ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Escrivá, tras muchas idas y venidas, pasos adelante y pasos atrás, ha presentado su propuesta sobre la reforma de las pensiones. El ministro, que en la AIReF se vanagloriaba de ser independiente y hoy tiene que ser dependiente entre otros de Esquerra y de Bildu, afirma que ha pactado la reforma con la Comisión Europea -que levita y no se entera de nada-, con Podemos y con los sindicatos. No es posible decir que Escrivá haya tenido demasiada suerte en su gestión. Se propuso él mismo para ministro aseverando, primero, que era capaz de establecer un ingreso mínimo vital que uniformase el desmadre que, respecto a esta prestación, tenían las Autonomías -en todas ellas diferente-, y que habían denunciado los organismos internacionales. Y, segundo, que podía reformar la Seguridad Social, haciendo viable el sistema público de pensiones.

En cuanto al primer punto, lo cierto es que no se homogenizó nada y que las Comunidades Autónomas continúan con el mismo desorden. Se creó una prestación estatal, declarada compatible con las anteriores, con lo que ahora la pluralidad se hace incluso mayor. Se elaboro, además, con un diseño que la condenaba desde el principio al fracaso (ver mi artículo publicado en este mismo diario el 23- 4-2021 con el título “La chapuza fiscal de los ERTE y del ingreso mínimo vital”), amén de enfangar la Agencia Tributaria y bloquear la Seguridad Social. Se ha producido un hecho inusitado, desconocido incluso en los peores momentos de la Administración: no hay forma de conseguir una cita y hay que esperar tres o cuatro meses para comenzar a percibir la pensión. Es más, ha aflorado algo escandaloso, todo un mercado negro de citas. En cualquier situación normal se habría provocado el cese inmediato del ministro. Bien es verdad que con el Gobierno Frankenstein no hay nada normal.

Sin embargo, el ministro de seguridad Social y de otras singularidades continúa en su puesto y se le ha seguido encomendando la reforma del sistema público de pensiones. La reforma que ha presentado no reforma nada y, por desgracia, deja las cosas igual o peor que estaban. Mientras se sigan ligando en exclusiva las pensiones a las cotizaciones sociales, difícilmente el problema va a tener solución. Tras muchos dimes y diretes, la propuesta se fundamenta en la subida de las cotizaciones. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Pero eso sí, se reparte el incremento bien temporalmente bien en distintos conceptos, de manera que su cuantía pase desapercibida, al menos a corto plazo. Los efectos negativos que se puedan producir a medio y a largo ya se verán; y esto es lo peor, “el ya se verá”, es decir, que deja el problema sin resolver.

Las pensiones han sido siempre una de las dianas preferidas del neoliberalismo económico, donde se han cruzado el sectarismo doctrinal de los enemigos de lo público con los intereses de las entidades financieras que pretenden promocionar sus fondos. Los ataques se han transmitido a los medios de comunicación social, y todos, en mayor o menor medida, desde hace treinta años ponen en duda la viabilidad del sistema y anuncian apocalípticamente su quiebra.

Para acometer la verdadera reforma es preciso, antes de nada, destruir los tópicos y bulos que rodean el tema y, desde luego, este ministro y este Gobierno son incapaces de ello. El primer mito es la aseveración de que la actualización por el IPC de las pensiones representa una subida. Desde las filas neoliberales se echan las manos a la cabeza proclamando que la regularización poco menos que es inasumible por el Tesoro o, en todo caso, que pondrá en un serio aprieto a las finanzas públicas.

El Gobierno tampoco colabora a deshacer el entuerto cuando se jacta de subir las prestaciones y en un acto de propaganda partidista lo presenta como algo extraordinario y graciable, y reprocha a la derecha haberlas bajado, lo cual no es cierto porque el único que las congeló (es decir, las minoró en términos reales) fue Zapatero. Actualizar las pensiones por el IPC es simplemente mantenerlas en el mismo valor en que estaban y no se necesita de ninguna financiación adicional porque si con la subida de los precios se incrementan los gastos del Estado, también en igual o mayor medida lo hacen los ingresos. Otra cosa es que este exceso de recaudación se quiera emplear en otros menesteres.

En múltiples ocasiones he mantenido la tesis de que en sentido estricto no se puede calificar a la inflación de impuesto de los pobres, por la sencilla razón de que en los momentos actuales no constituye un impuesto, dado que el dinero no es creado ni total ni principalmente por el Estado. Sin embargo, si consideramos únicamente a los pensionistas y no se actualizasen las prestaciones por el IPC, sí seria posible hablar de un gravamen a los jubilados, ya que las prestaciones en términos reales se reducirían al tiempo que debido a la inflación, los ingresos del Estado aumentarían y el Gobierno se serviría de ese incremento para otras finalidades. Y puestos a fijarnos en los pobres, no creo que haya muchos con mayor derecho para este título que la mayoría de los pensionistas.

