ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Este mes de agosto, desde los más diversos ámbitos, tanto nacionales como internacionales, se han apresurado a recordarnos que hace diez años en otro agosto, el de 2007, se iniciaba la mayor crisis económica acaecida desde la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que se la da por superada y finalizada. La misma Comisión de la Unión Europea se ha sumado a esta corriente con un comunicado de prensa encabezado con una frase inolvidable: «Diez años después del comienzo de la crisis vuelve la recuperación gracias a la intervención decisiva de la UE». Afirmación que puede quedar para la historia.

Al margen de que resulte difícil fechar de manera exacta el inicio de la crisis, todos los comentaristas suelen situar su causa en las ya famosas hipotecas subprime. Los bancos, principalmente los de EE.UU., cegados por el objetivo de una ganancia fácil, se habrían dedicado de una manera irresponsable a conceder créditos a diestro y siniestro, en primer lugar para la compra de vivienda; pero también para todo tipo de consumo, generando un monto importante de hipotecas basura, que convenientemente empaquetadas y titulizadas fueron vendidos al sistema bancario internacional, contaminando así a una buena parte de la economía mundial, especialmente la europea. Cuando cundió la desconfianza, llegó el sálvese quien pueda, y la crisis. Hasta aquí la versión oficial que se repite con aplomo y complacencia. Todo lo más se le añade la coletilla de la responsabilidad que en la génesis de este fenómeno le cabe a la excesiva liberalización que se venía produciendo en el sistema financiero.

No es que esta versión sea del todo errónea, pero sí resulta parcial e incompleta. En todo caso, todos estos hechos son la consecuencia -si se quiere, el detonante- de un fenómeno más profundo, unos enormes desajustes en la economía mundial, causados por el neoliberalismo económico. La libre circulación de capitales, unida a la asunción de la teoría del libre cambio, originó enormes desequilibrios en los saldos de las balanzas de pagos de los países, importantes déficits en unos y superávits en otros. Tales desajustes solo eran posibles porque la libertad en los flujos de capitales permitía financiarlos, pero a condición de crear situaciones de extrema inestabilidad que tenían que originar antes o después una crisis económica.

Si en 1980 los distintos países presentaban con pequeñas diferencias balanzas de pagos más o menos equilibradas, los saldos positivos y negativos fueron incrementándose hasta 2007 y abriendo ampliamente el abanico entre países deudores y acreedores. Se generó así una situación inestable y explosiva. China, Hong Kong, Japón, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán, financiaban a los países occidentales: EE.UU., Australia, Canadá. El hecho de que la Unión Europea presentase frente al exterior un saldo próximo a cero no significaba que los países miembros no tuviesen también entre sí profundos desequilibrios, buen ejemplo de ello eran el déficit de España y el superávit de Alemania.

El incremento de la desigualdad en las sociedades debería haber generado una ralentización del consumo. En ciertos países así ocurrió, pero en otros muchos como EE.UU. y España el consumo continuó creciendo gracias a otro fenómeno: el endeudamiento. El crecimiento estaba sustentado en el crédito, lo que le proporcionaba un carácter de inestabilidad que por fuerza tenía que llegar a su término.

La libre circulación de capitales y el libre cambio permiten que las empresas aspiren a fabricar en unos países (a menudo, allí donde las exigencias fiscales y los costes laborales son bajos) y vender la producción en otros (normalmente en países que tienen un nivel de vida mucho mayor). En este caso la oferta no casará con la demanda en el ámbito nacional y unos países acaban presentando un gran endeudamiento exterior y otros importantes superávits, desequilibrios que difícilmente podrían sostenerse a largo plazo.

El consumo en la sociedad americana se mantenía a base de importar productos a precios muy reducidos, y el crecimiento de China en los años anteriores a la crisis se basaba fundamentalmente en las exportaciones. El resultado es de sobra conocido, un cuantioso déficit en EE.UU. que se correspondía con el consiguiente superávit en la república comunista. Aunque como ya se ha dicho los desequilibrios en el comercio exterior no eran privativos ni exclusivos de EE.UU. y de China, lo cierto es que conforman un binomio útil para explicar la causa última de la crisis. China ahorraba para prestar a EE.UU, que así compraba sus productos. Las familias americanas no podían seguir endeudándose ni los bancos americanos prestando indefinidamente los recursos que provenían de China. Ambos países se movían en una brutal trampa.

Los superávits de China y de otros países del sudeste asiático eran deliberados y obedecían a una política de mantener infravalorado el tipo de cambio. Hay quien imputa también una parte de la responsabilidad a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal y a su presidente Greenspan, por haber realizado una política monetaria laxa de bajos tipos de interés. Es evidente que a Greenspan le cabe ciertamente gran responsabilidad en la deficiente supervisión de las entidades financieras y en la defensa de la innovación financiera y de los productos derivados, y todo ello en aras de la autorregulación de los mercados. Sin embargo, lo que no está claro es que otra política monetaria más restrictiva hubiera sido mejor y hubiera evitado la crisis. Una subida de los tipos de interés podría haber traído aun más capitales y haber incrementado la liquidez. China y algunos otros países estaban dispuestos a comprar todos los dólares que fueran necesarios para mantener la cotización de su moneda respecto al dólar. Bajo estos supuestos, es muy difícil mantener una política monetaria restrictiva.

A este análisis hay que añadir otro de suma importancia. Si bien es cierto que la crisis se generó en EE.UU., no es menos cierto que donde ha adquirido mayor gravedad y donde se resiste a desaparecer es en Europa. La razón no es difícil de encontrar. Que las cuentas de la Eurozona con el resto del mundo estuviesen más o menos en equilibrio no indica que todos los países miembros se encontrasen en la misma condición, más bien se entremezclaban países como Alemania, de muy bajo consumo y por lo tanto con un importante superávit comercial, con otros, como España, en los que el cuantioso endeudamiento de las familias o del sector empresarial llevaron a un elevadísimo déficit exterior (en 2008 del 9,6%).

El problema, por supuesto, no era exclusivo de España. Al progresivo incremento del superávit de Alemania (6,6% del PIB en 2008) y de otras naciones del Norte, correspondía un déficit cada vez mayor en esos países que despectivamente han denominado PIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). Solo por el hecho de mantener la misma moneda es por lo que se pudo llegar a unos desajustes en la balanza de pagos tan elevados. Estos desequilibrios creaban empleo y riqueza en los países excedentarios, mientras destruían puestos de trabajo y riqueza en los Estados del Sur, que hasta la crisis habían podido vivir una situación ficticia y mantener el crecimiento y el empleo de manera artificial a base de endeudamiento, endeudamiento que sin posibilidad de devaluar se convertiría a medio plazo en una soga al cuello, empeorando aun más su situación económica.

Los desequilibrios en el comercio exterior de China y de EE.UU. podían terminar corrigiéndose mediante ajustes en el tipo de cambio, pero ¿cómo solucionar esos mismos desequilibrios entre Alemania y España si ambos tienen la misma moneda? El desenlace es de sobra conocido. Se sometió a los países deudores a enormes ajustes fiscales y a duras políticas deflacionistas. El euro estuvo contra las cuerdas, salvado provisionalmente e in extremis por la política monetaria del BCE, que se decidió a actuar tan solo cuando la Eurozona se asomaba al borde del precipicio y, además, sometido a múltiples contradicciones, porque ¿cómo practicar la misma política para Alemania y para Grecia cuando sus necesidades e intereses son radicalmente distintos?

No, no es verdad que, tal como afirma la Comisión, la crisis se haya superado gracias a la intervención de la Unión Europea. Ha sido todo lo contrario. Debido a la Unión Europea, mejor diríamos a la Unión Monetaria, muchos países europeos se adentraron en la pendiente de la recesión. Sin el euro, el endeudamiento de los países del Sur nunca habría alcanzado las cotas a las que llegó; y en el caso de haber habido crisis, sin el euro su dimensión hubiera sido para la mayoría de los países mucho más reducida, y la salida se habría encontrado bstante antes, y sobre todo hubiera sido real, y no como en la actual supuesta superación en que las incertidumbres y riesgos se mantienen plenamente y las secuelas y efectos negativos perdurarán mientras no se dé marcha atrás.

La política aplicada desde Europa ha sido nefasta y motivada exclusivamente por las conveniencias de los países del norte, pero no se la puede hacer la única responsable de los daños infligidos, tal como pretenden algunos para exculpar al sistema. El error no es coyuntural sino estructural. El problema principal estriba en el propio diseño de la Unión Monetaria, lleno de contradicciones y de incoherencias, y que hace imposible su misma persistencia. ¿Por qué Alemania y sus países satélites iban a consentir otra política si la actual es la que les conviene y los Tratados no les obligan a ello? No solo estamos ante una década perdida, sino que en gran medida hemos malogrado la embarcación y no sabemos durante cuánto tiempo vamos a poder seguir navegando. De todo ello seguramente hablaremos en algún artículo posterior y analizaremos si es verdad, como dicen, que ha finalizado la crisis.

republica.com 18-8-2017

Desde que el Tratado de Maastricht estableció los criterios de convergencia y, sobre todo, a partir de la aprobación del Pacto de Estabilidad, todos los países miembros de la Unión Europea, en uno u otro momento, han intentado disfrazar sus cuentas (déficit) acudiendo a lo que se ha dado en llamar “contabilidad creativa”. Se ha instaurado una especie de danza ritual entre los gobiernos nacionales, que pretenden, mediante formas ingeniosas, mantener parte del gasto fuera de la contabilidad oficial, y el órgano comunitario encargado de dar validez a las cuentas (Eurostat), que trata de detectar los nuevos artificios y reconducir las partidas outsider dentro del rebaño. Todas estas fórmulas coinciden en lo mismo, en configurarse como una operación de maquillaje con la que disfrazar el déficit y el endeudamiento público, pero sin que estas variables sufran la menor modificación en la realidad, solo en su expresión contable.

