ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Dicen que Ortega y Gasset fue el autor intelectual de la estructura territorial dibujada en la Constitución del 78. Efectivamente, el filósofo madrileño defendió en su tiempo organizar el Estado español en una serie de regiones autónomas, más o menos semejantes a las actuales. Quizás imbuido por el pensamiento identitario alemán, pensaba que la única fotma de mantener un Estado fuerte y centralizado era concediendo autonomía a sus territorios, de manera que tuviesen su propio gobierno y su asamblea legislativa. No obstante, Ortega se negó siempre a dar un paso más, caminar hacia un Estado federal. En su diseño no se pretendía unir unas entidades previamente existentes e independientes para crear una unidad nueva llamada España, sino todo lo contrario, conceder autonomía a las partes para fortalecer el todo.

La soberanía era solo una y pertenecía a España como nación. Por eso en las discusiones del estatuto catalán en la Cortes españolas de la Segunda República, Ortega se pronunció en el sentido de que quedase deslindado del proyecto de Estatuto todo cuanto significase, o pudiese parecer, amenaza a la soberanía unida, o que dejara infectada su raíz. Por este camino –decía- iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional.

Se dirigía a los nacionalistas con estas palabras: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía. Y conste que autonomía significa, en la terminología juridicopolítica, la cesión de poderes; en principio, no importa cuáles ni cuántos, con tal de que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien».

Por el mismo motivo arremetía por su carácter ambiguo contra el término “ciudadanía catalana”, ya que en sentido estricto ciudadanía es el concepto jurídico que liga al individuo con el Estado. Del mismo modo, defendió que en el estatuto debía quedar meridianamente claro que lo que el Estado otorgaba por la autonomía podía volver a sus manos más tarde y no solo por la voluntad de los catalanes, sino también por la del propio Estado.

Ortega pensaba que la mejor forma de vertebrar el Estado y de neutralizar toda tendencia secesionista era organizarlo dividiéndolo en grandes regiones autónomas. Solo habrá -llegó a afirmar-verdadero y saludable centralismo, es decir, Estado, cuando haya vigoroso autonomismo y viceversa. Y eso mismo debían de pensar los diputados del 78, cuando consagraron en la Constitución el Estado de las Autonomías.

A estas alturas de la película es fácil llegar a la conclusión de que Ortega se equivocó y los que aprobaron la Constitución del 78 cometieron el mismo error, pensar que las Autonomías servían para aplacar las ansias de los soberanistas. Nada más ilusorio que creer que las repetidas concesiones apaciguan al nacionalismo. Hoy, después de cuarenta y cuatro años, el problema territorial está infinitamente peor y más infectado que durante la Transición.

Pero lo cierto es que quizás ni uno, ni los otros tendrían que haberse equivocado si hubiesen reparado en la Historia. El regionalismo terminó con la Primera República española, precipitándola al caos. La pretensión de conseguir una república federalista condujo al cantonalismo y a la anarquía. Hasta el propio Pí i Margall se vio sobrepasado e impotente para controlar los distintos focos de independencia. Cuando un Estado federal se forma por la suma de entidades políticas independientes puede llegar sin duda a una situación de cierto equilibrio; pero si, por el contrario, se pretende formar una federación por la separación de partes de un Estado ya constituido, la situación será de inestabilidad porque significará adentrarse en un proceso que nunca se dará por terminado. Cada grado de autonomía servirá para reclamar más y más sin saciarse nunca, hasta llegar a la independencia.

Con el Estado de las Autonomías se puso en marcha una fuerza centrífuga que parece no tener fin y que conduce al cantonalismo, cuando no a la secesión. Esta fuerza ha ido adquiriendo mayor o menor intensidad dependiendo de las circunstancias y de otras variables. El primer factor que ha colaborado a incrementar esa tendencia ha sido la propia Constitución que, a diferencia de la alemana a la que siguió en otros muchos aspectos, se definió como no militante y consiente la existencia de partidos políticos que defienden abiertamente la ruptura de España. Así mismo permite que determinadas Comunidades gocen de ciertos privilegios (a los que llaman fueros) en materia presupuestaria y fiscal, propios de la Edad Media.

A ello hay que añadir la propia ley electoral que otorga una representación mayor de la que corresponde a los partidos nacionalistas y no impuso su presencia en un número mínimo de provincias para poder tener diputados en el Parlamento español, medida que hubiese sido necesaria para que los intereses de todos los parlamentarios coincidan con el interés general de la nación y evitar así que el Congreso se convierta en una subasta en la que se puja por votos a cambio de privilegios provincianos.

Durante los muchos años que el sistema ha girado alrededor del bipartidismo, los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, mediante la cesión de sus votos en las Cortes Generales, obtuvieron pingües privilegios y consolidaron sus posiciones en las respectivas Comunidades Autónomas. Tanto el PSOE como el PP, cuando estaban en el gobierno, les dejaron actuar libremente en sus territorios a cambio de contar con su apoyo en el Parlamento nacional. Poco a poco, en parte mediante un fuerte adoctrinamiento, en parte mediante un continuo trasvase de competencias y en parte debido a la pasividad de los gobiernos centrales, Cataluña y el País Vasco han ido conformándose como Estados independientes, si no de iure, sí de facto, de tal modo que al final los separatistas terminan creyendo que también lo son de pleno derecho.

Al mismo tiempo, en todas las otras regiones se fue formando una clase política cuyos intereses están ligados en buena medida al proceso autonómico, y que por lo tanto apuestan más y más por la autonomía. Igualmente, no es extraño que vean con cierta envidia al País Vasco y a Cataluña y pretendan imitarles bajo la premisa de que ellos no son menos.

Tres factores vienen a influir de forma definitiva en las fuerzas disgregadoras en los últimos años. En primer lugar, la crisis de 2008 y el surgimiento del 15-M. En segundo lugar, el proceso de fagocitación del PSOE por parte del sanchismo y, en tercer lugar, el surgimiento de Podemos. La crisis de 2008 y las manifestaciones del 15-M en Barcelona en contra de la política de la Generalitat llevaron a Artur Más y al Gobern a desviar los cañones hacia otro lado, hacia Madrid, y dar el paso que hasta ese momento no se habían atrevido a dar: independencia sí o sí.

La dominación del sanchismo sobre el PSOE constituye un hito decisivo. Pedro Sánchez consiguió los peores resultados obtenidos nunca por su partido, pero no se resignó a ser perdedor. En contra de la sensatez y de lo que sería lógico, con el fin de llegar al gobierno y mantenerse en él ha estado dispuesto a pactar con toda clase de formaciones de lo más heterogéneo: regionalistas, independentistas, que ya eran golpistas, e incluso con los herederos de los terroristas vascos. El Gobierno Sánchez no solo ha blanqueado todas estas formaciones políticas cuya finalidad es quebrar el Estado, sino que en buena medida las ha hecho partícipes en la gobernación de ese Estado que quieren fragmentar. No solo ha permitido que se intensificaran las tensiones secesionistas en el País Vasco y Cataluña, también ha propiciado que otras Autonomías como Baleares, Navarra o Valencia comiencen a andar por el mismo camino.

En otros territorios, aunque con menos pulsiones separatistas, se ha tomado muy buena nota de las ventajas que obtienen los partidos nacionalistas, así que las formaciones políticas regionalistas o incluso provincianas han comenzado a proliferar como las setas. Últimamente, el Parlamento se ha fraccionado y se han multiplicado las siglas, en algunos casos de forma ridícula; pero es de todos esos partidos de los que se vale Sánchez para seguir manteniéndose en el gobierno.

Son ya muy numerosos los partidos políticos en el Congreso cuya representación se limita a una región o a una provincia: Compromís en la Comunidad Valenciana; Partido Regionalista en Cantabria; Coalición Canaria y Nueva Canarias, que se formaron a su vez por no sé cuántas formaciones políticas; PDECat, Esquerra, CUP y Junts pel sí en Cataluña; PNV y Bildu en el País Vasco; el BNG en Galicia; el Foro en Asturias; Mas País en Madrid; Unión del Pueblo Navarro en Navarra y, por último, Teruel existe.

En una tendencia que cada vez es más pronunciada, son muchos los partidos que con representación en los parlamentos regionales están a la espera para saltar al Congreso de Madrid, tal como por ejemplo lo han demostrado las últimas elecciones en Castilla y León, en las que Soria ya y Unión del Pueblo Leonés han obtenido tres escaños cada uno, y la formación Por Ávila, uno. En Baleares, Mes Mallorca, con implantación en esa isla, y que gobierna con el PSOE en la Comunidad, afirma que el Estado de las Autonomías está agotado. Su especial interés radica en que mantiene la misma concepción del federalismo que los cantonalistas de la Primera República, un proceso de abajo arriba. Propone la creación de partidos en las restantes islas, que se terminen federando con ellos mediante referéndums.

Cometen un error los que piensan que las injusticias y desigualdades generadas por el secesionismo y los partidos nacionalistas se superan y desaparecen mediante el cantonalismo. Cuanto más se disgregue el Estado, el quebranto a las regiones más abandonadas y deprimidas será mayor, y mayores los desequilibrios entre las Comunidades. El diputado de Teruel existe fue decisivo para la investidura de Sánchez. Hoy, sus votantes deberían preguntarse si las limosnas prometidas -que no sé si cumplidas-, compensan el coste de haber impuesto un Gobierno Frankenstein a toda España.

