ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Burro grande, ande o no ande, afirma el refrán popular, y parece hecho a medida del comportamiento del sanchismo. Todo lo que hacen, según ellos, es lo más grande, grandioso, colosal, lo más excelso, histórico, único. Como no podía ser menos, todos estos calificativos u otros parecidos se los han aplicado a los fondos de recuperación europeos. Me temo que ese burro no va andar, pero es que tampoco es el más grande.

Sánchez y la ministra de Economía no han escatimado adjetivos, incluso han llegado a compararlo con el Plan Marshall y, contra toda verdad, se afirma que es la movilización de fondos más elevada que ha realizado la Unión Europea. Lo que, desde luego, no es cierto. Se puede disculpar la ignorancia del presidente del Gobierno, este capítulo no debe de estar en su tesis doctoral, pero lo que es menos explicable es que lo repita Nadia Calviño, dado que ha sido directora general de Presupuestos de la Unión Europea. Es posible que los dos estén haciendo trampas y para realizar las comparaciones consideren los recursos en valores absolutos, sin tener en cuenta la inflación ni las distintas monedas en que están expresados.

Los fondos de cohesión y de desarrollo han representado una movilización de dinero de bastante mayor cuantía que la que ahora se activa. Para realizar estas comparaciones, las transferencias de recursos hay que entenderlas a fondo perdido, excluyendo los préstamos o cantidades reembolsables. Además, habrá que considerarlas en términos netos, es decir, minorando la cuantía de las recibidas con la cuota que el país en cuestión como miembro de la UE debe aportar a la financiación total.

Aplicando lo anterior al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, y redondeando, la totalidad de los recursos que la UE proyecta trasladar a los Estados se eleva a una cifra cercana a los 700.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad se entregará en calidad de préstamos y el resto, como transferencias no reembolsables. A España, como uno de los máximos beneficiados, le corresponderán unos 140.000 millones de euros en total; cerca de 70.000 millones de euros, si nos fijamos únicamente en las entregas a fondo perdido.

Para conocer la cuantía real de la ayuda, esta última cantidad se tiene que minorar por el importe con el que España, como un miembro más de la UE, debe contribuir a la financiación de la cantidad total. Este porcentaje es alrededor del 10%, porque es esta misma proporción la que existe aproximadamente entre el PIB español y el de toda la Unión, y que se traduce en una suma de 35.000 millones de euros. Si la transferencia teórica a España va a ser de 70.000 millones de euros, la ayuda neta, esto es, aquella que podemos afirmar que de verdad es a fondo perdido, no estará muy por encima de la mitad (35.000 millones de euros), que se recibirá a lo largo de estos seis años (2021-2026) y que representa un 3% del PIB, es decir, una media del 0,5% anual.

En los muchos años que España gozó de los fondos de cohesión, por lo menos hasta la ampliación al Este, su saldo neto positivo anual frente a la UE se ha movido en un rango del 0,5% al 1% del PIB. A su vez, el saldo neto de Portugal, Grecia e Irlanda ha pasado la mayoría de los años del 2% del PIB respectivo. Es absurdo por tanto pretender situar las ayudas que ahora se movilizan a la cabeza de cualquier otra transferencia realizada por la UE.

Sánchez, creyéndoselo o no, ha colocado los fondos de recuperación en el centro de su mensaje y ha hecho de ellos su máxima baza electoral. Por eso ha magnificado su cuantía, pero, sobre todo, se ha apoderado de ellos. Primero, intentando convencernos de que la concesión ha sido mérito suyo. Recordemos el paseíllo apoteósico que hizo entre todos los ministros aplaudiendo a su entrada al Consejo. Nadie que conozca mínimamente cómo funciona la UE puede creerse que un acuerdo como el de los fondos de recuperación puede ser obra del presidente del Gobierno de España, y menos si ese presidente es Pedro Sánchez.

Segundo, porque sin ningún pudor los considera suyos y por lo tanto con derecho a repartirlos como crea conveniente. No ha permitido que se aplicase ningún control político e incluso, y eso es casi más grave, ha liberado su ejecución de casi todos los requisitos a los que normalmente están supeditados los fondos públicos y ha convertido la fiscalización previa (en las intervenciones delegadas) de estas partidas en una mera nota de toma de razón contable. En ese reparto se va a imponer la más total discrecionalidad en la selección de los agraciados, tanto si son Comunidades Autónomas, empresas o particulares.

Como siempre, Sánchez tiene la virtud de reprochar a la oposición precisamente todo lo que él realiza. Resulta paradójico que en su comparecencia con Olof Scholz haya pedido que nadie convierta los fondos en un instrumento político, cuando ha sido precisamente él, desde el mismo momento de su aprobación, quien los ha considerado el mejor medio para hacer clientelismo y asegurarse así la permanencia en el poder.

Este burro, el de los fondos de recuperación, no solo no es el más grande, es que tampoco parece que pueda andar, al menos en persecución del objetivo que se confiesa y que está explícito en el título: la recuperación. Es posible, sin embargo, que sí funcione para conseguir el otro propósito de Sánchez, el clientelismo. Cuando aún no se había recibido ni un solo euro de los fondos europeos, se consignaron en los ingresos del presupuesto de 2021, 27.000 millones de euros, con la intención de que se pudiese anticipar la ejecución de los programas desde el mismo día uno de enero. Pues bien, la realización no parece que haya influido muy positivamente en la recuperación cuando, las estadísticas y previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales, excepto las del Gobierno, llegan a la conclusión de que España se encuentra a la cola de todos los países de la UE en el ritmo de alcanzar los valores económicos  anteriores a la pandemia.

Esto no debería extrañarnos demasiado teniendo en cuenta los ejes transversales que se han fijado para vertebrar los planes de los fondos: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género, etc., finalidades que pueden ser muy respetables, pero en las actuales circunstancias no parece que constituyan el camino más rápido ni más eficiente para recomponer lo que la crisis ha destruido.

Existe, no solo en el Gobierno, una versión triunfalista que encomia con gran admiración el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y lo ve como una ocasión única que nos presta la UE. No obstante, por mucho que se diga lo contrario, los fondos van a venir condicionados no solo por las obligaciones que pueda imponer Europa, sino también por los proyectos en los que hay que gastarlos, que pueden ser muy convenientes para los fines que la UE se ha marcado, pero quizás no sean tan prioritarios para España.

Estos fondos, al igual que los de cohesión y el FEDER en el pasado, de ninguna manera van a compensar los desequilibrios que generan el mercado y la Unión Monetaria ni pueden compararse con la función redistributiva entre personas y territorios que ejercería una verdadera unión fiscal. Parece que son tan solo ese mínimo que están dispuestos a aceptar los llamados países austeros (de austeros nada, simplemente agraciados por la Moneda Única) para evitar que la desigualdad sea tan grande que termine por poner en peligro la Unión Monetaria.

Las desigualdades que está creando la moneda única -y que no hay fondos que puedan compensarlas- se pueden comprobar de manera fehaciente al considerar cómo ha evolucionado la economía de los países. Tal vez una de las variables más significativas sea el montante de deuda pública (también la privada) que acumulan los distintos Estados. En el año 2000, al comienzo del euro, la deuda pública española (59,60% del PIB) y la alemana (60,40% del PIB) se encontraban casi al mismo nivel; actualmente la primera (122,8% del PIB) es el doble que la segunda (69,7%).