Aunque ahora nos pueda parecer mentira, el primer país que comenzó a realizar tales trucos contables fue Alemania. Empleó lo que se ha llamado «contrato bajo la modalidad de abono total del precio», aunque se le ha conocido más comúnmente con el nombre de “método alemán” en referencia al país que lo había utilizado por primera vez. El sistema era simple. En los contratos de obras cuya realización suele durar varios años, en lugar de pagar al contratista por certificaciones mensuales según se va realizando el trabajo, todo el precio se abona al final del mismo, y es entonces cuando se contabiliza el gasto. Incluso, en casos extremos, se conviene en que el pago y la anotación contable se hagan varios años después de finalizada la realización del contrato. Ni que decir tiene que el precio se ve convenientemente incrementado por el importe de los intereses devengados.

La sencillez del método da pie a analizar y señalar los sofismas y efectos negativos que se siguen de todos estos instrumentos de maquillaje del déficit, y que serán tanto mayores y más numerosos cuanto más vaya aumentando su complejidad. La primera evidencia que aparece es que en principio hay poca diferencia en que el sector público se endeude con las constructoras o con los bancos, o con los mercados mediante la emisión de títulos. Resulta obvio que los recursos que se dedican a construir carreteras, depuradoras o vías férreas no podrán dedicarse a otros cometidos tales como hoteles de lujo, fábricas u oficinas, pero ello tanto si los fondos los retira directamente del mercado el sector público como si lo hacen las constructoras, con las que a su vez el Estado quedará endeudado. Los efectos son los mismos, excepto en una cosa, que con toda probabilidad el tipo de interés a pagar por el sector público será bastante menor cuando sea este directamente el que recurra a los mercados, que cuando lo haga a través de intermediarios.

Eurostat terminó por corregir la triquiñuela (eso sí, cuando Alemania había solucionado su problema) obligando a que la inversión se contabilizase como gasto a medida que se iba realizando la obra, con independencia de cuándo se efectuaba el pago. A partir de ese momento, esta modalidad de contratos fue desapareciendo, puesto que resultaban ya inútiles para enmascarar el déficit. La historia se ha venido repitiendo con la creación de otros nuevos instrumentos; se creaban y se utilizaban hasta que Eurostat los descubría y emitía las correspondientes reglas contables para corregir la argucia.

Las falsificaciones no solo han venido por el lado de la ocultación del gasto, sino también por la errónea contabilización de los ingresos. Ha sido frecuente que los gobiernos mantuviesen en el balance, tanto en el área fiscal como en la de la Seguridad Social, derechos de cobro que se sabía a ciencia cierta que eran ya incobrables, con la intención de reducir el déficit artificialmente. Eurostat intervino de nuevo obligando a los distintos países a que, para calcular el déficit, los ingresos se computasen siguiendo el criterio de caja, lo que en puridad no es muy ortodoxo, pero era la única manera que tenía la Comisión de evitar la falsificación de las cuentas, ya que le resultaba imposible entrar a delimitar qué derechos de cobro eran incobrables y cuáles no.

El caso más sonado ha sido el de Grecia, por la importancia y extensión de la falsificación llevada a cabo y también por los muy sofisticados métodos empleados -mediante el uso de derivados- por el Gobierno conservador de Kostas Karamanlís con el asesoramiento de Goldman Sachs. No deja de ser significativo que en esos momentos el vicepresidente para España de este banco de inversiones fuera Drahgui, actual presidente del Banco Central Europeo, lo que muestra hasta qué punto las personas actúan de manera muy diferente dependiendo del papel que representan.

En nuestro país -y supongo que en muchos otros- se han creado empresas públicas dentro del ámbito de las distintas administraciones con la finalidad de que estas les cediesen competencias en distintos campos de la inversión pública (infraestructuras ferroviarias, hidráulicas o de carreteras). Sirva como ejemplo y refiriéndonos a la Administración central el caso del GIF y de las sociedades de aguas. El objetivo en todos los casos es idéntico, que el gasto de la inversión no figurase en los presupuestos de la Administración respectiva y que por lo tanto no computase para el déficit. Los recursos se obtenían o bien por el endeudamiento de las empresas públicas en el mercado, con lo que figuraba como deuda de ellas y no de la Administración respectiva -y sin impacto por tanto en el déficit público- o bien por la aportación de la Administración a las empresas en concepto de ampliación de capital que, al ser gasto financiero, tampoco se contabiliza a la hora de calcular el déficit.

Todo ello es un andamiaje aparentemente bien construido pero sin consistencia. El endeudamiento de estas empresas públicas, en la mayoría de los casos, está avalado por el Estado, con lo que en realidad es deuda del Estado, y será el Estado el que tendrá que devolverla, ya que las sociedades inversoras no generarán recursos en la cuantía necesaria. Las llamadas ampliaciones de capital no lo son en sentido estricto, sino más bien transferencias a fondo perdido, por lo que no se las puede considerar gastos financieros, y debe tenérselas en cuenta, por lo tanto, a la hora de calcular el déficit.

Una vez más, Eurostat tuvo que salir al quite y establecer reglas estrictas para evitar la trampa, aunque en este caso no le ha resultado fácil, porque no lo es saber si la inversión y la empresa encargada de ella va a generar recursos suficientes para autofinanciarse. Nos movemos con previsiones muy discutibles, por lo menos hasta el momento en el que las pérdidas se hacen efectivas, tal vez muchos años después de haberse realizado el gasto. El engaño funcionará o no, total o parcialmente, pero lo que es seguro es que se habrán generado efectos colaterales muy negativos, como el de que al unísono de esa fuerza centrífuga que expulsa de las Administraciones públicas determinadas áreas del gasto público, desaparezcan también mecanismos de control absolutamente necesarios. Citemos como ejemplo lo ocurrido en Acuamed.

Las Autonomías en España aprendieron también la lección, aplicaron la estrategia en distintas parcelas del gasto o del ingreso. Conviene destacar la construcción de hospitales por medio de concesiones a empresas privadas a las que se les entrega asimismo la explotación, procedimiento muy usado por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que servían ciertamente para disfrazar el déficit y el endeudamiento públicos, pero que constituían un magnífico negocio para las concesionarias, pero un mayor coste para el sector público o un peor servicio para los usuarios.

Todo lo anteriormente señalado es la prueba más evidente de que el nominalismo se ha adueñado del análisis económico acerca del déficit público. Parece que la importancia no estriba en la realidad sino en su formalización contable, y esta tiene que regirse por una casuística talmúdica. En los momentos actuales, se ha llegado a un punto álgido en la materia. Es la misma Comisión la que pretende jugar a este escondite. Intenta, como en tantas otras cosas, cuadrar el círculo. Por una parte, se reconoce que la Unión Europea no puede continuar manteniendo una política económica deflacionista, que la política monetaria no basta y que se precisa caminar hacia una política fiscal expansiva. Pero, al mismo tiempo, no se quiere oír hablar de incrementar, ni aunque sea un euro, el presupuesto comunitario; ni los países que podrían invertir por su cuenta (como Alemania) están dispuestos a hacerlo, lo que crea una situación curiosa cercana al abracadabra, o a la pura alquimia.

En este orden de cosas se inserta el plan Juncker con el que creen haber encontrado la piedra filosofal: practicar una política expansiva sin poner un euro sobre la mesa. Y a él se ha querido agarrar Rajoy con ese invento de las asociaciones público-privadas. El Gobierno español no está dispuesto a subir más los impuestos, entre otras razones -además de la ideológica- porque se lo impide el acuerdo que ha formalizado con Ciudadanos. Por otra parte, sabe que tiene que abandonar ese camino enfangado del expediente de déficit excesivo. Bruselas no estaría dispuesta a nuevas prórrogas. Y además, no puede continuar indefinidamente con cifras tan reducidas de inversión pública. Entre otros motivos porque las constructoras se le sublevarían. ¿Cómo salir de esta contradicción? Recurriendo a la cábala de lo que se llama contabilidad creativa, aunque creativa solo en la imaginación.

A mediados del mes pasado el presidente del Gobierno presentó un magno proyecto de inversión en carreteras de 5.000 millones de euros, pero, ¡oh!, ¡milagro!, sin que eso afecte lo más mínimo al presupuesto y por consiguiente al déficit. Lo denominan pago por disponibilidad y consiste en líneas generales en licitar la concesión de una obra que solo comenzará a pagarse a su entrega (nótese la similitud con el llamado método alemán), pero en cómodos plazos de hasta treinta años, incrementándose con los gastos de mantenimiento del que durante ese tiempo se encargará la misma empresa adjudicataria. El parecido con la construcción de hospitales por la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre es palpable.

Es difícil poder justificar, tal como se quiere hacer, que la operación se realiza sin incremento de deuda pública, y por lo tanto del déficit. Es tener ganas de engañarse y de intentar (porque imagino que no lo consigue) confundir a los demás. Si las obras no se financian con peaje, tienen que hacerlo con incrementos de impuestos, bien sean actuales o futuros. Actuales, no, porque el gasto no se va a imputar al presupuesto de este año, ni siquiera al del siguiente, ni al del siguiente… Luego, sí se va financiar con tributos a lo largo de treinta años, la operación, llámese como se llame y se vista como se vista (Plan Juncker, Banco de inversión, endeudamiento de los constructores, etc.), aumentará la deuda pública.

Como también va a incrementar el déficit y el endeudamiento público el dinero que la Hacienda Pública va a tener que desembolsar a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) para rescatar las nueve autopistas en quiebra. Y eso que eran de peaje. Se calcula que unos 5.000 millones de euros (aun cuando SEOPAN estima que serán 8.000). Son las mismas autopistas de las que la anterior ministra de Fomento y ahora presidenta del Congreso afirmaba que no iban a costar un euro al contribuyente (igual promesa hicieron Solbes y Salgado respecto de la crisis bancaria). Y es que las asociaciones público-privadas siempre dejan las pérdidas para el Estado y las ganancias para los privados. Sin duda ocurrirá lo mismo (con peaje o sin peaje) con el plan que ahora se anuncia.

