ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Gestionar resulta difícil, por eso el Gobierno lo rehúye siempre que puede. Prefiere legislar. No es que este cometido no sea complejo, solo que se participa de un cierto espejismo, el creer que lo sabe hacer cualquiera o el de pensar que los errores en este quehacer no tienen consecuencias. Pero los resultados negativos se producen y terminan pagándolo los funcionarios y, sobre todo, los ciudadanos.

En ocasiones el pufo es tan grande que se vuelve contra los propios legisladores. Eso es lo que ha pasado con la ley del sí es sí.  Y es que elaborar una ley resulta sumamente complicado y no todo el mundo está capacitado para ello. No deja de ser irónico que desde el Ministerio de Igualdad se defienda que los jueces deben volver a la escuela para ser reeducados cuando es el Gobierno entero el que debería pasar por las aulas a la hora de legislar o al menos fiarse de los que sí saben hacerlo.

Es posible que en la ley que se está tramitando para eliminar el delito de sedición pueda ocurrir algo parecido, que el tiro les salga por la culata. Es sabido que a los procesados se les tiene que aplicar la norma más favorable, incluso a aquellos cuya condena fue anterior a la aprobación de la nueva ley. Desaparecido el delito de sedición, no parece que existan muchas dudas acerca de que a los ya condenados e indultados por el golpe de Estado de 2017, en el peor de los casos para ellos, se les rebajarán las penas aplicándoles las del nuevo artículo 557, en el que se sanciona el delito contra el orden público.

Pero ¿qué pasa con los que aún no han sido juzgados, y se encuentran huidos en Europa? Todo el mundo da por supuesto que se aprovecharán de un tratamiento similar. Ciertamente, el delito de sedición, al haberse eliminado, no se les podrá imputar, y se presume que se tendrá que esgrimir al artículo 557 con penas mucho menores. Pero lo cierto es que el delito de rebelión continúa existiendo, y que a lo largo del todo el proceso las tres acusaciones defendieron que era la tipología que correspondía utilizar. Solo al final, ante las presiones (más bien ordenes) del Gobierno Sanchez, la Abogacía del Estado cambió de criterio, pasando -sin razón técnica, solo política- de la rebelión a la sedición, previa dimisión como protesta del abogado del Estado jefe del servicio de lo penal.

Curiosamente, en la sentencia se optó también por la sedición. Siempre quedará la duda de que en qué medida este cambio en la postura de la Abogacía del Estado colaboró a que el tribunal se decantase por abandonar el delito de rebelión y se inclinara por el de sedición, lo que hubiera resultado más difícil de justificar si las tres acusaciones hubiesen mantenido la misma calificación. Además no es preciso ser especialmente desconfiado para sospechar que en esta ocasión también se produjo alguna presión por parte del Gobierno para que el Tribunal Supremo optase por la sedición en lugar de la rebelión. No digo que ninguna de estas dos circunstancias fuese determinante, pero sí que lo favorecieron.

Quizás la causa definitiva del cambio se situó en el hecho de que los magistrados se marcasen desde el principio el objetivo de que la sentencia había de dictarse por unanimidad. Y tras esa finalidad hay que reconocer el gran esfuerzo que realizó el Tribunal, o al menos el ponente, para después de aceptar unos supuestos irreprochables, llegar a unas conclusiones que no parece que sean las que de ellos se derivan, sino las que estaban dispuestos a consensuar todos los magistrados, un mínimo común múltiplo. Quizás tengan razón los que afirman que la unanimidad termina siendo la dictadura de la minoría.

La sentencia acepta las premisas de la Fiscalía según las cuales la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal no tiene que ser forzosamente física, sino que puede ser también compulsiva, equivalente a la intimidación grave. El Tribunal, desde el punto de vista jurídico, fundamenta consistentemente esta interpretación, pero es que desde el mismo sentido común resulta difícil mantener otra tesis, cuando el artículo 473.2 considera agravante el hecho de portar armas, por lo que hay que suponer que el artículo 472 incluye también en el delito de rebelión otro tipo de violencia distinta de la militar o de la armada. Incluso el empleo de las armas puede surtir efecto con la simple amenaza, sin necesidad de utilizarlas.

La sentencia recoge también la tesis del Ministerio fiscal de que la violencia ha estado presente en los acontecimientos de Cataluña. Literalmente afirma: “La existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada”. Y, a continuación, pasa a analizar los principales trances en los que se ha producido esta violencia. Esta argumentación desbarataba la tesis de todos los que defendían que no se había producido el delito de rebelión porque no se había utilizado la violencia física.

