ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

La ministra de Economía lleva tiempo presentando un panorama idílico acerca de la evolución de la economía española. Pero ha sido en las últimas semanas, con el cierre del ejercicio 2022, cuando se ha desmelenado. Ha llegado a declarar que España inicia 2023 con un motor económico sin precedentes, nuestra economía es robusta. ¡Ahí es nada! Y al mismo tiempo se atreve a tildar de agoreros a los que tienen opiniones en contra.

Esta postura desenfadada y autocomplaciente no es exclusiva de Calviño. De ella participan y han participado como corifeos todos los miembros del Gobierno, incluyendo al propio presidente, que no deja de contraponer lo que, según él, indican los datos a lo que denomina “panorama apocalíptico” que pregonan algunos. Existe sin embargo una diferencia entre Calviño y los demás ministros. Se supone que ella sabe de economía, mientras que el resto, incluyendo a Sánchez, carecen de conocimientos económicos.

No es que yo participe de esa postura bobalicona que tiene a la ministra como gran experta por el hecho de que fuese en su día directora general en la Comisión. Es de sobra conocida la mediocridad existente en buena parte de la burocracia europea. Pero Calviño es además técnica comercial del Estado y algo de política económica debe de saber, por lo menos para interpretar correctamente los datos. Hay que suponer por tanto que su discurso triunfalista solo obedece a la voluntad de engañar y presentar una realidad que ella misma entiende que no es tal. Esto no significa que la simulación no se encuentre también en las motivaciones del resto del Gobierno, sepan o no sepan economía.

El discurso triunfalista del Ejecutivo choca ciertamente con la realidad de la calle y con la sensación que los ciudadanos tienen de que la economía va mal. Así lo manifiesta el ochenta por ciento en algunas encuestas. El relato del Gobierno se basa, por una parte, en la manipulación de las cifras cambiando de nombre a la misma realidad. Ello es demasiado evidente en el caso del paro y del empleo. Tanto Escrivá como Yolanda Díaz se han dedicado a enfangar los datos y a confundir lo que realmente ocurre en el mercado de trabajo. A su vez, Calviño no ha tenido ningún reparo en forzar la dimisión del anterior director general del INE para sustituirlo por alguien más manejable. El problema es que las sospechas y dudas sobre la coherencia de las cifras, tanto más cuanto que se cambian los criterios de elaboración, originan una manifiesta incertidumbre sobre la situación económica. Existe el riesgo de que con las estadísticas se produzca el mismo descrédito que con las encuestas del CIS de Tezanos.

Por otra parte, el Gobierno fundamenta también su discurso en un solo dato o en un momento concreto de la coyuntura. Prescinde de los demás y olvida que la realidad económica es un todo continuo y que todo análisis, para ser coherente, precisa considerar un periodo adecuado y la correlación entre una pluralidad de variables. El Gobierno ha lanzado las campanas al vuelo ante el hecho de que el incremento del PIB en 2022 haya sido del 5,5%, por encima de las previsiones realizadas y superior al de la mayoría de los otros países de la UE. Pero esto en sí mismo no dice nada sin considerar de dónde venimos y hasta qué punto se hundió nuestra economía en el 2020, en un porcentaje mayor al del resto de las europeas.

El dato realmente relevante es que somos el único país de la Unión Europea que aún no ha recobrado el nivel del PIB previo a la pandemia. En concreto, el PIB en 2022 tan solo ha sido el 98,73% del de 2019, y lo que es aún más grave, según las previsiones, ni siquiera lograremos alcanzar el 100% en este año. Como se puede apreciar, la situación no es precisamente para tirar cohetes, ya que representa cuatro años perdidos.

Esta evolución del PIB cuestiona abiertamente todos los planteamientos gloriosos que acerca del empleo se nos han venido haciendo a lo largo de todos estos años. Por más que se manipulen las cuentas, las cifras no cuadran (ver mi artículo de 22 de diciembre de 2022 en estas mismas páginas titulado “Crecimiento económico y cifras de desempleo”). En realidad, después de tantos equívocos, cambios y tergiversaciones, el único dato que se puede acercar a la realidad es el de horas semanales trabajadas. La evolución de esta variable sí es acorde con la del crecimiento de la economía. Según el INE, en el cuarto trimestre de 2022 se trabajó por término medio 630 millones de horas semanales, mientras que en el mismo periodo de 2019 se alcanzaron los 640 millones. Estamos, por tanto -sean más o menos los empleados- a un 98% de conseguir el volumen de trabajo pre pandemia.

