ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

LA AMNISTÍA DE LOS 500 EUROS

Y parió un ratón. Después de no sé cuantas semanas de discusión, el pasado día 4 de mayo el Banco Central Europeo llegó a un acuerdo acerca de los billetes de 500 euros. Se inclinó por la opción más gradualista. El compromiso consiste tan solo en que a partir de 2018 no se emitirán nuevos billetes, pero manteniendo sine die la circulación de los existentes y sin imponer condición alguna ni temporal ni formal para su canje. Se pierde así una buena ocasión para luchar contra la evasión fiscal. Una vez más, triunfan las tesis de Alemania.

En realidad, el nacimiento de este billete obedeció ya a una exigencia alemana, y no a una necesidad real de la economía. Al igual que el BCE se creó a imagen del Bundesbank, el billete de 500 euros nació para sustituir el billete de 1.000 marcos. Pocos países en la Eurozona contaban con billetes de valor similar. El mayor en España, por ejemplo, era de 10.000 pesetas (60 euros) y en Francia de 500 francos (76 euros). En la actualidad, solo dos billetes superan su valor: el de 1.000 francos suizos y el de 10.000 dólares de Singapur.

Los billetes de 1.000 dólares dejaron de emitirse en 1947 y se retiraron de la circulación en 1969, lo que muestra bien a las claras el sinsentido de haber creado a principios del siglo XXI billetes de 500 euros. Su único cometido ha consistido en ser vehículo del fraude fiscal, cuando no del negocio del narcotráfico, terrorismo y venta de armas. De hecho, según un informe del mismo BCE, el 56% de los ciudadanos europeos no lo habían visto nunca, lo que es totalmente indicativo del escaso uso que ha tenido en los intercambios comerciales y financieros normales.

No obstante ser casi un billete virtual, desconocido para la mayoría de la población, representa el 30% de todo el efectivo en circulación, su importe, de 300.000 millones de euros; la casi totalidad al margen del tráfico normal y orientados al atesoramiento, y a dar cobertura a la economía sumergida. Se puede decir que esta era su finalidad desde el mismo momento de su creación, y que en la Eurozona se ha facilitado la evasión fiscal conscientemente. La decisión actual de su limitación (que no eliminación) obedece exclusivamente al miedo que infunde el terrorismo internacional, sin que el fraude fiscal importe demasiado.

Eso explica que se haya optado por perder una gran oportunidad de poner en aprietos a los poseedores de una parte importante del dinero negro materializado en el efectivo. Habría sido la ocasión de establecer un plazo breve para su canje previa identificación, lo que hubiera facilitado un material sumamente interesante a las administraciones tributarias. Pero esa forma de actuar no cuadra con la Unión Europea que ha mostrado múltiples veces su pasividad, cuando no su complicidad, con la evasión fiscal, desde la tolerancia a los paraísos fiscales a la permisividad del dumping fiscal entre los Estados, pasando por su negativa a cualquier medida de armonización en materia de imposición directa. El mismo hecho de haber creado billetes con un nominal tan elevado es una buena prueba de las presiones existentes para dar cobertura a la economía sumergida.

Europa se vanagloria de ser la cuna y la defensora del Estado del bienestar y de la protección social y, sin embargo, estas realidades se van disolviendo como un azucarillo, al menos en la Eurozona. La Unión Europea, obsesionada por la estabilidad de las finanzas públicas, ha sometido a los servicios públicos y a las prestaciones sociales a recortes continuos, sin conseguir a pesar de ello demasiado éxito. El olvido del endeudamiento privado y de su control ha propiciado que una gran parte de él se fuese trasformando en deuda pública, hasta alcanzar esta en la actualidad en todos los países un nivel muy preocupante que, ya al margen de pactos de estabilidad y de imposiciones comunitarias, establece limitaciones ciertas en los presupuestos futuros. Si a ello añadimos el escaso crecimiento económico y la baja inflación de la Eurozona, se explica que la única manera no ya de mejorar sino de mantener la economía del bienestar sea incrementar la capacidad recaudatoria y la progresividad de los sistemas fiscales.

Es por ello por lo que resulta tan indignante la postura de los gobiernos y mandatarios europeos propiciando la evasión fiscal, y escudándose en argumentos pueriles tales como los del presidente del Bundesbank cuando preguntaba: ¿De verdad alguien cree que el hecho de que no existan los billetes de 500 euros acabará con las actividades ilegales? Es evidente que no, pero está claro también que no conviene dar facilidades. Por el mismo motivo, se podrían eliminar la policía, los jueces y las cárceles, ya que su existencia no garantiza la erradicación del crimen, del robo y del resto de delitos.