Ahora bien, el Tribunal mantiene también y con toda lógica que no basta la presencia de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión, sino que se precisa que sea “instrumental, funcional y preordenada”. La violencia tiene que configurarse como instrumento y estar ordenada hacia alguna de las finalidades que marca el artículo 472; pero es que al menos las especificadas en los puntos 1 y 5 (derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, y declarar la independencia de una parte del territorio nacional) parecen adecuarse perfectamente a la perseguida por los procesados. Evidentemente es esto lo que otorga gravedad a esa violencia y la distingue de cualquier otra algarada por muy amenazadora que sea.

Hasta aquí todo parece ser totalmente coherente. Pero a partir de ahí comienzan los esfuerzos del ponente para retorcer los hechos y los razonamientos hasta llegar a la conclusión que se desea. No puede por menos que extrañar la afirmación de que “los actos paradigmáticos de violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se tratarían de actos de culminación de un proceso, no de actos instrumentales para hacer realidad lo que ya era una realidad”. No parece que con la violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se culmine nada, sino que constituye más bien un medio, un instrumento para conseguir la única finalidad perseguida a lo largo de todo el tiempo, la separación de Cataluña del resto de España. Esta es la causa final que informa todo el proceso desde 2012.

Todos los actos y pasos dados, unos violentos y otros no, son medios e instrumentos para obtener la finalidad última, la independencia proclamada unilateralmente y sin someterse a los mecanismos constitucionales. Ello no implica que algunos de estos medios, a su vez, no constituyan un fin intermedio para otros actos, pero todos reciben su sentido último de la causa final. Las leyes de desconexión establecían entre referéndum y secesión una conexión ineluctable, puesto que obligaban a que si el resultado del referéndum era positivo el Parlamento “debía” (no “podía”) declarar la independencia en cuarenta y ocho horas.

Afirmar, tal como hace la sentencia, que la finalidad de los independentistas era tan solo forzar al Gobierno central a la negociación, que todo fue un engaño a la población por parte de los dirigentes y que ellos mismos no se lo creían, así como mantener a posteriori que la secesión no tenía ninguna posibilidad de triunfar son aseveraciones gratuitas y totalmente contradictorias con los hechos. Los propios golpistas no solo se ratificaron en la finalidad de la secesión, sino que mantienen que lo volverán a hacer. Los secesionistas plantearon siempre la negociación como sí o sí y, de acuerdo con ello, el 20 de septiembre, el 1 de octubre y los días posteriores estaban ya en otro escenario diferente al de la negociación, el de la vía unilateral.

Por otra parte, los rebeldes disponían de todo el poder que concede controlar la Comunidad más fuerte de España, que cuenta con un ejército de 17.000 hombres armados, y nadie podía anticipar cuál sería el comportamiento de los mossos. Los sediciosos habían dedicado años a crear las estructuras de Estado. ¿Qué habría pasado si hubiesen logrado una respuesta internacional distinta y hubiesen consolidado su propia hacienda pública? Ellos mismos ponen el ejemplo de Eslovenia.

Que la secesión fracasase no es señal de que no se cometiese el delito de rebeldía. La misma sentencia reconoce que este delito pertenece, según la doctrina penal, a los delitos de consumación anticipada, es decir, que no se precisa esperar a que triunfe para considerar que el delito se ha consumado. Que el Estado no perdiese nunca el control de la situación no quiere decir que todo fuese una ensoñación o una quimera.

En fin, los magistrados, después de descartar el delito de rebelión, se ven obligados a hacer auténticas piruetas y cabriolas jurídicas e intelectuales para amoldar los hechos al delito de sedición. La unanimidad pretendida en la sentencia obligó al tribunal a forzar los argumentos para llegar a conclusiones que de ninguna manera se extraían de las premisas y convertir un delito contra la Constitución en un delito contra el orden público.

Pero, de cara al futuro, el resultado no tiene por qué ser el mismo, ni en el caso de la imputación y presunto juicio de los evadidos ni en la reacción judicial frente a un hipotético nuevo golpe de Estado. Al haberse abolido el delito de sedición, no hay ninguna razón para que el próximo tribunal se incline por el delito de desórdenes públicos agravados, tal como pretenden los golpistas y el Gobierno, y no por el delito de rebelión que seguramente se acercará mucho más a los supuestos de las transgresiones y atentados cometidos o que se cometan. El tiro puede salirles por la culata.