El Gobierno últimamente también se ha vanagloriado de la tasa de inflación de los últimos meses, considerando que es la más baja de los países europeos. Una vez más, el análisis tiene que ser más fino. Primero, la consideración del incremento de los precios, ya que es acumulativa, no puede circunscribirse a un mes ni a un año. Se precisa contemplar al menos el espacio transcurrido desde el comienzo de la crisis. En segundo lugar, hay que considerar que la UE después de la ampliación es muy heterogénea, y en lo referente a esta inflación (que en una medida importante tiene su origen en la crisis de la energía, en la invasión de Ucrania y en la reacción un tanto espasmódica que frente a ella ha tenido la propia UE) resulta bastante evidente que el impacto no puede ser el mismo en todos los países. La cercanía y la dependencia rusas lógicamente tienen que ser factores determinantes. La comparación debe hacerse con aquellos países de nuestras mismas características.

En España, desde 2019 hasta finales de 2022, el índice de precios al consumo armonizado por la UE se ha incrementado un 13%, igual que en Portugal, menos que en Alemania (18%) y que en Italia (17%), pero más que en Francia (12%) y en Grecia (11%). En cualquier caso, las cifras más relevantes de cara al futuro se hallan en la inflación subyacente, que lejos de reducirse aumenta, y más concretamente en la relación precios-salarios, que es lo que más importa a la mayoría de los ciudadanos. Y aquí volvemos a situarnos en una mala posición. Según la OCDE, nuestro país está a la cabeza de la pérdida de poder adquisitivo. Incluso en Italia y en Alemania, con tasas de inflación más elevadas, los salarios reales se han reducido menos que en España.

En varios artículos he combatido ese tópico que define la inflación como el impuesto de los pobres. Obedece a una tesis trasnochada, propia de los tiempos en los que era el Estado el que emitía la moneda. La inflación lo que siempre conlleva es una redistribución de la renta entre los ciudadanos y entre los distintos agentes económicos, ya que los precios (incluyendo entre ellos los salarios y los tipos de interés) tienen una evolución muy desigual. Unos salen beneficiados y otros perjudicados, dependiendo del lugar que se ocupa en el escenario social y económico y de la fuerza que cada uno tenga para imponerse.

Los trabajadores suelen ser perdedores porque los salarios suben menos que los otros precios. Resulta curioso que la ministra de Economía afirme, como si la cosa no fuese con ella, que las retribuciones de los trabajadores tienen que incrementarse, al tiempo que todas sus propuestas y medidas se reduzcan a que se suba el salario mínimo interprofesional y a que se realice un pacto de rentas. Por otra parte, la preocupación de Calviño debería haber comenzado por los salarios de los empleados públicos que, en contra de lo que vienen afirmando algunos periodistas, solo se elevarán este año el 2,5%.

He criticado con frecuencia lo que se denomina pacto de rentas, porque con él los únicos ingresos que de verdad se controlan son los salariales. En un sistema de libre mercado los beneficios empresariales resultan muy difíciles -más bien imposibles- de limitar y no digamos los tipos de interés, que precisamente son los que pretenden elevar los bancos centrales para controlar la subida de los precios. En esa lucha que la inflación desata entre los distintos tipos de rentas, el pacto que se propone constituye tan solo el estrado para decretar la derrota de los trabajadores.

La situación en España no deja de ser paradójica, puesto que son los sindicatos y el Ejecutivo los que reclaman el pacto de rentas, mientras que los empresarios lo rehúyen. La explicación se encuentra en que no lo necesitan, habida cuenta de que la entrega de las organizaciones sindicales a la política gubernamental y su debilidad es de tal calibre que la patronal sabe que convenio por convenio va a imponer sus deseos. La fuerza de los sindicatos radica tan solo en decisiones como el salario mínimo interprofesional, que dependen exclusivamente del Gobierno.

Esto explica que el decremento de los salarios reales sea uno de los mayores de Europa. Carece de sentido responsabilizar de ello a los empresarios y repetir, tal como hace la ministra, ese latiguillo de que tienen que arrimar el hombro, latiguillo que es el que los sanchistas emplean para echar las culpas a los demás. Es absurdo pretender que las empresas se comporten como sociedades benéficas. En un Estado social y democrático de derecho cada uno tiene su papel: los sindicatos, los empresarios, el Gobierno etc., y resulta imposible intercambiar sus funciones.

No creo que los empresarios españoles sean peores que los del resto de países. Si los salarios reales se han reducido más que en otras latitudes habrá que buscar el origen en la estructura de la economía, en las características y tipología de los puestos de trabajo, en la productividad, en la política económica del gobierno y en la debilidad de los sindicatos. CC.OO. propone ahora que el incremento salarial esté en consonancia con los beneficios empresariales. La teoría parece correcta, pero para llevarla a la práctica hay que pelear convenio por convenio y empresa por empresa y no vale con encargar a la Agencia Tributaria unos supuestos índices que estarían faltos de consistencia y con los que lo único que se conseguiría sería enfangar una vez más a este organismo en tareas que no son suyas.

