ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

La verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. Esta frase de Juan de Mairena (Antonio Machado) va mucho más allá del significado con el que se la suele emplear; y, sin querer cuestionar si la verdad es una o múltiple, lo cierto es que la máxima puede ser un buen antídoto del sectarismo que en estos momentos reina en la política española. Al enemigo político ni agua, no se le puede reconocer ningún acierto, y para el correligionario todas las disculpas y exoneraciones.

Creo que ideológicamente estoy bastante lejos de Montoro. En las mesas redondas en las que coincidíamos antes de que él fuera ministro, casi siempre nos situamos en posturas antitéticas, lo cual no me puede conducir a considerar que todas las medidas fiscales tomadas en esta segunda etapa de su Ministerio son censurables. Por el contrario, creo no engañarme si afirmo que algunas de ellas han servido para corregir los desaguisados que habían introducido Solbes y Salgado. Entre las disposiciones adoptadas hay que juzgar de forma muy positiva la obligación implantada en la Ley 7/2012 de declarar mediante el modelo conocido como 720 los bienes y derechos que se poseen en el extranjero que excedan los 50.000 euros en cada uno de los apartados establecidos en la normativa.

La disposición es un ligero intento de luchar contra la evasión fiscal y el dinero negro, cáncer que corroe a la Hacienda Pública y que se ha visto propiciado por la libre circulación de capitales y la permisividad existente para con los paraísos fiscales. Pues bien, he aquí que la Comisión de Juncker se ha puesto del lado de los defraudadores y de sus asesores y ha abierto procedimiento de infracción al Gobierno de España por osar perseguir y cercar a los delincuentes. La postura de la Comisión no puede extrañarnos cuando está al frente de ella el ex presidente de un minúsculo país (de hecho, su representatividad en la UE por población tendría que ser mínima), pero que tiene una de las mayores rentas per cápita de Europa, gracias en buena medida a conducirse como un auténtico paraíso fiscal.

Esa misma UE que ha sido incapaz de crear sus propios impuestos y que tampoco ha intentado armonizar los tributos directos de los Estados para evitar el dumping fiscal, la misma UE que permite con total impunidad la existencia de paraísos fiscales, considera ahora contrario al derecho comunitario que los Estados pongan los medios a su alcance para investigar la evasión fiscal que se comete amparada en la libre circulación de capitales y que se sancionen los incumplimientos y el fraude fiscal detectados.

Bien es verdad que la Comisión reconoce -menos mal- que “España tiene derecho a exigir a los contribuyentes que faciliten a las autoridades fiscales información sobre determinados activos mantenidos en el extranjero», pero cuestiona el régimen de sanciones, le parecen desproporcionadas y discriminatorias. Habrá que preguntarse qué entiende la Comisión por desproporcionadas. ¿Cuál es la regla que emplean para medirlo? Desproporcionado es el fraude fiscal que reina en Europa sin que la UE haga nada para evitarlo; desproporcionados son los recortes que se han impuesto a muchos de los ciudadanos de los países del Sur; desproporcionado es el sueldo de muchos ejecutivos de las entidades financieras y de las grandes empresas; desproporcionada es la acumulación de riqueza y la desigualdad que se da en la mayoría de los países de Europa, y desproporcionadas son las ocasiones de evasión de que gozan algunos ciudadanos, los más ricos, con la pasividad e incluso complicidad de las autoridades de la Unión.

La imputación de discriminatorias tampoco tiene mucha consistencia, porque el grado de opacidad del que gozan los recursos en el exterior poco tiene que ver con los requisitos de información a los que se ven sometidos los activos interiores. Se censura que la ocultación de los activos mantenidos fuera de España no está sujeta a prescripción, mientras que sí se aplica en el caso de los recursos no declarados situados en el interior. Ambas afirmaciones no son ciertas. A los incrementos patrimoniales no declarados se les aplica el mismo criterio se encuentren en España o fuera de España. La única diferencia es que en el primer caso la ocultación resulta mucho más difícil y, por ende, menos frecuente que en el segundo. Por otra parte, no es que no se aplique la prescripción, sino que tanto en un caso como en otro pertenecen a los llamados delitos continuados, es decir, que el delito se sigue cometiendo mientras que el incremento patrimonial no se declare.

El escrito de la Comisión contiene una buena dosis de hipocresía, ya que, por un lado, no tiene más remedio que reconocer la competencia del Estado español para reclamar la información, pero al mismo tiempo se oponen a que sean sancionados convenientemente los que no cumplen lo prescrito. La farsa es manifiesta porque sin sanción muy pocos estarían dispuestos a acatar tal exigencia, tanto más cuanto que no es difícil intuir que la motivación de la mayoría de los interesados en situar o mantener en el extranjero esos recursos es la de convertirlos en opacos a la Hacienda Pública española. De ahí la necesidad de que la sanción sea suficientemente dura como para desincentivar la ausencia de declaración, y que tenga que ser mayor el importe de aquella que el de la cantidad defraudada.

Argumentan los detractores de la medida que contraviene la libre circulación de personas y de capital. Resulta difícil entenderlo, a no ser que para andar por Europa se precise ir cargado con dinero negro; la única circulación de capitales que se obstaculiza es la de la evasión fiscal. No deja de ser curioso que los asesores y los despachos denunciantes llamen a los obligados damnificados y los tilden de modestos ahorradores. Damnificados son los miles y miles de parados que no cobran ninguna prestación, los jubilados a los que no se les actualizan sus pensiones, los dependientes a los que no les llega la ayuda prometida y otros muchos más que ven perjudicados sus derechos a causa del fraude y de la evasión fiscal.

En cuanto a lo de pequeños ahorradores suena más bien a chiste. La gran mayoría de la población en España no tiene capacidad de ahorrar. Para muchos, la única forma de ahorro consiste en adquirir su vivienda habitual pagando una hipoteca. Entre los pocos que además de eso hayan conseguido al final de su vida la acumulación de un pequeño capital, solo los que tengan una intención clara de evadir impuestos correrán la aventura de poner sus recursos fuera de España, ya que actualmente las entidades financieras situadas en nuestro país ofrecen suficientes cauces para invertir en todo tipo de fórmulas, en casi cualquier país del mundo y en cualquier moneda. Eso sí, de forma transparente, que es quizás lo que intentan evitar esos “pobres ahorradores”. Es cierto que siempre puede haber excepciones y que pueden existir ciudadanos a los que por motivos personales, familiares o profesionales les resulte necesario o conveniente mantener, por ejemplo, una vivienda o una cuenta abierta en el extranjero. Pero sin duda son los menos, la excepción, y no creo que les cause un grave trastorno tener que realizar la declaración comentada.

Que existe una correlación entre la tenencia de bienes y derechos en el extranjero y la evasión fiscal se comprueba al analizar los destinos señalados en las declaraciones recibidas: más de un tercio corresponden a Suiza y a Luxemburgo, seguidos de Holanda, países todos que o bien son paraísos fiscales o gozan al menos de cierta permisividad y opacidad tributaria. Habrá que preguntarse si la finalidad de la Comisión es defender a los damnificados y pequeños ahorradores a los que se refieren los asesores fiscales o más bien a los Estados que viven de la evasión fiscal de los restantes países.

Hay una razón más para apoyar la conveniencia de esta disposición. En caso de ruptura de la Unión Monetaria (que antes o después se producirá) y de desaparición del euro, la suspensión de la libre circulación sería imprescindible, y en esas circunstancias sería también de máxima utilidad conocer dónde se encuentran situados los recursos de los residentes españoles.

Comportamientos tales como los protagonizados por la Comisión en este asunto indican de forma cristalina lo que subyace detrás de toda esa moralina con la que se reviste el discurso de la UE: Tras él, solo hay hojarasca y la pretensión de preservar los privilegios del poder economico de la presión de los electores de los Estados miembros.

