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ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CIFRAS DE DESEMPLEO

ECONOMÍA, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mar, diciembre 06, 2022 17:34:24

Ya en los primeros tiempos de la epidemia, la economía española, por incompetencia del Gobierno, se hundió en un porcentaje mucho mayor que la del resto de los países europeos. Desde entonces, ante los malos resultados, el Ejecutivo ha venido refugiándose en las estadísticas de paro y en el número de afiliados a la Seguridad Social, utilizándolo para presentar un panorama positivo.

No obstante, una pregunta flota en el aire: ¿cómo es posible que con tasas de crecimiento muy bajas o negativas se haya incrementado el empleo, según se empeñan en convencernos de manera triunfalista cada cierto tiempo tanto el ministro de la Seguridad Social como la ministra de Trabajo? Pregunta que por supuesto ninguno de los dos, bien sea por conveniencia o por incompetencia, han podido contestar. Escrivá, para justificar su ignorancia, la hace extensiva a todos los economistas y habla de enigma. Pero la cuestión no tiene por qué ocultar ningún misterio.

Lo primero a tener en cuenta es la periodicidad. En determinados años o determinados meses, quizás no se produzca tal divergencia. Por ejemplo, en este ejercicio, todas las previsiones apuntan a que el crecimiento económico se situará alrededor del 4%, fruto de la tardanza en recuperarnos del desplome de nuestra economía en los primeros tiempos de la epidemia. No tiene, por tanto, nada de chocante que en este año también crezca el empleo y se reduzca el paro. Es más, tampoco debería extrañarnos que existan desplazamientos y ajustes de un mes a otro, incluso de un año a otro.

La cosa cambia cuando se considera un periodo más largo. Por ejemplo, de 2019 a la actualidad. Nuestra economía es la única de la Unión Europea que aún no ha recobrado los niveles anteriores a la pandemia; luego, en condiciones normales, cabría esperar que el empleo tampoco. Si existen diferencias, y las hay, es cuando hay que empezar a buscar los motivos.

La primera explicación podría encontrarse en un doble requisito. Primero, que el excedente empresarial hubiera reducido su proporción en la renta y, por lo tanto, incrementado la de la retribución de los trabajadores. Segundo, que ese aumento se hubiese destinado a incorporar a un número mayor de asalariados. No parece que este sea el caso. No es verosímil. El proceso más bien ha sido el contrario.

Resulta mucho más creíble una segunda explicación: que los datos oficiales de empleo estén sobrevalorados. Que no aparezcan todos los parados y entre los afiliados a la Seguridad Social se cuente con colectivos que en realidad son desempleados. Tal vez el caso más llamativo y cuantitativamente más importante haya sido el de los trabajadores sometidos a una regulación temporal de empleo (ERTE). No computan como parados y sin embargo lo son, aun cuando lo sean temporalmente. Cobran el seguro de desempleo y no trabajan.

El afán de presentar como un gran éxito lo que no lo es no puede llevarnos a distorsionar la realidad, tal como hacía la ministra de Trabajo cuando se jactaba tiempo atrás de que, en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB al de la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor. En mayo del 2020 el número oficial de personas en paro ascendía a 3,8 millones. ¿Cuál hubiera sido el dato real si a esta cifra se le hubiesen sumado los 3,6 millones que se encontraban en ERTE? ¿Dónde está la diferencia con la crisis de 2008?

En los momentos actuales, este factor de distorsión ha perdido importancia. Se ha reducido sustancialmente el número de trabajadores en esta situación; sin embargo, después de la reforma laboral una parte de los contratos temporales se han convertido en fijos discontinuos a los que no se considera parados en la etapa en que se encuentran entre trabajo y trabajo. A ellos hay que añadir los contratados en formación, los de disponibilidad limitada y los autónomos sin actividad. Toda una serie de colectivos que están sin duda en una situación de desempleo, pero que no aparecen en las estadísticas oficiales.

Por último, hay otra razón para que existan diferencias entre la evolución del empleo y la del crecimiento económico, quizás la más inmediata, la variación de la productividad. Primero, mediante una progresiva traslación de la actividad de sectores de mayor valor añadido a otros que lo tienen menor. Causaría una diferencia entre la variación del PIB y del empleo. Segundo, el incremento de los trabajadores a tiempo parcial respecto a la totalidad. Esto último explicaría también, al menos en parte, el hecho de que en los momentos actuales el estado de pobreza se extiende a trabajadores con empleo.

Podría pensarse que el hecho de que nuestra economía no haya perdido de forma sensible la competitividad con el resto de los países europeos es señal de que la productividad no se está reduciendo. Es una deducción simplona, puesto que hay otros factores que influyen en la competitividad. Por supuesto, el tipo de cambio, aunque este comodín se encuentra vedado para nosotros desde que estamos en la Unión Monetaria. Pero existen otras variables como el nivel salarial, que pueden compensar el descenso de la productividad a efectos de mantener la competitividad.

Por otra parte, el tránsito de sectores de más productividad a otros de menor valor añadido no tiene por qué dañar la competitividad. Precisamente, es muy posible que se abandonen determinados sectores y se traslade la actividad a otros de menor valor añadido porque se ha dejado de ser competitivo en los primeros.

En cualquier caso lo que parece incuestionable es que si se quiere saber con certeza cómo evoluciona el empleo hay que mirar a las estadísticas de horas trabajadas y se comprobará que su evolución no es muy distinta de la del PIB.

republica.com 1-12-2022



LOS SEDICIOSOS Y LA IMPUNIDAD

CATALUÑA, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, noviembre 28, 2022 11:00:27

“No se puede dialogar con los secesionistas cuando se depende de ellos”. Son palabras certeras de García- Page pronunciadas a finales de 2018, cuando el PSOE estaba iniciando una ruta peligrosa, y poco después de que Sánchez hubiese llegado a la Moncloa por una moción de censura con el apoyo de los que habían protagonizado un golpe de Estado. Entonces se hablaba de diálogo cuando lo que se quería decir era negociación, y Sánchez acudía a múltiples argumentos para justificar su nueva relación con los golpistas.

El quid de la cuestión se encuentra en las palabras de García-Page. Es absurdo creer en la inocencia desinteresada y en las buenas intenciones de una negociación si de ella se depende para permanecer en el poder. Han pasado cuatro años en los que en sentido estricto no se puede hablar de diálogo, sino de cesiones, porque en eso es en lo que se convierte la negociación si una de las partes tiene la sartén por el mango y el mango también.

En esta etapa entronizada por Sánchez los que tienen la sartén por el mango son los secesionistas e imponen condiciones. No se precisa hacer un recorrido por estos cuatro años para ser consciente de las mercedes y favores que el presidente del Gobierno ha hecho a las fuerzas políticas que le sostienen en el poder, desde los golpistas catalanes a los herederos vascos de ETA, pasando por todo partido nacionalista o regionalista que este pronto a cobrar su estipendio. Ellos saben que son los que mandan y recuerdan cada poco a Sánchez que ocupa el colchón de la Moncloa porque ellos quieren.

La última ha sido la eliminación del delito de sedición del Código Penal. Los secesionistas han despejado toda duda de que son ellos los que han obligado al Gobierno a la supresión. Junto a esto aparecen como sospechosos y quedan invalidados todos los argumentos acuñados por el el sanchismo para justificarse, y que sus altavoces mediáticos y tertulianos de medio pelo repiten con ímpetu y brío, si bien, por mucho que se reiteren, no dejan de ser sofismas y no resisten el menor análisis, aunque ellos piensen, y a lo mejor tienen razón, que a base de recitarlos una y otra vez terminan cuajando en la sociedad como hechos incontestables.

El primer mantra que corean los sanchistas, ya sean políticos o periodistas, es el de la pacificación, afirman que se trata de poner paz en Cataluña. Pretenden hacer una comparación entre la situación de 2017 y el momento actual, en el que, según ellos, existe una mayor tranquilidad, y se lo apuntan como mérito suyo. En realidad, es difícil saber qué escenario es mejor, pero lo que claramente sí hay, como parece lógico, es diferencia entre una etapa en la que se estaba preparando un golpe de Estado y el periodo posterior cuando el golpe ha fracasado y los golpistas se han dado cuenta de que la operación no estaba madura y de que el Estado tenía mucha más capacidad de defensa de la que ellos pensaban.

