ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Pocas dudas existen de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituye una necesidad y un bochorno que los consejeros de este órgano lleven cuatro años con el mandato caducado. Situación que se ha agravado con la ley elaborada ad hoc por este Gobierno, encaminada a despojar al Consejo, mientras está en funciones, de las competencias para cubrir vacantes. Resulta un cierto contrasentido privarle de las funciones precisamente cuando está en funciones. Se está creando así una situación caótica en la justicia -aunque tal vez buscada por el Gobierno- al permanecer muchos puestos vacantes.

A pesar de todo ello, hay que decir que seguramente es preferible que se haya producido la ruptura de las negociaciones al establecimiento de un mal acuerdo. Existen sospechas fundadas de que el arreglo que al final iba a pactarse tendría efectos más negativos sobre la justicia que mantener la situación actual. La razón no se encuentra en que el Gobierno vaya a modificar el Código Penal para reducir el delito de sedición. Es una ingenuidad que el Partido Popular se creyese los cantos de cisne y promesas del sanchismo. Mantenerse en el poder en esta legislatura, y sobre todo la esperanza de continuar en la próxima, depende de la permanencia del conglomerado Frankenstein. De ahí la necesidad y el verdadero motivo del cambio legislativo que se pretende hacer y no ese tonto argumento, que por mucho que se repita no deja de ser falaz, el de acomodarnos al resto de los países europeos. Al margen de nominalismos, sea cual sea el nombre que se le dé, todos los Estados castigan con penas muy severas el delito de atentar contra la unidad del Estado.

La causa de recelar del acuerdo tampoco se halla en que no sean los jueces los que hagan la designación. Era evidente que el PSOE no quería cambiar la ley, y las promesas, en el caso de que Sánchez se hubiese plegado a ellas, no ofrecían ninguna garantía de que la norma se modificase finalmente. Con todo ello se debería haber contado a priori. El verdadero motivo de desconfiar del acuerdo es la sospecha de que en el fondo

se iba a seguir el mismo procedimiento de siempre, el sistema de reparto de consejeros entre los dos partidos mayoritarios de acuerdo con sus afinidades políticas, en lugar de llegar al consenso mediante la convergencia de ambas formaciones acerca de quiénes son los candidatos más capacitados e independientes.

Existe un precedente reciente: el Partido Popular de Pablo Casado, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, aceptó nombrar a los consejeros del Tribunal de Cuentas por el mismo método, por el sistema tradicional de reparto (ver mis artículos del 11-11-2021 y del 10-3-2022). El resultado fue que el Tribunal cambió en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, y orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la Sección de Enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común. ¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados?

El mecanismo de reparto se opone si no a la letra, sí al menos al espíritu de la Constitución. El Gobierno repite hasta la saciedad que el Partido Popular no cumple la Constitución. Piensa en esto, como en tantas cosas, y puede ser que tenga razón, que a base de repetir una burda mentira la ciudadanía termina por asumirla como verdad. Sin embargo, la falacia se desinfla en cuanto analizamos con cierto rigor lo que dice la Carta Magna, tal como pretendí hacer en mi artículo de 23 de septiembre de 2021 en este mismo periódico digital.

La Constitución española en el apartado 3 del artículo 122 establece que el CGPJ se compone de veinte miembros. Ocho de ellos deben ser abogados u otros juristas de reconocida competencia, elegidos cuatro de ellos por el Congreso y cuatro por el Senado por mayoría de tres quintos. Los doce restantes serán seleccionados entre magistrados y jueces de todas las categorías judiciales y por el procedimiento que establezca una ley orgánica. Aun cuando es cierto que para estos últimos consejeros la Carta Magna no dispone la forma de designación, se puede concluir que no estaba en la intención del legislador que fuese la misma que la de los otros ocho miembros, porque, de ser así, no se hubiese establecido distinción entre ambos grupos o, al menos, solo en lo relativo a su procedencia.

En 1980, durante el Gobierno de UCD, las Cortes aprueban la primera ley orgánica sobre esta materia y en ella se estipula que estos doce consejeros sean elegidos por todos los jueces y magistrados en servicio activo mediante voto personal, igual, directo y secreto. No obstante, este procedimiento fue efímero porque en 1985 el PSOE en el gobierno elaboró una nueva ley orgánica en la que se cambia la elección de los doce jueces, y se determina que se realice de la misma forma que dispone la Constitución para los otros ocho miembros, es decir, entre aquellos que provienen del colectivo de abogados y juristas de reconocido prestigio.

Desde ese momento hasta la actualidad, aun cuando haya habido pequeños cambios, los veinte miembros que componen el CGPJ son designados por las Cámaras por mayoría de tres quintos. Pero con todo, la mayor gravedad no radica sin más en este cambio, sino que en la práctica, en una interpretación incorrecta, ha llevado a que los dos partidos mayoritarios terminasen repartiéndose los puestos, en función de sus afinidades políticas. Es a este peligro al que se refería el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia del 29 de julio de 1986 en la que -aun sin declarar inconstitucional el procedimiento, ya que no se oponía de forma directa a la letra de la Constitución- advertía de los efectos negativos que podían derivarse de su aplicación:

«Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el poder judicial… La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución».

Hace treinta y cinco años de esta exhortación del TC, y si exceptuamos algunos retoques efectuados en 2001 y 2013, que no cambian sustancialmente el procedimiento, la ley continúa sin modificarse en este aspecto, y, lo que es peor, el riesgo del que avisara el Tribunal Constitucional se ha hecho realidad a lo largo de todos estos años. Y no solo en lo referente al CGPJ, sino en general a todos los organismos cuyos miembros deben elegirse por las Cortes y para los que se ha establecido una mayoría cualificada.

De todo esto se deduce:

1. Que el Gobierno no pinta nada en la elección. Son el Congreso y el Senado los que tienen que elegir por esa mayoría cualificada y, por lo tanto, las formaciones políticas que pueden conformarla. De aquí que esté fuera de lugar la pretensión de Podemos de hacerse con un puesto, al tiempo que no puede por menos que chirriar cuando las formaciones a la izquierda del PSOE han criticado siempre el sistema de reparto, y ahora no solo lo defienden, sino que se apuntan a participar en el pastel.
2. La Constitución no obliga a ningún diputado ni senador a votar a un consejero que no considere apto, y por consiguiente ninguna formación política debe dar su aquiescencia a uno o varios candidatos que piensen que no son los adecuados por el simple hecho de que en contrapartida la formación política contraria acepte a los propios aspirantes.
3.  Si la Constitución exige la mayoría cualificada de tres quintos es para evitar toda posibilidad de politización del órgano. En principio, el hecho de que cada consejero cuente con la aprobación como mínimo de tres quintas partes de los diputados o de los senadores debería garantizar, al ser una persona de consenso, su neutralidad e independencia, sin adscripción partidista alguna.
4. Lo cierto es que, del modo en el que se ha venido aplicando desde 1985, el resultado ha sido el inverso. Tal como previó el  TC, se ha consolidado una corruptela: los partidos se han distribuido los puestos, nombrando cada uno de ellos a los más proclives a su formación política. La conclusión es que los elegidos son los más politizados (en el mal sentido del término) e incluso en algunos casos los más sectarios. Tan es así que se continúa hablando de consejeros conservadores y progresistas.
5. No estar dispuestos a votar a favor de la propuesta del PSOE no se puede decir que sea atacar la Constitución como se esfuerzan por afirmar una y otra vez todas las fuerzas del sanchismo; más bien, como mantiene el TC, el atentado la Carta Magna consiste en la distribución de los puestos a cubrir entre las fuerzas políticas, segun se hizo en la elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas, y existía el peligro de que la negociación entre el PSOE y el PP, ahora suspendida, transitara por el mismo camino.