El tercer factor es el surgimiento de Podemos como partido político, y la extraña postura adoptada por dicha formación frente a los regionalismos y los nacionalismos. El 14 de septiembre de 2017 publicaba yo un artículo en este diario digital titulado “El coqueteo nacionalista de Podemos”. Poco tengo que añadir a lo que allí afirmaba. Así que me remitiré a ello en aras de no alargar demasiado este artículo. Solo reiteraré lo que a mi entender ha sido el problema fundamental de esta formación: su afán por llegar al poder lo antes posible, sacrificando incluso la coherencia en el discurso.

La finalidad de obtener en cada sitio los mejores resultados es el motivo de la heterogeneidad, que en cada Comunidad y Ayuntamiento se ha plasmado en distintas alianzas, y también en la pluralidad de discursos, que se concreta en la defensa del derecho de autodeterminación y en el coqueteo con los nacionalistas y regionalistas. Las prisas por llegar al poder se han evidenciado también en la búsqueda constante del pacto con el PSOE, a pesar de que el 15-M surgió cuando gobernaba Rodríguez Zapatero y no Rajoy.

Mantenía en aquel artículo también que este planteamiento a medio y a largo plazo podía ser peligroso para la propia formación. En muchas Comunidades, precisamente las más pobres y peor dotadas, no se vería con buenos ojos -como así está ocurriendo- que un partido teóricamente de izquierdas se coloque a favor de las sociedades ricas que quieren romper la unidad solidaria del Estado. En las otras, con presencia de nacionalistas y regionalistas, no era fácil que se hiciese un hueco con un discurso ambiguo. Los electores prefieren siempre las primeras marcas. Y en cualquier caso la defensa de la disgregación a nivel territorial puede ser un búmeran que termine actuando sobre el propio partido disgregándolo en fracciones casi autónomas.

Caben pocas dudas de que la postura de Podemos está facilitando la aparición del cantonalismo; pero al mismo tiempo se produce el declive de la propia formación. Creo que muchos de sus líderes son conscientes de ello. De ahí el intento de refundación con la actual ministra de Trabajo. Pero curiosamente parece que se pretende copiar el mismo patrón. La famosa reunión en Valencia, que en cierto modo pretendía servir de presentación del nuevo proyecto, aparte de echarse en falta la cuota masculina, seguía idénticos cánones disgregadores: Colau por Cataluña, Oltra por Valencia, Mónica García por Madrid, y la misma Yolanda Díaz por Galicia. Todo ello con un extraño olor a cantonalismo. Modificamos algo para que nada cambie.

republica 3-3-2022

La del coronavirus, como toda crisis, dejará tras de sí secuelas y también enseñanzas. Pondrá al descubierto facetas de la realidad que quizás intuíamos, pero que no teníamos valor para confesarnos. Una está ya emergiendo. El Estado está desnudo. Nos estamos quedando sin Estado, se nos va de las manos. En los momentos de crisis es cuando se pone a prueba el músculo de la sociedad, de esa sociedad organizada políticamente que es el Estado. Ya en 2008 intuimos que este fallaba y era incapaz de dar solución a muchos de los problemas que se presentaban. Desde entonces, los indicios de su anemia se vienen repitiendo y esta crisis nos los está confirmando.

Habrá quien diga que lo que hace aguas no es el Estado, sino el Gobierno, los políticos. Acudir a los defectos de los políticos para explicar las cosas que van mal es siempre socorrido. El Gobierno de Zapatero en 2008 dejó muy claro que no era el más indicado para enfrentar aquella crisis, ni por supuesto el de Sánchez lo es para afrontar la de ahora. Todos los días lo comprobamos. Pero ahí no acaba todo.

Montesquieu, al describir su sistema político, lo justificaba de la siguiente manera: No se puede confiar en que los gobernantes sean buenos; si lo son mejor, qué mejor. Pero es preciso construir un sistema en el que los poderes públicos se controlen mutuamente, de modo que, aunque quieran, no puedan apartarse de las reglas y de la ley. Creo que esta aseveración continua siendo perfectamente válida en nuestros días. Nos quedaríamos en la superficie si detrás de la ineptitud de los respectivos gobiernos no vislumbrásemos un problema de mayor calado. Es más, ¿el mismo hecho de que personas tan incompetentes y mediocres hayan llegado a la cima del poder no se debe en parte a las profundas brechas que presenta nuestra organización política? En el caso del actual Gobierno la respuesta resulta incuestionable. Solo hay que examinar todos los factores que han hecho posible que Pedro Sánchez ocupe la Moncloa.

El tema es de suma envergadura y también de enorme gravedad. Se enmarca en un proceso en el que el Estado ha ido perdiendo competencias por arriba hacia la Unión Europea y por abajo hacia los entes territoriales, y en ambos casos las cesiones no han sido satisfactorias; los resultados, nefastos. Hemos ido destruyendo el Estado sin que nada ni nadie fuese capaz de sustituirlo. Ahora bien, un problema tan complejo no se puede abarcar en un artículo de un diario, por mucha amplitud que tuviese. Me limitaré por tanto a resaltar, y de forma somera, algunos hechos que se han puesto de manifiesto en esta crisis, de los que muy posiblemente casi todos nos hayamos percatado.

Las sociedades cuando atraviesan por situaciones críticas, como en las guerras, para ganar en eficacia no tienen más remedio que prescindir de grados de libertad y configurarse políticamente alrededor de un mando único y fuerte. Nuestra Constitución, a pesar de los defectos que acumula en lo tocante al ámbito territorial, reconoce tres estados de anormalidad política, estado de alarma, de excepción y de sitio, en los que los ciudadanos pierden progresivamente algunos de sus derechos y los órganos territoriales se ven forzados a devolver al gobierno central parte de sus competencias.

En los momentos actuales, todo el mundo habla de que estamos en una guerra e incluso se emplea continuamente un lenguaje bélico, por lo que no tiene nada de extraña la declaración, al menos del estado de alarma, y que el gobierno central haya asumido el control y la dirección en todo lo referente a la crisis. Es más, a la vista de lo que ha ocurrido después, no hay demasiadas dudas de que la declaración se pospuso indebidamente. Se estuvo mareando la perdiz con la coordinación, el buen talante y lo bien que se llevaban todos, gobierno central y autonómicos, pero, por lo que se ve, tal comportamiento resulto totalmente ineficaz.

El estado de alarma debería haberse declarado mucho antes, porque una crisis como esta no se podía gestionar desde 17 Comunidades Autónomas cada una de ellas actuando por su cuenta. Ello no quiere decir que hubiese habido que adelantar también el confinamiento, al menos con idéntico rigor con el que se ha establecido. Si se han unido ambas realidades es porque la primera se decretó con mucho retraso. Lo normal es que con anterioridad al aislamiento se hubieran planificado todas las actuaciones de forma centralizada y se hubiese efectuado el aprovisionamiento de todo el material y de los equipos que previsiblemente se iban a necesitar. Desde luego, la situación que se avecinaba no era para que cada administración actuase por su cuenta.

Poca duda cabe de que el motivo del retraso hay que buscarlo en la pretensión del Gobierno de no enemistarse con sus socios, los secesionistas catalanes y vascos. No obstante, a pesar de la dilación, reaccionaron indignados afirmando que se trataba de un 155 encubierto. Pero, mirando una vez más al fondo de la cuestión y prescindiendo de la bondad o maldad de los políticos, la causa última se encuentra en la debilidad de un Estado que permite que su Gobierno pueda deber la investidura y el mantenerse en el poder a un partido que está claramente a favor de dar un golpe contra el propio Estado.

En la moción de censura de 2018, Aitor Esteban inició su intervención mofándose del gran Estado español cuyo Gobierno estaba pendiente de los cinco diputados del PNV. El comentario era tremendamente humillante, pero cierto. Y no solo era respecto de los cinco diputados del PNV, sino también de los diputados del PDC y de los de Esquerra, que acababan de sublevarse en Cataluña. Además, esta situación insólita se volvió a repetir en enero de este año cuando Pedro Sánchez fue elegido presidente del gobierno con los votos de los independentistas y los golpistas. Habrá quien afirme que la responsabilidad es de Pedro Sánchez, que ha aceptado gobernar de esa manera. No diré que no, sin duda su culpabilidad es grande. Pero retornando a lo que se decía al principio del artículo sobre Montesquieu, el origen hay que situarlo en la indigencia política de un Estado cuya estructura legal lo permite.

Tal vez el descubrimiento más relevante, pero también el más lamentable, se haya producido después de decretar el estado de alarma, pues al anunciar que se centralizaba todo el poder en el Gobierno, y más concretamente en el Ministerio de Sanidad, nos hemos quedado absurdamente sorprendidos (absurdamente, porque debíamos de haber sido conscientes de ello antes) al constatar que el Ministerio de Sanidad no existía, que el rey estaba desnudo. Después de transferir Aznar, hace 25 años, toda la sanidad a las Comunidades Autónomas, el Ministerio es un cascarón sin contenido y, lo que es peor, sin instrumentos ni estructura para asumir el papel que en este momento se le asigna. Al mismo tiempo, el ministro de Sanidad, al que se nombra general con mando en plaza, es un profesor de Filosofía del PSC, amigo de ICETA, al que se había colocado en ese ministerio sin competencias únicamente para que estuviese en el Gobierno y pudiese participar en la famosa mesa de diálogo con la Generalitat.