La economía española está muy lejos de ser ese país de las maravillas que de vez en cuando nos presenta Calviño. Los españoles son los únicos ciudadanos europeos que aún no han recobrado el nivel de vida pre pandemia. La renta per cápita actual es inferior a la de 2019, incluso a la de 2018. Es decir, que en los cuatro años de gobierno de Sánchez los ingresos de los habitantes de nuestra querida España, por término medio, se han reducido. Es más, el empobrecimiento de la población es aún mayor que el que se deduce de esta variable. Hay que considerar que su patrimonio se ve minorado por el aumento de la deuda pública en un 17% del PIB, incremento muy superior al experimentado por la casi totalidad de los países europeos: el de Grecia 5% del PIB; Portugal el 3%; Holanda el 3%; Alemania 7%; Austria 9%; Bélgica 10%, y Francia e Italia, que son los que más se acercan, ambos con el 14%. La media de la Eurozona se ha situado en el 9%.

Como se ve, todo este escenario sitúa nuestra economía a la cola de Europa en casi todos los parámetros, y muy lejos del discurso triunfalista del Gobierno. El hecho es tanto o más llamativo, si tenemos en cuenta los fondos de recuperación y el relato de Sánchez y sus mariachis acerca de que con ellos se iba a cambiar radicalmente la realidad económica de España situándonos a la cabeza de todos los Estados europeos. ¿Fondos de recuperación? ¡Oh paradoja!, pues resulta que la única economía que aún no se ha recuperado es la española.

republica 16-2-2023

Dediqué el artículo de la pasada semana a señalar la contradicción existente, en mi opinión, entre la política monetaria del Banco Central Europeo y la política fiscal de la Comisión y de la mayoría de los gobiernos nacionales. Terminaba haciendo  referencia de pasada a las medidas adoptadas últimamente por el Gobierno español y prometía tratar algunas de ellas en el artículo de esta semana. Con carácter general, el primer reproche a realizar es que la ayuda se ha dividido en un número elevado de medidas de pequeña cuantía y escasa eficacia que complican enormemente la gestión. Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches, que diría Luis Eduardo Aute.

Un sistema fiscal vale lo que vale la administración encargada de aplicarlo. Aseveración que es casi un tópico, pero no por eso deja de ser menos verdad. Los tributos, para ser justos, deben ser complejos, pero no tanto que hagan imposible su gestión y control, porque entonces terminan siendo radicalmente inconsistentes y arbitrarios al beneficiar tan solo a los que estén dispuestos a mentir o a defraudar.

A menudo, el Ministerio de Hacienda se ha equivocado, y continúa equivocándose, al establecer deducciones fiscales con tal cúmulo de requisitos y condiciones que hacen inviable su comprobación. Sin embargo, creo que ha acertado cuando ha renunciado a un control exhaustivo de toda la población y ha exonerado de declarar a aquellos contribuyentes con rentas bajas y que apenas tienen margen para defraudar. El coste administrativo podría ser mayor que el beneficio que se obtendría al intentar un control total.

Curiosamente, quizás por ignorancia, o por pensar que así obtenía más publicidad, el Gobierno, lejos de plantear las ayudas de forma unitaria y global mediante un solo instrumento, las ha dividido en múltiples medidas de escasa cuantía no conexionadas entre sí e imposibles de gestionar adecuadamente, como no sea consumiendo una gran cantidad de recursos administrativos que son necesarios para otros menesteres. Con un planteamiento un tanto simple han creído solucionar el problema encargando de la gestión a la Agencia Tributaria, a la que se enfanga con una pluralidad de asuntos menores que no puede analizar ni controlar adecuadamente, pero que la apartan de su misión, que es perseguir el fraude.

El inicio de este camino hay que asignárselo al ministro que se cree independiente, pero que es especialista en operaciones fallidas y en lanzar los muertos a los otros departamentos o entidades. Su ignorancia administrativa le llevó a crear un ingreso mínimo vital (IMV) alambicado y complejo que ha sido un fracaso, imposible de gestionar y más aún de controlar, y que ha inundado de papeleo a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Se da la incongruencia de que se obliga a presentar la declaración del IRPF a aquellas personas, quizás a las de menores rentas, que estaban exentas y que desde luego no saben de qué manera hacerlo. La Agencia, por tanto, carece de una adecuada información respecto a ellas. Con lo que el control y las comprobaciones carecerán de rigor, pero alejarán a la administración tributaria de su objetivo.

La última ocurrencia en este sendero, por ahora, es la entrega por una sola vez de un cheque de 200 euros para aquellos ciudadanos con una renta anual inferior a los 27.000 euros y un patrimonio no superior a 75.000. El problema, entre otros, radica en que, al igual que en el IMV, en muchos casos la Agencia Tributaria carecerá de los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones, especialmente la cuantía del patrimonio.