Republica.com 24-2-2017

EL EURO CONTRA EUROPA

Gracias a la tecnología, el pasado 6 de octubre pude seguir por Internet la presentación en Barcelona del reciente libro de Joseph Stiglitz sobre el euro. El acto se celebró en la Escola Europea d’Humanitats de la Caixa y consistió en un coloquio entre el autor y el ex consejero de Economía y Finanzas del tripartito y militante del PSC, Antoni Castells.

Cualquiera que haya seguido mis artículos y libros comprenderá la satisfacción que sentí al escuchar a un premio Nobel de Economía mantener punto por punto todas las tesis que sobre la Unión Europea, y más concretamente sobre la Unión Monetaria, he venido defendiendo desde hace lo menos 25 años (véase mi libro “Contra el euro”). Es más, mi entusiasmo fue en aumento al comprobar también que un miembro sobresaliente del PSOE, aunque sea del PSC, mostraba su total conformidad con los planteamientos de Stiglitz, lo cual hubiese sido impensable hace años. Sostener tales aseveraciones comportaba el ostracismo y el ser situado extramuros del sistema. Hay que suponer que Castells no siempre ha pensado de la misma manera, de lo contrario, difícilmente hubiera ocupado determinados puestos, entre otros, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. Sin embargo, más vale tarde que nunca, y hay que ponderar su evolución, sobre todo cuando la mayoría de los políticos y economistas de nuestro país continúan defendiendo aún Maastricht y el euro.

Son ya bastantes los que, al comprobar los nefastos resultados, cuestionan las políticas aplicadas estos años en la Eurozona, pero muy pocos se atreven a llegar al fondo de la cuestión pues, tal como dejó claro el otro día Stiglitz, el problema es más hondo. No hay ninguna duda de que la política de la austeridad ha originado los efectos contrarios a los pretendidos (lo dice ya hasta el FMI) y de que el BCE, principalmente en la época de Trichet, fue a contracorriente de los demás bancos centrales subiendo los tipos de interés cuando ya estaba encima la recesión; incluso, en la etapa de Draghi se actuó con mucho retraso. Pero el análisis debe ir mucho más allá, porque el defecto no se encuentra solo en las políticas aplicadas, sino en el propio diseño de la Unión, afecta a su propia esencia.

De ahí que los planteamientos de Stiglitz, tanto en el acto de Barcelona como en su nuevo libro, sean radicales. No constituyen una enmienda parcial, sino a la totalidad; no es un envite, es un órdago; la flecha se dirige al corazón, muestra la incongruencia del proyecto europeo:

1) Una integración monetaria no se puede realizar sin una integración política.

2) La condición para que una Unión Monetaria pueda subsistir es que no haya desequilibrios en el sector exterior de los países, cosa sumamente difícil, por no decir imposible, o que exista una unión presupuestaria y fiscal capaz de compensar estos desequilibrios mediante una política redistributiva.

3) La crisis en Europa tiene su origen en el euro. Tuvo sus características y causas propias independiente de la de EE.UU, que solo fue su detonante.

4) El euro permitió que el desequilibrio del sector exterior de los países europeos alcanzase niveles antes desconocidos, que de ningún modo se hubiesen producido, al menos en esa cuantía, de no estar en la Unión Monetaria. Unos presentaban superávit y otros déficit. Los excedentarios prestaban a los deficitarios, hasta que con ocasión de las hipotecas subprime cundió la desconfianza, la huida de capitales y con ella la crisis, crisis de la que Europa aún no ha salido, mientras parece que EE.UU. sí lo ha hecho.

5) Ante los desequilibrios del sector exterior, los países de la Eurozona no cuentan con el instrumento de ajuste más lógico, el tipo de cambio. Además, los tratados crean un sistema asimétrico porque, en contra de las enseñanzas de Keynes, el ajuste se impone solo a los deficitarios.

6) Alemania y otros países del Norte no han ajustado sus balanzas de pagos y continúan manteniendo un cuantioso superávit, lo que no solo crea graves problemas al resto de países de la Eurozona, sino a toda la economía mundial.

El sistema es insostenible y se encuentra en un equilibrio inestable. O bien se avanza, hacia una unión política, o bien se retrocede y se desmonta la Unión Monetaria.

7) La constitución de la unión política parece imposible. Los países del Norte nunca aceptarán la integración presupuestaria y fiscal y la considerable transferencia de recursos que representaría de unos países a otros. La prueba palpable es la enérgica repulsa que ha suscitado toda medida por pequeña que sea consistente en la socialización de pérdidas o de riesgos, como la mutualización de la deuda.

8) El retroceso puede ser total con la ruptura de la Eurozona o parcial admitiendo ciertos grados de flexibilidad, por ejemplo, la creación de dos euros, uno para los países del Norte y otro para los del Sur. Esta segunda opción, al igual que la salida de Alemania de la moneda única, representaría sin duda un alivio a corto plazo, pero a medio plazo retornarían las contradicciones entre los países que permaneciesen, a no ser que se constituyese la unión política.

9) La desaparición del euro podría realizarse mediante un divorcio amistoso en el que, a la vista de las contradicciones, todos los países acordasen cómo volver a las monedas nacionales de la forma menos traumática posible.

10) Lo más verosímil, sin embargo, es que los mandatarios europeos, bien de las instituciones bien de los gobiernos, adoptando la postura del avestruz, continúen en una huida hacia adelante, colocando parches, hasta que cualquier nuevo detonante imprevisto dé lugar a un estallido catastrófico en la economía que haga saltar por los aires un edificio tan débilmente construido y tan plagado de contradicciones. Con toda probabilidad, las consecuencias para todos los países serán graves.

El título del libro «El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa» constituye un resumen, creo que acertado, de todos los puntos anteriores, desarrollados por los dos intervinientes en el acto del día 6 en Barcelona. No puedo estar más de acuerdo con ellos. Por lo tanto, no hay mucho que añadir excepto una cierta extrañeza de que alguien como Antoni Castells, que desarrolla un discurso impecable con respecto a la Unión Europea y el euro, incurra en flagrante contradicción en otras ocasiones al referirse a Cataluña y a España.

En cierto momento de su intervención hizo una observación sumamente aguda. Indicó que los creadores del euro cometieron el error de creer que los desequilibrios en las balanzas de pagos de los países no tendrían importancia, al igual que no la tienen los de las regiones dentro de un Estado. Castells sabe perfectamente a qué se debe tal diferencia: las regiones cuentan con una hacienda pública común (capaz de compensar mediante una política redistributiva los desequilibrios territoriales) de la que carece la Unión Monetaria. Él mismo en otro instante afirmó rotundamente que «una moneda necesita un Estado», lo que es totalmente cierto; pero precisa de un Estado, entre otras razones, porque necesita un presupuesto fiscal y presupuestario unitario que sea capaz de corregir los desequilibrios que la moneda única origina entre sus miembros. Cabe entonces preguntarse por qué Castells quiere para España (ruptura de la hacienda pública) lo que critica de Europa.

APPLE Y LOS IMPUESTOS EN LA UE

La decisión de la Comisión Europea por la que se exige a la corporación Apple que reintegre al tesoro irlandés 13.000 millones de euros más intereses, por impuestos dejados de ingresar entre 2003 y 2014, constituye una excelente ocasión para reflexionar acerca de los mecanismos de que se valen las multinacionales para librarse del fisco, así como señalar una vez más las enormes lacras e insuficiencias que presenta el diseño con el que se ha construido la Unión Europea (UE).

Puede resultar ilustrativo comenzar describiendo la arquitectura fiscal y empresarial a través de la cual Apple hace frente a sus obligaciones fiscales. La multinacional Apple Inc., radicada en EE. UU., cuenta con dos filiales con sede en Irlanda, Apple Operations Europe y Apple Sales International. Ambas tienen los derechos de propiedad intelectual de Apple para vender y elaborar los productos de la compañía; como contrapartida, las dos realizan un muy sustancioso pago anual a la matriz para financiar la investigación y el desarrollo. Pago que se deduce de los beneficios de ambas empresas y va a engordar la cuenta de resultados de la norteamericana, y en consecuencia deja de tributar en Irlanda para hacerlo en EE. UU. Es fácilmente comprensible que la cuantía fijada de este canon puede servir de instrumento para trasferir beneficios y por lo tanto impuestos de Europa al otro lado del Atlántico.