Resulta un tanto estrambótico que Sánchez acuse a alguien de no cumplir la Constitución cuando accedió al gobierno y se mantiene en él gracias a las alianzas que ha establecido con formaciones secesionistas que se levantaron contra la Carta Magna y que atentaron contra la unidad del Estado; es más y que repiten constantemente en forma de reto que volverán hacerlo.

Resulta también bastante irónico que Sánchez grite que las leyes se cumplen al tiempo que pacta con los independentistas catalanes contravenir la sentencia de los jueces acerca del veinticinco por ciento del uso del castellano en la enseñanza y cuando el TC ha declarado contrarios a la Constitución varios de los acuerdos de este Gobierno. Incluso, parece que Sánchez adopta determinadas decisiones, consciente de que son inconstitucionales y de que en el futuro pueden declararse tales, y por eso está tan empeñado en controlar las instancias judiciales.

republica.com 10-11-2022

La primera vez que Yolanda Díaz presentó en sociedad su nuevo proyecto lo hizo escoltada por compañías no muy recomendables: Colau, Oltra, Monica etc. Y sin ninguna presencia de Podemos, como no fuese la catalana. La segunda vez, en el Matadero de Madrid y ya con nombre propio para su plataforma, espacio o lo que demonios sea. Lo ha llamado “sumar”, aunque más bien parece que de lo que se trata es de restar, ya que pidió expresamente que no asistiese ninguno de los líderes de los partidos políticos. Quiso que la dejasen sola. Mal comienzo para quien pretende aunar a esas mismas formaciones políticas.

Proclamó que lo suyo no iba de partidos ni de siglas, sino de la sociedad. Lo denominó movimiento ciudadano. Y ¿por qué será que cuando oigo algo así me viene a la memoria lo del movimiento nacional? El sistema de partidos políticos tiene muchos defectos y la democracia representativa también, pero hoy por hoy no se ha inventado nada mejor y cuando se ha querido innovar recurriendo a “movimientos” o soluciones parecidas, aquí o en América Latina, se han construido regímenes muy peligrosos.

Yolanda manifiesta que se trata de escuchar a la sociedad, pero ¿a través de qué canales, si se desecha a los partidos, cauces por los que cualquier ciudadano, si lo desea, puede participar en política? Se corre el peligro de escuchar tan solo a una parte de la sociedad, la más activa, la que más grita, y de olvidar a la mayoría, a los que el trabajo no les deja demasiado tiempo para opinar.

Por otra parte, cabría preguntarse ¿quién es el que tiene que escuchar?, ¿quién esta investido de autoridad para ello? Alguien podría interrogar a la ministra de Trabajo acerca de dónde se encuentra el origen de su designación. ¿Pablo Iglesias?, ¿Iceta?, ¿Sánchez? Por cierto, lo de Iceta no creo que sea una buena recomendación en la parte de España que no confraterniza con el nacionalismo. Cabría preguntarle también a qué debe su nombramiento de ministra de Trabajo. ¿No es acaso a su pertenencia a una formación política, al pacto entre dos partidos y al apoyo de otras formaciones políticas independentistas?

Ha sido Podemos y su pacto con el PSOE lo que la ha convertido en vicepresidenta segunda. Bien es verdad que el funcionamiento interno de Podemos (no solo de Podemos, sino de casi todos los partidos) deja mucho que desear desde el punto de vista democrático. Prueba evidente de ello es su nominación por Pablo Iglesias como cabeza de lista en las próximas elecciones generales. Al estilo de los mejores tiempos de la Monarquía absoluta, el jefe elige a su sucesor en la organización y en el gobierno. Se comprende que Yolanda Díaz desconfíe de los partidos políticos. Pero ¿cuál es la alternativa? El caudillismo de alguien que se postula como el enviado de Dios.

La actual ministra de Trabajo habla de un nuevo pacto social. Pero este no constituye en la teoría política un hecho histórico, sino un concepto que se supone implícito en el origen del Estado. Mediante él se pasa de una sociedad amorfa, sin ley ni orden, a un cuerpo organizado y estructurado con mayor o menor acierto. El pacto social es un concepto político-filosófico por el que cada ciudadano renuncia a parte de su libertad a condición de que los otros hagan lo mismo. Allí donde se ha dado integración social, por muy imperfecta que sea, está presente, aunque lo sea de manera implícita e inconsciente, el pacto social.

El Estado, la sociedad organizada, ha ido adquiriendo muchas formas, y en buena medida perfeccionándose, hasta constituirse como social, democrático y de derecho, y adoptar la democracia representativa, que tiene en la actualidad la mayoría de los países occidentales. En España, si buscamos en los tiempos recientes un hecho histórico, lo más parecido al pacto social se encuentra en la Constitución de 1978. No parece que hoy se den las condiciones suficientes para un consenso parecido. El aventurerismo siempre es peligroso.

Hay una tendencia a contraponer sociedad civil y Estado (sociedad política) denigrando a este último y situando a la primera como con el conjunto de todas las perfecciones. Tiendo a pensar que la sociedad civil no existe, que es una entelequia, un comodín que cada uno usa como quiere y en su propio beneficio. La sociedad sin Estado es amorfa, sin ley ni organización, reino del más fuerte. A lo que muchas veces se llama sociedad civil le cuadraría con más propiedad la denominación de sociedad mercantil.

En primera instancia, se encuentra formada por todo tipo de fundaciones o entidades parecidas, normalmente vinculadas a grandes empresas o a conglomerados económicos, que sirven sin duda a los intereses de quien dependen, aunque en parte estén financiadas por el Estado mediante las correspondientes deducciones en el impuesto de sociedades. Son instrumentos de poder de los ejecutivos que se valen de ellas para influir en todos los ámbitos sociales, desde la educación al deporte, pasando por la cultura, etcétera.

En segunda instancia, están las ONG y todo tipo de asociaciones. En la mayoría de los casos su independencia es muy relativa. Con frecuencia viven al amparo de alguna fuerza política o de alguna de las fundaciones de las que hablábamos antes. Lo de “no gubernamental” suele ser un eufemismo porque existen en buena medida gracias a las ubres del Estado, bien directamente mediante subvenciones, bien indirectamente a través de deducciones en el IRPF y en el impuesto de sociedades.

A pesar de que fundaciones y ONG se financien en todo o en parte con fondos públicos, carecen de los mecanismos de control que deben tener estos recursos y que, al menos en teoría, existen en la Administración.

Me temo que cuando alguien recurre a la sociedad civil está apelando a las asociaciones y organizaciones que se mueven en su misma órbita ideológica. Con el nombre de sociedad civil (a veces comunidad científica, o expertos) se pretende dar visos de objetividad y neutralidad a opiniones que son de parte. Por poner algún ejemplo, las tesis del Instituto de Estudios Económicos se presentan como imparciales cuando son en realidad la voz de la CEOE; lo mismo ocurre con FEDEA, solo hay que mirar quiénes son sus patronos. Algo parecido se podría decir de muchas ONG de la izquierda, y no digamos del espacio independentista.