Para defender que los jubilados son unos agraciados se argumenta a menudo que la pensión media está por encima del salario medio, lo que puede ser cierto, pero ello no es indicativo de nada, puesto que se están comparando cosas heterogéneas, los jubilados han llegado al final de su vida laboral y no tienen ninguna posibilidad de conseguir por sí mismos una mejora en su nivel profesional y económico, mientras que en el salario medio se engloban las retribuciones de todos aquellos que se están incorporando al mercado de trabajo y por ello se les abrirán múltiples oportunidades de prosperar laboral y profesionalmente. Mucho más significativo es constatar que la pensión media se incrementa año tras año, debido precisamente a que las cuantías de las prestaciones de los que entran en el sistema (se jubilan) son mayores que las de los que salen (defunciones), lo que indica que por término medio los salarios aumentan en mayor medida que las pensiones.

Se afirma que hay que acometer la reforma para hacer frente a un mayor número de pensionistas que se incorporarán de aquí al 2050, y para actualizar las pensiones por el IPC. La primera finalidad puede ser cierta, pero no la segunda, que en cualquier caso cuenta, tal como se ha dicho, con financiación propia, la que resulta del hecho de que, con la inflación, los ingresos crecen en igual o en mayor medida que los gastos.

La reforma puede ser necesaria, pero esta, como las anteriores, será fallida ya que continúa sosteniendo que las prestaciones de jubilación deben sufragarse exclusivamente mediante las cotizaciones. No hay ninguna razón para que las pensiones deban costearse de manera distinta que la sanidad, la educación, la dependencia, el derecho a la vivienda, la justicia, etc. De hecho, hace años la sanidad pública se encontraba dentro de la Seguridad Social y también se pretendía financiar con cotizaciones. No obstante, por mera convención política y práctica, y no por ninguna razón metafísica, se la apartó de ese sector de la Administración para trasladarla al Estado y más tarde a las Autonomías.

Hay un principio de la Hacienda Pública que parece no cumplirse en esta ocasión, es el de no afectación, es decir, que la totalidad de los ingresos deben sostener todos los gastos. El problema a plantear no consiste en ver cómo se van a financiar las pensiones, sino que la cuestión tiene que ser más amplia, sino en saber cómo se va a sufragar, sí, el gasto en pensiones, pero también la sanidad, la dependencia, etc.

Para argumentar que el sistema es inviable se pretende contraponer al número de trabajadores, el de pensionistas y, planteado así y dada la evolución que se prevé de la población, puede ser que estén en lo cierto, pero no hay ninguna razón para que la financiación del sistema recaiga únicamente sobre los trabajadores y que no colaboren las rentas de capital, mediante otros impuestos. No tiene sentido que el déficit que se produce en la Seguridad Social se compense con préstamos del Estado y no con aportaciones a fondo perdido, como se hacía antes de inventar ese mecanismo erróneo y aciago de la separación de fuentes. Sería sin duda una de las fórmulas por las que el resto de los tributos podría participar en el sostenimiento de las pensiones, si se quiere mantener la convención de dos realidades diferentes, Estado y Seguridad Social.

Por otra parte, en esta ecuación hay que introducir una nueva variable, la productividad. El mismo número de trabajadores, por ejemplo, pueden producir el doble, si la productividad también se ha duplicado. Lo importante no es cuantos son los que producen, sino cuanto se produce. Es el producto o la renta nacional (más bien la renta per cápita) la magnitud a tener en cuenta a la hora de plantearse la capacidad de imposición y, en cierta medida, si resulta sostenible, no solo el sistema público de pensiones, sino toda la economía del bienestar y en general todos los servicios y bienes públicos. Durante décadas la productividad ha crecido sustancialmente en España, pero en los últimos años esta variable se ha detenido y es ahí donde debería centrarse la preocupación acerca de la financiación del Estado social.

La reforma planteada por Escrivá mantiene a la Seguridad Social enclaustrada tras los barrotes de la división de fuentes, por lo que está condenada a malograrse. Se fundamenta, en principio, en la subida de los ingresos, lo que puede ser muy acertado, pero no así la elección del gravamen escogido, las cotizaciones sociales, porque, por una parte, es un impuesto al trabajo y tiene el riesgo de que se desincentive el empleo y, por otra, su progresividad es muy reducida al recaer tan solo sobre las rentas del trabajo.

El incremento de la recaudación tiene que dirigirse por otros derroteros, abarcando un abanico más amplio de tributos, es decir, acometiendo una reforma fiscal en profundidad que este Gobierno en absoluto está dispuesto a emprender. Por otro lado, tampoco hay que descartar que la reducción de determinados gastos públicos colabore a financiar la consolidación del Estado de bienestar. No ciertamente la minoración de la cuantía de las pensiones, sino de otras muchas partidas de los presupuestos que sería conveniente cribar.

