ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Entre la opinión pública actual se ha extendido la suposición de que la actividad política se encuentra paralizada en España. Se basan, sobre todo, en la falta de resultados legislativos. Vaya por delante mi creencia de que la moderación en la actividad legislativa no es forzosamente negativa. A menudo, las reformas legales son contraproducentes y sería bastante mejor que no se produjeran. Por otra parte, las permanentes modificaciones jurídicas crean un clima de inseguridad e incertidumbre bastante pernicioso para la sociedad.

Ahora bien, esto es una cosa y otra muy distinta que la inoperancia de los partidos paralice todo avance y reforma legislativa necesaria. Muchos creadores de opinión señalan al Gobierno como único culpable, lo cual sería cierto si tuviese mayoría absoluta o al menos el escenario político presentase la estructura de las etapas anteriores, es decir, el bipartidismo. Pero en este nuevo contexto en el que el arco parlamentario se ha fraccionado de forma considerable y en el que ha desaparecido -parece que para siempre- el bipartidismo y las mayorías absolutas, las responsabilidades hay que repartirlas. En la estructura actual no hay posibilidad de avance sin pacto y sin consenso, por lo que la mayor responsabilidad recae sobre las formaciones políticas que se niegan a priori a la negociación y al acuerdo, sea estando en el Gobierno o en la oposición.

El secretario general del PSOE ha reprochado a Rajoy su ineptitud para sacar los presupuestos adelante, retándole a que dimita o a que se presente a una moción de censura si no es capaz de lograr su aprobación. En su esquema -que es quizás el que se había seguido hasta ahora con resultados muy negativos- el presupuesto era cosa del Gobierno y la función de la llamada oposición era criticarlo, enmendarlo en su totalidad y votar en contra.

En ese escenario donde o bien se daba la mayoría absoluta de una formación política o bien esta se construía a base de acuerdos con algún partido nacionalista -pagando por supuesto el correspondiente peaje-, el Gobierno controlaba prácticamente el Parlamento. En realidad, la diferencia entre Ejecutivo y Legislativo desaparecía o, más bien, el último se convertía en correa de transmisión del primero. Es por eso por lo que en la práctica las leyes, y la propia ley de presupuestos, que en sí deberían ser frutos del Parlamento, se convertían en obra exclusiva del Gobierno sin que la oposición tuviese nada que decir.

En la nueva situación, sin embargo, en la que se ha superado el bipartidismo e impera el fraccionamiento del espacio político, se ha devuelto al Parlamento la capacidad (no solo formal) de legislar y modificar eficazmente los proyectos de ley (entre ellos el del presupuesto) presentados por el Gobierno, y el Legislativo ha adquirido autonomía frente al Ejecutivo. El Gobierno pierde capacidad de maniobra y el resto de partidos debe trascender el simple papel de oposición para convertirse en agentes políticos activos que pueden hacer realidad parte de su programa mediante el pacto y la negociación.

Esta transformación invalida la tesis que culpa exclusivamente al Ejecutivo de la supuesta paralización institucional y le hace responsable único de la aprobación o no aprobación del presupuesto. Ciertamente sería responsable si se negase a negociar o si negociando fuese inflexible en sus planteamientos, pero cuando son las otras formaciones políticas las que rechazan incluso sentarse a dialogar hay que afirmar que por lo menos tienen tanta o más responsabilidad que el Gobierno.

Es evidente que Pedro Sánchez continúa en el escenario anterior, reclamando para sí el papel exclusivo de jefe de la oposición, reduciendo su función a la denuncia y a la crítica, esperando pasivamente tiempos mejores en los que por fin logre que Rajoy se marche y pueda sustituirle. El problema está en primer lugar en que puede que el sucesor de Rajoy no se llame Pedro Sánchez, sino Albert Rivera o cualquier otro que en este momento ni siquiera imaginemos y, en segundo lugar, que, si por fin el Gobierno fuese del PSOE, no existe ninguna certeza de que no terminase realizando la misma política que el PP. Además, esa postura y actitud de cerrazón a toda negociación tiene el gran inconveniente de preferir ciento volando a uno en la mano, de perder el tiempo presente y condenarse mientras se está en la oposición a la inoperancia política sin aprovechar la gran ventaja de que el Gobierno se encuentre en el Congreso en una posición precaria y necesite el concurso de otras fuerzas para sacar adelante cualquier ley.

Podemos, que surgió en contra del bipartidismo, se mantiene paradójicamente en la misma lógica que el PSOE de Pedro Sánchez; es más, pretende disputarle el título de oposición. Se contenta con criticar al Gobierno, denunciar y reclamar todo tipo de medidas (en algunas ocasiones sin considerar demasiado acerca de si dentro de la Unión Monetaria son posibles). Todo ello está muy bien para un movimiento activista, pero no tanto para un partido político que tiene que saber pasar de su programa máximo a obtener la aplicación del máximo posibles de sus medidas. En último término, se les exige resultados y no solo palabras. Pablo Iglesias se presentó en el primer momento renegando de la vetusta izquierda que se había contentado con una postura testimonial, sin tener influencia práctica en la política. Ellos iban a por todas, y ciertamente capitalizaron el descontento de la crisis y de los recortes y consiguieron más de cincuenta escaños. Pasado el tiempo, da la sensación de que la vetusta IU con sus quince o veinte escaños obtuvo más resultados prácticos que ahora Podemos con cincuenta.

Ortega y Gasset en su “Mirabeau”, afirmaba que una cosa era hacer filosofía y otra, política. Me temo que tanto el PSOE de Pedro Sánchez como el Podemos de Iglesias se dedican a hacer filosofía, o algo parecido, y no política. Todo se les va en querer echar a Rajoy, por eso dejan a Ciudadanos y al PNV que se lleven el gato al agua, pactando con el Gobierno. No solo no echan a Rajoy, ni logran, –al negarse a negociar con él– modificar lo más mínimo sus políticas-, sino que con su parálisis e inoperancia consienten que sean las medidas regresivas de Ciudadanos y del PNV las que se terminen aprobando. Pueden, por ejemplo, salir en manifestación con los pensionistas, pero exclusivamente con ello no lograrán que se retorne a la actualización anual por el IPC.

En las condiciones actuales, permitir que el PNV tenga la llave de la política española tiene una relevancia mucho mayor que en el pasado. No se trata ya de que, como siempre, cobren su peaje al margen del interés general y en contra de otros territorios, sino que se les concede la posibilidad de chantajear al Gobierno respecto a la política que haya de aplicarse en Cataluña. Supongo que al Podemos de Iglesias, dada su política territorial y la actuación de su sucursal en Cataluña, esto no le importará demasiado; pero en cuanto al PSOE -aunque sea el de Pedro Sánchez, que ha mantenido continuamente la tesis de que estará siempre en la defensa del Estado de derecho-, su parálisis y su inoperancia institucional y presupuestaria, dejando el mando en manos del PNV, es un baldón difícil de justificar.

republica.com 30-3-2018

También podría haber titulado este artículo “La rebelión de los pensionistas (III)”, porque va a ser seguramente el asunto de las pensiones el que acabe dando la puntilla al presidente del Gobierno. Rajoy ha sido un superviviente. Con su carácter gallego y con cierta dosis de sentido común ha resistido todos los envites, que no han sido pocos. Su principal error, sin embargo, ha sido el de los nombramientos de sus ministros; entre los que sobresale el de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez quien, como se han encargado de vocear en Internet, no ha tenido ningún empleo ni público ni privado, solo político, y nunca ha cotizado a la Seguridad Social. Y aunque en su currículum aparece como economista y licenciada en Derecho, me temo que lo que posee es uno de esos títulos híbridos que dan algunos centros universitarios de la iglesia, que pretenden abarcar todo, pero cuyos alumnos terminan no siendo ni juristas ni economistas.

Lo cierto es que Fátima Báñez ha empujado al Gobierno de Rajoy a aprobar dos de las leyes más nocivas desde el punto de vista social: la de la reforma laboral y la de las pensiones. La primera hizo perder al PP casi la mitad de los diputados en las pasadas elecciones, y la de las pensiones y el empecinamiento actual a no corregirla les puede conducir a perder parte del resto. No sé si Rajoy se ha dado cuenta de que entre los actuales pensionistas y los que están a punto de jubilarse se encuentra una buena parte de sus votantes.