La situación se hace más compleja cuanto que para determinar estos límites se considera el estado civil del beneficiario, siendo la familia, si existe, la unidad a considerar. Son los ingresos sumados del marido y de la mujer los que se computan a efectos de calcular si se tiene o no derecho a la subvención. Aparte de complicar enormemente la gestión, se genera una situación injusta, porque en una mayoría de casos el nivel de renta y patrimonio que permitiría cobrar la ayuda en el caso de ser soltero la excluye cuando los beneficiarios están casados o son pareja de hecho.

Se produce así no solo una arbitrariedad, sino que se plantea un grave problema jurídico. El Tribunal Constitucional a principio de 1989 declaró contrario a la Constitución la obligación que existía entonces de que los matrimonios realizasen una declaración conjunta en el IRPF. Sentaba así la doctrina de que el estado de casado o casada no podía implicar un trato desfavorable en materia fiscal. Parece lógico que este planteamiento se pueda extender al ámbito de las ayudas o subvenciones.

Esta complejidad en la gestión contrasta con la levedad de la ayuda, escasa cuantía y ceñida a un reducido colectivo. El hecho de que se excluya a los que cobran una pensión o el IMV, unido a que el cómputo sea por familias conduce a que el número de beneficiarios vaya a ser muy reducido. Eso no es óbice para que el Gobierno, como siempre, haga trampas e infle la cifra de subvencionados y la cantidad a emplear. Por otra parte, como ya es costumbre en las medidas aprobadas por este Gobierno, se cae en un error de salto. Es un desliz que solo es propio de aprendices. Se pierde el derecho a la subvención por tener un céntimo más de renta o de patrimonio.

Dentro de las medidas aprobadas se encuentra también la prórroga de la gratuidad del transporte de cercanías y a media distancia. Decisión sin duda muy discutible que únicamente tiene importancia, y solo relativa, para un número muy reducido de personas, aquellas que viven en ciudades y usan transporte público. Por otra parte, la experiencia de los últimos meses ha mostrado -lo que por otra parte ya se sabía- que el precio, entre otras finalidades, limita el consumo a niveles racionales y evita el despilfarro. En este caso, la gratuidad en el servicio originó que a muchas personas que necesitaban viajar no les fuera posible hacerlo, a pesar de que los trenes iban casi vacíos como consecuencia de que al no tener coste se reservaban muchos más billetes de los que después se utilizaban.

Se contrasta de nuevo la conveniencia de canalizar las ayudas mediante un solo instrumento y orientado a incrementar la renta o el ingreso personal, y no a través de múltiples subvenciones a productos específicos que complican la gestión y distorsionan el mercado. La aseveración es aun más cierta cuando se subvenciona la totalidad del precio, convirtiendo en gratuito el consumo de un producto. Se incentiva el derroche y muy posiblemente se genera escasez.

El Gobierno ha prorrogado también la congelación de los precios de los alquileres. Es una medida que no cuesta nada al erario público, ya que la fiesta corre a cargo de los propietarios. Quizás ayude momentáneamente a los actuales arrendatarios, pero perjudica a los arrendadores y a los futuros inquilinos, ya sean nuevos o que tengan que renovar su contrato. Se estrecha la oferta lo que aumenta el precio y las dificultades de los arrendatarios más precarios (ver mi artículo del 20-9-2018 en este mismo medio).

El Ejecutivo, después de resistirse y criticar a los que lo propusieron, ha decidido la bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad. Lo llamativo es que una vez más ha querido cuadrar el círculo y comprometerse a lo imposible. Aunque ciertamente le da igual, puesto que no tiene ningún problema en incumplir las promesas. Ha asegurado que impedirá y no permitirá que los empresarios se apoderen de la bajada del IVA y que no lo repercutan sobre los consumidores. Misión quimérica. Sucede igual con el impuesto sobre los ingresos bancarios, que será totalmente imposible saber si se produce o no la traslación ¿cómo determinar en qué medida la reducción del IVA está incorporada en la variación de los precios o el nuevo impuesto en las modificaciones de los costes de los servicios bancarios? Solo la competencia puede impedir que los empresarios se apoderen de la bajada del IVA y los bancos trasladen los impuestos.

Refirámonos por ultimo a una medida ocurrente, como salida de la factoría del ministro independiente. Ante la falta de médicos, se ofrece a los de familia y a los pediatras la posibilidad de seguir trabajando después de la edad de jubilación haciendo compatible el sueldo con el 75% de la pensión. No deja de resultar curioso que en el país con más paro de toda la Eurozona se incentive el retraso en la edad de jubilación.

Es posible que exista carencia de médicos, pero esto es únicamente por las condiciones económicas que obligan a emigrar a muchos de ellos. El Estado español realiza un mal negocio. Corre con los gastos de educación de los aspirantes para que después terminen produciendo en otros países. Habrá que cuestionarse si no sería más lógico dedicar a la Sanidad más recursos, de manera que no se produzca semejante diáspora.