La aplicación del art. 155 de la Constitución y la actuación de los tribunales fueron los instrumentos que sirvieron para parar el golpe y dejar invalidada la proclamación de la independencia. En buena parte, han sido el poder judicial y el miedo a terminar en la cárcel lo que les ha hecho cambiar de estrategia y convencerse de que había que esperar y, mientras tanto, prepararse acumulando todos los medios posibles para que una nueva intentona no fracasase.

Precisamente Sánchez ha tenido muy poco que ver en la contención del golpe; más bien supuso un lastre que dificultó y condicionó al Gobierno de Rajoy, ya que este pretendía consensuar con el PSOE cualquier actuación en esta materia pensando que era un partido constitucionalista. Es verdad que Sánchez concedió su aquiescencia a aplicar el art. 155, pero tarde y con tantas limitaciones que dejaron muy devaluada su eficacia. Exigió que se excluyesen los medios de comunicación de su ámbito de aplicación y sobre todo que se convocasen inmediatamente elecciones, de manera que le hizo perder gran parte de su virtualidad, aunque ahora, en un ejercicio de cinismo, afirme que Rajoy debería haberlo aplicado antes.

En buena medida la justicia se quedó sola, lo que se hizo más realidad a partir de que Sánchez ganara la moción de censura con el concurso de los golpistas. Desde ese momento estos contaron con un aliado, el Gobierno, que se convirtió en una estupenda coartada para adaptarse a la nueva situación, al tiempo que les dotaba de medios para que pudiesen repetir el golpe con mayor éxito.

Karl Marx escribe en su obra “El 18 brumario” que la historia repite los acontecimientos, esto es, acaecen dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Con esta frase quería indicar cómo el golpe de Estado perpetrado en París el 2 de diciembre de 1851 por Luis Bonaparte (Napoleón III) era un remedo, una mala imitación del ejecutado por Napoleón Bonaparte el 18 de noviembre (18 brumario) de 1799. Pero quizás en España la frase debería enunciarse al revés, los golpes de Estado acaecen primero como farsa, bufonada, fiasco o amago frustrado, y la segunda vez como tragedia.

Al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que inició una cruenta guerra de tres años, le precedió la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932, que supuso el primer levantamiento del ejército frente a la República y que claramente fracasó.

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque fallido finalmente, mantuvo en vilo a toda España durante una noche y humilló al Gobierno y a todos los diputados. Le precedió en noviembre de 1978 la operación Galaxia, protagonizada por el mismo Tejero. Por supuesto, toda la operación fue una auténtica chapuza.

A finales de 2017 en Cataluña se ha producido un auténtico golpe de Estado, no militar, ciertamente, pero sí ejecutado por instituciones que contaban con mucho más poder y capacidad de coacción y amenaza que muchos generales. De haber triunfado, las consecuencias hubiesen sido similares o mayores que las de bastantes pronunciamientos militares. En principio, puede decirse que ha fracasado.

No obstante, una vez más, haríamos mal en tomarnos a broma lo sucedido o infravalorarlo, porque, como hemos dicho, en España lo que comienza como farsa acaba presentándose como tragedia. Tras la moción de censura en la que a los golpistas se les otorgó legitimidad para cambiar el gobierno de la nación, se está desarrollando una nueva etapa bastante peligrosa, centrada en una negociación entre el Gobierno y los independentistas, que puede tener consecuencias gravísimas.

Lo que Sánchez denomina “pacificar Cataluña” consiste en haber blanqueado a los golpistas hasta el punto de calificar de venganza la sentencia del Tribunal Supremo, con la finalidad de justificar los indultos. Ha asumido su mismo lenguaje. Llama conflicto político lo que fue golpe de Estado, y desjudicialización de la política lo que es renuncia del Estado de derecho. Casi les ha dado tratamiento de poder político independiente, negociando con ellos de igual a igual.

Ha renunciado a recurrir las leyes inconstitucionales del Parlament, tales como la de la lengua que se puede usar en la escuela. Ha permitido la creación de más y más embajadas dedicadas a pregonar por todo el mundo la soberanía de Cataluña. Ha manipulado la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los nombramientos al Tribunal de Cuentas a efectos de librar a los golpistas de reintegrar lo robado a la hacienda pública. Va a modificar el Código Penal con la finalidad de conceder una amnistía encubierta. Y todo ello sin que los golpistas hayan renunciado a sus pretensiones y gritando a todos los que lo quieran oír que volverán a hacerlo. La paz que predica Sánchez es la rendición del Estado.

El segundo mantra que utilizan los sanchistas para intentar justificar la modificación del Código Penal es el de europeísmo, homologar el delito de sedición con el que rige en la mayoría de los países europeos. Afirman una gran mentira, que la legislación penal de los otros Estados establece un tratamiento mucho más favorable que el nuestro para los delitos similares a los que cometieron los golpistas catalanes. Pero lo cierto es que, dejando al margen el nominalismo y  llamándolo como se llame, en los principales países las penas son sin duda iguales o mayores que las nuestras para aquellos que atacan la Constitución o la integridad del Estado.

Junto a la repetición de los mantras, el sanchismo cuenta con el olvido. Piensan que todo esto habrá desaparecido de la mente de los votantes cuando lleguen las elecciones. De ahí que intenten aprobarlo por el procedimiento más rápido posible. Poco les importan las formalidades democráticas. Han escogido la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos, en lugar de un proyecto de ley elaborado por el Gobierno, con lo que evitan que el texto tenga que ser informado por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial. Y, por si esto fuera poco, se acuerda tramitarla por el procedimiento de urgencia.

La rapidez tiene su contrapartida en que son todos los parlamentarios del PSOE y de Podemos los que quedan enfangados. En los indultos solo era el Gobierno el implicado. Aquí sería el conjunto de los congresistas y senadores, en realidad la totalidad de los militantes de los partidos. En estos momentos no vale separar lo nacional de lo local. Las ejecutivas de los formaciones políticas y los parlamentarios de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, etcétera, quieran o no, serán cómplices de los desafueros del Gobierno.

republica.com 24-11-2022



EL BCE Y EL ENDIOSAMIENTO DE SÁNCHEZ

ECONOMÍA, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, noviembre 21, 2022 12:47:37

No era preciso tener dotes proféticas para adivinar la reacción que iba a tener el Banco Central Europeo (BCE) ante el impuesto que piensa imponer el Gobierno a la banca. Es curioso que a los que se les llena la boca de hablar de Europa después actúan como si la Unión Monetaria no existiese. Sobre todo, se olvidan de las grandes limitaciones que ello significa. Desde la crisis del 2008 la solvencia de las entidades financieras forma parte de las preocupaciones de las instituciones comunitarias y, entre ellas, en este cometido el BCE ocupa un puesto de preeminencia.

La creación de la unión bancaria aparecía como una necesidad. Bien es verdad que, a pesar de haberla establecido y hasta la fecha, tal unión no ha servido para socializar entre todos los países las pérdidas. Las insolvencias acaecidas últimamente han recaído sobre los propios accionistas de la entidad o sobre el erario público del respectivo Estado, y de ningún modo sobre Bruselas. Pero lo que sí se ha transferido a las autoridades comunitarias es la supervisión y vigilancia de las entidades financieras. Los bancos centrales de los distintos Estados han pasado en cierto modo a ser sucursales del BCE.

Tampoco era necesario afinar mucho para adelantar algunas de las objeciones que iba a poner Frankfurt (ver mi artículo en este periódico del 4 de agosto de 2022, titulado “Impuesto a los depósitos bancarios”). Mas allá de las deficiencias técnicas de la norma (cosa casi generalizada en las leyes de este Gobierno) y de la posibilidad de que la tumbe la justicia, el BCE coloca como una de las objeciones principales el hecho de que el gravamen gire sobre el margen de intereses y las comisiones, y no sobre los beneficios, con lo que se puede distorsionar el funcionamiento del mercado financiero y dañar la solvencia de los bancos, tanto más cuanto que el tributo no es generalizado.