Los errores, las ineptitudes, los fallos, se han multiplicado por doquier, sobre todo en algo tan básico y al mismo tiempo tan necesario como la adquisición y el aprovisionamiento del material sanitario. Se han sucedido anécdotas propias de un vodevil, pero que se convertían inmediatamente en trágicas por los desenlaces lúgubres o las situaciones dramáticas que las rodean. Cuando pase todo y se haga balance, se conocerá en qué grado de desconcierto nos hemos movido.

Al final, el resultado ha sido que en gran medida cada Comunidad ha debido apañarse por sí misma, lo que nos puede dar idea de las consecuencias. Diecisiete pequeñas Comunidades (en este orden todas son pequeñas) compitiendo incluso entre sí y contra su propio Gobierno en un mercado totalmente tensionado, en el que también participan las primeras potencias mundiales. Además, se ha perdido un tiempo precioso porque el mercado se va enrareciendo cada vez más, especialmente ahora que entra en liza EE. UU.

La carencia de medios, de estructura y de experiencia práctica en el Ministerio ha forzado a que cada Comunidad haga la guerra por su cuenta, no solo en materia de aprovisionamiento, sino en casi todos los aspectos, creándose una situación un poco caótica. Incluso hemos escuchado al ministro de Sanidad pedir la solidaridad de unas Comunidades respecto a otras, en lugar de usar la autoridad y el mando único del que estaba investido para distribuir adecuadamente el material.

No deja de ser significativo que haya sido el ejército la institución que se ha comportado sin fisuras, vertebrando todo el territorio nacional, dando una inmensa sensación de eficacia, y no es por casualidad que, como es sabido, esta área estatal haya permanecido al margen de cualquier transferencia a las Comunidades Autónomas. Incluso el mismo Torra, después de que en un principio la Generalitat hubiera rechazado con petulancia y desdén la colaboración del ejército, se ha tragado su orgullo y le ha tenido que pedir ayuda para desinfectar todas las residencias de mayores en Cataluña. ¿Qué dice ahora ese portento de alcaldesa que hay en Barcelona, cuando hará unos dos años, al acercarse unos militares a saludarla cortésmente, les espetó con su mala educación que no eran bien venidos?

El hecho de que en esta crisis destaque el buen papel que está haciendo el ejército nos remite a otra crisis, la del golpe de Estado perpetrado en Cataluña, y a otra institución, la de la justicia, que hoy por hoy tampoco está transferida a las Autonomías. En esa crisis también se mostraron las profundas carencias y goteras de nuestro Estado, creándose las situaciones más esperpénticas. Continúan gobernando en Cataluña los mismos partidos que emplearon el enorme poder que les concedía el control de la Generalitat para dar un golpe de Estado del que no se retractan. Todo lo contrario, afirman rotundamente que volverán a intentarlo. Y si no lo hacen, es precisamente por miedo a la justicia.

No es el diálogo de Sánchez el que tiene paralizados sus propósitos, sino el Tribunal Supremo. Incluso en plena pandemia cuando desde la Generalitat una vez más se pretende dar un trato privilegiado a los golpistas permitiéndoles pasar el confinamiento en sus casas, la simple advertencia del alto tribunal ha frenado en seco sus intenciones. Podríamos preguntarnos qué hubiera pasado con el golpe de Estado en Cataluña si la competencia de justicia, al igual que la de prisiones, estuviese transferida, según llevan reclaman los independentistas.

Desde las instancias sanchistas, para disculpar la nefasta gestión que está haciendo el Gobierno, sitúan el origen de los problemas en los supuestos recortes de Rajoy. No seré yo el que niegue la insuficiencia del gasto en sanidad. Solo hay que constatar las largas listas de espera, en mayor o menor medida, en todos los hospitales y Autonomías, pero esta limitación presupuestaria no es privativa de la sanidad, sino que afecta a la mayoría de los capítulos del gasto. No podría ser de otra manera cuando en España, la presión fiscal es seis puntos inferior a la media europea e inferior en cinco puntos el porcentaje del gasto público sobre el PIB.

El reducido tamaño del sector público, dividido además en diecisiete Comunidades Autónomas, es una señal más de la precariedad de nuestro Estado. Pero estas carencias se remontan bastante más allá del Gobierno de Rajoy. Hunden sus raíces al menos en la firma del Tratado de Maastricht, en los criterios de convergencia y en la política de austeridad implantada en toda la Unión Europea. Ciertamente la crisis del 2008 y la pertenencia a la Unión Monetaria obligaron a precarizar aun más el sector público. Pero la culpa no fue en exclusiva de Rajoy, ni siquiera le corresponde la mayor parte. En 2011 la diferencia de presión fiscal con la media europea era de ocho puntos. Mayor responsabilidad tuvieron Aznar y Zapatero, en cuyos gobiernos hay que situar el origen. En economía, los efectos se dilatan mucho respecto a las causas.

Pero acudamos una vez más a Montesquieu y, prescindiendo de los respectivos gobiernos, hemos de considerar que el origen último de esta depauperación de nuestro Estado se encuentra en el hecho de haber renunciado a múltiples competencias (principalmente el control de nuestra moneda) para entregarlas a instituciones con profundos déficits democráticos y carentes de toda visión social y de cohesión al menos entre regiones. Algo de esto he tratado en el artículo de la semana anterior y más profusamente en mi libro “Contra el euro”, en Editorial Península. En cualquier caso, esta problemática supera con mucho el alcance de este artículo. Si me he referido a ella es porque sus consecuencias se están haciendo presentes también en la crisis actual y se harán aun más visibles en la recesión económica que se avecina.

republica.com 10-4-2020

Hay mantras que terminan configurando el pensamiento único. Uno de ellos lo constituye la afirmación de que existe una enorme desigualdad entre los géneros. No digo yo que no exista, sino que, por una parte, se le otorga una dimensión desproporcionada y, por otra, se equivoca la causa, que es más cultural que legal o económica. Por otra parte, no creo que esta sea la desigualdad más grave e hiriente que existe en nuestra sociedad. Eso sí, es la única que tiene ministerio propio.

No cabe punto de comparación con la que tradicionalmente se ha entendido como desigualdad social o económica, la que se da entre los grupos o clases sociales. Diferencias que suelen extenderse, como es bien sabido, a la cultura y al poder. Hay también otra desigualdad que va adquiriendo cada vez más importancia en nuestro país, la de los desequilibrios regionales. Estos, al amparo de la organización territorial de las Autonomías, se hacen más profundos y ostentosos. A lomos del nacionalismo y de los partidos regionalistas (estos últimos cada vez más abundantes), que cuando juegan en el tablero nacional se preocupan solo de los intereses de su demarcación, se generan injusticias y discriminaciones sin cuento. El hecho de que con frecuencia los partidos mayoritarios les hayan concedido el papel de bisagras ha colaborado a esta situación perversa.

El nacionalismo, tanto el catalán como el vasco, a pesar de pertenecer a las regiones más ricas y políticamente más privilegiadas, no abandona su victimismo. Se quejan de que el resto de España les maltrata. España nos roba. ¿Cómo no ver en esta postura el rechazo de los ricos a la política redistributiva del Estado? Es la negación a colaborar en la corrección de los desequilibrios regionales que genera el mercado.

Los nacionalistas vascos han conseguido escabullirse de la redistribución estatal mediante el mantenimiento de una antigualla medieval incompatible con una hacienda pública moderna; no obedece a los criterios que presiden un Estado democrático, sino que es propia de una monarquía feudal regida por fueros y privilegios. Lo cierto es que, gracias al cupo y a los chantajes a los respectivos gobiernos a la hora de calcularlo, el País Vasco y Navarra se acogen en el Estado Español a todo lo que creen que les beneficia, y eluden todo lo que les puede representar un coste. Se crea un proceso redistributivo a la inversa, de las regiones más pobres a dos de las más ricas de España.

El nacionalismo catalán se ha venido rebelando también contra la función redistributiva del Estado. Tal pretensión estuvo presente en la negociación del último estatuto. ¿Qué es si no ese planteamiento de proporcionalidad que exige que la inversión estatal en Cataluña represente respecto de la total un porcentaje equivalente a la participación del PIB catalán en el de la nación? ¿Acaso el tan reivindicado principio de ordinalidad no es la negación de todo proceso tendente a la corrección de las desigualdades?, ¿qué pensaríamos si esas mismas exigencias se plasmasen en el plano personal por los mayores contribuyentes de España?

Quiérase o no, el proceso de rebeldía que estos últimos años ha sacudido a la sociedad catalana tiene su origen cronológico y etiológico en el intento de alcanzar la misma situación privilegiada en el orden fiscal que poseen el País Vasco y Navarra. Cronológicamente, porque la sedición se inició cuando Rajoy negó a Mas el pacto fiscal, sistema similar al del cupo. Fue el mismo presidente de la Generalitat el que dejó perfectamente claro que o se le concedía ese régimen de excepción o pondría en marcha el proceso hacia la independencia. No deja de ser significativo que la visita de Mas a la Moncloa se efectuase después de que la enorme manifestación de descontentos obligase al presidente de la Generalitat a entrar en helicóptero al Parlament. A partir de entonces, el Gobern se las ingenió para lavarse las manos y echar todas las culpas al Estado, que “robaba a los catalanes”, y para presentar como única solución caminar hacia la tierra prometida, la independencia.