Pocas veces se ha podido ver tan indignados a los pensionistas. Lo que no tiene nada de extraño, porque es ahora cuando comienzan a manifestarse los efectos perversos de la reforma. En los años anteriores, en plena crisis, la inflación era negativa o cercana a cero con lo que la actualización o no de las pensiones apenas tenía importancia. Es en este año, cuando el incremento de los precios ha comenzado a tener cierta relevancia y además se acerca ya 2019, momento en el que entrará en vigor el factor de sostenibilidad que deprimirá aun más las prestaciones futuras.

Rajoy recurre una vez más a Europa y a poner como pantalla la necesidad que hubo de eludir el rescate. No caben demasiadas dudas de que Bruselas y más bien Frankfurt estuvieron detrás de la aprobación de ambas leyes. Es más, en cierto modo estas exigencias estaban ya implícitas en la carta que Trichet y Fernández Ordóñez enviaron a Zapatero en 2011. Sin embargo, no está nada claro que, de no haber aprobado la ley de pensiones, se hubiera tenido que instrumentar el rescate. Entre otras cosas, porque las fechas no cuadran.

No se le puede negar a Rajoy el mérito de no haber sucumbido a las presiones de los poderes económicos y mediáticos que pretendían, asustados por los elevados tipos de interés que dañaban fuertemente sus intereses, que se pidiese el rescate. De ello no se deduce, sin embargo, que la negociación con Europa fuese la epopeya que intenta vendernos de Guindos en su libro “España amenazada”. Rescatar a España no era lo mismo que rescatar a Grecia o a Portugal, y la situación y dimensión económica de estos países no son iguales que las del nuestro. Merkel tampoco quería, por razones de su política interior, que Rajoy solicitase el rescate; y, sobre todo, las dificultades que sufría España eran similares a las de Italia, país gobernado en ese momento por Monti, impuesto por Berlin y Bruselas; y además Draghi era italiano.

Todo ello coadyuvó a que no fuese necesario pedir el rescate. En la solución tuvo mucho que ver el ortodoxo Monti que, contra todo pronóstico, en la Cumbre de junio de 2012 se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aprobaba que fuese la Unión Europea (MEDE) la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis. A esta pretensión se sumó inmediatamente Rajoy, inmerso en la crisis de la banca española, y un poco más tarde, aunque quizás con menos decisión, Hollande. Merkel no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades.

Aun cuando esa cumbre no sirvió para que el MEDE absorbiese el coste de las crisis bancarias de España e Irlanda, sí fue el precedente de que tan solo un mes después Mario Draghi pronunciase la famosa frase “El BCE hará todo lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, eso será suficiente”, que sirvió para despejar los negros nubarrones que se cernían sobre el euro y sobre las deudas italiana y española. En todo caso, lo que parece evidente es que la ley de pensiones que se aprobó más tarde (2013) no ha tenido nada que ver en la superación de la crisis, ni con la corrección del déficit ni con la recuperación económica. Curiosamente hasta este momento ha sido totalmente inoperante, y es precisamente ahora cuando la economía lleva varios años de crecimiento, cuando comienza a surtir sus efectos.

Es por esto por lo que se entiende muy mal la cerrazón de Rajoy de no actualizar las pensiones, siquiera de acuerdo con la inflación. Ya no hay presión de la Unión Europea, al menos no tiene la misma fuerza. La política de austeridad pierde puntos y se pone en cuestión. ¿Cómo se puede afirmar que la crisis ha pasado y que la economía va viento en popa y al mismo tiempo defender que hay que recortar la renta a una parte importante de la población, tan vulnerable como la de los pensionistas? Además, son en buena medida el huerto electoral del Partido Popular. Hay que remarcar el hecho de que la cuestión no radica en subir o no subir las pensiones, sino de si se reducen, pues esa es la consecuencia al no regularizarlas por la inflación.

España es de las pocas economías en las que no se actualizan (porque el índice de revalorización de la ley es realmente una broma macabra). Alguien le ha soplado a Rajoy que solo dos países lo hacen con el IPC, lo cual puede ser cierto tan solo a medias porque los otros o bien lo hacen con la evolución de la economía (PIB nominal) o con los salarios, y ambas variables llevan ya un componente de precios. En estos casos la actualización no se limita a mantener el valor adquisitivo de las pensiones, eso se da por descontado, sino que se intenta que además participen de alguna forma de la bonanza de la economía cuando esta se produce. Supongo que los jubilados españoles estarían encantados de que sus prestaciones se regularizasen de acuerdo con la evolución nominal de la economía, o de los salarios. Saldrían sin duda ganando, solo hay que constatar que la prestación media de los pensionistas que salen del sistema es bastante inferior a la de los que entran.

Tanto Ciudadanos como el PP y el Gobierno pretenden engañar a los jubilados limitando la posible mejora a las pensiones mínimas y a las de viudedad. Deberían tener en cuenta que en materia de pensiones ninguna prestación es alta. La pensión máxima lleva bloqueada desde hace treinta años, de manera que son muchos los jubilados que están cobrando una prestación menor de la que les correspondería de acuerdo con su cotización. Los gobiernos son proclives a realizar una única política redistributiva, la que transfiere fondos de los pobres a los muy pobres. Entre los pensionistas hay muy pocos ricos; economías sencillas, como mucho, clase media, pero clase media de verdad y no la que pinta Albert Rivera en sus peticiones de bonificaciones y subvenciones. Los niveles medios y altos de las pensiones hacen referencia en su mayor parte a trabajadores muy normales, incluso modestos, que simplemente han cotizado a lo largo de toda su vida profesional. Tratarles como ricos y manifestar que solo se van a subir -mejor dicho, que no se van a bajar- las pensiones mínimas no tiene sentido.

En cuanto a las pensiones de viudedad, hay cosas difícilmente explicables. La Biblia establece como una de las principales obligaciones religiosas la de socorrer a los huérfanos y a las viudas, hasta el extremo de instituir la ley del levirato, exigencia de casarse con la viuda del hermano difunto. Esa condición de debilidad social de las viudas se ha perpetuado a lo largo del tiempo y ha llegado a nuestra sociedad capitalista desde el momento en que era el marido el que trabajaba fuera de casa y el que proporcionaba los recursos económicos. Su defunción era un drama para la familia. Pero esta situación hace tiempo que está cambiando. La incorporación de la mujer al mercado laboral hace que, en primer lugar, tengamos que hablar también del viudo y, en segundo lugar, que las circunstancias económicas se hayan modificado. Sin embargo, se produce la inconsistencia de que la pensión de viudedad es compatible con todas las rentas del trabajo (cosa que no ocurre en otros países como Francia, Italia o Alemania), pero incompatible con la propia jubilación. En cualquier caso, en las circunstancias actuales no se puede decir que todas las pensiones de viudedad sean las más necesitadas de subida.

Ciudadanos, el PP y el Gobierno quieren engañar también al personal estableciendo la posible mejora mediante una reducción en el IRPF. Es curiosa la buena prensa que en ciertos ambientes tiene la rebaja de impuestos y la repulsa que suscita el incremento del gasto, cuando en principio tendrían que tener el mismo efecto macroeconómico. Los resultados distributivos, sin embargo, casi siempre son distintos. Las minoraciones impositivas son mucho menos transparentes y, como van unidas a otras muchas variables, nunca se sabe a quién benefician y sobre todo en qué medida. Eso es lo que ocurre con la oferta que Rivera va pregonando para ocultar su falta de propuestas para los pensionistas. La subida del límite exento de 12.000 a 14.000 euros no implica que beneficie precisamente a los perceptores de estas rentas, que podrían estar ya exentos, beneficia a todos los contribuyentes y en mayor medida a aquellos que tengan un tipo marginal más alto, es decir, a los de rentas superiores. Hay que esperar que ni los pensionistas ni las clases bajas se dejen engañar. Cuando oigan hablar de reducciones de gravámenes en impuestos progresivos como los del IRPF, deberían echarse a temblar porque seguro que por uno u otro motivo terminan resultando perjudicados.

