ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El Gobierno no pierde ocasión de arremeter contra la oposición por lo que llama bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo ha convertido en una obsesión. Cada vez elevan más el tono. Con frecuencia, y alternándose, todos los ministros le reprochan su falta de sentido de Estado. Incluso, el de la Presidencia introduce un añadido, no hay en Europa una oposición como la española; y para completar la representación, el presidente del Gobierno sube el listón y les acusa de estar instalados en la insumisión constitucional. No hace falta tener una buena opinión de la oposición (incluso aunque se la valore muy negativamente) para ser consciente de la contradicción en la que cae el Gobierno y de la inmensa hipocresía que manifiesta.

Es irónico que pueda acusar a otra formación política de falta de sentido de Estado un partido que para gobernar se apoya en los que quieren romper el Estado, y calificar a alguien de insumisión quien para mantenerse en la Moncloa se echa en manos de los que se han rebelado contra la Constitución y los tribunales. Esta incoherencia y deshonestidad que presenta Sánchez tiene su razón de ser en la necesidad que tiene de controlar todas las instituciones.

Si examinamos los tres años que lleva en el poder, llegaremos a la conclusión de que pocos gobiernos, por no decir ninguno, han despreciado tanto la ley y los procedimientos como este. No es de extrañar por tanto que haya tenido tantos encontronazos con los fiscales, con el Consejo de Estado, con los tribunales, especialmente con el Supremo, y que el Constitucional les esté dando bastantes revolcones. Tan poco puede sorprendernos que, en consecuencia, pretenda por todos los medios controlar a los jueces.

El Gobierno sostiene que el Partido Popular tiene bloqueados los nombramientos porque no acepta su propuesta. Por la misma razón se podría aseverar que es el Gobierno el que los bloquea porque no admite la de la oposición. En realidad, se obstruyen mutuamente. En cualquier caso, creo que es una buena ocasión para plantear y cuestionar la forma de elección de los órganos constitucionales. El problema sobrepasa la elección del CGPJ, afecta también al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, y quizás a algún otro. No obstante, sí hay un aspecto que corresponde únicamente al CGPJ, es la posibilidad de que parte de sus consejeros sean elegidos por los propios jueces. Como es lógico, esta forma de designación no es aplicable al resto de organismos.

La Constitución española en el apartado 3 del artículo 122 establece que el CGPJ se compone de veinte miembros. Ocho de ellos deben ser abogados u otros juristas de reconocida competencia, elegidos cuatro de ellos por el Congreso y cuatro por el Senado por mayoría de tres quintos. Los doce restantes serán seleccionados entre magistrados y jueces de todas las categorías judiciales y por el procedimiento que establezca una ley orgánica. Aun cuando es cierto que para estos últimos consejeros la Carta Magna no dispone la forma de designación, se puede concluir que no estaba en la intención del legislador que fuese la misma que la de los otros ocho miembros, porque, de ser así, no se hubiese establecido distinción entre ambos grupos o, al menos, solo en lo relativo a su procedencia.

En 1980, durante el Gobierno de UCD, las Cortes aprueban la primera ley orgánica sobre esta materia y en ella se establece que estos doce consejeros sean elegidos por todos los jueces y magistrados en servicio activo mediante voto personal, igual, directo y secreto. No obstante, la duración de este procedimiento fue efímero porque en 1985 el PSOE en el gobierno elaboró una nueva ley orgánica en la que se cambia la elección de los doce jueces, y determina que se realice de la misma forma que dispone la Constitución para los otros ocho miembros, es decir, aquellos que provienen del colectivo de abogados y juristas de reconocido prestigio.

Desde ese momento hasta la actualidad, aun cuando haya habido pequeños cambios, los veinte miembros que componen el CGPJ son designados por las Cámaras por mayoría de dos tercios. En la práctica, esto ha llevado a que los dos partidos mayoritarios terminasen repartiéndose los puestos. Es a este peligro al que se refería el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia del 29 de julio de 1986 en la que -aun sin declarar inconstitucional el procedimiento, ya que no se oponía de forma directa a la letra de la Constitución- advertía de los efectos negativos que podían derivarse de su aplicación:

«Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el poder judicial… La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución».

Hace treinta y cinco años de esta exhortación del TC, y si exceptuamos algunos retoques en 2001 y 2013, que no cambian sustancialmente el procedimiento, la ley continua sin modificarse en este aspecto, y, lo que es peor, el riesgo de que avisara el Tribunal Constitucional se ha hecho realidad a lo largo de todos estos años. Y no solo en lo referente al CGPJ, sino en general a todos los organismos cuyos miembros deben elegir las Cortes y para los que se ha establecido una mayoría cualificada.

Aunque por supuesto el prólogo de la ley de 1985 no lo indica, hay que suponer que en la mente del legislador (el PSOE contaba con doscientos dos diputados) se hallaba una cierta desconfianza ante la judicatura, y en general frente a la Administración, ya que pensaba que provenía del franquismo. A ello ayudaba el hecho de que en España durante la Transición no se aplicó ninguna depuración. Se temía, por tanto, que los altos cuerpos de la Administración patrimonializasen la función que tenían encomendada. Con el tiempo se vio que se trataba de un peligro infundado, ya que en general los empleados públicos cumplieron su cometido con total profesionalidad. Paradójicamente, al mismo tiempo, se comprobó que el riesgo estaba más bien en la apropiación que el poder político pretende hacer con frecuencia de los órganos administrativos. A menudo intenta saltarse la ley y salirse de los cauces y de los procedimientos establecidos.

Todo ello se plasma también en la Justicia. No han sido los jueces los que la han politizado, sino más bien el poder político el que ha pretendido controlar a los tribunales, aunque para ello haya tenido que contar con algunos jueces (son, no obstante, una minoría) que se prestan a ello, y que se han dejado ganar por las distintas formaciones políticas. Si hace treinta y cinco años aquel miedo podía tener alguna justificación, en la actualidad carece totalmente de racionalidad y sentido. La casi totalidad de los jueces no habían nacido o eran unos niños en tiempos del franquismo. Traer a colación hoy en día, la dictadura (aunque les encante a algunos, curiosamente a los que no lo han conocido) es un despropósito y un anacronismo. No hay por ello ninguna razón para que no se retorne a la forma de designación establecida con anterioridad a la ley de 1985.

De todas las formas en esta cuestión hay dos aspectos que conviene diferenciar. El primero es si los jueces deben participar en la designación de los miembros del CGPJ, que son jueces. Lógicamente, como ya se ha dicho, este afecta solo a este órgano. Pero el segundo y más importante, y que además atañe a la generalidad de los organismos constitucionales es evitar el peligro que señalaba el TC de interpretar y aplicar torticeramente la fórmula de los tres quintos que marca la Constitución para la designación de aquellos que tienen que serlo por las cámaras.

Si la Constitución exige esta mayoría cualificada es para evitar toda posibilidad de politización del órgano. En principio, el hecho de que cada consejero cuente con la aprobación como mínimo de tres quintas partes de los diputados o los senadores garantizaría, al ser una persona de consenso, su neutralidad e independencia, sin adscripción partidista alguna. Lo cierto es que, del modo que se ha venido aplicando desde 1985, el resultado ha sido el inverso. Tal como previó el Tribunal Constitucional, los partidos se han distribuido los puestos, nombrando cada uno de ellos a los más proclives a su formación política. La conclusión es que los elegidos son los más politizados (en el mal sentido del término) e incluso en algunos casos los más sectarios. Tan es así que se continúa hablando de consejeros conservadores y progresistas.

En un escenario político bipartidista, aunque sea imperfecto, tal como, hasta hace poco tiempo, ha estado configurado el nuestro, han sido las dos formaciones mayoritarias, PSOE y PP, las que se han venido repartiendo los consejeros, aunque a veces se le haya dado una pequeña participación al PNV y a CiU. A pesar de que el PP en ocasiones ha llevado en su programa electoral la modificación del sistema de elección para retornar al anterior a 1985, en la práctica ha seguido actuando y concurriendo con el PSOE en la fórmula del reparto.

Al romperse el bipartidismo, las nuevas formaciones políticas, Podemos, Ciudadanos, etc., han censurado reiteradamente esta forma de elegir a los jueces y a los otros consejeros de los órganos constitucionales. No obstante, parece que en cuanto se llega al poder las cosas comienzan a verse de otra manera. Podemos en el Gobierno se ha apuntado a entrar en la subasta con sus jueces afines. Ciudadanos, por el momento, ha mantenido su postura y presentó el año pasado una proposición de ley para cambiar la elección de los miembros del CGPJ y volver al sistema anterior a la ley de 1985. Proposición de ley que fue rechazada en el Parlamento por ciento setenta y cuatro votos, prácticamente los de todo el bloque Frankenstein.

Es posible que, en este momento, la solución más adecuada, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión y del Consejo de Europa, la opinión de la casi totalidad de los jueces y la experiencia, particularmente la de los últimos años, pasa por que sean los mismos jueces los que elijan a aquellos de sus doce compañeros que vayan a ser miembros del CGPJ. Pero en cualquier caso lo que es ineludible y que además afecta a todos los órganos constitucionales, es que no se adultere la forma en que se aplique la mayoría de los tres quintos en la elección de aquellos consejeros que tiene que designar el Senado o el Congreso.

Republica.com 23-9-2020

Solo faltaban el desastre y las calamidades que han rodeado en los últimos días del mes de agosto el abandono de Afganistán por la OTAN para certificar el fracaso al que normalmente han derivado las llamadas misiones humanitarias, que de humanitarias en general tienen poco. Con frecuencia producen más quebrantos, ya sean directamente o a través de lo que eufemísticamente se denomina “daños” colaterales, que los que en teoría dicen querer evitar.

Tal vez he cometido la osadía y la inconveniencia de tomar posición en contra de casi todas ellas: Afganistán, las dos invasiones de Irak, Yugoeslavia, la Primavera Árabe, etc. Concretamente, el hacerlo respecto a la Guerra del Golfo, allá por el año 90, me costó seis años de ostracismo en la Administración, hasta que Felipe González dejó de ser presidente del gobierno. Sin ser un experto en la materia, y quizás desde la ignorancia, he desconfiado del Derecho internacional, porque la ley solo puede darse en una sociedad organizada, y la internacional está muy lejos de serlo, al carecer de unas instituciones auténticamente democráticas que puedan emitirla. En la política internacional lo que prima es la voluntad del vencedor o, en todo caso, el equilibrio motivado por el miedo de los posibles contendientes.