La reforma que ha aprobado este Gobierno es más bien una profecía porque se legisla para 2029, incluso para 2050. Es un brindis al sol. En realidad una osadía porque nadie sabe quién ocupará en ese momento el Ejecutivo. El Gobierno se jacta de haber blindado para el futuro el poder adquisitivo de los jubilados. Falso. No es posible garantizar nada. Una ley con otra ley se cambia. En realidad, Sánchez ha dado una patada hacia delante. Salir del paso. Pretende cumplir un requisito frente a Europa, que en la actualidad está en las nubes, y contentar al mismo tiempo, al personal de cara a las próximas elecciones. En el futuro ya veremos. Si hay otro gobierno, que se las componga, y si él gana tiene cuatro años por delante para enmascarar entuertos, sobre todo en los primeros años cuando se esté muy lejos de otros comicios. Lo que se ha aprobado no es una reforma, es un parche.

republica.com 16-3-2023

No es ningún secreto que la principal característica de este Gobierno es el maquiavelismo, la aceptación de que el fin justifica los medios. Su único objetivo, mantenerse en el poder. Para ello todo vale. Pero creo yo que hay otra característica, tal vez menos conocida y de la que no somos demasiado conscientes, la incompetencia. Las pifias que cometen suele ser fruto de ambas. Alguien poco respetuoso hablaría de maldad y tontería.

Serían infinitos los ejemplos. Por citar alguno, hablemos del embrollo que se ha formado en la Seguridad Social en la que no hay manera de conseguir cita para realizar cualquier gestión. Cerrado por inoperancia. Dicen que falta personal. Pero parece que eso no es óbice para que el ministro del ramo pueda mandar una carta a cada uno de los jubilados haciendo propaganda y jactándose de lo mucho que han subido las pensiones. No dudo que falte personal, pero algo tendrá que ver en el colapso el diseño de un ingreso mínimo vital que resulta ingestionable.

También podríamos poner el ejemplo de los fondos de recuperación europeos que nadie sabe dónde están. El Gobierno apostó por el oscurantismo para poder repartirlos a su gusto y a su conveniencia, sin dar cuenta alguna. Pero tanto ha sido su aislamiento en esta materia, tanta su incompetencia y tanto el desconocimiento de la Administración, que gran parte de ellos están sin ejecutar y otros se están empleando sin control, sin racionalidad, sin el menor análisis del impacto económico y en los fines más variados, decididos solo en virtud del clientelismo político.

La tardanza en su ejecución y las críticas que el Gobierno recibe de la misma Unión Europea han obligado a Sánchez a tirar por la calle de en medio y a buscar los gastos más fáciles de desembolsar, incluso resucitando el catastrófico plan E de Zapatero, repartiendo dinero entre los ayuntamientos un poco a tontas y a locas como una pedrea y para los destinos más variopintos.

Pero quizás donde aparezca de forma más clara la incompetencia sanchista sea en la elaboración de las leyes. Las chapuzas son continuas. Todos los días están en la prensa la ley del sí es sí y sus penosas consecuencias. Lo grave además es que el Gobierno, lejos de reconocer su ineptitud y su metedura de pata, atribuye la culpa a la interpretación de los jueces, lo que choca con el hecho de que los aludidos no sean ni uno ni dos, ni siquiera un grupo lo que podría entenderse por una equivocación, o incluso, pensando aviesamente, fruto de una postura ideológica machista, -como se dice-, porque lo cierto es que las sentencias provienen de toda España y de  jueces de los más diversos pelajes.

El quid de la cuestión estriba que los sanchistas piensan que los tribunales no tienen que aplicar la ley tal como está escrita, sino interpretarla de acuerdo con sus deseos y con lo que ellos quisieron decir cuando la elaboraron, aunque la impericia les haya llevado a plasmarlo de forma distinta. Tendríamos que habernos quedado pasmados, si no estuviéramos ya curados de espanto, al escuchar al portavoz parlamentario del PSOE afirmar tranquilamente que lo que se pretendía era orientar a los jueces sobre por dónde debía discurrir su interpretación.

Cuando falta aún mucho para que acabe la traca de la ley del sí es sí, han aparecido en escena los primeros efectos indeseados, como dice Sánchez, de esa otra ley bodrio en la que se juntan churras, múltiples trasposiciones de directivas europeas, con merinas, la reforma del Código Penal eliminando el delito de sedición y la modificación a la baja del de malversación.

El objetivo es claro, completar los indultos y plegarse a las exigencias de los secesionistas. Esquerra nunca lo ha ocultado, más bien se ha vanagloriado de ello y de haberle ganado el pulso al Estado. En realidad, tampoco el Gobierno lo negó, aunque lo disfrazó del latiguillo habitual de que todo se hacía para pacificar Cataluña.

A Esquerra no le valía rebajar las penas del delito de sedición, sino que perseguía su eliminación, una forma de amnistía. Se quería dejar claro que nunca había habido nada penalmente reprobable, sino actos plenamente democráticos. De nuevo, el Gobierno se plegó a las exigencias de los golpistas y escogió una fórmula con la que creía que salvaba la situación, añadió al delito de desórdenes públicos un nuevo supuesto al que se añadió el calificativo de agravado.