Etiologicamente porque la razón última del procés se encuentra en el anhelo de la burguesía y de las elites catalanas de librarse de las transferencias que Cataluña como región rica debe hacer a los territorios menos afortunados en compensación al flujo de dinero que se produce en sentido contrario a través del mercado, por el hecho de pertenecer todos a la misma unidad económica. Esa causa última, sin embargo, se envuelve y se esconde en un discurso más ideologizado y romántico, capaz de agitar las pasiones y pulsiones de una parte de la sociedad. Se explotan los sentimientos identitarios o supremacistas, pero detrás de todo ello se vislumbra la repulsa a una hacienda pública estatal.

Esta realidad aparece de forma clara en el comportamiento de los empresarios catalanes que -encelados con la idea de una hacienda pública propia, en la que no tuvieran que contribuir al bienestar de otras regiones- colaboraron, al menos con el silencio, al procés, en la creencia de que la sangre no llegaría al río, y ellos sacarían tajada; pero se asustaron, y muchos de ellos salieron corriendo cuando el proceso se convirtió en un golpe de Estado difícil de asimilar. Ahora quieren que retorne la normalidad, su normalidad, porque demandan de Torra, sí, que acate la ley, pero al mismo tiempo andan apremiando al presidente del Gobierno e insinuándole que la forma de solucionar el conflicto es concediendo a Cataluña el pacto fiscal y la condición de nación.

Pero ahí está precisamente el peligro porque, definida Cataluña como nación (no solo en el sentido cultural, sino también en el legal y constitucional), el nacionalismo no tardaría en reclamar de nuevo y con más argumentos la independencia, aunque en realidad con el pacto fiscal la habría conseguido ya en el aspecto más importante, el fiscal y presupuestario. Trocear la hacienda pública sería agrandar enormemente las desigualdades entre los distintos territorios. Si en las cuatro últimas décadas estas se han incrementado, la situación se haría claramente insostenible sin el paraguas fiscal del Estado. Ello aparece de forma palmaria al contemplar el reparto regional de la renta, en dos supuestos distintos, lo que llamamos los economistas antes de impuestos y después de impuestos, es decir, antes y después de la acción redistributiva del Estado. En el segundo caso las desigualdades no desaparecen pero sí se reducen notablemente. Por esto resulta tan incompresible que partidos o personas que se consideran de izquierdas asuman y defiendan los planteamientos de los secesionistas.

Pedro Sánchez ha dado pruebas suficientes de que para mantenerse en el gobierno no le importa pactar con los independentistas y ceder en lo que sea necesario. Bien es verdad que es difícil de creer que pueda concederles su pretensión máxima, la de convocar un referéndum, pero sí el pacto fiscal con las perversas consecuencias que se seguirían de ello. No es extraño por tanto que muchos miren a Ciudadanos en actitud si no suplicante al menos expectante (y algunos de forma crítica y de censura) para que se abstenga, tanto más cuanto Pedro Sánchez de una manera muy hábil ha echado sobre ellos la carga de la prueba. Si pacta con los independentistas, es porque no le dejan otro remedio.

Pues bien, no parece que la abstención pueda ser la solución; más bien se configura como una trampa. Una vez en el gobierno, nadie garantiza que Pedro Sánchez no pacte con los golpistas siempre que le venga bien a sus intereses y necesite sus votos para gobernar. El gran triunfo del que se jacta Sánchez se reduce a 123 diputados, el mismo número que obtuvo Pérez Rubalcaba, y que le llevó a dimitir, y también los mismos que logró Rajoy en el 2015, y menos de los que este alcanzó en 2016. Número, en suma, que resulta a todas luces insuficiente para gobernar en solitario. Precisarán continuamente el apoyo de otras fuerzas. La simple abstención sin contrapartidas resulta inútil para asegurar que los independentistas no condicionen la gobernabilidad de España y que no consiguen sus objetivos.

Sería muy distinto si, tal como hizo Rajoy en el 2015 con el PSOE y Ciudadanos, Sánchez hubiera ofrecido a Rivera formar un gobierno de coalición, que comprometiese al primero y diese garantía al segundo. Nada de eso plantea ni planteará. Está muy lejos de sus intenciones. Además, Sánchez ha demostrado sobradamente que no es de fiar. Desde el minuto uno, después de las elecciones, ya en la composición de las mesas, ha exteriorizado de forma clara cuál es el camino que se ha trazado. Su petición de abstención sin contrapartida constituye tan solo una excusa, una coartada, para justificar su pacto con los golpistas y alegar después que no le han dejado otro camino.

republica.com 21-6-2019

In illo tempore, aquel en el que los sindicatos tenían protagonismo y los problemas sociales ocupaban el centro de la actividad política, se decía que “no hay cosa más tonta que un obrero de derechas”. Hoy ya no se oye, pero no porque no haya obreros, sino porque no se sabe muy bien dónde empiezan y dónde terminan las derechas. Pero tal vez cabría acuñar, sin embargo, otra que dijese algo así: “No hay cosa más tonta que un andaluz, un extremeño o un gallego etc secesionista”. Viene esto a cuento de la asistencia del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a la manifestación independentista catalana (aunque en realidad era todo menos catalana) del pasado 17 de marzo en Madrid.

Se entiende mal que los habitantes de las regiones más deprimidas, que lógicamente son beneficiarias de los mecanismos redistributivos del Estado, sean independentistas, como resulta también difícil de explicar que desde la izquierda se persiga la desintegración del Estado cuando, a pesar de todos sus defectos, es el único baluarte que tienen contra el poder económico. Hace mucho tiempo que resulta imposible justificar la postura de IU y de Podemos, que de forma progresiva han ido identificando sus actuaciones y posiciones con las reivindicaciones de los sediciosos. Comenzaron justificando el derecho a decidir y han terminando participando en una manifestación a favor de los golpistas y en contra de la Constitución y de la Justicia.

Según dicen, en la manifestación del día 17 tras Torras y Mas se situaron toda clase de grupúsculos antisistema y de pequeñas formaciones independentistas, provenientes de las distintas partes de España: canarios, mallorquines, valencianos, castellanos, vascos, etcétera. Nunca he entendido demasiado lo de antisistema. Se puede estar contra la globalización, contra la Unión Monetaria, contra el liberalismo económico, pero contra el sistema, así en abstracto, no sé muy bien qué quiere decir. Hoy por hoy, no parece que exista una alternativa mejor, aun con todos sus problemas, que la democracia representativa y la economía social de mercado. La única vía posible es mejorarlas y corregir sus vicios y carencias. Por otra parte, no se comprende que, si la transformación se plantea desde la izquierda, los líderes a seguir sean Mas y Torra.

Se ha puesto de moda criticar el régimen del 78. Lo que así se denomina no es un sistema distinto del que en estos momentos existe en la mayoría de los países europeos, con sus virtudes y sus miserias. En la comparación, en cuanto a libertades y garantías, en muchas ocasiones saldría vencedora España. Es cierto que el sistema político actual que tomó forma con la Constitución del 78 nació en circunstancias muy especiales y lleno de condicionantes, pero ¿en qué país no ha sido así? La política no se adecua a las matemáticas y las constituciones no se redactan con compás y tiralíneas ni son construcciones teóricas perfectas. Se elaboran con pactos, negociaciones y cesiones mutuas. La política es el arte de lo posible y en ella la perfección no existe.

Cuando muchos de los que ahora gritan contra el régimen del 78 se dedicaban tan solo a jugar a las canicas o incluso no habían nacido, éramos un gran número los que criticábamos reiterada y profusamente los defectos del sistema. Pretendíamos librarnos del agua sucia de la palancana, pero con sumo cuidado de no tirar al mismo tiempo el niño que estaba dentro. Del 78 acá ha pasado bastante tiempo y muchas cosas han cambiado. Gran parte de las imperfecciones de entonces se han superado, pero quizás han surgido otras, derivadas no tanto del sistema como de la incompetencia y nefasto desempeño de los encargados de gestionarlo. Buen ejemplo de ello es en lo que se está convirtiendo el Estado de las Autonomías. Hoy se quiere arrojar por el desagüe el agua junto con el niño. Incluso a algunos, como a los golpistas catalanes, les importa muy poco el agua sucia, de lo que pretenden librarse es del niño. Por eso resulta tan inexplicable que la izquierda se preste a ser compañera de viaje de los que, con absoluta deslealtad, están dispuestos a quebrantar el Estado y miran con desprecio y superioridad a los demás españoles.

Habría que sorprenderse, si no fuese porque nos tienen curados de espanto, de que IU Madrid en un tweet convocase a manifestarse el pasado 17 de marzo tras los supremacistas Torra y Mas con el argumento de que sin derecho a decidir no hay democracia. Frase que, si aparentemente tiene visos de veracidad, constituye una trampa retórica muy burda y bastante manida. Porque el problema radica precisamente en saber lo que cada uno tiene derecho y puede decidir. La democracia constituye el sistema que ordena el método y la forma de decisión. La libertad de cada uno termina donde comienza la libertad de los demás. Si cada uno pretendiese decidir sobre todo, y sin límite alguno, estaríamos instalados en la anarquía y serían los más débiles los que no decidirían nunca.