El hecho de que Yolanda Díaz haya renunciado a presentarse a las elecciones autonómicas y municipales da idea de hasta qué punto hoy Sumar es una superestructura sin raíces ni asentamiento en la sociedad. Carece de organización. Por eso hay que esperar a las generales, que siempre se plantean más de forma plebiscitaria, a favor o en contra. Se prestan al caudillismo, al enfrentamiento entre los líderes, sin que importe mucho en ocasiones a qué organización representan.

En realidad, el proyecto de Yolanda Díaz, aun cuando se exhibe como novedoso, tiene poco de tal. En múltiples latitudes se han visto experimentos parecidos. Pero es que, mirando a nuestro  propio país, parece una repetición de Podemos. Y ya se sabe que segundas partes nunca han sido buenas; o bien, citando a Marx en “El 18 de Brumario”, la historia sucede dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Las circunstancias han cambiado por completo. No existe ya un 15-M y muchos de los indignados han pasado por el poder.

Es posible que Podemos esté en decadencia, fruto de sus muchos errores, pero malamente repetir el ciclo va a añadir algo nuevo. Si Yolanda Díaz quiere jugar en política, barrunto que no va a tener más remedio que acudir a los partidos, y en la izquierda únicamente hay dos formaciones políticas que puedan llamarse tales, Podemos e Izquierda Unida, por muy en decadencia que parezcan estar. De lo contrario, en lugar de sumar va a restar. Claro que tiene otro camino que han seguido antes que ella otros muchos miembros de IU o del PC, ingresar en el PSOE.

republica.com 8-9-2022

“Hay veces que cuesta entender a los políticos. A menudo están empeñados en labrar su propia perdición. Son presa de la desmesura. Es lo que entendían los griegos por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba que “los dioses ciegan a quienes quieren perder” y, en palabras de Eurípides: “Aquel a quienes los dioses desean destruir primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al engreimiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites. Es posible que algunos miembros del PP estén dejándose arrastrar por la “hibris”. Contra toda lógica, se empeñan en crear enfrentamientos internos. Parecen desconocer que son las divisiones entre las distintas facciones de un partido lo que castigan en mayor medida los electores”. Así comenzaba el artículo que escribí el 11 de noviembre de 2021, cuando hacían su aparición los primeros enfrentamientos entre Génova y la Puerta del Sol. ¿Qué decir ahora?

Siempre he defendido la presunción de inocencia y he pensado que en España se la violaba con demasiada frecuencia. La corrupción real o supuesta ha sido un arma utilizada habitualmente por los políticos para atacar al bando de enfrente. Arma política al igual que las comisiones de investigación constituidas en el Congreso, que no sirven desde luego para investigar nada y cuyas conclusiones están escritas desde antes de comenzar, al gusto de los que tienen la mayoría en la Cámara, y al margen de los papeles examinados o de los argumentos manifestados.

En el tema de la corrupción hay y ha habido mucho fariseísmo. Los partidos se han tirado a la cabeza unos a otros la basura. Bien es verdad que la pequeña, porque la grande se encuentra siempre bien oculta. Mierda cierta o presunta, lo importante es dejar flotando en el ambiente la sospecha. Menos habitual es que desde la dirección de un partido se emplee idéntica táctica contra uno de sus principales activos políticos, dinamitando al mismo tiempo la propia formación. No sé cuánto habrá de reprochable en el famoso contrato de las mascarillas, pero lo que no se puede olvidar es que nos encontrábamos en abril de 2020, cuando se carecía del más elemental material para combatir la pandemia. Si en algún momento ha estado justificada en la contratación la tramitación de emergencia ha sido entonces, tanto más cuando los escasos suministradores se encontraban en China.

Todas las Comunidades tuvieron que acudir a este tipo de contratación, ante el fracaso estrepitoso del Gobierno central. ¿Cuál sería el resultado si se analizasen todos los contratos realizados en ese tiempo por el Ministerio de Sanidad o más tarde por el de Fomento que se hizo cargo de la contratación de la pandemia ante la incapacidad de aquel? No sé si con comisión o sin comisión, lo que sí parece cierto es que en múltiples casos ni se conocía el nombre de los proveedores y que muchos de los artículos no llegaron o llegaron defectuosos. Seamos serios, lo más importante del contrato de la Comunidad de Madrid es que las 250.000 mascarillas aterrizaron en el hospital de IFEMA y en un momento en el que el portavoz del Ministerio, el doctor Simón, con todo el descaro, mantenía que las mascarillas no eran necesarias, por la simple razón de que el Gobierno no disponía de ellas.

Es difícil no sorprenderse al escuchar a la portavoz de Mas Madrid en su ruta hacia la Fiscalía afirmar que se había pagado por las mascarillas un precio superior al del mercado. Ciertamente, a las virtudes de médico, mujer y madre no puede añadir la de economista. ¿De qué mercado? Si no había ninguno, y la demanda superaba con mucho la oferta. Había que buscar recomendación para conseguir proveedores. 

Como afirmaba al principio, no sé si hay algo de censurable (mucho o poco) en el citado contrato. El tiempo lo dirá. Pero sobre lo que no parece que haya muchas dudas es de que la dirección nacional ha querido chantajear a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que no opte a la presidencia del partido en esa región, lo que tiene poca explicación (todos los barones tienen esa doble condición) como no sea el miedo a que a medio plazo pueda ser una alternativa a Casado. Explicación poco vistosa y que no deja en muy buen lugar la seguridad que en sí mismo tiene el actual presidente del PP. Oyendo a unos y a otros, es difícil llegar a conclusiones distintas.

Quizás la primera aclaración surge de la rueda de prensa que ofreció el alcalde de Madrid. Intentó, y yo creo que lo consiguió, salvar su actuación y sus responsabilidades. Dio explicaciones exclusivamente como alcalde y se negó a contestar como portavoz de la dirección nacional. Disociación un tanto chocante, e incluso que merece cierta recriminación, pero perfectamente explicable y hasta cierto modo hermenéutica de lo que estaba ocurriendo. Martínez Almeida ha querido hacerse cargo exclusivamente de lo que entraba dentro de sus responsabilidades, pero en ningún caso de decisiones tomadas en otras esferas que no dependen de él, aunque sea portavoz de ellas. La dimisión de Ángel Carromero vino a confirmar las sospechas.

Teodoro García Egea comenzó su comparecencia en rueda de prensa declarando que era el secretario general del PP, aseveración un tanto inútil porque todos los sabíamos, y que desde que asumió el cargo su objetivo ha sido mantener el partido limpio. Su discurso resultó un tanto presuntuoso y no demasiado creíble, al tiempo que condenaba por anticipado -y parece ser que sin pruebas- a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que al día siguiente remataba de forma más rotunda Casado en su entrevista en la COPE. Es más, ambos han dado ocasión a las otras fuerzas políticas para que se lanzasen al asalto.

Han faltado horas para que todos los partidos políticos de la oposición de Madrid salvo VOX hayan ido corriendo a la Fiscalía. De hecho, en la Asamblea de Madrid los adversarios políticos de Ayuso habían agitado con frecuencia el fantasma de la corrupción, pero sin poder concretarla en nada, como no fuese en la petición de crear una comisión de investigación, solución muy socorrida porque no requiere ningún requisito, a no ser el de contar con una mayoría que en este caso no existía. Tampoco poseían pruebas para ir a los tribunales, ni siquiera a la Fiscalía. Por lo que ellos han manifestado ahora, solo tenían unos SMS anónimos. Y Anónimo, según han dicho desde Génova, es también el dosier de marras. Habrá que recordar que las denuncias anónimas era el sistema habitual ante el tribunal de la Inquisición.