Lo más chocante de este plan es que parece tener la aquiescencia de la Unión Europea para que no afecte al déficit y al endeudamiento (el contable se entiende, porque sobre el real la UE no puede nada). De idéntico modo se cree que se va contar con la aprobación de la Comisión para no computar los 5.000 u 8.000 millones del rescate de las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores. Y es también semejante a lo que ocurrió con los recursos destinados a sanear los bancos, cuando se permitió no contabilizarlos como pérdidas a la hora de calcular el déficit público. Las normas en la Unión Europea se adaptan en función de los intereses y de la presión que puedan ejercer los países implicados, y también de las propias necesidades de la Unión para superar sus propias contradicciones y hacer posible lo imposible. Eso sí, sobre el papel no sobre la realidad, que la realidad es terca y tozuda.

republica.com 11-8-2017

Soy más bien reacio a las miles de bobadas que circulan a diario por la red o se reciben por WhatsApp. No obstante, el otro día llegó a mi teléfono móvil por este último medio un video que no tiene desperdicio. No puedo por menos que citarlo; lo encontré no solo enormemente gracioso, sino además muy acertado en su trasfondo. Consistía en un monologo protagonizado por Albert Boadella acerca de los hechos diferenciales. Después he descubierto que está colgado en Youtube a disposición de todo el que quiera verlo. Muchas serían las facetas a resaltar de su contenido, todas ellas interesantes, pero me centraré tan solo en dos.

La primera es que Boadella, tras aceptar irónicamente que, por su condición de catalán, tiene hechos diferenciales, supone que los demás, los que no son catalanes, también los tienen. Verdad de Perogrullo. «Principio individuaciones». Cada sujeto se diferencia de los demás. Hasta aquí nada nuevo. Pero Boadella enseguida va más allá y, parodiando el discurso nacionalista, afirma que, como es lógico, sus hechos diferenciales son superiores a los demás, porque de lo contrario, se pregunta con toda la razón, de qué serviría tener hechos diferenciales. No se tienen estos para ser iguales o inferiores a los otros. Y es que aquí en gran medida se encuentra el núcleo del discurso nacionalista. Cuando se afirma que son diferentes, lo que se quiere proclamar es que son de linaje superior y que por lo tanto son acreedores a un trato privilegiado. Es decir, se postulan no hechos, sino derechos diferenciales.

El segundo elemento a resaltar es su aseveración de que han sido muchas las personalidades del resto de España que han colaborado a incrementar la conciencia de los catalanes hacia los hechos diferenciales, personalidades tales como Ansón, Herrero de Miñón, Felipe González, García Margallo, Zapatero, Pedro Sánchez. Estos son los nombres que cita Boadella, pero a los que ciertamente se podrían añadir muchos más. Tal aseveración viene a confirmar mi tesis (ver mi artículo del 24-3-2016 en estas páginas) de que el problema del nacionalismo catalán no está en Cataluña sino en el resto de España, donde muchos de su prohombres se han empeñado en lograr lo que llaman el “acomodo” de Cataluña en España. La mayoría de los catalanes están perfectamente acomodados, al menos en la misma medida o incluso más que cualquier otro español. Nada es perfecto y todos tendríamos motivos para estar descontentos, no precisamente por ser catalanes. En cuanto a los nacionalistas, por su propia definición, nunca estarán satisfechos salvo con la independencia.

Desde la Transición y quizás por antagonismo al régimen franquista (de donde se deduce que nunca se pueden elegir opciones por el único argumento de diferenciarse de otro), nos hemos ido equivocando en el tema territorial, cediendo posiciones con el único objetivo de atraer al nacionalismo, lo que constituye una utopía. Hoy es tabú, pero puede que llegue el día en el que se reconocerá el error cometido con el establecimiento del Estado de las Autonomías. Yo, como muchos de mi generación que nos sentíamos de izquierdas, gritamos aquello de «libertad, amnistía, estatuto de autonomía». Ahora me pregunto cómo pudimos meter en el mismo saco la autonomía política en el ámbito territorial, de conveniencia muy discutible, con la libertad y la amnistía, exigencias imprescindibles para acceder a un Estado democrático. Y, sobre todo, cómo podíamos olvidarnos de la igualdad. Tal vez estábamos demasiado obsesionados con la falta de las libertades formales y no caíamos en que sí, estas son necesarias, no son suficientes. Deben ser completadas con las libertades reales, todas aquellas que hacen posible la igualdad. No pusimos el debido acento en ella, permitiendo incluso que las veleidades nacionalistas con sus requerimientos prevaleciesen sobre las exigencias de la equidad.

La Constitución se confeccionó con la mirada puesta en los nacionalismos, y con el objetivo de integrarlos para que no quedasen al margen del proceso de la Transición. Se realizaron concesiones importantes tanto en la Carta Magna como en la Ley electoral. Buen ejemplo de ello lo constituye el concierto vasco y navarro, régimen fiscal inconcebible en un Estado moderno y que rompe la igualdad en el plano territorial.

Aparentemente, la estructura política creada en aquel momento parecía contentar al nacionalismo. Eso explica cómo Cataluña fue de las Comunidades en las que la participación de la población en el referéndum para aprobar la Constitución fue mayor, y mayor también el porcentaje de votos positivos. Sin embargo, el equilibrio conseguido fue solo provisional, porque para el independentismo toda conquista constituye únicamente una plataforma en la que apoyarse para plasmar una nueva reivindicación. Paso a paso y año tras año se han ido creando las mayores cotas de autogobierno conocidas en España, y quizas en Europa, hasta el extremo de que el Estado ha ido progresivamente quedando reducido a su mínima expresión.

Pero hay algo más y quizás más grave, y es que el independentismo en todas su variantes ha empleado las estructuras del Estado para propagar su ideario en contra del propio Estado y a favor de la independencia. Se ha valido de toda clase de instrumentos: educación, recursos económicos, medios de comunicación, etc. Ha fabricado una historia nueva e inexistente. Ha construido también una realidad social, política y económica falsa, en la que Cataluña -¡oh, paradoja-, aparece como una Comunidad oprimida y explotada por regiones mucho más pobres. España nos roba. Esta labor de adoctrinamiento practicada año tras año ha tenido sus frutos y ha incrementado sustancialmente el sentimiento soberanista. Frente a los que afirman que el independentismo ha aumentado por la intransigencia del Gobierno central negándose a hacer concesiones, parece claro que la causa se encuentra más bien en las hechas por unos y por otros a lo largo de todo este tiempo, y que han dotado a los soberanistas de nuevos instrumentos para practicar el proselitismo.

Quienes defienden que el diálogo y las cesiones pueden servir para solucionar el problema o son unos inocentes o tienen intereses propios y puede que bastardos. Sin duda, Azaña pertenecía al primer grupo al defender el estatus de autonomía de Cataluña en la I República; ya que la razón estaba del lado de Ortega cuando mantenía que el problema del nacionalismo catalán no tenía solución y solo cabía la “conllevancia”. El propio Azaña más tarde reconocía su error y se quejaba amargamente en su obra “La velada en Benicarló” de la deslealtad del nacionalismo catalán; primero cuando Companys, aprovechando la Revolución de Asturias, proclamó unilateralmente el Estado catalán y, más tarde, por el comportamiento de la Generalitat en plena Guerra civil.

En todos estos años de democracia, las prebendas concedidas al independentismo se han debido, al menos en parte, a las conveniencias de los dos grandes partidos nacionales. A pesar de practicar cuando gobernaban políticas bastante similares, se negaban sin embargo a entenderse entre ellos y, si se carecía de mayoría absoluta, preferían pactar con los nacionalistas y someterse a su chantaje. Este hecho se ha reforzado en el PSOE en los últimos años por la influencia y presión del PSC.

Fuel el PSC el que dio la victoria a Zapatero frente a Bono, hecho que marcó la actuación del primero en el tema de Cataluña, tanto como secretario general del PSOE, como en su calidad de presidente del gobierno. La tan recordada frase «Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el parlamento catalán» fue un precedente nefasto y en buena medida origen de la ofensiva secesionista. Los causantes del llamado desencuentro no han sido, tal como se nos quiere hacer creer ahora, los que recurrieron al Tribunal Constitucional, sino los que aprobaron un estatuto claramente anticonstitucional y quisieron modificar por la puerta de atrás la Carta Magna. Pero, eso sí, Zapatero, gracias al voto catalán, se aseguró una segunda legislatura.

La situación se ha hecho especialmente grave desde que comenzó la deriva separatista, verdadero golpe de Estado, en palabras de la propia patronal catalana. La actuación de las autoridades de la Generalitat es de clara sedición y rebeldía. Aun cuando la Fiscalía hasta ahora, por un problema de prudencia, no haya querido acusar más que de los delitos de desobediencia y prevaricación, que no conllevan asociadas penas de cárcel (se ha huido incluso de la figura de malversación de fondos públicos) no implica que los otros delitos no existan y no estén tipificados en el Código Penal.

Ante tal estado de cosas, es sorprendente la actitud de Pedro Sánchez desmarcándose de las medidas del Gobierno y queriendo jugar a la equidistancia. La postura del actual secretario general del PSOE solo se explica -que no se justifica- por el odio que al parecer tiene a Rajoy, por la pretensión de posicionarse en todos los temas en contra del PP y sobre todo por la ambición nunca abandonada de llegar a presidente del gobierno para lo que -de tener alguna posibilidad- necesita contar con los votos de los secesionistas. Su comportamiento raya en el esperpento cuando, ante los desafueros de toda clase planteados por el independentismo, su reacción se reduce, cual fraile franciscano, a predicar el entendimiento y el diálogo.