No se precisa tener grandes conocimientos jurídicos para que resulte extraño que se pretenda reducir lo que ocurrió en Cataluña en 2017 a un problema de orden público, por muy agravado que sea. De hecho, el traje de la sedición quedaba ya estrecho y somos muchos los que pensamos que el atavío que le iba a la medida era el de rebelión. Así opinaron durante todo el proceso las tres acusaciones, la Fiscalía, la acusación particular y la Abogacía del Estado, aunque esta última, presionada por el Gobierno, cambió de opinión en la calificación definitiva.

Así también lo creyó en su momento el juez instructor. Y cuando uno lee la sentencia llega a la conclusión de que también lo pensaba el ponente, al menos al redactar la primera parte, puesto que sigue milimétricamente la argumentación de la Fiscalía de que la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal no tiene que ser física, sino que puede ser también compulsiva, equivalente a la intimidación grave.

Del mismo modo, y parece una obviedad, se señaló que para que se produzca el delito de rebelión se precisa que tal violencia esté ordenada a conseguir una de las finalidades que marca el susodicho artículo, pero es que los puntos uno y cinco (derogar, suspender o modificar la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional) parecen hechos a la medida de lo que pasó en Cataluña. La conclusión parecía evidente. Sin embargo, la ponencia da una cabriola en el aire y, se supone que en aras de la unanimidad, el Tribunal se inclina por la sedición, aunque hay que hacer esfuerzos para que los hechos quepan en los supuestos de ese delito (ver mi artículo en estas mismas páginas del 17 de octubre de 2019 titulado “Sí, hubo golpe de Estado”).

La unanimidad en la sentencia explica que el auto de su revisión actual se haya suscrito también por todos los miembros del Tribunal. Ello priva de razón totalmente al berrinche de los independentistas, hablando de dictadura de los jueces y al querer ver una intromisión de estos en la función legislativa. Es curioso que los secesionistas hayan tildado la sentencia de venganza, la misma expresión que empleó Sánchez para justificar los indultos. Y es que los relatos de ambos se van haciendo muy similares. En esta ocasión no se ha atrevido él, ni ninguno de sus ministros socialistas, a criticar abiertamente al Tribunal Supremo, pero lo ha hecho mediante apoderado. Ya se ha encargado de realizarlo su portavoz, el periódico “independiente” de la mañana.

Esquerra fue muy ambiciosa. No le resultaban suficientes las rebajas de penas para unos delitos que estaban ya indultados, aspiraban a su desaparición. Bien es verdad que hay bastantes altos cargos que están aún pendientes de juicio y que se sentirían beneficiados con la eliminación total de ese delito. Existía además una clara intención política, mantener que sus actuaciones en contra de la Constitución y su declaración de independencia, lejos de constituir un delito, fueron un acto de soberanía democrática.

El Gobierno central sucumbió a la presión de Esquerra y creyó que el tema se arreglaba creando un supuesto agravado dentro del capítulo de desórdenes públicos. Pero las cosas son como son y no como se pretenden, sobre todo si se carece de los conocimientos precisos. El resultado, tal como afirma el Tribunal Supremo: dejar un enorme vacío legal que deja inerme al Estado frente a un posible nuevo golpe de Estado.

La avidez de Esquerra y su conciencia de que domina al Gobierno les llevó también a exigir la reducción de las penas para el delito de malversación. Los independentistas se encontraron, sin embargo, con una difícil encrucijada, cómo beneficiar a los condenados por el procés, pero solo a ellos, de manera que los favores no se extendiesen a otros delincuentes acusados de corrupción. Con tal fin, se inventaron la tesis de que no es lo mismo defraudar para llevarse el dinero a casa que cuando no hay enriquecimiento propio.

Aparte de lo injustificado que es considerar que el segundo supuesto es menos grave que el primero, no se solucionaba el problema, porque ¿cómo evitar que la reducción se aplicase también a todos los encausados por corrupción cuya finalidad hubiese sido tan solo, por ejemplo, la financiación de los partidos políticos? Rufián, con toda desfachatez, pregonaba que había que hacer una buena operación quirúrgica. Quería indicar con ello que debería hacerse una redacción ad hominem, lo que no es tan fácil si además se desconoce la técnica jurídica.

Una vez más, la reforma de la ley ha sido un engendro, se ignora aún cuáles van a ser las consecuencias, pero lo que sí se sabe es que no va a servir para reducir las penas de inhabilitación a los políticos catalanes del golpe de Estado, que era precisamente la finalidad de la reforma. A la malicia se le añade la ineptitud. El tiro les ha salido por la culata.

Resumiendo, la nueva redacción del delito de malversación se formaliza en tres supuestos, dos de ellos a simple vista no son aplicables a los secesionistas del uno de octubre. El primero se recoge en el artículo 432 bis de nueva creación. Para su aplicación se exige que los bienes apropiados sean devueltos en el plazo de diez días, lo cual evidentemente no se ha cumplido en este caso. El segundo aparece en la nueva redacción del art 433, y se refiere a las autoridades o a los funcionarios públicos que diesen al patrimonio público una aplicación pública distinta al que estaba destinado. Es, por tanto, un supuesto penal que afecta a aquellos que violan la especificidad presupuestaria cambiando, pero dentro del sector público, el destino fijado para los recursos.