Podríamos preguntarnos también si no habría que considerar la sanidad pública como uno de los mejores destinos para los llamados fondos de recuperación, en lugar de dedicarlos a esas otras finalidades etéreas que están muy lejos de incentivar la economía -no hemos alcanzado aún los niveles de 2019-, pero que sí van a enriquecer arbitrariamente a determinadas empresas, de acuerdo con las conveniencias del Gobierno y de los objetivos electorales de Sánchez. Todo funciona a pegotes. Qué carnaval, qué pitote. Vaya chapuza que hay.

republica 19-1-2023

No es ninguna novedad. Este Gobierno ama la representación, que le permite aparentar lo que no es, y figurar como progresista y social sin serlo. Esta distorsión ha hecho su presencia una vez más, ahora en la negociación con la banca respecto a las hipotecas. Cuesta entender lo que se aprobó en el Consejo de Ministros, y se convalido en el Parlamento, puesto que su eficacia queda reducida a una simple recomendación a las entidades financieras, que pueden aplicar esas medidas u otras parecidas o ninguna.

Durante semanas pregonaron que el Gobierno y la Asociación Española de Banca (AEB) estaban negociando un acuerdo acerca del tratamiento que debería darse a las hipotecas de los más vulnerables. Al final dijeron que habían llegado a un acuerdo, acuerdo que se aprobaría en el Consejo de Ministros. ¿Pero de qué negociación se trata, a qué pacto se referían, qué consistencia tiene el acuerdo del Consejo de Ministros cuando las entidades financieras no adquirían ningún compromiso? Todo puro aire, flatus vocis, mera propaganda, trasmitir la idea de que el Gobierno actuaba y ayudaba a los tenedores de hipotecas, que se ven fuertemente damnificados por la subida de los tipos de interés.

Es verdad que la mayoría de los bancos se han adherido, pero eso es tan solo porque con negociación o sin ella, con acuerdo o sin acuerdo, cada entidad financiera habría aplicado medidas similares. Después de la anterior crisis no creo que a los bancos les apetezca abarrotarse de impagados que, según las directivas del Banco de España, se verían obligados a provisionar, con la consiguiente disminución de los beneficios contables. Y mucho menos, serán proclives a ejecutar esos créditos y llenar sus balances de casas y edificios sin saber muy bien qué hacer después con ellos.

Sin duda les tiene mucha más cuenta flexibilizar los criterios de pago y permitir que los créditos se abonen en un periodo más largo, siempre, eso sí, que no se les obligue a provisionarlos. Esto último es lo primero que pidieron las entidades financieras y hay que suponer que lo consiguieron porque, de lo contrario, ninguna estaría dispuesta a aplicar las medidas. Hay un grave inconveniente que la no provisión de estos créditos, muchos de ellos difíciles de cobrar, y que seguramente terminaran siendo incobrables, puede crear una falsa imagen de la solvencia de la banca.

Lo que no está tan claro es el beneficio que van a conseguir los clientes, porque si de momento se les alivian los pagos que tienen que realizar, es a condición de alargar sustancialmente la vida del préstamo y, por lo tanto, de incrementar el monto total de los intereses a pagar. La pequeña rebaja del tipo de interés que en algunos casos se consigue es casi despreciable. No tendría nada de extraño que muchos deudores negociando individualmente consiguieran mejores condiciones dada la repulsa que la entidad financiera tendrá a ejecutar el crédito.

Las cosas son muy distintas de cómo se nos quieren presentar. Es lo propio del populismo, dar respuestas simples a problemas complejos y nada más simple que las recetas de Zapatero. Hace unos días en la reunión de la Internacional Socialista ha dicho que una de las tareas principales a emprender hoy es la de plafonar la riqueza. Por lo visto está dispuesto a descubrir el Mediterráneo, porque la solución a lo que plantea está hallada ya hace mucho tiempo, solo que se llamaba dificultar la acumulación del capital.

Hace casi un siglo que la socialdemocracia había logrado que la mayoría de los Estados contasen con los instrumentos adecuados para conseguir este objetivo. Primero, un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo, cuyo tipo máximo marginal en algunos países como Estados Unidos o Reino Unido se situó en algunos momentos por encima del ochenta por ciento. En nuestro país mismo alcanzó a finales de los setenta y primeros de los ochenta el sesenta y cinco por ciento. Segundo, los impuestos de patrimonio y sucesiones que tienen como objetivo, amén de complementar el impuesto sobre la renta, impedir precisamente la acumulación de capital, evitando que los activos se embalsen, por ejemplo, en sociedades, sin realizarlos y por lo tanto sin que tributen en el IRPF.

Sorprende que Zapatero se plantee desconocidos e ilusorios caminos para limitar la riqueza cuando durante su gobierno se eliminó el impuesto de patrimonio, se defendió un tipo único para el impuesto sobre la renta, y tanto con Pedro Solbes como con Elena Salgado en el Ministerio de Hacienda se tomaron medidas fiscales enormemente regresivas.