Pero, sobre todo, Frankfurt destaca la prohibición que establece la norma de que las entidades financieras repercutan el gravamen sobre los clientes, cuyo cumplimiento resulta totalmente imposible de comprobar. Las entidades financieras tienen suficientes mecanismos para trasladar el impuesto, con lo que la prohibición se convierte en un brindis al sol.

Además, el BCE no ha visto con buenos ojos que se designe al Banco de España como cancerbero de la observancia de un mandato totalmente irrisorio, que cae fuera de sus funciones e incluso en cierto modo se opone a ellas, ya que el BCE ha establecido, nos guste o no, que las entidades financieras deben repercutir todos sus costes a los clientes.

Lo que sí nos debería haber sorprendido, aun cuando estemos curados de espanto, es la reacción tan visceral, zafia y fuera de tono que han tenido todos los miembros del Gobierno ante el informe del BCE. Quizás el mayor exabrupto, excluyendo el de Sánchez, haya sido el protagonizado por el ministro de Seguridad Social, y es que los conversos suelen llevar las cosas hasta el extremo para que se les perdonen los pecados pasados.

Lo único que se le ha ocurrido decir es que el informe es de corta y pega. Debe de conocer bien esa técnica, ya que su señorito la domina a la perfección, como demostró con su tesis doctoral, y él mismo la ha aplicado en la elaboración del ingreso mínimo vital y en su reforma de las pensiones, que son chapuzas de primer orden. Si el ministro no hubiese sido tan visceral, habría entendido que una cosa es el corta y pega y otra que una institución al elaborar un informe cite las tesis que ha mantenido en otros casos similares. En esta ocasión, transcribe lo dicho respecto de Lituania, Eslovenia y Polonia. Y ciertamente no dice mucho acerca de la salud de la democracia española que el BCE la tenga que comparar con la de estas naciones.

La traca final la protagonizó Sánchez con unas declaraciones muy a su estilo -estilo que ha transmitido a sus ministros-, la de sustituir los argumentos que no tiene por ataques personales, insultos e injurias.  Claro que primero tiene que identificar el objeto o el sujeto a quien echar las culpas y, por lo tanto, convertirlo en diana. Es una táctica muy vieja, quizás desde los sofistas. Schopenhauer la explicó de forma profusa en su obra “Parerga y Paralipómena”, cuyas conclusiones fueron recogidas por Alianza editorial en un librito titulado “El arte de insultar”.

El filosofo alemán se expresaba de este tenor: “Cuando se advierte que el adversario es superior y que uno no conseguirá llevar razón, personalícese, séase ofensivo, grosero. Personalizar consiste en que uno se aparta del objeto de la discusión (porque es una partida perdida) y ataca de algún modo al contendiente y a su persona: esto podría denominarse argumentum ad personam, a diferencia de argumentum ad hominem”.

Sánchez se ha hecho un maestro en esa táctica del argumentum ad personam. La ha practicado desde hace mucho, desde antes de ser presidente del gobierno. Todos recordamos aquel debate electoral del 13 de diciembre de 2015 en el que espetó a Rajoy aquello de “Usted no es una persona decente”. Sonó como un trallazo que dejó desconcertado incluso al propio presidente del gobierno, ya que hasta entonces nadie estaba acostumbrado a este tipo de enfrentamientos personales.

Ahora ha dado órdenes a sus ministros de que lo utilicen. Buen ejemplo de ello es la ofensiva emprendida contra Núñez Feijóo. Causa risa de lo burda que es y de lo obvia y evidente que aparece. Incluso le han acusado de no saber inglés. Si el presidente del PP hubiese sido ducho en argumentos ad personam habría podido contestar que peor que no saber inglés es saber solo inglés, que es lo que le pasa a Sánchez.

Esa misma táctica es la seguida contra el informe del BCE que tan mal ha sentado en el Gobierno. La reacción no se ha basado en ningún argumento racional, sino en ataques personales. Para ello ha escogido como objetivo al vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, basándose en que fue ministro de Economía de Rajoy. El plan ha resultado ingenuo. Es difícil de creer que un informe del BCE firmado por su presidenta obedezca únicamente a la animadversión de un miembro del Consejo.

Este menosprecio de Sánchez, dados sus antecedentes, no debería sorprendernos. No obstante, en esta ocasión sí hay un motivo para el asombro, el hecho de que el contrincante sea el BCE, entidad que mantiene en su balance más del 30% de la deuda española y que es la única institución europea realmente con poder. Colocó a la economía griega al borde del abismo hasta que hizo rectificar al entonces Gobierno de Tsipras. Fue el que tuvo que salvar a España e Italia del acoso de los mercados, pero, en contrapartida, les obligó a duras medidas y ajustes.

Ciertamente sería ingenuo pensar que por este enfrentamiento el BCE vaya a tomar represalias vendiendo la deuda pública española. Pero la situación actual es sumamente crítica. Ante la desmedida inflación, el BCE debe cambiar de política. Por lo pronto ha tenido que subir los tipos de interés, pero todo hace pensar que tendrá que pasar de comprar bonos a desprenderse de ellos en el mercado para drenar liquidez y reducir así la demanda. En esto no se distingue de otro banco central cualquiera, como la Reserva Federal de EE. UU. o el Banco de Inglaterra. No obstante, sí existe una notable diferencia, la Unión Europea ni es un Estado ni constituye una única economía; por el contrario, se compone de veintisiete países muy heterogéneos y con un stock de deuda pública enormemente dispar.

El BCE prevé que no podrá vender títulos de algunos países, y que incluso tendrá que continuar comprándolos si no quiere que los mercados apuesten contra ellos y que su prima de riesgo se dispare, tal como ocurrió en 2012. Es decir, que se va a producir la fragmentación del mercado, deberá vender títulos de la mayoría de los países, pero se verá obligado a comprar de algunos otros como Italia, España y, por supuesto, Grecia.

Ha habido que crear un nuevo instrumento mediante el cual se comprará los títulos de aquellos países que lo necesiten, pero con requisitos y obligaciones que forzosamente habrá que cumplir. Es decir, que dentro de muy poco parece que vamos a depender del BCE más de lo que querríamos, y que estaremos sometidos a su dictamen y a sus condiciones. No me parece que sea el momento para la petulancia, la soberbia y el desplante. En estas circunstancias la altivez se convierte en imprudencia.

republica.com 17- 11-2022



CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN

APUNTES POLÍTICOS, PARTIDOS POLÍTICOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mié, noviembre 16, 2022 00:28:28

Pocas dudas existen de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituye una necesidad y un bochorno que los consejeros de este órgano lleven cuatro años con el mandato caducado. Situación que se ha agravado con la ley elaborada ad hoc por este Gobierno, encaminada a despojar al Consejo, mientras está en funciones, de las competencias para cubrir vacantes. Resulta un cierto contrasentido privarle de las funciones precisamente cuando está en funciones. Se está creando así una situación caótica en la justicia -aunque tal vez buscada por el Gobierno- al permanecer muchos puestos vacantes.

A pesar de todo ello, hay que decir que seguramente es preferible que se haya producido la ruptura de las negociaciones al establecimiento de un mal acuerdo. Existen sospechas fundadas de que el arreglo que al final iba a pactarse tendría efectos más negativos sobre la justicia que mantener la situación actual. La razón no se encuentra en que el Gobierno vaya a modificar el Código Penal para reducir el delito de sedición. Es una ingenuidad que el Partido Popular se creyese los cantos de cisne y promesas del sanchismo. Mantenerse en el poder en esta legislatura, y sobre todo la esperanza de continuar en la próxima, depende de la permanencia del conglomerado Frankenstein. De ahí la necesidad y el verdadero motivo del cambio legislativo que se pretende hacer y no ese tonto argumento, que por mucho que se repita no deja de ser falaz, el de acomodarnos al resto de los países europeos. Al margen de nominalismos, sea cual sea el nombre que se le dé, todos los Estados castigan con penas muy severas el delito de atentar contra la unidad del Estado.