Republica 8-12-2022

“No se puede dialogar con los secesionistas cuando se depende de ellos”. Son palabras certeras de García- Page pronunciadas a finales de 2018, cuando el PSOE estaba iniciando una ruta peligrosa, y poco después de que Sánchez hubiese llegado a la Moncloa por una moción de censura con el apoyo de los que habían protagonizado un golpe de Estado. Entonces se hablaba de diálogo cuando lo que se quería decir era negociación, y Sánchez acudía a múltiples argumentos para justificar su nueva relación con los golpistas.

El quid de la cuestión se encuentra en las palabras de García-Page. Es absurdo creer en la inocencia desinteresada y en las buenas intenciones de una negociación si de ella se depende para permanecer en el poder. Han pasado cuatro años en los que en sentido estricto no se puede hablar de diálogo, sino de cesiones, porque en eso es en lo que se convierte la negociación si una de las partes tiene la sartén por el mango y el mango también.

En esta etapa entronizada por Sánchez los que tienen la sartén por el mango son los secesionistas e imponen condiciones. No se precisa hacer un recorrido por estos cuatro años para ser consciente de las mercedes y favores que el presidente del Gobierno ha hecho a las fuerzas políticas que le sostienen en el poder, desde los golpistas catalanes a los herederos vascos de ETA, pasando por todo partido nacionalista o regionalista que este pronto a cobrar su estipendio. Ellos saben que son los que mandan y recuerdan cada poco a Sánchez que ocupa el colchón de la Moncloa porque ellos quieren.

La última ha sido la eliminación del delito de sedición del Código Penal. Los secesionistas han despejado toda duda de que son ellos los que han obligado al Gobierno a la supresión. Junto a esto aparecen como sospechosos y quedan invalidados todos los argumentos acuñados por el el sanchismo para justificarse, y que sus altavoces mediáticos y tertulianos de medio pelo repiten con ímpetu y brío, si bien, por mucho que se reiteren, no dejan de ser sofismas y no resisten el menor análisis, aunque ellos piensen, y a lo mejor tienen razón, que a base de recitarlos una y otra vez terminan cuajando en la sociedad como hechos incontestables.

El primer mantra que corean los sanchistas, ya sean políticos o periodistas, es el de la pacificación, afirman que se trata de poner paz en Cataluña. Pretenden hacer una comparación entre la situación de 2017 y el momento actual, en el que, según ellos, existe una mayor tranquilidad, y se lo apuntan como mérito suyo. En realidad, es difícil saber qué escenario es mejor, pero lo que claramente sí hay, como parece lógico, es diferencia entre una etapa en la que se estaba preparando un golpe de Estado y el periodo posterior cuando el golpe ha fracasado y los golpistas se han dado cuenta de que la operación no estaba madura y de que el Estado tenía mucha más capacidad de defensa de la que ellos pensaban.

La aplicación del art. 155 de la Constitución y la actuación de los tribunales fueron los instrumentos que sirvieron para parar el golpe y dejar invalidada la proclamación de la independencia. En buena parte, han sido el poder judicial y el miedo a terminar en la cárcel lo que les ha hecho cambiar de estrategia y convencerse de que había que esperar y, mientras tanto, prepararse acumulando todos los medios posibles para que una nueva intentona no fracasase.

Precisamente Sánchez ha tenido muy poco que ver en la contención del golpe; más bien supuso un lastre que dificultó y condicionó al Gobierno de Rajoy, ya que este pretendía consensuar con el PSOE cualquier actuación en esta materia pensando que era un partido constitucionalista. Es verdad que Sánchez concedió su aquiescencia a aplicar el art. 155, pero tarde y con tantas limitaciones que dejaron muy devaluada su eficacia. Exigió que se excluyesen los medios de comunicación de su ámbito de aplicación y sobre todo que se convocasen inmediatamente elecciones, de manera que le hizo perder gran parte de su virtualidad, aunque ahora, en un ejercicio de cinismo, afirme que Rajoy debería haberlo aplicado antes.

En buena medida la justicia se quedó sola, lo que se hizo más realidad a partir de que Sánchez ganara la moción de censura con el concurso de los golpistas. Desde ese momento estos contaron con un aliado, el Gobierno, que se convirtió en una estupenda coartada para adaptarse a la nueva situación, al tiempo que les dotaba de medios para que pudiesen repetir el golpe con mayor éxito.

Karl Marx escribe en su obra “El 18 brumario” que la historia repite los acontecimientos, esto es, acaecen dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Con esta frase quería indicar cómo el golpe de Estado perpetrado en París el 2 de diciembre de 1851 por Luis Bonaparte (Napoleón III) era un remedo, una mala imitación del ejecutado por Napoleón Bonaparte el 18 de noviembre (18 brumario) de 1799. Pero quizás en España la frase debería enunciarse al revés, los golpes de Estado acaecen primero como farsa, bufonada, fiasco o amago frustrado, y la segunda vez como tragedia.