Es palmario que este supuesto tampoco es aplicable a la malversación cometida en el procés. No se puede afirmar que dedicar recursos públicos a celebrar un referéndum ilegal para el que no se tiene competencias y financiar aquellas actuaciones necesarias para violar la Constitución y romper España sea una simple variación de la aplicación presupuestaria.

Tanto la versión de malversación descrita en el artículo 432 bis como la del artículo 433, que son las castigadas con menores penas, no son aplicables a las desviaciones de fondos públicos que ocurrieron en 2017 en Cataluña a efectos de llevar a cabo unas actuaciones ilegales y delictivas. Hay que concluir, en consecuencia, que necesariamente se debe imputar la tipificada en el artículo 432, aunque en su nueva redacción.

Los autores de la reforma cometieron, creo yo, dos errores. El primero es haber identificado enriquecimiento propio con ánimo de lucro. El segundo término es mucho más amplio que el simple llevarse el dinero a casa. Se comete la apropiación de los fondos en cuanto se decide darles una finalidad distinta de la utilidad pública en beneficio propio o de un tercero, y no digamos si este destino es ilegal o delictivo como en el caso que nos ocupa.

El segundo error que pienso que cometieron los independentistas -y este es mucho más grave- es que en su demencia dedujeron que dedicar fondos al procés era destinarlos a al interés publico. Su conciencia real o fingida es que no cometieron nada ilegal, sino un acto patriótico. Eso y el victimismo es lo que les lleva a lanzar improperios contra los jueces y a hablar de venganza. La verdad es que se equivocaron y redactaron unas enmiendas al Derecho Penal que no dice lo que ellos, según parece, querían decir. Aparte de malicia, ineptitud.

No obstante, para la ministra de Hacienda no hay ninguna equivocación. Ella tiene descaro y verborrea suficientes para dar la vuelta a la tortilla. Y hay que tenerlo para que, una vez conocida la sentencia, su reacción fuese afirmar que se demostraba así que el PP mentía al decir que la reforma se había hecho para beneficiar a los independentistas catalanes. Es una buena forma de aprovechar y justificar la ignorancia.

republica.com 23-2-2023

La psicoanalista Melanie Klein explicó gran parte de la evolución psicológica de la primera infancia por la bipolarización que, según ella, aparece en los niños a la hora de interpretar la realidad. Proyectan todo lo bueno en un objeto, pecho bueno; y todo lo malo en otro, pecho malo. Tal vez por reminiscencia de la niñez, esta tendencia bifronte se ha trasladado a la edad adulta. Es ya un tópico el juego de policía bueno, policía malo a la hora de los interrogatorios. Sale en todas las películas.

En nuestra realidad más inmediata se tiende a clasificar a los independentistas en buenos y malos. Unos serían los dialogantes, los propensos al pacto y a la negociación, y otros, al enfrentamiento y a la subversión. El esquema es demasiado simple para ser cierto. Esas teóricas posiciones no han estado siempre del mismo lado. Durante muchos años los llamados moderados se situaban en el ámbito de CiU. Permanentemente estaban dispuestos a pactar; eso sí, cobrando un precio. De hecho, tanto el PSOE como el PP se apoyaron en Pujol cuando no tenían mayoría absoluta, y contaron con él en toda circunstancia para aprobar determinadas leyes. De hecho, los convergentes nunca se proclamaron independentistas, sino nacionalistas.

Al mismo tiempo, Esquerra adoptaba la postura más radical, al menos en lo referente al Estado español. En ningún momento negaron su condición de independentistas. Han sido fieles a su historia. El 4 de abril de 1931, nada más instaurarse la República, Francesc Maciá anunciaba desde el palacio de la Generalitat la creación del Estado Catalán, violando así el Pacto de San Sebastián y traicionando el acuerdo al que habían llegado con el resto de los republicanos españoles, que tuvieron que viajar rápidamente a Cataluña para conseguir que las aguas retornasen a su cauce.

El 6 de octubre de 1934, aprovechando la Revolución de Asturias, Lluís Companys se rebela contra la Constitución republicana y proclama de nuevo el Estado Catalán. Fueron los cañones enviados por Lerroux los que abortaron la intentona. Los dirigentes y militantes de Esquerra continúan en la época actual homenajeando a un sedicioso, porque el hecho de que Companys fuese víctima de un régimen tiránico y fascista no altera su condición anterior de golpista.

