seguramente no sería práctico, y es posible que terminase al igual que en el caso anterior mal, pero tendría efectos reducidos desde el punto de vista global; ahora bien, si lo que se pretende es una deslocalización generalizada de la Administración central, las consecuencias serían caóticas, dañarían gravemente la operatividad de las instituciones y dificultarían de forma considerable las gestiones de los ciudadanos.

Plantear la solución de la España vaciada a base de desperdigar organismos oficiales o es una ingenuidad poco creíble o un ardid para ocultar las verdaderas razones. Ciertamente el problema existe, en España y en otros muchos países, y no es sencillo de resolver en este mundo globalizado y donde el capital puede moverse libremente. De cualquier modo, el principal papel del Estado tiene que venir de proveer a todas las poblaciones de los servicios necesarios, función que difícilmente realizarán las empresas privadas si no les resulta rentable. Es posible que si en el pasado Telefónica no hubiese sido estatal aún hoy muchos pueblos estarían esperando la línea fija de teléfono. Los problemas que actualmente tienen muchos lugares alejados con los servicios bancarios no se daban cuando existía la Caja Postal de Ahorros, pues en cada uno de ellos, por pequeños que fuesen, se encontraba un cartero que actuaba también como delegado de dicha caja.

Situar en algunas de estas ciudades un organismo público no parece demasiado viable ni puede ser la solución. Pero en todo caso ¿no sería más lógico que la deslocalización, de haberla, se produjese en los organismos de ámbito autonómico? Y no sería también más justo que el estado en lugar de conceder desgravaciones fiscales a  las sociedades para que vuelvan a Cataluña, las diesen para que algunas empresas se sitúen en lugares de la llamada España vaciada.

Pero no caigamos en la trampa. Todo este canto de la descentralización, de la dispersión territorial de los organismos del Estado, no es más que un pretexto, una carta que Sánchez se saca de la manga y que en el fondo no piensa llevar a cabo más allá de algún traslado esporádico, reclamado por sus socios vascos y catalanes, o como premio a Ximo Puig por haber pasado de crítico a ser uno de los baluartes más fuertes del sanchismo. Pero más allá de eso no hay nada real, sino una cortina de humo con la que intentar tapar al resto de territorios, comenzando por sus propias federaciones, las cesiones que este Gobierno está haciendo a los independentistas, premiándoles en detrimento de los otros españoles.

El miedo de Sánchez, y supongo que compartido por muchos de los barones del PSOE, es que la reacción de Madrid en los pasados comicios se contagie al resto de las Autonomías (excepto a Cataluña y al País Vasco), y que sus habitantes no puedan por menos que ver con gran suspicacia los contubernios que el Gobierno mantiene con los soberanistas, incluso con los golpistas, y los beneficios y privilegios que estos obtienen en detrimento del resto de España y como pago a mantener a Sánchez en el poder.

Es verdad que las características de Madrid son distintas de las del resto de territorios. En general, nunca las cosas son iguales, de modo que, ciertamente, lo que ocurrió en Madrid no es exportable cien por cien a otras Comunidades; pero en todas ellas es lógico que en mayor o menor medida surja el escándalo y la repugnancia a que España esté gobernada por los que se sitúan en contra del Estado y están dispuestos a romperlo en la primera ocasión que se presente.

La táctica de Sánchez consiste en sacar del ángulo de los focos a Cataluña y al País Vasco y colocar en su lugar a Madrid, e intentar de esta manera que los habitantes de otras Comunidades perciban a la capital de España como enemiga y crean que es esta la que les esquilma. Sin embargo, le va a resultar difícil mantener esta impostura siendo esta Comunidad la que más contribuye y con mucho a la solidaridad, a gran distancia de Cataluña cuya renta per cápita está cercana a la de Madrid, y no digamos del País Vasco y Navarra que, a pesar de ser las dos regiones con mayor renta per cápita de España, lejos de ser contribuyentes, son perceptores netos.

Los barones del PSOE se han dividido en dos grupos, El primero compuesto entre otros por Valencia, Baleares y Navarra, que están totalmente al lado de Sánchez y han optado por seguir la línea de Cataluña y Euskadi, por eso resulta tan cínico el comentario de Ximo Puig acerca de que en Madrid se está construyendo un procés silencioso, cuando él sí que está introduciendo a Valencia por la vereda del nacionalismo.