Habrá quien afirme que al menos existe una institución democrática en el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Permítanme que esboce una sonrisa. En los acuerdos de la ONU prima todo menos la democracia. Son la conjunción de todo un haz de intereses, y el resultado del esfuerzo y tesón de los distintos lobbies. Concretamente en la materia que nos ocupa, el órgano competente para legitimar o no una intervención e imponer sanciones es el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 Estados, cinco de ellos permanentes, que además tienen derecho de veto y que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial: EE. UU., Reino Unido, Francia, Rusia y la República Popular China. Nada puede decidirse sin su aprobación. ¿Nos puede extrañar por tanto que sean mínimas, y desde luego las menos importantes, las intervenciones que cuentan con el apoyo de la ONU?

Para aquellos otros casos en los que están divididos los intereses en el seno del Consejo de Seguridad, se ha acuñado una nueva expresión, Comunidad Internacional, que en el ámbito occidental se ha identificado con la OTAN. En su nombre se deciden y llevan a cabo las intervenciones y, aun cuando se revistan de motivos altruistas, son principalmente los intereses de esa Comunidad Internacional los que priman y, en realidad, el bienestar de los pueblos a los que se dice querer salvar importa poco.

Por otra parte, siempre está pendiente la pregunta de hasta qué punto una nación tiene derecho a intervenir en otra para imponer contra su voluntad un cambio en su género de vida, cultura y civilización, por muy aberrante, bárbara y bestial que pueda parecerle. No hay que retrotraerse demasiado en el tiempo para encontrar en nuestra civilización judeocristiana atrocidades y comportamientos, si no iguales, sí parecidos a los que ahora nos horrorizan de otros pueblos. Baste leer con detenimiento los capítulos III al V del libro V de “Los Hermanos Karamazov” de Dostoievski, en los que Iván explica a su hermano Alioscha por qué está dispuesto a devolver el billete ante el mal del mundo. Unos cuantos siglos no suponen demasiado tiempo dentro de la historia de la humanidad. Ahora se dice que Afganistán vuelve a la Edad Media. Es una apreciación quizás inexacta, no puede retroceder porque nunca ha salido de ella; somos nosotros, los que en teoría la hemos dejado atrás, los que de vez en cuando retornamos a ella.

En cualquier caso, poco importa la pregunta acerca de si se tiene derecho o no a intervenir en otros países, porque hay una cuestión previa: ¿se puede? Parece ser que no. Cada vez que se ha intentado se ha cosechado un rotundo fracaso: Irak, las primaveras árabes, Afganistán, etc. Resulta una misión imposible exportar la democracia a toda la humanidad cuando más de dos terceras partes carecen de ella. Lógicamente, siempre actuamos de manera selectiva, pero tendríamos que reflexionar también acerca de qué mueve nuestra elección, ¿el bien de los pueblos a los que queremos intervenir o nuestros intereses y conveniencias?

Los españoles más que nadie deberíamos ser conscientes de ello porque fuimos de los primeros en sufrirlo pasivamente. La modernidad y la Ilustración venían unidas a los fusiles de los soldados franceses y aquel rey José a quien para ofenderle le pusieron el nombre de Pepe Botella, no parece que fuese tan malo; desde luego, bastante mejor que el rey felón. Los españoles optamos entonces por las cadenas, la reacción y los curas trabucaires. Me imagino la huida de nuestros liberales hacia Francia a la llegada de Fernando VII a España, de forma no muy distinta a la que lo hacen ahora los afganos que han probado la libertad.

Los españoles tuvimos que ir conquistando por nosotros mismos los diversos grados de libertad, secularidad y democracia, a base de dolor, sufrimiento, contradicciones, avances y retrocesos, y cosa curiosa, uno de esos retrocesos lo protagonizaron los mismos ejércitos que con anterioridad pretendían traernos la libertad, los Cien Mil Hijos de San Luis, dando fin al trienio liberal y comienzo a la década ominosa, diez años de terror para los liberales.

Profundizando un poco más, vemos que detrás de la OTAN y de la Comunidad Internacional lo que nos encontramos es a Estados Unidos que, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha mandado y dirigido casi todo en este lado del telón de acero. Han sido sus intereses los que han primado y el resto de los países hemos adoptado el papel de comparsas, porque en cierto modo también nos beneficiaba. Es un hecho que no tiene por qué tener ninguna connotación peyorativa para los americanos, pero desde luego tampoco laudatoria como algunos pretenden en los momentos actuales, afirmando que los otros países no colaboran en ningún aspecto ni siquiera en el económico.

EE. UU. tiene el papel que ha elegido tener, el de mandar, el de ser líder. Se dice que «quien paga manda». EE. UU. es el que ha impuesto siempre sus intereses, pero también el que ha asumido la mayoría de los costes. El resto de países no tienen por qué quejarse porque contribuyen en mucha menor cuantía y participan más o menos en función de sus conveniencias. Pero la expresión anterior también puede y debe enunciarse al revés, «quien manda paga», por lo que no parece lógico ese victimismo surgido al otro lado del Atlántico acerca de que las demás naciones, en concreto las europeas, no cooperan, ni tienen razón los corifeos de este otro lado cuando salen en defensa de EE. UU. afirmando que le han dejado solo y que la responsabilidad no es únicamente suya.

Quizás toda la responsabilidad no sea suya, pero en el caso de Afganistán desde luego poco le falta. Fue el Gobierno norteamericano el que decidió la intervención como acción de castigo por la monstruosidad que significo el atentado de las Torres Gemelas, que dejó sin aliento a toda la sociedad occidental, haciéndoles presente lo vulnerables que eran frente al terrorismo. Bien es verdad que EE. UU. también en esta ocasión mostró carencias de seguridad muy considerables como el hecho de que, en contraste con los rígidos controles en los vuelos internacionales, apenas existiese ninguno en los nacionales, permitiendo que, sin riesgo, los terroristas secuestrasen tres aviones y los lanzasen hacia puntos estratégicos del país.

Después de veinte años y tras la salida apresurada del territorio hay que reconocer que la operación ha constituido un solemne fracaso. Siendo numerosas las muertes que ocasionó el derrumbe de las Torres Gemelas, muchas más han sido las originadas por la invasión y posterior ocupación durante estos veinte años. Ni siquiera ha servido para erradicar el terrorismo islámico, que ha continuado cometiendo atentados a lo largo de este tiempo, tal como lo hemos vivido en nuestras carnes los españoles y como se ha certificado tétricamente en el aeropuerto de Kabul estos últimos días.

Ha sido el Gobierno americano el que ha decidido el abandono del país, dejándolo en peor situación de la que se lo había encontrado, demostrando así que el bienestar del pueblo afgano no constituía ningún objetivo y, si lo era, aunque fuera en una pequeña proporción, su consecución ha representado un rotundo fiasco. Las imágenes del aeropuerto de Kabul de estos días son tan solo la punta del iceberg de la desolación y del terror en que va a quedar sumido todo el país tras la marcha de los soldados americanos. La ironía es que a la intervención de hace veinte años se la denominó «libertad duradera».

Desde luego de lo que sí es responsable EE. UU., y más concretamente la Administración Biden, es de la improvisación y del desorden con que se ha llevado a cabo la evacuación. Cuando uno piensa abandonar un país después de dos décadas de ocupación lo menos que se le puede exigir es una cierta planificación, tanto más cuanto que es consciente de que tiene que sacar del territorio a miles y miles de habitantes que, si no, van a ser masacrados.

El que no es responsable de nada o de casi nada es Pedro Sánchez. Desde luego, no de la intervención. Entonces debía de estar jugando a las canicas, o al baloncesto. Por mucho que se empeñe, tampoco ha tenido nada que ver en la decisión de salir de Afganistán, a no ser que en confianza Biden se lo susurrase al oído en ese paseíllo tan animado que mantuvieron en la sede de la OTAN en Bruselas. La prueba de que no intervino para nada es que le pilló de vacaciones y solo reaccionó varios días más tarde, y mucho después de que lo hiciese la mayoría de los mandatarios internacionales.

De lo único que es responsable es de pretender sustituir la tragedia por la comedia. Como hace casi siempre, montó una representación de ópera bufa, con él en el centro del escenario, trayendo como teloneros a la presidenta de la Comisión, al presidente del Consejo y al alto representante de Sánchez en la Unión Europea. Y es que el presidente del Gobierno le ha tomado gustillo a eso de traerse a las autoridades europeas a nuestro país para que legitimen sus actuaciones de gobierno ante los españoles, prueba de que no está seguro de ellas y de que no quiere ir al Congreso a dar cuentas y a discutirlas. Este mismo número ya lo montó con los fondos europeos de recuperación.

En el acto, presentado a manera de un acontecimiento planetario, se exhibió el campamento instalado en Torrejón de Ardoz, como un centro estratégico de operaciones, para traer a los refugiados de toda Europa y distribuirlos más tarde por los distintos países miembros. El planteamiento no podía por menos que extrañar, cuando ya entonces se calculaba que los refugiados que como mínimo había que sacar de Afganistán eran 100.000 y la capacidad del campamento, de 800. La comparación con el numerito montado con los pasajeros del Aquarius surgía de forma inmediata.

La impostura se deshizo como un azucarillo poco después cuando apareció Biden en televisión dando las gracias nominativamente a veintiocho países por su colaboración en el desalojo, sin la más mínima mención a España.  El ridículo era tan colosal, que teniendo en cuenta que EE. UU. necesitaba las bases norteamericanas de Rota y Morón como enclave intermedio de los refugiados hacia EE. UU. se preparó de urgencia una conversación telefónica entre los dos presidentes, conversación tanto tiempo esperada durante estos siete meses que lleva Biden en la Casa Blanca.

