ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Sea cual sea la opinión que se tenga de Feijóo y de su partido, es difícil no haber experimentado como un soplo de aire fresco la lectura del documento que presentó hace dos o tres semanas en Cádiz bajo el título “Plan de calidad institucional”. Frente a relatos políticos construidos de forma totalmente populista, basados en eslóganes y demagogias sin fundamentos técnicos, carentes de cualquier rigor que no sea la mera propaganda y con los que no se tiene ningún empacho en distorsionar la realidad, los treinta folios presentados por Feijóo constituyen un documento serio, con propuestas, de las que se podrá disentir, que se podrán discutir, pero que nadie podrá tildar de frívolas e inconsistentes.

Por supuesto que no es un programa de gobierno. Para serlo debería tratar otras muchas materias y quizás el juicio sobre alguna de ellas, por ejemplo en materia fiscal, no sería nada favorable. Incide tan solo en un aspecto, pero fundamental y básico en la realidad política española, quizás el más acuciante en estos momentos, las medidas necesarias para corregir los agujeros existentes en el funcionamiento de las instituciones y del Estado de derecho.

El 29 de diciembre pasado publiqué en este mismo diario un artículo titulado “Sin derecho, ni social ni democrático”. Señalaba cómo el Estado solo será verdaderamente democrático si está sometido a la ley y al derecho, y únicamente puede ser social si es democrático. Es por eso por lo que las cuestiones que planteó Feijóo son de suma relevancia, porque constituyen el requisito imprescindible a la hora de acometer la solución de cualquier otro problema político. Lo triste es que se hayan olvidado tan pronto y toda la actualidad se centre ahora en esa ley llamada del si es si.

Después de más de cuatro décadas de democracia se fue haciendo patente que nuestro Estado presentaba déficits y fallos en su funcionamiento político que precisaban corrección. En esto, nuestro país no es muy distinto al de otros de Europa. No obstante, a partir de hace años, quizás al compás de la crisis de 2008, surgió una corriente de opinión que se plasmó, aunque de manera distinta, en diversos partidos, y que proclamaban una nueva política.

En realidad, todo quedó en la mera crítica, ya que las soluciones aportadas eran demasiado simples, cuando no contraproducentes. Sirvan de ejemplo las llamadas primarias, que han terminado imponiéndose en determinados partidos y que tan solo han servido para intensificar su estructura caudillista, o la de las listas abiertas que, si bien no ha tenido traslación práctica, su único resultado hubiera sido transferir el poder de los llamados aparatos de los partidos a los medios de comunicación social y a sus propietarios, que favorecerían a unos candidatos frente a otros.

Tras la moción de censura del 2018 y la constitución del Gobierno Frankenstein, se ha producido un salto cualitativo. Ya no se trata de pequeñas lacras u oquedades en nuestro entramado constitucional, sino de formidables vicios en el funcionamiento democrático de los tres poderes del Estado, comenzando por el intento del primero, el Ejecutivo, de absorber y casi anular a los otros dos. Es por eso por lo que, el papel presentado por Feijóo analizando los problemas que sufren los tres poderes, y los de sus instituciones, aunque parcial y con aspectos discutibles, se convierte en una rara avis, y tiene suma relevancia tanto más cuanto que el Partido Popular tiene grandes posibilidades de gobernar en ayuntamientos, comunidades e incluso en el gobierno central.

La pena es que se haya introducido en el documento una propuesta nada novedosa y tampoco demasiado consistente, que ha servido de carnaza para que los medios de comunicación se hayan centrado en ella dejando en lugar muy secundario al resto de los temas, casi todos mucho más trascendentales. Me refiero a la invitación de que gobierne la lista más votada. La idea viene sin duda motivada por el hecho de que se haya multiplicado el número de formaciones políticas, muchas de ellas de tamaño muy reducido, normalmente restringidas a ámbitos territoriales concretos, a menudo independentistas, que confiesan abiertamente su intención de romper el Estado sea por el sistema que sea. Ciertamente el problema se agrava cuando sus planteamientos y medidas terminan imponiéndose mediante un pacto de perdedores.