Tampoco parece que ni el PSOE ni Podemos se aclaren mucho en esta materia. Su actuación, demasiado sesgada por sus intereses electorales, no termina de abandonar el reducido círculo de las cotizaciones, del fondo de reserva y de considerar a las pensiones como un problema diferente al del resto de las prestaciones y servicios del Estado de bienestar. Sobre todo, son incapaces de hablar claro a los ciudadanos y de decirles abiertamente que todo ello solo es posible manteniendo un sistema fiscal potente, estructurado y progresivo, que hay que subir los impuestos, y que lo que pone en peligro las pensiones y el resto de logros del Estado social, han sido las rebajas fiscales que de forma un tanto demagógica tanto el PSOE como el PP han venido practicando desde mediados de los ochenta.

Proponer impuestos a la banca está muy bien y tiene muy buena prensa, pero que nadie crea que con ello está resuelto el problema. Detrás de los bancos casi nunca se sabe quién hay o, lo que es peor, está el Estado que termina haciéndose cargo de las insolvencias. Lo importante es gravar a los banqueros, a los accionistas y a los ejecutivos, pero no solo de la banca, sino de otras muchas empresas. En general, restituir la imposición de las rentas de capital a las que casi se ha eximido de tributar y reformar globalmente todos los impuestos directos (IRPF, Sociedades, Sucesiones y Patrimonio) para que recuperen la virtualidad de la que se les ha privado a lo largo de las tres últimas décadas. El mensaje de que hay que subir los impuestos no es fácil para una formación política, pero, si de verdad quieren ser creíbles, no tendrán más remedio que afrontarlo. Todo lo demás es demagogia y pretender engañar al personal, y al personal no se le engaña tan fácilmente.

Rajoy, por su parte, haría mal en minusvalorar el problema. Sus votos salen principalmente del grupo de los jubilados, colectivo que está realmente indignado. Han tomado conciencia de que pertenecen a las generaciones que han levantado el país en las últimas décadas, que incluso han mantenido en buena parte la economía en la reciente crisis y ven cómo ahora se les quiere condenar a morir en la indigencia. Presiento que no van a consentirlo y que pueden llevarse a Rajoy y al PP por delante.

republica.com 23-3-2018

En el artículo de la semana pasada, al filo de la manifestación de pensionistas, traté el tema de las pensiones. No obstante, limité mi análisis a la conveniencia de que las prestaciones se actualicen anualmente por la inflación; postulé la necesidad de que su cuantía en términos reales no se recorte ni se produzcan transferencias del colectivo de los pensionistas a otros colectivos o, lo que es lo mismo, que los poderes públicos no utilicen la inflación y las pensiones para solucionar sus problemas presupuestarios. Al final del artículo prometí abordar esta semana el manido tema de la suficiencia financiera del sistema público de pensiones.

Anticipaba ya que la solución del problema no podía restringirse a bajar la cuantía de las pensiones. Así, lo soluciona cualquiera. Aunque en realidad, en este caso no se trata de solución sino más bien de destrucción progresiva del sistema público. Adelantaba también que, si realmente se pretende resolver la cuestión, hay que rescatar las pensiones del estrecho campo al que las confinó el Pacto de Toledo con la separación de fuentes y de su exclusiva financiación mediante cotizaciones sociales. En ese marco no hay salida posible, ya que entran en funcionamiento todos esos condicionantes de la pirámide de población, del empleo, de los salarios, e incluso de la presión de los empresarios y la permisividad de algunas fuerzas políticas acerca de la reducción de las cotizaciones sociales, alegando como excusa que se trata de un impuesto al trabajo.

Hay que negar hasta que haya que plantearse el problema. ¿Por qué específicamente nos preguntamos si es posible la financiación de las pensiones públicas y no de la educación, de la sanidad, del ejército, de la policía, de las ayudas a la dependencia, del pago de la deuda, de las subvenciones a los empresarios y emprendedores, de los gastos de los Ayuntamientos, de las Comunidades Autónomas, del servicio exterior del Estado, de la justicia, del seguro de desempleo, del AVE, y de otras muchas obras públicas, y de tantas y tantas partidas de gasto público? Si de algún capitulo de gasto no se debería dudar, es precisamente del de las pensiones, porque en cierto modo se trata de una deuda contraída por el Estado: devolver a los jubilados lo que han aportado (en su conjunto) a lo largo de su vida activa.

La pregunta que hay que hacerse es qué estructura fiscal se precisa para financiar los múltiples aspectos de un Estado social, al que recurrimos continuamente para reclamarle toda clase de servicios y prestaciones, pero al que somos totalmente renuentes a la hora de financiarlo. La cuestión habrá que plantearla en toda su amplitud. Es el conjunto de los ingresos del Estado el que debe financiar todos los gastos, sin hacer corralitos, sin comportamientos estancos y sin crear impuestos afectados a finalidades concretas. Desde esta perspectiva, la variable estratégica no es la pirámide de población o la tasa de natalidad. Si lo fuesen, la salida sería relativamente sencilla, permitir mayores tasas de emigración. ¿Pero para qué queremos incrementar la población activa si se va a traducir en un número mayor de desempleados? Tampoco podemos afirmar que el quid radique, en sentido estricto, en el número de ocupados. Lo importante no es cuántos producen sino cuánto se produce. Lo que no es lo mismo. Un número más reducido de personas puede producir una cantidad mayor de bienes si se incrementa la productividad.

Desde esa perspectiva global, en la que todos los ingresos financian la totalidad de los gastos, la variable fundamental es la evolución de la renta global del país (sea cual sea el número de activos) y cómo se reparte. Más concretamente, qué porción va al Estado, como accionista mayoritario de la economía nacional, para financiar la totalidad de los bienes y servicios públicos, entre los que se encuentran las pensiones.

Thomas Piketty, en su libro “El capital en el siglo XXI”, realiza un enorme esfuerzo para obtener series históricas de determinadas magnitudes, remontándose de manera estimable en el tiempo. Entre las variables que estudia se encuentra la elevación de la renta per cápita como resultado del incremento de la productividad. El PIB por habitante apenas creció hasta 1700, con lo que tampoco se modificó sustancialmente el nivel económico y el género de vida de las sociedades. La realidad económica comienza a modificarse de forma notable a partir de la Revolución Industrial. En la Europa occidental la renta per cápita en términos constantes pasó de 100 euros mensuales en 1700 a más de 2.500 euros en 2012, con un crecimiento anual promedio del 1%.

Por supuesto, la evolución no ha sido homogénea a lo largo de todo este tiempo. Centrándonos en los últimos treinta dos años (1980-2012), la tasa promedio fue del 1,8%. Aun cuando esta tasa es bastante más reducida que la de las décadas anteriores, es lo suficientemente elevada como para que la renta per cápita durante estos años se haya incrementado en términos reales el 77% y se haya creado sobrada riqueza para que no exista ningún obstáculo en la financiación en su conjunto del Estado social, incluyendo por supuesto las pensiones. Podemos afirmar que por término medio somos cada vez más ricos, por lo que se viene abajo el famoso discurso de la austeridad y ese intento de convencernos de que ahora no es posible lo que ayer sí lo era.

Un ejemplo muy fácil ayudará a entender lo que afirmamos. En aras de la claridad, el supuesto se ha simplificado al máximo, pero el resultado sería siempre parecido por mucho que lo complicásemos. Para hacerlo lo más sencillo posible se ha supuesto que el único gasto que tiene que afrontar el Estado es el de las pensiones, de manera que el producto se reparte entre el excedente empresarial, los trabajadores y el Estado, es decir, los pensionistas. Todos los datos se expresan en moneda constante prescindiendo de la inflación.

En el año t, existen 20 millones de trabajadores y 8 millones de pensionistas y la renta nacional ha ascendido a 800.000 millones de euros. El excedente empresarial neto de impuestos alcanza el 51% del producto o, lo que es lo mismo, 408.000 millones de euros. La retribución media anual neta de los 20 millones de trabajadores es de 16.000 euros, y la cantidad global, por tanto, dedicada a salarios asciende a 320.000 millones. Los impuestos absorben los 72.000 millones de euros restantes, con lo que se puede hacer frente a una pensión anual media de 9.000 euros.