El papel discreto y modesto que nos correspondía en la evacuación quedaba patente cuando nuestra capacidad de traer refugiados quedaba condicionada, como en todos los demás países, por el número de vuelos (tres al día) que el ejército americano nos permitió en ese reparto por naciones que se vio obligado a organizar.

Pero, aunque sea aburrido, permítanme que les recuerde algunas cifras que expresan mejor que nada el papel humilde, propio de nuestro tamaño que en esta tragedia -que no comedia- nos ha correspondido. España ha sacado de Afganistán 2.200 pasajeros; EEUU, 105.000; Qatar, 40.000; Reino Unido, 13.146; Alemania, 5.347; Italia, 4.900; Albania, 4.000; Canadá, 3.700; Francia y Países Bajos, 2.500 cada uno; Turquía, 1.750; Bélgica, 1.400. Y así sucesivamente: Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia, etc., etc.

Estoy seguro de que, en ese papel modesto y discreto, nuestros soldados, el personal de la embajada y toda suerte de colaboradores se habrán comportado con dignidad, en ocasiones con heroísmo. Tal vez con la misma dignidad y heroísmo con los que ha actuado frente a la tragedia humana el personal del resto de los países que han intervenido. Pero, dicho esto, no creo que ningún gobierno de los implicados pueda gritar misión cumplida, ni pretender recibir alabanzas de una retirada tan bochornosa que deja atrás dolor, sufrimiento y hasta cierto punto traición. Lo mejor a lo que pueden aspirar es a que se diga que no han tenido nada que ver o muy poco en el asunto.

Sánchez no tiene derecho, y se está acostumbrando a ello, a utilizar el dolor y el sufrimiento de la poblacion para colocarse medallas que no le corresponden o para zafarse de su obligación de comparecer en el Parlamento. Ante cualquier crítica, azuza a sus ministros para que acusen a la oposición de no tener sentido de Estado. A Margarita Robles ese reproche no se le cae de la boca, lo que no deja de ser una desfachatez y una hipocresía en una ministra que lo es desde hace tres años gracias al apoyo de los enemigos del Estado y de aquellos que proyectan permanentemente romperlo y destruirlo. ¿Qué sentido de Estado puede tener?

Sánchez, de forma solemne, proclamaba que sentía orgullo de país; supongo que en su megalomanía se identifica con España. Pero es que ningún país que haya participado -y cuanto más haya participado, menos- se puede sentir orgulloso de tal bochorno. Orgullo solo los servidores públicos que hayan ayudado a minimizar la angustia y la desolación causadas por una operación triste y deshonrosa. No se entiende la postura de los medios de comunicación que se tragan el teatro gubernamental y lo transmiten sin objeción alguna. 

republica.com 2-9-2021

Quien se empeñe en descubrir versos sueltos en este Gobierno se equivoca. Más que nunca se cumple la afirmación que, en su tiempo, dicen que hizo Guerra asegurando que el que se moviera no saldría en la foto. La actual crisis de gobierno da buena cuenta de ello. En realidad, prueba algo más: que aun sin moverte, puedes ser arrojado fuera del retrato si ello entra dentro de las conveniencias de Pedro Sánchez. Con motivo de los indultos se tocó ya a rebato y todos los ministros no tuvieron más remedio que mancharse las manos. Incluso ha habido a quien, como al anterior ministro de Justicia, no le valió ni siquiera el haberse manchado no las manos, sino los pies y hasta la cabeza. Lo han cesado.

Ahora ha ocurrido prácticamente lo mismo con la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se cuestiona el primer estado de alarma. El Gobierno ha salido en tromba descalificando al alto tribunal. Hay a quienes ha extrañado la reacción de la ministra de Defensa que calificó la sentencia de elucubraciones. Lo curioso es que hizo tal afirmación sin conocer aún el texto, puesto que entonces solo se había hecho pública la parte dispositiva y el voto particular de Conde-Pumpido,-fiscal general de aciaga memoria durante la etapa Zapatero-, que, aunque no estaba publicado, su autor se encargó de dar a conocer yendo de medio de comunicación en medio de comunicación, arremetiendo contra sus compañeros del Tribunal Constitucional, quienes, según él, han dejado al Gobierno sin armas contra la pandemia.

Robles, además, ha reprochado al Constitucional no tener sentido de Estado. Parece que el Gobierno tiene como marca de la casa acusar a todo y a todos los que se le oponen o contradicen de no tener sentido de Estado. Y es que tienden a identificar Estado con gobierno. Sánchez no ha estado dispuesto nunca a pactar con la oposición, pero le ha exigido siempre la adhesión a sus planteamientos bajo el argumento de que de lo contrario se sitúa frente a la Constitución, y frente al Estado. Es curioso que este reproche venga de quien se hizo famoso por el «no es no» y, basándose en ese eslogan, ganó las primarias en su partido.

Hasta este momento parece ser que la amonestación se dirigía a la oposición. Ahora se da un paso más y se orienta al Tribunal Constitucional, culpándole de carecer de sentido de Estado. Lo que no deja de ser paradójico en un ejecutivo que gobierna apoyándose en quienes no es que no tengan sentido de Estado, sino que claramente se declaran enemigos del Estado, lo denigran en el extranjero siempre que pueden, persiguen su desintegración, se sublevaron contra él y, además, repiten continuamente que lo volverán hacer.

En su afán por salvar a algún miembro dentro del gobierno Frankenstein, hay quienes colocan a la ministra de Defensa en otra onda. Se extrañan por tanto de la reacción que ha tenido frente a esta sentencia. A mí no me causa ninguna sorpresa. Recuerdo que aceptó el cargo de subsecretaria de Interior en el último gobierno de Felipe González, cuando otros muchos abandonaban el PSOE por la evidencia de los múltiples casos de corrupción y por su giro liberal. Bien es verdad que eso quizas le valió más tarde un sillón en el Consejo General del Poder Judicial. En 2016 aceptó ir en el número dos en las listas por Madrid con Pedro Sánchez, cuando ya se sospechaban sus tejemanejes para llegar a la presidencia del gobierno aliándose con quien fuese necesario, incluso con los que planeaban dar un golpe de Estado.

Robles se mantuvo al lado de Sánchez cuando se enfrento al Comité Federal y a su propia Ejecutiva y fue una de los ocho diputados (excluyendo los siete del PSC) que rompieron la disciplina de voto de su partido en la abstención a la investidura de Rajoy, única salida para que en aquellos momentos no se produjesen unas terceras elecciones, lo que hubiera supuesto un resultado desastroso para el partido socialista. A la vuelta de Sánchez, fue nombrada portavoz parlamentaria y desde ese cargo defendió en el Congreso la moción de censura en la que Sánchez salió elegido presidente de gobierno, acto un tanto vergonzoso y origen de toda la serie de despropósitos que han sucedido posteriormente en la política española.

Curiosamente, basó en buena medida su argumentación en la idea de que el PSOE era un partido con sentido de Estado. Digo curiosamente porque la investidura se fundamentaba y se hacía viable por el pacto con los que el año anterior habían dado un golpe de Estado y pensaban volver a repetirlo en cuanto pudieran. ¿Cómo se puede tener tanto cinismo? Desde ese momento, el Estado quedó dañado en sus cimientos, puesto que el Gobierno dependía y  quedaba condicionado a los que pretenden romper el Estado y no creen ni en la Constitución ni en las leyes, sino solo en la decisión de una ilusoria soberanía que no existe, la de los residentes en una porción del territorio nacional.

A partir de ese momento casi solo la justicia y algunas otras instituciones han actuado de contrapeso, y mantenido el Estado democrático y de derecho. De ahí la cantidad de ataques y de oprobios que ha sufrido por parte de los soberanistas y de ahí también que el Gobierno, por todos los medios, pretenda condicionar su actuación. A ello viene a añadirse otra razón, el concepto de Estado que mantiene Sánchez. El Estado soy yo. Rechaza todo aquello que pueda limitar su poder. A lo largo de estos años ha pretendido menoscabar al Tribunal Supremo, dudando de lo adecuado de un proceso impecable en transparencia y en equidad. Ha procurado intervenir en él a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, teniendo más éxito con la primera que con la segunda. Ha relativizado la gravedad de los delitos cometidos por los golpistas, y ha hecho caso omiso de los informes de la Fiscalía y del tribunal sentenciador en el tema de los indultos.

Sánchez ha esquivado los informes del Consejo General del Poder Judicial, ha lanzado contra esta alta institución una ofensiva y acusa al Partido Popular de bloquear su renovación. Pero lo cierto es que el bloqueo es mutuo, pues no se puede interpretar de otra manera el hecho de proponer como candidato al juez que introdujo en la sentencia del caso Gürtel unos juicios de valor orientados únicamente a preparar la moción de censura, y que recibieron posteriormente una dura reprimenda de la Audiencia Nacional. Si no aceptas mi propuesta es que estas bloqueando la renovación. Del mismo modo, ha procurado evitar los informes del Consejo de Estado, incluso ocultó al Parlamento el emitido por este último organismo acerca de la forma de gestionar los fondos europeos.

El Gobierno ha pretendido también desprestigiar al Tribunal de Cuentas y ha calificado de obstáculo para sus fines la acusación a un grupo de independentistas de haber malversado recursos públicos. Incluso se ha inhibido y ha guardado silencio ante los planteamientos de la Generalitat tendentes a avalar ante el tribunal a los defraudadores con una nueva malversación de fondos públicos. Malversación por malversación, malversación al cuadrado. Illa ha llegado a decir que le parecía legal.

El último episodio ha sido la ofensiva contra el Tribunal Constitucional. Sin entrar en el contenido de la sentencia, que sin duda, como todas, puede discutirse, lo cierto es que pone el dedo en la llaga sobre la principal motivación que mueve a Sánchez, la pretensión de gobernar de manera absolutista sin contrapesos ni equilibrios. Huye y ataca todo lo que le puede limitar. Esa forma autocrática de ejercer la autoridad la aplica no solo dentro del partido, sino, en lo que le resulta posible y le permiten sus escasos 120 diputados, también en el Estado.