La causa de recelar del acuerdo tampoco se halla en que no sean los jueces los que hagan la designación. Era evidente que el PSOE no quería cambiar la ley, y las promesas, en el caso de que Sánchez se hubiese plegado a ellas, no ofrecían ninguna garantía de que la norma se modificase finalmente. Con todo ello se debería haber contado a priori. El verdadero motivo de desconfiar del acuerdo es la sospecha de que en el fondo

se iba a seguir el mismo procedimiento de siempre, el sistema de reparto de consejeros entre los dos partidos mayoritarios de acuerdo con sus afinidades políticas, en lugar de llegar al consenso mediante la convergencia de ambas formaciones acerca de quiénes son los candidatos más capacitados e independientes.

Existe un precedente reciente: el Partido Popular de Pablo Casado, después de meses y meses censurando el procedimiento y denunciando con buen fundamento su dudosa constitucionalidad, aceptó nombrar a los consejeros del Tribunal de Cuentas por el mismo método, por el sistema tradicional de reparto (ver mis artículos del 11-11-2021 y del 10-3-2022). El resultado fue que el Tribunal cambió en pocos días su propio criterio acerca de las garantías a exigir a los responsables de la malversación de fondos públicos llevada a cabo en los actos de publicidad y propaganda en el extranjero, y orientados a preconizar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre en Cataluña.

La mutación ha recaído sobre un fallo cuya conclusión era tan evidente que la decisión tomada ahora por la Sección de Enjuiciamiento quebranta las normas básicas del Derecho financiero y de la Hacienda Pública, y contradice los principios más elementales de la lógica y del sentido común. ¿Cómo se va a garantizar con dinero público que el erario recupere los recursos defraudados?

El mecanismo de reparto se opone si no a la letra, sí al menos al espíritu de la Constitución. El Gobierno repite hasta la saciedad que el Partido Popular no cumple la Constitución. Piensa en esto, como en tantas cosas, y puede ser que tenga razón, que a base de repetir una burda mentira la ciudadanía termina por asumirla como verdad. Sin embargo, la falacia se desinfla en cuanto analizamos con cierto rigor lo que dice la Carta Magna, tal como pretendí hacer en mi artículo de 23 de septiembre de 2021 en este mismo periódico digital.

La Constitución española en el apartado 3 del artículo 122 establece que el CGPJ se compone de veinte miembros. Ocho de ellos deben ser abogados u otros juristas de reconocida competencia, elegidos cuatro de ellos por el Congreso y cuatro por el Senado por mayoría de tres quintos. Los doce restantes serán seleccionados entre magistrados y jueces de todas las categorías judiciales y por el procedimiento que establezca una ley orgánica. Aun cuando es cierto que para estos últimos consejeros la Carta Magna no dispone la forma de designación, se puede concluir que no estaba en la intención del legislador que fuese la misma que la de los otros ocho miembros, porque, de ser así, no se hubiese establecido distinción entre ambos grupos o, al menos, solo en lo relativo a su procedencia.

En 1980, durante el Gobierno de UCD, las Cortes aprueban la primera ley orgánica sobre esta materia y en ella se estipula que estos doce consejeros sean elegidos por todos los jueces y magistrados en servicio activo mediante voto personal, igual, directo y secreto. No obstante, este procedimiento fue efímero porque en 1985 el PSOE en el gobierno elaboró una nueva ley orgánica en la que se cambia la elección de los doce jueces, y se determina que se realice de la misma forma que dispone la Constitución para los otros ocho miembros, es decir, entre aquellos que provienen del colectivo de abogados y juristas de reconocido prestigio.

Desde ese momento hasta la actualidad, aun cuando haya habido pequeños cambios, los veinte miembros que componen el CGPJ son designados por las Cámaras por mayoría de tres quintos. Pero con todo, la mayor gravedad no radica sin más en este cambio, sino que en la práctica, en una interpretación incorrecta, ha llevado a que los dos partidos mayoritarios terminasen repartiéndose los puestos, en función de sus afinidades políticas. Es a este peligro al que se refería el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia del 29 de julio de 1986 en la que -aun sin declarar inconstitucional el procedimiento, ya que no se oponía de forma directa a la letra de la Constitución- advertía de los efectos negativos que podían derivarse de su aplicación:

«Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el poder judicial… La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución».

Hace treinta y cinco años de esta exhortación del TC, y si exceptuamos algunos retoques efectuados en 2001 y 2013, que no cambian sustancialmente el procedimiento, la ley continúa sin modificarse en este aspecto, y, lo que es peor, el riesgo del que avisara el Tribunal Constitucional se ha hecho realidad a lo largo de todos estos años. Y no solo en lo referente al CGPJ, sino en general a todos los organismos cuyos miembros deben elegirse por las Cortes y para los que se ha establecido una mayoría cualificada.

De todo esto se deduce:

  1. Que el Gobierno no pinta nada en la elección. Son el Congreso y el Senado los que tienen que elegir por esa mayoría cualificada y, por lo tanto, las formaciones políticas que pueden conformarla. De aquí que esté fuera de lugar la pretensión de Podemos de hacerse con un puesto, al tiempo que no puede por menos que chirriar cuando las formaciones a la izquierda del PSOE han criticado siempre el sistema de reparto, y ahora no solo lo defienden, sino que se apuntan a participar en el pastel.
  2. La Constitución no obliga a ningún diputado ni senador a votar a un consejero que no considere apto, y por consiguiente ninguna formación política debe dar su aquiescencia a uno o varios candidatos que piensen que no son los adecuados por el simple hecho de que en contrapartida la formación política contraria acepte a los propios aspirantes.
  3.  Si la Constitución exige la mayoría cualificada de tres quintos es para evitar toda posibilidad de politización del órgano. En principio, el hecho de que cada consejero cuente con la aprobación como mínimo de tres quintas partes de los diputados o de los senadores debería garantizar, al ser una persona de consenso, su neutralidad e independencia, sin adscripción partidista alguna.
  4. Lo cierto es que, del modo en el que se ha venido aplicando desde 1985, el resultado ha sido el inverso. Tal como previó el  TC, se ha consolidado una corruptela: los partidos se han distribuido los puestos, nombrando cada uno de ellos a los más proclives a su formación política. La conclusión es que los elegidos son los más politizados (en el mal sentido del término) e incluso en algunos casos los más sectarios. Tan es así que se continúa hablando de consejeros conservadores y progresistas.
  5. No estar dispuestos a votar a favor de la propuesta del PSOE no se puede decir que sea atacar la Constitución como se esfuerzan por afirmar una y otra vez todas las fuerzas del sanchismo; más bien, como mantiene el TC, el atentado la Carta Magna consiste en la distribución de los puestos a cubrir entre las fuerzas políticas, segun se hizo en la elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas, y existía el peligro de que la negociación entre el PSOE y el PP, ahora suspendida, transitara por el mismo camino.

Resulta un tanto estrambótico que Sánchez acuse a alguien de no cumplir la Constitución cuando accedió al gobierno y se mantiene en él gracias a las alianzas que ha establecido con formaciones secesionistas que se levantaron contra la Carta Magna y que atentaron contra la unidad del Estado; es más y que repiten constantemente en forma de reto que volverán hacerlo.

Resulta también bastante irónico que Sánchez grite que las leyes se cumplen al tiempo que pacta con los independentistas catalanes contravenir la sentencia de los jueces acerca del veinticinco por ciento del uso del castellano en la enseñanza y cuando el TC ha declarado contrarios a la Constitución varios de los acuerdos de este Gobierno. Incluso, parece que Sánchez adopta determinadas decisiones, consciente de que son inconstitucionales y de que en el futuro pueden declararse tales, y por eso está tan empeñado en controlar las instancias judiciales.

republica.com 10-11-2022



TRAYECTORIA ERRÁTICA DE LA POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA

ECONOMÍA, EUROPA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mar, noviembre 08, 2022 00:34:42

La concisión que precisa un artículo me dispensa de remontarme en el tiempo más allá de la Unión Monetaria. Además, la creación del euro es el punto de partida de las mayores contradicciones y quizás la expresión más clara del despiste de los mandatarios europeos. Por otra parte, tras la moneda única la izquierda no tiene más remedio que cambiar sus planteamientos económicos, ya que los países miembros han perdido su soberanía monetaria.