A ello hay que añadir que durante estos años nos hemos desprendido de la casi totalidad de nuestros activos, empresas públicas rentables, lo que la prensa llamaba “las joyas de la corona”. Claramente nos hemos empobrecido. La fortaleza económica se mide por el patrimonio neto. Activo menos pasivo. A partir de la creación del euro nos hemos quedado sin activos y hemos engordado fuertemente nuestro pasivo. Curiosamente, algunos de los que están siempre dispuestos a alabar lo exterior y criticar lo interior han contrapuesto el hecho de que Alemania para financiar las pensiones haya acudido a emitir deuda, mientras que España ha subido las cotizaciones, sin considerar que nuestra deuda es el doble que la alemana y nuestra presión fiscal más reducida. Otra cosa es que el Gobierno español no haya escogido precisamente el impuesto más adecuado.

A lo largo de la historia las deudas han significado dolor, sufrimiento y el camino más corto para el empobrecimiento, la prisión e incluso la esclavitud. El endeudamiento también debilita a los Estados cuando lo contraen nominado en una divisa que no es la suya y que no controlan. Puede hacerles perder su soberanía y supeditarlos a poderes extranjeros. Sirva de ejemplo lo que ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica con el Fondo Monetario Internacional. La enorme deuda que en estos momentos tiene contraída España y nominada en una divisa que, aunque suya, no controla hace a nuestro país totalmente dependiente de las decisiones del Banco Central Europeo, y de las presiones que este organismo pueda  sufrir en el futuro.

republica.com 27-1-2022

Solo faltaban el desastre y las calamidades que han rodeado en los últimos días del mes de agosto el abandono de Afganistán por la OTAN para certificar el fracaso al que normalmente han derivado las llamadas misiones humanitarias, que de humanitarias en general tienen poco. Con frecuencia producen más quebrantos, ya sean directamente o a través de lo que eufemísticamente se denomina “daños” colaterales, que los que en teoría dicen querer evitar.

Tal vez he cometido la osadía y la inconveniencia de tomar posición en contra de casi todas ellas: Afganistán, las dos invasiones de Irak, Yugoeslavia, la Primavera Árabe, etc. Concretamente, el hacerlo respecto a la Guerra del Golfo, allá por el año 90, me costó seis años de ostracismo en la Administración, hasta que Felipe González dejó de ser presidente del gobierno. Sin ser un experto en la materia, y quizás desde la ignorancia, he desconfiado del Derecho internacional, porque la ley solo puede darse en una sociedad organizada, y la internacional está muy lejos de serlo, al carecer de unas instituciones auténticamente democráticas que puedan emitirla. En la política internacional lo que prima es la voluntad del vencedor o, en todo caso, el equilibrio motivado por el miedo de los posibles contendientes.

Habrá quien afirme que al menos existe una institución democrática en el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Permítanme que esboce una sonrisa. En los acuerdos de la ONU prima todo menos la democracia. Son la conjunción de todo un haz de intereses, y el resultado del esfuerzo y tesón de los distintos lobbies. Concretamente en la materia que nos ocupa, el órgano competente para legitimar o no una intervención e imponer sanciones es el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 Estados, cinco de ellos permanentes, que además tienen derecho de veto y que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial: EE. UU., Reino Unido, Francia, Rusia y la República Popular China. Nada puede decidirse sin su aprobación. ¿Nos puede extrañar por tanto que sean mínimas, y desde luego las menos importantes, las intervenciones que cuentan con el apoyo de la ONU?

Para aquellos otros casos en los que están divididos los intereses en el seno del Consejo de Seguridad, se ha acuñado una nueva expresión, Comunidad Internacional, que en el ámbito occidental se ha identificado con la OTAN. En su nombre se deciden y llevan a cabo las intervenciones y, aun cuando se revistan de motivos altruistas, son principalmente los intereses de esa Comunidad Internacional los que priman y, en realidad, el bienestar de los pueblos a los que se dice querer salvar importa poco.

Por otra parte, siempre está pendiente la pregunta de hasta qué punto una nación tiene derecho a intervenir en otra para imponer contra su voluntad un cambio en su género de vida, cultura y civilización, por muy aberrante, bárbara y bestial que pueda parecerle. No hay que retrotraerse demasiado en el tiempo para encontrar en nuestra civilización judeocristiana atrocidades y comportamientos, si no iguales, sí parecidos a los que ahora nos horrorizan de otros pueblos. Baste leer con detenimiento los capítulos III al V del libro V de “Los Hermanos Karamazov” de Dostoievski, en los que Iván explica a su hermano Alioscha por qué está dispuesto a devolver el billete ante el mal del mundo. Unos cuantos siglos no suponen demasiado tiempo dentro de la historia de la humanidad. Ahora se dice que Afganistán vuelve a la Edad Media. Es una apreciación quizás inexacta, no puede retroceder porque nunca ha salido de ella; somos nosotros, los que en teoría la hemos dejado atrás, los que de vez en cuando retornamos a ella.

En cualquier caso, poco importa la pregunta acerca de si se tiene derecho o no a intervenir en otros países, porque hay una cuestión previa: ¿se puede? Parece ser que no. Cada vez que se ha intentado se ha cosechado un rotundo fracaso: Irak, las primaveras árabes, Afganistán, etc. Resulta una misión imposible exportar la democracia a toda la humanidad cuando más de dos terceras partes carecen de ella. Lógicamente, siempre actuamos de manera selectiva, pero tendríamos que reflexionar también acerca de qué mueve nuestra elección, ¿el bien de los pueblos a los que queremos intervenir o nuestros intereses y conveniencias?

Los españoles más que nadie deberíamos ser conscientes de ello porque fuimos de los primeros en sufrirlo pasivamente. La modernidad y la Ilustración venían unidas a los fusiles de los soldados franceses y aquel rey José a quien para ofenderle le pusieron el nombre de Pepe Botella, no parece que fuese tan malo; desde luego, bastante mejor que el rey felón. Los españoles optamos entonces por las cadenas, la reacción y los curas trabucaires. Me imagino la huida de nuestros liberales hacia Francia a la llegada de Fernando VII a España, de forma no muy distinta a la que lo hacen ahora los afganos que han probado la libertad.

Los españoles tuvimos que ir conquistando por nosotros mismos los diversos grados de libertad, secularidad y democracia, a base de dolor, sufrimiento, contradicciones, avances y retrocesos, y cosa curiosa, uno de esos retrocesos lo protagonizaron los mismos ejércitos que con anterioridad pretendían traernos la libertad, los Cien Mil Hijos de San Luis, dando fin al trienio liberal y comienzo a la década ominosa, diez años de terror para los liberales.

Profundizando un poco más, vemos que detrás de la OTAN y de la Comunidad Internacional lo que nos encontramos es a Estados Unidos que, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha mandado y dirigido casi todo en este lado del telón de acero. Han sido sus intereses los que han primado y el resto de los países hemos adoptado el papel de comparsas, porque en cierto modo también nos beneficiaba. Es un hecho que no tiene por qué tener ninguna connotación peyorativa para los americanos, pero desde luego tampoco laudatoria como algunos pretenden en los momentos actuales, afirmando que los otros países no colaboran en ningún aspecto ni siquiera en el económico.

EE. UU. tiene el papel que ha elegido tener, el de mandar, el de ser líder. Se dice que «quien paga manda». EE. UU. es el que ha impuesto siempre sus intereses, pero también el que ha asumido la mayoría de los costes. El resto de países no tienen por qué quejarse porque contribuyen en mucha menor cuantía y participan más o menos en función de sus conveniencias. Pero la expresión anterior también puede y debe enunciarse al revés, «quien manda paga», por lo que no parece lógico ese victimismo surgido al otro lado del Atlántico acerca de que las demás naciones, en concreto las europeas, no cooperan, ni tienen razón los corifeos de este otro lado cuando salen en defensa de EE. UU. afirmando que le han dejado solo y que la responsabilidad no es únicamente suya.