De ahí que no sea raro que esquive toda fórmula que implique, tal como el estado de sitio, pactar con la oposición. Eso explica también por qué ha evitado lo más posible tener que negociar el estado de alarma, e inventarse la famosa cogobernanza, por la que delega las responsabilidades en las Comunidades Autónomas y guarda para sí todo lo que piensa que puede venderse como positivo. Por la misma razón, parece lógico que haya escogido para legislar la fórmula del decreto-ley, a pesar de estar reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad. 

Su forma de gobernar tenía que conducirle por fuerza a chocar
con el Tribunal Constitucional. Han sido ya varias las veces que este organismo ha tenido que declarar inconstitucionales determinadas medidas como la de haber intentado introducir en el decreto-ley del estado de alarma temas tan extraños al objeto como variar los miembros de la Comisión de secretos oficiales o incluir las Clases pasivas de los empleados públicos dentro de la Seguridad Social. O también haber nombrado unilateralmente y por decreto-ley a una administradora general de RTVE, hurtándole la competencia al Senado.

Se puede discrepar de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero la reacción desaforada del Gobierno indica de forma bastante clara que Sánchez no está dispuesto a admitir nada ni a nadie que pueda condicionar su actuación, que pretenda limitar su forma autocrática de gobernar. El Estado soy yo, por eso quien se me oponga no tiene sentido de Estado.

republica.com 29-7-2021

El 23 de mayo pasado el diario El País recogía en un reportaje lo que denominaba inquietud de los cuerpos superiores de la Administración por la reforma del acceso a la función pública que, según ha sugerido en varias ocasiones el ministro de Política Territorial, está estudiando el Gobierno. No es la primera vez que desde el Ejecutivo se cuestiona el sistema de oposiciones y que, utilizando el pretexto de la modernidad, han planteado modificar el acceso a la función pública.

Jordi Sevilla, siendo ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de Zapatero, propuso sustituir el sistema de oposiciones por otros mecanismos, según él, más modernos, pero sin duda mucho más discrecionales, en los que las garantías de neutralidad y objetividad son menores. Menos mal que esta ocurrencia, como otras muchas ideas geniales del ministro, quedó en mero proyecto. En múltiples ocasiones se ha señalado cómo las oposiciones han constituido un instrumento sustancial a la hora de asegurar la profesionalidad e independencia de los empleados públicos (ver mi artículo publicado en este medio el 13 de febrero de 2020 y titulado “El acceso a la judicatura y a la función pública”).

Allí ya señalaba cómo un renombrado administrativista escribió que las oposiciones fueron la única institución democrática que permaneció durante la época franquista. Incluso en todos estos años de democracia la Administración se ha convertido en un muro que ha contenido a menudo las veleidades autocráticas de los gobiernos. Es por eso por lo que los poderes públicos han pretendido siempre instrumentarla y moldearla según sus conveniencias, siendo las oposiciones, y la seguridad en el empleo que conlleva, una de las principales condiciones para que resista.

Me atrevería a decir que esa inquietud que se señala en los cuerpos superiores de la Administración debería extenderse a toda la función pública e incluso a todos los ciudadanos, ya que la neutralidad e independencia de la Administración es un bien inestimable en una sociedad democrática. El desasosiego es lógico si tenemos en cuenta los antecedentes de este Gobierno. Ha multiplicado el número de asesores ajenos a la función pública. Ha empleado como norma la excepcionalidad de nombrar directores generales no funcionarios. No ha tenido ningún reparo en confundir la libre designación con la libre remoción, cesando a los abogados del Estado que no se plegaron a sus enjuagues. Ha llenado las empresas públicas de políticos y paniaguados sin ninguna preparación, relegando a los empleados públicos. Pretende potenciar las agencias públicas que pueden contratar personal de forma discrecional. Ha nombrado como fiscal del Estado a una ministra, pero no a una ministra cualquiera, sino a una de las más sectarias, con la finalidad de mediatizar lo más posible el Ministerio Fiscal.

No es pasarse de susceptible, por tanto, suponer cuál va a ser la finalidad de la reforma, en la que muy probablemente se flexibilizarán los procedimientos objetivos para potenciar los discrecionales, que permitirán al órgano seleccionador separarse de los criterios de mérito y capacidad y atender a otros más partidistas o doctrinarios.

La zozobra se intensifica al considerar quién es el titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y cuáles son sus orígenes y sus méritos. Los políticos, que en su mayoría no son funcionarios, a menudo mantienen frente a la función pública un sentimiento de celos o de envidia, que se traduce además en desconfianza y prevención como ante todo lo que se desconoce.

Sin duda, son aquellos cuya profesión ha sido únicamente la política y que desde muy jóvenes se han dedicado exclusivamente a la militancia los que se muestran más reticentes y con cierto desprecio ante la Administración. Se podría decir de ellos lo que se aplicaba hace bastantes años a las mujeres que no se habían incorporado al mercado laboral: de profesión, sus labores. Se entiende entonces que el señor Iceta no sea el más indicado para acometer la reforma de la función pública. No solo es que no sea funcionario, sino que no posee una mala licenciatura, ya que abandonó enseguida los estudios universitarios e ingresó en las juventudes socialistas a los 17 años.

Hay otra característica de Iceta que le inhabilita aún más para acometer esta operación. Proviene del PSC. No es ningún secreto que tradicionalmente la profesión de empleado público no se encontraba entre las preferencias de los ciudadanos catalanes. Sus predilecciones se orientaban más bien al sector privado; tan solo una vez establecida la Autonomía, la sociedad catalana ha ido viendo con mejores ojos la función pública.

Es verdad, sin embargo, que casi todas las administraciones autonómicas, especialmente aquellas como Cataluña cuyo gobierno ha estado en manos del mismo partido, no se han formado con la exigida neutralidad, y el acceso a la función pública deja mucho que desear desde la óptica de la objetividad y la igualdad de oportunidades. Particularmente, el nacionalismo se ha esforzado por configurar la administración catalana como una prolongación del propio soberanismo, y el PSC, tras tantos años de coqueteo con los independentistas, ha tenido por fuerza que contagiarse de esta concepción de la función pública. Es lógico, por tanto, que la presencia de Iceta al frente de la reforma de la Administración, en especial del sistema de reclutamiento de los empleados públicos, cree todo tipo de alarmas.

Los que denostan el sistema de oposiciones basan su crítica principalmente en su carácter memorístico. Hay una concepción cada vez más extendida que menosprecia la memoria y le concede un puesto secundario dentro de las facultades humanas. No obstante, por poco que se profundice, hay que reconocer que su funcionamiento es esencial en la actividad intelectual. Es más, sin ella no existe nada, ni raciocinios, ni pensamientos, ni siquiera  conciencia del propio yo. La persona solo es tal cuando es capaz de unir el presente con el pasado y predicar las distintas vivencias del mismo sujeto. El que haya sufrido la desgracia de tener un familiar con Alzheimer sabe cómo la conciencia y la persona van deteriorándose al mismo ritmo que la memoria.

La memoria, qué duda cabe, es un factor fundamental en el aprendizaje y, por lo tanto, debe serlo también en las oposiciones. No obstante, la memoria se puede utilizar de dos maneras distintas.  Ha sido el psicólogo David Paul Ausubel quien ha distinguido entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico. El primero se efectúa cuando las nuevas ideas se relacionan y se sistematizan con las antiguas. Los contenidos recién aprendidos adquieren su significado a la luz de los conocimientos que se poseen con anterioridad, de manera que tanto los viejos como los nuevos se entrelazan y se modifican mutuamente. Existe una elaboración.

Totalmente distinto es el aprendizaje memorístico o repetitivo en el que las nuevas ideas se archivan en la memoria de modo mecánico sin elaboración alguna y sin relación con los conocimientos previos.Se basa en retener mentalmente datos sin procesarlos detenidamente. La mayoría de las veces no son comprendidos y tampoco se intenta analizar su significado. La información se repite las veces necesarias hasta que se recuerda. Normalmente se trata de un conocimiento a muy corto plazo, al no estar relacionado con ninguno otro contenido.

La casi totalidad de los ejercicios de las oposiciones se basan en un aprendizaje significativo, bien sea mediante la resolución de problemas prácticos o por la realización de pruebas escritas sobre diferentes temarios. No obstante, es verdad que han ido imponiéndose los ejercicios orales en los que se aplica el mero aprendizaje memorístico. Sin saber por qué, puesto que los programas oficiales no lo dicen, los preparadores y los tribunales someten a los opositores a ejercicios orales inhumanos, inhumanos porque están lejos de la elaboración intelectual propia de los seres racionales, en los que deben recitar los temas como papagayos, a la máxima velocidad posible y como si fuese el padre nuestro o la lista de los reyes godos, sin entender muy bien lo que se recita. Tan es así que no se habla de exponer un tema sino de cantarlo, porque realmente es eso lo que se hace, cantar.

Ciertamente este tipo de ejercicio constituye una proporción muy reducida de la totalidad de las pruebas de cada una de las oposiciones. Citaré a título de ejemplo las oposiciones a interventores y auditores del Estado, que son las que más conozco. El proceso selectivo consta de seis ejercicios. Cinco de ellos sin duda corresponden a lo que hemos llamado aprendizaje significativo, dos de contabilidad superior y matemática financiera, otros dos escritos sobre distintos temas y uno de idioma; pero el sexto, que es oral, se ha convertido en una prueba irracional que lo único que evalúa es quién es el que puede “cantar” cuatro temas de quince minutos cada uno, a la mayor velocidad posible, para introducir en ellos toda la cantidad factible de materia. Es evidente que esta forma de recitar (cantar) los temas no permite juzgar la comprensión de los conocimientos ni la claridad en la exposición ni la capacidad de expresión oral, que es lo que paradójicamente dispone la convocatoria de la oposición para este sexto ejercicio. Pero una cosa es el BOE y otra la práctica impuesta por preparadores y tribunales.

Resulta bastante indudable que esta manera de entender el ejercicio oral resulta irracional para toda persona con un mínimo de sentido común y proporciona munición y argumentos a los que reniegan de las oposiciones y pretenden cambiarlas. Aunque haga referencia a una porción reducida de sus pruebas, los detractores se las ingenian para extrapolarla a la totalidad y poner así en cuestión el sistema de oposición en su conjunto como algo obsoleto.