Fue Mitterrand, y Francia con él, quien dio el patinazo de mayor envergadura. No era ningún secreto que Alemania desde hacía tiempo abrigaba el anhelo de la reunificación, en realidad de la absorción de la Alemania democrática por la Alemania Federal. Pero la operación tenía repercusiones muy serias sobre toda Europa. Kohl necesitaba lograr de algún modo la aquiescencia de los otros miembros y especialmente de Francia, que junto con Alemania formaba ya el núcleo duro de la Unión Europea.

La reunificación asustaba a Mitterrand por los desequilibrios que podía representar en Europa una Alemania fuerte. Así que impuso como condición la creación de la Unión Monetaria. De esta manera se privaba, según él, al país germánico de lo que se pensaba que era una de sus más sólidas columnas, el marco, y se ahuyentaban los fantasmas del pasado.

El despiste del mandatario francés fue monumental y con él el de otros muchos líderes europeos, como Felipe González, puesto que ha sido el euro tal como se aprobó en Maastricht y el modo en que se configuró la Eurozona lo que precisamente permite a Alemania mantener, sin armas ni ejércitos, la supremacía sobre toda Europa. Supremacía que aparentemente es económica, pero que deriva inevitablemente en política. Alemania es la gran beneficiada de la moneda única.

La Unión Monetaria se constituyó sin integración fiscal. Tan solo se impuso a los países miembros la obligación de mantener cierta disciplina presupuestaria, de manera que la política fiscal no fuese un obstáculo para la monetaria. Sin embargo, se desechaba integrar aquellos elementos de la política fiscal que podían implicar una dinámica redistributiva.

Esta configuración jugaba a favor de los países económicamente fuertes, y por tanto de Alemania. Situación que se ha ido haciendo más y más patente a medida que se iba consolidando la moneda única. Quizás la magnitud que puede medir mejor estos desequilibrios progresivos sea el stock de deuda pública y su evolución a lo largo del tiempo.

En el año 2000, momento de la introducción del euro, esta variable en Alemania, España, Francia y Portugal alcanzaba un porcentaje parecido del PIB: (59,1%, 57,8% 58,9% y 54,29%, respectivamente) Solo Italia (109,0%) y Grecia (104,9%) se salían de la tónica. En 2021 la situación ha cambiado por completo. En Alemania, en estos veinte años, el porcentaje ha crecido mínimamente (69,3%), mientras que en el resto de los países -España (118,4%; Francia (112,9%); Portugal (127,4%); Italia (150,8%); Grecia (193,3%)- el incremento ha sido sustancial, casi hasta doblar el porcentaje en la mayoría de los casos. La causa de esta diferencia no se encuentra (como pretenden algunos) en la mayor o menor frugalidad de las naciones, sino de la situación que estas ocupan en la economía de la Eurozona.

La preeminencia de Alemania tanto en el orden económico como político ha hecho que la estrategia aplicada en la Eurozona haya sido anárquica y aparentemente incoherente, puesto que puede adoptar las formas más contradictorias en función tan solo de las conveniencias del país germánico.

Este sesgo apareció muy pronto tras la creación del euro, ya en 2004, cuando Alemania, juntamente con Francia, incumplió las condiciones del pacto de estabilidad que este mismo país había impuesto. El comisario europeo en materia económica a la sazón, Joaquín Almunia, con la aquiescencia del resto de la Comisión, tuvo que hacer malabares para justificar por qué no se abría expediente por déficit excesivo.

Pero quizás la contradicción y la incoherencia más clara la constituye la diferente política que la Comisión y Europa en general están aplicando en la actualidad respecto a la que utilizaron en la anterior crisis. En ella se impuso una política rigurosa e intolerante, obligando a los países del Sur a toda una serie de recortes con efectos profundamente negativos para ellos y de la que, como en el caso de Grecia, aún no se han recuperado.

Esa política rígida se mantuvo bastante tiempo, incluso cuando el Banco Central Europeo estaba enfrascado en una política monetaria fuertemente expansiva, sin que por ello lograse situar la inflación en los límites del 2%. Draghi, con buen criterio, recordaba a los gobiernos de todos los países que, tal como afirmó en su tiempo Keynes, existía la trampa de liquidez. La política monetaria necesitaba de la fiscal para reactivar la economía. La llamada del presidente del BCE se dirigía a todos los gobiernos, pero principalmente a los que tenían margen presupuestario, los países del Norte, entre los que ocupaba un papel primordial Alemania.

Desde luego el ruego no fue atendido. Es más, desde Alemania se elevaron muchas voces encabezadas por el Bundesbank que criticaban las actuaciones del banco emisor, en su opinión muy expansiva. Se ha alegado siempre como disculpa el miedo del país germánico a repetir las desastrosas experiencias sufridas en el pasado con el incremento galopante de precios.

Pero lo cierto es que el miedo era totalmente infundado porque durante bastantes años no hubo ningún peligro de inflación. Más bien al contrario, la tasa estaba muy por debajo de ese 2% en la que se ha convenido que deben moverse los precios para que la economía funcione adecuadamente. La verdadera razón de mantener una política tan rígidamente restrictiva y los recortes en el gasto público es que le convenía a Alemania para garantizar así el cobro de las deudas de las que eran titulares sus bancos.

La ortodoxia y la rigidez presupuestaria de aquellos años contrastan con la situación actual. Nada más declararse la epidemia se dejaron en suspenso las reglas fiscales, pero incluso con anterioridad y de forma unilateral Alemania había decidido ya salir en auxilio de sus empresas con dificultades; violaba así uno de los sacrosantos preceptos de la UE, la prohibición de las ayudas de Estado, que se piensa que constituyen un peligro para la competencia y el mercado único.

En aquellos momentos la cuestión no era especialmente peligrosa, dado que la tasa de inflación se mantenía en cotas muy bajas e incluso cuando comenzó a elevarse el BCE creyó que la subida de precios era pasajera, ocasionada por las dificultades en los suministros, generadas en la pandemia, así que continuó manteniendo la misma política y comprando títulos en el mercado.

Durante las etapas duras del Covid quizás podía estar justificado que se relajasen las reglas presupuestarias, aunque da la impresión de que muchos países, incluyendo la misma Alemania, adoptaron la ley del péndulo pasando de un extremo a otro, con lo que en la mayoría de los casos se ha incrementado de manera alarmante el endeudamiento público. Todo el mundo se ha sentido libre para gastar o bajar impuestos como si el dinero público no tuviese fin y como si no existiese el coste de oportunidad.

La situación ha adquirido mayor gravedad después de la invasión de Ucrania por Rusia. La inflación se ha disparado hasta cotas desconocidas desde muchos años atrás. El BCE se ha visto obligado a cambiar de política elevando los tipos de interés y se supone que invirtiendo su actuación en los mercados, vendiendo títulos en lugar de comprarlos. No obstante, la UE ha prolongado la suspensión de las reglas fiscales, con lo que se da a los gobiernos nacionales barra libre en materia presupuestaria. Es decir, la política fiscal se orienta en sentido contraria a la monetaria.

En esta línea el primer país en pronunciarse ha sido Alemania anunciando que va a emplear 200.000 millones de euros (5% del PIB) en auxiliar a sus empresas y ciudadanos. Esta noticia ha levantado voces críticas en varios países miembros e incluso, aunque con sordina, en la Comisión. Consideran que puede romper el mercado único y falsear la competencia entre países, ya que muchos de ellos no pueden aplicar la misma política, puesto que no gozan de una situación fiscal tan desahogada.