El neoliberalismo económico también defiende el derecho a decidir, libertad económica. Que cada uno decida sobre el destino de todo su dinero. Nada de sistema fiscal progresivo, nada de pensiones públicas, que todos los ciudadanos vayan al colegio y al médico que quieran (siempre que puedan pagárselo, claro). El derecho a decidir de los ricos deja sin capacidad de decisión, e incluso de subsistencia, a los menos afortunados económicamente. Conceder el derecho a la autodeterminación a los habitantes de Cataluña impide que los andaluces, extremeños, castellanos o madrileños decidan acerca de la estructura y configuración del Estado español, a lo que tienen derecho. La soberanía, y por lo tanto el derecho a decidir, pertenece a la totalidad de los españoles. Una parte no puede decidir sobre lo que corresponde al todo, y casi siempre que pretende hacerlo es porque es la parte más opulenta y se resiste a perder su posición privilegiada.

Los líderes de Podemos e IU han metido a sus organizaciones en un charco cenagoso del que les va a ser imposible salir. ¿Cómo convencer a las clases populares de Andalucía, Asturias, Castilla, Aragón y en general de toda España que sus intereses son los mismos que los de Puigdemont, Torra y el resto de los golpistas? Tontos, de esos con los comenzamos el artículo, no hay tantos. ¿Cómo persuadirles de que su situación va a mejorar -ni siquiera la de los catalanes- con la desintegración del Estado? No tiene nada de extraño que sus resultados electorales sean cada vez peores y vayan perdiendo adeptos.

Solo los errores de Podemos, de IU y de las confluencias están haciendo que el PSOE crezca. Es el tradicional abrazo del oso. Sánchez, de cara a las elecciones, disimula lo más posible su vínculo con los independentistas, aunque no tanto como para que pueda impedir su repetición futura. Él sabe perfectamente que -a pesar de los trasvases de votos de Podemos y el plus que la ley electoral le asigna ante la división de la derecha- solo puede gobernar si se apoya de nuevo en los golpistas y les concede muchas de sus reivindicaciones. De ahí la purga que ha hecho en el grupo parlamentario. No se trata de venganza, aunque a lo mejor también. Principalmente tiene como finalidad garantizarse que los diputados socialistas estén dispuestos a votar la mayor salvajada si es el jefe el que la propone.

republica.com 29-3-2019

Hace más de un mes que la OCDE presentó su informe económico sobre España. La proliferación de acontecimientos a los que dedicar este artículo semanal, me ha hecho postergar el tema hasta el momento actual. Los informes de los organismos internacionales son tediosos porque suelen repetir siempre los mismos argumentos e idénticas recetas. En este caso, sin embargo, hay un aspecto que me ha llamado la atención, y que creo merece la pena comentar.

El informe considera que la división autonómica en nuestro país es un grave obstáculo para el crecimiento económico y la igualdad. España está situada entre aquellos países de la Organización en los que el gasto público está más descentralizado, por encima incluso de los Estados cuya Constitución es federal. La segmentación del mercado y la heterogeneidad de la normativa en cada una de las regiones dificultan la actividad económica y empresarial. Se producen profundas diferencias entre las Comunidades Autónomas en casi todas las variables: renta, productividad, innovación, etc. La dispersión regional en la tasa de pobreza es también muy elevada. Solo Italia se sitúa por encima. El desempleo, el abandono escolar, incluso la salud, se distribuyen así mismo de manera muy desigual entre las regiones.

El informe presta especial atención a la disparidad en los ingresos. La falta de homogeneidad territorial en materia tributaria, amén de ser injusta para los ciudadanos que sufren distinta presión fiscal en función de su domicilio, fragmenta el mercado, reduciendo la productividad y, por ende, convirtiéndose en un obstáculo al crecimiento. La diversidad en la normativa fiscal tiene además otro efecto negativo, el establecer una competencia desleal entre las regiones. Se produce una suerte de carrera para ver cuál es la Comunidad que reduce más la tributación, con lo que el sistema fiscal caerá por una especie de pendiente en el deterioro de la progresividad y de la suficiencia. Es el mismo fenómeno que se produce en Europa en ausencia de normalización fiscal, solo que en el ámbito regional origina un efecto mucho más negativo que entre Estados.

La OCDE nos dice también que las Comunidades Autónomas difieren considerablemente en su capacidad de desarrollar, captar y retener trabajadores cualificados. A su vez, la emigración interregional es muy baja y considerablemente inferior a la media de los países miembros. Muchas de los servicios y prestaciones y sociales están transferidos a las Comunidades Autónomas, que ponen múltiples trabas a su portabilidad de una región a otra.

Ciertamente todas estas cosas ya las conocíamos, pero siempre viene bien que nos las recuerde un organismo internacional, pues no sé por qué, todo el mundo les concede un plus de credibilidad. Pero es que, además, a ese listado podríamos añadir toda otra serie de resultados, quizás no tan evidentes, pero igual o más perjudiciales. Por ejemplo, el papel que las Comunidades Autónomas han desempeñado en la corrupción o en el fracaso de las Cajas de Ahorro o en los errores cometidos en la planificación del gasto público.

No se ha señalado suficientemente cómo la corrupción se ha concentrado en buena medida en las Comunidades Autónomas. Desde Cataluña a Andalucía, pasando por Valencia y Madrid y un largo etcétera, los escándalos más llamativos y graves de malversación de fondos públicos se han producido en las administraciones autonómicas. La organización territorial también ha tenido mucho que ver a la hora de planificar las inversiones públicas. Muy a menudo, las decisiones, lejos de obedecer a criterios económicos y de eficacia, se han tomado en función del poder político con el que cuenta la clase dirigente de la respectiva Autonomía. Caso típico ha sido el trazado del AVE, que cada Consejo de Gobierno pretendía que pasase por todas las provincias de su Comunidad.

Especial mención hay que hacer de la crisis de las cajas de ahorro. Se ha interpretado como el fracaso de la banca pública, y ciertamente es posible que esta coyuntura haya creado las condiciones precisas para imposibilitar durante mucho tiempo la existencia en España de entidades financieras públicas. Sin embargo, las cajas de ahorro no pertenecían al sector público. Tampoco al sector privado. Tenían una situación jurídica muy sui géneris. Podríamos afirmar que se insertaban en el ámbito político, puesto que sus consejos de administración estaban formados por políticos de todos los partidos y tendencias pertenecientes a las órbitas regionales y locales.

Fue mi primera desilusión con el PSOE. Recuerdo que allá por el año 1983. El partido socialista acababa de llegar al gobierno, se estaba elaborando la ley de cajas que se terminaría aprobando en 1985. No entendía por qué no se aprovechaba la ocasión para fusionar todas las cajas de ahorro y constituir un potente holding financiero público que sirviese de contrapeso a las entidades privadas. Así se lo hice notar a algunos de mis amigos que en esos momentos estaban redactando el proyecto. Como es bien sabido, la decisión tomada fue otra muy distinta. Se mantuvo la independencia de cada una de las entidades, entregando su control a la clase política (de uno u otro signo) de las correspondientes regiones, sin someterlo a ninguno de los controles y requisitos de las entidades públicas. El resultado ha sido palmario.

Ciertamente, la OCDE en el informe elude condenar la organización territorial de España. No sería políticamente correcta la intromisión de un organismo internacional en la estructura política de un Estado miembro; es por ello por lo que el informe se apresura a afirmar que el origen del mal no radica en la existencia de las Comunidades Autónomas, sino en la falta de cooperación entre ellas. Mantiene que las Autonomías, lejos de ayudarse unas a otras y de colaborar transmitiéndose sus propias experiencias, se enfrascan en una lucha fratricida en las que todas salen perdiendo, aunque unas más que otras.

La postura de la OCDE, aunque comprensible, no deja de ser ingenua. El Estado de las Autonomías no es una mera descentralización administrativa, sino política, lo que hace difícil, casi imposible, cualquier armonización y dirección por parte del Gobierno central. Además, España, aun cuando los nacionalistas digan lo contrario, no tiene ninguna experiencia en organización federal. El Estado de las Autonomías es una estructura artificialmente creada, basada no en una fuerza centrípeta que impulsa a Estados independientes a integrarse en una unidad política superior, sino en una fuerza centrífuga que de un Estado unitario pretende extraer diversas regiones para constituir unidades políticas que reclaman cada vez y sin límite más y más competencias. Pretender la colaboración mutua es un espejismo, ya que replican entre ellas los mismos enfrentamientos que mantienen las formaciones políticas que gobiernan en cada una.

Los partidos nacionalistas convertidos en bisagra, gracias a una ley electoral que les concede una representación en el Congreso mayor de la que les correspondería proporcionalmente por los votos que obtienen, han ido consiguiendo a lo largo de los años toda clase de prebendas y beneficios, amén de más y más autonomía. Lo grave es que sus aspiraciones no tienen fin, como no sea la independencia. El resultado ha sido incrementar progresivamente la desigualdad regional y llegar al extremo de que los nacionalistas renieguen de la Constitución y consideren que la soberanía no se encuentra en la totalidad de la población española, sino en cada una de las Comunidades Autónomas.