Pero la solución en todo caso tendrá que abordarse desde la modificación de la ley electoral y no desde la adopción de medidas inadecuadas al sistema político español, que no es presidencialista. Ni al presidente del gobierno central, ni a los presidentes de las comunidades, ni a los alcaldes, los eligen directamente los ciudadanos, sino los diputados de las diversas cámaras o los concejales. De nada serviría que el Ejecutivo fuese elegido sin mayoría, si no tiene después el apoyo necesario para poder gobernar. La segunda vuelta tampoco solucionaría nada. Estaríamos en la misma situación. La cuestión es distinta en los sistemas presidencialistas en los que los ejecutivos cuentan con funciones propias e independientes del legislativo. La cohabitación crea dificultades, pero son superables. En los regímenes parlamentarios, por el contrario, resulta inviable y aboca forzosamente a nuevas elecciones.

La única manera de no dar protagonismo a los partidos anticonstitucionales es el entendimiento entre los grandes partidos nacionales. Incluso, como ocurre en otros países con regímenes parlamentarios como Alemania, mediante lo que se ha llamado la gran coalición. Cosa impensable en España, al menos mientras Sánchez esté al frente del PSOE, no tanto por discrepancias ideológicas (la Unión Monetaria las minimiza) como por intereses personales. La inviabilidad apareció de manera meridiana en el 2015, cuando Sánchez se negó a cualquier tipo de diálogo con Rajoy, ya que desde el primer momento acarició la idea de formar el Gobierno Frankenstein, lo que le permitiría llegar a la presidencia del gobierno y motivó que el Comité Federal de entonces le hiciera dimitir de la Secretaría General. Sánchez ha basado toda su acción política en la construcción de un monigote al que ha llamado derecha y que le ha servido de coartada para acometer todo tipo de tropelías. Quizás este tema merezca tratarse otro día en exclusiva en un artículo.

Es cierto que en el documento presentado por Feijóo y que comentamos ahora, la propuesta de que gobierne la lista más votada se limita únicamente a la administración local, donde resulta más sencilla su implementación. Primero, porque de alguna forma ya existe en la actualidad; se utiliza en el caso de que el alcalde no salga elegido a la primera votación. Segundo, porque las funciones en esta administración están mucho más pegadas a la gestión, y las competencias pueden recaer en el equipo de gobierno sin que sea preciso en la mayoría de los casos el concurso de la totalidad de la corporación.

Pero retornando al plan presentado por Feijóo, son muchos los temas relevantes que han quedado oscurecidos y en segundo plano por la propuesta de que gobierne la lista más votada. El PP haría bien en insistir una y otra vez en ellos y en mostrar claramente su decisión de afrontarlos a su llegada al gobierno, de manera que no quede todo, una vez más, en meras palabras. Importancia suma tiene todo lo referente a la neutralidad e independencia de los órganos constitucionales o asimilados: Consejo General del poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc. No obstante, en ese catálogo se echa en falta lo referente al Defensor del Pueblo y al Tribunal de cuentas, que han estado muy politizados, y continúan estándolo después de la pifia de Teodoro García Egea y Pablo Casado pactando con Sánchez su renovación por el sistema tradicional. Quizás sea esta la causa de que no figuren en el plan.

En esta línea de garantizar la neutralidad de las instituciones, además de en los órganos constitucionales también se pone el acento y se ofrecen propuestas de cambio para la Fiscalía General, para la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el Consejo Nacional de Inteligencia, para el Consejo de Investigaciones Científicas, para la Comisión Nacional de la Competencia y de los mercados, así como para el Instituto Nacional de Estadística (INE). La elección de estas instituciones tal vez haya estado motivada por los escándalos que las han rodeado y por las interferencias del gobierno sanchista en ellas con el propósito de manejarlas. En el caso del INE hemos llegado a una situación preocupante. El hecho de haber forzado la dimisión del anterior director general extiende la desconfianza y obliga a preguntarse hasta qué punto los datos no sufren alguna manipulación, datos que son totalmente necesarios para conocer cuál es la realidad económica española.