La preocupación de los cuerpos superiores es lógica, pero harían bien, además de intranquilizarse, en promover el cambio de aquellos elementos que son irracionales, porque si ellos no acometen las reformas de todo aquello que es lógico modificar, el Gobierno se sentirá justificado para aprobar su reforma y la eliminación de las oposiciones.

republica 11-6-2021.

¿Democracia orgánica o republica bananera? En realidad, no sé a qué carta quedarme. Solo hay una sola cosa que sí parece ser cierta, que el sanchismo huye de los mecanismos clásicos de una democracia representativa. Todo en él es publicidad y propaganda, y habitualmente se basa en las más radicales mentiras, simulacros y teatro. Se ha convertido ya en rutina que, siguiendo las peores costumbres de las repúblicas bananeras, el jefe se dirija en largas sesiones al pueblo usando a su antojo los medios de comunicación a los que controla en su mayoría; en un escenario perfectamente montado, a veces hasta lo ridículo, con pianista incluido, al que se retribuye generosamente concediéndole la nacionalidad española en detrimento de los otros muchos miles de aspirantes que estaban antes que él en la cola.

Al final del 2020, Pedro Sánchez ha comparecido en una alocución de hora y media para decirnos que ha cumplido; al tiempo que presentaba un documento respaldado por unos palmeros a los que se ha llamado expertos. Todos ellos profesores de estudios superiores, de los miles y miles que hay en España, provenientes de los cientos y cientos de universidades que han surgido al abrigo de las Autonomías y de los negocios privados. Los profesores universitarios se han multiplicado como las setas. Hasta nuestro ínclito presidente lo ha sido, con doctorado incluido, eso sí, donado, de la misma forma que antes lo habían recibido gratuitamente los miembros que componían el tribunal que le calificó. Conozco a uno de ellos que recibió idéntico privilegio, solo que en este caso no tanto por la política como por la ayuda de su papá, importante en el mundo del deporte.

El informe que es ante todo un compendio de gráficos, cuadros, y porcentajes (da la impresión de que los cumplimientos se evalúan al peso) comienza, como es usual en todo lo que en estos tiempos sale de la Moncloa, en tono mitinero y supertriunfalista. Todo es histórico, único, a la cabeza de todos los demás. Hasta Filomena. “España se sitúa, de esta manera, a la vanguardia de la rendición de cuentas con un ejercicio singular y pionero… somos el primero de los países de nuestro entorno que no solo somete al escrutinio público el cumplimiento de su programa de gobierno, sino que también comienza a experimentar un sistema de verificación externo e independiente que confirma la calidad y la veracidad de la rendición de cuentas presentada ante los ciudadanos”.

Como se ve, nos movemos en un lenguaje épico y retorico. En transparencia, estamos a la vanguardia de todos los países. Hay que tener descaro e impostura. Un gobierno que se ha caracterizado por declarar secreto de Estado las cosas más nimias, con la intención de no tener que dar explicaciones prácticamente de nada; un gobierno que ha sufrido legión de requerimientos del Consejo de la Transparencia, sin que en general haya hecho el menor caso a ninguno de ellos.

Tan solo cuando este organismo le ha concedido un plazo perentorio de diez días (o de lo contrario recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa) para facilitar los nombres de los miembros de ese comité fantasma de expertos -tras el cual el ministro filósofo y candidato se ha escudado siempre para revestir de razones sanitarias lo que eran simple decisiones políticas-, se han dignado a decirnos quiénes eran los afortunados que lo componían, o, mejor dicho, que en realidad ese comité nunca existió y todo quedaba reducido al locuaz Simón, nombrado en su momento a dedo por ser familiar de un ministro del PP, y a los funcionarios de un departamento inexistente desde hacía muchos años.

Como ha insistido Calvo, funcionarios, expertos, cualificados, que tienen ese cargo, especialmente el doctor Simón, por razón de su “expertitud”. Ahí es nada, “expertitud”. Esta palabra debe de formar parte del lenguaje inclusivo. Y es esa misma expertitud la que ha servido para elegir a los palmeros que han puesto su firma en el informe de marras. “Verificación externa e independiente”. Tan independientes que han sido designados todos por el Gobierno. Yo me los guiso y yo me los como, como Juan Palomo. Todos pertenecen a la misma familia ideológica y con tanta expertitud que no han sentido vergüenza de echar su firma a un bodrio como ese.

“Ejercicio singular y pionero para conocer el cumplimiento de las promesas adquiridas por el Gobierno en la investidura”. Afirman que es un ejercicio de calidad democrática. No lo veo yo así. Ejercicio de calidad democrática sería contrastar el cumplimiento de las promesas realizadas en la campaña electoral, pero por supuesto que no se pretende nada de eso. Ya lo dijo claramente Calvo, al negar que el presidente del Gobierno hubiese manifestado que en Cataluña se había producido un delito de rebelión, porque cuando Sánchez dijo lo que dijo no era presidente del Gobierno. Una cosa eran las afirmaciones y promesas realizadas antes de las elecciones y otra lo dicho o hecho después. Que desde luego no casan en absoluto. Esa sería la verdadera rendición de cuentas que podría interesar al ciudadano.

Lo que han presentado no es una rendición de cuentas del Gobierno hacia el exterior, del Gobierno frente a la sociedad. Es una rendición de cuentas en el interior del Gobierno, del sanchismo frente a sus otros nueve socios, que le facilitaron la investidura. Pedro Sánchez ha pretendido decirles a todos que está cumpliendo sus acuerdos, acuerdos en su mayoría bastardos con organizaciones políticas casi todas ellas sectarias o egoístamente provinciales o regionales.

De ahí la importancia que Sánchez ha pretendido dar a los presupuestos. Ciertamente, había un elemento de representación, de imagen. Era una vergüenza que Sánchez gobernase casi tres años con unas cuentas que no eran los suyas, que él mismo se había negado a apoyar y que, además, había criticado duramente. Aunque en contra de lo que se cree y se dice con frecuencia, la elaboración de unos nuevos presupuestos no resultaba imprescindible para que Sánchez continuase en la Moncloa toda la legislatura, siempre que estuviese dispuesto -y no hay duda de que lo estaba- a seguir manejando con total alegría los decretos leyes. Con ellos se pueden modificar cuanto se quiera y sea preciso en los presupuestos. Solo hay que retribuir generosamente a quienes los apruebe. La constatación más evidente es que Sanchez ha ocupado la Moncloa durante casi tres años sin ninguna dificultad, a pesar de utilizar unas cuentas públicas prestadas.

Sanchez descartó de antemano elaborar unos presupuestos para 2020, que es lo que se esperaba de él una vez ganadas las elecciones, tal como Felipe González hizo para 1983, aprobándose incluso un presupuesto extraordinario. Entonces, el PSOE estaba virgen y los usos presupuestarios, no tan deteriorados. Sánchez, por el contrario, no ha tenido ninguna prisa en elaborar unas nuevas cuentas. Para él ha constituido un problema de imagen y, lo que le resultaba quizás más importante, un instrumento para consolidar el apoyo de sus nueve socios, conglomerado contra natura que conforma el gobierno Frankenstein. Sánchez, al englobar todas sus peticiones en el presupuesto, expresaba que estaba dispuesto a cumplir sus compromisos.

La mayor parte de la prensa, realizando, tal como nos tiene acostumbrados, una lectura de la situación bastante superficial y mecánica, ha interpretado la aprobación de los presupuestos como un gran triunfo de Sánchez, sin caer en la cuenta de que en realidad se trata del simple resultado de una confluencia de fuleros dispuestos a sacar tajada de esa situación de decepción política y de multiplicidad de partidos, aunque ello vaya en detrimento de los intereses de la mayoría. No hay nada de meritorio ni de exitoso en esos presupuestos, sino, por una parte, previsiones erróneas que van a servir para engañar al personal y presentar un panorama ilusorio y, por otra, muchos intereses bastardos que confluyen para distorsionar la justicia y equidad que deben regir las relaciones entre regiones.

La casi totalidad de los compromisos cuyos cumplimientos anuncia Sánchez no son nada convenientes para la mayoría de los españoles, porque en el mejor de los casos implican privilegios de unos determinados grupos o regiones frente a otros. Pero, con todo, lo peor y más preocupante son las promesas, principalmente las que corresponden al País Vasco y a Cataluña, que no se incluyen explícitamente en los presupuestos, pero que atacan gravemente a la ley, a la justicia y al armazón jurídico del Estado.

Pedro Sánchez en el “Aló presidente” de fin de año ha querido dejar claro que está dispuesto a conceder los indultos a los golpistas catalanes. En realidad, ya había mandado a sus profetas por delante para preparar el camino. Ábalos, con la finalidad de justificar los indultos, había manifestado que el Gobierno tiene la obligación de buscar la reconciliación y Calvo criticó de forma rotunda el informe de la Fiscalía contrario al indulto. Paradójicamente, echaba en cara que las razones esgrimidas fueran políticas y no jurídicas.

Nada menos cierto. Cualquiera que lea el informe del Ministerio Fiscal puede comprobar que los argumentos que emplea se basan en que no se dan las condiciones para el indulto, principalmente el arrepentimiento y el propósito de no volver a intentarlo. Si cita la política es tan solo para señalar algo obvio, que el derecho de gracia no se puede ejercer por meros motivos políticos. Debió de ser esto último lo que molestó principalmente a la señora Calvo, porque de forma bronca terminaba su alocución afirmando que los informes no eran vinculantes, que la decisión era del Gobierno y poco más o menos que este iba a hacer lo que le diese la gana.

Pedro Sánchez, en su plática de fin de año, recogía el relevo de sus heraldos para lanzar el mismo mensaje: “Este es un gobierno que no ha escondido sus intenciones desde el principio. Es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España”. Estaba bien especificado eso de gobierno, porque Sánchez sí que ha cambiado. No quizás de pensamiento, pero sí de discurso, pero ya se sabe que, como dice Calvo, una cosa es cuando se es presidente y otra antes de serlo. Este Gobierno sí ha apostado desde el principio, si no por la reconciliación, el recuentro y la convivencia, sí por los independentistas y por los golpistas como medio para poder subsistir. Es el plus que le permite a Sánchez ocupar el poder. Pero esto no tiene nada que ver con la convivencia en Cataluña y menos con el reencuentro con el resto de España, que los nacionalistas no desean.