Al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que inició una cruenta guerra de tres años, le precedió la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932, que supuso el primer levantamiento del ejército frente a la República y que claramente fracasó.

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque fallido finalmente, mantuvo en vilo a toda España durante una noche y humilló al Gobierno y a todos los diputados. Le precedió en noviembre de 1978 la operación Galaxia, protagonizada por el mismo Tejero. Por supuesto, toda la operación fue una auténtica chapuza.

A finales de 2017 en Cataluña se ha producido un auténtico golpe de Estado, no militar, ciertamente, pero sí ejecutado por instituciones que contaban con mucho más poder y capacidad de coacción y amenaza que muchos generales. De haber triunfado, las consecuencias hubiesen sido similares o mayores que las de bastantes pronunciamientos militares. En principio, puede decirse que ha fracasado.

No obstante, una vez más, haríamos mal en tomarnos a broma lo sucedido o infravalorarlo, porque, como hemos dicho, en España lo que comienza como farsa acaba presentándose como tragedia. Tras la moción de censura en la que a los golpistas se les otorgó legitimidad para cambiar el gobierno de la nación, se está desarrollando una nueva etapa bastante peligrosa, centrada en una negociación entre el Gobierno y los independentistas, que puede tener consecuencias gravísimas.

Lo que Sánchez denomina “pacificar Cataluña” consiste en haber blanqueado a los golpistas hasta el punto de calificar de venganza la sentencia del Tribunal Supremo, con la finalidad de justificar los indultos. Ha asumido su mismo lenguaje. Llama conflicto político lo que fue golpe de Estado, y desjudicialización de la política lo que es renuncia del Estado de derecho. Casi les ha dado tratamiento de poder político independiente, negociando con ellos de igual a igual.

Ha renunciado a recurrir las leyes inconstitucionales del Parlament, tales como la de la lengua que se puede usar en la escuela. Ha permitido la creación de más y más embajadas dedicadas a pregonar por todo el mundo la soberanía de Cataluña. Ha manipulado la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los nombramientos al Tribunal de Cuentas a efectos de librar a los golpistas de reintegrar lo robado a la hacienda pública. Va a modificar el Código Penal con la finalidad de conceder una amnistía encubierta. Y todo ello sin que los golpistas hayan renunciado a sus pretensiones y gritando a todos los que lo quieran oír que volverán a hacerlo. La paz que predica Sánchez es la rendición del Estado.

El segundo mantra que utilizan los sanchistas para intentar justificar la modificación del Código Penal es el de europeísmo, homologar el delito de sedición con el que rige en la mayoría de los países europeos. Afirman una gran mentira, que la legislación penal de los otros Estados establece un tratamiento mucho más favorable que el nuestro para los delitos similares a los que cometieron los golpistas catalanes. Pero lo cierto es que, dejando al margen el nominalismo y  llamándolo como se llame, en los principales países las penas son sin duda iguales o mayores que las nuestras para aquellos que atacan la Constitución o la integridad del Estado.

Junto a la repetición de los mantras, el sanchismo cuenta con el olvido. Piensan que todo esto habrá desaparecido de la mente de los votantes cuando lleguen las elecciones. De ahí que intenten aprobarlo por el procedimiento más rápido posible. Poco les importan las formalidades democráticas. Han escogido la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos, en lugar de un proyecto de ley elaborado por el Gobierno, con lo que evitan que el texto tenga que ser informado por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial. Y, por si esto fuera poco, se acuerda tramitarla por el procedimiento de urgencia.

La rapidez tiene su contrapartida en que son todos los parlamentarios del PSOE y de Podemos los que quedan enfangados. En los indultos solo era el Gobierno el implicado. Aquí sería el conjunto de los congresistas y senadores, en realidad la totalidad de los militantes de los partidos. En estos momentos no vale separar lo nacional de lo local. Las ejecutivas de los formaciones políticas y los parlamentarios de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, etcétera, quieran o no, serán cómplices de los desafueros del Gobierno.

republica.com 24-11-2022

Para quien conozca cómo se elabora el presupuesto y, sobre todo, cómo se ejecuta, pocas cosas serán tan cómicas como presenciar a los políticos y a los medios de comunicación discutiendo sobre él, y concediéndole una importancia que está muy lejos de tener. La verdad es que desde hace mucho tiempo el presupuesto, una vez aprobado, es totalmente flexible y maleable, puede encogerse  y estirarse al antojo del gobierno de turno. Como alguien dijo, constituye un solo crédito y ampliable.