Hay otras instituciones a las que no se hace referencia, pero en las que sería fundamental introducir reformas para garantizar su neutralidad e independencia. A título de ejemplo se pueden citar la Intervención General de la Administración del Estado y la Agencia Tributaria. Es más, habría que considerar también la problemática de la fiscalización y control del gasto público en las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones locales, puesto que es en estas dos administraciones en las que la función interventora goza de menor independencia y son las más sometidas a la autoridad del poder ejecutivo.

La objetividad y la neutralidad constituyen una necesidad no solo en las grandes instituciones del Estado, sino en general en toda la administración pública. El peligro de politización y sectarismo siempre ha estado presente, pero ha sido en los últimos años cuando los defectos se han hecho más palpables. Se han multiplicado y ampliado el número de asesores y altos cargos que no tienen la condición de funcionarios, sino que sus méritos se reducen a los políticos o al hecho de ser familiares o amigos de miembros del Gobierno.

Especial importancia tienen los nombramientos de aquellos que se sitúan al frente de los organismos y empresas públicas. La gran autonomía de la que gozan estas instituciones propicia, por una parte, la probabilidad de ineficacia y mal funcionamiento de los servicios y, por otra, incrementa el riesgo de corrupción o al menos de tráfico de influencias. Además, el anuncio de una nueva ley de reforma de la administración y más concretamente del sistema de oposiciones constituye una amenaza muy seria a la profesionalidad de la función pública y un grave peligro de politización.

Merece destacarse también la referencia que el plan planteado por el PP realiza a la apropiación por el Gobierno y altos cargos de los bienes públicos para usos partidistas o personales. La utilización del Falcon y de los Super Pumas resulta sin duda escandalosa, pero es tan solo un caso más entre otros muchos, entre los que por ejemplo se encuentra esa enorme cascada de espacios publicitarios costeados por los fondos de recuperación o por recursos nacionales y que el Gobierno emplea para cantar sus excelencias y buen obrar, es decir, como medio propagandístico de las formaciones políticas que lo sustentan. Es muy posible que alguien se pregunte si en todos estos casos no estamos ante supuestos de malversación de fondos públicos y por lo tanto susceptibles de perseguirse penalmente.

Tema central en el documento presentado por Feijóo es el papel que asume el Ejecutivo y su relación con el Legislativo y, por lo tanto, con la forma de legislar. Es bastante evidente que esta se ha deteriorado sustancialmente en los últimos años. La multiplicación hasta extremos poco imaginables del decreto ley, instrumento que en teoría solo es aplicable en los casos de extraordinaria y urgente necesidad, la utilización de las disposiciones de ley por los grupos parlamentarios del Ejecutivo, evitando así tener que acudir a los órganos consultivos y acelerando el procedimiento legislativo, el recurso continuo a la tramitación de urgencia, etc., son todos mecanismos de los que se ha valido el Gobierno para burlar al Parlamento y poder así gobernar autocráticamente.

Esta marginación de las Cortes se ha llevado hasta el extremo en los estados de alarma durante los que el Ejecutivo, tal como le ha recordado dos veces el Tribunal Constitucional, asumió funciones que no le correspondían en detrimento del Legislativo. En esta tarea el Gobierno ha contado con la complejidad de las mesas de las cámaras, lo que indica la necesidad de corregir los reglamentos del Congreso y del Senado.

