“Hay veces que cuesta entender a los políticos. A menudo están empeñados en labrar su propia perdición. Son presa de la desmesura. Es lo que entendían los griegos por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba que “los dioses ciegan a quienes quieren perder” y, en palabras de Eurípides: “Aquel a quienes los dioses desean destruir primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al engreimiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites. Es posible que algunos miembros del PP estén dejándose arrastrar por la “hibris”. Contra toda lógica, se empeñan en crear enfrentamientos internos. Parecen desconocer que son las divisiones entre las distintas facciones de un partido lo que castigan en mayor medida los electores”. Así comenzaba el artículo que escribí el 11 de noviembre de 2021, cuando hacían su aparición los primeros enfrentamientos entre Génova y la Puerta del Sol. ¿Qué decir ahora?
Siempre he defendido la presunción de inocencia y he pensado que en España se la violaba con demasiada frecuencia. La corrupción real o supuesta ha sido un arma utilizada habitualmente por los políticos para atacar al bando de enfrente. Arma política al igual que las comisiones de investigación constituidas en el Congreso, que no sirven desde luego para investigar nada y cuyas conclusiones están escritas desde antes de comenzar, al gusto de los que tienen la mayoría en la Cámara, y al margen de los papeles examinados o de los argumentos manifestados.
En el tema de la corrupción hay y ha habido mucho fariseísmo. Los partidos se han tirado a la cabeza unos a otros la basura. Bien es verdad que la pequeña, porque la grande se encuentra siempre bien oculta. Mierda cierta o presunta, lo importante es dejar flotando en el ambiente la sospecha. Menos habitual es que desde la dirección de un partido se emplee idéntica táctica contra uno de sus principales activos políticos, dinamitando al mismo tiempo la propia formación. No sé cuánto habrá de reprochable en el famoso contrato de las mascarillas, pero lo que no se puede olvidar es que nos encontrábamos en abril de 2020, cuando se carecía del más elemental material para combatir la pandemia. Si en algún momento ha estado justificada en la contratación la tramitación de emergencia ha sido entonces, tanto más cuando los escasos suministradores se encontraban en China.
Todas las Comunidades tuvieron que acudir a este tipo de contratación, ante el fracaso estrepitoso del Gobierno central. ¿Cuál sería el resultado si se analizasen todos los contratos realizados en ese tiempo por el Ministerio de Sanidad o más tarde por el de Fomento que se hizo cargo de la contratación de la pandemia ante la incapacidad de aquel? No sé si con comisión o sin comisión, lo que sí parece cierto es que en múltiples casos ni se conocía el nombre de los proveedores y que muchos de los artículos no llegaron o llegaron defectuosos. Seamos serios, lo más importante del contrato de la Comunidad de Madrid es que las 250.000 mascarillas aterrizaron en el hospital de IFEMA y en un momento en el que el portavoz del Ministerio, el doctor Simón, con todo el descaro, mantenía que las mascarillas no eran necesarias, por la simple razón de que el Gobierno no disponía de ellas.
Es difícil no sorprenderse al escuchar a la portavoz de Mas Madrid en su ruta hacia la Fiscalía afirmar que se había pagado por las mascarillas un precio superior al del mercado. Ciertamente, a las virtudes de médico, mujer y madre no puede añadir la de economista. ¿De qué mercado? Si no había ninguno, y la demanda superaba con mucho la oferta. Había que buscar recomendación para conseguir proveedores.
Como afirmaba al principio, no sé si hay algo de censurable (mucho o poco) en el citado contrato. El tiempo lo dirá. Pero sobre lo que no parece que haya muchas dudas es de que la dirección nacional ha querido chantajear a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que no opte a la presidencia del partido en esa región, lo que tiene poca explicación (todos los barones tienen esa doble condición) como no sea el miedo a que a medio plazo pueda ser una alternativa a Casado. Explicación poco vistosa y que no deja en muy buen lugar la seguridad que en sí mismo tiene el actual presidente del PP. Oyendo a unos y a otros, es difícil llegar a conclusiones distintas.
Quizás la primera aclaración surge de la rueda de prensa que ofreció el alcalde de Madrid. Intentó, y yo creo que lo consiguió, salvar su actuación y sus responsabilidades. Dio explicaciones exclusivamente como alcalde y se negó a contestar como portavoz de la dirección nacional. Disociación un tanto chocante, e incluso que merece cierta recriminación, pero perfectamente explicable y hasta cierto modo hermenéutica de lo que estaba ocurriendo. Martínez Almeida ha querido hacerse cargo exclusivamente de lo que entraba dentro de sus responsabilidades, pero en ningún caso de decisiones tomadas en otras esferas que no dependen de él, aunque sea portavoz de ellas. La dimisión de Ángel Carromero vino a confirmar las sospechas.
Teodoro García Egea comenzó su comparecencia en rueda de prensa declarando que era el secretario general del PP, aseveración un tanto inútil porque todos los sabíamos, y que desde que asumió el cargo su objetivo ha sido mantener el partido limpio. Su discurso resultó un tanto presuntuoso y no demasiado creíble, al tiempo que condenaba por anticipado -y parece ser que sin pruebas- a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que al día siguiente remataba de forma más rotunda Casado en su entrevista en la COPE. Es más, ambos han dado ocasión a las otras fuerzas políticas para que se lanzasen al asalto.