En teoría, en origen, se entendía que el presupuesto era un documento en cierto modo coercitivo, aprobado por el legislativo, que condicionaba la actuación financiera del gobierno, limitaba los gastos que este podía realizar y cuyos créditos en ningún caso podían superarse. Pero nada de ello ocurre ahora. Todos los principios presupuestarios han quedado sin valor. No solo es que los recursos pueden trasladarse de un concepto a otro, sino que también se pueden crear partidas nuevas o dejar sin efecto las existentes.

Poco importan las cantidades que figuran en el documento inicial. Lo único realmente relevante es cómo se ejecuta, pero para ese momento todo el mundo está pensando ya en el nuevo presupuesto y nadie se fija en la realización del pasado. Bueno, hay una excepción, los nacionalistas catalanes que están prestos a practicar el victimismo y gritar que el Estado les engaña; según ellos, les promete una cosa y ejecuta otra, sin considerar (o considerando) que es imposible, por la propia técnica presupuestaria, que las inversiones se realicen al cien por cien en un año.

La inestabilidad e incertidumbre del presupuesto ha llegado a su cima con este Gobierno. Todo es posible. Además de las facilidades que ofrece actualmente la normativa para modificar todo lo que se quiera el documento inicial, se encuentra la querencia y el abuso que ha adoptado Sánchez de aprobar decretos leyes cada poco, con lo que se puede disponer de todo tipo de gastos que no están incluidos ni previstos en los presupuestos. Todos estos gastos no constituyen un plan coherente de estímulos y prestaciones sociales diseñado previamente, sino un conjunto de ocurrencias que van jalonando su gobierno al unísono de lo que cree que le conviene electoralmente.

Este sistema de conceder las ayudas y subvenciones sin planificar, separadas en diversos cajones y sometidas a todo tipo de condiciones genera una casuística de tal calibre que resulta imposible de gestionar y de controlar. La mayoría de las veces la tarea se encomienda a la Agencia Tributaria que es la única entidad que puede disponer de alguna información acerca de las condiciones y requisitos que se solicitan; no obstante, el conocimiento del que dispone es muy incompleto y reducido a los datos fiscales y a la declaración de la renta de cada uno, de manera que saldrán precisamente beneficiados aquellos que hayan cometido fraude o tengan propiedades o ingresos opacos para el fisco.

En cualquier caso, es indudable que se está echando sobre este organismo una carga de trabajo que va a dificultar seriamente su labor principal, perseguir el fraude. Todo comenzó con el ministro Escrivá y ese disparate del ingreso mínimo vital que, al haberse diseñado como un impuesto negativo sobre la renta, resulta imposible gestionar y mucho menos controlar. Ante el fracaso conseguido hasta ahora, el ministro, siguiendo la tónica de este Gobierno, lo achaca todo a la falta de información y para solucionarlo ha tomado una roulotte y se ha dispuesto a recorrer todos los rincones de España. El problema, sin embargo, no es de conocimiento, sino de diseño y definición.

La forma sanchista de ejecutar el gasto público obliga a ver con cierta ternura la reacción de Podemos con respecto al incremento de los gastos de defensa. Se han conformado con el hecho de que no se haya incluido dentro del techo del gasto, pero ni eso ni que no figuren en el presupuesto constituye garantía alguna de que no se vayan a realizar. En realidad, ni siquiera estando en el gobierno los lideres de Podemos se han enterado de los incrementos sufridos en esta partida a lo largo del presente ejercicio.

También creo que se encuentran bastante desorientados aquellos que critican al Gobierno por haber presentado los presupuestos sobre unas estimaciones macroeconómicas erróneas. Piensan que conducirá a que los ingresos acaben siendo muy inferiores a los previstos. Pocas dudas caben de que el crecimiento económico será bastante menor que el anunciado por el Gobierno, pero es muy posible que la inflación sea mayor y por lo tanto se compensen.

Que los precios afecta también a los ingresos es algo que durante mucho tiempo parecía olvidado, especialmente cuando se atacaba la indización de las pensiones por tratarse de, se decía, una carga inasumible para el Tesoro, sin considerar que los ingresos públicos se habían incrementado por la inflación al menos en el mismo porcentaje.