En esta ocasión es Alemania la que se encuentra en peor situación pues es a su economía y a sus empresas a las que puede afectar en mayor medida la crisis energética. Una vez más serán los intereses alemanes los que terminarán imponiéndose. En el fondo no es que la política de la UE se haya hecho errática y contradictoria, ni siquiera que haya cambiado. Lo único que se ha modificado es la situación de Alemania y sus conveniencias.

Pero ello nos conduce a un problema mayor, a un enfrentamiento entre la política fiscal y la monetaria, que caminan en direcciones contrarias. Tiran de la cuerda en sentidos opuestos, y es curioso que ahora a Alemania no le importe. Mientras la política monetaria se afana por reducir la demanda a efectos de controlar la inflación, con riesgo no obstante de dañar el crecimiento, la prodigalidad de los ejecutivos de los países miembros incrementa la demanda con la finalidad de reactivar la economía, pero colaboran probablemente a la subida de los precios o al menos anulan la actuación del BCE y obligan a este a aumentar su rigor monetario.

Lo que una intenta arreglar la otra lo desbarata, y que nadie piense que una política monetaria restrictiva es menos dolorosa para los ciudadanos que la disciplina fiscal y presupuestaria. Solo que está más disfrazada y los gobiernos no se sienten implicados en ella. La donación del bono cultural, la gratuidad en el transporte público o la reducción alegre de los impuestos, puede conducir a una mayor subida de los tipos de interés con efecto inmediato en las hipotecas y en las empresas, e incluso, lo que puede ser más peligroso para países con un fuerte endeudamiento público, como Italia o España, la venta masiva por el BCE de títulos en los mercados, y la reacción de estos especulando sobre la deuda de estos Estados.

Bien es verdad que estas actuaciones de política monetaria tienen poco reflejo en las elecciones, mientras que la disciplina fiscal sí.

republica.com 3-11-2022



LA LEVEDAD DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, octubre 31, 2022 20:44:35

Para quien conozca cómo se elabora el presupuesto y, sobre todo, cómo se ejecuta, pocas cosas serán tan cómicas como presenciar a los políticos y a los medios de comunicación discutiendo sobre él, y concediéndole una importancia que está muy lejos de tener. La verdad es que desde hace mucho tiempo el presupuesto, una vez aprobado, es totalmente flexible y maleable, puede encogerse  y estirarse al antojo del gobierno de turno. Como alguien dijo, constituye un solo crédito y ampliable.

En teoría, en origen, se entendía que el presupuesto era un documento en cierto modo coercitivo, aprobado por el legislativo, que condicionaba la actuación financiera del gobierno, limitaba los gastos que este podía realizar y cuyos créditos en ningún caso podían superarse. Pero nada de ello ocurre ahora. Todos los principios presupuestarios han quedado sin valor. No solo es que los recursos pueden trasladarse de un concepto a otro, sino que también se pueden crear partidas nuevas o dejar sin efecto las existentes.

Poco importan las cantidades que figuran en el documento inicial. Lo único realmente relevante es cómo se ejecuta, pero para ese momento todo el mundo está pensando ya en el nuevo presupuesto y nadie se fija en la realización del pasado. Bueno, hay una excepción, los nacionalistas catalanes que están prestos a practicar el victimismo y gritar que el Estado les engaña; según ellos, les promete una cosa y ejecuta otra, sin considerar (o considerando) que es imposible, por la propia técnica presupuestaria, que las inversiones se realicen al cien por cien en un año.

La inestabilidad e incertidumbre del presupuesto ha llegado a su cima con este Gobierno. Todo es posible. Además de las facilidades que ofrece actualmente la normativa para modificar todo lo que se quiera el documento inicial, se encuentra la querencia y el abuso que ha adoptado Sánchez de aprobar decretos leyes cada poco, con lo que se puede disponer de todo tipo de gastos que no están incluidos ni previstos en los presupuestos. Todos estos gastos no constituyen un plan coherente de estímulos y prestaciones sociales diseñado previamente, sino un conjunto de ocurrencias que van jalonando su gobierno al unísono de lo que cree que le conviene electoralmente.

Este sistema de conceder las ayudas y subvenciones sin planificar, separadas en diversos cajones y sometidas a todo tipo de condiciones genera una casuística de tal calibre que resulta imposible de gestionar y de controlar. La mayoría de las veces la tarea se encomienda a la Agencia Tributaria que es la única entidad que puede disponer de alguna información acerca de las condiciones y requisitos que se solicitan; no obstante, el conocimiento del que dispone es muy incompleto y reducido a los datos fiscales y a la declaración de la renta de cada uno, de manera que saldrán precisamente beneficiados aquellos que hayan cometido fraude o tengan propiedades o ingresos opacos para el fisco.

En cualquier caso, es indudable que se está echando sobre este organismo una carga de trabajo que va a dificultar seriamente su labor principal, perseguir el fraude. Todo comenzó con el ministro Escrivá y ese disparate del ingreso mínimo vital que, al haberse diseñado como un impuesto negativo sobre la renta, resulta imposible gestionar y mucho menos controlar. Ante el fracaso conseguido hasta ahora, el ministro, siguiendo la tónica de este Gobierno, lo achaca todo a la falta de información y para solucionarlo ha tomado una roulotte y se ha dispuesto a recorrer todos los rincones de España. El problema, sin embargo, no es de conocimiento, sino de diseño y definición.

La forma sanchista de ejecutar el gasto público obliga a ver con cierta ternura la reacción de Podemos con respecto al incremento de los gastos de defensa. Se han conformado con el hecho de que no se haya incluido dentro del techo del gasto, pero ni eso ni que no figuren en el presupuesto constituye garantía alguna de que no se vayan a realizar. En realidad, ni siquiera estando en el gobierno los lideres de Podemos se han enterado de los incrementos sufridos en esta partida a lo largo del presente ejercicio.

También creo que se encuentran bastante desorientados aquellos que critican al Gobierno por haber presentado los presupuestos sobre unas estimaciones macroeconómicas erróneas. Piensan que conducirá a que los ingresos acaben siendo muy inferiores a los previstos. Pocas dudas caben de que el crecimiento económico será bastante menor que el anunciado por el Gobierno, pero es muy posible que la inflación sea mayor y por lo tanto se compensen.

Que los precios afecta también a los ingresos es algo que durante mucho tiempo parecía olvidado, especialmente cuando se atacaba la indización de las pensiones por tratarse de, se decía, una carga inasumible para el Tesoro, sin considerar que los ingresos públicos se habían incrementado por la inflación al menos en el mismo porcentaje.

Para justificar, o hacer al menos más digerible el ataque a la actualización de las pensiones, algunos terminan su diatriba salvando de su crítica a las prestaciones más reducidas, sin especificar dónde se sitúa el límite. Lo cierto es que, aunque se diga lo contrario, todas las pensiones son bajas. Desde 1985 la máxima está plafonada. No hay ninguna pensión de la Seguridad Social por encima de 30.000 euros brutos anuales. Por lo menos hasta ahora. Es posible que esto cambie en el futuro gracias a los inventos creados por Escrivá. Es contradictorio que se pida la deflactación de la tarifa del IRPF para los contribuyentes con rentas hasta los 30.000 o 40.000 euros anuales y al mismo tiempo se promueva que a los pensionistas se les rebaje la prestación en términos reales.