En ese marco de fidelidad a su historia de traición al Estado español, parece que Carod Rovira se entrevistó el 4 de enero de 2004 en Perpiñán con la cúpula de ETA, ofreciéndoles el apoyo político de Esquerra a cambio de no cometer atentados en Cataluña, sin importarle que continuasen matando en cualquier otra parte de España. Ello explicaría el hecho de que el 18 de febrero de ese mismo año ETA anunciara una tregua solo en Cataluña, manteniendo la ofensiva en el resto.

En 2017, el 17 de octubre, después de haberse celebrado el referéndum, Puigdemont, ante la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de la intervención de la Generalitat por el Gobierno español, se inclinaba por no declarar la independencia, sino por convocar elecciones a la Generalitat. Se encontró enfrente a toda Esquerra presionándole y tachándole de traidor. Es conocido el mensaje de Rufián acerca de las 155 monedas de plata en referencia al citado artículo y a la traición de Judas. En realidad, la decisión de Puigdemont de declarar la independencia fue en cierta medida forzada, pues es sabido que el mayor temor de un independentista es que se le tilde de botifler.

Tras la intentona de golpe de Estado, la aplicación del 155 y la actuación de los tribunales, son los líderes de Esquerra los que se han convertido en moderados y dialogantes, mientras que los sucesores de Pujol, con Puigdemont a la cabeza, los que se han echado al monte. En realidad, no hay tal, ni en un caso ni en el otro. Todos han estado siempre del mismo lado. Se trata tan solo de una cuestión de táctica, de las conveniencias de cada uno en cada momento.

Tan pronto como Artur Mas se vio obligado a entrar en helicóptero en el Parlament debido a que el edificio estaba rodeado por los indignados del 15 M y teniendo en cuenta la fuerte ola de contestación social que se desató (al igual que en otras partes de España) en Cataluña se terminaron la moderación y los acuerdos. CiU se subió al carro de los independentistas, lo que le sirvió de hábil instrumento para desviar la protesta contra el gobierno central.

Qué duda cabe que la postura actual de Esquerra obedece también a una cuestión de estrategia, sin que se haya producido el menor cambio en la finalidad última. Tras el fracaso del golpe y la reacción del Estado, los líderes de la formación fueron plenamente conscientes de que la independencia de Cataluña no estaba madura y que a corto plazo les convenía jugar al acuerdo y a la negociación, obteniendo del Estado todas las cesiones posibles, tanto más cuanto que existe un gobierno débil y dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. No obstante, a medio y a largo plazo continúan sin renunciar al objetivo de la independencia, ni a la vía unilateral si fuese preciso. Dicen claramente que lo volverán hacer. Piensan, además, que cuantas más concesiones consigan a corto plazo antes se darán las condiciones necesarias para declarar de nuevo la independencia.

La situación de los ex convergentes es diferente. Está marcada por la tocata y fuga de Puigdemont, con lo que la estrategia adoptada es también distinta. El exilio hace que el ex presidente de la Generalitat no pueda esperar. Por mucho que se esfuerce por estar en la pomada, con el destierro corre el peligro de ser poco a poco marginado. Es por ello por lo que su actitud es claramente de enfrentamiento. Precisa explosionar la situación y oponerse a la táctica adoptada por ERC. Son los seguidores de Puigdemont los que ahora llaman botifler a Oriol Junqueras, lo que no deja de resultar curioso cuando el líder de Esquerra se ha pasado tres años en la cárcel y el ex convergente se fugó al exterior dejando a su gobierno en la estacada. Pero en el fondo no hay diferencias. Todos están dispuestos a intentarlo de nuevo. No hay buenos ni malos.

Es frecuente que esta tendencia a la polarización se produzca también a la hora de enjuiciar a los miembros del Gobierno. Periodistas, tertulianos y demás plumillas, según sus preferencias, se empeñan en realizar distinciones entre ministros buenos y malos, sin considerar que todos deben su cargo sin excepción al voto de los golpistas y de los filo etarras, y que se mantienen en el poder gracias a las múltiples concesiones y privilegios de todo tipo que se les confieren a unos y a otros.

Es frecuente que los mismos ministros, dependiendo de sus inclinaciones e ideas, renieguen de algunas de las medidas del Gobierno o de los planteamientos de otros ministros. En muchos casos se lavan las manos como si el problema no fuese con ellos. Pretenden transmitir la idea de que las pifias no les afectan; pero, quieran o no, todas las medidas son aprobadas por la totalidad del Gobierno e implican por tanto a todos y cada uno de los ministros. E incluso, cuando se trata de leyes, los responsables son también todos los diputados que las aprueban.

Es todo el Gobierno en su conjunto el que ha aprobado la ley del sí es sí, y la ley trans, y el que ha dado vía libre a los indultos o ha eliminado el delito de sedición o reducido las penas a los delitos de corrupción. Pero son también todos los ministros, pertenezcan al partido que pertenezcan, los que han incrementado el gasto en defensa, los que envían armas a Ucrania, los que cambiaron la postura de más de cuarenta años sobre la situación política del Sahara o los que permitieron la matanza en la valla de Melilla. No hay ministros técnicos o chapuceros, las chapuzas han salido del Consejo de Ministros y salpican a todos sus miembros.