Hay quienes se oponían a la medida aduciendo el coste que representaría sustituir los billetes de 500 euros por otros de 100 o de 200. Lo primero que habría que preguntarse es si no se deberían eliminar también estos. En la era de la informática y de las tarjetas de crédito los billetes de un valor facial elevado van teniendo cada vez menor utilidad, como no sea para el fraude fiscal. Lo segundo es que la sustitución nunca sería total porque los billetes de menor valor no cumplirían, por lo menos no de forma total, la finalidad para la que se atesoran los de 500.

En la misma línea, hay quienes han querido ver un ataque al dinero en efectivo, y con ello una violación de la libertad y de la intimidad. Por una parte, eliminar determinados billetes no significa cuestionar el sistema de efectivo en su conjunto; por otra, no deja de ser curioso lo celosos que son algunos de su intimidad cuando se trata de dinero. En ese campo todo debe ser secreto. Sin embargo, en los demás ámbitos personales no encuentran impedimento en que se tenga que aportar todo tipo de información. Lo último es que los pasajeros van a tener que facilitar a las compañías aéreas aproximadamente veinte datos por cada viaje que se realice.

En fin, lo cierto es que durante quince años se ha permitido a los evasores fiscales ocultar parte de su renta y riqueza mediante los billetes de 500 euros. Todos los sabíamos, hasta el punto de bautizarles con el nombre de Bin Laden. En España teníamos el dudoso honor de atesorar en algunos momentos el 26% de ellos. Ahora los amnistiamos. ¿Cómo vamos a exigir después a los ciudadanos que paguen sus impuestos?

LOS PAPELES DE PANAMÁ

Los papeles de Panamá constituyen la mayor filtración conocida hasta la fecha de documentos reveladores de dinero negro, todos ellos provenientes del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, considerado el cuarto proveedor de instrumentos opacos en paraísos fiscales. La información fue recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, medio, que ante su abundancia y minuciosidad, decidió hacer partícipe de la misma al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Bien es verdad que no es la primera vez que sale a la opinión pública parte de las vergüenzas del sistema financiero internacional, pero nunca lo había hecho con tal profusión de datos y de nombres.

Aun cuando no se ha agotado su publicación, el escándalo es de tal amplitud que nada ni nadie queda a salvo. Es, como se dice ahora, transversal. Afecta a todas las latitudes, ideologías o profesiones. Oriente y Occidente, sociedades democráticas o regímenes autocráticos. Todos los estamentos de las clases dominantes están presentes: jefes de Estado, ministros, financieros, políticos, artistas, deportistas, empresarios, etc. Todos los que tienen poder, dinero, fama, influencia. Ello es bien representativo de la enfermedad que afecta a las sociedades de nuestro tiempo.

Contemplando la extensión del mal, se comprende la dificultad que existe para acabar con los paraísos fiscales a pesar de que su erradicación facilitaría mucho la acción de la justicia y aliviaría sustancialmente las finanzas de muchos Estados, que es lo mismo que afirmar que elevaría en buena medida el nivel de vida de las clases populares. Muchas de las actuaciones más criminales y delictivas serían más fácilmente detectables y perseguibles si no existiesen los paraísos fiscales.

Diversas estimaciones afirman que el 20% de la renta mundial está agazapada en cuentas opacas protegidas por sociedades como las destapadas en Panamá, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa que los países en desarrollo pierden al año ingresos por importe de 200.000 millones de dólares, con los que podrían mejorar su situación económica tanto en crecimiento como en empleo.

En muchas de las reuniones del G-8 y del G-20 los mandatarios internacionales han manifestado su intención decidida de erradicar los refugios de dinero negro. La OCDE parecía ir en serio cuando elaboró una lista de los países o centros financieros offshore. Sin embargo, la lista duró poco tiempo porque uno a uno se las fueron agenciando para librarse del estigma mediante la firma de convenios de intercambio de información con algunos otros países, convenios que se convertían en papel mojado porque o no se cumplían o se cumplían con tantas restricciones y condicionantes que la información resultaba inservible. Tales convenios han tenido como única finalidad lavar el nombre del paraíso fiscal correspondiente frente a terceros países y frente a los organismos internacionales.