El obrar sigue al ser. Es difícil, por tanto, que con estos palos se puedan construir otros sombrajos distintos a los levantados. No parece demasiado factible que se puedan corregir los muchos males que la OCDE señala, derivados de la fragmentación territorial, manteniendo la estructura autonómica actual. La eliminación de todas estas lacras indicadas en el informe exige no un cambio puramente cosmético o el ingenuo voluntarismo de pensar que las oligarquías autonómicas van actuar de otra manera, se precisa un cambio en profundidad de la organización regional.

Hoy, la crítica al Estado de las Autonomías pertenece al ámbito de lo políticamente incorrecto. Está proscrita. Es sabido que existen ya muchos intereses creados, lo que hace muy difícil cualquier cambio, pero ello no justifica anatematizar todo discurso que lo impugne o que lo enjuicie poniendo sobre la mesa los efectos negativos que ha producido. Este tema, junto con la condena de cualquier cuestionamiento de la Unión Monetaria, es un buen ejemplo de la dictadura de lo políticamente correcto, de esa nueva inquisición que se ha creado y que no está dispuesta a permitir la menor desaprobación de una serie de realidades establecidas por ella como verdades inmutables. Esta violación de la libertad de expresión en aras de la supremacía de un relato impuesto por la fuerza merecería un tiempo de reflexión y quizás un futuro artículo.

A pesar de esta práctica unanimidad política y mediática a favor del Estado autonómico y de las continuas proclamas acerca de las bondades y múltiples beneficios que se han seguido de la descentralización política, la opinión pública permanece reacia y no se ha logrado reproducir en los ciudadanos el general beneplácito que sí existe en el discurso oficial. Según el CIS anterior a Tezanos, solo el 25% de los españoles se inclinan por incrementar la autonomía regional frente al 30% que se decanta a favor de un Estado más centralizado que el actual. El 37% se pronuncia por dejar las cosas tal como están, lo que es bastante coherente con cierto conservadurismo popular al que le aterran los cambios. Pedro Sánchez, Iceta, y en general todos los que están empeñados en reformar la Constitución para dar más competencias a las Comunidades Autónomas, harían bien en rumiar estos datos.

Todo discurso que cuestione o critique el Estado de las Autonomías recibe el calificativo de reaccionario o propio de la ultraderecha, cuando la mayoría de las veces los motivos y argumentos para la crítica deberían surgir más de las preocupaciones y de los valores de la izquierda. En el extremo, por ejemplo, en Cataluña, un amplio espectro de la población llega a considerar únicamente como democráticas las decisiones que salen de los órganos políticos autonómicos y no estiman a las instituciones nacionales como representativas de todos los ciudadanos, también de los catalanes. En este sentido, hay un relato torticero que juzga que la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución de manera indefinida hasta la restauración de la normalidad significa la liquidación del sistema democrático. Emplean el argumento de que el independentismo ganó las elecciones del 21 de diciembre del año pasado. Lo cual es verdad, pero lo que no se tiene en cuenta es que la victoria en unos comicios autonómicos concede el derecho exclusivamente a regir una Comunidad de acuerdo con la Constitución y nunca a rebelarse contra esa misma Carta Magna.

Es la propia Constitución la que en su artículo 155 mandata al Gobierno central a que asuma las competencias de una administración autonómica cuando esta incumpla sus funciones. Lo que subyace detrás de la condena de su aplicación es la creencia de que las Autonomías son un requisito imprescindible para calificar a un Estado de democrático, como si un régimen centralista o jacobino como el de Francia no pudiese serlo tanto o más.

Pablo Iglesias, para disculpar la errática y equivocada política que ha impuesto a Podemos con respecto al nacionalismo, ha acuñado la frase «Patriotismo de las cosas de comer». Pretende dar a entender que la postura que se adopte en materia territorial no tiene nada que ver con los derechos sociales y económicos. Que no hay ninguna contradicción en defender a los golpistas de Cataluña y el derecho de la autodeterminación de todas las regiones españolas con ser de izquierdas y perseguir una distribución más justa de la renta y de la riqueza. Pero lo cierto es que la OCDE en su informe viene a confirmar algo que, por supuesto, sabíamos, que la organización territorial que se adopte sí tiene que ver y mucho con el crecimiento y sobre todo con la desigualdad, en primer lugar, regional, pero en segundo lugar, personal, porque la una influye en la otra.

En la España del siglo XXI al Estado social le acechan dos grandes peligros, la Unión Monetaria y la disgregación territorial. Ambas realidades debilitan al Estado, al poder político frente al económico. Ambas propician la desigualdad social. En una economía de mercado solo el sector público puede corregir los vicios y los defectos en la distribución de la renta que originan la oferta y la demanda. Todo lo que disminuye su fuerza y competencias suele colaborar al menoscabo de la equidad social y de la economía del bienestar. Resulta difícil aceptar que sea posible compaginar una posición de izquierdas con defender la desigualdad de los ciudadanos en función de la región en la que estén domiciliados y respaldar a partidos supremacistas que aspiran a incrementar la diferencia en bienestar e ingresos entre las regiones ricas y las de menor renta.

republica.com 28-12-2018

La semana pasada se aprobó en el Congreso, por tramitación directa y lectura única, el cupo vasco. Se comprende el malestar de Albert Rivera y de Ciudadanos, ya que el procedimiento impide a la oposición introducir enmiendas. El PNV ha señalado en alusión a Ciudadanos que “a algunos les sorprenden determinados mecanismos, pero están establecidos en las propias leyes. Es un sistema concertado, en el que las dos partes se tienen que poner de acuerdo”. Paradójicamente, esta argumentación -que es cierta- deja al descubierto el pecado mayor del concierto, el de configurarse como un acuerdo bilateral entre gobiernos, en el que el Parlamento español tiene muy poco que decir y, lo que resulta casi más injusto, el resto de las Comunidades, menos. De ahí también las reticencias lógicas de Compromís y de los barones socialistas.

La bilateralidad tiene una enorme fuerza de atracción para las formaciones nacionalistas no solo por una razón de preeminencia, la de considerar al resto de Comunidades en un estrato inferior, sino porque siempre es más fácil chantajear a un gobierno, sea cual sea, que enfrentarse al resto de las Autonomías. Eso explica también por qué los nacionalistas catalanes han planteado y plantean siempre el diálogo de forma bilateral, y por qué el presidente de la Generalitat ha eludido todo ámbito de negociación colectiva. Pero, quiérase o no, la financiación autonómica es un sistema de suma cero: el dinero que se destina al País Vasco o a Cataluña no va al resto de las Comunidades, bien porque se reduzcan sus recursos o los del Estado.

En la defensa del cupo, Margarita Robles ha declarado que el concierto es un hecho diferencial constitucionalmente reconocido. Tiene razón, pero también es verdad que, como todos los hechos diferenciales reclamados por los nacionalistas, pasan enseguida de hechos a privilegios. Lo ha dicho claramente el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández: “El País Vasco está sobrefinanciado”. La sobrefinanciación, tanto del País Vasco como de Navarra, es un hecho, además de diferencial, irrefutable.

Existe, como es lógico, una cierta correlación entre la renta per cápita de las Comunidades y el déficit o superávit de las llamadas balanzas fiscales, aun cuando el cálculo de estas mantenga siempre cierta relatividad. Es fruto de la política redistributiva del Estado, que debe concretarse también en el ámbito territorial. En la correlación de estas dos series, surge, sin embargo, una clara irregularidad, un hecho diferencial, podríamos afirmar. El del País Vasco y Navarra. Ocupan el segundo y tercer puesto en renta per cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. Ciertamente en mucha mayor medida el País Vasco, que, según los últimos datos, presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no hablar de injusticia?

La mayoría de los comentaristas y políticos son conscientes de esta realidad, pero la atribuyen no tanto a la existencia del concierto, sino al cálculo que se ha venido haciendo del cupo. Es indudable que la determinación periódica del cupo siempre se ha hecho en circunstancias tales que el Gobierno vasco ha tenido un trato sumamente beneficioso. Empezando por la propia metodología que margina la función redistributiva del Estado. Esta se negoció bajo la sombra de mayor actividad de ETA. Participé con la delegación del Estado en algunas reuniones de esa negociación. Recuerdo que en cierta ocasión en la que se produjo un desacuerdo, la parte vasca insinuó, como el que no quiere la cosa, que no sabían cómo le sentaría eso a ETA. Era la concreción de la frase de Arzalluz: “ETA agita el nogal y nosotros recogemos las nueces”.

Después, ha actuado el juego parlamentario, un tanto abusivo, que los nacionalistas bien sean catalanes o vascos han venido practicando todos estos años, siempre prestos a facilitar su apoyo a cualquiera de los dos grandes partidos que lo necesitasen para su investidura o en su acción de gobierno. Pero siempre vendiendo por un buen precio sus servicios, en detrimento, por supuesto, de las otras Comunidades Autónomas. En el caso del PNV, las mercedes se concretaban, entre otras, en el cálculo del cupo. Cuando el chantaje no era posible porque el gobierno de la nación disponía de mayoría absoluta y existían discrepancias, el PNV dejaba el acuerdo para tiempos mejores, en los que se precisasen sus servicios y entonces, en la nueva negociación, se introducían los desacuerdos anteriores, lográndose todas las reclamaciones atrasadas. Eso, ni más ni menos, es lo que ha ocurrido en esta ocasión.