Únicamente se han atrevido a recurrir a la Fiscalía tras el órdago lanzado por la dirección general del PP, que parecía legitimarles o al menos concederles las excusas que necesitaban. Existe quizás la sospecha de que hay una operación circular, un búmeran que parte del Gobierno y vuelve a él, mediante sus antenas en la Comunidad de Madrid. Ayuso manifestó que Casado al hacerle entrega del dosier afirmaba que su origen se encontraba en la Moncloa, lo que resulta bastante creíble. En primer lugar, porque no parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid ganase nada con tal afirmación y, en segundo lugar, porque el desmentido de Casado ha sido un tanto ambiguo, eludiendo indicar su procedencia y afirmando al mismo tiempo que contenía documentos oficiales de información fiscal, datos que solo podían provenir de la Agencia Tributaria.

El secreto fiscal afecta a toda la información que maneja la Administración tributaria, constituyendo delito su revelación. Su manejo está muy restringido. Toda consulta a los ordenadores deja rastro y la identificación de quien ha accedido a ella. Esto hace que sea muy difícil cualquier fuga de datos, si no es a niveles políticos muy elevados, e incrementa las posibilidades de que el dosier proviniese de la Moncloa.

Tal vez las susceptibilidades se incrementan ante la sospecha de que todo parte de Teodoro García Egea y al considerar las extrañas relaciones que ha mantenido con la Moncloa. Resultó totalmente incomprensible que, tras muchos meses en los que se PP se negó a pactar el nombramiento de los órganos constitucionales por el procedimiento clásico de repartirse los miembros entre los dos partidos mayoritarios, de repente haya accedido a ello excluyendo solo al Consejo de Poder Judicial (ver el artículo citado de 11 de noviembre del año pasado). Tampoco ayuda mucho a aclarar las cosas que la mano derecha del secretario general sea Alberto Casero, quien votó a favor de la reforma laboral, y el encargado estos días de llamar a cargos del PP para que tuiteen en favor de Pablo Casado. Resulta un poco extraño, o quizás no, que Teodoro López Egea, escogiera la Sesta para realizar su discurso de despedida, y no tendríamos acaso que preguntarnos ¿porque en las tertulias aquellos que siempre defienden con desafuero a Sanchez, en este affaire se colocan al lado de Casado y Egea?  

De la Moncloa a la Moncloa, porque la ofensiva ha terminado en las sucursales del Gobierno central en la Comunidad de Madrid. Sanchez se reviste de Tartufo mientras brinda con champán en la Moncloa, y con ese tono suave y jesuítico pide que todo se aclare, al tiempo que manda sus huestes a la Fiscalía. Nótese, no a los tribunales, sino a la Fiscalía, donde cuenta con Dolores que con pruebas o sin pruebas puede tener estancado el expediente el tiempo que sea necesario.

Todos los discursos acerca de la corrupción suelen revestirse de fariseísmo. Todo el mundo ve la mota en el ojo del vecino y no la viga en el propio. Uno no sale de su asombro al contemplar a Juan Lobato, ese chiquilicuatre, que diría Esperanza Aguirre, secretario general del PSOE de Madrid, coger el testigo que les lanza la dirección nacional del PP, rasgarse las vestiduras acerca de la corrupción que según él se encuentra en los contratos de la Comunidad y proclamar: “Aquí estamos los socialistas para dignificar la política, ser ejemplares y fiscalizar». Y se queda tan contento.

Por lo visto se olvida de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, socialista, condenada a cinco años de inhabilitación y que no piensa dimitir; de Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, socialista, imputada con buena parte de su equipo de gobierno por perdonar tasas municipales a una empresa propietaria de una ITV; de María Luz Lastras, ex alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, y de otros cuatro ediles y ex ediles todos ellos del PSOE, además de familiares y empresarios, acusados de corrupción urbanística, en la “Operación Pantano”. Así se podría continuar citando casos parecidos en Fuenlabrada, Parla, Ciempozuelos, etc. Y ¿por qué no salir de la Comunidad de Madrid? Baste con citar el caso de la alcaldesa de Barcelona, imputada y que se niega a dejar el cargo sin que sus socios del PSC exijan su dimisión.

El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice el Evangelio. Todo el mundo intenta tapar sus vergüenzas, por eso es tan extraño que la dirección nacional de un partido lance a los leones, y además sin pruebas, a sus propios altos cargos.

Republica 24-2-2022

Hay veces que cuesta entender a los políticos. A menudo están empeñados en labrar su propia perdición. Son presa de la desmesura. Es lo que entendían los griegos por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba que “los dioses ciegan a quienes quieren perder” y en palabras de Eurípides “Aquel a quienes los dioses desean destruir primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al engreimiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites.

Es posible que algunos miembros del PP estén dejándose arrastrar por la “hibris”. Contra toda lógica, se empeñan en crear enfrentamientos internos. Parecen desconocer que son las divisiones entre las distintas facciones de un partido lo que castigan en mayor medida los electores. Su colosal victoria el 4 de mayo pasado puede haber cegado a Ayuso y hacerla caer en lo desorbitado, llevándola a abandonar la objetividad y los límites posibles. Ha perdido, tal vez, la proporción de las cosas.

Da la sensación de que va sobrada, y sobredimensiona su triunfo, olvidando quizás que se debe, más que a su mérito, a los errores y traspiés de Sánchez. Como ocurre últimamente en casi todas las elecciones, el voto en lugar de ser “a favor de”, es “en contra de”. Quizás debería preguntarse en qué medida otro candidato hubiese obtenido un resultado similar.

A Ayuso no son los dioses los que la ciegan, sino determinadas voces de sirena, cercanas a ella y dentro de la agrupación de Madrid. Pretenden ofuscarla, vertiendo en su oído frases agradables que potencian su ego, y la hacen caer en el pecado de desmesura. La lanzan a contiendas que no les convienen ni a ella ni a su partido. Algunas de estas voces son ya conocidas; en su día, ya pusieron todo tipo de zancadillas y obstáculos a Rajoy. Hay abrazos que matan. Dios nos libre de la amistad de Esperanza Aguirre. Siempre ha tenido mucho descaro. Decía aquello de que quería privatizar el Canal de Isabel II para devolvérselo a los madrileños.

Pero la “hibris” también ronda Génova. Cuando, sin ningún mérito propio, sino por demérito del contrario, las encuestas se han dado la vuelta (con la excepción de las de Tezanos) y les favorecen, se llenan de soberbia y se enzarzan en una lucha estéril con la presidenta de la Comunidad de Madrid que a nada conduce. Su altanería y arrogancia contrasta con la levedad de su discurso, que solo se sostiene por las indignidades y peligros que provienen de la actuación del Gobierno Frankenstein.

Es difícil saber qué dioses han ofuscado a la dirección del PP para que después de negarse durante no se sabe cuánto tiempo a la renovación de los órganos constitucionales, si no se realizaba con garantías de imparcialidad e independencia, haya terminado plegándose -excepto en la renovación del Consejo General del Poder Judicial- sustancialmente al mismo sistema de reparto, uno para ti, uno para mí. Es posible que se haya intentado hacer de una manera más disimulada, discreta, huyendo de la desvergüenza y el descaro. Pero el resultado final ha sido el mismo. Han permanecido en la órbita del reparto sin entrar en el círculo del verdadero consenso. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas.