Los intentos de ciertos ministros para desentenderse de los acuerdos del Consejo de Ministros o de los planteamientos de otros miembros del Ejecutivo suenan a falsos y oportunistas. Si fuesen sinceros, esa postura les debería conducir a la dimisión, que siempre está en su mano. Todo tiene un coste y cuando se está dispuesto a pagarlo con tan de mantenerse en el cargo es porque en el fondo no hay tanto desacuerdo como se pretende, ni tanto tecnicismo como se supone.

Lo mismo se puede afirmar del presidente del Gobierno. Hay que dar por hecho que es responsable no solo de todos los acuerdos del Consejo de Ministros, sino incluso de las actuaciones, posturas y manifestaciones de todos sus miembros. Tiene siempre la posibilidad de cesarlos. Es más, hay que suponer también que, quiera o no, se le pueden atribuir todos los desmanes que cometen sus socios de legislatura, puesto que los acepta y consiente con tal de que le mantengan en el poder.

republica.com 2-2-2023

Siempre se ha dicho que no conviene legislar en caliente. Elaborar y aprobar leyes es una operación sumamente delicada que exige reflexión y sosiego. Es por eso por lo que se establecen para ello procedimientos cuidadosamente fijados y premiosos con distintas etapas, de manera que sea posible la mesura y la deliberación. No obstante, siempre ha habido excepciones. La primera es la ley de presupuestos, que cuenta con un procedimiento de tramitación especial y más rápido. De ahí que normalmente se haya visto con recelo introducir en ella prescripciones que nada tienen que ver con los presupuestos.

Pero precisamente por esa razón también todos los gobiernos han sentido la tentación de aprovechar su tramitación para dar salida a otros preceptos y normas que juzgaban urgentes. Tan es así que, con la intención de disimular y hacer el tema más presentable, se creó una nueva ley llamada de acompañamiento que siguiera los pasos de la de presupuestos, en la que introducir todos estos elementos espurios. Existen otras excepciones (pero tendrían que ser eso, excepciones) tales como el decreto ley cuya utilización está prevista solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad o la tramitación por el procedimiento de urgencia de las leyes.

El problema surge cuando lo que debe ser una excepción, algo extraordinario, se convierte en la norma, que es lo que ha ocurrido con el Gobierno Frankenstein. Para dar salida a su diarrea legislativa ha llevado hasta el límite toda clase de procedimientos atípicos. Ha hecho habitual lo extraordinario. Sin comparación posible, ha usado mucho más que cualquier otro gobierno los decretos leyes. Y en las leyes que ha tramitado ha recurrido más de lo que sería deseable al procedimiento de urgencia.

Utiliza también “la proposición de ley”, tramitada por sus grupos parlamentarios, que acorta los trámites y los simplifica y que se suponía que son los apropiados para los grupos de la oposición, ya que no tiene demasiado sentido que los grupos que apoyan al Gobierno las presenten, como no sea para pisar el acelerador, evitar los debates y, sobre todo, los informes molestos de otros órganos institucionales, puesto que cuentan con que el Ejecutivo puede aprobar proyectos de leyes. El extremo de la corruptela se alcanza cuando, como ahora, se pretende modificar leyes básicas tales como el Código Penal, o las orgánicas del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, mediante una simple enmienda a una ley exprés que ya de por sí tenía los defectos anteriores y que se resolverá en pocos días.

A Lope de Vega se le atribuye aquello de que “muchas obras en horas veinticuatro pasaron de las musas al teatro”. Pedro Sánchez podría afirmar que muchas leyes en pocos días han pasado del Diario del Congreso al Boletín Oficial del Estado. El Gobierno Frankenstein no es que legisle en caliente es que se quema y abrasa la democracia.

Recientemente ha dado un paso más deslizándose de legislar en caliente a legislar a la carta, es decir, según los intereses y conveniencias de algunos políticos. Es lo que ha llamado el ingenioso Rufián “operación quirúrgica” (aislar lo que interesa), en otras palabras, leyes elaboradas únicamente con la finalidad de beneficiar a determinados delincuentes. Se las podría denominar “leyes de autor”, hechas a la medida. Por si no bastara con la eliminación del delito de sedición, ahora se rebajan las penas de la malversación para reducir la inhabilitación que pesa sobre los golpistas catalanes y de este modo puedan presentarse próximamente a las elecciones.

Para esta operación quirúrgica se sacan de la manga una distinción que no tiene sentido: los que roban para sí con “ánimo de apropiárselo”, como dice la enmienda de Rufián, o aquellos que roban para la causa, por otros motivos, para otras finalidades. Diferencian entre que haya enriquecimiento personal y que no lo haya, calificando de mayor gravedad la primera forma de malversación que la segunda. Creo que más bien debería ser al contrario, porque en el caso del enriquecimiento propio el daño queda solo reducido al desfalco que se produce a la Hacienda Pública; en el segundo caso, al menoscabo en el erario público se añade otro perjuicio, el que normalmente se deriva de la finalidad a la que va dirigida la cantidad hurtada al Fisco.

