Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Otro refrán que se ajusta perfectamente al desparpajo del que hace gala el presidente del Gobierno. Ahora le ha dado por repetir que la oposición es negacionista. El tema no puede por menos que suscitar una carcajada porque, se mire como se mire, el negacionismo es la quintaesencia de su política. Desde el principio, Sánchez se hizo famoso por su “no es no” a toda negociación con el PP, a pesar de que esta formación fuera el partido ganador de las elecciones.
El resultado electoral de 2015 no dejaba lugar a demasiadas dudas. Así lo entendió Rajoy que, con realismo, convocó inmediatamente a negociar al PSOE y a Ciudadanos, consciente de que era la única realidad viable. Realidad que Sánchez se negó a admitir. No quiso aceptar que carecía de los votos para ser presidente del gobierno, como no fuese echándose en manos de golpistas y de herederos de terroristas, lo que parecía inconcebible para un partido constitucional. Sanchez creó una realidad paralela, el Gobierno Frankenstein, que contra toda racionalidad y contra su propio partido hace que gobierne el Estado quien quiere destruirlo.
Muchos serían los aspectos que se podrían citar en los que se plasma el negacionismo del Gobierno, por ejemplo, el precio de la electricidad, o las encuestas de Tezanos, pero ninguno como a la hora de juzgar la situación económica y social. Llevan muchos meses pintándonos un panorama azul pastel empalagoso totalmente irreal y contradicen una y otra vez lo que resulta evidente. Se han negado a revisar las previsiones económicas de 2021 y 2022.
En el mes de enero del año pasado, el Gobierno estimó el crecimiento de 2021 en el 9,8%, sin duda totalmente desproporcionado, pero que sirvió para que alardease de que la española era entre todas las europeas la economía que más iba a crecer en ese año, callando que el año anterior (2020) había sido también la que más había disminuido. En seguida tuvo que reducir las previsiones, primero al 7,5% y más tarde al 6,5%, plantándose en este porcentaje y negándose a cambiarlo por más que todas las estimaciones tanto nacionales como internacionales fijaban tasas de crecimiento mucho más reducidas: Banco de España y OCDE el 4,5%; FMI, el 4,9%.
Hace unos días el INE ha facilitado el dato provisional de crecimiento del PIB para el año 2021, cifrándolo en el 5%, 1,5% inferior a las previsiones del Gobierno, lo que les deja en muy mal lugar, especialmente a la ministra de Economía. A pesar de ello, continúan impertérritos como si no hubiese pasado nada. No están dispuestos a rectificar ni a corregir ninguna de sus cifras presupuestarias. Bien es verdad que puede ser que las desviaciones en el crecimiento del PIB real no influyan demasiado en la recaudación porque se compensen con la diferencia entre la inflación prevista y la real, de manera que el PIB nominal no cambie y, por lo tanto, se perciban aproximadamente los mismos ingresos que estaban en el presupuesto. Son muchos quienes olvidan (sobre todo cuando se critica la indexación de las prensiones y la remuneración de los funcionarios) que los ingresos del Estado se incrementan también con la inflación.
El Gobierno ni siquiera después de la publicación por el INE (aunque sea provisional) de la contabilidad nacional de España para 2021 está dispuesto a reconocer la falsedad de su discurso y la debilidad de la recuperación. Callan que la economía de la mayoría de los países de Europa retornará a la situación que tenían en 2019; antes por supuesto que la nuestra, que como pronto lo hará en 2023. Resulta risible, pero también irritante, intentar ocultar este mal dato afirmando que es el mayor incremento del PIB desde hace 21 años, lo que carece de todo mérito y resulta perfectamente explicable cuando en el año anterior el PIB se había desmoronado un 10,8%, porcentaje sin parangón en la economía española, más allá de los tiempos de guerra.
Siendo el dato del PIB publicado por el INE especialmente malo, que indica que la renta española es un 6% más reducida que la de 2019, existe la sospecha de que la cifra definitiva que se publique en marzo estará por debajo de ese 5%. Lo exacto de la cifra induce ya a pensar que se ha redondeando para salir del tramo del 4%. La misma nota del INE contiene un párrafo un tanto insólito: “No obstante, por diversas razones… el volumen de información adelantada del que se ha dispuesto en este avance ha sido menor que en ocasiones anteriores. Este hecho, unido a la dificultad inherente a la medición estadística de cambios de coyuntura de esta magnitud, hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual”. Párrafo que parece una disculpa anticipada o un ponerse la venda antes de la herida.