Junts pel sí y la CUP están a punto de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. No se ha hecho demasiado hincapié en ello, pero la verdad es que esta declaración se produciría automáticamente con la aprobación de la Ley del referéndum, ya que se proclama a sí misma ley suprema por encima de cualquier otra ley, del Estatuto y de la propia Constitución, con lo que se está presuponiendo la soberanía total del parlamento autonómico. Sabíamos que a los sediciosos les importaban poco la ley y la democracia, pero ahora sabemos que tampoco la lógica, ya que se da una petición de principio. Se hace una ley para habilitar un referéndum con el que preguntar a la ciudadanía acerca de la independencia, independencia que se supone ya realizada desde el momento en el que se ha declarado al Parlamento de Cataluña soberano.

Ante un momento tan crítico como el actual, lo único que se le ocurre a Pedro Sánchez es acusar al presidente del Gobierno de no dialogar y anunciar pomposamente que él sí va a proponer la verdadera solución, unida a una reforma constitucional, que todavía no ha explicado en qué va a consistir, pero que hay que temer que se oriente a nuevas concesiones a los nacionalistas para premiar la sedición y la rebeldía, concesiones que solo servirán para que en el futuro cuenten con más instrumentos para plantear con fuerza renovada la ofensiva separatista.

Pedro Sánchez mantiene una posición totalmente ambigua. Por una parte afirma que respalda al Gobierno en su oposición al referéndum independentista y en la defensa de la Constitución, pero al mismo tiempo pone reparos y se distancia de todas las medidas que el Ejecutivo se ve en la obligación de instrumentar; incluso, él y sus acólitos han llegado a desacreditar el artículo 155 de la Constitución, descartando a priori su aplicación y amenazando nada menos que, como cualquier sedicioso, con acudir a la opinión internacional en caso de que fuera necesario ponerlo en práctica.

El comportamiento adoptado por Pedro Sánchez contradice lo que ha venido siendo la postura tradicional del PSOE en esta materia, que siempre la ha considerado cuestión de Estado y en la que se debía estar al lado del Gobierno. Su condescendencia con el secesionismo catalán tiene que estar dejando descolocados a buena parte de sus compañeros de partido, incluso a aquellos que le hayan votado en las primarias, que seguro que no le dieron su voto para defender esa ambigua teoría de nación de naciones, que tan bien les puede venir a los nacionalistas. Andaluces, extremeños, castellanos, murcianos, etc., es imposible que vean con buenos ojos el hecho de que, a pesar de que la renta per cápita de sus Comunidades es muy inferior a la catalana, se les considere explotadores y a Cataluña colonia subyugada; y que para dejar contentos a los nacionalistas catalanes haya que reformar la Constitución y dejar muy claro que sus hechos diferenciales son superiores a los del resto de los españoles.

republica.com 4-8-2017

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Lo malo de los organismos internacionales es que pretenden pasar por técnicos cuando sus discursos son claramente políticos. No se limitan a elaborar un diagnóstico, a señalar las dificultades e incertidumbres, ni siquiera a indicar las posibles soluciones o posibilidades existentes a la hora de resolver un problema. Ofrecen de forma inequívoca una sola alternativa, aquella que mejor cuadra con la ideología que defienden, que es la de derechas o, para ser más concretos, la del neoliberalismo económico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido siempre paradigma de este pensamiento único, y sus informes, más que estudios económicos, son manifiestos de guerra, panfletos propagandísticos de intereses concretos. Este Organismo acaba de publicar su análisis anual de la economía española (el llamado artículo IV). No ha traicionado su trayectoria, ya que en realidad el documento tiene poco de análisis y mucho de programa económico propio de una formación política reaccionaria. En esta tarea, no le importa demasiado incurrir en contradicciones o incoherencias.

Uno de los mensajes estrella en el denominado análisis es el clásico anatema sobre el sistema público de pensiones, recogiendo todos los tópicos propagados por las fuerzas económicas. Comienza aludiendo al envejecimiento de la población y, en base a él, arremete contra todo intento de modificar la actual Ley de pensiones. Considera muy acertado el incremento anual del 0,25%, ya que toda actualización por un porcentaje superior iría en detrimento de las generaciones futuras.

La incongruencia del discurso aparece cuando al mismo tiempo el FMI reconoce lo que llama “recuperación impresionante de la economía española” y modifica al alza sus previsiones de crecimiento para el año en curso del 2,6% al 3,1%, y también las del ejercicio próximo en tres décimas. Al margen de la mayor o menor exactitud y fortuna en el análisis que realiza de la economía española, lo cierto es que, a no ser que la política económica de España y de la UE incurra en algún desaguisado, no hay motivo alguno para dudar de que nuestro país continuará en el futuro creciendo por término medio, en una estimación por lo bajo, el 1 o el 1,5%. Así ha ocurrido en el pasado. Permaneciendo constante la población total (sea cual sea la relación entre activos y pasivos), la renta per cápita se incrementará también anualmente en el mismo porcentaje. Es decir, que los españoles somos y seremos cada año más ricos. Y siendo así, resulta difícil entender por qué un colectivo, el de los jubilados, (tanto los presentes como los futuros) no puede, sea cual sea la pirámide de población, ver incrementada su renta en esa misma cuantía cada año, o al menos mantener el poder adquisitivo sin tener que empobrecerse. De cara a la viabilidad de las pensiones, lo importante no es cuántos producen sino cuánto se produce y que el reparto sea el adecuado.

En realidad, el problema de las pensiones, como tantos otros, no es de producción sino de distribución. Es de sobra sabido que son tres los agentes que concurren en el reparto de la renta nacional: los trabajadores, mediante los salarios, los empresarios, a través del excedente empresarial, y el Estado, encargado de pagar, entre otros servicios y prestaciones, las pensiones. Simplificando podríamos calificar de reparto equitativo aquel en el que todas las rentas (las de los trabajadores, empresarios, pensionistas, etc.) se incrementan por igual (el aumento experimentado por la renta per cápita). Ello es perfectamente posible aun cuando la relación activos-pasivos haya evolucionado en contra de los primeros. La única condición es que la parte de la renta nacional que se destina a los empresarios y a los asalariados (activos) se reduzca (en la misma medida que lo hace el número de personas que componen estos colectivos), con respecto a la que va al Estado (pasivos).

Lo que quizás hasta la fecha esté ocurriendo es que la distribución de la renta nacional se esté modificando a favor del excedente empresarial y en contra de los trabajadores y del Estado. Es este reparto el que pone en peligro, entre otras cosas, la cuantía de las pensiones, tanto para los jubilados actuales como para los de futuras generaciones. El informe del FMI cae en la trampa de concebir la Seguridad Social como un sistema cerrado, independiente del Estado, y de creer que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones, con lo que la cuantía de estas limita en cada momento el importe de las prestaciones. Esta perspectiva olvida que, tal como mandata la Constitución, es el Estado con todos sus ingresos el obligado a sostener las pensiones y a actualizarlas periódicamente, impidiendo que pierdan poder adquisitivo.

Ante lo que considera el gran problema de las pensiones, El FMI con suma agudeza plantea como posible solución (o al menos parte de ella) retrasar la edad de jubilación, lo que podría tener un cierto sentido en una economía con pleno empleo, pero no en un país que tiene la mayor tasa de paro, después de Grecia, de toda la UE. En estas circunstancias lo que se ahorraría en pensiones tendría que gastarse en seguro de desempleo, a no ser que la pretensión sea dejar a una buena parte de la población en pobreza severa.

La otra vía de solución que sugiere el informe del FMI consiste en los llamados fondos privados de pensiones. Esta propuesta resulta un tanto simplista, porque en realidad a lo que se reduce es a expresar que en esta materia el Estado y la sociedad no pueden, más bien no quieren, dar ninguna solución y sálvese quien pueda, es decir, cada persona debe individualmente ahorrar para la jubilación. Para tal viaje no hacen falta alforjas. Y, además, si cada uno debe solucionar el problema por su cuenta no es necesario tampoco que nos digan de qué modo debe materializarse nuestro ahorro. Lo que no se entiende muy bien es por qué a esos fondos se les llama de pensiones a diferencia de otras maneras de inversión que se pueden emplear para la misma finalidad.

La única conexión que los fondos de pensiones tienen con las pensiones, además del nombre, es que no se pueden hacer efectivos hasta la jubilación, pero incluso esta relación se ha debilitado últimamente puesto que se han establecido otros supuestos, como el desempleo, para poder disponer de los recursos acumulados en ellos. En múltiples ocasiones he manifestado que, a mi entender, los fondos de pensiones no son los mejores instrumentos para materializar el ahorro de cara a la jubilación. Se pierde el control sobre la inversión y se desconoce el destino de los recursos, que puede estar mucho más motivado por los intereses de la gestora y de la depositaria que por los de los partícipes. En caso de que se produzcan beneficios, serán absorbidos casi en su totalidad por las comisiones de depósito y gestión.

Ahora bien, lo que son inconvenientes para el ahorrador se convierten en ventajas para las entidades financieras, que disponen mediante estos instrumentos financieros de importantes recursos cautivos. De ahí el interés que su promoción tiene para las fuerzas económicas y para todos aquellos -incluyendo políticos y organismos internacionales- que defienden los mismos intereses. Propugnar el ahorro privado como alternativa al sistema público de pensiones es condenar a buena parte de la población a la indigencia más absoluta en la jubilación, ya que solo una porción muy reducida de las familias tiene capacidad de ahorro.

Lo que resulta evidente es que garantizar pensiones públicas adecuadas, al igual que una correcta asistencia sanitaria, un eficiente sistema educativo u otros muchos servicios públicos, precisa de una presión fiscal adecuada, lo que no ocurre en España donde esta variable se encuentra a la cola de la casi totalidad de los países europeos. De ello no dice ni una palabra el FMI. No existe en el informe ninguna recomendación para elevar la presión fiscal, con la excepción de la propuesta de subir el IVA, impuesto regresivo, tanto más si lo que se aconseja incrementar es el tipo reducido.