Para justificar, o hacer al menos más digerible el ataque a la actualización de las pensiones, algunos terminan su diatriba salvando de su crítica a las prestaciones más reducidas, sin especificar dónde se sitúa el límite. Lo cierto es que, aunque se diga lo contrario, todas las pensiones son bajas. Desde 1985 la máxima está plafonada. No hay ninguna pensión de la Seguridad Social por encima de 30.000 euros brutos anuales. Por lo menos hasta ahora. Es posible que esto cambie en el futuro gracias a los inventos creados por Escrivá. Es contradictorio que se pida la deflactación de la tarifa del IRPF para los contribuyentes con rentas hasta los 30.000 o 40.000 euros anuales y al mismo tiempo se promueva que a los pensionistas se les rebaje la prestación en términos reales.

Hubo una cosa en la que el gobernador del Banco de España no estuvo acertado el otro día en el Congreso. Manifestó el peligro que representa la actualización de las pensiones por el IPC. Razón: que constituye un gasto estructural, es decir, que se consolidará para el futuro mientras que los ingresos extraordinarios (si se les puede llamar así) obtenidos por la inflación y que financiarían en este ejercicio la regularización son coyunturales. Pero eso no es cierto. Lo que parece olvidar el gobernador es que el nivel de precios de este año se traslada al siguiente y con él el mismo monto de ingresos, siendo por tanto su subida estructural y consolidada para el futuro.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no se entiende demasiado el interés del Gobierno por sacar adelante los presupuestos a pesar de que sabe que va a tener que pagar cuantiosos chantajes a la legión de socios que precisa para su aprobación. Todo lo que va a poder hacer con el nuevo presupuesto se podría hacer con el actual prorrogado. Hay que pensar que más que una conveniencia o necesidad económica se trata de un interés político. El objetivo es sobre todo de representación, de propaganda. Pretende hacer ver que este Gobierno es estable y cuenta con los apoyos necesarios para aprobar unos presupuestos. Efecto contagio y persuasión. Es lo mismo en lo que confía conseguir Tezanos cuando falsifica las encuestas.

republica.com  27-9-2022

La yenka, canción del verano de 1965, popular en su momento, sin ser de calidad ni encerrar mensaje alguno, pero sí mucho ritmo, pegadizo, contagioso, famosa por su baile repetitivo de pequeños saltos laterales y frontales. Muy fácil de seguir con solo escuchar su letra. Letra que se adapta como anillo al dedo al comportamiento de este Gobierno: “Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres”.

En veinticuatro horas pueden cambar de opinión. Lo que dijeron antes no es lo mismo que lo que dicen ahora. Todo depende de por dónde sople el viento, de las conveniencias electorales o de las alianzas. Los ejemplos serían infinitos, pero quedémonos con el último lance, el llamado impuesto de las grandes fortunas. En realidad, la creación de esta figura tributaria ha sido una constante demanda de Podemos, pero tantas veces como la ha propuesto otras tantas ha sido rechazada por la parte mayoritaria del Gobierno.

Pero, he aquí, ¡oh, milagro!, que de pronto aparece la número dos del PSOE, por accidente ministra de Hacienda, y asegura que se va a implantar el próximo uno de enero, porque, según dice, en el Ministerio llevan semanas trabajando en ello en silencio. Tan en silencio, que dentro de Hacienda nadie se había percatado. En realidad, no es nada extraño, casi normal. Son ya muchas las veces que los servicios del Ministerio o de la Agencia Tributaria se ven obligados a arreglar los entuertos, anunciados sin encomendarse a Dios ni al diablo por Sánchez o algunos de sus ministros.

Resulta bastante evidente que el anuncio de la ministra se ha hecho al rebufo de la palabrería de Escrivá sobre la recentralización de los distintos impuestos en el Estado, reacción a su vez al anuncio de las modificaciones fiscales propuestas por el presidente de Andalucía. Las declaraciones del ministro de Seguridad Social originaron suspicacias en los aliados independentistas de Sánchez, especialmente en el PNV, porque sería difícil hablar de armonización sin considerar la situación del País Vasco.

No obstante, el impuesto sobre las grandes fortunas, al tratarse de un nuevo gravamen, difícilmente serviría para armonizar la fiscalidad de las distintas Comunidades Autónomas. Se superpondría a los tributos autonómicos. Ocurriría exactamente lo mismo que con el ingreso mínimo vital, que simplemente incrementó el desbarajuste existente.

Siempre que se ha hablado de este impuesto he mostrado mis reticencias. Desconfío de los nuevos impuestos, ya que habitualmente se termina haciendo chapuzas. En la hacienda pública está casi todo inventado. En esta ocasión ya existe el impuesto sobre el patrimonio neto, que se puede articular, como el de la renta, en diferentes tramos y dotarlo del mínimo exento que se desee. Otra cosa es que mostremos nuestra ignorancia, nuestra falta de valentía o la incapacidad para arreglar el desaguisado cometido, por ejemplo, al haber cedido este tributo junto con el de sucesiones a las Comunidades Autónomas.