La última vez que se aprobó el cupo fue en 2007, con Zapatero en minoría. Durante la etapa en la que el Gobierno del PP contó con mayoría absoluta no se llegó a ningún acuerdo. Se ha esperado hasta ahora, cuando Rajoy ha necesitado el apoyo del PNV, de cara a sacar adelante la Ley de presupuestos de 2017, para aprobar la ley del cupo, que no solo fija una cantidad claramente infravalorada para los próximos cinco años, sino que recoge las reivindicaciones acumuladas desde 2007. Por eso, Josu Erkoreka ha hablado de “15 años de paz fiscal”.

Resulta por tanto plenamente lógico que junto a Ciudadanos y a Compromís haya surgido la protesta de las voces socialistas que gobiernan distintas Comunidades Autónomas. La mayoría han tenido que disfrazar su crítica de reproche al Gobierno por no presentar al mismo tiempo un nuevo modelo de financiación autonómica. Su posición era ciertamente delicada por dos motivos. El primero es que el grupo socialista en el Congreso iba a votar a favor en la aprobación de la Ley.

El segundo es de más calado y supongo que en parte explica el primero. La negativa del PSOE de Pedro Sánchez a discutir y negociar los presupuestos de 2017 con el PP no dejó a Rajoy otra alternativa que echarse en los brazos del PNV y pagar el correspondiente peaje, que no soporta él, sino el resto de los españoles. Es más, a menudo los sanchistas, con la intención de librarse de la presión que podía ejercerse sobre ellos para que apoyasen al Gobierno, han empujado al PP a pactar con los nacionalistas. El 11 de mayo escribí en este mismo diario digital un artículo titulado “El coste del seudoizquierdismo de Pedro Sánchez”, en el que pretendía resaltar el precio que para los ciudadanos españoles iba a tener la negativa del PSOE a ni siquiera sentarse a discutir los presupuestos de 2017. En ese coste se incluía por supuesto el pacto con el PNV y en consecuencia la aprobación sesgada del cupo, pero también, al menos desde el punto de vista de la izquierda, las concesiones hechas a Ciudadanos y a los canarios y, sobre todo, las contrapartidas sociales que los socialistas hubiesen podido conseguir y no han conseguido. Nunca sabremos, afirmaba yo, hasta dónde hubiera estado dispuesto a ceder Rajoy en temas como pensiones, seguro de desempleo o impuestos.

En los momentos actuales retorna el problema. Están en perspectiva los presupuestos de 2018. A Pedro Sánchez se le presenta la alternativa de intentar, mediante la negociación, que determinadas medidas progresistas se incluyan en los presupuestos o bien, presa de una pureza ritual, permitir de nuevo que las cesiones al País Vasco vuelvan a incrementar las desigualdades territoriales y que las demandas de Ciudadanos deterioren aún más la economía del bienestar. Con toda razón y también con cierta habilidad, Montoro ha intentado unir la financiación autonómica con los presupuestos del año que viene. Existe el mantra de que la aprobación de los presupuestos le importa únicamente al Gobierno, cuando en realidad en una época de restricciones presupuestarias, el Ejecutivo se siente bastante cómodo con un presupuesto prorrogado. Serían otros, por ejemplo las Comunidades Autónomas o las formaciones políticas de izquierdas que consideran que las prestaciones sociales deben incrementarse, las que pueden verse más perjudicadas por la falta de presupuesto. Una formación política de izquierdas no solamente lo es porque enuncie medidas de izquierdas, sino porque las consigue, implantándolas cuando está en el gobierno y, cuando no, pactándolas desde la oposición.

El voto favorable de Podemos en la aprobación del cupo resulta aun más inexplicable, si no fuera porque en materia territorial nos tiene ya acostumbrados a las posturas más estrambóticas. Se supone que la igualdad se sitúa en la cúspide programática de las formaciones políticas que se definen de izquierdas. Igualdad que se debe traducir también en el orden territorial. Por eso se entiende tan mal que Podemos se sitúe siempre al lado de los intereses de las regiones ricas y las defienda en sus privilegios, o que respalde las fuerzas centrífugas que incrementan los desequilibrios y dañan las políticas redistributivas entre los territorios. Claro que ya al margen de izquierdas o derechas, solo la más total ignorancia y ceguera pueden motivar que se defienda la independencia de una Comunidad más bien pobre como Andalucía.

Es cierto que el cálculo del cupo ha colaborado sustancialmente a la situación de discriminación, pero el problema es más profundo, está en la raíz, se encuentra en la existencia del propio concierto. Es un régimen fiscal totalmente anómalo en la doctrina financiera del siglo XXI. Difícil de explicar en Europa, ante cuyas autoridades el Gobierno español ha tenido que comparecer a menudo para defenderlo. Es un régimen más propio de la Edad Media (aunque haya sido actualizado durante las guerras carlistas), en el que la realidad jurídica no se basaba en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sino en las concesiones (libremente otorgadas o arrancadas) del monarca. Cada territorio tenía sus fueros (privilegios). No existía un sistema fiscal universal propiamente dicho, sino que la Corona obtenía los recursos de cada territorio o ciudad (cupo), siendo luego las instituciones locales las encargadas de recaudar el gravamen entre los ciudadanos.

Al margen de disquisiciones teóricas o históricas, el sistema presenta dos grandes defectos que lo hacen especialmente perverso. El primero, ya se ha citado, es el de la bilateralidad, que se quiera o no, incentiva la discriminación y dificulta la redistribución territorial. Es el propio sistema el que casi predestina a que el cálculo no se realice de manera objetiva, sino en función de vericuetos partidistas. El segundo es que, al contar el Gobierno vasco con plena capacidad normativa, se rompe la unidad fiscal propiciando la competencia desleal y el dumping fiscal. Bien es verdad que últimamente este problema se ha extendido también al modelo de financiación autonómica general, según se ha ido transfiriendo de forma parcial capacidad normativa a las otras Comunidades. A ello me refería en el artículo de la semana pasada, aplicado al impuesto de sucesiones. No obstante, el problema se hace infinitamente mayor con el concierto en el País Vasco y Navarra. Nada más aprobar el cupo, el Gobierno vasco acaba de aprobar una sustancial rebaja del impuesto de sociedades que va a colocar en graves apuros a las Comunidades limítrofes.

Podríamos afirmar incluso que existe un tercer factor que se ha puesto de manifiesto con el desafío soberanista catalán. El golpe de Estado hubiese sido mucho más difícil de controlar si Cataluña hubiese contado con un sistema fiscal similar al del País Vasco. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Cataluña nos debe hacer reflexionar y replantearnos la estructura territorial, pero quizás las medidas que se precisan van en dirección contraria a las que se pretenden con la creación de la Comisión que se ha constituido en el Congreso a instancias de Pedro Sánchez y de la reforma de la Constitución que algunos están pensando.

Hay quienes pueden llevarse una gran sorpresa si se abre el melón de la Constitución, porque tal vez en esta materia las posiciones de la dirección del PSOE y de Podemos están muy lejos de las de sus bases y votantes, que puede que estén ya bastante hartos de los planteamientos victimistas, insolidarios y supremacistas de los nacionalismos, e indignados de haber ido tan lejos en la descentralización posibilitando un golpe de Estado. Es muy posible que la mayoría de la población española no esté dispuesta a que se dé un paso más en esta dirección, sino que por el contrario la reforma se encamine hacia la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, y a fortalecer al Estado. Hay un antes y un después del órdago independentista de Cataluña. Jamas la aprobación del cupo vasco ha levantado tanta polvareda y generado tantas críticas.

republica.com 1-12-2017

Hace más de un mes que se produjo el enfrentamiento entre Susana Diaz y Cristina Cifuentes a cuenta de la financiación de las Autonomías, y más concretamente de la conveniencia o no de armonizar la fiscalidad de las distintas Comunidades. En varias ocasiones me propuse dedicar mi artículo semanal a este asunto, pero otras cuestiones de actualidad reclamaron prioridad haciéndome dejar este tema para más adelante en la certeza de que continuaría durante mucho tiempo teniendo plena vigencia informativa. Esta semana lo abordo por fin, en el convencimiento de que continúa siendo plenamente actual, y de la mayor importancia.

La presidenta de la Junta de Andalucía y los líderes de otras cinco Comunidades Autónomas plantearon en la reunión de presidentes celebrada a mediados de enero la necesidad de armonizar los impuestos autonómicos. Resulta una petición manifiestamente lógica. Llevamos muchos años denunciando la ausencia de armonización fiscal en la Unión Europea, causa de que todos los sistemas tributarios de los países miembros vayan evolucionando hacia formas más injustas y regresivas, al estar sometidos los gobiernos al chantaje de las empresas y del capital. Parece coherente que, con más razón si cabe, exijamos esa armonización entre las Comunidades Autónomas de un mismo Estado.

Si las sociedades y algunas personas de elevados ingresos y riqueza cambian el domicilio de un país a otro en función de la presión fiscal y de la mayor o menor progresividad de los impuestos, con más facilidad se producirá la movilidad cuando se trata de regiones dentro del mismo Estado. En ambos casos es evidente que se puede producir un permanente chantaje del capital y una carrera competitiva que, si resulta grave entre países, tiene consecuencias mucho más negativas cuando se establece entre Comunidades Autónomas.