Por otra parte, la estructura empresarial de Apple origina que todas las compras realizadas en cualquier país de la UE, pero también en Oriente Próximo, la India y África, se instrumenten como una relación contractual con una oficina fantasma, casi sin personal, de la compañía irlandesa Apple Sales International, y no con las empresas locales filiales de Apple, que figuran como simples comisionistas. Gracias a eso, los beneficios de varios continentes se registran y declaran en Irlanda, por lo que la firma no paga apenas impuestos en todos los otros lugares en los que tiene su actividad. Para medir la importancia del negocio de Apple en toda Europa baste considerar la propia carta de Tim Cook, consejero delegado de la compañía, escrita y distribuida para justificarse ante los consumidores europeos y arremeter contra la Comisión. En ella se afirma que los puestos de trabajo creados en Europa sobrepasan el millón y medio.

Es sabido que Irlanda (lugar en el que Apple ha decidido abonar el gravamen correspondiente al negocio generado en todos los estados de Europa y en otros países de Asia y África) tiene un tipo nominal del impuesto de sociedades (12,5%) de los más reducidos de Europa, practicando un descarado dumping fiscal. Pero el tigre celta ha dado un paso más y es sobre este plus sobre el que ha podido incidir el dictamen de la Comisión. Ha firmado con Apple un ‘tax ruling’, es decir, un acuerdo acerca de qué impuestos va a pagar la compañía. Se trata de un plan fiscal a la carta con el que, según la Comisión, el tipo efectivo pagado en el impuesto ha sido en algunos años del 0,005. Sin duda un escándalo.

Es de suponer que no habrá sido Apple la única multinacional con la que Irlanda ha firmado el ‘tax ruling’, es decir, a la que le han diseñado un traje fiscal a medida. Existe además la certeza de que no solo Irlanda, dentro de la UE, practica o al menos ha practicado estas corruptelas fiscales. Holanda, Bélgica y Luxemburgo la han acompañado. Sonado fue el llamado LuxLeaks, ya que resultó implicado el propio presidente de la Comisión cuando era ministro de Finanzas y primer ministro de Luxemburgo. Con estos presupuestos, es difícil creer que la UE se tome alguna vez en serio el problema de los paraísos fiscales.

Parece que Margrethe Vestager, comisaria europea de la Competencia, ha decidido abordar la cuestión. Su primer paso ha sido el expediente abierto a Apple. No obstante, hay que resaltar las limitaciones de las que parte debido a los muchos defectos de la propia UE, donde, a pesar de haberse instalado de forma absoluta la libre circulación de capitales, no se ha dado ni un solo paso en materia fiscal, no ya para la integración sino ni siquiera para armonizar las diferentes legislaciones de los países o al menos perseguir los que claramente realizan –como Irlanda– prácticas de dumping fiscal. Para corregir el abuso y escándalo fiscal de Apple en Irlanda, la comisaria europea se ha visto obligada a acogerse exclusivamente al quebrantamiento de la competencia, pero entre empresas, no entre países.

Lo que persiguen los acuerdos comunitarios no es el dumping fiscal, no es la concurrencia desleal en materia fiscal para atraer inversores. No condenan las batallas competitivas entabladas por los distintos Estados que terminarán no beneficiando a ninguno de ellos, pero sí reduciendo la carga fiscal sobre el capital casi en cero. Lo único que rechazan es que un Gobierno conceda a unas empresas un trato de favor con respecto a otras, esto es, las denominadas ayudas de Estado, que sin duda pueden instrumentarse de forma directa, pero también indirecta mediante beneficios fiscales exclusivos.

Esta es la recriminación de la Comisión Europea a Irlanda, el hecho de que mediante los ‘tax ruling’ han elaborado con total opacidad un traje fiscal a medida de Apple, que no sirve para ninguna otra empresa o, dicho de otro modo, otras muchas sociedades están excluidas de él. Por el contrario, la comisaria no sanciona, no puede hacerlo, el que la hacienda pública celta mantenga un tipo del impuesto de sociedades muy inferior al de los otros países, ni la práctica, tremendamente escandalosa, de que Apple traslade con fraude de ley los beneficios generados en todos los países a Irlanda. El que la Comisión carezca de competencias para intervenir en estas actuaciones no quiere decir que cada uno de los países afectados no pueda hacerlo en su ámbito, y por ello la comisaria se ha brindado a facilitar la información a las haciendas locales para que, si quieren, exijan a Apple las cantidades adeudadas y apliquen las sanciones correspondientes. Es de esperar que la Administración Tributaria española, ya que no lo ha hecho hasta ahora, tome las medidas adecuadas para reclamar a Apple las cantidades no ingresadas en España.

El vacío que la Unión Europea presenta en materia fiscal es altamente preocupante, porque indica bien a las claras no solo el modelo neoliberal en que está basado el diseño sobre el que se ha construido, sino también porque esa misma mentalidad está presente en la actuación de todas las autoridades europeas. La prueba más palpable es que desde la Comisión o desde el BCE, bien directamente o bien a través de la troica, con el pretexto de limitar el déficit han impuesto a los países reformas laborales regresivas y el recorte de todo tipo de gastos presupuestario, entre ellos el de las pensiones o los sueldos de los empleados públicos, mientras que apenas han exigido incrementos de impuestos, más allá del IVA. Es sintomático que cuando Irlanda precisó el rescate de Europa y se le impuso como contrapartida una considerable serie de medidas económicas, inexplicablemente, sin embargo, se dejó pasar la oportunidad de elevar el impuesto de sociedades a los niveles de otros países de la eurozona.

Hay quien argumenta que esa política de bajos impuestos le sienta muy bien a los países que la adoptan, y ciertamente es verdad, por lo que todos, continúan diciendo, deberían imitarles. Esa última afirmación no es tan cierta porque precisamente a Irlanda le va bien porque su riqueza se logra empobreciendo al vecino, con lo que la condición esencial para su prosperidad es que los otros países no la imiten. De lo contrario todos se empobrecerían, excepto las multinacionales y el capital que ya no tendrían que hacer ingeniería financiera, porque el gravamen sería cero en todos los sistemas fiscales. Claro que ese parece ser el desiderátum último de algunos articulistas.

No es de extrañar que Apple haya reaccionado frente a la Comisión con toda clase de exabruptos y recurriendo a la falacia consabida de lo mucho que la compañía hace por la economía de Europa, creando un sinfín de puestos de trabajo, como si eso le autorizase a no pagar impuestos y como si en todo caso no fuese la compañía la que tendría que estar agradecida, entre otros, a los ciudadanos europeos que le compran sus productos con lo que les dan a ganar mucho dinero. Más inexplicable es la posición del Tesoro de EE. UU., defendiendo a Apple. Parece que solo le importa la evasión fiscal de las multinacionales cuando le afecta directamente.

La solución en Europa resultaría relativamente fácil. El impuesto sobre los beneficios de las sociedades podría convertirse en un impuesto europeo, con lo que, por una parte, el gravamen sería uniforme en toda Europa y, por otra, la UE contaría con un gravamen propio de cierta importancia, germen de una posible hacienda pública comunitaria. Pero todo ello ni siquiera ha pasado por la cabeza de las autoridades comunitarias ni de aquellos gobiernos que realmente mandan en la UE. Parece casi una utopía. Señal inequívoca de que la UE está condenada al fracaso.

Republica.com 9-8-2016

QUÉ FÁCIL SERÍA TODO SI RAJOY TUVIESE TODA LA CULPA

Solo los necios o los muy sectarios pueden dudar del deterioro que en materia social y económica ha sufrido nuestro país en los últimos ocho años. El hecho de que en estos momentos estemos creciendo por encima de la mayoría de los países de la Eurozona no debe restar un ápice a la evidencia de las grietas que persisten en nuestro tejido económico y social.