El ministro de la Presidencia, que encabezaba la delegación gubernamental en la negociación, dejó enseguida claro que ellos no se responsabilizaban de los cuatro vocales del Tribunal Constitucional elegidos. No habían designado ni a Alcubilla ni a Espejel, es decir, que solo los habían aceptado como contrapartida para que el PSOE a su vez diese su conformidad a Montalbán y a Sáez Valcarcel. Dos para ti, dos para mí. Pero ha sido el mismo presidente del Gobierno el que también ha afirmado con total descaro que él solo responde de los suyos, con lo que certifica el reparto de consejeros.

Resulta evidente que, al menos para el PSOE, no ha cambiado nada. Tampoco para la prensa, que puso enseguida filiación a todos los elegidos. Lo mismo ha ocurrido con los consejeros del Tribunal de Cuentas. No hay duda de quién ha designado a cada uno de ellos. Poniendo el símil de una cuerda, la cual representaría la adscripción política de todos los candidatos. El pacto se habría conseguido a base de que cada partido pudiese elegir a los de un extremo de la cuerda, si aceptaba que la otra fuerza pudiese designar consejeros a los del otro extremo. El verdadero consenso, que es el que está en el espíritu de la Constitución y al que se refería el Tribunal Constitucional, y al que en ningún momento se ha querido recurrir, hubiese consistido en que ambos partidos confluyesen en la elección de todos los miembros, al designar a aquellos que están en el centro de la cuerda. De esta forma, los candidatos serían de los dos y de ninguno.

Que los elegidos sean más desconocidos o que hasta ahora hayan estado más bien en la sombra no quiere decir que se encuentren menos politizados. Me temo que lo único que indica es que su currículo profesional es más gris y, por lo tanto, que no son los más adecuados para el puesto. Da la impresión de que se ha tenido más en cuenta la ideología que la capacitación. A ello abunda el hecho de que, según parece, haya sentado mal en el Tribunal Supremo que ninguno de los cuatro magistrados designados pertenezca a esa institución, cuyos miembros se supone que constituyen la cima de la carrera judicial. Hasta cierto punto la queja, al margen de corporativismos, parece lógica, puesto que algunas sentencias del Supremo tendrán que ser revisadas por el Constitucional, y resulta contradictorio que quienes tienen menor preparación y conocimientos supervisen a aquellos que, en principio, tienen mayor experiencia y capacitación.

Tampoco parece que en el Tribunal de Cuentas se haya escogido a los más aptos, sino que se han priorizado las afinidades políticas. Es curioso que en una institución cuya finalidad primera es la fiscalización de las finanzas públicas brillen por su ausencia entre los currículos de los consejeros elegidos la economía, la contabilidad y la auditoría. Casi todos son juristas.

Pero tal vez sea en la institución del Defensor del Pueblo donde menos se haya disimulado y se hayan guardado en menor medida las formas. Se ha mantenido al milímetro el procedimiento seguido tradicionalmente. El Gobierno nombra al Defensor del Pueblo y la oposición al adjunto. El PSOE ha designado a Ángel Gabilondo para el primer puesto, y el PP a Teresa Jiménez Becerril para el segundo. El sesgo político está suficientemente claro. Gabilondo ha sido ministro con Zapatero, y cabeza de lista impuesto por Sánchez en dos ocasiones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y asimismo portavoz del PSOE en la Asamblea. Becerril, en estos momentos, es diputada en el Grupo Popular y fue durante años europarlamentaria. Los currículos de los dos candidatos elegidos, aun cuando puedan ser muy adecuados para otros cometidos, no son los más aptos para el puesto para el que han sido seleccionados. No parece que su conocimiento de la función pública y de las leyes y procedimientos administrativos (materias sobre las que gira la tarea que tiene que desarrollar esta institución) sea muy profundo.

El acuerdo ha sido una tomadura de pelo. Después de tanto marear la perdiz, han terminado manteniendo el procedimiento de siempre. Casi un fraude de ley, porque está en contra del espíritu del mandato de la Carta Magna, tal como ha indicado el propio Tribunal Constitucional (véase mi artículo del 23 de septiembre pasado en este diario).

Casado se ha cubierto de gloria. Hay que preguntarse quién o quiénes le han cegado para cometer tal equivocación y plegarse a este método de elección que, con sentido, ha venido rechazando durante largo tiempo. Y para ofuscación la de esos tertulianos o analistas políticos que, conducidos por su frivolidad habitual, se congratularon de que los dos partidos mayoritarios hayan llegado a un pacto sin analizar su contenido. Parece ser que para ellos lo importante es el mero acto de acordar y no lo que se ha acordado.

republica.com 11-11-2021

Siempre he mantenido que, para llegar a ser líder de uno de los principales partidos políticos, y no digamos para ser presidente del gobierno, se precisa ser un depredador político. Hay muchos más que lo son sin llegar tan lejos. González prescindió, entre otros, de Alfonso Guerra, cuando durante años pasaron por inseparables. Aznar, después del numerito de la carta a Fraga, no tuvo empacho en ir cesando poco a poco a casi todos los vicepresidentes que había heredado de la época del ministro franquista. Zapatero, a su vez, fue prescindiendo progresivamente de todos los jóvenes turcos que conjuntamente conspiraron para presentarle a secretario general del partido y consiguieron su triunfo frente a Bono. La política está llena de escenas parecidas.

Tengo que reconocer, sin embargo, que la crisis de gobierno que ha hecho Sánchez me ha desconcertado bastante, y eso que he sido de los pocos -tal como he dejado rastro en mis artículos-, que desde 2015 estábamos convencidos de que el entonces recién elegido secretario general del PSOE era capaz de todo con tal de alcanzar el poder y permanecer en él. El cese de Ábalos, Redondo y Calvo no puede por menos que llamar la atención.

El caso de Sánchez es muy particular.  Es de sobra conocido que en  2015, tras obtener el resultado más bajo de unas elecciones generales en la historia del PSOE, no dimitió y se negó además a todo acuerdo con el PP, a pesar de que esta formación era el partido más votado y de que negarse a este diálogo era bloquear cualquier salida política para formar un gobierno, como no fuese la de pactar con aquellos que ya conspiraban para dar un golpe de Estado, opción que resultaba inviable para cualquier formación que aceptase la Constitución y defendiese el derecho y la democracia.

Pero era precisamente esta opción la que Pedro Sánchez acariciaba, aunque no se atreviese a decirlo claramente. El Comité Federal y parte de la Ejecutiva, sin embargo, lo intuían. La sospecha se hizo amenaza cuando amagó con unas primarias exprés para que la militancia revalidase su proyecto. El supremo órgano entre partidos le obligó a dimitir y se nombró una gestora.

Todo esto, que, como he dicho, es de sobra conocido, resulta conveniente recordarlo para resaltar el grado de soledad y de abatimiento en el que quedó Pedro Sánchez dentro del PSOE. Todos los que representaban algo en el partido le dieron la espalda. Muy pocos fueron los que permanecieron a su lado. La depresión fue tan fuerte que incluso había tirado los guantes y decidido no presentarse a las primarias de 2017. Fue Ábalos el que le empujó a participar, incluso le acompañó a lo largo de toda la campaña y puso a su disposición medios e instrumentos, ya que entre los pocos fieles que se mantuvieron a su lado era el único que contaba con estructura, en su calidad de secretario general de la provincia de Valencia.