La opción de gobernar con los nacionalistas y golpistas empuja a Sánchez al más radical cinismo, al afirmar que “cuando hablamos de Cataluña todos somos responsables”. Tanto descaro es difícil de creer. Fuera de los que se han sublevado y han dado un golpe de Estado, los únicos que pueden ser culpables son este Gobierno y las fuerzas políticas que han justificado la rebelión y que ponen las condiciones para que el golpe pueda repetirse. Desde luego, no se puede culpabilizar ni a esa más de la mitad de catalanes que están siendo marginados por sus ideas y condenados a ocupar un puesto secundario en Cataluña, y mucho menos al resto de españoles a los que se ha pretendido hurtar su soberanía y que contemplan con sorpresa cómo un gobierno y unas formaciones políticas estatales a las que quizás han votado se colocan del lado de los golpistas y los premian con privilegios.

Lo más extraño es que los líderes socialistas y de Podemos de los territorios perjudicados no hayan levantado la voz oponiéndose a la acción del Gobierno. Hasta ahora las críticas han sido muy escasas, por no decir nulas. Tan solo García-Page se ha posicionado frente al indulto recordando primero el exabrupto de Junqueras, “Que el indulto se lo metan por donde les quepa”, y añadiendo después algo muy razonable: ¿Cómo conceder el indulto a los que afirman que están dispuestos a repetirlo? García-Page con lógica se pregunta: “¿Qué responsabilidad asumiríamos si les indultásemos, y mañana volvieran por el mismo camino? ¿Qué ridículo histórico no cometeríamos?”. La verdad es que ya lo estamos cometiendo, porque jamás han abandonado la ruta.

republica.com 15-1-2021

A ciertas fuerzas políticas todo se les va en afirmar que hay que terminar con el régimen del 78. No sé muy bien qué es eso del régimen del 78. Sin embargo, sí sé lo que es la Constitución del 78. Muy similar a las de las otras naciones europeas. Para elaborarla, en buena medida se copió de estas últimas, constituciones basadas en la idea de un Estado social y democrático de derecho. Ligadas, de alguna manera, al pensamiento socialdemócrata, puesto que después de la Segunda Guerra Mundial, y en bastantes países, incluso los partidos conservadores terminaron por aceptar muchos de los principios de la socialdemocracia.

El Estado social es la continuación y culminación de los otros dos atributos del Estado moderno, democrático y de derecho. Si es cierto que, tal como afirma Ruggiero, en la Revolución Francesa se dieron tres revoluciones en potencia -la liberal, la democrática y la de carácter social-, no es menos verdad que entre las tres hay una relación determinista y que, en un orden lógico y consecuente, cada una de ellas exige e implica la posterior. Quedarse en una de las fases sin dar un salto a la siguiente significa no solo no avanzar, sino retroceder; constituye una involución al despotismo, porque ninguna de esas facetas es estable sin el complemento de las restantes. Algo que deberían tener en cuenta no solo las fuerzas de derechas que desprecian el Estado social, sino también las que se proclaman de izquierdas, pero no tienen ningún reparo en violar la ley, burlarse del derecho y exigir que se desjudicialice la política.

El Estado de derecho parte de Montesquieu. Podríamos resumir su contenido en tres requisitos principales: a) Reconocimiento y tutela de derechos civiles y libertades públicas; un ámbito de intimidad privada y autonomía para las personas. b) División de los distintos poderes de manera que, contrapesándose, se impida cualquier tipo de absolutismo. c) Sometimiento de todos, y en especial de los distintos poderes, al imperio de la ley y del derecho.

A su vez, el calificativo de democrático predicado del Estado se inserta en la tradición de Rousseau e implica la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos. Es un paso más en la evolución del Estado moderno, con respecto al simple Estado de derecho; añade al status libertatis el status activae civitatis. Se pretende pasar de una concepción heterónoma a otra autónoma, donde el gobierno no venga impuesto desde el exterior, sino que sea autogobierno, en el que los ciudadanos se den sus propias leyes.

El Estado social constituye el último paso, al menos por ahora, en ese proceso de configuración del Estado moderno. Parte de la consideración de que los aspectos económicos condicionan el ejercicio de los derechos civiles y políticos y de que el hombre, para poder realizarse como hombre, necesita disponer de un mínimo nivel económico; en definitiva, de que no se puede hablar de auténtica libertad si no están cubiertas las necesidades vitales más elementales. Si el Estado de derecho pretendía proporcionar seguridad jurídica, el Estado social intenta garantizar la seguridad económica y social.

El Estado social se basa también en el presupuesto de que la estructura económica no solo puede ser un impedimento para el Estado de derecho, sino también para el Estado democrático. Asumen el principio de Marx de que la desigualdad en el dinero origina también la desigualdad en el poder, y que los que concentran las riquezas tienen tales medios e instrumentos que pueden interferir en el juego democrático, desnaturalizándolo y convirtiéndolo en una envoltura puramente formal, sin ningún contenido. Si el Estado quiere ser verdaderamente un Estado de derecho y democrático, no tiene más remedio que ser también social, renegar del laissez faire e intervenir en el ámbito económico. Primero, para garantizar los derechos sociales y económicos, sin los cuales los derechos políticos y civiles serían para la gran mayoría de los ciudadanos letra muerta. Segundo, para establecer un contrapeso al poder económico, de manera que este no pueda manipular a su antojo el juego democrático, y garantizar así, aunque sea mínimamente, la objetividad del propio Estado.

Hay que afirmar, no obstante, que el avance hacia el socialismo (Estado social), solo se puede hacer desde el derecho y la democracia, trascendiéndolos, pero nunca anulándolos o destruyéndolos. Liberalismo, democracia y socialismo se complementan. La eliminación de uno cualquiera de estos términos adulterará los otros hasta corromperlos. Los derechos civiles y políticos sin una participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos se convierten, en el mejor de los casos, en despotismo ilustrado. La democracia formal, sin unas dosis mínimas de igualdad y de control democrático del poder económico, deviene en dictadura de la clase dominante. El socialismo, sin democracia y libertad, termina en tiranía de la burocracia y de los aparatos políticos.

Será principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando esta concepción del Estado vaya calando en todos los países, y se incorpore su espíritu y su eficacia a las distintas Constituciones. De este modo, las naciones que entonces tienen que redactar una Constitución lo hacen desde esta nueva perspectiva: la Constitución francesa de 1946, la italiana de 1947 y la alemana de Bonn de 1948.

La Constitución española de 1978 quizás por ser una de las últimas en redactarse es también una de las que mejor recogen las virtualidades del Estado social. De manera explícita, asume tal calificación al afirmar en su artículo 1. 1º que «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho», con lo que hace suyas las tres tradiciones derivadas de la Revolución francesa que, como ya dijimos, se complementan y se necesitan mutuamente.

Este mismo contenido viene expresado con claridad porque nuestra Carta Magna no se conforma con la mera igualdad formal de todos los ciudadanos ante la ley (art.14), sino que da un paso más e impone a los poderes públicos (a los poderes públicos, no al vecino de al lado, como piensan algunos) la obligación de promover las condiciones para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas, removiendo todo tipo de obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar así la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art.9.2).

Si bien se acepta la libertad de empresa y la economía de mercado, de forma inmediata se subordina ésta a las exigencias de la economía general y, en su caso, a la planificación (art.38). La aceptación del Estado como social implica asumir que la economía no es un sistema espontáneo, perfecto y autorregulado, sino que necesita de la constante intervención, control y dirección estatales. Consiste, en definitiva, en aceptar el especial protagonismo del Estado en el proceso económico. Son, por consiguiente, los poderes públicos los responsables del desarrollo económico (art.130) y de la planificación (art.131), pudiendo contar para ello con todo tipo de instrumentos, incluyendo la intervención directa como empresario e incluso la reserva de sectores, o recursos, cuando así lo exija el interés general (art.128.2). La propiedad privada y la libertad de empresa tienen su contrapartida y limitación en la utilidad pública y el interés social.

Esta concepción política genera su consecuencia más inmediata en que nuestra ley fundamental no solo tutela derechos civiles, sino también, y con la misma relevancia, económicos. En primer lugar, el derecho a un puesto de trabajo (art.35) que, para convertirse en efectivo, va acompañado del mandato a los poderes públicos de realizar una política de pleno empleo, porque de lo contrario, el ejercicio del derecho por una parte de la población lleva implícita la negación del mismo para el resto.

En segundo lugar, los derechos derivados de la protección social – lo que se ha dado en llamar en otras latitudes el «Welfare State» o economía del bienestar- de los que el Estado es garante: seguridad social pública, prestación por desempleo (art.41); pensiones adecuadas y periódicamente actualizables (art.50); sanidad pública (art.43); educación (art.27); vivienda digna y adecuada, impidiendo los poderes públicos la especulación del suelo (art.47) y toda una larga lista de previsiones recogidas en el capítulo III del Título I del  texto constitucional. Nuestra Constitución, al igual que buen número de las europeas, está lejos, por tanto, de conformar un escenario liberal-burgués al estilo de las del siglo XIX, con el que algunos pretenden identificarla para denigrarla a continuación y justificar la ofensiva que mantienen frente a ella.

Hasta los años ochenta esas constituciones propiciaron los niveles de mayor igualdad conocidos en Europa. La participación en la renta total del decil más alto, que con anterioridad a 1940 alcanzaba por término medio en los países europeos alrededor del 50%, desciende hasta el 30% en 1980, para subir de nuevo a partir de ese año por encima del 35%. Algo parecido se observa si utilizamos la evolución de la participación del percentil superior. En este caso los porcentajes adquieren los valores del 20 o 25%, con anterioridad al año 1940; descienden hasta el 5%, en el periodo 1940-1980, para subir a partir de este último año al 15% actual.