Los treinta folios de Feijóo constituyen un buen instrumento sin duda para que el PP acose al Gobierno sanchista y lo coloque frente a sus contradicciones, pero al mismo tiempo se convierten para Feijóo en un predio del que le va a ser difícil escapar, en un compromiso del que tendrá que dar cuentas si finalmente llega al gobierno.

republica.com 9-2-2023

Presiento que Nuñez Feijóo va a complicar la vida a Sánchez. Difícilmente este va a poder seguir manteniéndose en ese doble papel de, por una parte, gobernar autocráticamente sin dar cuenta a nadie y, por otra, echar la culpa a la oposición de que no colabora. Feijóo ha presentado frente al plan del Gobierno un documento con 41 folios, lleno de medidas con sus respectivas justificaciones. Medidas muy discutibles, como también lo son las aprobadas por el decreto-ley del Gobierno. Precisamente porque todas son discutibles se deberían haber discutido y no presentar el asunto como un trágala, un plan para la adhesión. Cuando no se está dispuesto a cambiar una línea del propio programa y no se quiere aceptar ninguna de las medidas propuestas por la oposición, no se puede echar las culpas a los demás de no llegar a acuerdos.

Pero dicho esto, en el documento de Feijóo, tal como se ha señalado, hay muchas cosas discutibles y otras, claramente erróneas o falsas. El análisis económico que se hace como introducción es correcto. La situación de España no es buena, mantiene uno de los endeudamientos públicos más altos de Europa, cercano al 120%, que limita enormemente las finanzas públicas. Su economía, en el 2020, con la epidemia, se hundió más que ninguna otra de la Eurozona y va a ser la única que hasta 2023 no llegará a alcanzar el nivel de 2019. Y si aparentemente se ha recuperado el empleo es tan solo porque los ERTE y los contratos fijos discontinuos permiten que no figuren como parados los que en realidad lo son. Los resultados son muy distintos cuando se consideran las horas trabajadas. De todos modos, de lo que no hay duda es que nuestro país tiene la tasa de paro más elevada de la Eurozona; y, en cuanto a la inflación, España está a la cabeza de la Unión Europea, muy superior a la media y doble que, por ejemplo, Francia.

Pero una cosa es acertar en el diagnóstico y otra cosa distinta en la medicina. El documento parte de una premisa falsa. La inflación ha enriquecido al Gobierno y ha empobrecido a las familias y a las empresas. En cuanto a la primera parte, es verdad que la inflación ha incrementado los ingresos del Estado, pero es tan solo nominalmente y tiene su correlato en el aumento que deben sufrir los gastos para mantener el mismo valor real. Desde que se disparó la inflación son muchas las voces que cuestionan la revalorización de las pensiones y estiman que van alcanzar un monto inasumible para el sector público. Hace poco lo hacía el presidente de la patronal, sin tener en cuenta que si la inflación incrementa los gastos públicos también aumenta los ingresos. Es paradójico que se diga, por una parte, que el Estado no va a poder cumplir sus obligaciones con los pensionistas y, al mismo tiempo, anuncie que presenta un excedente desproporcionado de ingresos.

Ese excedente, como la mayoría de todo aquello que tiene que ver con la inflación, es pura ilusión, ya que solo se puede hablar de excedente si el Estado no cumple con sus obligaciones. Las compras del sector público también subirán al mismo ritmo que los precios, las inversiones públicas estarán sometidas a la cláusula contractual de revisión de precios, y por lo tanto su cuantía aumentará a medida que lo haga la inflación. Si no se quiere que las prestaciones de los pensionistas se reduzcan en términos reales hay que actualizarlas con el IPC. No hay ninguna pensión pública por encima de 40.000 euros anuales. Los empleados públicos: sanitarios, profesores, policías, etc., la mayoría de ellos con un sueldo inferior a 40.000 euros anuales, exigirán también la actualización de sus retribuciones con tanta o más razón en cuanto que arrastran por término medio la minoración del 5% del sueldo que les sustrajo Zapatero y que nunca les ha sido reembolsado.