En el año t+25, el número de trabajadores ha descendido a 16 millones, mientras que el número de pensionistas sube hasta los 12 millones. La renta nacional debido al incremento de productividad se ha elevado en un 25%, ascendiendo por tanto a un billón de euros. El excedente empresarial mantiene su participación en la renta del 51%, en este caso 510.000 millones de euros. Para mantener la pensión media en 9.000 euros anuales (sin pérdida de poder adquisitivo) los impuestos alcanzan los 108.000 millones de euros, lo que permite un sobrante de 382.000 millones de euros que, dividido por el número de trabajadores, ofrece un salario medio de 23.875 euros.

Este sencillo ejemplo desmonta todas las profecías catastrofistas de los que ponen en duda la viabilidad del sistema público de pensiones. El incremento de un 25% del PIB (porcentaje más bien modesto de acuerdo con la tendencia existente en Europa desde 1700) permite que, aun cuando la cifra de los jubilados haya crecido un 50% (cuatro millones) y los ocupados hayan descendido en un número similar, las pensiones puedan mantener el poder adquisitivo y al mismo tiempo es posible un crecimiento sustancial del excedente empresarial y del salario medio.

La viabilidad del sistema público de pensiones, al igual que la del resto de las prestaciones sociales, no es un problema de producción, sino de distribución. Trabajadores, empresarios y Estado concurren a participar en la renta nacional. No es tanto una cuestión económica sino política. ¿Qué parte de la renta debe ir mediante impuestos al Estado para acometer todas las cargas del sector público? John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años la idea de que cambios como la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida exigirían una redistribución de los bienes y servicios que habrían de ser producidos y, en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados.

El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente como para garantizarse una pensión de jubilación digna?

Hay dos tipos de ahorro: el individual y voluntario; y el público y obligatorio mediante impuestos. Desde el punto de vista del Estado social, no se puede confiar en el ahorro privado y voluntario para proporcionar los recursos necesarios a los jubilados. Solo algunos, muy pocos, tendrían en ese caso una pensión digna. Sin embargo, la economía nacional produce recursos suficientes para que el ahorro público y obligatorio del Estado (impuestos) subvenga a cubrir con carácter general esta contingencia.

La verdadera amenaza a las pensiones y en general al conjunto del Estado social radica en esa postura cada vez más generalizada que se opone a la subida de impuestos a pesar de que España cuenta con una presión fiscal muy por debajo de la media Europea; y el mayor peligro se encuentra en las fuerzas políticas como Ciudadanos que van más allá, puesto que para pactar con el Gobierno lo primero que exigen es la bajada de impuestos y se niegan después a la actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación. Eso sí, pretenden engañar al personal (como buen partido populista) afirmando que la rebaja impositiva va dirigida a los pensionistas.

Los detractores del sistema público de pensiones adoptan a menudo un tono compasivo, preocupándose de las futuras generaciones y considerando que no rebajar las pensiones constituye una enorme injusticia intergeneracional, ya que, según dicen, se hará recaer sobre las próximas generaciones una carga muy pesada. En primer lugar, hay que señalar que los más interesados en que se mantengan las pensiones públicas o en que no se reduzca su cuantía son los jubilados del futuro, porque el efecto de cualquier recorte o reforma será tanto mayor cuanto más se aleje del presente.

En segundo lugar, si cada generación es más rica que la precedente se debe en buena medida a que parten de un nivel técnico, educacional y social mayor, gracias al esfuerzo realizado por las anteriores generaciones que acumularon un bagaje de estructuras y de inteligencia colectiva que ha hecho posible el incremento de la productividad.

Concretamente en el caso de España, los jubilados actuales han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. También con sus impuestos han facilitado en buena medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

republica.com 16-3-2018

Las pensiones públicas se han visto siempre amenazadas, pero no por las limitaciones económicas, sino por los intereses del sistema financiero y de las fuerzas económicas. La ofensiva ha sido constante. Ya en los años ochenta y noventa el sistema público sufrió varias reformas, todas ellas encaminadas al empeoramiento de las condiciones para los beneficiarios, pero ha sido en este siglo, con la llegada del euro y principalmente con la crisis económica, cuando el ataque ha sido férreo y ha afectado a los mismos cimientos del sistema.

Las pensiones públicas han estado en el centro de todas las políticas de austeridad y de los diversos ajustes impuestos a los países miembros por Bruselas. En España la agresión se inició en aquella fatídica noche de mayo de 2010 en la que, contra toda lógica, Zapatero y su ministra de Economía se entregaron sin resistencia alguna a las presiones de Alemania. Junto al tajo dado a las retribuciones de los empleados públicos, se congelaron las pensiones. La ofensiva continuó con la reforma acometida más tarde, en 2011, por el mismo Zapatero, en la que ya se perfilaba el factor de sostenibilidad; pero se consumó y perfeccionó con la emprendida por Rajoy en 2013, con efectos letales tanto por la eliminación de la actualización anual de la pensión por el incremento del IPC, como por la concreción del factor de sostenibilidad, que amenaza seriamente la cuantía de las futuras prestaciones.

Todas estas modificaciones en el sistema han tenido un mismo origen, la coacción, de una o de otra forma de Bruselas. Difícilmente se puede hablar por tanto de haber superado la crisis, si no se les restituyen a los pensionistas sus anteriores derechos. No puede extrañarnos, en consecuencia, el grado de virulencia que están mostrando las múltiples manifestaciones de pensionistas. Era evidente que cuando la inflación retornase a tasas normales, iba a hacerse presente uno de los efectos más negativos de la reforma, la depreciación progresiva de la cuantía en términos reales de las prestaciones.

Durante este tiempo, las distintas fuerzas políticas han estado mareando la perdiz sin enfrentarse seriamente con este problema. Tan solo cuando los pensionistas se han echado a la calle es cuando han intervenido, pero con una única finalidad: pescar votos en río revuelto. Junto a los muchos errores, el Pacto de Toledo tenía dos aspectos positivos. El primero, el compromiso de todos los partidos de no utilizar las pensiones como arma electoral; el segundo, garantizar a los jubilados que sus prestaciones mantendrían el poder adquisitivo. Ambos factores parecen haberse perdido en el momento presente.

En el tema de las pensiones -que afecta tanto a los jubilados actuales como a los futuros- se dan dos aspectos que, aunque conectados, conviene separar. Uno es el de la actualización anual de las pensiones, contemplado hasta en la Carta Magna; el otro es el de la solvencia del sistema en el futuro.

La actualización o no de las pensiones por el IPC es un falso problema que solo aparece como tal cuando se rodea de falacias. En la época en la que estaba vigente la actualización de las prestaciones por el IPC, si la inflación había crecido más de lo esperado y había que pagar la correspondiente diferencia a los jubilados, casi todos los medios de comunicación asumían la mentira de que representaba un coste adicional al erario público, lo que no es cierto, ya que con la inflación también se incrementan los ingresos del sector público en igual o mayor cuantía.

Antiguamente muchas familias de economía modesta cuando iban a tener un hijo afirmaban, con cierta ironía, esa especie de máxima de que los niños traían un pan debajo del brazo, lo cual en la mayoría de los casos no era cierto. Pero algo parecido, y en esta ocasión sí que con razón, se puede predicar del impacto de la inflación sobre el presupuesto del Estado. La inflación viene con su financiación debajo del brazo, porque si bien puede incrementar los gastos del Estado, también aumenta automáticamente todos los ingresos.

Hacienda afirma que este año la recaudación impositiva va viento en popa. La razón hay que buscarla ciertamente en que la economía en términos reales está creciendo un 3%, pero también en el incremento de los precios, que aumenta de forma automática los ingresos del Estado. No hay, por lo tanto, ninguna razón para negarse a la actualización. Rechazarla es tan solo aprovechar la inflación para hacer una transferencia de recursos del colectivo de los pensionistas a las otras aplicaciones presupuestarias o a la reducción del déficit.