La menor desigualdad y el reparto más equitativo de la renta que se dan en el periodo 1940 a 1980 están, al menos en parte, relacionados con determinadas políticas que estaban enunciadas en el Estado Social previsto en estas constituciones. Entre otras, una política fiscal fuertemente progresiva, con los tipos marginales más elevados del impuesto de la renta y sucesiones del orden del 70 u 80%; un fuerte sector público empresarial, política en la destaco Francia, o la cogestión en las compañías privadas con participación de los agentes sociales en los consejos de administración, practicada especialmente por Alemania.

Si a partir de los años ochenta se produjo un cambio, un fuerte retroceso en los derechos sociales y las cotas de igualdad de los países europeos, no se debió a la modificación de las constituciones, que permanecieron en lo sustancial sin variaciones, sino a que el discurso del neoliberalismo económico fue ganando posiciones hasta hacerse casi hegemónico. Es ese pensamiento que pretende ser único el que ha impuesto la globalización y que se ha adueñado del proyecto de la Unión Europea, el que ha originado esa involución social en la que nos encontramos, y que hace casi imposible que funcione el Estado social y que las Constituciones se cumplan.

España constituye sin duda un caso especial, puesto que nuestra Constitución se aprobó mucho más tarde (1978) que las similares de otros países, y apenas hubo tiempo para que sus principios y estipulaciones surtieran efectos antes de que se produjera la involución en la economía internacional. Quizás por ello haya adquirido fuerza un fenómeno casi desconocido en otras latitudes. Los indignados, los descontentos con la situación social y económica y parte de la izquierda han atribuido la causa del retroceso a la Constitución, haciendo de su modificación la solución de todos sus males. Sitúan la diana en lugar equivocado. Miran hacia el interior, cuando debían emplazar el objetivo en el exterior, en la regresión que se ha adueñado del pensamiento económico internacional, lo que se ha denominado neoliberalismo económico, que ha llevado a la globalización y que se ha impuesto por ejemplo en el proyecto de la Unión Europea. Este movimiento en lugar de tener su origen en la Constitución del 78 la contradice y hace inviable el Estado social establecido en ella y en la mayoría de las constituciones de Europa.

Me malicio, sin embargo, que en España esta ofensiva contra la Constitución y contra lo que llaman el régimen del 78, en buena parte no es inocente, hay grupos y fuerzas sociales y políticas que lo utilizan como excusa para avanzar en su auténtico objetivo: la destrucción del Estado. Lo que molesta a Bildu, a Esquerra, al PDC, a la CUP, a JUNTS per Cat, incluso al PNV, no es esta Constitución, lo que les encrespa es cualquier constitución que no reconozca la república independiente de Cataluña o la del País Vasco. Si la monarquía les incomoda, es por ser española, y si arremeten contra el rey no es por ser rey, sino por ser jefe del Estado español. Es muy posible que estuviesen encantados si la monarquía fuese vasca o catalana. No en balde, en España el nacionalismo comparte origen con el carlismo y con el catolicismo más reaccionario.

Lo que resulta menos comprensible es el comportamiento de las formaciones políticas de ámbito estatal que apoyan, defienden y asumen como propio el discurso de los partidos independentistas. Solo los intereses personales y de secta podrían tal vez explicarlo. No digo yo que la Constitución sea perfecta, pero tiene una gran virtud, que fue fruto del consenso. No es una Constitución de parte, como las del siglo XIX, y que dura lo que esa parte permanece en el gobierno. Es de todos porque no es de nadie y a nadie deja satisfecho. Dudo que hoy pueda existir un consenso equivalente para realizar cualquier cambio en profundidad. Abrir ese melón es lanzarnos al descontrol y a la anarquía, pero quizás es eso lo que pretenden los detractores de la Constitución. No, quizás no sean las reglas de juego las que haya que cambiar, sino los jugadores.

republica.com 25-12- 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Existe un interrogante, y es si los políticos son los plebeyos y contagian a toda la sociedad o si es la sociedad actual la que está encanallada y escoge a los políticos de acuerdo con su naturaleza. Lo que es cierto es que la mediocridad se ha ido adueñando del mundo político. Solo hay que ver los currículos. Lastra, la del currículo brillante, dice que escucha a sus mayores, pero parece que con poco éxito. Añade que ahora le toca a una nueva generación regir el país y el PSOE. Lo dice de tal modo que da la impresión de que les hubiera correspondido en una tómbola. Ciertamente, a algunos les ha tocado la lotería. De no haber entrado en política, el presidente del gobierno estaría llevando el maletín de cualquier catedrático, y algunos ministros no habrían llegado en la administración ni a jefes de servicio.

Zapatero, siguiendo las huellas de Lastra, afirma que el poder se ejerce generacionalmente.  Difícil de entender. Yo creía que el poder se ejercía bien o mal, despótica o democráticamente, justa o arbitrariamente y de mil formas más, pero generacionalmente es la primera vez que lo oigo. Para aclararlo, y creyendo ser profundo, añadió “cada tiempo tiene su afán”. El afán de Zapatero consistió en dejar al partido socialista y al país hechos unos zorros. De aquellos polvos vienen estos lodos. A esto debe de referirse con lo de generacionalmente, porque en cuanto alcanzó la Secretaría general se empleó a fondo en purgar su formación política de todo aquel que hubiese significado algo en el pasado. Quien es insustancial aguanta mal la proximidad de la competencia.

Ese cambio generacional del que Zapatero se jacta, y que en realidad ha afectado a casi toda la clase política, debería llamarse más bien proceso de degeneración. La moneda mala expulsa a la buena, afirmamos los economistas enunciando la ley de Gresham. De forma similar, la regla se cumple en el terreno social, los políticos malos expulsan a los buenos. Una nueva clase política caracterizada por su insignificancia y simpleza se ha adueñado del poder en casi todos los partidos. Zangolotinos que casi han pasado del bachiller al juego político, sin actividad intermedia, se han licenciado en politiqueos y doctorado en escaramuzas y batallas internas.

Esta nueva clase política, la mayoría de de sus miembros sin oficio ni beneficio, necesita que los partidos se conviertan en agencias de colocación. Hay que pagar a las huestes y a los mercenarios. Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, y por supuesto la Administración central y todos sus apéndices, constituyen plataformas adecuadas, siempre que se sustituya a los empleados públicos por el personal que llaman de confianza o, lo que es lo mismo, se cambien el mérito y la capacidad, definidos en la Constitución, por la dedocracia.

El envilecimiento político se transforma en decadencia administrativa. Los gabinetes y el número de asesores se multiplican, se crean ministerios, secretarías de Estado, secretarías generales, etc., sin apenas competencias. Los nombramientos, tanto en la Administración como en las empresas públicas, poco tienen que ver con la capacidad, la profesionalidad o el trabajo bien hecho. Tampoco creo que tengan que ver mucho con la ideología. Lo definitivo es la pertenencia a un partido político o, mejor dicho, a una familia política. Se pagan ante todo las fidelidades. Incluso, a veces, según cuál sea el cargo a ocupar, no se necesita ser militante, ni siquiera simpatizante, sino solo pertenecer al círculo de amistades del ministro o del secretario de Estado de turno, y, eso sí, ofrecer certeza de que se va a mantener lealtad absoluta, casi vasallaje, a quien te ha elegido. Hay algo de cooptación, de feudalismo. Lo primordial son las relaciones personales. La mediocridad existente en la política se traslada a la Administración.

También el avance tecnológico ha propiciado la plebeyez y la nimiedad en el discurso político y social. Las redes sociales han facilitado el acceso generalizado a la comunicación; todos pueden opinar sobre cualquier tema, tanto los listos como los tontos, tanto los ilustrados como los iletrados, tanto los conocedores de la materia como los que se inventan la respuesta y mienten. La información adquiere un volumen ciclópeo, imposible de abarcar, imposible de discriminar. Todo debe explicarse en 280 caracteres. Impracticable cualquier análisis, cualquier argumentación. Solo caben el eslogan, la consigna, el insulto, la bagatela, incluso el rebuzno. Todo ello constituye no solo el cultivo adecuado para que triunfe la rusticidad o la grosería, sino también para hacer pasar por verdades las mentiras.

Las redes sociales debilitan a los medios de comunicación, que a su vez quedan también inmersos en un mar de ramplonería. Presa cada uno de ellos de su filiación política, condicionan la verdad a los intereses de la militancia que han adoptado. Las posiciones están trazadas de antemano. No se precisa, por tanto, ni erudición ni discernimiento, basta con repetir los mantras. Han ganado protagonismo las tertulias, de las que han desaparecido los expertos y los técnicos para dejar espacio tan solo a los periodistas, especialistas en hablar de todo y no saber de casi nada.

Es el tiempo de la chabacanería y de la vulgaridad. Este Gobierno, para justificar su mediocridad e insignificancia, pretende el igualitarismo, que no la igualdad. Intenta desterrar del sistema educativo todo incentivo de superación, permitiendo que se pase de curso sea cual sea el número de suspensos. No hace falta mucha imaginación para ser consciente de a qué escenario nos conduce tamaña medida. Homogeneizar por abajo. El esfuerzo, el estudio, el trabajo, carecerán de razón de ser, si al final todo el mundo va a ser igual. ¿Para qué estudiar una carrera? Viva la bagatela.

Nivelar en el saber a la cota más baja propicia la desigualdad real. Los miembros de clases económicas altas no precisan de la cultura para mantener un puesto de preeminencia en la sociedad. Sin embargo, sobresalir en los estudios es casi la única vía de movilidad social de los que pertenecen a los estratos económicos más humildes. Prescindir de la educación como mecanismo de diferenciación social es consolidar otras vías más injustas o espurias, como son las diferencias económicas o el trapicheo político.

Un administrativista afirmó, y creo que con razón, que la única institución democrática de la dictadura franquista fue el sistema de oposiciones. Sin embargo, a una mayoría de los políticos no parece que les gusten. En general, no les gustan los funcionarios. Quizás porque ellos no han sido capaces de sacar ninguna oposición, o tal vez porque constituyen procedimientos objetivos y reglados y prefieren la arbitrariedad y la dedocracia. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos dedica unas líneas a lo que titula modernización del acceso a la carrera judicial. Se comprometen a “crear nuevos mecanismos de acceso a la carrera judicial que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación económica de los aspirantes”.