Hubo una cosa en la que el gobernador del Banco de España no estuvo acertado el otro día en el Congreso. Manifestó el peligro que representa la actualización de las pensiones por el IPC. Razón: que constituye un gasto estructural, es decir, que se consolidará para el futuro mientras que los ingresos extraordinarios (si se les puede llamar así) obtenidos por la inflación y que financiarían en este ejercicio la regularización son coyunturales. Pero eso no es cierto. Lo que parece olvidar el gobernador es que el nivel de precios de este año se traslada al siguiente y con él el mismo monto de ingresos, siendo por tanto su subida estructural y consolidada para el futuro.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no se entiende demasiado el interés del Gobierno por sacar adelante los presupuestos a pesar de que sabe que va a tener que pagar cuantiosos chantajes a la legión de socios que precisa para su aprobación. Todo lo que va a poder hacer con el nuevo presupuesto se podría hacer con el actual prorrogado. Hay que pensar que más que una conveniencia o necesidad económica se trata de un interés político. El objetivo es sobre todo de representación, de propaganda. Pretende hacer ver que este Gobierno es estable y cuenta con los apoyos necesarios para aprobar unos presupuestos. Efecto contagio y persuasión. Es lo mismo en lo que confía conseguir Tezanos cuando falsifica las encuestas.

republica.com  27-9-2022



EL GOBIERNO DE LA GENTE

GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mié, octubre 26, 2022 10:24:27

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Resulta evidente que Sánchez tiene una capacidad infinita de actuar camaleónicamente. Puede metamorfosearse y adoptar las posturas y relatos más dispares. Ahora, su discurso se dirige a convencernos de que él es el defensor del pueblo y de que se ve acosado y perseguido por oscuras fuerzas económicas y mediáticas que son las que manejan a la derecha. Incluso ha llegado a afirmar que a Feijoó lo han nombrado los poderes fácticos. Este planteamiento choca frontalmente con el hecho de que los últimos años haya querido comenzar el curso rodeado de los principales empresarios del país. Ha dado preferencia a esos cenáculos en detrimento de las Cortes.

Pero es que, además, ese discurso tiene escaso recorrido. Y no es que yo no crea que existan tanto en España como en Europa fuerzas económicas y lobbies dispuestos a influir todo lo posible en las decisiones políticas, pero creo también que hay una profunda diferencia entre el Estado liberal y el social. Solo en el primero se hace realidad la definición del gobierno como el consejo de administración de las clases dominantes.

En el Estado social, el poder político es democrático y constituye el contrapeso del poder económico. Los gobiernos tienen tantos medios e instrumentos en su mano que se convierten en la fuerza más poderosa dentro de la sociedad y son capaces de controlar, si así lo quieren, a todos los poderes fácticos. Incluso a menudo estos se esfuerzan por adularles y lograr de ellos dádivas y beneficios. El peligro estriba en que el Estado se convierta en benefactor, pero de las empresas y del mundo económico.

Hoy por hoy, no habrá nadie más poderoso que Sánchez. Los medios económicos y mediáticos con los que cuenta son innumerables, sobre todo en cuanto ha decidido utilizarlos -incluyendo el BOE- con total discrecionalidad y a su antojo. Por citar tan solo un ejemplo, pero que resulta evidente, ahí están los fondos de recuperación, a través de los cuales tiene a los grandes empresarios con la boca abierta como gorriones esperando recibir el alpiste.

Bien es cierto que este poder de los gobiernos es precario, tiene fecha de caducidad, porque en los regímenes democráticos depende de la voluntad del pueblo que, con mejor o peor fortuna, con mayor o menor acierto, pone y quita el poder. Por eso Sánchez, a medida que se acerca la fecha de las elecciones y las encuestas no le son favorables, se reviste camaleónicamente de izquierdista, se gira a ese nuevo término que ha inventado, la clase media trabajadora, y crea enemigos imaginarios poderosos, en muchos casos aquellos que han sido sus amigos y aduladores. Y bautiza a su gobierno como el de la gente.

Pero el caso de Sánchez es muy particular, la aquiescencia que ha obtenido de la gente no ha sido nunca muy numerosa. No se ha caracterizado por obtener en ningún caso buenos resultados electorales; los peores del PSOE en toda su historia. Para llegar al poder y mantenerse en él ha necesitado el apoyo de otros muchos partidos, entre ellos los golpistas de Cataluña y los independentistas y herederos de ETA del País Vasco. En realidad, más que llamarlo el gobierno de la gente sería más propio afirmar que es el gobierno de Otegui, de Rufián y de Oriol Junqueras.

Este gobierno es el de Bildu, el de Esquerra, el del PNV y en general el de todas las formaciones políticas que cuestionan la unidad del Estado. Primero porque lo han manifestado ellos, “es el gobierno que más nos conviene, nunca íbamos a estar mejor”. Segundo porque son los que lo han hecho posible. De hecho son lo que han nombrado a Sánchez. Tercero porque son los que le gobiernan y, por lo tanto, también a España. Ellos son los auténticos poderes fácticos. ¡Oh, paradoja!, son los que mandan en el Estado cuando al mismo tiempo, según han dicho, les importa un comino su gobernabilidad. Hoy por hoy solo tienen una limitación, la del poder judicial, e intentan por todos los medios controlarlo.

En realidad, entre todos han constituido un sindicato de intereses. Por eso la unidad parece indisoluble. No importa que se amenacen con la ruptura. Da igual que se griten y se critiquen unos a otros. Cada uno de ellos puede estirar la cuerda, pero sin llegar nunca a  romperla. Todos juegan al póker, y ninguno está dispuesto a romper la baraja. Se cumple lo que Crispín sentenciaba en “Los intereses creados” de Benavente: “Para salir adelante, mejor que crear afectos es crear intereses”.

Sánchez asume este principio. Sabe que la posibilidad de mantenerse en el poder no depende tanto de los afectos suscitados como de los intereses creados. Es más, es consciente de que una condición necesaria para volver a ser presidente del gobierno es mantener vivos esos intereses. Sin ellos, de ninguna manera podrían alcanzar de nuevo la Moncloa. Pero, al mismo tiempo, también sabe que es esto lo que le debilita electoralmente. De ahí que intente alejar la atención de los ciudadanos de sus alianzas y coloque el debate en términos de izquierda y derecha, haciéndose pasar por lo que nunca ha sido, y se empeñe en denominar a su gobierno como el de la gente.

Pero no parece que el engaño esté surtiendo efecto. Habrá muchos electores que se pregunten si votar a Sánchez no es lo mismo que votar a Rufián, Otegui y Oriol Junqueras. Resulta muy significativa la pancarta que apareció en el acto de Sevilla: “Que te vote Txapote”.

republica.com 20-10-2022



REBAJAS FISCALES A GOGÓ

HACIENDA PÚBLICA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mié, octubre 19, 2022 23:01:47

No entraré en la refriega que se ha suscitado acerca de la política fiscal; más que refriega, caos, ruido poco armonioso. Tampoco entraré a dilucidar quién tiene razón. En principio, soy contrario a todo lo que signifique rebaja fiscal, sobre todo en los momentos actuales. Pero también soy reacio a esa tómbola que ha implantado el Gobierno y que constituye un cúmulo de ocurrencias en el que no se sabe muy bien por qué se beneficia a ciertos colectivos y no a otros. Valgan de ejemplo los cuatrocientos euros del bono cultural, o la gratuidad en cercanías o en los trenes de media distancia. Supongo que los extremeños, con un fuerte déficit de estructuras  ferroviarias, estarán muy contentos.

Estamos ya en campaña electoral y todos los partidos y las Comunidades están dispuestos a conceder toda clase de prebendas o reducción de impuestos con el argumento de que hay que beneficiar a la clase media trabajadora, nuevo término que se está haciendo tópico, sin que nadie sepa muy bien dónde comienza y dónde termina. Todas esas prodigalidades tienen su contrapartida, con efectos quizás más negativos y perniciosos para los estratos sociales bajos y medios: obligar al BCE a endurecer la política monetaria con la finalidad de controlar la inflación.

Al margen de la algarada y de lo que cada uno defienda, lo que no es aceptable es que se intente engañar al personal presentando datos falsos o inferencias incorrectas, bien sea con mala fe o simplemente por ignorancia. La rueda de prensa de la ministra de Hacienda en la que presentó de prisa y corriendo las nuevas medidas fiscales constituyó un compendio de ese comportamiento.

Reiteró por activa y por pasiva que las novedades obedecían a una finalidad, la de gravar a los ricos y beneficiar a los pobres, cantinela que han repetido todos los ministros, ministras e incluso ministres si los hubiese. La finalidad parecía muy loable puesto que para eso está el sistema fiscal, para garantizar la suficiencia del Estado de bienestar y también como factor de redistribución de la renta. Pero las medidas que presentó la ministra están muy lejos de eso y  no son más que mera representación y propaganda.