No parece que tenga demasiada justificación quitar el dinero a los pensionistas o a los empleados públicos para gratificar de forma indiscriminada a todos los contribuyentes, tanto personas físicas como empresas. De forma indiscriminada porque, aunque el papel pretende indicar que se ha puesto un límite en las rentas de 40.000 euros anuales, en la realidad no es así. Quizás esos técnicos que cita Feijóo no se lo hayan explicado adecuadamente, pero, dada la estructura del impuesto sobre la renta, la deflactación de los tres primeros tramos de la tarifa beneficia a todos los contribuyentes, incluso a los de mayores ingresos.

A menudo existe una cierta confusión creyendo que el tipo marginal se aplica a la totalidad de la renta, pero no es cierto. Por ejemplo, los contribuyentes con una renta superior a 300.000 euros anuales tributan al 47% solo por la parte de su renta que exceda de esa cantidad, 300.000 euros. En cambio, aquella comprendida entre 60.000 a 300.000 euros lo hará al 45%, que es el quinto tramo, y así sucesivamente en todos los tramos hasta los 12.500 euros primeros que se gravan al 19%, absolutamente en todos los contribuyentes.

Aquellos que pertenecen a un determinado tramo se ven afectados por todo lo que se aplica a los tramos inferiores, ya sean subidas o bajadas. Lo mismo cabe afirmar del límite exento. Además, como se trata de un impuesto progresivo, la deflactacion de la tarifa en el IRPF no beneficiará a todos por igual, sino a unos más que a otros, en función de los ingresos. En este caso, esta relación se cumple hasta los 40.000 euros de renta, y a partir de ahí todos reciben la cantidad máxima.

Los autores anónimos del documento eran conscientes de que aquellos ciudadanos que están exentos de tributar o cuya tributación era muy reducida, los del primer grupo, los de menores renta, apenas salían beneficiados con la medida y por eso señalan sin concreción, porque los casos pueden ser muy variados, un impuesto negativo sobre la renta. A Feijóo no le han explicado bien lo que esto significa. Es lo que nos faltaba después del ingreso mínimo vital del ingenioso Escrivá, que también se diseñó como impuesto negativo sobre la renta y que ha sido un total fracaso, teniendo enormes dificultades de gestión y que enfanga en tareas no propias a la Agencia Tributaria. Armonizar ambas ayudas entre sí con las rentas mínimas de las distintas Autonomías, con lo bonos sociales, etc., sería una tormenta perfecta.

La segunda parte de la premisa que citábamos antes también es errónea. La suposición de que la inflación ha perjudicado a todas las empresas y a todos los ciudadanos está equivocada. Precisamente el peligro de la inflación radica siempre en que tiene un componente explosivo, una espiral que no solamente se cumple en la dinámica beneficios-salarios, sino entre las propias empresas. Cada sujeto económico se defiende de la elevación de sus costes subiendo sus precios, pero nada garantiza además que muchos de ellos no aprovechen la ocasión para fijarlos en una cuantía superior al que les fuerza el incremento de sus inputs.

El origen de esta inflación se encuentra ciertamente en el exterior, en la subida del gas, del petróleo, etc., pero más tarde tomó fuerza en los precios interiores. No hay un solo precio, sino tantos como productos y servicios, y cada sector pugna por trasladar a ellos la elevación de sus inputs. Sin embargo, no todos tienen la misma facilidad. Aquellos sometidos a la competencia exterior, bien porque exporten gran parte de su producción, bien porque puedan ser sustituidos por productos exteriores, tendrán muchos más problemas para resarcirse. Otros, por el contrario, contarán con mayores oportunidades, incluso pueden caer en la tentación de obtener una ganancia fácil subiendo los precios más que los costes.

No todas las empresas y negocios, tal como se nos quiere hacer creer, están teniendo graves dificultades. Incluso muchos de ellos han podido obtener un beneficio extraordinario. Precisamente por ello la inflación alcanza valores tan altos, que no obedecen únicamente a la subida del valor de la energía, sino también a la reacción en cadena de empresas y autónomos para ajustar sus precios a sus costes.