Y es que, desde hace décadas, con la globalización y la Unión Monetaria, la socialdemocracia ha desaparecido, por mucho que una vez más Sánchez haya montado una representación con partidos de tercera o cuarta división y se haya nombrado presidente de un chiringuito al que llaman Internacional Socialista. Fue en esa magna asamblea en la que el presidente del gobierno anunció su entronización en la Historia y Zapatero proclamó esa idea tan original de que había que plafonar la riqueza. Claro que para idea original la de Yolanda Díaz cuando para justificar su pretensión de que se considere al propietario de cinco pisos gran tenedor afirmó sin despeinarse que con cinco pisos se puede manipular el mercado del alquiler. Es lógico que ella y Zapatero hayan ido a homenajear a la peronista Cristina Kirchner.

republica.com 22-12-2022

Ya en los primeros tiempos de la epidemia, la economía española, por incompetencia del Gobierno, se hundió en un porcentaje mucho mayor que la del resto de los países europeos. Desde entonces, ante los malos resultados, el Ejecutivo ha venido refugiándose en las estadísticas de paro y en el número de afiliados a la Seguridad Social, utilizándolo para presentar un panorama positivo.

No obstante, una pregunta flota en el aire: ¿cómo es posible que con tasas de crecimiento muy bajas o negativas se haya incrementado el empleo, según se empeñan en convencernos de manera triunfalista cada cierto tiempo tanto el ministro de la Seguridad Social como la ministra de Trabajo? Pregunta que por supuesto ninguno de los dos, bien sea por conveniencia o por incompetencia, han podido contestar. Escrivá, para justificar su ignorancia, la hace extensiva a todos los economistas y habla de enigma. Pero la cuestión no tiene por qué ocultar ningún misterio.

Lo primero a tener en cuenta es la periodicidad. En determinados años o determinados meses, quizás no se produzca tal divergencia. Por ejemplo, en este ejercicio, todas las previsiones apuntan a que el crecimiento económico se situará alrededor del 4%, fruto de la tardanza en recuperarnos del desplome de nuestra economía en los primeros tiempos de la epidemia. No tiene, por tanto, nada de chocante que en este año también crezca el empleo y se reduzca el paro. Es más, tampoco debería extrañarnos que existan desplazamientos y ajustes de un mes a otro, incluso de un año a otro.

La cosa cambia cuando se considera un periodo más largo. Por ejemplo, de 2019 a la actualidad. Nuestra economía es la única de la Unión Europea que aún no ha recobrado los niveles anteriores a la pandemia; luego, en condiciones normales, cabría esperar que el empleo tampoco. Si existen diferencias, y las hay, es cuando hay que empezar a buscar los motivos.

La primera explicación podría encontrarse en un doble requisito. Primero, que el excedente empresarial hubiera reducido su proporción en la renta y, por lo tanto, incrementado la de la retribución de los trabajadores. Segundo, que ese aumento se hubiese destinado a incorporar a un número mayor de asalariados. No parece que este sea el caso. No es verosímil. El proceso más bien ha sido el contrario.

Resulta mucho más creíble una segunda explicación: que los datos oficiales de empleo estén sobrevalorados. Que no aparezcan todos los parados y entre los afiliados a la Seguridad Social se cuente con colectivos que en realidad son desempleados. Tal vez el caso más llamativo y cuantitativamente más importante haya sido el de los trabajadores sometidos a una regulación temporal de empleo (ERTE). No computan como parados y sin embargo lo son, aun cuando lo sean temporalmente. Cobran el seguro de desempleo y no trabajan.

El afán de presentar como un gran éxito lo que no lo es no puede llevarnos a distorsionar la realidad, tal como hacía la ministra de Trabajo cuando se jactaba tiempo atrás de que, en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB al de la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor. En mayo del 2020 el número oficial de personas en paro ascendía a 3,8 millones. ¿Cuál hubiera sido el dato real si a esta cifra se le hubiesen sumado los 3,6 millones que se encontraban en ERTE? ¿Dónde está la diferencia con la crisis de 2008?

En los momentos actuales, este factor de distorsión ha perdido importancia. Se ha reducido sustancialmente el número de trabajadores en esta situación; sin embargo, después de la reforma laboral una parte de los contratos temporales se han convertido en fijos discontinuos a los que no se considera parados en la etapa en que se encuentran entre trabajo y trabajo. A ellos hay que añadir los contratados en formación, los de disponibilidad limitada y los autónomos sin actividad. Toda una serie de colectivos que están sin duda en una situación de desempleo, pero que no aparecen en las estadísticas oficiales.