El segundo grupo, el mayoritario, es el de aquellos que no se atreven a rebelarse, pero no pueden por menos que contemplar con miedo las próximas elecciones autonómicas, en la creencia de que los electores de sus Comunidades pueden verse tentados a dar una patada a Sánchez en sus posaderas, al igual que se la dieron a Gabilondo.

republica.com 21-10-2020

 “Me sorprende que se sorprendan de que haya revisiones”, espetaba la ministra de Economía a los señores parlamentarios en el Congreso. Se refería a la revisión realizada por el INE respecto a la previsión de crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año actual. Me imagino que la extrañeza de los diputados obedecería a dos motivos. Primero, a la magnitud del ajuste (del 2,8% en julio al 1,1% en la actualidad). Ciertamente siempre ha habido correcciones, pero no de esta dimensión. En segundo lugar, a que el Gobierno mantenga sus previsiones inamovibles como si la revisión no existiese o no les afectase.

Pero a lo mejor es verdad que los diputados no tendrían por qué sorprenderse. Respecto del último motivo porque deberíamos estar acostumbrados a que el relato del Gobierno vaya siempre  por derroteros distintos e independientes de la realidad. En cuanto al primero, porque, aun cuando la desviación es de una magnitud desproporcionada y poco habitual, se produce en una crisis que tiene muy poco de típica o clásica, y las tasas trimestrales pueden variar fuertemente no por razones económicas, sino al ritmo en el que va desarrollándose la pandemia.

La crisis actual es muy distinta de las tradicionales y aún más de la de 2008. La anterior recesión en Europa tuvo como origen la conjunción de una serie de hechos económicos. El diferencial de inflación entre los distintos países que en presencia de la Unión Monetaria creó importantes desequilibrios en las balanzas de pagos que, a su vez, incrementaron fuertemente el monto de deuda intercomunitaria. Se abrió una fractura profunda entre países acreedores y deudores. La enorme dimensión de los créditos concedidos por unos y suscritos por los otros generó una situación de profunda inestabilidad financiera, proclive a devenir en recesión en cuanto cualquier elemento exterior, como ocurrió con las hipotecas subprime, hiciese de detonante (véase mi libro “La trastienda de la crisis”, en editorial Península).

Nada de esto se ha producido por el momento en la actual crisis; no tiene su origen en factores económicos, sino en decisiones políticas y administrativas adoptadas para dar respuesta a los problemas sanitarios. Hoy por hoy, no hay ninguna semejanza, a no ser que la reciente acumulación de deuda pública y un plausible diferencial de inflación entre países genere una recesión (sería otra distinta de la actual) parecida a la del 2008. Son absurdos, por tanto, los esfuerzos del Gobierno para ponerse medallas y convencernos de que la respuesta que se está dando a esta recesión es radicalmente mejor y más efectiva que la que se dio a la anterior.

En este sentido, la entrevista a la ministra de Economía en El País de 26 de septiembre pasado es sumamente ilustrativa. Sus contestaciones son de un triunfalismo infantiloide y bobalicón que causa vergüenza ajena, además de estar plagadas de contradicciones. Sin ningún pudor, afirma que España va a ser uno de los motores de crecimiento de Europa. Acepta, sin embargo, que hay países que van mucho más adelantados que España en ese camino de retornar a la situación anterior a la pandemia.

La ministra pretende justificarlo por el hecho de que venimos de una sima mucho más profunda que el resto de países. Lo cual es cierto. En 2020 nuestro PIB disminuyó el 10,8%. España se situó así a la cabeza de todos los países de la UE con la más elevada tasa negativa de actividad económica. La Eurozona en su conjunto se contrajo el 6,5%. Pero precisamente esto es lo que echa por tierra cualquier posible triunfalismo gubernamental. Hay que preguntarse  por qué el deterioro de la economía española fue mayor que el del resto de las naciones. Calviño lo atribuye a que la hostelería y el turismo, que son los sectores que más han sufrido en la pandemia, son también los que tienen más relevancia en nuestro tejido productivo. Pero, como acertadamente le indico el periodista que la entrevistaba, hay otros países como Francia, Italia, Grecia, Croacia, Chipre o Malta que tienen un sector turístico muy destacado y su desplome económico ha sido mucho menor.

El Gobierno se escuda en el desempleo, como si la evolución de este pudiera ir separada de la del PIB. La ministra de Economía se jacta de que las medidas que han tomado han impedido que las cifras de paro se disparasen como en la crisis anterior. Es el mismo argumento que ya empleó la ministra de Trabajo afirmando que en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido menor. Afirmación difícil de entender, puesto que existe una correlación casi perfecta entre ambas variables.