En teoría, crean un nuevo gravamen al que denominan de solidaridad, pero ni es tan nuevo ni mucho menos general, ya que tendrá efecto exclusivamente sobre los contribuyentes de aquellas Autonomías que en mayor o menor medida hayan desactivado el impuesto de patrimonio, puesto que lo pagado por este tributo será deducible en el nuevo gravamen.

En realidad, la finalidad no parece ser tanto la de gravar a los ricos, tal como afirman, si no la de armonizar por la puerta de atrás el impuesto de patrimonio que aplican los distintos gobiernos regionales. En el fondo obedece a la necesidad de dar satisfacción a Esquerra Republicana que después de haber demandado durante largo tiempo la autonomía normativa en materia fiscal se queja ahora de que la ejerzan algunas Comunidades. Es más, el comportamiento lógico de las Autonomías después de la aprobación de la medida sería situar en el tope máximo el impuesto de patrimonio, ya que lo que no se pague por él a las Autonomías se satisfará al Estado con el nuevo gravamen. Es muy probable, por tanto, que esté quede vacío de contenido.

Siempre he denunciado los efectos perversos que genera la falta de armonización fiscal en Europa y la ausencia de voluntad política de los mandatarios de corregirla. En cuanto a España, no se precisaría la armonización si no se hubiese roto la unidad tributaria, transfiriendo la potestad normativa a las regiones. El problema no se encuentra solo en el impuesto de patrimonio, que parece ser lo que preocupa al Gobierno y a Esquerra; la disparidad en el IRPF es considerable y tal vez más grave. Las deducciones son de lo más variado en correspondencia con las ocurrencias de los respectivos gobiernos.

¿Y qué decir del régimen fiscal del País Vasco? Mientras permanezca, es difícil que se pueda hablar de armonización con sentido. Por otra parte, a la hora de homogeneizar sería preciso hacerlo también con otros muchos factores. Por ejemplo, con el ingreso mínimo vital (Escrivá no se atrevió) o con los salarios de los policías, o las retribuciones de los presidentes y de ahí hacia abajo toda la Administración.

En ese papel de Robin Hood que pretende asumir Sánchez de cara a las próximas elecciones, completa el llamado impuesto de la solidaridad con pequeños cambios en el IRPF. Se proyecta la subida de un punto en el tipo marginal de la tarifa de las rentas de capital al colectivo que ingresa por este concepto de 200.000 a 300.000 euros anuales y dos puntos a los que se sitúan por encima de los 300.000 euros.

La medida es un parche de efecto muy reducido y que tiene tan solo la finalidad de parecer que se hace algo; de hecho, resulta casi ridículo cuando se contempla la distorsión que existe entre rentas de capital y de trabajo en el IRPF. La auténtica reforma, pero que Sánchez no se atreverá a llevar a cabo nunca, es la de retornar a un impuesto personal y global en el que exista una sola base imponible, englobando en ella todos los ingresos del contribuyente y aplicando una única tarifa. Ello igualaría las rentas de capital a las de trabajo y el tributo retornaría a la progresividad del inicio. Mientras no se acometa este cambio, el impuesto tendrá un vicio de base y todas las otras modificaciones no son más que un remiendo.

Tampoco resultan mucho más serias las medidas que se suponen destinadas a reducir el gravamen a la clase media trabajadora. En este punto se falsifica la verdad, no se sabe si con la finalidad de ocultarla o tal vez por mera ignorancia. La ministra manifestó que la reducción por trabajo en el IRPF –que, en los momentos actuales, según ella, afecta al colectivo que presenta ingresos inferiores a 18.000 euros anuales- se iba a extender a aquellos que no alcanzan los 21.000 euros.

Como colofón, Montero añadió que la medida beneficiaba al cincuenta por ciento de los trabajadores, puesto que la cantidad de 21.000 euros coincide con el sueldo mediano en España. No aclaró si se trata de bruto o neto. En cualquier caso, la afirmación no es congruente porque los favorecidos, según las palabras de la propia ministra, serían solo los contribuyentes cuyo sueldo anual se encuentra entre los 18.000 y los 21.000 euros, colectivo que no parece representar un número demasiado elevado. Hay que considerar además que muchos de ellos, debido a las distintas reducciones y deducciones, no tendrían que pagar el gravamen con anterioridad al cambio.

Otra de las supuestas medidas propuesta por la ministra en el IRPF consiste en que la exención del gravamen pasaría de los 14.000 euros a los 15.000 de ingresos anuales. Es desconcertante porque en el actual impuesto no hay límite exento, tal como sí existía en otras épocas. La ministra se equivocó. Se supone que quería referirse a la obligación de declarar, que se sitúa en 14.000 euros anuales pero solo cuando hay dos o más pagadores, porque cuando hay un solo el límite se sitúa en los 22.000 euros. Como se ve, los beneficiados no son demasiado numerosos. Se reducen solo a los trabajadores con dos o más pagadores y cuyos ingresos se encuentran entre los 14.000 y 15.000 euros anuales. Resumiendo, parece bastante evidente que solo una pequeñísima parte de la clase media trabajadora (para usar la terminología de Sánchez) será la agraciada.

Las contradicciones también se encuentran en las medidas anunciadas respecto del impuesto de sociedades. El primer error, y no es exclusivo de este gobierno ya que el tema viene de lejos, consiste en hacer distinciones entre empresas grandes y pequeñas. Aplicar criterios de progresividad al terreno societario carece de todo significado. Son criterios que solo tienen sentido tratándose de gravámenes de personas físicas. Ni por el nivel de actividad ni siquiera por la cuantía de capital pueden calificarse las sociedades, ya que habría que tener en cuenta el número de accionistas. Otra cosa distinta son los gestores, pero su tributación sale fuera del impuesto de sociedades y compete al IRPF.

Hay empresas muy grandes en dificultades económicas y con una rentabilidad mínima para los accionistas, incluso algunas quiebran, como el Banco Popular, y sus socios pierden todo el capital. Del mismo modo hay empresas de tamaño reducido con una gran rentabilidad y pingües ganancias para sus socios. No hay ninguna razón para que los beneficios se graven según el tamaño con distintos tipos.

Pero es que, además, constituye una incongruencia el criterio escogido para la distinción, la cifra de negocios, según esté por debajo o por encima de un millón de euros. Con una misma cifra de negocios el tamaño de las empresas puede ser muy distinto según sea el valor añadido. Por otra parte, caen en un defecto de principiante en teoría fiscal, el error de salto. Aunque hay que reconocer que últimamente y por desgracia este fallo se ha extendido mucho en las normas tributarias de nuestro país.

Tampoco son demasiado acertadas las rebajas aprobadas en la tributación de los autónomos. Se ha generalizado la idea de la precariedad de todos ellos. Sin embargo, este colectivo es muy heterogéneo. Existe ciertamente una parte de él en situación muy difícil; muchos, en el fondo, constituyen paro encubierto y subsisten a base de no pagar apenas impuestos y de mantener unas cotizaciones sociales muy reducidas e incluso, en muchos casos, a condición de unas retribuciones personales del propio autónomo inferiores al salario mínimo interprofesional.

Habría que preguntarse si la estrategia de sostenerlos a todo trance es la adecuada o si, por el contrario, lo único que se consigue es que algunos sectores o mercados tengan más agentes económicos de los que serían adecuados, con lo que con toda probabilidad la productividad será muy reducida.

Pero junto a este colectivo existen otros con un nivel de renta muy elevado. Pensar que todos los autónomos son precarios puede conducir a resultados perversos. El sistema de módulos a base de continuas rebajas se ha pervertido y es incapaz de estimar adecuadamente los beneficios y, por lo tanto, de distinguir entre los diferentes tipos de autónomos. Reducir un cinco por ciento más los módulos es añadir otro error en la misma dirección.

republica.com 13-10-2022



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