El FMI en su tarea de defender los postulados del neoliberalismo económico, cae -como no puede ser menos- en incoherencias económicas. Por una parte, con cierta lógica considera conveniente la subida de los salarios, pero al mismo tiempo, no solo defiende la última reforma laboral, sino que propone en esta materia una nueva vuelta de tuerca, origen de la precariedad del empleo. Constata el riesgo de mantener una tasa tan elevada de paro, pero a continuación afirma que hay que abaratar aun más el despido. Perlas para la historia. La misma paradoja que cuando se asegura que la economía va muy bien y que seguirá así en el futuro, pero a la vez se concluye que no hay dinero para mantener el nivel de las pensiones.

republica.com 28-7-2017

El Congreso, por unanimidad, ha aprobado la Ley de Reforma del Trabajo Autónomo. Hecho sorprendente, porque raro es que se pongan de acuerdo todas las formaciones políticas, y más insólito aún cuando se trata de legislar sobre una figura de contornos tan variables como la de autónomo, en cuyo concepto se engloban las situaciones más dispares. Tamaña coincidencia solo tiene una explicación. Que el contenido de la Ley es claramente electoralista y populista y ningún partido quiere enfrentarse a 3,2 millones de posibles votantes.

La Ley, al igual que otras muchas lindezas, tiene su origen en el pacto que Ciudadanos hizo firmar al PP para la investidura, consecuencia de la negativa del PSOE a sentarse a negociar en el momento adecuado. De lo contrario, a lo mejor ahora estaríamos contemplando otras medidas más progresistas. Hoy se habla mucho de populismo, pero pocos son los que reparan en que quizás sea Ciudadanos el partido más populista. Si se observan con detenimiento, todas sus proposiciones insignia tienen este carácter: gancho electoral pero sin resultados o con resultados más bien reaccionarios.

El colectivo de trabajadores por cuenta propia es un conglomerado totalmente heterogéneo, en el que se engloban desde los trabajadores seguramente mejor retribuidos -los profesionales- hasta el subempleo y la máxima explotación laboral. Legislar para todos sin ninguna distinción conduce a que en realidad no sepamos a quién estamos favoreciendo, lo que es muy grave cuando se trata de esparcir muchos millones de euros del erario público.

La Ley, sin embargo, no contempla el mayor problema que afecta al colectivo de trabajadores por cuenta propia el de todos aquellos que deberían serlo por cuenta ajena pero a los que sus empresas contratan como autónomos para librarse de las obligaciones que conlleva la relación laboral, entre otras el pago de las cotizaciones sociales. Cotizaciones que los falsos autónomos a menudo no podrán pagar o, en el mejor de los casos, tan solo les será posible aportar la cuota mínima, con lo que se verán seriamente perjudicados en la jubilación y, además, con toda probabilidad de una o de otra manera el Estado terminará asumiendo un importante coste (que deberían asumir las empresas) bien mediante deducciones, bonificaciones, etc., o bien a través de complementos de mínimos o pensiones no contributivas, llegado el momento de la jubilación.

Se habla de la proliferación de empresas tecnológicas que obligan a sus empleados a ser autónomos, pero no son solo estas corporaciones las que actúan de tal modo, ni el tema es nuevo aunque esté alcanzando más intensidad en los últimos años. Desde hace mucho tiempo, las sociedades de todo tipo han tendido a externalizar los servicios de manera que su plantilla quede reducida al mínimo; el resto del personal o bien pertenece a otras empresas de servicios mucho más pequeñas o bien son autónomos.

Dejemos aparte de momento el tema de la subcontratación, que suele ser en cascada y en el que las condiciones laborales de la última empresa son muy negativas y su solvencia para indemnizaciones, mínima en caso de crisis y despidos. Centrémonos en el colectivo de los falsos autónomos. Son legión. Los sindicatos hablan de 300.000, pero es posible que sean muchos más (aquí como en la economía sumergida son difíciles los cálculos), incluso no es infrecuente el hecho de que una empresa despida a sus propios trabajadores para contratarlos de nuevo como autónomos. Los demandantes de empleo conocen bien que en la actualidad la mayoría de las ofertas que se les presentan pertenecen a esta categoría.

Estos falsos autónomos, originados en la actuación fraudulenta de las empresas, se sitúan en el escalón más bajo del espectro laboral. No suelen poseer retribución fija, cobrando exclusivamente por comisiones o por otro tipo de módulos ligados a la actividad o a los objetivos. Además, los índices de valoración se fijan de tal forma que la mayoría de las veces su sueldo no llega ni al salario mínimo interprofesional. Carecen totalmente de estabilidad en el empleo. Su baja retribución les impide, ni con tarifa plana ni sin tarifa plana, darse de alta en la Seguridad Social, y les exime también del IRPF, con lo que la mayoría, por no decir la totalidad, de los beneficios que se pueden obtener con la nueva ley no les van a afectar.

Emparentado con el grupo anterior y casi con similares condiciones económicas se encuentra los que podíamos denominar paro encubierto. En este caso no son trabajadores por cuenta ajena obligados a disfrazarse de autónomos por sus patronos, sino que se trata de aquellos que, desanimados, desisten de encontrar un empleo por cuenta ajena y, ante la carencia de seguro de desempleo, optan por establecerse por cuenta propia con la esperanza de obtener de este modo los recursos mínimos para la supervivencia. Aquí también nos encontramos con falsos autónomos o autónomos a la fuerza, podemos hablar de subempleo o paro encubierto. En la mayoría de las ocasiones las condiciones de trabajo, comenzando por los recursos obtenidos, no son muy distintas del grupo anterior y también se encuentran en lo más bajo del mundo laboral. A estos tampoco les van a resultar de mucha aplicación los beneficios de la ley.

Frente a estos dos grupos se encuentran los trabajadores por cuenta ajena en sentido propio, que ejercen su actividad bien de forma totalmente independiente, bien como socios de compañías mercantiles, cooperativas u otras figuras societarias. Por término medio, el nivel económico de estos trabajadores o más bien empresarios (aunque ahora se les llame emprendedores) está por encima de la masa de trabajadores por cuenta ajena. Bien es verdad que la proliferación de las grandes superficies y la entrada en mercados saturados de los parados encubiertos a los que nos referíamos en el punto anterior ha podido poner en aprietos a algún colectivo, tales como los del pequeño comercio, pero por línea general sus ingresos continúan siendo superiores a los de los asalariados. No digamos los socios de los grandes despachos (y también medianos y pequeños) de abogados, consultores, ingenieros, arquitectos, asesores financieros, etc.

Tradicionalmente, el régimen de autónomos de la Seguridad Social ha sido deficitario (todos los regímenes especiales lo son). Las asociaciones de trabajadores por cuenta propia se defienden señalando que este déficit es inferior incluso al del régimen general. Lo cual es cierto en las actuales circunstancias en las que la crisis ha hecho caer en picado a las finanzas del régimen general, pero no siempre ha sido así (incluso en otras épocas ha presentado superávit) y es de esperar que no lo continúe siendo para el futuro. El déficit del régimen de autónomos, sin embargo, es crónico.

Las cotizaciones de los autónomos son un 40% inferior a las de los trabajadores por cuenta ajena, aunque también lo son las pensiones. En cualquier caso, ya sea por necesidad o como consecuencia de que el Estado garantiza un determinado nivel de rentas en el momento de la jubilación mediante los llamados complementos de mínimos, que son financiados con impuestos, el 86% de los autónomos eligen cotizar por la base mínima, aunque parece que con frecuencia la base de cotización se va incrementando a medida que se acerca la edad de jubilación. Estos datos contrastan -aunque según se miren también pueden considerarse coherentes- con el hecho de que sea el de autónomos uno de los colectivos que más utilizan los planes privados de pensiones.

Leyes como la que está a punto de aprobarse, en la que se prima, se bonifica y se beneficia indiscriminadamente a los autónomos, están muy lejos de solucionar los verdaderos problemas y plantean serios interrogantes acerca de si constituye la mejor forma de emplear los fondos públicos cuando existen necesidades más apremiantes, en vista de que en estos casos las ayudas casi siempre se orientan a aquellos que menos las necesitan.

La auténtica reforma habría consistido, en primer lugar, en poner remedio a la situación anómala de los dos primeros colectivos analizados, es decir, la de los falsos autónomos, forzados a este trabajo por el fraude de las grandes empresas o por la indigencia. En segundo lugar, en tener en cuenta las rentas de los autónomos en sentido estricto y referenciar a ellas todas las medidas. Se debería eliminar, por ejemplo, la libertad con la que ahora cuentan los trabajadores por cuenta propia para escoger las bases de cotización y establecer estás de acuerdo con los verdaderos ingresos que obtiene cada uno. Pero, de tal medida, Ciudadanos no ha querido ni oír hablar, porque representaría elevar la cotización de los autónomos con rentas o beneficios más elevados.

Hay que reconocer que la referencia a los verdaderos ingresos plantea un serio problema, el de su determinación. Todo el mundo habla del fraude de las grandes fortunas. Lo cual es cierto, pero nadie menciona, a pesar de ser perfectamente conocida, la gran bolsa de defraudación que representa la tributación de los trabajadores por cuenta propia. No es políticamente correcto ni rentable electoralmente. Sin embargo, su existencia es evidente, la ocultación de ingresos afecta tanto al IRPF como al IVA. Las figuras del fontanero y del dentista se han hecho tristemente famosas. Basta comprobar el porcentaje casi ridículo que las rentas empresariales (autónomos) representan de la base imponible del IRPF, muy inferior al porcentaje que alcanza el número de trabajadores por cuenta propia sobre el total de contribuyentes. Y eso a pesar de que la renta media de los autónomos (no la declarada, sino la real) es bastante superior a la de los asalariados.