Las elevadas cifras de paro dilapidan nuestro potencial de crecimiento y condenan a parte de la población a la indigencia. Aun cuando en los dos últimos años se esté creando empleo, este es de tan baja calidad y tan precario que ha originado un fenómeno nuevo, la compatibilidad entre poseer un puesto de trabajo y la permanencia en el umbral de la pobreza. Los salarios en el sector privado, especialmente en el caso de las nuevas colocaciones, han descendido sustancialmente. Los empleados públicos han visto reducido por término medio cerca de un 10% su poder adquisitivo, llegando en algunos casos al 15%. El mercado de trabajo se ha desregulado considerablemente, arrebatando a los trabajadores multitud de garantías y derechos. Los servicios públicos (sanidad, educación, etc.) se han deteriorado. Por primera vez desde hace muchos años, las pensiones han perdido poder adquisitivo y, lo que es aun más grave, se ha aprobado una ley que desliga la evolución de estas prestaciones en el futuro de los incrementos en el coste de la vida. La deuda pública (es decir, la hipoteca que pesa sobre todos los españoles) ha pasado de representar el 36% del PIB a exceder el 100% de esta magnitud.

El catálogo podría continuar, pero creo que lo dicho constituye una muestra suficiente para dar la razón a todos aquellos que denuncian la desigualdad, la pobreza y la precariedad originadas, y los sufrimientos y calamidades que se le ha hecho padecer auna gran parte de la sociedad española. Lo que resulta más dudoso es determinar el origen de todos estos males. Para los partidos de la oposición la cosa está muy clara, se debe a la perversidad de Rajoy y sus seguidores que durante cuatro años han practicado políticas regresivas e inicuas. No seré yo el que exima de responsabilidad al Gobierno del PP, pero lo peor que podemos hacer al enfocar cualquier tema es equivocarnos, aunque sea parcialmente, en la determinación de la causa, o quedarnos en la superficie sin profundizar en el fondo de la cuestión, y en este caso la explicación de la maldad de la derecha me parece pobre e incompleta.

Ojalá todo el problema derivase de la ofuscación de este Gobierno; la solución, entonces, estaría en nuestras manos, consistiría exclusivamente en echarlo, antes o después, del poder. Pero la realidad es tozuda y hay múltiples señales de que la cosa no es tan sencilla. Los recortes y las reformas comenzaron con otro gobierno, y teóricamente de izquierdas, el de Rodríguez Zapatero. Mientras gobernaba, surgió el movimiento 15-M. Fue él quien realmente redujo el sueldo de los funcionarios. A diferencia de suprimir la paga extraordinaria, tal como hizo después el PP, que solo tenía vigencia para un año, la rebaja que aplicó Zapatero se consolidaba para años sucesivos, como así ha ocurrido. También fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero el que planteó una reforma laboral, si bien posteriormente Rajoy la endureció. El PSOE privó por primera vez a las pensiones de la actualización por el índice del coste de la vida, aunque es verdad que el PP eliminó este derecho para el futuro. Por último, Rodríguez Zapatero arrastró al PP a modificar la Constitución para anteponer el pago de la deuda al pago de las pensiones, del seguro de desempleo y al mantenimiento de la sanidad y de la educación.

El PP participó entonces de la misma simpleza que ahora demuestra el PSOE. La culpa era de Rodríguez Zapatero, y todo se solucionaría cuando cambiase el gobierno. El gobierno cambió y Rajoy se vio obligado a incumplir todas las promesas que había hecho en la oposición, y a continuar, incluso endureciendo, la política del gobierno anterior. Desde hace bastantes años, es una gran necedad centrar la solución de los problemas sociales y económicos exclusivamente en el cambio de gobierno. Por eso en Europa cambian todos los gobiernos, pero se sigue aplicando la misma política. Por eso Hollande, socialista, realiza en Francia, contra viento y marea, una reforma laboral similar a la que aprobó Rajoy en España. Por ello Syriza no ha tenido más remedio que tragarse todo lo dicho anteriormente, y está aplicando una política totalmente contraria a la que había prometido. Por la misma razón, Portugal tiene que tener sumo cuidado porque está al borde de que su deuda pase a la categoría de bono basura en la única agencia de calificación que aún no le ha dado esta puntuación, con lo que se vería en la obligación de pedir de nuevo el rescate.

La explicación se encuentra en que desde la configuración de la Unión Monetaria nuestra soberanía está limitada y, en buena parte, la política no depende del gobierno de turno sino de otras instancias, de Berlín, Frankfurt y Bruselas. Al no contar ni con una moneda ni con un banco central propios, quedamos al albur de los mercados y del Banco Central Europeo. Este organismo no solo dicta la política monetaria sino también la fiscal y la laboral, y sus mandatos son de obligado cumplimiento. Y eso en todos los países; tanto en los rescatados, como en los que por el momento no lo están, porque la línea divisoria entre ambos grupos es muy tenue y el tránsito de una categoría a otra es muy fácil, dependiendo únicamente de la voluntad del BCE, como comprobaron Italia y España cuando estuvieron al borde del rescate porque su prima de riesgo superaba los 600 puntos básicos.

La corrección de cualquier desequilibrio en la Unión Monetaria significa sangre, sudor y lagrimas para el país que lo sufre porque, al no poderse corregir en el plano monetario, el cortocircuito se trasladará a la economía real, en forma de paro, reducción de salarios y recortes fiscales. He aquí la perversidad de la moneda única. Por esta razón, entre otras, algunos nos posicionamos radicalmente en contra de la Unión Monetaria. Era evidente que a partir de la desaparición de la peseta el coste de corregir la menor perturbación que se originase correría a cargo de los trabajadores. Lo que no se entiende muy bien es que aquellos, bien personas u organizaciones, que defendieron con ahínco la creación del euro, ahora se hagan los sorprendidos y se rasguen las vestiduras por las consecuencias.

La experiencia ha confirmado las expectativas más pesimistas. Los nefastos Gobiernos de Aznar y el primero de Zapatero permitieron que nuestro déficit exterior se desbocase, llegando a alcanzar en 2008 el 10% del PIB. Este desequilibrio continuado y progresivo –que originó la acumulación de una ingente deuda exterior de carácter privado–no se hubiera producido, al menos en esas magnitudes, de no haber estado España en la Unión Monetaria, y, en todo caso, (en la medida en que se produjese) se habría corregido con la devaluación monetaria, tal como sucedió en los primeros años noventa. La carencia de moneda propia y de un banco central que la respalde dejo a nuestra economía en manos de los mercados financieros y del BCE. Todo ajuste se traduce en descenso de los costes laborales y en recortes presupuestarios.

No tengo nada en contra de que los partidos de la oposición critiquen y censuren al Gobierno de Rajoy, con tal de que no se olviden de las trabas y rémoras que se derivan de nuestra participación en la moneda única. Su afán por atacar al PP y su respaldo a la Unión Monetaria pueden conducirles a esconder la trampa que representa la pertenencia a la Eurozona. Causa sorpresa el constatar que todos sus planteamientos se realizan ignorando esta realidad y partiendo de cero, como si fuésemos absolutamente soberanos. Cabe por tanto preguntarse si esta postura se debe a la ignorancia o a una hipocresía deliberada orientada a prometer (o exigir a otros) medidas que saben de sobra que son irrealizables, al menos mientras pertenezcamos a ese club tan selecto y exclusivo.