Por otra parte, en los datos provisionales publicados por el INE hay uno especialmente chocante. Me refiero al incremento desproporcionado de la inversión en existencias que es posible que se deba a una decisión consciente de los empresarios por incrementar los stocks ante el miedo de desabastecimientos o a la creencia de que sus ventas iban a ser mayores; pero también puede ser la partida que oculte el intento político de publicar momentáneamente un valor del PIB superior al real. En cualquier caso, aun cuando el aumento de la inversión en existencias fuese cierto no por eso habría dejado de producir un incremento engañoso del PIB del año pasado, en detrimento del de este año.
Sánchez y su Gobierno, aun cuando lo nieguen, saben que la recuperación económica está muy lejos de lo que habían prometido y en contra de todas sus aseveraciones. Es por ello por lo que se refugian en las cifras de empleo. A lo largo de todos estos meses han venido vanagloriándose de los buenos datos de la ocupación y de la reducción del paro. Ciertamente ha habido una disociación aparente entre la evolución del empleo y la del crecimiento económico. Una de las razones consiste en los trabajadores en ERTE y en los autónomos con cese de actividad que sin duda son parados, aunque no computen como tales. En algunos momentos como en abril y mayo de 2020 sobrepasaron con mucho los tres millones de personas.
Otra explicación se puede encontrar en las horas trabajadas, que actualmente son un 3,4% menos que antes de la pandemia. En 2021 se han producido 1.200 millones menos de horas trabajadas que en 2019, cifra más acorde con la evolución de la actividad. La discrepancia con el número de empleados indica un incremento de la subactividad, que puede haberse originado por un aumento de la contratación parcial o por un mal cálculo de los empresarios que contaban con una expansión mayor de la demanda y tal vez hayan contratado o sacado de los ERTE a más personal del necesario.
En cualquier caso, un incremento del empleo superior al de la actividad lo único que indica es que existe una reducción de la productividad que se traduce probablemente en la disminución del nivel salarial. Sin generar riqueza solo se logra repartir pobreza. No hay motivos, en consecuencia, para que el sanchismo eche las campanas al vuelo, pero tampoco para que el PP se vanaglorie de la reforma laboral de Rajoy que si ha creado empleo ha sido a base de deprimir los salarios y las condiciones laborales; impuesta en buena medida por Bruselas y quizás necesaria al estar en el euro y no poder devaluar la moneda para recobrar la productividad perdida.
En su afán negacionista, Sánchez no tiene problema en presentar como un gran éxito ciertas comparaciones tanto de los datos del PIB como del empleo con periodos pasados, comparaciones que no significan absolutamente nada, porque en ningún otro momento de nuestra historia el PIB se ha reducido en un 10,8 %. El afán negacionista de Sánchez se supera de mitin en mitin. La última boutade es afirmar que esta es la legislatura del empleo, y del empleo digno. Es difícil retorcer la realidad de forma más descarada. El empleo no llega ni en el mejor de los casos a los niveles de 2018. La tasa de paro es la mayor de la Unión Europea, superior incluso a la de Grecia. Según el INE, más de un millón de hogares tienen a todos sus miembros en edad de trabajar en paro. En la misma familia coinciden en situación de desempleo padres e hijos: 565.000 mayores de 55 años y 452.000 personas entre 16 y 24 años.
Podría ser hasta aceptable que el Gobierno se intentara justificar afirmando que ellos no son responsables de la crisis ni de la epidemia, aunque su evolución y las consecuencias dependen mucho de la política tanto sanitaria como económica aplicada, lo que se puede comprobar en el hecho de que el resultado varía según los países; pero, en cualquier caso, sería coherente que el Gobierno se defendiese intentando demostrar su ausencia de responsabilidad. Lo que carece de toda lógica es que niegue la realidad y presente una situación social y económica que solo existe en su imaginación.