En la nueva Ley hay medidas que son inconcebibles. Ante las graves dificultades que todo el mundo afirma que presenta el sistema público de pensiones, ¿cómo es posible que se permita compatibilizar la pensión con continuar ejerciendo la profesión con la misma extensión e intensidad que antes de jubilarse? Tanto más cuanto mantenemos la tasa de paro mayor de toda Europa. Cosa distinta es que ante la reducida cuantía de las pensiones se permitiese completar estas con algunos ingresos adicionales (especialmente cuando se trata de resultados de la propiedad intelectual), pero nunca mantener el trabajo y el sueldo completo como cuando se estaba en activo. Bien es verdad que inconcebible es también que siga permaneciendo la compatibilidad de la pensión de viudedad con una actividad laboral, aun cuando esta se encuentre entre las mejor remuneradas. Y, ¡oh, paradoja!, la pensión se pierde cuando el cónyuge superviviente se jubila. El mantenimiento de esta medida ha jugado bastante en contra del matrimonio en la católica España, porque también se pierde el derecho a la pensión a casarse de nuevo. Como es lógico, son poco los que aman tanto el matrimonio como para renunciar a la prestación por viudedad.

Se ha extendido una mística acerca de los autónomos, de los emprendedores, tal como se les denomina ahora. Se afirma que son los que crean riqueza, como si el resto de los trabajadores no la generasen. Se calcula que la nueva ley costará al erario público 2.000 millones de euros. Los portavoces de Ciudadanos andan muy contentos con los beneficios que van a conseguir para los autónomos (no para todos). Quieren apuntarse el tanto. Pero lo que nadie considera es el coste de oportunidad, es decir, lo que se va a dejar de hacer y se podría hacer con los 2.000 millones que la aplicación de esta Ley absorberá. De ello también es responsable Ciudadanos.

republica.com 21-7-2017

Para votar afirmativamente el techo de gasto presentado por el Partido Popular, Ciudadanos ha puesto la condición de que se incorpore para 2018 una rebaja del IRPF por importe de 2.000 millones de euros. Argumentan que ahora que las cosas van bien podemos permitirnos reducir los impuestos. En el presupuesto hay espacio, margen. Lo del margen es un concepto muy relativo. Para reducir los impuestos siempre hay margen, pero nunca para subir las pensiones, el seguro de desempleo o dedicar más recursos a la sanidad, a la educación o a la atención de la dependencia.

El discurso del PP acerca de que la economía va muy bien tiene un punto débil, que la mejora no ha llegado a muchos de los perjudicados por la crisis, y por el euro. No solo es que la recuperación económica se haya fundamentado en buena medida en los bajos salarios, sino que una vez que se ha producido el crecimiento no se han subsanado muchos de los recortes acometidos para corregir el déficit.

Sí se ha reparado la subida del IRPF que el Gobierno se vio obligado a realizar. En dos ocasiones se ha rebajado este impuesto, compensando el incremento realizado anteriormente. Por el contrario, no se han corregido los recortes en muchas partidas de gasto, especialmente en las prestaciones y servicios sociales. A los funcionarios se les devolvió la paga extraordinaria que el Gobierno del PP les había quitado, y que correspondía a una sola anualidad; sin embargo, no se ha rectificado el recorte en el salario mensual acometido por el Gobierno Zapatero, que era el verdaderamente importantes ya que se consolidaba para los años sucesivos. Es decir, calculando por lo bajo, las retribuciones de los empleados públicos son de un 5 a un 20% (según niveles) inferiores a las de 2008. Sobre las pensiones permanece la espada de Damocles de la última reforma, que las condena no solo a no tener en el futuro ninguna mejora, sino a ir perdiendo año tras año poder adquisitivo. Si los impuestos se incrementan automáticamente con la inflación, lo lógico seria que para mantener la neutralidad también lo hiciesen las pensiones, las retribuciones de los funcionarios y otra serie de gastos como la sanidad, la educación, etc.

Ciudadanos afirma que hay margen, y sin embargo no se les ocurre proponer que suban las prestaciones por jubilación, la cobertura del seguro de desempleo, que mejore la asistencia sanitaria o que se dediquen más recursos a la dependencia. Exigen bajar los impuestos, pero no los indirectos como el IVA, cuya subida de los años pasados no se ha corregido, sino el IRPF, el impuesto más progresivo y cuya rebaja beneficia siempre en mayor medida a las rentas altas. El argumento de que la rebaja va a incidir sobre los trabajadores y sobre las clases bajas suele tener trampa. El de trabajadores es un colectivo demasiado amplio, que engloba tanto a los mileuristas como a los consejeros de la grandes empresas, y las rebajas que se aplican a los tramos bajos de la tarifa terminan afectando también a los tramos medios y altos. Por otro lado, hay que preguntarse si la reducción del gravamen a los trabajadores en un mercado tan desregulado como el actual, y en un sistema que se basa principalmente en retenciones, no se transmite a los empresarios, mediante una reducción de los salarios. Algo similar ocurre con el complemento salarial que plantea también Ciudadanos.

La bajada de impuestos tiene muy buena prensa. La razón quizá se encuentre en que beneficia en buena medida a los que crean opinión, que a menudo se quejan de la enorme carga fiscal que soporta la clase media, y a la que creen pertenecer. Pero lo cierto es que la gran mayoría se encuentran en el 10%, cuando no en el 5% de mayor renta. Según los últimos datos del INE, en 2016 los ingresos medios por persona en España han sido de 10.708 y por familia, de 26.730 euros anuales. Las rebajas en el IRPF se dirigen principalmente a ese 10% de mayores rentas, en una pequeña proporción a las clases medias y en ninguna medida a las clases más desfavorecidas, que no pagan impuestos directos. ¿Qué parte de los 2.000 millones de euros se va a destinar a las familias que tienen todos sus miembros en paro? Es curioso que para las deducciones fiscales no se tenga en cuenta la renta de la familia, lo que sí suele ocurrir en las ayudas directas. Si en realidad se quiere beneficiar a las clases populares, elévese la cobertura del seguro de desempleo, increméntense las pensiones, dótense mejor la sanidad, la educación y demás servicios públicos.

El líder de Ciudadanos justifica la bajada de impuestos empleando el tópico de que el mejor sitio donde está el dinero es en manos de los contribuyentes, como si el resto de los recursos fuesen para el Gobierno. En las prestaciones sociales y demás subvenciones los recursos no permanecen en el sector público, ya que de manera casi automática retornan también a los ciudadanos, e incluso ocurre lo mismo con el resto de partidas del presupuesto, con la diferencia de que no se devuelven ciertamente en efectivo, pero sí en forma de servicios públicos. Es verdad, y quizá es lo que molesta a algunos, que los recursos se reintegran a los ciudadanos con una distribución distinta a la inicial. El argumento anterior se parece mucho al discurso que empleaba Aznar cuando afirmaba que con las privatizaciones se devolvían las grandes empresas públicas a los españoles, o la perorata de Esperanza Aguirre cuando proclamaba que privatizar el Canal de Isabel II era entregárselo a los madrileños. Sin embargo, en ambos casos se trataba de expropiar a todos los ciudadanos y de beneficiar a unos pocos privilegiados.

Existe una cierta incoherencia en la postura de Ciudadanos cuando se inclina por la bajada de impuestos y no por incrementar el gasto público, porque si en estos años se desbocado el déficit público, se ha debido al comportamiento de los ingresos y no al del gasto; y porque además la presión fiscal de España es una de las más bajas de Europa -por debajo de Grecia, Polonia, Portugal, Malta, Chipre, la República Checa, Eslovenia, Hungría, etc.-, mientras que se cuenta con un nivel de prestaciones y servicios públicos muy por debajo del de los otros países.

El Gobierno del PP parece haber accedido a la petición de Ciudadanos, pero instrumentando la rebaja impositiva a través de deducciones, exenciones y bonificaciones. Contrasta la reticencia que el discurso oficial mantiene ante la subida de los gastos públicos, con la permisividad e incluso beneplácito con el que se reacciona ante la aprobación de los gastos fiscales que, sin embargo, tienen el mismo efecto sobre el déficit público. Y ello a pesar de que estos últimos presentan importantes desventajas con respecto a una actuación decidida del Estado a través de las distintas partidas de gasto público. En primer lugar, al no estar explicitados en el presupuesto, los gastos fiscales tienden a consolidarse en mayor medida que las partidas de gastos propiamente dichas. En segundo lugar, al estar difuminados como una reducción de los ingresos, pasan desapercibidos sin sufrir para su concesión los rígidos controles de otros tipos de gastos y, lo que es más importante, en muchos casos se desconoce una cuantificación adecuada de su coste. En tercer lugar, son de muy difícil control e incrementan las vías de fraude. Los requisitos que se imponen a cada una de las exenciones, deducciones o bonificaciones en aras de conseguir el objetivo para el que se han aprobado resultan en muchos casos imposibles de comprobar, sobre todo cuando, como ocurre en la mayoría de los sistemas fiscales modernos, las medidas afectan a un gran número de contribuyentes. La generalizada evasión que posibilitan hace que se incremente y multiplique gratuitamente el coste de las medidas. Y por último, los gastos fiscales son regresivos porque la mayoría de las veces reducen impuestos progresivos.

Ciudadanos fundamenta la existencia del margen en las cuentas públicas en el hecho de que los 2.100 millones de euros pactados con el PP y previstos para sostener el regresivo complemento salarial parece que quedarán liberados del presupuesto español, pues espera que se terminen pagando con fondos europeos asociados a la Garantía Juvenil. Sin embargo, la ayuda europea no está nada clara porque hasta las mismas autoridades europeas, poco sospechosas de izquierdismo, se oponen a que parte de los salarios se paguen con fondos públicos. El Ministerio de Hacienda está haciendo juego malabares para esconder la verdadera naturaleza de la ayuda y lograr que pase la criba de Bruselas.