Quizás toda la responsabilidad no sea suya, pero en el caso de Afganistán desde luego poco le falta. Fue el Gobierno norteamericano el que decidió la intervención como acción de castigo por la monstruosidad que significo el atentado de las Torres Gemelas, que dejó sin aliento a toda la sociedad occidental, haciéndoles presente lo vulnerables que eran frente al terrorismo. Bien es verdad que EE. UU. también en esta ocasión mostró carencias de seguridad muy considerables como el hecho de que, en contraste con los rígidos controles en los vuelos internacionales, apenas existiese ninguno en los nacionales, permitiendo que, sin riesgo, los terroristas secuestrasen tres aviones y los lanzasen hacia puntos estratégicos del país.

Después de veinte años y tras la salida apresurada del territorio hay que reconocer que la operación ha constituido un solemne fracaso. Siendo numerosas las muertes que ocasionó el derrumbe de las Torres Gemelas, muchas más han sido las originadas por la invasión y posterior ocupación durante estos veinte años. Ni siquiera ha servido para erradicar el terrorismo islámico, que ha continuado cometiendo atentados a lo largo de este tiempo, tal como lo hemos vivido en nuestras carnes los españoles y como se ha certificado tétricamente en el aeropuerto de Kabul estos últimos días.

Ha sido el Gobierno americano el que ha decidido el abandono del país, dejándolo en peor situación de la que se lo había encontrado, demostrando así que el bienestar del pueblo afgano no constituía ningún objetivo y, si lo era, aunque fuera en una pequeña proporción, su consecución ha representado un rotundo fiasco. Las imágenes del aeropuerto de Kabul de estos días son tan solo la punta del iceberg de la desolación y del terror en que va a quedar sumido todo el país tras la marcha de los soldados americanos. La ironía es que a la intervención de hace veinte años se la denominó «libertad duradera».

Desde luego de lo que sí es responsable EE. UU., y más concretamente la Administración Biden, es de la improvisación y del desorden con que se ha llevado a cabo la evacuación. Cuando uno piensa abandonar un país después de dos décadas de ocupación lo menos que se le puede exigir es una cierta planificación, tanto más cuanto que es consciente de que tiene que sacar del territorio a miles y miles de habitantes que, si no, van a ser masacrados.

El que no es responsable de nada o de casi nada es Pedro Sánchez. Desde luego, no de la intervención. Entonces debía de estar jugando a las canicas, o al baloncesto. Por mucho que se empeñe, tampoco ha tenido nada que ver en la decisión de salir de Afganistán, a no ser que en confianza Biden se lo susurrase al oído en ese paseíllo tan animado que mantuvieron en la sede de la OTAN en Bruselas. La prueba de que no intervino para nada es que le pilló de vacaciones y solo reaccionó varios días más tarde, y mucho después de que lo hiciese la mayoría de los mandatarios internacionales.

De lo único que es responsable es de pretender sustituir la tragedia por la comedia. Como hace casi siempre, montó una representación de ópera bufa, con él en el centro del escenario, trayendo como teloneros a la presidenta de la Comisión, al presidente del Consejo y al alto representante de Sánchez en la Unión Europea. Y es que el presidente del Gobierno le ha tomado gustillo a eso de traerse a las autoridades europeas a nuestro país para que legitimen sus actuaciones de gobierno ante los españoles, prueba de que no está seguro de ellas y de que no quiere ir al Congreso a dar cuentas y a discutirlas. Este mismo número ya lo montó con los fondos europeos de recuperación.

En el acto, presentado a manera de un acontecimiento planetario, se exhibió el campamento instalado en Torrejón de Ardoz, como un centro estratégico de operaciones, para traer a los refugiados de toda Europa y distribuirlos más tarde por los distintos países miembros. El planteamiento no podía por menos que extrañar, cuando ya entonces se calculaba que los refugiados que como mínimo había que sacar de Afganistán eran 100.000 y la capacidad del campamento, de 800. La comparación con el numerito montado con los pasajeros del Aquarius surgía de forma inmediata.

La impostura se deshizo como un azucarillo poco después cuando apareció Biden en televisión dando las gracias nominativamente a veintiocho países por su colaboración en el desalojo, sin la más mínima mención a España.  El ridículo era tan colosal, que teniendo en cuenta que EE. UU. necesitaba las bases norteamericanas de Rota y Morón como enclave intermedio de los refugiados hacia EE. UU. se preparó de urgencia una conversación telefónica entre los dos presidentes, conversación tanto tiempo esperada durante estos siete meses que lleva Biden en la Casa Blanca.

El papel discreto y modesto que nos correspondía en la evacuación quedaba patente cuando nuestra capacidad de traer refugiados quedaba condicionada, como en todos los demás países, por el número de vuelos (tres al día) que el ejército americano nos permitió en ese reparto por naciones que se vio obligado a organizar.

Pero, aunque sea aburrido, permítanme que les recuerde algunas cifras que expresan mejor que nada el papel humilde, propio de nuestro tamaño que en esta tragedia -que no comedia- nos ha correspondido. España ha sacado de Afganistán 2.200 pasajeros; EEUU, 105.000; Qatar, 40.000; Reino Unido, 13.146; Alemania, 5.347; Italia, 4.900; Albania, 4.000; Canadá, 3.700; Francia y Países Bajos, 2.500 cada uno; Turquía, 1.750; Bélgica, 1.400. Y así sucesivamente: Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia, etc., etc.

Estoy seguro de que, en ese papel modesto y discreto, nuestros soldados, el personal de la embajada y toda suerte de colaboradores se habrán comportado con dignidad, en ocasiones con heroísmo. Tal vez con la misma dignidad y heroísmo con los que ha actuado frente a la tragedia humana el personal del resto de los países que han intervenido. Pero, dicho esto, no creo que ningún gobierno de los implicados pueda gritar misión cumplida, ni pretender recibir alabanzas de una retirada tan bochornosa que deja atrás dolor, sufrimiento y hasta cierto punto traición. Lo mejor a lo que pueden aspirar es a que se diga que no han tenido nada que ver o muy poco en el asunto.

Sánchez no tiene derecho, y se está acostumbrando a ello, a utilizar el dolor y el sufrimiento de la poblacion para colocarse medallas que no le corresponden o para zafarse de su obligación de comparecer en el Parlamento. Ante cualquier crítica, azuza a sus ministros para que acusen a la oposición de no tener sentido de Estado. A Margarita Robles ese reproche no se le cae de la boca, lo que no deja de ser una desfachatez y una hipocresía en una ministra que lo es desde hace tres años gracias al apoyo de los enemigos del Estado y de aquellos que proyectan permanentemente romperlo y destruirlo. ¿Qué sentido de Estado puede tener?