Buen ejemplo de lo anterior lo constituye el convenio firmado por España y Panamá en tiempos de Zapatero. No ha servido para nada, excepto para que este último país pudiese abandonar la lista negra y para beneficiar a las constructoras españolas, que de esta manera podían obtener ventajas en el país centroamericano.

Con ser muy relevante y extensa la información que se está extrayendo de los papeles de Panamá, parece lógico pensar que representa solo una muestra de una realidad mucho más amplia, de todo lo que se oculta en los paraísos fiscales. Nos alerta, pues, acerca de la dimensión del problema y hasta qué punto está implicada toda la clase dirigente. Intereses tan poderosos disipan cualquier esperanza de que los Estados, aun los más democráticos y desarrollados, acometan en serio la lucha contra el dinero negro.

La misma Unión Europea, proclamaciones aparte, asume una postura pasiva frente a esta realidad y permite la existencia en su mismo territorio de paraísos fiscales o de plazas que se comportan como tales. ¿Cómo creer que la erradicación del fraude fiscal va a constituir una de sus prioridades cuando se mantiene al frente de la Comisión al ex presidente de un Estado altamente sospechoso de opacidad y en cuyo mandato se permitió todo tipo de prácticas orientadas a que las grandes sociedades eludiesen los impuestos en otras naciones?

Y algo parecido cabe afirmar de EE. UU., que, al igual que Panamá, se niega a firmar el Tratado de Transparencia de la OCDE, pese a ser paradójicamente uno de los promotores del acuerdo, con el pretexto de que considera suficiente su propia legislación (FATCA) de intercambio bilateral de datos. El año pasado el FMI denunció el déficit de la política antilavado de dinero en EE. UU., donde sigue siendo muy sencillo constituir sociedades opacas, ya que este país comparte muy poca información con el resto del mundo. Hay quien piensa que el principal beneficiario de los papeles de Panamá va a ser EE. UU., puesto que puede ocurrir que los flujos de dinero negro que salgan del primer país se acaben trasladando al segundo, por ejemplo a Nebraska.

Los reducidos pasos dados por los países occidentales en la persecución del lavado de dinero negro obedecen fundamentalmente al hecho de que tras él pueden encontrarse actividades criminales tales como la droga, el tráfico de armas o de órganos o la ocultación de recursos obtenidos fraudulentamente. Y ello sin importar demasiado el fraude fiscal, porque muchos mantienen la misma postura del primer mandatario de Panamá, que se pregunta si debe ser considerado delito. De hecho, de entre la escasa información que muchos de los centros financieros offshore proporcionan excluyen aquella cuya petición obedece a motivos fiscales. Nadie considera que tras el fraude fiscal se encuentra la quiebra del Estado del bienestar y, por lo tanto, la condena de amplias capas de la población a la miseria, a la ignorancia, a la enfermedad y a la muerte.

Nuestro país se encuentra a la cabeza de aquellos que minimizan el delito fiscal. Nuestra legislación es en extremo permisiva. Son rarísimos los casos en los que se ingresa en prisión únicamente por este delito. Hay todo un cúmulo de factores que confluyen en ello: el elevado límite para considerar a la defraudación delito, la escasa cuantía de la pena, el exceso de garantías jurídicas, la mentalidad de los jueces que se sienten contribuyentes y determinadas prácticas procesales en las que se facilita el pacto con los fiscales y todo termina con el ingreso de la cantidad defraudada. Incluso se producen situaciones tan deplorables como la actuación de la Agencia Tributaria en tiempos de Zapatero y de Elena Salgado avisando a 558 presuntos defraudadores, entre los que se encontraba Emilio Botín, (con cuentas en el HSBC en Ginebra y provenientes de la lista Falciani), para que regularizasen su situación y quedasen así libres de todo proceso judicial. Es de esperar que en esta ocasión no ocurra lo mismo.

Con todo, lo más preocupante es la mentalidad social que sigue sin considerar la evasión fiscal como delito y a los grandes defraudadores como auténticos delincuentes. Los bancos y los grandes bufetes de abogados ofrecen los instrumentos de ocultación fiscal como si de otro servicio cualquiera se tratara. Artistas, deportistas, empresarios, financieros, profesionales, a los que se ha cogido con las manos en la masa, continúan gozando de toda la respetabilidad social; y son aquellos mismos a los que roban los que les vitorean y aplauden una y otra vez a pesar de todo. Y es que en España aún seguimos siendo presa del “Vivan las caenas”.