Han faltado horas para que todos los partidos políticos de la oposición de Madrid salvo VOX hayan ido corriendo a la Fiscalía. De hecho, en la Asamblea de Madrid los adversarios políticos de Ayuso habían agitado con frecuencia el fantasma de la corrupción, pero sin poder concretarla en nada, como no fuese en la petición de crear una comisión de investigación, solución muy socorrida porque no requiere ningún requisito, a no ser el de contar con una mayoría que en este caso no existía. Tampoco poseían pruebas para ir a los tribunales, ni siquiera a la Fiscalía. Por lo que ellos han manifestado ahora, solo tenían unos SMS anónimos. Y Anónimo, según han dicho desde Génova, es también el dosier de marras. Habrá que recordar que las denuncias anónimas era el sistema habitual ante el tribunal de la Inquisición.
Únicamente se han atrevido a recurrir a la Fiscalía tras el órdago lanzado por la dirección general del PP, que parecía legitimarles o al menos concederles las excusas que necesitaban. Existe quizás la sospecha de que hay una operación circular, un búmeran que parte del Gobierno y vuelve a él, mediante sus antenas en la Comunidad de Madrid. Ayuso manifestó que Casado al hacerle entrega del dosier afirmaba que su origen se encontraba en la Moncloa, lo que resulta bastante creíble. En primer lugar, porque no parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid ganase nada con tal afirmación y, en segundo lugar, porque el desmentido de Casado ha sido un tanto ambiguo, eludiendo indicar su procedencia y afirmando al mismo tiempo que contenía documentos oficiales de información fiscal, datos que solo podían provenir de la Agencia Tributaria.
El secreto fiscal afecta a toda la información que maneja la Administración tributaria, constituyendo delito su revelación. Su manejo está muy restringido. Toda consulta a los ordenadores deja rastro y la identificación de quien ha accedido a ella. Esto hace que sea muy difícil cualquier fuga de datos, si no es a niveles políticos muy elevados, e incrementa las posibilidades de que el dosier proviniese de la Moncloa.
Tal vez las susceptibilidades se incrementan ante la sospecha de que todo parte de Teodoro García Egea y al considerar las extrañas relaciones que ha mantenido con la Moncloa. Resultó totalmente incomprensible que, tras muchos meses en los que se PP se negó a pactar el nombramiento de los órganos constitucionales por el procedimiento clásico de repartirse los miembros entre los dos partidos mayoritarios, de repente haya accedido a ello excluyendo solo al Consejo de Poder Judicial (ver el artículo citado de 11 de noviembre del año pasado). Tampoco ayuda mucho a aclarar las cosas que la mano derecha del secretario general sea Alberto Casero, quien votó a favor de la reforma laboral, y el encargado estos días de llamar a cargos del PP para que tuiteen en favor de Pablo Casado. Resulta un poco extraño, o quizás no, que Teodoro López Egea, escogiera la Sesta para realizar su discurso de despedida, y no tendríamos acaso que preguntarnos ¿porque en las tertulias aquellos que siempre defienden con desafuero a Sanchez, en este affaire se colocan al lado de Casado y Egea?
De la Moncloa a la Moncloa, porque la ofensiva ha terminado en las sucursales del Gobierno central en la Comunidad de Madrid. Sanchez se reviste de Tartufo mientras brinda con champán en la Moncloa, y con ese tono suave y jesuítico pide que todo se aclare, al tiempo que manda sus huestes a la Fiscalía. Nótese, no a los tribunales, sino a la Fiscalía, donde cuenta con Dolores que con pruebas o sin pruebas puede tener estancado el expediente el tiempo que sea necesario.
Todos los discursos acerca de la corrupción suelen revestirse de fariseísmo. Todo el mundo ve la mota en el ojo del vecino y no la viga en el propio. Uno no sale de su asombro al contemplar a Juan Lobato, ese chiquilicuatre, que diría Esperanza Aguirre, secretario general del PSOE de Madrid, coger el testigo que les lanza la dirección nacional del PP, rasgarse las vestiduras acerca de la corrupción que según él se encuentra en los contratos de la Comunidad y proclamar: “Aquí estamos los socialistas para dignificar la política, ser ejemplares y fiscalizar». Y se queda tan contento.
Por lo visto se olvida de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, socialista, condenada a cinco años de inhabilitación y que no piensa dimitir; de Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, socialista, imputada con buena parte de su equipo de gobierno por perdonar tasas municipales a una empresa propietaria de una ITV; de María Luz Lastras, ex alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, y de otros cuatro ediles y ex ediles todos ellos del PSOE, además de familiares y empresarios, acusados de corrupción urbanística, en la “Operación Pantano”. Así se podría continuar citando casos parecidos en Fuenlabrada, Parla, Ciempozuelos, etc. Y ¿por qué no salir de la Comunidad de Madrid? Baste con citar el caso de la alcaldesa de Barcelona, imputada y que se niega a dejar el cargo sin que sus socios del PSC exijan su dimisión.
El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice el Evangelio. Todo el mundo intenta tapar sus vergüenzas, por eso es tan extraño que la dirección nacional de un partido lance a los leones, y además sin pruebas, a sus propios altos cargos.
Republica 24-2-2022