Sánchez, de forma solemne, proclamaba que sentía orgullo de país; supongo que en su megalomanía se identifica con España. Pero es que ningún país que haya participado -y cuanto más haya participado, menos- se puede sentir orgulloso de tal bochorno. Orgullo solo los servidores públicos que hayan ayudado a minimizar la angustia y la desolación causadas por una operación triste y deshonrosa. No se entiende la postura de los medios de comunicación que se tragan el teatro gubernamental y lo transmiten sin objeción alguna. 

republica.com 2-9-2021

Creo que fue San Ignacio quien dijo aquello de que en tiempo de tribulación no hacer mudanza. Pues bien, en tiempos como estos, de epidemia y de histeria generalizada, resulta difícil escribir artículos. Solo hay un tema posible, que domina toda la actualidad. Tratar cualquier otro tiene el peligro de hacernos caer en el ostracismo y en la inoperancia. Ni siquiera Torra logró -a pesar de agitar una y otra vez el cadáver del procés- hacerse un hueco en la actualidad a base de reclamar que se convocara por videoconferencia la mesa de diálogo. Nadie le hizo caso. Tan es así que se avino a participar en la reunión de presidentes de Comunidades Autónomas, lo cual es insólito y quizás expresivo de que en Cataluña los virus son los únicos que no tienen hechos diferenciales.

A pesar de todo, el presidente de la Generalitat no podía soportar pasar desapercibido. Es por ello por lo que se vio obligado a tirar por elevación y, en cuanto supo que el presidente del Gobierno iba a comunicar el estado de alarma en toda España, le faltó tiempo para decretar la confinación de Cataluña. Torra consiguió su sueño, al menos por un día; eso sí, verbalmente, flatus vocis, puro postureo: la independencia de Cataluña. Confinarla, aislada de los malvados españoles, y se supone que también del resto del mundo. De pronto reparó en un pequeño detalle, no tenía competencias, muy a pesar suyo, ni en los puertos ni en los aeropuertos ni en Renfe. Así que, muy digno él, no tuvo más remedio que pedir al gobierno central su colaboración. De gobierno a gobierno, por supuesto, como a él le gusta. Bilateralmente.

Pasó por alto un tema mayor. Según la Constitución Española, la libre circulación por el territorio español (y Cataluña lo es) constituye un derecho fundamental de todos los españoles, y solo puede ser limitado por el gobierno central tras decretar alguno de los estados bien de alarma, excepción o sitio. Y el consejero de Gobernación no tuvo más remedio que reconocer que no tiene competencias para ordenar a los mozos el cierre de carreteras de forma generalizada y que estaba esperando la autorización del gobierno central.

A Torra, tal como ha demostrado múltiples veces, le importa muy poco la Constitución, pero sí montar escándalos, quejarse y hacerse la víctima. La declaración del estado de alarma le ha dado buena ocasión para ello; lo ha calificado de confiscación de competencias y de aplicación encubierta del artículo 155. Pero no se trata de ninguna aplicación encubierta, sino a las claras de otro artículo de la constitución, el 116.2, articulo que quizás se debería haber utilizado ya en el referéndum del 1 de octubre. Todos estos artículos y algunos más existen en nuestra Carta Magna entre otros motivos para recordar a los nacionalistas que las Autonomías no son estados soberanos.

Torra ha procurado que le siguiese en sus planteamientos Urkullu, quien se ha visto obligado en cierta medida a respaldarle, aunque solo sea porque, para independentistas, los vascos, y no podía quedarse atrás. Bien es cierto que se ha separado del presidente de la Generalitat en cuanto que este asumió una postura de cuasi rebeldía. Rebeldía que, como siempre, quedará restringida al ámbito verbal y al postureo, sin que sea previsible que en ningún caso dé lugar a posibles acciones punibles. Urkullu, como en los juicios, simplemente protestó para que constase en acta, pero nada más, aceptó el veredicto. Torra, sin embargo y como de costumbre, está haciendo el ridículo (esto sí que está configurándose como un hecho diferencial), y ha sido el único presidente autonómico en negarse a firmar el comunicado con el resto.

De Puigdemont y Ponsatí, mejor ni hablar. De nuevo, el nacionalismo catalán muestra la faz más sectaria. Todo carece de importancia, excepto el proceso hacia la independencia. Ya ocurrió con los atentados terroristas en Barcelona cuando en las declaraciones e inquietudes de ciertos prohombres nacionalistas las víctimas estaban ausentes, su única preocupación era mostrar al mundo que Cataluña era un Estado y que podía funcionar solo (véase mi artículo de 31 de agosto de 2017); y, si nos remontamos en la historia, el comportamiento no debió de ser muy diferente en la guerra civil. Basta leer a Azaña en La velada en Benicarló.

Es muy pronto para sacar conclusiones generales de esta pandemia y su desarrollo en nuestro país. Hay aún mucho ruido en la información y en las noticias. No obstante, sí parece claro que, a pesar de la imagen de coordinación y entendimiento que se ha querido dar al principio entre el Ministerio y los consejeros de Sanidad de las Autonomías, se han producido comportamientos diversos y disfuncionalidades, que hubiesen aconsejado implantar el estado de alarma desde el inicio, fuesen cuales fuesen las medidas a adoptar y la progresividad en su entrada en vigor. Es una prueba más de que, a la hora de la verdad, cuando existe un problema realmente serio se precisa un poder central fuerte capaz de controlar y dirigir la situación, y que las Comunidades Autónomas constituyen más un estorbo que un instrumento positivo.

Se atribuye al torero Manuel García Escudero, apodado “el espartero”,  la célebre frase de “Más cornadas da el hambre”. Cuando la emergencia sanitaria termine diluyéndose, comprobaremos si las consecuencias económicas van a ser más letales que la propia epidemia. Y es que, con la globalización, cualquier acontecimiento negativo, sea cisne negro o no, puede desencadenar una crisis de enormes dimensiones. Sistémica la llaman. Más bien debería denominarse anárquica, al no tener la economía ni control ni dirección. Es lo que ocurre con el neoliberalismo económico, cuando la libertad se lleva al máximo y nadie dirige el proceso lo que sobreviene es el caos.

La globalización no solo facilita la extensión de epidemias como esta, sino que multiplica sus consecuencias económicas negativas. Todo se cortocircuita. Los gobiernos, en cierta forma, se sienten impotentes al enfrentarse con mercados integrados de proporciones mucho más elevadas que sus propias naciones. ¡Ay de aquellos que pretendan solucionar la crisis con ocurrencias! El remedio suele ser bastante peor que la enfermedad. Lo presenciamos en tiempos de Zapatero.

Estos días se escuchan con estupor las afirmaciones de unos y de otros. Los sindicatos, como es lógico, mantienen que los trabajadores no pueden ser de nuevo los paganos de esta crisis; otros piensan lo mismo de las empresas; los de más allá reivindican que el coste no recaiga en los autónomos; los comentaristas y periodistas se preocupan de los contribuyentes, puesto que ellos mismos lo son, y hasta la OCU se asoma a la terraza para salir en defensa de los consumidores. Pero cuanto más estire todo el mundo de la manta, mayor puede hacerse el agujero.

Por mucho que nos pese, estamos insertos en una economía capitalista globalizada, integrados en la Unión Europea y, lo que es más limitativo, pertenecemos a la Eurozona, es decir, carecemos de moneda propia. Por si todo esto fuese poco, se mantienen lacras de la regresión pasada que condicionan fuertemente cualquier otra crisis futura, un stock de endeudamiento público cercano al 100% del PIB, la segunda tasa más elevada de desempleo de la Eurozona y una productividad cuyo incremento está próximo a cero. Todos estos hechos son suficientemente relevantes como para que tanto el Gobierno como los partidos de la oposición anden con sumo cuidado con las medidas que acometen o proponen. Uno tiene la impresión de que en materia económica unos y otros levitan en una nube de ilusión. Las alegrías en este ámbito terminan pagándose muy caras, no todo es posible, y es una ingenuidad o pura demagogia simular que no va a existir coste para nadie.