Las medidas del Gobierno, concretamente los ERTE, no se dirigen a crear empleo. De ser así, la medida también hubiese impactado en el PIB. Los ERTE no impiden la aparición del paro, tan solo dan al fenómeno y a su cobertura un tratamiento diferente. No es el momento de juzgar la eficacia de los ERTE. Todo el mundo los bendice, lo que quizás pueda dar que sospechar. Habría que preguntarse si no hay medidas alternativas mejores. Pero, en cualquier caso, lo único que no es admisible es que se empleen para ocultar el paro. Para conocer en cada momento la verdadera tasa de desempleo se debe sumar a la oficial el número de trabajadores en ERTE. Por ejemplo, en mayo del año pasado las personas en ERTE ascendían a 3,6 millones. ¿Cuál hubiese sido el porcentaje de paro si a la cifra oficial, 3,8 millones, se le sumasen los 3,6 millones que se encontraban en ese mes en ERTE? Quizás cuando el empleo se analiza en horas trabajadas los datos comienzan a tener más sentido, el descenso en 2020 fue del 30%.

Algo parecido ocurre con la afiliación a la Seguridad Social El ministro de Inclusión, o de exclusión, ha presumido varias veces de que se habían alcanzado ya las cifras anteriores a la pandemia. Escrivá pretende engañarse o engañarnos, ofrece los datos de afiliación en términos brutos sin descontar los trabajadores en ERTE, reducción que debe hacerse puesto que estos, aunque mantienen la afiliación a la Seguridad Social, lo hacen de manera nominal y por el único motivo de que los financia el Estado. En ningún caso se puede decir que están trabajando.

La ministra de Economía tiene razón cuando en la entrevista citada asegura que la salida de esta crisis va a ser muy diferente de la anterior. Estoy de acuerdo, pero este hecho no tiene nada que ver con el buen o mal hacer del Gobierno. La recuperación va a ser distinta por el único motivo de que también lo han sido el origen y la causa. En 2008 la salida de la crisis pasaba por superar un disparatado endeudamiento privado y corregir graves desequilibrios exteriores. Sin poder depreciar la moneda su ajuste se hizo lento, muy doloroso y con tremendos sacrificios, mediante lo que se ha llamado devaluación interior. En 2020, la balanza de pagos estaba ya equilibrada y lo que generó la crisis fue la respuesta obligada a una catástrofe sanitaria. La salida en este caso depende de la gestión mejor o peor de la pandemia y de su evolución. La respuesta a la crisis es, en consecuencia, más sanitaria que económica.

El hecho de que corresponda a España el triste honor de ser entre todas las naciones de la Unión Europea la que ha alcanzado en 2020 la mayor tasa negativa del PIB tiene lógicamente su correlato en la desastrosa gestión en los primeros meses de la epidemia y en el estado de alarma que se estableció durante ese periodo y que ha terminado por ser declarado inconstitucional por el alto tribunal.

El ritmo de la recuperación económica y el momento en que se alcancen los niveles de 2019 van a depender de la depresión de la que se parte originada en 2020, y de la gestión de la epidemia en los meses posteriores, gestión en la que no queda muy bien parada la actuación del Gobierno ni siquiera en la vacunación, a pesar de que uno de sus aduladores tertulianos se esfuerce en resaltar su gran participación en ella, mediante la logística. Tarea hercúlea la de distribuir las dosis entre diecisiete Comunidades Autónomas. Si la vacunación se ha desarrollado con cierto éxito ha sido gracias a las Comunidades Autónomas y al menor rechazo que ocasiona en la opinión pública española que el que se produce en otras latitudes.

Coincido con la señora Calviño cuando en el artículo referido manifestó que hay datos que no están recogidos en el PIB. Pero los importantes no son los que ella cita, sino por ejemplo el incremento de la deuda. En la pasada crisis aprendimos que un crecimiento a crédito (como el que se produjo en tiempos de Aznar y primera legislatura de Zapatero) termina siendo extremadamente peligroso. Cuando retornemos al nivel del PIB de 2019 (seguramente en el 2023) subsistirá la hipoteca de haber incrementado el stock de deuda pública hasta el 125% del PIB, que solo sera sostenible por las compras del BCE en el mercado, a lo que seguramente habrá que añadir una situación muy deteriorada en el empleo y el fantasma de una inflación en lontananza. El panorama no es precisamente para sacar pecho y lanzar las campanas al vuelo.

Republica.com 7-10-2020