LA NO SANCIÓN A ESPAÑA

En pocas materias como en economía los profesionales se mueven con tanto desparpajo. Con todo el descaro, son capaces de hacer previsiones para el futuro sobre el impacto de los acontecimientos más imprecisos. Así, los economistas del FMI –con la mayor solemnidad– han estimado cuál va a ser el impacto del Brexit sobre el crecimiento de las economías británica, europea y mundial, y ello cuando ni siquiera el Reino Unido ha demandado aún a la Unión Europea la aplicación del artículo 50, con la que comenzaría el proceso de desconexión, proceso que puede durar dos años y que es incluso ampliable por el Consejo. Se ignora por tanto en qué términos y con qué acuerdos se va a producir el Brexit. Pero los hechiceros del FMI ya han pronosticado que va a tener un impacto negativo y además la cuantía del mismo.

En la Unión Europea, la mayor amenaza para el crecimiento no radica en el Brexit sino en el empeño de la Comisión y de los países del norte en continuar con la política fiscal restrictiva que condena a la eurozona al estancamiento. Haber abierto procedimiento sancionador a España, uno de los pocos países que en estos momentos presentan tasas de crecimiento aceptables, aun cuando no se le haya sancionado finalmente, es una estupidez y un error que puede tener graves consecuencias en lo económico y en lo político.

La postura de los halcones que exigían mano dura frente a España y Portugal, con el argumento de que las leyes deben cumplirse, se presta a cierta ironía al comprobar que la historia de la Unión Europea está repleta de incumplimientos. Ya en el inicio se hizo una interpretación laxa de los criterios de convergencia, para que todos los países que lo deseasen pudieran incorporarse al euro. Conviene recordar que unos meses antes de la creación de la Unión Monetaria, solo Luxemburgo cumplía todas las condiciones. El requisito de permanecer dos años en el Sistema Monetario Internacional se desnaturalizó al ampliar las bandas de flotación al +- 15%, que era tanto como dejar las divisas en libre flotación, y los criterios fiscales se reinterpretaron para que, por ejemplo, pudiera entrar Italia cuyo stock de deuda pública sobrepasaba ampliamente el doble de lo marcado por Maastricht.

Desde la creación de la Unión Monetaria, el Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) se ha infringido en más de 150 ocasiones. Francia lo ha hecho 12 veces y Alemania siete. En 2003 se suspendió para no tener que sancionar a ambos países. Y en 2005, Alemania empleó toda su influencia para modificar su contenido de manera que no computasen en el déficit determinadas partidas. Sancionar a España y Portugal lo único que hubiera demostrado, sería el doble rasero establecido en la UE, y que el cumplimiento de las leyes solo se exige a los países periféricos, con lo que la animadversión hacia Europa se hubiese incrementado.

Entre las muchas voces alemanas que han exigido dureza resalta, por la inconsistencia de la argumentación, la de Hans-Werner Sinn, ex director del IFO alemán, que arguye que el PEC constituye la contraprestación para proteger al contribuyente europeo (en realidad, quiere decir al contribuyente alemán) de los rescates, del MEDE y de las medidas del BCE, y continua apuntando que se inclina por importar el sistema de Estados Unidos: “No hay restricciones al endeudamiento, no hay multas, no hay rescates: es el mercado quien castiga. Trasladado a Europa, eso haría innecesario el procedimiento por déficit excesivo”.

Afirmación bastante cínica, pues hay que suponer que no cabe imputarla a la ignorancia. En EE. UU. los estados no necesitan rescates puesto que hay un presupuesto federal que transfiere de forma permanente recursos de los ricos a aquellos con menores rentas. Precisamente el gran problema de la Unión Monetaria radica en la ausencia de un verdadero presupuesto que pueda recibir tal nombre y de un sistema redistributivo similar al que mantiene cualquier nación entre sus regiones (Estados Unidos entre sus estados, Alemania entre sus landes, España entre sus autonomías) que, por poco progresivo que sea, compensa los desequilibrios derivados de la unión comercial, financiera y monetaria. De copiarse en Europa el sistema de EE. UU., tal como propone Hans-Werner Sinn, ciertamente no serían necesarios ni MEDE ni rescates, pero a los contribuyentes alemanes, holandeses, austriacos, etc., les saldría infinitamente más caro que la situación actual, tan gravoso como supuso para los habitantes de la Alemania federal la reunificación alemana.

Alemania incumple algo mucho más importante que el PEC, contraviene el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos (PDM) en materia de balanza de pagos, presentando año tras año un colosal superávit. Solo la prepotencia de Alemania y la estulticia de los gobernantes de los países del Sur puede explicar que a la hora de constituir la Unión Monetaria la atención recayese exclusivamente en las finanzas públicas, y no en los saldos globales de las finanzas nacionales. Las variables que habría que controlar no tendrían que ser el déficit y el endeudamiento público, sino el saldo de la balanza por cuenta corriente y el endeudamiento exterior (tanto público como privado). Los desequilibrios exteriores de los diferentes países son los realmente peligrosos porque, al no poder corregirse mediante variaciones en los tipos de cambio, crean problemas insalvables a la Unión Monetaria, como así viene ocurriendo en la realidad.

Nótese que hablo de saldo de la balanza por cuenta corriente y no de déficit, porque superávit y déficit exteriores son correlativos. Si unos países tienen déficit es porque otros tienen superávit, y el ajuste se les debe exigir a ambos. En la Unión Europea se ha aplicado un tratamiento discriminatorio. La presión ha recaído únicamente sobre los países deudores sin que a los acreedores se les exigiese la adopción de medidas para equilibrar sus cuentas exteriores.

España, para nivelar su balanza de pagos y al no poder devaluar, ha tenido que realizar un ajuste durísimo, consistente en un fuerte descenso de los salarios y en múltiples y persistentes recortes del gasto público. Alemania, por el contrario, desde 2008 no ha hecho ningún esfuerzo para controlar el gigantesco superávit por cuenta corriente que mantiene frente al exterior; más bien lo ha incrementado año tras año, hasta el extremo de situarlo en los momentos actuales cercano al 8% del PIB. Las autoridades alemanas siempre han sido reacias a que la Unión Monetaria estableciese cualquier límite al superávit de la balanza por cuenta corriente y cuando no han tenido más remedio que aceptarlo han utilizado su predominio para que este se fijase en un porcentaje muy elevado, 6% del PIB. No obstante, en los últimos años viene incumpliendo este límite sin que se le imponga la sanción prevista del 0,1% del PIB, a pesar de que si en estos momentos algo pone en riesgo la UM es el superávit comercial de Alemania. Es más, es muy posible que este constituya un riesgo para la economía mundial al poder provocar entre los distintos países una guerra de devaluaciones competitivas.

UN ESPECTRO SE CIERNE SOBRE EUROPA

«Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo. Contra este espectro se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes». Así comienza el Manifiesto Comunista. Pero fueron otros dos fantasmas, surgidos con posterioridad, el fascismo y el nazismo, los que casi destruyen Europa. La historia nunca se repite, pero resulta evidente que un nuevo espectro recorre en la actualidad la Unión Europea: el descontento social y político que en los distintos países se ha configurado de manera diversa y estructurado en organizaciones aparentemente muy alejadas ideológicamente, pero que las nuevas potencias ahora dominantes han englobado bajo el nombre genérico de populismo.

Todas esas organizaciones, aunque dispares, tienen ciertamente un denominador común: la crítica más radical al statu quo y el propósito de modificarlo sustancialmente. El euroescepticismo, desde ángulos muy distintos, se ha ido adueñado con mayor o menor intensidad de casi todos los países y ha sembrado la intranquilidad en los poderes dominantes, que han reaccionado con la coacción, el discurso del miedo y el catastrofismo, cuando no les servía ya ese mensaje pietista y azul pastel sobre los grandes ideales en los que se funda la Unión Europea.