Sin duda, la parte más importante de la ecuación se encuentra en Europa y no son muy buenas noticias las que provienen de allí. En concreto, del BCE. La comparecencia de su nueva presidenta, Lagarde, no solo fue decepcionante, sino incomprensible. “No estamos aquí para cerrar diferenciales” (se refería a diferenciales en los tipos de interés de la deuda pública). Todas las bolsas europeas cayeron en picado, y no era para menos. La frase era demoledora, casi letal. Era una invitación a los mercados a que jugasen al tiro al blanco contra aquellos países miembros que creyesen menos solventes.

La actitud adoptada por Cristine Lagarde es la antítesis de su antecesor, Draghi, quien en plena crisis del euro y cuando las primas de riesgo de España e Italia alcanzaban cuantías insoportables prometió “hacer lo que fuese necesario”…“, “y créame que será suficiente”. Los mercados entendieron la amenaza, especialmente cuando iba unida a la creación de un nuevo instrumento (la OMT), mediante el que el BCE podía adquirir bonos soberanos. Los tipos de interés de los principales países comenzaron a converger y a reducirse el diferencial que mantenían con el alemán, como es natural cuando todos están referenciados a la misma moneda. En principio, en una unión monetaria no tendrían por qué existir primas de riesgo, puesto que no existe el riesgo de la variación del tipo de cambio. Cuando se da, es porque los mercados no terminan de confiar en que la unión permanezca o que ningún país tenga que abandonarla. Es esa confianza la que debe proporcionar el BCE. Que el máximo responsable de este organismo afirme que no está para cerrar diferenciales resulta asombroso, entre otros motivos porque esos diferenciales hacen imposible la aplicación de una política monetaria única.  

     Hay quien ha querido interpretar la postura de Lagarde como un órdago a los gobiernos y a la Comisión para que actúen y apliquen una política fiscal expansiva de cara a contener la crisis. Es cierto que la política monetaria tiene ya muy poco recorrido. Draghi venía avisándolo desde hace tiempo, así como también de la necesidad de que la política fiscal tomase el relevo. El problema es, sin embargo, que después de la situación creada por la crisis anterior no todos los países miembros pueden aplicarla, y mucho menos si el BCE no los respalda en los mercados.

Alemania ha decidido reaccionar y ha prometido créditos ilimitados a todos sus empresas y trabajadores. Pero la situación de Alemania es totalmente distinta a la de, por ejemplo, España. De 2010 a 2019 el stock de endeudamiento público en el país germánico ha pasado del 82,4% al 59,2%, mientras que, en España, por el contrario, la evolución ha sido del 60,5% al 96,7%. La tasa de desempleo en España es del 13,9%, mientras que en Alemania se sitúa en un reducido 3,2%. Es bastante indiscutible que las secuelas de la moneda única, al no existir mecanismos redistributivos, se han repartido de manera muy diversa, en forma de beneficios en algunos países y de pérdidas en otros.

En situaciones como esta, países tales como Grecia, España, Portugal, Italia, Francia y algunos más, no están en condiciones de defenderse por sí mismos. Necesitan la ayuda de la Unión Europea. La respuesta hasta ahora ha sido raquítica, 7.500 millones de euros, pero, además, que salen del mismo presupuesto comunitario, sin añadir un euro más y quitándolos de otros destinos. Por otra parte, el hecho de permitir que los gastos que tengan que hacer los países debidos a la epidemia no contabilicen en el déficit a efectos de los compromisos comunitarios no soluciona nada, porque el verdadero problema no radica ya tanto en las imposiciones de Bruselas, sino en lo que permitan las condiciones reales de la economía, y la reacción de los mercados.

Republica.20-3-2020

En algún artículo anterior me he referido al libro de Piketty, “El capitalismo del siglo XXI”, con la intención de alabar lo que considero su principal mérito, el esfuerzo extraordinario realizado para recopilar y estructurar una cantidad ingente de información, remontándose largamente en el tiempo. Hace escasas fechas se ha publicado en España su nueva obra, “Capital e ideología”, un grueso volumen de 1.300 páginas. Y, en la creencia de que puede ser tan útil como el anterior, me he apresurado a adquirirlo. Hasta ahora no he tenido tiempo de adentrarme en él seriamente. Tan solo he podido leer la introducción, pero me ha resultado ya sumamente ilustrativa, porque viene a confirmar con muchos más datos de los que yo poseía una de las tesis que he mantenido en mi libro “La trastienda de la crisis” de Editorial Península.

Afirmaba yo entonces en la página 169 del citado libro que los últimos setenta y cinco años se dividen en dos etapas bastante bien definidas: “Desde la órbita neoliberal, o más bien neocon, se pretende distorsionar la historia considerando como un periodo único y homogéneo los años que trascurren desde la conferencia de Bretton Woods hasta el momento presente. Nos quieren hacer creer que toda esa etapa es uniforme y que está regida por las reglas del liberalismo económico, y a esa política atribuyen los logros económicos y la prosperidad acaecida a lo largo de este tiempo. La realidad es muy otra. Las economías de la mayoría de los países occidentales se adecuaron por lo menos hasta medidos de los setenta al sistema que se denominaba de economía mixta, próximo a la ideología socialdemócrata en lo político y al Keynesianismo en lo económico. Solo a partir de finales de la década de los setenta y principio de los ochenta comienza a imponerse de manera desigual la ideología neoliberal, que va ganando adeptos progresivamente hasta que en los noventa se puede empezar ya a hablar de globalización al compás de que la libre circulación de capitales vaya adoptándose en casi todos los países desarrollados. Son estos 16 o 17 últimos años cuando llega a su auge el proceso liberalizador”.

Es en esa segunda etapa cuando se produce la inestabilidad financiera, se incrementa la desigualdad, se reducen las tasas de crecimiento y aumenta la de desempleo, incluso se acentúan gravemente los desequilibrios en las balanzas por cuenta corriente, causantes, junto con la libre circulación de capitales, de las crisis financieras y, concretando aún más, de la gran recesión del 2008.

Todos los datos indican el incremento de la desigualdad en todos los países a partir de 1980. Piketty utiliza como medida la proporción de la renta nacional destinada a retribuir el decil (10%) de ciudadanos de mayores ingresos y compara su evolución a lo largo del tiempo desde 1980 hasta 2018. Pues bien, en Estados Unidos este porcentaje pasa del 35 al 48%, en Europa del 28 al 34%, en Rusia del 26 al 46%, en China del 27 al 41 y en India del 35 al 55%. Las cifras serían más escandalosas si considerásemos el 1% o incluso el 0,1% de mayor renta. En concreto, de 1980 a 2018, el percentil de mayores ingresos absorbe el 27% del incremento de la renta mundial, que contrasta con el 13% que recibe el 50% de los ciudadanos de menores rentas.

Los defensores de la desigualdad la justifican al considerarla una condición necesaria para la generación de riqueza y el crecimiento económico. Los datos no avalan desde luego esta tesis. A ello me refiero en la obra anteriormente citada, mostrando cómo en casi todos los países de la OCDE, las tasas de crecimiento, con abstracción de los ciclos económicos, se han ido reduciendo a medida que avanzaba la globalización. Y lo mismo ha ocurrido con el empleo, las tasas de paro se han ido incrementando progresivamente. Piketty llega a la misma conclusión comparando los países y comprobando que no son los que presentan una desigualdad mayor los que más crecen.