Caben pocas dudas sobre el papel que Redondo ha jugado en la trayectoria política de Sánchez desde las primarias de 2017. De hecho, a él se atribuía todo lo bueno y todo lo malo. Es posible que se haya exagerado, pero lo que sí parece cierto -o al menos ellos lo han querido dar a entender-  es la unión y la complicidad que se daba entre el presidente del Gobierno y su jefe de gabinete. Redondo afirmó hace días en sede parlamentaria que estaría dispuesto a lanzarse a un barranco por su presidente. No ha hecho falta, le ha tirado Sánchez.

Junto con Ábalos y Redondo, Calvo fue de las pocas personas que permanecieron con Sánchez en los momentos más aciagos y le  acompañaron en los tiempos de tribulación. A ella le ha encargado Sánchez las funciones más ingratas.  Ha sido la coraza que le ha librado de los asuntos más engorrosos.

Parece bastante cierto que lo que hoy es Pedro Sánchez lo debe en buena medida a la labor de estos tres colaboradores y que su carrera política e incluso personal hubiese sido muy distinta sin ellos. Es por esto por lo que sus ceses, de la forma en que se han producido, y además todos al mismo tiempo, sitúan a Sánchez a la cabeza de los depredadores políticos.

Todo ello confiere a esta crisis un carácter especial, y no es de extrañar, por tanto, que todo el mundo se pregunte qué es lo que le ha llevado a realizarla. Analistas políticos, periodistas y tertulianos se esfuerzan para encontrar una explicación. En muchos casos lo único que hacen es absorber, quizás de forma inconsciente, las filtraciones que se lanzan desde la Moncloa y a continuación repetirlas como si fuesen propias.

Abunda la tesis de que Sánchez lo que ha hecho es recurrir al PSOE, o devolver el control al partido. Una explicación un tanto infantil porque en lo único que se basa es en el cambio de jefe de gabinete, lo que puede tener su importancia, pero no porque sea o no sea del partido, sino por el papel que le concede el presidente del Gobierno. Pero es que, además, Sánchez no precisa recurrir al partido porque desde 2017 el partido es suyo. Había aprendido de la etapa anterior y creó un comité federal, una ejecutiva y un grupo parlamentario a su conveniencia. No se necesitan muchos esfuerzos para constatar que, dentro del partido, nadie es capaz de moverse, y mucho menos de rebelarse.

Tampoco tienen mucha razón, aquellos que hablan de casar a los dos PSOES, porque parten de una hipótesis falsa, la de que hay dos partidos, cuando ya solo existe uno, el sanchismo. Los que hoy permanecen en el partido, estuvieran donde estuvieran en 2016, han tenido que pasar por las horcas caudinas y aceptar la nueva religión. Hoy todos se encuentran en el mismo bando. Lo mismo hay que decir de los que sesudamente opinan que lo que ha pretendido Sánchez es disminuir el carácter político e incrementar el técnico. Que Dios les conserve la vista. Ciertamente, los antiguos ministros no sobresalían por su bagaje técnico, pero los nuevos, todavía menos. La mayoría de ellos lo único que han hecho en su vida, desde la más tierna infancia es politiqueo malo. Habrá quien diga que hay una excepción la de Félix Bolaños, que se presenta como letrado del Banco de España. Los que hemos trabajado en el instituto emisor conocemos algunos casos similares. Sabemos lo que significan que las oposiciones sean convocadas con una sola plaza, suelen salir con nombre y apellidos.

Menos sentido tiene aún la justificación que se ha lanzado desde la Moncloa de que la crisis se ha instrumentado para acometer la recuperación económica. Hablan del Gobierno de la recuperación. Ciertamente, la inteligencia económica no abundaba mucho en el anterior Gobierno, pero no se ve que la crisis haya añadido algo más a esta materia. Basta con observar los currículos de los neófitos para observar que los conocimientos económicos están totalmente ausentes.

Afirmar que en el nuevo Gobierno se incrementa la importancia de la economía porque desaparece la vicepresidenta política y corre el escalafón en las otras vicepresidencias es una ingenuidad. La importancia de Calviño y la relevancia de sus tesis no cambian por el hecho de estar en un sitio u otro. Lo único que introduce la desaparición de la vicepresidencia política es una gran disfuncionalidad en la operatividad del nuevo Ejecutivo. ¿Quién se hará cargo del Gobierno en caso de ausencia y enfermedad del presidente? El ministro de Presidencia, que sería el idóneo, no puede asumirlo, al no tener cargo de vicepresidente. No creo que Calviño sea la adecuada para esta tarea, y en cualquier caso solo serviría para distraerla del tema económico.

Por otra parte, el presidente del Gobierno centra la recuperación económica en los fondos europeos. Algunos pensamos que por desgracia estos recursos en buena parte no se van a emplear en dar repuesta a los daños económicos producidos por la crisis sanitaria, sino para acometer operaciones un tanto fantasiosas de propaganda y para beneficiar a determinadas empresas. Pero, de acuerdo con los planteamientos de Moncloa, lo lógico es que los nuevos ministros tuviesen experiencia en la gestión pública. A pesar de que el presidente del Gobierno insistió en este tema, lo cierto es que sus escasas carreras profesionales se reducen a haber ocupado unos pocos cargos políticos del área municipal, concejales o diputados autonómicos. Tres eran alcaldesas de pueblo. Poco que ver con la gestión del sector público.

Sánchez, al presentar el nuevo Gobierno, mencionó como mérito ser más joven y más feminista. No creo que ser joven y mujer constituya ningún índice de capacidad. Uno tendería a pensar que hay que fijarse en los estudios, en la preparación, en el trabajo realizado, en la experiencia. Pero últimamente valoramos las cosas más extrañas. Es como una candidata en las pasadas elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid, que basó parte de su campaña en presentarse como médico, mujer y madre. Pues tanto gusto en conocerla. Claro que después de “soldados y soldadas”, cualquier cosa. El hecho de que el nuevo Gobierno se componga de catorce mujeres y ocho hombres no es, que yo sepa, un timbre de gloria como no lo sería si estuviese formado por catorce hombres y ocho mujeres.

Buscando el auténtico sentido de la crisis me viene a la memoria un viejo cuento que corría por los pasillos del antiguo edificio de la Real Casa de la Moneda, en la calle de Alcalá, ahora sede del departamento de Hacienda. Se dice que cada ministro, al marcharse, como recomendación, entrega tres sobres a su sustituto.  Cuando tengas problemas, le dice, abre el primer sobre; si las cosas vuelven a ir mal, abre el segundo y, por último, si de nuevo se complica todo, el tercero. En el primer sobre se decía “echa la culpa a tu antecesor”; en el segundo, “cesa a tus colaboradores”; en el tercero, “vete escribiendo los tres sobres para tu sucesor”.

Pues bien, Sánchez se ha asustado y ha creído conveniente abrir el segundo sobre. El chasco de la operación Murcia con la casi desaparición de Ciudadanos, los resultados de las elecciones de la Comunidad de Madrid y las diferentes encuestas realizadas, han hecho saltar todas las alarmas y le han llevado a pensar que se encontraba en zona de riesgo. Así que decidió soltar lastre. Ha creído conveniente cesar a muchos de sus colaboradores, aquellos que le han servido de coraza. Piensa, quizás, que prescindiendo de aquellos ministros que pudiesen estar quemados se va a librar de todos los errores, descalabros y picias cometidos por ellos y que el pueblo español es tan ignorante que no caerá en la cuenta de que eran simples hombres de paja y que detrás de todos ellos estaba el presidente del Gobierno. En buena medida, ellos lo único que hacían era cumplir las instrucciones que venían de la Moncloa.