Todos los estudios y análisis, cualquiera que sea su origen, vienen a decir lo mismo. El último informe de Foessa mantiene que la desigualdad se ha incrementado con esta crisis incluso en mayor medida que con la anterior de 2008. Resulta irónico que Sánchez en tono lacrimógeno sostenga lo mucho que le apena cuando paseando por Madrid se encuentra con algunos indigentes. No parece una afirmación inocente. No se necesita ser demasiado suspicaz para suponer que una vez más lo que intentaba era meterse con Madrid y censurar la política del Gobierno de Ayuso. De todas las formas, la afirmación no es muy afortunada. En primer lugar, porque hace mucho tiempo que Sánchez no pisa las calles de Madrid ni las de otras ciudades. Viaja solo en Falcon, en helicóptero o, todo lo más, en coche.
Y, en segundo lugar, porque si hay un responsable de la pobreza que pueda haber en Madrid y en cualquier otra ciudad de España, es él y su Gobierno. Al principio se empeñaron en convencernos de que la salida de esta crisis sería muy distinta de la de las otras, y que nadie se iba a quedar atrás. Como se ve, eso no se ha cumplido. Por mucho que se empeñen en negarlo, la desigualdad se ha incrementado y el escudo social que tan pomposamente proclamaron no ha funcionado, por inconsecuente o por estar limitado a las ocurrencias.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido un total fracaso y de difícil arreglo debido al diseño desafortunado e incoherente con el que se ha construido. Todo el proceso de concesión ha sido caótico y no precisamente, como a veces se quiere afirmar, por la incapacidad de la Administración, sino por la incompetencia y falta de experiencia de los que están al mando y diseñan las ayudas y la forma de otorgarlas. Al final de ese camino tortuoso, los afortunados a los que se les ha concedido la prestación no han llegado a los 350.00 de los 850.000 previstos por el propio Ministerio. Concesión que en la mayoría de los casos se hizo tras muchos meses de espera. Incluso algunos beneficiarios vieron con sorpresa que las ayudas concedidas ascendían a un monto ridículo al restar de la renta mínima estipulada el importe de las cantidades recibidas por cualquier otro motivo en el año anterior.
El sobresalto de algunos beneficiarios se ha producido de nuevo en el pasado diciembre al recibir una somera resolución de la Seguridad Social por la que se les comunica que a partir de ese momento su prestación quedaba reducida a una cantidad ridícula de 55, o de 73, o de 87, o de 125 euros o de un importe parecido, al haberse detraído de la ayuda legal los ingresos percibidos en 2020, ingresos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y que en la mayoría de los casos coincidían con la propia declaración del beneficiario. La minoración se realiza sin consideración alguna sobre si esos recursos han continuado cobrándose en 2021, y si van a permanecer en 2022. Si las rentas obtenidas en 2020 superan la percepción estipulada, se llega a cancelar totalmente la subvención.
El procedimiento es tan absurdo que la necesidad de la prestación se cuantifica no en función de la situación económica actual, sino respecto a la que el beneficiario tenía dos años antes. En un mundo laboral tan cambiante y cuando la mayor causa de pobreza es el paro, resulta evidente que un sistema como este carece de la agilidad necesaria. Se puede estar dando la ayuda a quien ya no lo necesita y denegándosela a quien la precisa, con independencia de lo que haya percibido dos años antes. Por otra parte, fijar prestaciones de 80 euros mensuales o cantidades similares carece de toda coherencia. Los gastos de tramitación seguro que son superiores.
El IMV ha mostrado desde el inicio su radical inadecuación a la realidad al haberlo concebido como un impuesto negativo sobre la renta, figura que nunca se ha aplicado en la práctica y solo existe en las universidades y en las revistas de Economía. Lo lógico hubiese sido corregirlo enseguida al comienzo y no seguir adelante una vez comprobado que no tenía ni pies ni cabeza. Pero, de nuevo, el Gobierno hizo gala de su negacionismo. Habría que aplicarle aquello de Las mocedades del Cid:
Procure siempre acertarla
pero si la acierta mal,
defendella, y no enmendalla.
republica 10-2-2022