Por último, hay otra razón para que existan diferencias entre la evolución del empleo y la del crecimiento económico, quizás la más inmediata, la variación de la productividad. Primero, mediante una progresiva traslación de la actividad de sectores de mayor valor añadido a otros que lo tienen menor. Causaría una diferencia entre la variación del PIB y del empleo. Segundo, el incremento de los trabajadores a tiempo parcial respecto a la totalidad. Esto último explicaría también, al menos en parte, el hecho de que en los momentos actuales el estado de pobreza se extiende a trabajadores con empleo.

Podría pensarse que el hecho de que nuestra economía no haya perdido de forma sensible la competitividad con el resto de los países europeos es señal de que la productividad no se está reduciendo. Es una deducción simplona, puesto que hay otros factores que influyen en la competitividad. Por supuesto, el tipo de cambio, aunque este comodín se encuentra vedado para nosotros desde que estamos en la Unión Monetaria. Pero existen otras variables como el nivel salarial, que pueden compensar el descenso de la productividad a efectos de mantener la competitividad.

Por otra parte, el tránsito de sectores de más productividad a otros de menor valor añadido no tiene por qué dañar la competitividad. Precisamente, es muy posible que se abandonen determinados sectores y se traslade la actividad a otros de menor valor añadido porque se ha dejado de ser competitivo en los primeros.

En cualquier caso lo que parece incuestionable es que si se quiere saber con certeza cómo evoluciona el empleo hay que mirar a las estadísticas de horas trabajadas y se comprobará que su evolución no es muy distinta de la del PIB.

republica.com 1-12-2022

No era preciso tener dotes proféticas para adivinar la reacción que iba a tener el Banco Central Europeo (BCE) ante el impuesto que piensa imponer el Gobierno a la banca. Es curioso que a los que se les llena la boca de hablar de Europa después actúan como si la Unión Monetaria no existiese. Sobre todo, se olvidan de las grandes limitaciones que ello significa. Desde la crisis del 2008 la solvencia de las entidades financieras forma parte de las preocupaciones de las instituciones comunitarias y, entre ellas, en este cometido el BCE ocupa un puesto de preeminencia.

La creación de la unión bancaria aparecía como una necesidad. Bien es verdad que, a pesar de haberla establecido y hasta la fecha, tal unión no ha servido para socializar entre todos los países las pérdidas. Las insolvencias acaecidas últimamente han recaído sobre los propios accionistas de la entidad o sobre el erario público del respectivo Estado, y de ningún modo sobre Bruselas. Pero lo que sí se ha transferido a las autoridades comunitarias es la supervisión y vigilancia de las entidades financieras. Los bancos centrales de los distintos Estados han pasado en cierto modo a ser sucursales del BCE.

Tampoco era necesario afinar mucho para adelantar algunas de las objeciones que iba a poner Frankfurt (ver mi artículo en este periódico del 4 de agosto de 2022, titulado “Impuesto a los depósitos bancarios”). Mas allá de las deficiencias técnicas de la norma (cosa casi generalizada en las leyes de este Gobierno) y de la posibilidad de que la tumbe la justicia, el BCE coloca como una de las objeciones principales el hecho de que el gravamen gire sobre el margen de intereses y las comisiones, y no sobre los beneficios, con lo que se puede distorsionar el funcionamiento del mercado financiero y dañar la solvencia de los bancos, tanto más cuanto que el tributo no es generalizado.

Pero, sobre todo, Frankfurt destaca la prohibición que establece la norma de que las entidades financieras repercutan el gravamen sobre los clientes, cuyo cumplimiento resulta totalmente imposible de comprobar. Las entidades financieras tienen suficientes mecanismos para trasladar el impuesto, con lo que la prohibición se convierte en un brindis al sol.

Además, el BCE no ha visto con buenos ojos que se designe al Banco de España como cancerbero de la observancia de un mandato totalmente irrisorio, que cae fuera de sus funciones e incluso en cierto modo se opone a ellas, ya que el BCE ha establecido, nos guste o no, que las entidades financieras deben repercutir todos sus costes a los clientes.

Lo que sí nos debería haber sorprendido, aun cuando estemos curados de espanto, es la reacción tan visceral, zafia y fuera de tono que han tenido todos los miembros del Gobierno ante el informe del BCE. Quizás el mayor exabrupto, excluyendo el de Sánchez, haya sido el protagonizado por el ministro de Seguridad Social, y es que los conversos suelen llevar las cosas hasta el extremo para que se les perdonen los pecados pasados.

Lo único que se le ha ocurrido decir es que el informe es de corta y pega. Debe de conocer bien esa técnica, ya que su señorito la domina a la perfección, como demostró con su tesis doctoral, y él mismo la ha aplicado en la elaboración del ingreso mínimo vital y en su reforma de las pensiones, que son chapuzas de primer orden. Si el ministro no hubiese sido tan visceral, habría entendido que una cosa es el corta y pega y otra que una institución al elaborar un informe cite las tesis que ha mantenido en otros casos similares. En esta ocasión, transcribe lo dicho respecto de Lituania, Eslovenia y Polonia. Y ciertamente no dice mucho acerca de la salud de la democracia española que el BCE la tenga que comparar con la de estas naciones.