La excusa que utiliza el Gobierno, y de alguna forma también Ciudadanos, la carencia de recursos presupuestarios, no es aceptable. Es un tema de elección, de decisión política. ¿Por qué el recorte tiene que ser en las pensiones y no en otras partidas de gasto? ¿Por qué no en defensa, en la financiación de las Comunidades Autónomas, en los gastos de los Ayuntamientos o en las inversiones públicas? ¿Por qué no prescindir de los compromisos adquiridos con Ciudadanos de bajada de impuestos, de establecer los complementos salariales que en el fondo suponen una subvención a los empresarios, o de reducir las cotizaciones sociales? ¿Por qué quitar a los pensionistas lo que les corresponde para dedicarlo a otras partidas quizás mucho más dudosas e inadecuadas?

La no actualización puede considerarse un robo, un verdadero expolio. Constituye sin justificación un impuesto específico a los pensionistas. Impuesto que tiene un carácter acumulativo, lo que produce a medio plazo efectos devastadores en las pensiones. Imaginemos una inflación promedio anual del 2%. El primer año la no actualización es equivalente a un impuesto del 2%, el segundo año sería de un 4% (1,02 x 1,02), del 6% el tercer año (1,02 x 1,02 x 1,02). Y así sucesivamente. El año diez, el impuesto acumulativo sería equivalente al 22%. El año veinte, el impuesto sería del 48%. Es decir, para una persona que llevase 20 años de jubilación, la pensión sin actualización anual sería la mitad de lo que le correspondería si se hubiese actualizado año a año.

La protesta de los pensionistas está obligando a todos los partidos a pronunciarse. El Gobierno se está viendo forzado a dar una alternativa, alternativa que no es fácil de entender. Se trata de conceder a algunos pensionistas una desgravación fiscal. Todos los gobiernos tienen la tentación, contra la lógica más elemental de la Hacienda Pública, de conceder las ayudas sociales como minoración de ingresos, en lugar de a través del correspondiente capítulo de gastos. Además de los muchos defectos que la teoría impositiva predica de los gastos fiscales, hay que señalar que la finalidad de la administración tributaria es la de cobrar los impuestos y perseguir el fraude, no la de gestionar las pensiones. Para este cometido, ya está el Ministerio de Trabajo.

Aun cuando no se conoce bien en qué va a consistir el alcance concreto de la medida, se puede afirmar que solo hay una explicación para huir de la actualización anual de las pensiones por el IPC y establecer en su lugar una prestación social a los pensionistas. La razón hay que buscarla en que el coste de esta ayuda será muy inferior al de la actualización, seguramente porque el número de beneficiarios será muy reducido, pero también y principalmente porque la prestación no será acumulativa y en el caso de la actualización, sí.

El Gobierno en su argumentación está utilizando cifras que pueden inducir a engaño. Afirma que la pensión media ha crecido en el último año el 14%. El dato puede ser cierto, pero la razón no es, tal como se asegura, porque ese haya sido el incremento de las pensiones individuales, sino porque las prestaciones de los jubilados que abandonan el sistema es sustancialmente inferior a la de los jubilados que se incorporan, lo que es más bien revelador de cómo la cuantía de las pensiones se deteriora a lo largo del tiempo, y eso que hasta ahora se han venido actualizando por el IPC.

Desde el Ministerio de Trabajo, departamento del que han surgido las reformas más duras y reaccionarias (no sé por qué los pensionistas se fueron a manifestar ante el Ministerio de Hacienda en lugar de ir al de Trabajo, que es el que elaboró la ley), se ha filtrado un cuadro que ha recogido algún periódico de Madrid. Pretende mostrar cómo evolucionará en el futuro el porcentaje del gasto en pensiones sobre el PIB, si se actualizasen las prestaciones por el IPC. Distingue varios escenarios según el incremento real de la economía, pero curiosamente la hipótesis que escoge para la inflación siempre es la misma, 1,8%. La razón es evidente, los datos son idénticos sea cual sea la inflación; incluso si esta fuese cero y por lo tanto no hubiese ninguna actualización de las prestaciones. No sé si los datos son buenos o malos. Solo el ministerio tiene las tripas, y conoce las hipótesis sobre las que se han elaborado, pero cuadros como este se vienen confeccionando desde los años ochenta sin que jamás se haya acertado en las previsiones a tan largo plazo. En cualquier caso, lo que es seguro es que la evolución del porcentaje del gasto sobre el PIB no depende de la inflación ni de que se actualicen las pensiones. Otra cosa es que se quiera aprovechar la inflación para rebajar las prestaciones a los jubilados y conseguir así que el gasto total se reduzca. En ese caso es innegable que cuanto mayor sea el IPC, mayor será el recorte que se dé en términos reales a las pensiones y menor, el gasto total, lo que no tiene mucho sentido.

Ante el tema de la revalorización, el líder de Ciudadanos se pone trascendente y afirma que ese no es el problema, sino que hay que acudir al tema de la sostenibilidad a largo plazo, y habla de crear empleo, de subir los salarios, de arreglar el problema de la natalidad, de la conciliación. Todo eso está muy bien, pero, mientras se consigue, permítase a los jubilados actuales no perder al menos poder adquisitivo. Es la falsa parábola de la caña y el pez, que tanto emplean los que se oponen a las prestaciones sociales. Lo de enseñar a pescar puede ser muy bueno, pero mientras aprende, désele el pez al que lo necesita, porque mientras aprende o no se ha podido morir de hambre. Algo parecido ocurre con las pensiones. Mientras se crea empleo, se corrige la tasa de natalidad o se suben los salarios, manténgase el poder adquisitivo de los pensionistas.

La viabilidad del sistema público de pensiones no se puede cifrar en el mero hecho de rebajar poco a poco las prestaciones, que es lo que se lleva haciendo reforma tras reforma. Eso no es hacerlo viable, sino destruirlo paso a paso. Además, así soluciona el problema cualquiera. El remedio tampoco puede venir ni de la natalidad ni de la conciliación, ni siquiera del empleo y de los salarios en sí mismos. Para mostrar y asegurar la viabilidad del sistema hay que sacar las pensiones del estrecho margen de la Seguridad Social y de las cotizaciones y situarlo entre todas las obligaciones del Estado y de un Estado Social que es el que establece nuestra Constitución. Pero este aspecto merece un artículo completo, así que lo dejamos para la próxima semana.

republica.com 9-3-2018

Se ha consumado lo previsto, lo ya iniciado hace tiempo; simplemente se puso por escrito y se aprobó por el Comité federal el pasado día 17. No podía ser de otra manera, ya que este órgano de dirección, al igual que el Congreso, se ha conformado como simple prolongación del secretario general. Quizás esté mal el decirlo, pero se está cumpliendo punto por punto lo que escribí en este mismo diario digital el 1 de junio pasado en un artículo titulado “El 18 de Brumario”. Era evidente que Pedro Sánchez, tras ser ratificado por los militantes, iba a tratar de acaparar todo el poder en el PSOE. Se anuncia que únicamente se trata de dar voz a las bases; pero, en realidad, lo que se pretende es quitársela a los órganos pluripersonales para concentrar toda la autoridad en el jefe.

En el fondo, nada inesperado. No se precisa mucha perspicacia para darse cuenta de que las primarias, lejos de ser un instrumento de democratización de los partidos, se han convertido en un mecanismo para todo lo contrario, de hecho, destruyen la pluralidad y promueven el caudillismo. No nos puede extrañar, por tanto, que el Comité federal haya aprobado sin ningún voto en contra los estatutos propuestos por la Ejecutiva, que es lo mismo que decir que por Pedro Sánchez. A los barones, que a su vez son representantes de gran parte de la militancia, solo les ha quedado el pobre recurso de la no asistencia o de ausentarse en el momento de la votación.

Lo malo es que la uniformidad que se ha creado artificialmente en el PSOE produce efectos negativos en la sociedad y en el Estado. Por lo pronto, la imposibilidad de crítica interna y la inviabilidad del contraste de opiniones han originado que el sesgo a favor del PSC que mantiene Pedro Sánchez incline al partido socialista a adoptar posturas sorprendentes en materia territorial en lo referente a Cataluña, que difícilmente aceptarían sus votantes del resto de España.