El incremento de la desigualdad ha sido una consecuencia lógica del libre comercio y de la libre circulación de capitales. En los momentos actuales, los mercados, incluyendo el financiero, han adquirido la condición de globales -o al menos internacionales-, mientras que el poder político democrático ha quedado recluido en el ámbito del Estado-Nación. Es esta desproporción la que imposibilita, o al menos coloca enormes obstáculos al mantenimiento del Estado social, al verse el poder político cada vez más impotente para controlar a las fuerzas económicas. A pesar de que continúe habiendo partidos que se llamen socialistas, la socialdemocracia como tal está muerta.

Dos son las vías por las que la globalización actúa acentuando la desigualdad. En primer lugar, en el sistema de producción, a través del mercado laboral, que se desregulariza y por lo tanto se pierde ese carácter tuitivo del Derecho del trabajo. El capital y las empresas tienen la capacidad de chantajear al poder político y conseguir que las condiciones de trabajo vayan empeorando y los gastos laborales en términos reales crezcan menos que la productividad, con lo que el reparto de la renta se inclina a favor del excedente empresarial y en contra de los trabajadores y del Estado. Eso es lo que se observa al contemplar para la mayoría de los países europeos y para EE.UU. la evolución de los costes unitarios laborales en términos reales (deflactados). En todos los casos se constata que, por término medio, se han ido reduciendo, de modo que los beneficios empresariales se han apropiado de parte del incremento de la productividad que correspondería a los trabajadores. El problema se agudiza cuando como en los momentos actuales la productividad en la mayoría de los países europeos se encuentra próxima a cero, porque entonces los salarios reales (deflactados) pueden llegar a ser negativos.

La globalización incrementa la desigualdad no solo en el momento de la distribución de la renta, sino también por una segunda vía: debilitando y anulando los mecanismos redistributivos del Estado, en concreto el sistema fiscal y, como consecuencia, la amplitud y la cuantía de la protección y los servicios sociales. Desde 1980, los sistemas tributarios se han hecho mucho más regresivos en todos los países, incrementándose los impuestos indirectos y reduciendo al menos la progresividad de los impuestos directos. Especialmente los impuestos sobre la renta tanto de personas físicas como jurídicas, el de sucesiones y el de patrimonio han sufrido una fuerte ofensiva.

Pikkety ofrece también ejemplos muy ilustrativos: el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta en EE.UU. pasa del 81% en 1980 al 39% en la actualidad; en el Reino Unido, del 89 al 46%; del 58 al 50% en Alemania; del 60 al 57% en Francia y del 65 al 45% en España. ¿Qué diría hoy la prensa de un partido que propusiese el 65% como tipo marginal máximo en el impuesto sobre la renta? Como contraste, en nuestro país los tipos del IVA, un tributo indirecto, han pasado desde su creación, 12 y 6%, al momento actual con un 21 y 10%. El impuesto de sucesiones, por el contrario, casi ha desaparecido, siendo, sin embargo, esta figura vital para impedir la acumulación de la riqueza. Alguien tan poco sospechoso como Alexis de Tocqueville señalaba la importancia que las leyes sobre la herencia tienen a la hora de hacer una sociedad más igualitaria y justa. El impuesto de patrimonio, a su vez, fue suspendido –oh, paradoja- por un gobierno socialista y aunque tiempo después se elimino la suspensión, el restablecimiento se hizo en condiciones mucho más restrictivas, de manera que su eficacia ha quedado reducida enormemente.

La globalización no solo ha minorado las tasas de crecimiento y aumentado la desigualdad, sino que ha acentuado la inestabilidad financiera y multiplicado considerablemente el número y la gravedad de las crisis económicas. Estas se hacen mucho más frecuentes en la segunda etapa que en la primera, en la que casi no existieron. La adopción del libre cambio y de la libre circulación de capitales ha generado graves desequilibrios en las balanzas por cuenta corriente de los países, déficits en unos y superávits en otros. Ciertamente esos desequilibrios solo pueden subsistir gracias a las ingentes transferencias de recursos de los países excedentarios a los deficitarios, orientados a financiar los saldos negativos, pero que están prestos a huir tan pronto como intuye que puede haber dificultades.

Elegí el título “La trastienda de la crisis” para el libro con anterioridad citado en la creencia precisamente de que en el origen de la fuerte recesión de 2008 se encuentran los serios desequilibrios originados desde 1980 hasta 2007 en las balanzas por cuenta corriente de casi todos los países. Tal como aparece en los gráficos mostrados en el libro, en 1980 los déficits y los superávits son de escasa cuantía, casi inexistentes, pero van incrementándose progresivamente en el tiempo hasta el año 2007, en el que llegan a niveles desproporcionados e insostenibles. Los países se escinden en dos grupos opuestos, los acreedores y los deudores, prefigurados respectivamente, en China y en EE.UU., en el ámbito mundial, y en Alemania y los países europeos del Sur en la Eurozona. Antes o después, los desequilibrios acumulados y los flujos anárquicos de capitales que de ellos se derivaron tenían que originar la crisis. Y eso fue lo que ocurrió en 2008.

Hay que temer, por desgracia, que mientras la globalización continúe y se mantengan el libre cambio y la libre circulación de capitales aparezcan o se mantengan desequilibrios en las balanzas de pago y que la recesión pasada o alguna parecida se repitan.

republica.com 3-1-2020

A Davos se le ha tenido siempre por la catedral de la Globalización. No en vano fue en ese foro donde hace 20 años el neoliberalismo económico se quito la máscara y proclamó con todo el descaro por boca de Tietmeyer, entonces presidente del Bundesbank, “Los mercados serán los gendarmes de los poderes políticos”, con lo que se quebraba la soberanía popular.

No obstante este año, desde distintos ángulos se ha mostrado la preocupación, cosa insólita en este foro, por los perjudicados por la globalización. En realidad lo que les inquieta son los movimientos, asociaciones y partidos de todo tipo que están surgiendo en todos los países contra el sistema y que se supone que tienen como pretexto los incrementos en la desigualdad que la misma globalización genera. Según la crisis va quedando atrás se comprueba que la mejora económica no repercute sobre toda la población. Hay muchos hogares cuyos ingresos continúan estancados o disminuyen, y la pobreza permanece instalada en amplias capas de población.

Los principales líderes políticos, desde los primeros ministros de India y Canadá hasta Macron, pasando por Paolo Gentiloni o Merkel, todos han defendido la multilateralidad y han formado un frente común contra el proteccionismo que parece defender Trump. Macron ha señalado que fuera de la globalización no hay progreso posible. Angela Merkel ha manifestado tajantemente que el proteccionismo no es la solución “Me pregunto: ¿hemos aprendido realmente las lecciones de la historia, de las catástrofes provocadas por el hombre en el siglo XX? Realmente, creo que no”. Y el primer ministro italiano Gentiloni ha declarado que “Nuestra historia y nuestras raíces no son sinónimo de proteccionismo”

Pero también todos ellos se han hecho eco de los problemas que la globalización presenta en los momentos actuales, originados por la desigualdad. “La desigualdad está alcanzando niveles intolerables, incluso ahora que ha vuelto el crecimiento. No podemos acabar en un mundo con una élite cosmopolita y un ejército de trabajadores insatisfechos”, alertó Paolo Gentiloni. Emmanuel Macron ha sostenido que el crecimiento económico por sí solo no basta para lograr el «bien común», porque ha dejado fuera del progreso a muchas personas. “Si no le puedes asegurar a la gente, afirmó, que la globalización es buena para ellos, habrá nacionalistas y extremistas que quieran deshacerse del sistema. Y ganarán. Y no pasará solo en Francia, pasará en todos los países”.