La traca final la protagonizó Sánchez con unas declaraciones muy a su estilo -estilo que ha transmitido a sus ministros-, la de sustituir los argumentos que no tiene por ataques personales, insultos e injurias.  Claro que primero tiene que identificar el objeto o el sujeto a quien echar las culpas y, por lo tanto, convertirlo en diana. Es una táctica muy vieja, quizás desde los sofistas. Schopenhauer la explicó de forma profusa en su obra “Parerga y Paralipómena”, cuyas conclusiones fueron recogidas por Alianza editorial en un librito titulado “El arte de insultar”.

El filosofo alemán se expresaba de este tenor: “Cuando se advierte que el adversario es superior y que uno no conseguirá llevar razón, personalícese, séase ofensivo, grosero. Personalizar consiste en que uno se aparta del objeto de la discusión (porque es una partida perdida) y ataca de algún modo al contendiente y a su persona: esto podría denominarse argumentum ad personam, a diferencia de argumentum ad hominem”.

Sánchez se ha hecho un maestro en esa táctica del argumentum ad personam. La ha practicado desde hace mucho, desde antes de ser presidente del gobierno. Todos recordamos aquel debate electoral del 13 de diciembre de 2015 en el que espetó a Rajoy aquello de “Usted no es una persona decente”. Sonó como un trallazo que dejó desconcertado incluso al propio presidente del gobierno, ya que hasta entonces nadie estaba acostumbrado a este tipo de enfrentamientos personales.

Ahora ha dado órdenes a sus ministros de que lo utilicen. Buen ejemplo de ello es la ofensiva emprendida contra Núñez Feijóo. Causa risa de lo burda que es y de lo obvia y evidente que aparece. Incluso le han acusado de no saber inglés. Si el presidente del PP hubiese sido ducho en argumentos ad personam habría podido contestar que peor que no saber inglés es saber solo inglés, que es lo que le pasa a Sánchez.

Esa misma táctica es la seguida contra el informe del BCE que tan mal ha sentado en el Gobierno. La reacción no se ha basado en ningún argumento racional, sino en ataques personales. Para ello ha escogido como objetivo al vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, basándose en que fue ministro de Economía de Rajoy. El plan ha resultado ingenuo. Es difícil de creer que un informe del BCE firmado por su presidenta obedezca únicamente a la animadversión de un miembro del Consejo.

Este menosprecio de Sánchez, dados sus antecedentes, no debería sorprendernos. No obstante, en esta ocasión sí hay un motivo para el asombro, el hecho de que el contrincante sea el BCE, entidad que mantiene en su balance más del 30% de la deuda española y que es la única institución europea realmente con poder. Colocó a la economía griega al borde del abismo hasta que hizo rectificar al entonces Gobierno de Tsipras. Fue el que tuvo que salvar a España e Italia del acoso de los mercados, pero, en contrapartida, les obligó a duras medidas y ajustes.

Ciertamente sería ingenuo pensar que por este enfrentamiento el BCE vaya a tomar represalias vendiendo la deuda pública española. Pero la situación actual es sumamente crítica. Ante la desmedida inflación, el BCE debe cambiar de política. Por lo pronto ha tenido que subir los tipos de interés, pero todo hace pensar que tendrá que pasar de comprar bonos a desprenderse de ellos en el mercado para drenar liquidez y reducir así la demanda. En esto no se distingue de otro banco central cualquiera, como la Reserva Federal de EE. UU. o el Banco de Inglaterra. No obstante, sí existe una notable diferencia, la Unión Europea ni es un Estado ni constituye una única economía; por el contrario, se compone de veintisiete países muy heterogéneos y con un stock de deuda pública enormemente dispar.

El BCE prevé que no podrá vender títulos de algunos países, y que incluso tendrá que continuar comprándolos si no quiere que los mercados apuesten contra ellos y que su prima de riesgo se dispare, tal como ocurrió en 2012. Es decir, que se va a producir la fragmentación del mercado, deberá vender títulos de la mayoría de los países, pero se verá obligado a comprar de algunos otros como Italia, España y, por supuesto, Grecia.

Ha habido que crear un nuevo instrumento mediante el cual se comprará los títulos de aquellos países que lo necesiten, pero con requisitos y obligaciones que forzosamente habrá que cumplir. Es decir, que dentro de muy poco parece que vamos a depender del BCE más de lo que querríamos, y que estaremos sometidos a su dictamen y a sus condiciones. No me parece que sea el momento para la petulancia, la soberbia y el desplante. En estas circunstancias la altivez se convierte en imprudencia.

republica.com 17- 11-2022