Es por esto por lo que Sánchez insiste en que estamos en el inicio de una nueva etapa. Pretende utilizar el borrón y cuenta nueva, y hacer que los ciudadanos olviden el periodo anterior. A pesar de su interés, le va a resultar difícil hacer desaparecer tres años de gobierno y todo lo que se deriva de ellos, entre otras razones porque, por mucho que se cambien los ministros, el escenario y las situaciones van a continuar siendo las mismas.

En este orden de cosas creo que no se ha resaltado suficientemente el hecho de que en esta crisis no se haya producido ninguna variación ni en los ministerios ni en los titulares de la parte de gobierno podemita. Sánchez ha tenido que renunciar a hacerlo, confesando así su principal limitación, que solo cuenta con 120 diputados y que si quiere seguir en el poder no solo depende de Podemos, sino también de los partidos catalanes que han protagonizado un golpe de Estado y de los independentistas vascos. En el futuro el libreto no cambia y hace que la función sea la misma, no cabe ningún periodo nuevo.

Resultan, por tanto, ridículas las versiones que, basándose en que Iceta se muda de ministerio, sostienen que el acento se va a trasladar de Cataluña hacia otras regiones y a otros problemas.  Es evidente que el nuevo Gobierno va a seguir por los mismos derroteros que el antiguo, puesto que el único interés de Sánchez es continuar en el poder y para eso hará las cesiones que sean precisas, tanto a los catalanes como a los vascos. ¿O es que nos creemos que lo de las piedras del camino era original de Ábalos, y  cesado este ya se acabó la rabia?

En la anterior mesa de negociación con los soberanistas catalanes estaba previsto que Illa tuviese un especial protagonismo. Y, dado que era una negociación entre gobiernos, se le nombró en un ministerio tradicionalmente de los más tranquilos, el de Sanidad, en mayor medida en cuanto que de él se había desgajado consumo. La pandemia lio las cosas y lo convirtió en un departamento de los más complicados. ¿Acaso no se puede pretender acometer la misma operación, en este caso con Iceta? Ya veremos quién está finalmente en la mesa y quién asume un papel protagonista en la negociación. Por lo pronto, el PSC ha conseguido colocar dos de sus miembros en el Consejo de Ministros, y uno de ellos nada menos que en el de Fomento.

republica.com 22.7.2021

Creo que difícilmente se puede entender la crisis de Ciudadanos sin considerar sus orígenes, Cataluña. La mayoría de los análisis yerran cuando intentan explicar su debacle en términos de izquierdas y derechas y de partido bisagra. En primer lugar, Ciudadanos no es un partido ni lo ha sido nunca. En segundo lugar, me temo que en el actual escenario político lo de izquierdas y derechas desde hace muchos años no corresponde a la Realidad sino a la Representación.

En España somos dados a la Representación, un pueblo con vis dramática, y por eso en el juego político lo de izquierdas y derechas está continuamente presente para beneficio de unos y de otros. Palabras en desuso en otras latitudes, como lo de comunistas y fascistas, están al cabo de la calle, hasta el punto de que para algunos todos los españoles somos fascistas y, según otros, todos seríamos comunistas. A nivel global, la cuadratura del círculo, todos a la vez comunistas y fascistas; en lo individual, la esquizofrenia.

Quizás haya que salir fuera de la piel de toro para ser conscientes de la Realidad. Llámense como quieran llamarse los partidos, el fascismo y el comunismo desaparecieron hace ya muchos años, incluso la socialdemocracia. Las denominaciones son libres, pero eso no significa que correspondan a los hechos. La socialdemocracia se suicidó desde el instante en el que asumió la globalización y la libre circulación de capitales, y no digamos en aquellos países que se integraron en la Unión Monetaria.

Hoy, dentro de la Eurozona, solo existen liberales y conservadores; partidos más o menos liberales, más o menos conservadores, y todos con bastante dosis de populismo. La memoria nos flaquea y por eso aceptamos por socialdemocracia cualquier cosa. Sería conveniente que volviésemos la vista atrás y comprobásemos cuáles eran el programa y las realizaciones de los partidos socialdemócratas en los años sesenta y principios de los setenta en Europa. Nada que ver con la realidad actual.

Quiérase o no, las diferencias en política económica son mínimas. También en España. Fue Zapatero quien protagonizó los mayores recortes, y me temo que tendrá que ser Sánchez, si continúa en el gobierno, quien tendrá que adentrarse en los próximos años por la misma senda. ¿Acaso no fue el Gobierno de Zapatero el que suprimió el impuesto de patrimonio y al que criticaban y censuraban los miles y miles de indignados el 11-M en la Puerta el Sol? En los temas importantes mandan Europa y el Capital.

La imposibilidad de diferenciarse ideológicamente en la Realidad se traduce en sentimientos identitarios en la Representación, adhesiones a un partido o a un territorio. Se crea un instinto de secta, de tribu. El partido se transforma en el baluarte a defender por todos los medios, lícitos e ilícitos. Se le disculpa todo. De ahí que esté permitido afirmar hoy lo que ayer se negaba. Los principios importan poco, las ideas menos. Pertenecen a la Realidad y aquí nos movemos en la Representación. La fidelidad debe ser con el partido, con las siglas, no con las ideas, por eso toda discrepancia se considera una traición y se califica de tránsfugas a los que se pasan de un bando a otro, aunque sea para ser coherentes con los principios.

La lealtad a un partido se confunde con la obediencia incondicional al líder. Quien se hace con el liderazgo -y he ahí la peligrosidad de las primarias- se hace dueño del partido, sin cortapisas y sin condicionantes de órganos intermedios. En compensación, los afiliados adquieren seguridad, se sienten importantes al pertenecer a una organización importante, ganan en comodidad porque no precisan pensar, ni reflexionar demasiado, el dogma se lo dan hecho. Solo se les exige que repitan las consignas.

La pulsión identitaria no queda restringida a los partidos, se materializa incluso con más fuerza en el ámbito territorial. El nacionalismo se constituye en iglesia, exige también una adhesión total e incondicional, en la que el juego amigo-enemigo de Carl Schmitt tiene plena aplicación. Quien no está conmigo está contra mí. Hay dos varas de medir. A los míos todo les está permitido, todo es lícito frente a los enemigos.

Es en este contexto, y acudiendo a sus orígenes es como se pueden entender los actuales problemas de Ciudadanos. Ciudadanos no nace como partido, sino como plataforma cívica en Cataluña, con el objetivo de oponerse a la dictadura del nacionalismo exclusivo e identitario, que se había hecho más presente, si cabe, con la elaboración y aprobación del nuevo estatuto inconstitucional. Si Ciudadanos se convierte en partido es tan solo para presentarse a las elecciones, ante la pasividad y en algunos casos complicidad de las otras formaciones políticas, PSC, Iniciativa per Catalunya e incluso el Partido popular, que casi se había desarmado en Cataluña a partir de los acuerdos del Majestic.

El nuevo partido concurrió ya a los comicios de 2006, obteniendo ya representación en el parlamento autonómico (tres diputados). No cabe duda del papel inestimable que durante bastantes años ha desarrollado Ciudadanos en Cataluña, constituido en el único baluarte frente al independentismo, y logrando su máximo triunfo en las elecciones de diciembre de 2017, en las que fue la formación más votada con Arrimadas como número uno.