La cesión a las Autonomías de la capacidad normativa en algunos tributos amenaza con crear el caos en el sistema impositivo español y viene a añadir a la ausencia de armonización fiscal de la UE un factor más para desarmar la progresividad fiscal de los tributos. El argumento de la corresponsabilidad hace aguas tan pronto como se constata que a lo largo de los años las Comunidades han empleado siempre estas competencias para bajar impuestos progresivos, nunca para subirlos, generando entre ellas un competición muy dañina para la suficiencia de sus ingresos y el mantenimiento de sus servicios.

Bien es verdad que para el poder económico y para una parte de la derecha política esta competencia es muy provechosa porque termina reduciendo la presión fiscal y disminuyendo la progresividad del sistema. Cristina Cifuentes encarna ahora esta postura, ya que ha asumido la línea de conducta que durante años mantuvo Esperanza Aguirre, convirtiendo la Comunidad de Madrid en un cuasi paraíso fiscal en cuanto a gravámenes autonómicos se refiere. Tanto una como otra han argüido que con esta política se recauda más. Puede que tengan razón, pero les falta decir la causa, que no es otra que la de robar contribuyentes -y por lo tanto recaudación- a las otras Autonomías. La Comunidad de Madrid se convierte así en una especie de vampiro que basa su prosperidad fiscal en la pérdida de ingresos de otras Comunidades Autónomas. En realidad, la situación es similar a la que crean Holanda, Irlanda o Luxemburgo con respecto a los otros países de la Unión.

Si todas las Comunidades Autónomas adoptasen ese mismo patrón de comportamiento, ninguna saldría ganando y todas perderían recaudación, con el consiguiente deterioro de los servicios que deben suministrar a los ciudadanos. Los únicos beneficiados serían los contribuyentes con mayores rentas, puesto que los gravámenes que siempre se reducen son los progresivos tales como el IRPF, Sucesiones o Patrimonio. Entre los muchos errores que se cometieron al establecer el Estado de las Autonomías no fue el menor haber cedido a las Comunidades Autónomas los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio. Dos tributos que deberían tener una estructura uniforme en todo el territorio nacional y que constituyen piezas clave en la progresividad y equidad de un sistema fiscal.

Las exenciones que Comunidades como Madrid han establecido en el Impuesto de Sucesiones y en el de Patrimonio han distorsionado el sistema fiscal y han creado situaciones realmente injustas, tales como que la herencia y las donaciones se hayan constituido en el mejor instrumento para eludir el gravamen sobre los incrementos patrimoniales, que es la forma por la que tributan principalmente las rentas de capital.

republica.com 24-3-2017

LA DESINTEGRACIÓN DE LA IZQUIERDA

El Partido Socialista de Euskadi ha firmado un acuerdo con el PNV para conformar un gobierno de coalición. Al margen de su contenido, el simple hecho de su firma ya produce cierta extrañeza, puesto que la federación del País Vasco ha sido una de las más firmes seguidoras del sanchismo y defensora del “no es no” y de “¿qué parte del no no se ha entendido?”. Los escrúpulos a la abstención mostrados en la investidura de Rajoy han desaparecido para pactar con Urkullu no ya una abstención ni un voto a favor, sino nada menos que un gobierno de coalición. Parece que los reparos a pactar con los partidos de derechas pierden toda virtualidad en cuanto esas formaciones llevan además el apelativo de nacionalistas. Lo mismo le ocurrió al PSC en la investidura de Mas. Cabría preguntarse dónde quedan ahora las afinidades que tanto repetía Pedro Sánchez. ¿De quién son afines el PNV y la antigua Convergencia?, ¿del PP o del PSOE?

El PSOE ha renunciado a influir activamente en el Gobierno central mediante la coalición a la que le invitaba el PP. Tenía sus razones. Pensaba que esta alianza devendría en abrazo del oso y que el electorado le pasaría factura. Tal vez sí, tal vez no, porque también sus seguidores podrían pensar que gracias a su participación en el Gobierno habría conseguido forzar la mano al PP, haciéndole girar hacia políticas más progresistas. En cualquier caso, lo que no se entiende bien es que se aplique distinto criterio en el Gobierno central que en los del País Vasco o Cataluña, porque, puestos a temer el abrazo del oso, deberían ser el PSC o el Partido Socialista de Euskadi los que más lo tuvieran en cuenta. Solo hay que ver los buenos resultados que han obtenido.

Pero, con todo, lo más peligroso es el contenido del pacto. Se mueve en la misma ambigüedad con la que en los últimos diez años se ha comportado el PSOE con respecto al nacionalismo, que se ha acentuado con Pedro Sánchez y que ha sido la causa fundamental de la crisis en esta formación. Es por ello por lo que el desarrollo del pacto se ha llevado con el mayor sigilo y de espaldas a la gestora, aun cuando esta haya tenido públicamente que dar su aquiescencia al acuerdo por no ahondar la división. Coquetear con el término, nación o derecho de autodeterminación, acaba siendo peligroso porque inmediatamente los nacionalistas llevan el agua a su molino, y se termina por consagrar privilegios o por reclamar la independencia.

Se engañan quienes piensan que el problema nacionalista se soluciona a bases de concesiones. Desde la Transición las concesiones han sido permanentes y constantes sin que por eso se haya alcanzado una situación de estabilidad. Cada meta obtenida por los nacionalistas constituye tan solo un nuevo escalón para continuar con nuevas exigencias. Las cesiones no solucionan el problema sino que lo empeoran, al conceder más armas al secesionismo. El nacionalismo, como afirmó Ortega aplicándolo a Cataluña, no tiene solución, no cabe más que sobrellevarlo.

Un sistema electoral no demasiado justo y unos partidos mayoritarios más preocupados por sus propias conveniencias que por el bien general han concedido, cuando no se daba mayoría absoluta, el papel de árbitro al nacionalismo que han ido acentuando la divergencia entre las distintas regiones de España en un proceso sin fin. Con la ruptura del bipartidismo creíamos que al menos se iba a detener el proceso, pero la cerrazón de la izquierda en esta materia está confirmando los peores augurios. La postura de Pedro Sánchez al frente del PSOE se ha orientado a conferir más protagonismo si cabe a los partidos nacionalistas. Bien forzando al PP a negociar con ellos bajo el pretexto de que eran sus fuerzas afines, bien intentando pactar él mismo. Es en este contexto en el que se incluyen sus declaraciones a la Sexta sobre la “nación de naciones” y el acuerdo que ahora sus seguidores en el País Vasco firman con el PNV.

El acuerdo incluye un nuevo estatuto de autonomía, y hay que preguntarse si es que queda alguna competencia por descentralizar, como no sea la independencia. Los comentaristas políticos señalan la diferencia entre los planteamientos de Urkullu y los de Mas y Puigdemont. Es cierto, pero no es menos cierto que el País Vasco, al igual que Navarra, goza ya de una situación de privilegio con el Concierto, sistema que rompe la unión fiscal del Estado. Conviene recordar que la deriva secesionista de Convergencia comenzó cuando se les negó lo que denominaron el Pacto fiscal, que en el fondo era colocarse en la misma situación fiscal que Euskadi, es decir, la total y definitiva quiebra de la equidad fiscal y presupuestaria entre regiones.

El PSOE se está adentrando por una senda en extremo peligrosa, la de dejar de ser un partido nacional para convertirse en un haz de fuerzas regionalistas. Es la misma trampa a la que ha sucumbido Izquierda Unida. En el declive de esta formación política ha tenido mucho que ver su previa conversión en un reino de taifas. Iniciativa en Cataluña, la Ezker Batua de Madrazo en el País Vasco, Esquerra Unida del País Valencià en esta comunidad, generaron fuerzas centrífugas dentro de la Coalición que se fueron contagiando al resto de federaciones y que sin duda colaboraron en buena medida al debilitamiento de IU. El PSOE, si no pone remedio, lleva el mismo camino. Detrás de esta tendencia se encuentra la posición puramente electoralista de las agrupaciones o federaciones que conviven con partidos nacionalistas y creen que asimilándose más a ellos obtendrán mejores resultados.

Quizás en este dislate ideológico y organizativo se lleve la palma Podemos. Desde su mismo nacimiento ha mantenido una postura harto ambigua en sus planteamientos territoriales, hasta el punto de metamorfosearse en cada región en una naturaleza e incluso en unas siglas distintas. Esta postura camaleónica le ha podido producir réditos electorales a corto plazo, especialmente en las Comunidades con fuerzas nacionalistas, pero a largo plazo les adentrará en muchas contradicciones. Es difícil no quedarse pasmado al contemplar a toda la plana mayor de una formación política que pretende situarse en el extremo de las izquierdas y que ha criticado reiteradamente los aforamientos manifestándose a la puerta del Congreso porque se va a conceder el suplicatorio a un diputado de la antigua Convergencia, partido muy progresista, acusado de prevaricación.

Las primeras víctimas de este proceso disgregador pueden ser los propios partidos que lo están propiciando. Los electorados terminan castigando en las urnas a aquellas formaciones políticas que tienen discursos diferentes según las regiones. Además, la existencia de fuerzas anarquizantes en cualquier organización termina descomponiéndola y asolándola. Pero también el Estado puede salir gravemente perjudicado. Y se entiende mal que la causante de este proceso vaya a ser la izquierda, cuando la única arma con la que cuenta para luchar contras las fuerzas económicas es precisamente el propio Estado.