El Gobierno quizás se haya equivocado en plantear un problema, el de la inmersión lingüística en Cataluña, antes de tener diseñada la solución; sin embargo, el hacerlo ha tenido un efecto positivo, obligar a que todos hayan tenido que definirse. No dudo de que, tal como afirman todos los que no quieren que cambie el statu quo, sea un tema sensible. Tal vez por eso conviene contemplarlo con toda frialdad y de forma aséptica, desde fuera. Y mirado así, es difícil encontrar justificación para que se discrimine a favor de uno y en contra de otro de los dos idiomas que son oficiales en Cataluña.

El primer secretario del PSC y detrás de él el PSOE de Pedro Sánchez (aunque lejos de interpretar el pensamiento de todos los socialistas) se apresuraron a salir en defensa de lo que eufemísticamente llaman el “modelo escolar de Cataluña” que, en el fondo, se reduce a mantener el catalán como lengua principal y casi exclusiva en la enseñanza, relegando el castellano a un papel casi residual. Quizás lo más sorprendente radique en los argumentos que se utilizan. Se afirma que la inmersión lingüística pretende evitar la segregación de los alumnos, atendiendo a la lengua, en dos grupos diferentes. Y jactándose de progresistas mantienen que no quieren que los castellanoparlantes se encuentren más tarde en inferioridad de condiciones al dominar de forma más imperfecta el catalán.

Hay que preguntarse por qué motivo el trato paritario de las dos lenguas, y la igualdad en el tiempo que se dedica a ambas, va a dividir a los alumnos, y hay que señalar que resulta preocupante que muestren, aunque de forma inconsciente, su visión supremacista cuando aseveran que no dominar completamente el catalán resta más posibilidades profesionales que no controlar a la perfección el castellano. En diversas ocasiones, los tribunales han dictaminado la necesidad de corregir esta situación discriminatoria sin que las fuerzas independentistas ni el PSC hiciesen el menor intento para que las sentencias se cumpliesen.

Tampoco los gobiernos centrales han hecho mucho para garantizar los derechos de todos los catalanes en materia lingüística. El único paso dado parece haber sido la chapuza introducida en la LOMCE y que ahora el Tribunal Constitucional ha invalidado como no podía ser de otra manera, puesto que la competencia es de la Generalitat. La única manera de que el Gobierno central pueda interferir en el tema es mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que está precisamente diseñado para corregir todas aquellas situaciones en las que las autoridades autonómicas no ejercen adecuadamente sus competencias.

Se entiende por tanto mal que algunos, desde distintos ángulos, comenzando por el PSOE, hayan defendido que no es este el momento de solucionar el problema. Lo cierto es que -dado que la Generalitat no parece que vaya a cumplir las sentencias- de no interferir ahora habría que aplicar de nuevo el art. 155, aunque lógicamente limitando su actuación a esta materia. Aún más, lo correcto hubiese sido que dicho artículo se hubiera aplicado mucho antes, en general en todas aquellas ocasiones en las que las Comunidades Autónomas se han negado a cumplir la ley o las sentencias de los jueces. Estaría entonces ausente ese carácter dramático y de excepcionalidad con el que se le ha revestido en esta ocasión. (Ver a este respecto mi artículo del 2 de noviembre del año pasado).

Pedro Sánchez está conduciendo al PSOE por una senda muy estrecha. Fuerza a la organización a adoptar comportamientos sectarios y bastante dogmáticos, que no pueden por menos que causar sorpresa. No puede extrañarnos que Ramón Tremosa, habiendo adoptado todos estos meses el papel de palafrenero de Puigdemont, y después de robar fotos a los políticos belgas, se haya dedicado durante el proceso de la elección de vicepresidente del Banco Central Europeo a denostar al candidato español y a hacer propaganda a favor del irlandés. Los independentistas catalanes nos tienen acostumbrados a denigrar todo lo que se refiere al Estado español, que quieran o no, hasta ahora, es el suyo, y que por lo tanto su deterioro irá también en su propio detrimento. Lo que resultaba, sin embargo, difícil de imaginar era que Podemos y mucho menos el PSOE actuasen de la misma forma.

La cuestión no giraba en torno a juzgar sobre las virtudes o defectos del señor de Guindos, sino de ver si era un español o un irlandés el que se sentaba en el segundo sillón de la institución más importante de la Unión Monetaria, y en la que reside el poder real por encima del de los gobiernos. Durante todos estos años, Italia ha notado claramente la importancia de que Draghi sea italiano. Hoy por hoy, las nacionalidades cuentan y mucho en Europa. Tampoco se trataba de escoger entre una mujer y un hombre; que yo sepa el señor Lane no pertenece al género femenino. Por otra parte, si la pulsión que siente Pedro Sánchez por promocionar a las mujeres es tan grande, podía haber renunciado a su candidatura en las primarias, con lo que hubiese sido una mujer la que hubiera llegado a secretaria general del partido.

El criterio de elección no era tampoco ideológico. Los dos candidatos pertenecen al Partido Popular Europeo, y sería difícil determinar cuál de ellos tiene un pensamiento más neoliberal. Resulta una ingenuidad pensar que al Banco Central Europeo pueden incorporarse representantes de otras tendencias. El reproche de haber trabajado en Lehman Brothers es desconocer los orígenes de la mayoría de los que ocupan puestos relevantes en la Unión Europea. Draghi fue vicepresidente, para Europa, con cargo operativo, de Goldman Sachs; Duisenberg fue vicepresidente del banco privado Rabobank; Jean-Claude Trichet, aunque al final fue absuelto, se vio acusado de haber falsificado las cuentas del Crédit Lyonnais; Mario Monti fue director europeo de la Comisión Trilateral y asesor de The Coca-Cola Company y de Goldman Sachs, y así se podrían continuar citando otros muchos casos. Por otra parte, me parece que Luis de Guindos y Pedro Solbes serían perfectamente intercambiables.

Al final, Luis de Guindos ha sido designado para el puesto, y Pedro Sánchez una vez más ha hecho el ridículo, y con él los eurodiputados socialistas que pasarán a los anales de la historia de la Unión Europa como el único caso en el que frente a dos candidatos de similares características se vitupera al de la propia nacionalidad y se hace propaganda por el contrario. Supongo que a más de uno dentro del PSOE la cara se le habrá puesto sonrosada. Pero qué se le va a hacer, le han elegido los militantes.

republica.com 2-3-2018

El asunto de las pensiones está suscitando todo tipo de ocurrencias, son ruido en el sistema, sin que ningún partido sea capaz de coger el toro por los cuernos. En ese mar de confusión ha intervenido el Gobierno con una medida difícil de entender, abre la posibilidad de rescatar las participaciones de los fondos de pensiones a los diez años de haberlas realizado.

He defendido siempre la inutilidad de los llamados fondos de pensiones. Constituyen tan solo una forma de ahorro, y no de las mejores. El único nexo que hasta ahora, aparte del nombre, mantenían con las pensiones era que no podían rescatarse hasta la jubilación. Este lazo ya se había roto, aunque muy parcialmente, hace algún tiempo, al permitir el rescate en determinadas excepciones: desempleo de larga duración o enfermedad grave. Pero ahora se da un paso más al desaparecer por completo la relación con la jubilación en cuanto que se permiten, sin ninguna condición, los rescates a los diez años de realizar la aportación. Se han convertido más bien en depósitos a plazo. Fondos de “no pensiones” deberían denominarse.

El Gobierno justifica la medida en la conveniencia de incentivar los fondos privados. Dudo mucho que eso acreciente el atractivo de esta inversión, pero sí puede originar dentro de 10 años una desbandada de recursos. En realidad, racionalmente el interés de los fondos de pensiones es muy reducido. En España, el único aliciente que tienen es la desgravación fiscal en el impuesto sobre la renta. El beneficio, no obstante, no es tan grande como podría parecer a primera vista. Si bien las aportaciones se deducen de la base imponible del IRPF, cuando se rescata parcial o totalmente el fondo la cantidad correspondiente tiene que tributar en ese ejercicio. Desde esta óptica, el beneficio fiscal consiste tan solo en posponer el momento en que se hace efectivo el gravamen. La única ventaja hipotética radica en que el tipo marginal del impuesto pudiera ser menor en el momento del rescate que en el de las aportaciones.

Hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en la que se modificó la normativa, contaban con otro aliciente: llegada la jubilación, el fondo se podía rescatar de una sola vez, y su tratamiento fiscal comportaba que la incorporación a la base imponible era tan solo del 60 % de su cuantía. Esta ventaja desaparece para las nuevas aportaciones realizadas a partir de esa fecha. Si hasta ese momento era muy dudosa la conveniencia de realizar aportaciones a los fondos privados, a partir de entonces parece evidente que únicamente la ignorancia y el desconocimiento pueden conducir a querer invertir en esta modalidad. Ello es tanto más cierto si tenemos en cuenta que los posibles beneficios que puedan obtenerse, a diferencia de los de otras inversiones, tributan a un tipo más elevado, al hacerlo como rentas de trabajo en lugar de como rentas de capital.

Los fondos de pensiones no salen muy bien librados si se les compara con otras formas de ahorro. En primer lugar, participan de los mismos defectos que todos los fondos de inversión. El partícipe no controla el destino de la inversión y nunca estará seguro de si se realiza mirando a la rentabilidad o a la conveniencia de la gestora o depositaria, que normalmente pertenecerán a la misma entidad financiera., la rentabilidad, como es lógico, estará en correlación con el riesgo; pero, en cualquier caso, sea esta positiva o negativa, se verá minorada por las comisiones de gestión y de depósito. Además, los fondos de pensiones presentan un inconveniente adicional a los de los otros fondos y es que el dinero permanece cautivo, ahora al menos durante diez años, antes hasta la jubilación.

Los mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de existir tan pronto como desapareciese la desgravación fiscal, tal como se han encargado de vocear sus propios defensores todas las veces que se ha extendido el rumor de que iban a perder las ayudas tributarias. ¿Pero cuál es entonces la razón de ser de un producto financiero que sin desgravación fiscal nadie, ni ricos ni pobres, estaría dispuesto a demandar? Para el participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia de control de la inversión, pago de importantes comisiones, etc. Ahora bien, precisamente lo que son rémoras para el cliente se convierten en ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder económico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar.

La potenciación de los fondos de pensiones se fundamenta en una gran mentira: la inviabilidad del sistema público. Los interesados en que los fondos de pensiones se extiendan procuran que arraigue todo tipo de dudas acerca de la supervivencia de las pensiones públicas, en el convencimiento de que cuanto menos se proteja desde el sector público la contingencia de jubilación, más se expandirán los fondos privados. Muchos ciudadanos serán víctimas de un doble engaño. Primero, que el sistema público de pensiones es inviable. Segundo, que la forma de protegerse para la jubilación consiste en suscribir un fondo privado.

Entre todos los gastos del Estado, las pensiones públicas sufren una especial maldición: el haber ligado su financiación a las cotizaciones sociales. Eso es lo que origina que se hable de la viabilidad o inviabilidad del sistema, cosa que no se hace en relación con ninguna otra partida presupuestaria. Nadie se plantea la imposibilidad de afrontar los costes de la educación, la sanidad, la policía, la justicia, etc. No se duda de que se pagarán las deudas contraídas. Todos los ingresos del Estado responden de su financiación.

Es verdad que ya va calando la idea de que la financiación de las pensiones no puede depender exclusivamente de las cotizaciones sociales y de que se precisa la concurrencia del Estado. Concurrencia del Estado, pero no como prestamista, tal como ahora ocurre, sino con aportaciones a fondo perdido. Las ocurrencias que van desgranando los partidos, en buena medida para hacerse propaganda electoral, no llegan al fondo del problema. El partido socialista ha propuesto crear dos impuestos específicos a la banca para financiar las pensiones. La iniciativa tiene de positivo el hecho de que se acepta explícitamente que estas prestaciones también deben sostenerse con impuestos, pero se equivocan al no superar la concepción de la Seguridad Social como un apartado cerrado dentro del sector público y al pretender, en contra de los principios más elementales de la Hacienda Pública, crear impuestos afectados a determinados gastos.

Tampoco el Partido Popular está dispuesto a superar el esquema de la separación de fuentes de financiación, ya que afirma que la solución al problema de las pensiones radica en la creación de empleo y en todo caso en el traslado de determinadas prestaciones -como los complementos a mínimos- de la Seguridad Social al presupuesto del Estado.

En cualquier caso, la salvación no puede provenir de los fondos de pensiones. Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido que el 60 % de los ciudadanos carece de capacidad de ahorro (no llega a final de mes), y otro 30 %, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.

republica.com 23-2-2018

No parece que a estas alturas haya muchas dudas de que lo único que mueve a Puigdemont es su propio interés. Hace ya bastante tiempo que su principal objetivo se reduce a no ir a prisión. A partir del uno de octubre, repetía con bastante frecuencia, sin venir a cuento y fuera de contexto: “Sé que puedo terminar en la cárcel”. De ahí sus vacilaciones posteriores sobre la conveniencia de proclamar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). El 10 de octubre, su carácter más bien frívolo y dubitativo convirtió el Parlament en un auténtico vodevil. Después de su intervención, nadie sabía si había ido o había vuelto, si había aprobado la DUI o si la había suspendido sin aprobarla. Tan así fue, que de cara a implantar el artículo 155, el Gobierno tuvo que requerirle dos veces acerca de si la proclamación era o no real.

El viernes 27 del mismo mes, Puigdemont nos obsequió con un día entero de intriga y suspense. La rueda de prensa convocada desde primera hora de la mañana se fue retrasando en varias ocasiones al tiempo que los rumores y filtraciones daban por seguro que iba a anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas. Pretendía evitar la aplicación del artículo 155, y de paso quitarse de en medio y eludir para sí cualquier repercusión penal. Una vez más, su carácter vacilante e inseguro se manifestó con un viraje de ciento ochenta grados y, en lugar de los comicios, lo que se proclamaba al final del día era la DUI. La presión de sus correligionarios y el riesgo de ser tenido por un botifler le condujeron a ello.

Su permanente silencio y su gesto adusto a lo largo de aquella sesión eran bastante elocuentes de su estado de ánimo y de hasta qué punto se había sentido obligado a declarar la independencia, ya que era consciente de que con ello se provocaba que el Estado aplicase el artículo 155 de la Constitución y, lo que al parecer le preocupaba más, que se desencadenasen consecuencias penales. Por eso, aquel mismo fin de semana se marchó a Gerona y, en cuanto pudo, casi subrepticiamente, a Bruselas. Existen pocas dudas de que ese viaje no fue algo improvisado. Obedecía claramente a una estrategia muy planificada y preparada. El país de destino no se escogió de forma aleatoria. Se conocían perfectamente las especificidades jurídicas y procesales de Bélgica. La elección del abogado tampoco fue casual. El designado poseía una larga historia en burlar las órdenes europeas de detención y en conseguir neutralizar las extradiciones. Todo esto no se prepara en un fin de semana. Y es señal inequívoca de que la obsesión de Puigdemont por no ser detenido le había llevado a tener preparado el plan de fuga por lo que pudiese ocurrir.

Aquel fin de semana, la huida de Puigdemont y de algunos de sus consejeros obedecía a un único motivo, eludir la acción de la justicia. Ciertamente la espantada en sí misma no aparecía como un acto demasiado honorable, por lo que debía disfrazarse de un carácter épico. Para ello se acudió a la milonga de haber escogido la táctica de dividir el gobierno, haciendo que la mitad se fuese a Bruselas y que la otra mitad permaneciese en España. La realidad era que los cargos de su partido y la mayoría del gobierno se enteraron de la tocata y fuga cuando ya estaba en Bruselas.

Puigdemont fue descubriendo poco a poco que lo que había comenzado siendo una excusa de la huida se podía transformar en un buen instrumento para alcanzar el verdadero objetivo, el de eludir las responsabilidades penales. Bruselas, con la complicidad del partido nacionalista flamenco, constituye una plataforma ideal para la propaganda. El ex presidente de la Generalitat piensa, quizás equivocadamente, que cuanto más ruido haga y más esté en el candelero, más posibilidades tiene de burlar la cárcel.