Lo cierto es que esta ha sido obra exclusivamente de las elites económicas y políticas, dejando al margen a los pueblos. Se eludieron las consultas siempre que fue posible, y en las escasas ocasiones en que se celebraron referéndums estos iban precedidos invariablemente de una campaña de intoxicación y, si así y todo el resultado era negativo, se estaba siempre presto a burlarlo repitiendo la consulta tantas veces como fuesen necesarias para conseguir la aquiescencia. El caso más evidente lo configura la non nata Constitución Europea. El resultado negativo de Francia y Holanda (dos de los seis miembros fundadores), el desistimiento de algunos países de someterla a consulta popular ante el miedo de que pudiese triunfar el no y la enorme abstención en aquellos Estados que tuvieron un resultado positivo, condujeron a su abandono y a que las instituciones y los gobiernos tirasen por la calle de en medio y trasladasen a un Tratado todo lo esencial de la Constitución, burlando así la exigencia de someterlo al veredicto de las urnas.

La ampliación al Este y la Unión Monetaria han complicado gravemente la situación. Las sociedades empezaron a comprobar que la prosperidad y los beneficios prometidos no llegaban -por lo menos a la mayoría de la población-, sino que más bien los derechos y conquistas del pasado se diluían por decisiones tomadas más allá de las respectivas fronteras. Poco a poco, el malestar se ha ido extendido por toda Europa y eran muchos los avisos que desde las distintas sociedades se enviaban a las elites políticas y económicas: huelgas generales y protestas multitudinarias; elecciones tras elecciones, los partidos gobernantes fuesen del signo que fuesen iban perdiendo el poder, al tiempo que surgían y adquirían cada vez más fuerza movimientos y partidos políticos en otros tiempos marginales, y que no se conformaban a lo políticamente correcto. Su gran heterogeneidad ideológica no debe llevar a engaño en cuanto a la coincidencia en la causa que los genera y a la identidad de las capas de población que los apoya.

Es este escenario en el que hay que situar lo ocurrido el pasado jueves, en el que, contra la mayoría de los pronósticos, los británicos se mostraron a favor de abandonar la Unión Europea. El hecho en sí no debería haber causado mayor estupor ni tampoco ser objeto de especial preocupación. Por una parte, se conocía desde siempre la fuerte reticencia de la sociedad inglesa a la Unión Europea; su permanencia ha estado siempre llena de excepciones y vetos y no pertenecía a la Eurozona en la que toda escisión puede ser más problemática. Por otra parte, dos años es tiempo más que suficiente para que la desconexión se realice de una manera suave y progresiva que evite todo traumatismo, tanto más cuanto que parece totalmente probable que los futuros acuerdos de tipo comercial y financiero sustituyan en buena medida la integración actual, sin que el tránsito tenga que representar ningún revés grave ni para Gran Bretaña ni para el resto de los países europeos. ¿De dónde proviene entonces la alarma y el carácter catastrófico con los que se ha revestido el acontecimiento?

Es sabido que los mercados sobreactúan y, ante cualquier incertidumbre, sufren movimientos espasmódicos desproporcionados que ellos mismos terminan corrigiendo a medio y a largo plazo, pero en esta ocasión el temor de los mercados y la tragicomedia representada por gobiernos e instituciones europeas iba mucho más allá que el acontecimiento concreto del referéndum votado por el Reino Unido. Lo que realmente preocupaba era el contagio, que el Brexit se terminase convirtiendo en el principio del fin. A pesar de sus proclamas, todos son conscientes, o deberían serlo al menos, de que la Unión Europea (y especialmente dentro de ella, la Unión Monetaria) es un gigante con los pies de barro. Es más, sus cimientos son contradictorios y se encuentra en un equilibrio altamente inestable. El movimiento de cualquiera de sus piezas puede hacer que el edificio se venga abajo.

Las reacciones de las instituciones europeas y de los principales mandatarios nacionales, entre la sorpresa, el miedo y la indignación, obedece al intento de atajar cualquier posibilidad de contagio. De ahí la premura que quieren imprimir a la desconexión y también la dureza con la que han reaccionado frente a Gran Bretaña, prescindiendo de cualquier lenguaje diplomático. Por un lado, pretenden cerrar cuanto antes la herida, y por otro dar un escarmiento a los ingleses haciéndoles pagar su osadía, como aviso a navegantes para todos aquellos que ambicionen emprender el mismo camino. Es la misma táctica que aplicaron con Grecia ante la rebelión de Syriza. Pero Gran Bretaña no es Grecia, ni cometió la locura de entrar en la Unión Monetaria, por lo que no se encuentra en las manos del Banco Central Europeo. Lo más probable es que los futuros acuerdos y tratados dejen a Gran Bretaña en una situación igual o mejor que la que ya tenía, a no ser por el daño colateral que se puede producir a causa de su desmembración territorial.

Los mandatarios europeos han adaptado su discurso a la nueva situación, afirmando que la Unión Europa debe sacar bien del mal, extraer conclusiones, corregir sus defectos y reformarse para que un acontecimiento similar no vuelva a ocurrir. Palabras que suenan muy bien en teoría, pero que son totalmente inaplicables en la práctica ya que las necesidades y los intereses de los distintos países son opuestos y contradictorios entre sí. Han sido muchas las voces que se han pronunciado por la obligación de avanzar hacia más Europa, reforzando los lazos de unión y tendentes a una entidad federal. Puro ensueño. Ha faltado tiempo para que apareciese en escena el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, para rebatir la tesis, argumentando que tal camino lo único que produciría sería acelerar las fuerzas centrífugas que abogan por abandonar la Unión.

El problema se plantea especialmente en la Eurozona, donde los intereses son muy contradictorios entre los países del Norte y del Sur, como contradictorio es constituir una unión monetaria sin integrar al mismo tiempo las haciendas públicas, integración a la que se opondrán radicalmente países como Alemania, Austria, Holanda o Finlandia. Es más, todo nuevo paso que se dé en esta dirección, por pequeño que sea, sus sociedades lo entenderán como pérdida de soberanía y un expolio orientado a beneficiar a los países del Sur, sin ser conscientes de que la unión comercial y monetaria crea un flujo de recursos en sentido contrario. El problema no tiene solución y antes o después el edificio se desmoronará y lo mejor que podrían hacer los gobiernos sería prepararse para ello, creando las condiciones para que cuando se produzca sea lo menos penoso posible.

Si bien el fenómeno aparece con toda su crudeza en la Unión Europea, no queda recluido en sus fronteras. La fulgurante ascensión de Donald Trump en EE. UU. es un buen ejemplo de ello. En primer lugar, porque las contradicciones europeas se transmiten al resto del mundo. Ese ocho por ciento de superávit continuo en la balanza corriente de Alemania es un problema para la economía internacional. Y, en segundo lugar, porque si bien es verdad que la Unión Europea ha querido llevar la integración económica supranacional a su máxima expresión, liberándola de los Estados-nación y de la soberanía popular, no es menos cierto que la globalización económica y la libre circulación de capitales hacen participar a todos los países de esta aberración.

Los gobiernos mienten cuando reniegan del proteccionismo porque a pesar de que han eliminado la mayoría de las trabas en el orden comercial y todas ellas para la libre circulación de capitales, intentan por todos los medios proteger sus economías mediante lo que denominan deflación competitiva, es decir, reduciendo los salarios y los gastos sociales y laborales. Es ahí donde se refugia el nuevo proteccionismo. El poder económico se encuentra satisfecho en el nuevo orden. No se da cuenta de que resulta insostenible en el medio plazo. Económicamente, porque la economía de mercado se fundamenta en la identidad entre oferta y demanda, y no es verdad que se cumpla la ley de Say de que la oferta crea su propia demanda. Machacar la demanda siempre termina dañando con fuerza el crecimiento. Políticamente, porque deprimir a partir de cierto límite las condiciones sociales y laborales solo es posible en las dictaduras.

TAXONOMÍA EUROPEA

Hoy son ya pocos los que dudan de los muchos quebrantos y sufrimientos a los que se ha sometido desde 2008 a las sociedades europeas, especialmente a las del Sur. Pero ahí termina la coincidencia, porque ante esta situación los discursos son muy diversos.