Algunos comentaristas políticos considerando el pacto con Ciudadanos, con los partidos canarios y con el PNV, hablan del coste que va a tener que pagar el Gobierno para conseguir aprobar el techo de gasto. En realidad, el pagano no va a ser el Ejecutivo, sino todos los ciudadanos, lo que debería hacer meditar a los partidos de izquierda si no tendrían que haber movido ficha para que el giro fuese hacia a la izquierda y no hacia la derecha. La política de Tancredo que están adoptado no conduce a nada, puesto que el Gobierno, con o sin su apoyo, va a aprobar, como ha ocurrido este año, el techo de gasto y el presupuesto. Es más, aunque no pudiera sacarlo adelante, el principal perjudicado tampoco sería el Gobierno, que podría funcionar perfectamente con un presupuesto prorrogado, sino de nuevo los ciudadanos y las Comunidades Autónomas, ya que el presupuesto y el nivel de gasto quedarían congelados sin apenas posibilidad de aumento.

Los españoles pueden comenzar a preguntarse para qué sirven los partidos de izquierdas si cuando gobiernan aplican la política de las derechas y cuando están en la oposición y con un gobierno minoritario y débil son incapaces de arrancarles concesiones (ni siquiera lo intentan). Enredados en una absurda disputa acerca de quién mantiene el liderazgo de la izquierda, y de un extraño complejo de pureza sangre que les impide todo diálogo o pacto con la derecha, deciden no contaminarse. El peligro es que terminen resultando prescindibles, y que se les pueda aplicar lo que Péguy afirmó del kantismo, que conservaba las manos puras porque no tenía manos.

Republica.com 14-7-2017

El 14 de abril de 2014, en una tribuna en el diario El País, el ministro de Economía, Luís de Guindos, tras calificar el establecimiento de la Unión Bancaria Europea de tan importante como la creación del euro, se expresaba en estos términos: “Un banco en cualquier esquina de un país de la UE ya no será un banco español, francés o italiano. Va a ser un banco europeo. Tendrá que cumplir los mismos estándares de solvencia, estará vigilado por un mismo supervisor, pasará por los mismos chequeos y se disolverá, si no hay otro remedio, por los mismos procedimientos”.

En realidad, la historia había comenzado casi dos años antes, en la cumbre de junio de 2012 cuando, contra todo pronóstico, el ortodoxo Monti que había sido impuesto por Bruselas y Berlín al frente del Gobierno italiano, se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aprobaba que fuese la Unión Europea (Mecanismo de Estabilidad Europeo) la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis. A esta pretensión se sumó inmediatamente Rajoy, inmerso en la crisis de la banca española y un poco más tarde, aunque quizás con menos decisión, Hollande. Merkel no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades. Había nacido lo que más tarde llamarían la Unión Bancaria.

Transcurrieron más de dos largos años hasta que el proyecto llegó a su concreción final, y durante ese tiempo las modificaciones introducidas lo descafeinaron totalmente. Desde luego, no se aplicó a la crisis bancaria de España ni a la de Irlanda, cuyos contribuyentes se vieron en la obligación de asumir el coste de los rescates de sus respectivos bancos. La realidad y la práctica contradicen por completo el mapa idílico que Luis de Guindos describió hace tres años en el diario El País. Hasta la fecha, los bancos de los distintos países continúan siendo principalmente nacionales y los posibles costes están muy lejos de mutualizarse, ni a través del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos recursos provienen casi en su totalidad de las respectivas naciones, ni por el Fondo Único de Resolución Bancaria, que no es tan único como se afirma. Lo ocurrido el pasado mes en España y en Italia lo confirma.

Las soluciones adoptadas ante la crisis del Banco Popular y de los italianos Veneto Banca y Popolare de Vicenza muestran claramente la falacia de la Unión Bancaria Europea. No solo es que las respuestas hayan sido distintas, sino que la nacionalidad (española e italiana) ha estado presente y de ninguna manera se ha podido obviar. El coste va a incidir sobre los contribuyentes, accionistas, tenedores de deuda subordinada o sénior, dependiendo del procedimiento aplicado en cada caso, pero en el primero serán españoles la mayoría y en el segundo, italianos. No existe la menor mutualización de las pérdidas. También son nacionales las entidades a las que se ha recurrido para que absorban los bancos en crisis, Santander en España, Itesa en Italia.

Si algo había quedado claro en la supuesta Unión Bancaria Europea era la condición, impuesta por Alemania, de que el coste de los futuros rescates bancarios no recaería sobre los contribuyentes ni nacionales ni europeos, y que antes de echar mano de los fondos públicos deberían responder los accionistas, bonistas y hasta depositarios (solo quedaban excluidos los cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos). Es significativo que Alemania exigiese esta condición una vez que estaba a salvo el dinero de los acreedores alemanes y de los demás países del Norte, atrapados en un principio en los bancos griegos, irlandeses, españoles y portugueses, y a los que salvaron los contribuyentes de los respectivos países.

En el rescate del Banco Popular, primera entidad que se liquidaba tras constituirse la Unión Bancaria, los butafumeiros oficiales comenzaron a difundir odas y alabanzas acerca de lo bien que habían funcionado los procedimientos y las instituciones. Presiento que van a tener que tragarse sus palabras. Primero, porque con el tiempo a lo mejor se demuestra que lo del Banco Popular ha sido una chapuza, y segundo, porque a las dos semanas, las intervenciones en dos bancos italianos, Veneto Banca y Popolare de Vicenza, se han realizado siguiendo patrones totalmente distintos, con lo que se demuestra que la Unión es puro espejismo y que las normas se aplican a la carta según cuál sea el Estado afectado. Bruselas se ha esforzado en un vano intento por demostrar que en ambos casos se han seguido “las reglas adaptadas completamente al marco legal”, haciendo elucubraciones acerca de la diferencia que existe entre problemas de liquidez y de solvencia o entre bancos sistémicos o de relevancia tan solo nacional, y si está o no está en juego el interés general.

La razón de fondo radica en que es difícil que los gobiernos nacionales admitan que la supervisión sea europea, consientan en que sean las instituciones de Bruselas o de Frankfurt las que determinen la resolución y liquidación de las entidades y la forma de llevarlas a cabo, mientras que las consecuencias las continúen sufriendo las economías nacionales y que sean los mandatarios de estos países los que deban afrontar las iras populares. No es de extrañar que gobiernos tales como el italiano, si tienen suficiente fuerza, reclamen para sí, ante la crisis de sus bancos, el derecho de elegir si representa mayor coste político el hacer recaer las pérdidas sobre la deuda subordinada en manos de pequeños ahorradores o bien asumirlas el Estado y distribuirlas entre todos los contribuyentes.

Las autoridades españolas se las han prometido muy felices dejando las decisiones en manos de las autoridades europeas. Nosotros, siempre los alumnos más aplicados. Tanto el FROB como el Banco de España se han apresurado a declarar que el proceso ha sido pilotado por el BCE y la Junta Única de Resolución y que ellos han sido meros ejecutores. Lo cierto es que, de complicarse las cosas, y es muy posible que sea así, no hay que descartar que parte del coste recaiga sobre los contribuyentes, que no serán la totalidad de los europeos, sino tan solo los españoles. En este caso hay demasiados aspectos oscuros como para que no lluevan los recursos.

El Banco de España, en su papel de supervisor en los últimos cuarenta años no ha sido merecedor -creo yo- de ninguna condecoración, pero tampoco parece que el BCE lo esté haciendo mucho mejor. ¿De qué sirven tantas pruebas de estrés a las que se somete a los bancos, realizadas por esas entidades o sociedades tan independientes? Hace tan solo un año el Banco Popular obtenía una nota del 6,6, por encima del aprobado (5,5). Y se supone que su solvencia se había contrastado en las hipótesis más adversas, circunstancias que en este último año no se han dado. ¿Qué ha ocurrido? Las cuentas del Popular como las de cualquier banco son auditadas todos los años. ¿Cómo es posible que la firma auditora no avisase del problema? Desde distintas fuentes oficiales se afirma que el problema del Popular era de liquidez, no de solvencia; ahora bien, si un banco es solvente no se entiende la expropiación o liquidación por un problema de liquidez. No hay entidad financiera que resista en solitario si cunde el pánico entre sus depositantes y todos pretenden retirar sus depósitos a la vez. Para algo está el prestamista en última instancia, función que desde la creación de la Unión Monetaria le corresponde al BCE, que por otra parte, es totalmente renuente a asumirla, ni con los bancos ni con las haciendas estales. Esta dejación es la que amenaza la estabilidad financiera de las economías y de las finanzas públicas de los distintos Estados.

Resulta incomprensible que la decisión se haya tomado en dos días de acuerdo con un informe provisional (aún no está el definitivo) realizado por una firma privada que sostiene la existencia de un previsible agujero de 2.000 a 8.000 millones de euros, según las circunstancias que se contemplen. E inexplicable es también que la adjudicación recayese en Banco Santander sin ningún procedimiento concurrencial, así como que la CNMV, ante la especulación desatada en contra de las acciones del Popular en los días previos, no suspendiese las operaciones bajistas a futuro, tal como hizo posteriormente con Liberbank. Toda expropiación, intervención y venta de un banco presenta siempre aristas y cabos sueltos, pero en este caso las dudas y los interrogantes son demasiado numerosos como para que no se multipliquen los litigios. Desde distintos ángulos se ha anunciado ya la voluntad de recurrir a los tribunales. La cuestión es contra quién, ¿contra el Banco Santander, contra los antiguos gestores, contra el BCE, contra la Junta Unitaria de Resolución, contra las autoridades españolas…? Mucho me temo que las indemnizaciones, que las habrá, las termine pagando el FROB, es decir, todos los españoles. Los bancos, tanto en España como en Italia, continúan siendo nacionales, no europeos.

republica.com 7-7-2017

El Congreso de Pedro Sánchez (porque no ha sido tanto del PSOE como del Secretario general) se ha celebrado bajo el lema de “Somos la izquierda”. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, afirma el refrán popular. Mal asunto cuando las cosas no se ven y hay que proclamarlas y publicitarlas. Si se es de izquierdas no hace falta decirlo. El partido socialista ha tenido siempre tendencia al nominalismo, a manipular palabras como izquierda y derecha contraponiéndolas, pero sin prestar demasiado interés a los contenidos. Ellos, hiciesen lo que hiciesen, eran la izquierda y el PP, la derecha. Es más, tal como ahora, no se limitan a manifestar que son un partido de izquierdas sino que son la izquierda, la totalidad de la izquierda, excluyendo así de este ámbito a cualquier otra formación política.