Con la impunidad que le procuraba encontrarse en Bélgica, se dedicó a denostar al sistema democrático español y a mantener la postura más radical defendiendo incluso los actos ilegales anteriores al 155, postura que difícilmente podían adoptar otros líderes independentistas que se encontraban en España y que debían enfrentarse a procesos penales. Ello le proporcionaba una ventaja relativa, lo que le animó a presentarse a las elecciones, aun cuando Esquerra Republicana se negó a formar una lista única. Su éxito en los comicios consistió en situarse como la única alternativa al 155. Las elecciones tenían que servir para restituir al gobierno legítimo. No votarle a él era aceptar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como si él no hubiese sido el primero en asumirlo, saliendo huyendo del palacio de la Generalitat.

La verdad es que el resultado obtenido por Puigdemont sobrepasando, contra todo pronóstico, a Esquerra constituye una de las cuestiones electorales más difíciles de entender. El 27 de octubre fue sospechoso de ser un botifler y proclamó la República a regañadientes, empujado por la presión de los suyos. En rigor, él no la proclamó (no abrió la boca), lo hizo la presidenta de la Asamblea. A los dos días se fugó sin decir nada a nadie y abandonando a su suerte a sus correligionarios. Mientras sus consejeros tenían que hacer frente a los tribunales e incluso permanecer en prisión, el se exhibía en Bruselas no precisamente pasando calamidades. Además, encabezaba una lista que era heredera del partido seguramente más corrupto de España. Bien, pues todo eso no fue óbice para que sacase más representación electoral que Esquerra y que desplazase a la jerarquía del PDC. Cosas de la democracia.

Puigdemont se presentó a las elecciones desde Bélgica, pero con el compromiso muchas veces repetido de que si ganaba retornaría a España. Promesa que nunca pensó cumplir, ya que su objetivo número uno era escapar a la acción de la justicia, y a esta finalidad se han orientado todas las acciones que ha emprendido desde entonces, incluso el chantaje permanente al Parlament. Lo ajustado de la victoria de los independentistas hace que todos los votos sean necesarios y que el control de un pequeño grupo de diputados como el que tiene Puigdemont puede mantener cautiva a toda la cámara. Lo curioso de la cuestión es que nadie le recuerda su promesa, ni se le exige que la cumpla, ni su incumplimiento parece que le haya hecho perder prestigio entre sus partidarios, a pesar de que su comportamiento está perjudicando gravemente a todos aquellos que en España tienen procesos penales relacionados con el golpe de Estado.

El descaro mayor consiste en que con el objetivo de ser nombrado presidente de la Generalitat a distancia, y de no tener que enfrentarse así con la justicia, exige a sus compañeros en España que cometan actos ilegales y desafíen al Estado, con las correspondientes responsabilidades penales que podrían acarrearles. En fin, como el capital Araña, que embarcaba a los demás y se quedaba en tierra.

Cuentan las crónicas que en el siglo XVIII existía un capitán de buque llamado Arana que recorría las costas españolas reclutando personal para ir a combatir las insurrecciones que se producían en las colonias, pero él no emprendía viaje alguno. Con el tiempo, el vulgo transformó el nombre de Arana en Araña, concediéndole así un carácter más pintoresco. Puigdemont es el capitán Araña del procés: anima a los otros a enfrentarse con la justicia, mientras él pretende mandar y dirigirles cómodamente a salvo desde Bruselas.

republica.com 16-2-2018

“Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato… Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento”. Valle Inclán en “Luces de Bohemia” intenta definir el género literario que va a utilizar en varias de sus obras. Continúa una tradición de la literatura española encarnada, por ejemplo, en Quevedo y en Cervantes, incluso en la novela picaresca, en la que, mediante el humor y el ingenio, se efectúa la crítica más acerva y corrosiva de la realidad. Se trata de descubrir lo que se encuentra detrás del disfraz social que cada uno lleva. Los espejos cóncavos deforman la imagen o, más bien, muestran la verdadera.

El esperpentismo lo inventó Goya, afirma Max Estrella en “Luces de Bohemia”. La pintura negra, pero sobre todo los tres Caprichos en los que aparecen personajes mirándose al espejo son enormemente expresivos: un petimetre que ve su imagen trocada en un mono; la maja que contempla en el espejo una serpiente enroscada en una guadaña; un mosquetero convertido en un gato enfurecido. El espejo habla. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas, sentencia el protagonista de “Luces de bohemia”.

Hay que llevar al independentismo catalán a pasear a un imaginario callejón del gato para que asome su auténtica imagen. Que caigan el disfraz y la máscara. Pongamos fin al carnaval. A dicha finalidad está ayudando de forma muy notable esa nueva realidad que ha recibido el nombre de Tabarnia. Tabarnia y su presidente Boadella se han instalado enfrente del procés y han asumido el papel de espejos cóncavos que colocan a los independentistas ante su verdadera figura y sus incoherencias. Demuestran el esperpento que se halla detrás de su épica. Boadella tiene una larga trayectoria dedicada a desmitificar, caricaturizar a todos los poderes fácticos: ejército, Iglesia, Franco… En el lote entró también en su día Pujol, confirmando que detrás del gran padre de la patria solo había un fantoche avaro y corrupto.

La constitución de Tabarnia ha puesto enormemente nerviosa a la cúpula del secesionismo. Los coloca frente a sus propias contradicciones y ante la falsedad de sus argumentos. Detrás de la grandilocuencia y petulancia de su discurso, de sus grandes ideales patrióticos y de su pretendido heroísmo, se esconden tan solo los intereses más bastardos y el más ramplón de los provincianismos. Su verdadera imagen es esperpéntica, un fantoche extravagante. Quienes cifran toda su legitimidad en un estrafalario derecho a decidir no pueden negar a la parte más importante de Cataluña, Tabarnia, la facultad de exigir lo mismo. Y quienes han colocado como fundamento de sus reivindicaciones el victimismo del “España nos roba” no pueden ofenderse porque los tabarneses, con los mismos argumentos, mantengan que se sienten robados por el resto de Cataluña (Gerona y Lérida). Al fin y al cabo, Tabarnia es la zona más rica de Cataluña.

Si el soberanismo quiere convertir Cataluña en un nuevo Estado -lo que es patentemente ilegal y anticonstitucional-, con más razón los tabarneses están legitimados para crear una nueva Comunidad Autónoma, posibilidad que concede la Carta Magna. ¿Una broma? No en mayor medida que el independentismo. Ya lo dijo Boadella en el discurso de toma de posesión de la presidencia de la entidad: “Sí, soy un payaso, pero no mayor que quienes están al frente del secesionismo”.

La constitución de Tabarnia tampoco ha sentado bien en Podemos. A primera vista resulta extraño el apasionamiento con el que Pablo Iglesias ha reaccionado calificándolo de circo y afirmando que “ya está bien de tomar el pelo a la gente”. La explicación tal vez se encuentre en que eso que llama circo cuestiona también el discurso de Podemos sobre el tema territorial, y más concretamente sobre Cataluña. La defensa del derecho a decidir no conforma esa postura progresista que pretenden transmitirnos, sino un tópico grotesco con el que situarse en el medio de la contienda y mantener así al mismo tiempo los votos de Cataluña y los del resto de España. Es, como se ha visto, difícil de conseguir y no tendría nada de extraño que se quedase sin los unos y sin los otros. Gracias a Tabarnia, la defensa del derecho a decidir se refleja en el espejo como el absurdo de una Europa fraccionada en 200 o 300 reinos de Taifas. ¡Viva Cartagena!

Darío Fo mantenía que la sátira es el arma más eficaz contra el poder. Es posible que Tabarnia se esté manifestando como uno de los principales instrumentos para combatir el nacionalismo. ¿Un circo, tal como ha dicho Pablo Iglesias?, ¿una broma? Quizás, pero su sola presencia muestra el circo, la bufonada y la patraña que conforman el procés, y por ende el discurso de todos los que intentan justificarlo.

republica.com 9-2-2018