Hoy el incremento de la desigualdad es tan evidente que hasta en Davos se ha aceptado como un hecho incontestable. El informe ‘Premiar el trabajo, no la riqueza’, de Oxfam, pone de manifiesto que el 82% del crecimiento fue a parar al 1% más privilegiado del mundo. Los desequilibrios obedecen no solo a que la parte de la renta que se destina a la retribución de los trabajadores se haya reducido de forma sustancial con respecto al excedente empresarial, sino porque aun dentro del sector de asalariados, el abanico retributivo es cada vez más amplio. Según este informe, en Estados Unidos, por ejemplo, «con poco más de un día de trabajo, un director general gana lo mismo que un trabajador en todo un año». Y esta misma realidad la han querido poner de manifiesto los sindicatos europeos con una imagen muy significativa, los altos ejecutivos que han participado estos cuatro días en el Foro de Davos, han cobrado más en ese corto periodo de tiempo, que la mayoría de los ciudadanos en un año y medio o dos de trabajo. Concretamente España se sitúa con un año y siete meses, entre Reino Unido (dos años) y Alemania (dieciocho meses).

Estos últimos datos tendrían que forzarnos a considerar que las políticas redistributivas hay que diseñarlas no solo entre rentas de capital y trabajo, sino también dentro de las propias rentas de trabajo y constatar la enorme injusticia que se comete al reducir los tipos marginales del IRPF en los tramos altos de renta. Los sindicatos en el Foro de Davos han propuesto limitar los sueldos de los altos directivos, dado que en algunos niveles son casi obscenos. No parece que la propuesta vaya a tener mucho éxito. Sin embargo, todo está ya inventado. El mismo efecto se lograría imponiendo a esos tramos altos de renta, tipos marginales muy elevados en el impuesto sobre la renta personal, de manera que los nuevos incrementos de ingresos pasen casi en su totalidad al fisco.

Ya en las sesiones del pasado año se plantearon inquietudes similares sin que se adaptase ninguna medida para corregir los desequilibrios, ni sin que estos hayan disminuidos, todo lo contrario. El resultado este año ha sido el mismo. Nada que vaya más allá de las palabras. La única novedad ha consistido en proponer un índice que denomina de crecimiento inclusivo. Sin duda poca cosa si todo queda en elaborar un nuevo indicador para medir el desarrollo, superando el contenido más bien estrecho de la evolución del PIB. Lo cierto es que ya existen muchos y no se precisa uno nuevo sino la voluntad de emplearlos y de sacar de ellos las consecuencias adecuadas. Por lo que parece los gobiernos no han mostrado tampoco ningún entusiasmo en la aplicación de este. Además la ordenación de los países por el nuevo indicador no difiere sustancialmente de la que resulta al utilizar la renta per cápita. Las variaciones más importantes de una a otra lista, saliéndose de la generalidad, se producen en países no pertenecientes a la Unión Europea, como EEUU, Japón, Israel etc, tal vez por poseer sus regímenes políticos un carácter más liberal, o algunos países del este europeo Eslovenia, Eslovaquia y Estonia, quizás por su herencia socialista.

No tiene nada de extraño que los últimos puestos entre los desarrollados lo ocupen los países del Sur de Europa: Grecia, Portugal, Italia, España, que han sufrido más duramente la crisis y las políticas de austeridad aplicadas por Frankfurt y Bruselas. Choca sin embargo que Italia se situé en un lugar peor que España. La explicación tal vez hay que buscarla en el mayor grado de endeudamiento público, aunque no se tenga quizás en cuenta que esta deuda está en su mayoría en manos italianas.

El problema de los mandatarios internacionales que en Davos se dan golpes de pecho, es que pretenden cuadrar el círculo. Por una parte glorifican a la globalización y afirman que sin ella no hay futuro económico ni político, pero por otra son conscientes de que el incremento de la desigualdad la pone en peligro. No se dan cuenta, o no quieren dársela, de que lo uno va unido indefectiblemente a la otra. La globalización significa, tal como Tietmeyer anuncio en ese mismo foro hace ya veintidós años, la entrega del poder a los mercados. Los gobiernos en buena medida han perdido su capacidad de actuar y de controlar al poder económico, que impone sus condiciones. La liberalización de todos los mercados conduce de forma automática y por su propia inercia a incrementar la desigualdad y los desniveles sociales.

Globalización y proteccionismo no son sin más conceptos antagónicos. Todos los estados tienden a ser proteccionistas. Es lógico que intenten defender sus economías. La globalización solo cercena aquellas medidas proteccionistas, que restringen los movimientos de capitales y que implican regulación e intervención de los mercados. Cuando se impone la globalización, el proteccionismo no desaparece solo que el estado cuenta con muchas menos armas, se apoya exclusivamente en la manipulación del tipo de cambio y en el dumping laboral y fiscal. Incluso en el caso de los países de la Eurozona tampoco pueden contar con la devaluación de la moneda; luego, para proteger la competitividad, se ven obligados a utilizar como únicas medidas la reducción de los costes sociales y fiscales. No es por casualidad que los países que se sitúan en la cola del nuevo índice que antes se ha citado, sean los países del sur de Europa cuya enorme pérdida de competitividad durante los primero años del Euro, les ha arrastrado a deflaciones competitivas de crecidas dimensiones.

Macron en Davos ha advertido «contra la evasión fiscal» y se ha pronunciado a favor de establecer «una estrategia global» a la hora de fijar impuestos a las empresas. Así mismo ha exhortado a Estados Unidos y a China a que se coordinen con Europa. La petición no se sabe si la motiva la inocencia o la hipocresía. ¿Cómo es posible pedir a otros países que armonicen su legislación fiscal con Europa cuando está después de 50 años continúa permitiendo la mayor disparidad entre los sistemas fiscales de sus miembros y cuando estados como Irlanda, Luxemburgo o Austria mantienen regímenes de claro dumping fiscal, reduciendo a mínimos la tributación de las empresas? En realidad en esta materia Trump no se separa demasiado del resto de mandatarios internacionales. Justifica su reforma fiscal en la competitividad y en la necesidad de repatriar los capitales americanos que se mantienen en otros países como Irlanda por gozar de mejores condiciones fiscales.

Merkel en su intervención se preguntaba si habíamos aprendido realmente las lecciones de la historia, de las catástrofes provocadas por el hombre en el siglo XX? Y se contestaba que no. Tenía razón, porque la causa última de esas catástrofes hay que buscarlas en el rabioso liberalismo económico que se impuso a finales del XIX, principio del XX. Sistema muy parecido al actual. Tras la segunda guerra mundial parecía que se había asimilado la enseñanza, estableciéndose en todos los países mecanismos para controlar a los mercados y al capital. A partir de los años ochenta, sin embargo, se ha vuelto a las andadas.

Globalización es ante todo libre circulación de capitales y mientras esta subsista los sistemas fiscales se irán haciendo cada vez más regresivos, y mientras las deslocalización sea una amenaza, los salarios permanecerán estancados o perdiendo incluso poder adquisitivo. Estos días hemos tenido un buen ejemplo con la factoría de Opel en Zaragoza ¿Cómo no van a incrementarse las desigualdades y las divergencias sociales? Los mandatarios internacionales a menudo parecen zombis, muertos vivientes. Aun no se han dado cuenta que con la Globalización, con su renuncia, el poder no se encuentra ya en ellos, sino como hace veintidós años les dijo Tietmeyer, en los mercados.