Algunos, a los que podríamos denominar ortodoxos, contemplan este periodo como una especie de paréntesis maléfico provocado por un cataclismo en la economía internacional al que califican de Gran Recesión y al que otorgan la condición de fenómeno cuasi natural, o al menos sometido a las fuerzas del destino, del que nadie es responsable y de serlo lo serían los ciudadanos y los Estados que han querido vivir por encima de sus posibilidades. Del bucle letal, según ellos, se sale mediante lo que han llamado políticas de austeridad, a las que se han aplicado con ahínco durante todos estos años. Austeridad que se encargan de repartir de manera muy desigual, puesto que afecta principalmente a las clases bajas, mediante la desregulación del mercado laboral, la disminución de salarios y el recorte del gasto público, y únicamente en situaciones extremas se cede a la necesidad de elevar los impuestos.

A los ortodoxos, a su vez, podemos subdividirlos en dos clases, los moderados optimistas y los dogmáticos radicales. Los primeros consideran, ante cualquier mejoría provisional, que se ha retornado al punto de partida. Creen que la reconstitución parcial de los datos macroeconómicos representa también la solución de los problemas de millones de familias que se han visto fuertemente dañadas y que difícilmente van a recuperar su situación económica anterior, pero es que, además, olvidan que los desequilibrios y los peligros subsisten, y que las dificultades y la crisis económica pueden retornar en cualquier momento. En algunos casos reconocen incluso que se ha llevado demasiado lejos la política de la austeridad.

Los dogmáticos radicales en cierta forma son más pragmaticos. Para ellos siempre hay riesgos que justifiquen las políticas de ajuste. Sean cuales sean las circunstancias, su consigna es la misma: más madera, Representación destacada de esta forma de pensar en nuestro país la encarna el ex presidente Aznar y su círculo de confianza, por otra parte cada vez más pequeño. La semana pasada en el foro de economistas de CaixaForum reprendió a su sucesor, aunque sin nombrarlo, por lo que considera relajamiento de la única línea política correcta, la de los recortes y las reformas, reformas todas encaminadas, por supuesto, en la misma dirección. Aznar parece que puso como ejemplo sus ocho años floridos de gobierno. Y afirmó que todo país cuya deuda alcance el 100% de su PIB se adentra en una espiral de problemas.

En esta última afirmación podría tener razón, siempre y cuando la hubiera matizado, lo cual sería extraño en Aznar ya que no es un economista, sino más bien un ideólogo; porque la cuestión no está tanto en la deuda pública como en la deuda exterior, sea pública o privada. Por eso Italia ha podido soportar durante muchos años, con anterioridad a la creación del euro, un porcentaje de deuda pública superior al 100%, ya que en su mayor parte era interior, estaba en manos nacionales; y por esa razón también el problema de España se generó hace ya mucho tiempo, precisamente en los años de los Gobiernos de Aznar, en los que se consintió un fuerte endeudamiento exterior privado, orientado principalmente al ladrillo, que se transformó más tarde en público. El crecimiento del que Aznar se siente tan orgulloso fue a crédito, crédito que ahora debemos pagar todos. A Aznar, como a Zapatero, tampoco le habló nunca nadie del endeudamiento privado (véase mi artículo del 4-12-2015).

Aznar introdujo a España en la Unión Monetaria, origen de todas las dificultades actuales, porque el endeudamiento exterior se hace mucho mas grave e hipoteca a una economía cuando se realiza en una moneda que no controla. Además, la minoración que los Gobiernos de Aznar realizaron del stock de deuda pública fue a costa de privatizar las grandes empresas, de manera que si bien se libraba al Estado de pasivos, también se le privaba de importantes activos, activos que proporcionaban al sector público pingües ingresos. Por otra parte, las reformas fiscales llevadas a cabo por sus Gobiernos, junto con las acometidas por los de Rodríguez Zapatero, deterioraron gravemente la capacidad recaudatoria de la Hacienda Pública, situación que si bien la burbuja del ladrillo se encargó de ocultar a corto plazo, se hizo presente con toda su virulencia en cuanto asomaron los primeros síntomas de la crisis.

Pero retornando al tema que nos ocupa y continuando con la taxonomía en la respuesta que se da a la grave situación actual por la que atraviesa la economía de muchos países de Europa nos encontramos a los que podríamos denominar críticos o “los del cambio”. Consideran que la raíz del problema se encuentra en que la mayoría de los países europeos han estado gobernados por la derecha y por partidos conservadores, que han impuesto una estrategia nefasta basada en la política de la austeridad que no solo ha originado tremendos daños sociales, sino que ha estrangulado el crecimiento. En épocas recientes, antes de que el BCE actuase con firmeza en los mercados, se responsabilizaba también a esta entidad, reprochando su pasividad y falta de compromiso con una política expansiva imprescindible para el crecimiento. La solución para este grupo está asociada a un cambio de signo político de las mayorías gobernantes.

Hay que reconocer la parte de verdad que tiene este discurso, aunque no deja de resultar ingenuo, porque la cuestión radica en saber si, dados los parámetros con los que se ha construido la Unión Monetaria y el contenido de los Tratados, resulta posible, sean de uno u otro signo los que se sienten en el Consejo de Ministros, aplicar otra política. Eso explica que partidos que mantienen una fuerte crítica cuando están en la oposición terminan haciendo la misma política cuando llegan al poder. Véase, por ejemplo, el caso de Rodríguez Zapatero en España, de Hollande en Francia, de Antonio Costa en Portugal y hasta de Tsipras en Grecia. Los Gobiernos son totalmente impotentes para condicionar la política del BCE, lo que no sucede a la inversa. De hecho, esta entidad no se ha decidido a actuar hasta después de disciplinar a los países deudores y cuando el euro se encontraba en grave riesgo de saltar por los aires.

Por otra parte, la política monetaria resulta muy eficaz a la hora de estrangular el crecimiento, pero tiene graves limitaciones cuando se trata de estimularlo. “Se puede llevar el caballo al abrevadero pero no se le puede obligar a que beba”. Es posible inundar el mercado de dinero, pero no resulta factible forzar a los empresarios privados para que inviertan. Esta premisa debería tenerla también muy en cuenta José María Aznar cuando aconseja menos gasto público y más inversión privada. Para surtir efecto la política monetaria precisa de una política fiscal expansiva, tal como se ha dado en EE. UU., y que se muestra inviable en Europa, ya que los países deudores no pueden y los acreedores no quieren, y no hay nada en los Tratados que les obligue.

Dentro de los que hemos llamado “los del cambio” existe una variedad a los que podríamos denominar los pangermánicos, ya que piensan que los causantes de todos los males se sitúan en Alemania y en sus países satélites. No les falta razón, puesto que la Unión Monetaria se ha construido según el modelo impuesto por el país germánico, y así se ha plasmado en los Tratados, con lo que el resto de los Gobiernos están atados de pies y manos. Ahí se encuentra la explicación de que todos los ajustes tengan que recaer sobre las economías deudoras y en ningún caso sobre las acreedoras. Los países de Sur se han visto sometidos a fuertes políticas de deflación competitiva que han arruinado a buena parte de sus poblaciones, mientras que Alemania y Holanda continúan incrementando su superávit en balanza por cuenta corriente, que alcanza ya la escalofriante cifra del 8% y del 9% del PIB respectivamente, factor de desestabilización no solo de la Eurozona, sino de la economía internacional.

¿Pero tiene la culpa Alemania de todo ello? Al menos habría que convenir en que no en exclusiva. Lo que ha hecho Alemania en todo momento ha sido defender e imponer lo que consideraba mejor para los intereses de su economía. Quizás de lo único que se la puede acusar es de cortedad de miras y de no querer ver que la situación a largo plazo es insostenible. Pero mayor responsabilidad, creo yo, recae sobre los gobernantes de uno u otro signo de todos los demás estados, que aceptaron un juego tan peligroso y que ratificaron unos Tratados que introducían a las economías de sus países en una trampa de difícil salida. Es por eso por lo que resulta tan irritante ver a esos mismos gobernantes, llámense Aznar o Felipe González, salir dando lecciones tras el embrollo en el que nos han metido.