El impuesto sobre el patrimonio neto está inventado hace mucho. Surgió a finales del siglo XIX y principios del XX en una serie de países: Alemania, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, todos ellos con modelos fiscales caracterizados por la preponderancia de la imposición directa y personal. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando el gravamen adquiere mayoría de edad en la hacienda pública y se perfecciona y generaliza su aplicación. La involución que desde los últimos años setenta tiene lugar en materia económica y social por fuerza habría de afectar de lleno a los sistemas fiscales y, más concretamente, a la imposición directa en la que el impuesto sobre el patrimonio tiene un puesto de honor. Será un tributo odiado por el neoliberalismo económico.

La introducción en la década de los noventa de la libre circulación de capitales en Europa lo condena a muerte. Con el argumento, fingido o real, de que promueve la evasión de capitales y de que es un obstáculo para captar inversión, va desapareciendo de todos los países. Austria lo elimina en 1993; en 1997, Alemania; Dinamarca en 1999; en 2000, los Países Bajos; Finlandia y Luxemburgo en 2006, y así sucesivamente.

Zapatero en 2008, después de afirmar que bajar los impuestos era de izquierdas, lo elimina en España. Siendo un impuesto transferido a las Comunidades Autónomas, el Estado se vio en la obligación de resarcirlas por una cantidad equivalente a lo que cada una de ellas venía recaudando por este gravamen. Es el mismo Zapatero el que lo recupera en 2011 (la yenka) y comete el error de entregarlo de nuevo a las Autonomías.

En la actualidad, en la Unión Europea solo España lo mantiene, pero jibarizado. Italia, Bélgica y Francia poseen un gravamen parcial sobre la riqueza que no se puede denominar en sentido estricto impuesto sobre el patrimonio neto. El hecho de que este permanezca en Europa, únicamente en Noruega y Suiza, países que no pertenecen a la Unión Europea, indica hasta qué punto la desaparición del impuesto ha ido unida a la falta de armonización fiscal en la Unión y cómo todos los países han utilizado este tributo para realizar dumping fiscal, y todos han argumentado que eliminaban el impuesto para defenderse del dumping fiscal de los otros.

Solo en la posibilidad, no sé si fingida o real, de la evasión de capitales es donde puede tener alguna razón de ser la argumentación acerca de eliminar el impuesto y no en la cantidad de sandeces que se oyen y se escriben en los medios de comunicación estos días.

El impuesto sobre el patrimonio tiene sentido tanto en un Estado liberal como en un Estado social. En el primero, porque una de las principales razones de su existencia es garantizar y defender el derecho a la propiedad y los bienes de los propietarios. No es de extrañar, por tanto, que Locke se convirtiese en el primer defensor de este impuesto, ya que parece lógico que sean precisamente los propietarios los que contribuyan en mayor medida a los gastos del Estado.

En un Estado social, porque entre sus finalidades esenciales se encuentra la de remover los obstáculos que se oponen a la igualdad efectiva. Una economía de mercado propicia la acumulación de capital y por esa razón las diferencias serán cada vez mayores y la desigualdad más acusada, si no se articula un sistema fiscal progresivo con impuestos potentes sobre la renta, sobre sucesiones y, por supuesto, sobre la riqueza y el patrimonio.

Los que tachan de injusto este impuesto a lo primero que acuden es a la teoría de la doble imposición. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya en el IRPF. Dado el proceso circular de la renta, todos los impuestos estarían inmersos en este concepto. De acuerdo con esta visión tan estrecha solo podría existir un tributo. ¿Acaso no tendríamos que hablar de doble imposición en el IVA o en los impuestos especiales, ya que los recursos que dedicamos al consumo han sido previamente gravados en el impuesto sobre la renta? En el impuesto de transmisiones, ¿no son los mismos bienes los que se gravan en una serie indefinida de transacciones? ¿Y qué decir del impuesto sobre bienes inmuebles? Este sí que es un impuesto sobre el patrimonio, solo que generalizado, no progresivo, que recae en exclusiva sobre los bienes inmuebles, con lo que afecta principalmente a las rentas bajas.