Más discutible ha sido su expansión por el resto de España, donde surgió como aluvión recogiendo restos muy heterogéneos de otros partidos. No se puede decir que haya tenido nunca un programa político en sentido estricto. Se presentaba con una idea fuerza: la igualdad entre todos los ciudadanos españoles, viviesen donde viviesen, oponiéndose a cualquier discriminación por razón del territorio. En el marco político se situaba por tanto en contra de todo nacionalismo supremacista y de toda fuerza política o social que promoviese la desintegración del Estado.

En realidad, dada la coyuntura española, no era poco defender ese estandarte. El error de Rivera fue pretender ir más allá y construir artificialmente un programa. Por una parte, encargando la parte económica a profesores recién llegados a Ciudadanos y con planteamientos económicos incluso más liberales que los del PP, que, paradójicamente, después fueron los defensores de coadyuvarse con el sanchismo; y, por otra parte, adoptando posturas inquisitoriales frente a la corrupción, en muchos casos supuesta, o proponiendo para evitarla medidas muy superficiales e incluso contraproducentes como las primarias.

Si Rivera pudo pactar con Sánchez en aquel famoso vodevil de 2016, que no conducía a ninguna parte, es porque este no había mostrado aún sus verdaderas intenciones, si bien es verdad que el líder de Ciudadanos podía haberlas intuido. Sin embargo, sí hubo un hecho que marcó un antes y después, la moción de censura en la que Sánchez para ganarla, y no solo para convocar elecciones, se apoyó en todos aquellos partidos situados en las antípodas de Ciudadanos, y que contradecían la propia esencia de lo que representaba y por lo que había nacido esta formación política: nacionalistas catalanes (ya golpistas), nacionalistas vascos (incluso los herederos de ETA) y todos aquellos que defendían el derecho de autodeterminación.

Es evidente que a partir de este hecho Ciudadanos no podía pactar con el sanchismo sin traicionar su propia esencia y su reducida historia. Hay quienes afirman que la equivocación más grave de Rivera se produjo en 2019 cuando con 57 diputados no quiso apoyar a Sánchez, y atribuyen a esa decisión la causa de la debacle electoral que tuvo su formación en noviembre de ese mismo año. Pienso que no es cierto. Sánchez no estaba dispuesto a cambiar de rumbo y, además, pocos serían en las filas de los votantes de Ciudadanos los que habrían deseado una alianza con el PSOE. La prueba más clara radica en que del ingente número de votos que huyeron de la formación naranja en los comicios siguientes solo muy pocos se dirigieron al PSOE o a Podemos, puesto que estas dos formaciones perdieron en conjunto un millón de votos (10 escaños). Lo más previsible es que se orientasen al PP, buscando el voto útil, con la finalidad de echar a Sánchez de la Moncloa.

Desde aquí es fácil entender la hecatombe que se ha desatado en Ciudadanos con el giro radical dado por la actual dirección. No se trata de izquierdas o derechas, de socialdemocracia o liberalismo, ni de partido bisagra, sino que el sanchismo y el Gobierno Frankenstein constituyen la antítesis de todo aquello cuya defensa originó la creación de Ciudadanos. El sanchismo no es que se oponga a una parte del programa de Ciudadanos, es que ataca su propia razón de ser y el motivo de su nacimiento.

Por más que Arrimadas y Edmundo Bal se esforzaran por afirmar que lo hacían por el bien de los españoles, muchos cargos y militantes de Ciudadanos no pudieron por menos que contemplar con suspicacia y preocupación los coqueteos de su formación política con el sanchismo, tanto durante el estado de alarma como en la aprobación de los presupuestos y, más aún, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez les tomó el pelo en ambas ocasiones. Pero lógicamente la estampida se ha producido al descubrirse el acuerdo más o menos secreto entre ambas direcciones para presentar mociones de censura en connivencia con Podemos en algunas comunidades y ayuntamientos.

Como ya se ha dicho, Ciudadanos no es un partido al uso. El sentimiento identitario, y por lo tanto la cohesión, es inferior al de otras formaciones políticas, y sus cuadros y afiliados no presentan una adhesión tan incondicional. Es más, para muchos de ellos la razón de ser de su pertenencia reside precisamente en su rechazo a todo ímpetu identitario, especialmente el del soberanismo.

El sanchismo, por el contrario, se encuentra al otro lado. Se asienta, debe el gobierno y está condicionado por el nacionalismo (incluso los golpistas) y los regionalistas identitarios de todo tipo. Ademas, el PSOE de Sánchez se ha configurado no alrededor de ideas, sino mediante un sectarismo corporativo, en el que no caben las divisiones ni las opiniones discrepantes. Es absurdo pensar que, en los momentos actuales, el partido de Murcia, de Castilla y León o de Madrid, incluso el de Castilla-La Mancha o el de Extremadura, son algo distinto o pueden defender algo diferente de los que les marca  Moncloa. A lo más que se llega es a establecer el juego de policía bueno y policía malo, que como se sabe siempre es un juego mentiroso y falsario, creado únicamente para engañar al personal. El sanchismo es monolítico, no hay versos sueltos a pesar de lo que pregone Ángel Gabilondo.

Quizás la mejor forma de explicar el sentimiento de muchos de los militantes de Ciudadanos, la postura de los discrepantes y las bajas que se han producido, es considerar las manifestaciones de la senadora navarra Ruth Goñi, que concurrió a las elecciones por Navarra Suma, coalición de UPN, Ciudadanos y PP. Según sus palabras, el abrazo al sanchismo contradice la esencia misma de Ciudadanos. Ha citado la política que está siguiendo el PSOE de Pedro Sánchez en Navarra. Lo opuesto a lo que defendió ella en las elecciones. Es la dirección de Ciudadanos la que ha girado y a la que habría que llamar tránsfuga. «No puedo entregar mi acta de senadora, añade, porque el escaño serviría desde ya para apuntalar a Sánchez. No nos presentamos a las elecciones bajo esa promesa».

Nunca he entendido muy bien eso del transfuguismo. No tiene fundamento legal. Me ha parecido casi siempre una artimaña de los aparatos de los partidos para mantener prietas las filas y defenderse de la contestación interna. En muchos casos, los verdaderos tránsfugas son las cúpulas de las formaciones políticas que traicionan las ideas. Es profundamente paradójico escuchar a Margarita Robles hablando de tránsfugas. ¿Acaso no recuerda que ella fue uno de los quince parlamentarios del PSOE que rompió la disciplina de su grupo, votando en contra de la investidura de Rajoy? Y resulta también extravagante oírla ahora ensalzar la coherencia, cuando según parece fue la muñidora de la moción de censura en connivencia con alguno de sus contactos en la judicatura. ¿Ha habido algún transfuguismo mayor que el del secretario general del PSOE llegando al gobierno con el apoyo de los golpistas y de los herederos de ETA? ¿Y qué decir de esa perla de coherencia de la vicepresidenta Calvo cuando diferenció las afirmaciones de Sánchez según fuese o no presidente del gobierno?

Desde la Transición, las migraciones  de militantes y cuadros del partido comunista y de IU al PSOE han sido permanentes. Quizás lo más llamativo consistió en la incorporación de Nueva Izquierda, acontecimiento bastante obsceno, no por el hecho del cambio de formación política, sino por actuar durante meses en IU de caballo de Troya del PSOE.

republica.com 2-4-2021