No tiene sentido hablar de perjudicados con carácter general, y mucho menos plantear una rebaja en el impuesto de sociedades. Este impuesto grava exclusivamente a los que obtienen resultados positivos y por lo tanto las rebajas en este tributo irían dirigidas a los que tienen beneficios, es decir, a los que no han salido perjudicados. Por el contrario, no ayudaría a los que han sufrido pérdidas, que serían los verdaderamente damnificados. Por otra parte, el procedimiento escogido, la libertad de amortización, es de los más dañinos para la hacienda pública, aunque quizás de los más beneficiosos para los empresarios. Si acaso, tan solo podría estar justificado en momentos en que se precisase incrementar fuertemente la inversión. No parece que sea este el caso. Hoy, el objetivo principal es defenderse de la inflación.

Plantear la solución del problema bajo la forma de ayudas directas a las empresas y a las familias tiene el enorme inconveniente de que se dispara a ciegas con dinero público, sin saber muy bien quién lo necesita. Una vez que la inflación se ha extendido es difícil conocer a quién ha perjudicado y en qué medida. El proceso inflacionario es complejo como compleja es la multitud de productos y precios. Resulta en extremo complicado averiguar cómo están reaccionando los empresarios y trabajadores de los distintos sectores.

Plantear la rebaja del IRPF y de Sociedades despide un cierto tufillo a que en el documento ha participado el Instituto de Estudios Económicos, organización dependiente de la CEOE. El escrito insinúa que la finalidad de las ayudas a las empresas y a las familias es reducir el impacto que el incremento de los precios pueda tener en sus presupuestos, sin que tengan que demandar subidas salariales desproporcionadas, que se trasladarían a los costes empresariales. Es decir, que el objetivo que se percibe es el pacto de rentas y que las negociaciones colectivas se aprueben con salarios más bajos. Siempre he sospechado que las múltiples rebajas fiscales del IRPF de Solchaga, Solbes, y Rato se han transmitido en buena parte a los beneficios de las empresas. Existe un cierto espejismo en los trabajadores a la hora de negociar los salarios, ya que con frecuencia piensan en retribuciones netas.

Si se quiere combatir la inflación con recursos públicos el camino correcto y más rápido es la reducción de la imposición indirecta. Constituye una acción directa sobre los precios. Feijóo lo plantea como una segunda vía, parece que le da un carácter secundario, sin concederle la misma importancia que a la primera, las ayudas directas. De hecho, se debía haber actuado de este modo desde el principio, reduciendo selectivamente los gravámenes indirectos antes de que la subida del precio de la energía se hubiese trasladado al de otros muchos artículos, que es lo que ha hecho explosiva la inflación. La disminución de los impuestos indirectos tiene la ventaja de que actúa a priori para evitar la subida de los precios y no a posteriori como la reducción de los tributos directos, concediendo ayudas para los damnificados por la inflación, sin saber muy bien quiénes son.

Ahora bien, dado el elevado nivel que alcanza el endeudamiento público, la reducción de los impuestos indirectos ligados a los distintos tipos de energía debería acompañarse de la correspondiente financiación, bien por la reducción del gasto público bien por el incremento de otros ingresos. Lo primero no parece demasiado aconsejable, porque si bien hay partidas de las que se podría prescindir hay otras que deberían ser reforzadas. Pero este tema merece otro artículo, seguramente la semana que viene. En cuanto al asunto de los ingresos, aun sabiendo la oposición que levanta, lo cierto es que hay margen dentro de la imposición directa, incluso y con mayor razón en los momentos de crisis, para aumentarla, por ejemplo en lo referente a las rentas de capital. Si en la sociedad española hay muchas personas muy necesitadas, incluso en situación de pobreza, existen también otros muchos ciudadanos con rentas elevadas y con capacidad tributaria. Hay pobres, pero también ricos, aunque estos últimos no se tengan por tales y se consideren a sí mismos rentas medias.

republico.com 5-5-2022