Lo cierto es que un sistema fiscal justo y eficaz debe configurarse como un sólido edificio arquitectónico en el que las distintas figuras se entrelazan y recaen sobre aspectos distintos de una misma realidad, sin que eso signifique que exista doble imposición, sino mera complementariedad en los gravámenes. La suficiencia y la equidad de un sistema fiscal exigen una pluralidad de impuestos complementarios y debidamente armonizados, que graven las manifestaciones de capacidad económica de los ciudadanos, y pocas magnitudes indican mejor dicha capacidad que el patrimonio neto.

La segunda razón esgrimida por los detractores del impuesto para tildarlo de injusto es, cómo no, que recae exclusivamente sobre las clases medias, puesto que los contribuyentes de ingresos elevados se escapan de su gravamen mediante la creación de sociedades interpuestas. Si las grandes fortunas eluden tributos tales como el IRPF, patrimonio o sucesiones es únicamente porque el poder político se lo permite. Las sociedades no se encuentran flotando en el aire, tienen accionistas que pueden ser identificados con facilidad, y los valores de aquellas incorporarse al patrimonio de sus dueños. El Estado dispone de suficientes mecanismos para evitar la evasión o la elusión (para el caso, da lo mismo) de este impuesto, y establecer por otra parte un límite exento tan grande como se quiera, que hará que tributen únicamente aquellos con un patrimonio suficientemente alto. 

Es más, precisamente el hecho de que la mayoría de las rentas altas tengan sus bienes materializados en sociedades aboga por la utilidad del impuesto de patrimonio. En el impuesto sobre la renta las ganancias de capital aparecen solo como ingresos -y, por lo tanto, gravados- cuando se realizan, con lo que la carga tributaria se puede diferir indefinidamente, si no lo evitan de alguna manera tanto el impuesto de patrimonio como el de sucesiones. Otra razón viene a respaldar el mantenimiento de un impuesto sobre el patrimonio, la existencia de determinados bienes de lujo o improductivos que no generan ingresos, y que por ello no serían nunca gravados en un impuesto sobre la renta.

Los detractores de este impuesto alegan también que ha quedado obsoleto. Por lo visto, ahora los tributos modernos e innovadores son los indirectos. Por ese camino puede que lleguemos a un gravamen tan simple y tan original como el de puertas y ventanas.

No son los defectos que supuestamente se atribuyen a este impuesto los que han ocasionado su desaparición, sino la globalización, la libre circulación de capitales y, sobre todo, la negativa de los mandatarios europeos a la armonización fiscal dentro de la Unión, quizás porque ello les permite crear sistemas fiscales cada vez más regresivos con el argumento de la evasión de capitales.

Por eso no se entiende muy bien que en España hayamos replicado esos errores a nivel regional, permitiendo al conceder autonomía normativa en materia fiscal a las Comunidades que se establezca entre ellas una competencia desleal. Pero menos se entiende aún, que sea desde el campo independentista desde donde ahora se levanten voces airadas por los efectos nocivos que han tenido estas transferencias y que pidan el retorno a la centralización bajo el eufemismo de la armonización. Y sobre todo es difícil de entender que desde Bruselas se muestren tan preocupados por la armonización fiscal en el interior de España cuando en materia fiscal existe en toda la Unión Europea un inmenso carajal, permitiendo que los países compitan de forma bochornosa por atraer inversiones a costa de minorar la imposición y hacerla más y más regresiva.

Pero dicho todo esto, creo que poco va a tener que ver con ello el nuevo impuesto que propone el Gobierno. Primero, es muy posible que no se lleve a cabo y que todo quede una vez más en un mero acto de propaganda. Difícil que pueda entrar en vigor el uno de enero, cuando está todo por hacer. Además, si al final se aplicase, existen todas las probabilidades de que sea una chapuza, lleno de contradicciones y efectos no queridos. No es tan sencillo inventar un impuesto coherente, y sobre todo tan precipitadamente y con tanta urgencia. En cualquier caso, pienso que su eficacia será mínima. Tendrá un carácter puramente simbólico.

Si de verdad se quiere tender hacia un sistema fiscal más justo, lo primero que habría que hacer, antes que nada, es reformar el impuesto sobre la renta devolviéndole su carácter personal y global, es decir, uniendo en una misma base imponible y tarifa todas las fuentes de renta, terminando con esa tremenda injusticia de que las rentas de capital soporten una menor carga fiscal que las remuneraciones del trabajo y además se reduzca la progresividad del impuesto al tributar de forma separada. Eso sí que sería una verdadera medida progresista y de izquierdas. Por eso Sánchez nunca la acometerá, y parece ser que Podemos, quizás por ignorancia, tampoco la reclama. Se conforma con que suba el tipo impositivo de las rentas de capital.

republica.com 29-9-2022