En la financiación ilegal de un partido político o en la creación de una red clientelar se rompen las reglas del juego democrático dando ventajas a una formación política sobre las demás. Y no digamos el perjuicio que se produce cuando se trata de financiar un golpe de Estado o las operaciones orientadas a fracturar una nación, o robar a todos los ciudadanos la soberanía que les corresponde sobre una porción de España.

Por otra parte, ¿qué entendemos por beneficio propio? En toda malversación, de un modo o de otro, lo hay. El dinero que se roba para el partido o para la causa termina repercutiendo en provecho de uno mismo, al menos en cargos o prebendas. Además, ¿dónde se encuentra el límite?, ¿se incluyen los hijos la pareja, otros familiares, los amigos….?

Como de costumbre, el Gobierno juega con las palabras. En los días previos todos los ministros han salido a repetir la consigna. Ni este Gobierno ni este partido tomarán nunca una medida que favorezca la corrupción. El equívoco perseguido es que nos dirán después que si no hay enriquecimiento propio no se puede hablar de corrupción, cuando esta sobrepasa con mucho no solo todo el espectro de la malversación, sino que alcanza a otras muchas actuaciones como conseguir un cargo o un puesto de trabajo para el hijo o para la pareja.

El Gobierno, al mismo tiempo, lanza una cortina de humo para tapar la desvergüenza que va a cometer al reducir las penas de los malversadores: ha registrado una enmienda a la ley creando un nuevo delito que ha denominado de “enriquecimiento ilícito” con el que se, según afirma, intenta intensificar la lucha contra la corrupción. Se castigará con penas de seis meses a tres años a los cargos públicos cuyo patrimonio se haya incrementado en 250.000 euros y no puedan justificarlo.

La enmienda es claramente una operación de distracción, y a la vez una demostración de ignorancia, puesto que el delito que se propone ya existe. Y no solo para los cargos públicos sino para todos los contribuyentes, y con condiciones más duras. El delito fiscal castiga de 1 a 6 años de prisión a aquellos contribuyentes que defrauden más de 120.000 euros y hay que tener en cuenta que los incrementos no justificados de patrimonio se consideran defraudación.

También por una simple enmienda a esta ley exprés el Gobierno quiere cambiar las reglas del juego o, lo que es lo mismo, las mayorías con las que se tiene que elegir a los miembros de los órganos constitucionales. Pretende justificarse con una idea que repite hasta la saciedad y que espera que como lluvia fina penetre en los ciudadanos: “la oposición tiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional”. La realidad es precisamente la contraria, es el sanchismo el que las bloquea, ya que su planteamiento es de este tenor: “si no aceptáis los nombres que yo propongo, no hay acuerdo, rompo la baraja y además os acuso de bloquear la negociación”.

Precisamente la fijación de una mayoría cualificada tiene como objetivo que ninguna formación política o tendencia pueda designar por sí misma y en solitario a un consejero. Se supone que al establecer la exigencia de los tres quintos de los votos, los elegidos tendrán que ser de consenso y no representar la prolongación de ningún partido. Serán de todos porque no serán de ninguno.

Ciertamente se puede dar una corruptela que es la que ha imperado en el pasado en casi todas las etapas, y que el PSOE quiere mantener, el reparto de cromos entre los dos partidos mayoritarios. Tú nombras a unos y yo nombro a otros. Tú apoyas a los míos y yo a los tuyos. El resultado es que los elegidos para estos órganos, lejos de ser personas de consenso y, en cierto modo, independientes, se convierten en correas de transmisión de los partidos que les han nombrado. Y de este modo son los políticos los que controlan los órganos constitucionales (ver mi artículo titulado “Cumplir la Constitución” del 10-11-22 y publicado en este mismo diario).

Sánchez va a por todas. Ya lo dijo cuando las encuestas comenzaron a darle la espalda. Quiere controlar el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Constitucional del mismo modo que ya controla, gracias a la impericia de Pablo Casado, el Tribunal de Cuentas. Está dispuesto a todo para que los nombres que propone sean aceptados, y en ese todo se incluye cambios legislativos de la forma más bochornosa, empleando todo tipo de abusos y corruptelas.

Son muchos los que mantienen que todas estas actuaciones y cesiones están ocasionadas por la necesidad de aprobar los presupuestos. Disiento. La aprobación de los presupuestos no era imprescindible para terminar la legislatura. Se puede gobernar perfectamente con unos prorrogados. Sánchez va mucho más lejos. Se trata de asegurar la coalición contra natura (Gobierno Frankenstein) de cara una nueva legislatura, pues sabe que es la única forma de mantenerse en la Moncloa. Ha comenzado hace tiempo el desarme del Estado, pero este cambio por la puerta de atrás de la Constitución y el derribo de los fundamentos del Estado pretende culminarlos en los próximos cuatro años.

republica.com 15-12-2022