Ha sido la apropiación de esta ideología la que les ha permitido desde la Transición gobernar la mayor parte del tiempo. En nombre de los descamisados y con los votos de la izquierda se realizaba una política bastante de derechas. A lo largo de todos esos años fueron múltiples las reformas laborales acometidas, todas ellas con pérdida progresiva de los derechos de los trabajadores, múltiples cambios en los impuestos con deterioro de la progresividad del sistema fiscal, sucesivas modificaciones del sistema público de pensiones con empobrecimiento gradual de las prestaciones… En realidad, nada distinto de las políticas realizadas por los otros partidos socialdemócratas europeos. De ahí el declive de todos ellos.

Alardear de izquierdismo cuando se está en la oposición es fácil, lo difícil es demostrarlo cuando se está en el gobierno, y ahí es donde han fallado los partidos socialdemócratas. Es más, han ido aceptando y asumiendo principios que hacen imposible un gobierno de izquierdas en el futuro. La globalización pone obstáculos sin límites al mantenimiento del Estado social y la Unión Monetaria no deja ningún margen a otra política que no sea la del neoliberalismo económico. Los diecisiete años transcurridos desde la creación del euro han dejado bien claro lo que se puede esperar de la Eurozona. Quienes piensan que es posible aplicar otra política o son unos ingenuos o, lo que es peor, unos hipócritas. Es más es la misma democracia la que se pone en peligro con la moneda única.

Pedro Sánchez no solo se ha envuelto en la bandera de la izquierda durante las primarias, sino que con ese congreso que ha construido a su medida intenta convencernos de que el partido socialista es la izquierda. Todo ello sin desplegar un programa coherente que justifique tamaña pretensión, tan solo el odio indiscriminado hacia Rajoy y al Partido Popular, como si tal aversión, casi física, fuese bastante para autoproclamarse “la izquierda”. Su discurso se ha construido sobre esquemas muy simples. El primero es la creación de un cordón sanitario alrededor del PP, denominando al resto de las formaciones bajo la expresión “fuerzas del cambio” y situando al PSOE a la cabeza de la revuelta. Lo cierto es que el montaje tiene un error de partida, porque el partido socialista no está fuera sino dentro de esa elite política que los indignados ambicionan cambiar. Esa es la razón por la que el bipartidismo ha venido a resultar inservible.

Pedro Sánchez llegó a afirmar que el PSOE va a representar a los del 15-M, aquellos que hace seis años se reunieron en la Puerta del Sol. Olvida que en ese momento quien gobernaba era Zapatero y el partido socialista, y que la repulsa se dirigía entonces principalmente contra ese gobierno. Ponerse ahora al frente de la manifestación no deja de ser un considerable ejercicio de cinismo. Alguien dirá que se trata de un nuevo PSOE, lo único que tiene de nuevo el partido socialista de Pedro Sánchez es haber intensificado enormemente las estructuras caudillistas (ver mi artículo del 1 de junio pasado “El 18 de Brumario”). Es difícil hablar de un nuevo PSOE cuando los ideólogos son Manu Escudero, José Félix Tezanos o Cristina Narbona, y cuando muchos de sus dirigentes, comenzando por Pedro Sánchez, han estado plenamente implicados en la etapa anterior. ¿Acaso no dieron su apoyo a los recortes y a las reformas de Zapatero?, ¿acaso no votaron sí en el Congreso a la reforma de la Constitución? ¿Abandonó el escaño alguno de ellos?

No se puede estar en misa y repicando, nadar y guardar la ropa, hacerse izquierdista en la oposición y practicar una política neoliberal y conservadora en el gobierno. Cuando no se está en el poder se dispara con pólvora del rey y determinadas posiciones no tienen coste; se puede practicar cierta superchería y presentarse para ganar votos como paladín de los derechos sociales y de las clases trabajadoras a pesar de que los intereses y compromisos contraídos encaminen por una línea de actuación radicalmente distinta. En Pedro Sánchez todo es puro tacticismo. Tacticismo y un elevado grado de hipocresía es cambiar de postura en la votación del Tratado de libre comercio con Canadá, conscientes de que los votos socialistas no hacen peligrar la sanción por España del Tratado. ¿La postura sería la misma de estar en el gobierno? La abstención es una forma de poner una vela a Dios y otra al diablo. Es una manera de atraer a los votantes de Podemos y de agradecer su apoyo a las organizaciones sindicales sin romper con la Unión Europea y con sus correligionarios. Es algo así como el “sí crítico” que algunos, especialmente los sindicatos, dieron en el pasado al Tratado de Maastricht y a la moneda única, y del que supongo que ahora estarán arrepentidos.

Moscovici, comisario de Asuntos Económicos Europeos, ha llamado ya la atención seriamente a Pedro Sánchez, le ha recordado dónde está situado el partido socialista: “Si se quiere ser un partido de gobierno, hay que ser creíble y europeísta”. Si se quiere el poder, hay que mantener los compromisos europeos. “Ser de izquierdas no es estar contra la globalización”. Este es el gran error de la socialdemocracia europea, en el que el PSOE está enjaulado, no haberse percatado de que asumir la globalización era aceptar el derrumbe del Estado social. La abultada hipoteca que pesa sobre el partido socialista y sobre su posible ideología de izquierdas es estar a favor de la Unión Monetaria (ver mi artículo “Podemos, Pedro Sánchez y la socialdemocracia” de 9 de abril de 2015).

El pretendido izquierdismo de Pedro Sánchez es mero tacticismo, por ello sometido a múltiples paradojas, y desaparecería inmediatamente si algún día alcanzase el gobierno. Su conversión nacionalista -incompatible con un pensamiento de izquierdas- es mero oportunismo, agradecimiento al PSC por el apoyo manifestado en las primarias. El PSC alardea de ser un partido diferente del PSOE y por lo tanto de tener el derecho de actuar de forma independiente cuando desee, pero lo cierto es que sus votos terminan eligiendo a los secretarios generales del PSOE y condicionando fuertemente su actuación en materia autonómica y especialmente en el tema de Cataluña, donde el PSC se mueve en tierra de nadie y lleno de contradicciones, y obliga al PSOE a que persista en la ambigüedad.

Es cierto que Pedro Sánchez ha manifestado ya estar en contra del golpe de Estado que pretenden dar los sediciosos catalanes, ¡solo faltaba! Pero la cuestión está en saber hasta qué punto el Gobierno va a poder contar con el apoyo del partido socialista en las medidas que ha de tomar para evitarlo y es en ese terreno donde persisten la indeterminación y el equívoco. Surge la duda cada vez que los líderes del PSOE, en el afán de censurar a cualquier precio al PP, se sitúan en una rara equidistancia entre los golpistas y el Gobierno. La alarma se hace mucho más evidente cuando se considera el discurso y sobre todo lo que ha sido y lo que es la actuación del PSC. De su antigua defensa del derecho a decidir, a la inconstitucionalidad del Estatuto, pasando por los ayuntamientos con gobiernos socialistas que apoyan el referéndum y las recientes manifestaciones de Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma, que parecen peligrosísimas, acerca del art. 155 de la Constitución. Se puede estar o no de acuerdo sobre la oportunidad de acudir a dicho artículo -aunque uno piensa que para algo se puso en la Constitución y no se me ocurre otra situación más delicada que la presente para aplicarlo-, pero en todo caso lo que resulta a todas luces impresentable y gravísimo es que un miembro de la Ejecutiva federal del PSOE dude de su legalidad y que amenace, al estilo de los golpistas, con acudir a las instancias internacionales si se llegara a aplicar.

Pedro Sánchez se debate en el laberinto que él mismo ha creado en torno al término nación de naciones. En una cosa al menos estoy de acuerdo con Zapatero, en que el concepto de nación es un término discutido y discutible, pero, por esa razón, lo mejor es no utilizarlo, puesto que cada uno lo entiende a su modo y se presta a la confusión. En realidad yo no sé muy bien qué es y me temo que casi nadie lo sepa con seguridad. Resulta preferible hablar del Estado, que hoy en día a pesar de todos sus defectos, viene a ser el baluarte de la clases bajas y medias frente al poder económico; por lo que desde la óptica de izquierdas hay que huir de todo lo que sin motivo lo debilite o lo fraccione, bien por arriba (la globalización) bien por abajo (los nacionalismos), tanto más si la tendencia proviene de las regiones ricas que quieren aminorar o romper la función redistributiva tanto en el ámbito personal como en el regional. No seamos ingenuos, todos sabemos que tras la demanda de nacionalidad propia los separatistas esconden la exigencia de soberanía e independencia. Si, tal como dice Pedro Sánchez, se trata de sentimientos, cada uno es muy dueño de sentirse como quiera; es más, incluso, si se es tan tonto como para ello, considerarse superior a otras personas o colectivos, siempre que tales sentimientos no se conviertan en privilegios o derechos discriminatorios. Si de sentimientos se trata, no sé qué pintan en las leyes, y mucho menos en la Carta Magna.

republica.com 30-6-2017