2-2-2018

En días pasados con ocasión de las Jornadas de primavera del FMI se reunieron en Washington los ministros de Economía y los presidentes de los Bancos Centrales del G-20. Sobre estos foros sobrevolaron como pájaros de mal agüero el Brexit y la posible aplicación de las fanfarronadas que Trump lanzó en la campaña electoral y que continúa manteniendo en la actualidad. Ambos factores se inscriben dentro de lo que el FMI y el discurso hasta ahora oficialmente hegemónico en la escena internacional consideran graves amenazas a la marcha futura de la economía mundial.

Así y todo, el FMI en sus previsiones de primavera ha elevado la tasa de crecimiento mundial previsto y ha concedido al Reino Unido el privilegio de ser el país entre los desarrollados cuyas previsiones de crecimiento para 2017 se han revisado más al alza -0,5 puntos-, con lo que, al menos implícitamente, se desmiente que el efecto del Brexit vaya a ser tan catastrófico para su economía como se pensaba, al menos en 2017. El Fondo considera que el efecto se trasladará a 2018 y siguientes. Puede ser, sin embargo, que según se vayan acercando esos años se reconozca que todo ha sido un espejismo y que tampoco en ellos el resultado acabe siendo tan negativo.

Respecto al nuevo Gobierno estadounidense, el G-20 no sabe a qué carta quedarse. La mayoría de los participantes piensan que hoy por hoy las amenazas de Trump han quedado solo en palabras y confían en que no aplique su programa electoral, al menos en todo lo que hace referencia a las restricciones a los mercados. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que ejerció de anfitrión, puesto que Alemania ostenta la presidencia rotatoria, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y manifestó su confianza en que primará el entendimiento y en que no habrá confrontación en materia de comercio con EE.UU. en la próxima cumbre que se celebrará este verano. Nadie quiere creerse -y menos que nadie Alemania, la gran beneficiaria de la situación actual- que Trump vaya a cumplir sus promesas de la campaña electoral, pero lo cierto es que la condena al proteccionismo desapareció del comunicado final en la pasada cumbre por la oposición de EE. UU.

En ese intento por desembarazarse de estos fantasmas son muchos los que quieren ver una diferencia entre el comercio justo que proclama todos los días Trump y las políticas proteccionistas. La misma Christine Lagarde en una entrevista concedida a varios medios se afianzaba en esta idea: “Cuando EE. UU. pide comercio justo algunos traducen automáticamente: ¡Oh, riesgo de proteccionismo! Pero la idea de un comercio libre, justo y global, va en la buena dirección. En las reuniones de primavera del FMI hay que sentarse y discutir qué es comercio justo”. Lo cierto es que Trump parece que tiene muy claro, si no lo que es, sí lo que no es. Arremete fuertemente contra Alemania y China por el ingente superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente que ambos países mantienen, en especial Alemania, y considera insostenible esa situación, además de perniciosa para los intereses de EE. UU. y de sus ciudadanos.

En este asunto a Trump no le falta razón. El 17 de noviembre del año pasado mantenía yo en este diario digital que todos somos proteccionistas, ya que hay muchas formas de serlo. El proteccionismo no se reduce exclusivamente a establecer contingentes y aranceles. Las contiendas comerciales pueden adquirir también la forma de una guerra de divisas. El actual presidente de EE. UU. acusa a China y a Alemania de obtener beneficios al mantener un yuan y un euro artificialmente devaluados frente al dólar. La primera, por el especial control de la economía que ejerce el gobierno de Pekín, y la segunda, por ser también la moneda de todos los componentes de la Eurozona, lo que origina que para la economía alemana el tipo de cambio esté infravalorado, mientras que permanece sobrevalorado para casi todos los demás miembros.

Pero existe otro tipo de proteccionismo mucho más sibilino pero que practican casi todos los países, el de obtener competitividad frente al exterior no mediante el incremento de la productividad, sino por el abaratamiento de los costes sociales, laborales y fiscales (una especie de devaluación interior), lo que incrementa la desigualdad. No es extraño por lo tanto que los que se sienten perjudicados aboguen por otro tipo de proteccionismo que no recaiga sobre sus espaldas. Los mandatarios internacionales empiezan a vislumbrar el problema. Aunque parezca paradójico, el FMI lo viene insinuando desde hace ya tiempo, colocando la desigualdad social como el mayor peligro de cara a la globalización y a los mercados internacionales.

Schäuble destacó en la reunión del G-20 la necesidad de defender lo que denominó un nuevo crecimiento “inclusivo”, que no excluya a amplias capas de población de las ventajas resultantes del crecimiento económico y que espante, por consiguiente, el fantasma de las guerras comerciales. «Mucha gente siente que no se beneficia del crecimiento y la globalización, tenemos que encararlo. De lo contrario, veremos más proteccionismo», afirmó. Este proteccionismo, añadió, “sería nefasto para la economía mundial”. Se le olvidó decir que especialmente para Alemania.

La incongruencia, sin embargo, se manifiesta en que los mandatarios no renuncian a la política que causa la desigualdad y en que parecen esperar que se reduzca de manera espontánea y sin corregir ninguna de las medidas que la han ocasionado. Alemania y otros países del norte de Europa no están dispuestos a enmendar su superávit exterior, que tanto daña a otros países de la Eurozona y que obliga en cierta medida a sus gobiernos a instrumentar políticas muy duras para sus ciudadanos, en particular para las clases bajas. El FMI, que lleva tiempo denunciando el peligro que para la economía mundial puede representar el incremento de la desigualdad, continúa aconsejando la misma política y las mismas medidas que la causan.

La propia Christine Lagarde en la entrevista citada, tras alabar al Gobierno español por la política realizada y las reformas acometidas, amén de ponderar los esfuerzos que han hecho los españoles, plantea, con la excusa de la dualidad del mercado de trabajo, la necesidad de una nueva reforma laboral que, por supuesto, significaría una nueva vuelta de tuerca en contra de los derechos de los trabajadores.

Nuestro país, ciertamente, presenta en la actualidad una tasa de crecimiento, junto con EE. UU. y Gran Bretaña, de las más altas de los países desarrollados, y ha cerrado 2016 con un superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente del 2%, dato en extremo importante si queremos ir amortizando la deuda externa. Pero todo ello se ha debido, aparte de a factores externos como el abaratamiento del petróleo, al profundo sacrificio de una buena parte de la población. Sangre, sudor y lágrimas. En el futuro es totalmente improbable que se produzcan los mismos factores exteriores, más bien su evolución será la contraria; ni tampoco los ciudadanos estarán dispuestos a someterse al mismo grado de padecimientos; Es lógico que reclamen otro tipo de proteccionismo del cual no sean ellos las victimas.

Se quiera o no, un cierto proteccionismo, por mucho que hoy su solo nombre haga temblar al pensamiento económico oficial, se irá imponiendo. Una porción importante de la población de los países desarrollados concibe ya la globalización como una carga de la que hay que huir. En las elecciones presidenciales francesas celebradas el pasado fin de semana, más del 40% de los franceses votaron a formaciones que, aunque mantienen posiciones antagónicas en otros temas, coinciden en rechazar la globalización y la UE. Ante esta perspectiva, son muchas las voces que comienzan a proclamar que si se quiere controlar la situación, los beneficios deben repartirse. En realidad es un brindis al sol. Empresa imposible. Al margen de las buenas intenciones, en la propia esencia de la globalización y de la libertad absoluta de los mercados se encuentra incrementar la desigualdad. No puede ser otro el resultado cuando el poder político democrático abdica de sus competencias y concede la supremacía a los mercados.

Republica.com 27-4-2017