¿Nuevos mecanismos? Saltan todas las señales de alarma cuando se intuye que lo que se pretende es modificar el sistema actual; y es que no hay procedimiento más objetivo y menos discrecional que el sistema de oposiciones para garantizar el mérito y la capacidad, no solo de los jueces, sino de todos los funcionarios públicos. Si es importante defender el sistema de oposiciones en el acceso general a la función pública, se hace imprescindible cuando de lo que se trata es de la carrera judicial. Garantizar la objetividad y desechar toda posibilidad de discrecionalidad en la incorporación de jueces y fiscales constituye una condición para poder hablar de Estado de derecho.

Cuatro formaciones políticas -Más País, Junts per Catalunya, Ciudadanos y Teruel Existe (si acaso a estos últimos se les puede llamar formación política)- presentaron una enmienda a la ley de presupuestos por la que se pretendía incorporar sin oposición a los cuerpos superiores del Ministerio de Hacienda (A1) a los cerca de diez mil miembros de los cuerpos intermedios (técnicos, A2). La enmienda no ha prosperado por la cuasi sublevación de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos altos (A1), y sobre todo porque se abría un melón en extremo peligroso, ya que todos los funcionarios de grado intermedio de la Administración central, y me imagino que también de las Administraciones autonómicas, habrían exigido de inmediato seguir el mismo camino. Pero el hecho es revelador, no obstante, del desconocimiento que los señores diputados tienen de la Administración y, sobre todo, del desprecio que profesan al mérito y a la capacidad. Resulta especialmente sorprendente lo referente a la formación de Ciudadanos, que tiene de portavoz parlamentario a un abogado del Estado. Bien es verdad que de Ciudadanos ya no nos extraña nada.  Viva la bagatela.

republica.com 11-12-2020

Podemos, Esquerra y Bildu han presentado una enmienda conjunta a la ley de presupuestos, destinada a suspender hasta 2023 los desahucios de las familias en situación de vulnerabilidad. Según manifestaron en rueda de prensa, su finalidad es presionar al PSOE. Quien, como de costumbre, ha manifestado de forma más expresiva pero también más impertinente el sentido que se pretendía dar al acto ha sido Rufián: “Aquí está la anti España defendiendo derechos fundamentales”.

Comienzo por preguntarme por qué no ir más allá, y legalizar y legitimar la ocupación de cualquier vivienda en caso de insuficiencia económica. Además, la vulnerabilidad no termina en la vivienda. Ni termina ni empieza. Hay otras muchas necesidades y quizás más primarias. ¿Por qué no introducir en la ley una enmienda que legalice todo hurto o robo cometido por una familia en situación de pobreza? Sería legal que los indigentes entrasen en los supermercados, en los grandes almacenes y en cualquier tienda, incluso en domicilios particulares, y se apropiasen libremente de lo que necesitasen para solucionar su problema. No hablo solo de que no sea delito o eximente -lo cual ya está previsto-, sino de que sea legal y todo el mundo en esas circunstancias económicas pudiera hacerlo con toda tranquilidad, a la luz del día y sin que nadie les molestase, como si se tratase de ejercer un derecho.

Se me dirá que exagero. Es posible, pero no parece que sea más equitativo hacer recaer sobre los miles y miles de pequeños arrendadores el coste de ayudar a las familias en situación de indigencia que sobre los dueños de comercios de todo tipo o sobre cualquier otro ciudadano. Se aducirá también que este planteamiento nos arrastraría al caos. Puede ser verdad, pero el caos jurídico se instaura ya cuando se propicia el incumplimiento de los contratos (pacta sunt servanda) y se hacen incidir sobre personas particulares, de forma aleatoria, las cargas que debe asumir el Estado.

Es cierto que el artículo 47 de la Constitución estipula que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero son los poderes públicos y no los ciudadanos los que están obligados a proporcionarla a aquellos que no pueden obtenerla por sus medios, y repercutir este coste social -como todos los demás gastos públicos- sobre todos los contribuyentes de acuerdo con su capacidad económica, mediante impuestos progresivos. Resulta injusto que se haga de manera caprichosa sobre un solo colectivo y a modo de mera lotería. Hacer que los arrendadores soporten la carga es como si el derecho a la sanidad gratuita tuviera que ser sufragado por los médicos, o el derecho a la educación, por los maestros.

Son los poderes públicos los que deben garantizar la totalidad de la política social, y por ende una vivienda adecuada a quienes carecen de medios económicos. Tienen instrumentos para ello, bien facilitando una solución habitacional alternativa, bien haciéndose cargo directamente del pago del alquiler u otro procedimiento parecido. Por ahí es por donde debía haber ido la enmienda. Un Estado que abdica de sus obligaciones y pretende trasladarlas de forma casual a un grupo de ciudadanos concretos es un Estado fallido. En la anarquía, sin Estado de derecho, malamente puede darse el Estado social.

Si se aprobase la enmienda, el resultado sería equivalente en el fondo a establecer sin justificación un impuesto a un colectivo determinado, el de aquellos arrendadores cuyos inquilinos no les pagan el alquiler, y a los que se ata las manos para poder recurrir jurídicamente. Es un impuesto porque se les hace asumir el gasto que debería financiar el Estado. El contenido de esta enmienda parece contradictorio con el hecho de que los autores hayan aceptado la inconveniencia de elevar los tributos durante la pandemia.

El problema es ciertamente legal, de justicia, de distribuir adecuadamente el coste de la política social, haciéndolo repercutir de forma generalizada sobre todos los ciudadanos en función de su capacidad económica; pero también es una cuestión de eficacia: conseguir adecuadamente los objetivos sociales que se dice querer alcanzar, y no los contrarios, que es lo que paradójicamente va a suceder con la enmienda propuesta. El Estado debe ser social; el mercado no suele serlo, no se rige precisamente por esos valores. Cuando se le violenta y se pretende que los adopte por la fuerza, el resultado puede acabar siendo nefasto.

El mercado del alquiler en España, a pesar de las voces interesadas en hablar continuamente de los fondos buitres, está muy atomizado. Más del 95% de los arrendadores son personas individuales, pequeños propietarios, la mayoría de clase media, y de mentalidad muy conservadora, no quieren riesgos. Este colectivo en buena medida ha canalizado sus ahorros al mercado inmobiliario porque lo considera mucho más seguro que el de los activos financieros; y sus miembros están dispuestos a salirse de él en cuanto vislumbren que el riesgo aumenta.

Muchos consideran que padecen ya indefensión y que se encuentran en una posición de inferioridad frente al arrendatario, que puede impunemente (no solo por indigencia) dejar de pagar el alquiler. Su única arma es el desahucio. Desahucio que suele dilatarse en el tiempo y que, cuando al final se logra, el piso suele presentar considerables desperfectos, a lo que hay que añadir a menudo deudas en suministros. Y, desde luego, en raras ocasiones se recuperan las rentas dejadas de ingresar. La estigmatización de los desahucios y enmiendas como estas incrementan su intranquilidad, y la posibilidad de que se retiren del mercado.

Tales políticas, encaminadas teóricamente a defender a los inquilinos, pueden terminar perjudicándolos, pues provocarán una reducción de la oferta con la consiguiente elevación del precio o, lo que es aún peor, que los arrendadores adopten medidas muy selectivas a la hora de alquilar. Se expulsará así del mercado a los más vulnerables (emigrantes, parados y precarios con riesgo de desempleo, familias con hijos pequeños o con ancianos, etc.), precisamente aquellos a los que se dice querer proteger. Este colectivo, ante la duda de los posibles arrendadores acerca de si van a poder hacer frente al pago de la renta y la sospecha de que en caso de conflicto va a ser mucho más arduo el desalojo, tendrá enormes dificultades para encontrar quien esté dispuesto a alquilarles una vivienda. El resultado será el contrario al que teóricamente se pretendía.

Algo similar puede ocurrir con las entidades financieras. Al margen de la opinión que se tenga de los bancos, el caso es que ante la imposibilidad de llevar a cabo desahucios su reacción será similar  a la de los arrendadores. Endurecerán las condiciones de las hipotecas, y en especial negarán su concesión a muchos más demandantes, a todos aquellos que presenten la más mínima probabilidad de resultar en el futuro insolventes, es decir, a los colectivos más vulnerables.

Rufián en la rueda de prensa afirmó que allí estaba la anti España defendiendo los derechos fundamentales. Allá ellos si se denominan así. En realidad, no sé lo que quieren indicar con este apelativo. Lo que sí parece cierto es que los tres tenores que dieron la rueda de prensa se confiesan y actúan como detractores del Estado español, y partidarios de su disgregación. En la rueda de prensa estaban presentes Jaume Assen, de en Comú Podem y persona de total confianza de Colau; Rufián, de Esquerra Republicana y Arkaitz Rodríguez de Bildu, los tres defensores de la autodeterminación de todas las regiones y, lo que más grave, valedores y legitimadores del golpe de Estado. Quien está en contra del Estado de derecho difícilmente se puede titular después paladín del Estado social.

La enmienda no defiende los derechos fundamentales, más bien lo que hace es reconocer el fracaso de un gobierno (al que los tres de una o de otra forma pertenecen, o al menos apoyan) que se declara incapaz de afrontar el problema de las familias en situación de vulnerabilidad y cifra su solución en el expolio de un grupo particular de ciudadanos que no pertenecen precisamente a las clases más pudientes.

Si la pretensión de la enmienda era proteger el derecho a la vivienda de los indigentes tendría que haberse orientado por otros derroteros: decretar la obligación del Estado de ofrecer una vivienda alternativa o asumir el pago del alquiler, y reclamar al mismo tiempo el establecimiento de una partida presupuestaria para atender tal contingencia. Es en este terreno donde podría hablarse de la cuestión de decencia a la que se refería Rufián y no en el de la propuesta realizada.

Hay que preguntarse, por tanto, si la finalidad última no es otra muy distinta, introducir ruido en el sistema, debilitar al Estado. Porque un Estado que para asegurar los derechos de unos ciudadanos no respeta los de otros, que quebranta la seguridad jurídica, es un Estado resquebrajado, anárquico. Camina a la descomposición. Pero, tal vez sea este el desiderátum de los tres tenores.

Republica.com 27-11- 2020