Desde las posiciones críticas se suele manifestar que lo que se precisa es más Europa. Frase bonita pero vacía de contenido. Europa está a años luz de constituirse como un Estado, ni siquiera federal. Los países ricos como Alemania nunca permitirán la creación de aquellas estructuras necesarias para que una unión monetaria funcione. La unión política conllevaría democratizar el poder y trasladarlo de Alemania, que ahora lo detenta, a todos los ciudadanos, y la integración fiscal implicaría la transferencia de enormes recursos económicos de los países más ricos a los menos favorecidos. Es comprensible que Alemania y demás naciones del Norte se opongan. Pero, por esa misma razón, los mandatarios de los países del Sur nunca deberían haber consentido la creación de la moneda única.

Hay también quien afirma que la solución para la Eurozona viene ligada a la salida de Alemania. Sin duda, supondría un alivio a corto plazo, pero me temo que los desequilibrios y los choques asimétricos, antes o después, volverían a presentarse en los países que permaneciesen en la Eurozona. Y, una vez más, aquellos países que fuesen deficitarios en sus cuentas exteriores, al no poder devaluar, tendrían que trasladar el ajuste a la economía real, con paro y deflación competitiva, reducción de salarios y ajustes presupuestarios.

El quid de la cuestión radica en que una unión monetaria no es concebible sin una unión fiscal y política, tanto más si se realiza en un régimen de libre circulación de capitales. Los partidos socialdemócratas y en general todas las fuerzas progresistas tendrían que haber pensado en ello antes de dar su aquiescencia a los Tratados y deberían haber sido conscientes de que con su aprobación condenaban irremisiblemente no solo la realización de una política de izquierdas, sino el Estado Social y la propia democ

FRANCIA SE ACERCA AL SUR

La semana pasada, Francia sufrió una huelga general que en buena medida dejó paralizado todo el país. Una huelga de las que ya no se estilan en España, donde los sindicatos han perdido toda credibilidad, y más que van a perder si su principal reivindicación es el derecho de autodeterminación de Cataluña. El motivo de la huelga, la pretensión de Hollande de acometer una reforma laboral totalmente lesiva para los trabajadores: abaratamiento del despido, simplificación de los requisitos para aprobar expedientes de regulación de empleo por motivos económicos, preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, etc.

Esta reforma laboral nos resulta muy familiar a los españoles, puesto que es similar a la que debió afrontar el Gobierno de Rajoy (ya que al Gobierno de Zapatero no le dio tiempo a llevarla a cabo) y que estaba entre las condiciones chantajistas que el BCE, en carta firmada por su presidente y por el gobernador del Banco de España, dirigió al propio Zapatero como condición para intervenir en el mercado y cortar la presión a la que se estaba sometiendo a las deudas italiana y española.

Philippe Martínez, secretario general de CGT, primer sindicato de Francia, ha manifestado que abaratando el despido no se crea empleo y que la afirmación contraria es una estupidez. No le falta razón, porque la finalidad última de las reformas laborales es otra, la de rebajar los salarios, y esa sí la consiguen. Buen ejemplo lo tenemos en España. Se trata de lograr lo que se ha dado en llamar la devaluación interior, sustitutiva de la devaluación monetaria. Con una moneda única los desequilibrios en las balanzas de pagos no se pueden corregir con ajustes en el tipo de cambio, sino por una deflación de los precios interiores que, como de costumbre, recae sobre los salarios.

Entre las razones por las que algunos desde un pensamiento de izquierdas nos manifestamos contrarios en su día a la Unión Monetaria se encontraba, ocupando un lugar de primer orden, la creencia de que en cualquier shock económico ante la imposibilidad de retornar al equilibrio mediante el ajuste monetario del tipo de cambio, la presión se trasladaría al orden de la economía real, con desempleo, bajos salarios y consolidación fiscal, dañando de manera notable el nivel de vida de los trabajadores y el Estado del bienestar. Es más, existe una alta probabilidad de que parte del ajuste no se traslade cien por cien a los precios, sino que vaya a agrandar los beneficios de los empresarios. La enorme diferencia entre la devaluación monetaria y la devaluación interior es que la primera representa un empobrecimiento generalizado frente al exterior, pero sin que la distribución interior de la renta sufra modificaciones. En la devaluación interior, por el contrario, los costes siguen una distribución muy desigual, recayendo principalmente sobre las clases bajas.

Se ha instalado una postura cínica en la política internacional. No hay reunión de mandatarios mundiales (G-8, G-20, etc,) en la que no renieguen de las devaluaciones competitivas. La postura es perfectamente lógica. El intento de crecer mediante el procedimiento de robar un trozo de tarta al vecino solo sirve para desequilibrar la economía internacional, puesto que es lógico pensar que cada país que se ve perjudicado por las devaluaciones de otras monedas reacciona devaluando la suya, y así se produce una carrera sin fin. Todo el mundo tiene en cuenta lo nocivas que fueron las devaluaciones competitivas adoptadas por todos los países en los años treinta del pasado siglo, mediante las cuales las distintas naciones pretendían salir de la crisis económica sustrayendo mercado a las demás. Sin embargo, lo que no se entiende es por qué la condena no se orienta, por idénticos motivos, también a las deflaciones competitivas.

Lejos de ello, el pensamiento único que rige la ciencia económica aconseja y ensalza todas aquellas medidas tendentes a obtener competitividad mediante la deflación competitiva, es decir, a conseguir un descenso de los precios interiores, reduciendo los costes laborales. En la Eurozona, tanto la Comisión como el BCE exigen a los Estados reformas laborales y medidas fiscales encaminadas a incrementar la competitividad frente a los otros Estados, pero ello contradice la más elemental lógica, porque al aplicarlas a todos los países los efectos se compensan y se neutralizan.

Coincidiendo con la huelga francesa, Eurostat ha publicado su último informe comparado acerca de los sueldos y los costes laborales en Europa. Las diferencias son sin duda abismales entre los países ricos, del Norte, y los de menor renta, del Sur y del Este europeos. Así, por ejemplo, en 2015 la retribución media por hora de un danés es de 35,6 euros, diez veces superior a la de un búlgaro (3,4 euros) y nueve veces a la de un rumano (3,9 euros). Con independencia de ello, la retribución media en España en 2015 (15,8 euros, inferior a la de la media de la Eurozona, que asciende a 21,8 euros), se incrementó en tan solo 0,10 euros con respecto a 2014. Nuestro país continuó así por la andadura que había iniciado años atrás de devaluación competitiva, aumentando la diferencia salarial que le separaba de la media de la Eurozona. No obstante, el mayor ajuste en 2015 lo sufrieron Italia y Chipre con descensos respecto a 2014 de 0,5 y 1% respectivamente, tomando así el relevo a España.

Es de suponer que si la reforma laboral que plantea Hollande llega a implantarse, será Francia la que el próximo año se adentre por esta senda, y así sucesivamente van pasando todos los países por ella: Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia, Chipre, Francia… De manera que todas las actuaciones se terminarán compensando y se harán inútiles los esfuerzos. El único resultado conseguido será la bajada del nivel de vida de los trabajadores y extender la deflación a toda la Eurozona de la que el BCE se muestra incapaz de sacar a la economía europea.

El Banco de España acaba de corregir a la baja las previsiones de las tasas de crecimiento para este ejercicio y el próximo. Para explicar esta desaceleración no hay que acudir a la incertidumbre política, como se pretende interesadamente a menudo. Basta con ser consciente de que, mientras permanezcamos en la Unión Monetaria y la política a aplicar sea la deflación competitiva, toda recuperación de la economía es inestable y provisional y se encuentra amenazada por infinidad de peligros. Pero de esto parece no darse cuenta ninguno de los partidos políticos españoles, que siguen construyendo castillos en el aire o escribiendo cartas a los Reyes Magos.