ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Este mes de agosto, desde los más diversos ámbitos, tanto nacionales como internacionales, se han apresurado a recordarnos que hace diez años en otro agosto, el de 2007, se iniciaba la mayor crisis económica acaecida desde la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que se la da por superada y finalizada. La misma Comisión de la Unión Europea se ha sumado a esta corriente con un comunicado de prensa encabezado con una frase inolvidable: «Diez años después del comienzo de la crisis vuelve la recuperación gracias a la intervención decisiva de la UE». Afirmación que puede quedar para la historia.

Al margen de que resulte difícil fechar de manera exacta el inicio de la crisis, todos los comentaristas suelen situar su causa en las ya famosas hipotecas subprime. Los bancos, principalmente los de EE.UU., cegados por el objetivo de una ganancia fácil, se habrían dedicado de una manera irresponsable a conceder créditos a diestro y siniestro, en primer lugar para la compra de vivienda; pero también para todo tipo de consumo, generando un monto importante de hipotecas basura, que convenientemente empaquetadas y titulizadas fueron vendidos al sistema bancario internacional, contaminando así a una buena parte de la economía mundial, especialmente la europea. Cuando cundió la desconfianza, llegó el sálvese quien pueda, y la crisis. Hasta aquí la versión oficial que se repite con aplomo y complacencia. Todo lo más se le añade la coletilla de la responsabilidad que en la génesis de este fenómeno le cabe a la excesiva liberalización que se venía produciendo en el sistema financiero.

No es que esta versión sea del todo errónea, pero sí resulta parcial e incompleta. En todo caso, todos estos hechos son la consecuencia -si se quiere, el detonante- de un fenómeno más profundo, unos enormes desajustes en la economía mundial, causados por el neoliberalismo económico. La libre circulación de capitales, unida a la asunción de la teoría del libre cambio, originó enormes desequilibrios en los saldos de las balanzas de pagos de los países, importantes déficits en unos y superávits en otros. Tales desajustes solo eran posibles porque la libertad en los flujos de capitales permitía financiarlos, pero a condición de crear situaciones de extrema inestabilidad que tenían que originar antes o después una crisis económica.

Si en 1980 los distintos países presentaban con pequeñas diferencias balanzas de pagos más o menos equilibradas, los saldos positivos y negativos fueron incrementándose hasta 2007 y abriendo ampliamente el abanico entre países deudores y acreedores. Se generó así una situación inestable y explosiva. China, Hong Kong, Japón, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán, financiaban a los países occidentales: EE.UU., Australia, Canadá. El hecho de que la Unión Europea presentase frente al exterior un saldo próximo a cero no significaba que los países miembros no tuviesen también entre sí profundos desequilibrios, buen ejemplo de ello eran el déficit de España y el superávit de Alemania.

El incremento de la desigualdad en las sociedades debería haber generado una ralentización del consumo. En ciertos países así ocurrió, pero en otros muchos como EE.UU. y España el consumo continuó creciendo gracias a otro fenómeno: el endeudamiento. El crecimiento estaba sustentado en el crédito, lo que le proporcionaba un carácter de inestabilidad que por fuerza tenía que llegar a su término.

La libre circulación de capitales y el libre cambio permiten que las empresas aspiren a fabricar en unos países (a menudo, allí donde las exigencias fiscales y los costes laborales son bajos) y vender la producción en otros (normalmente en países que tienen un nivel de vida mucho mayor). En este caso la oferta no casará con la demanda en el ámbito nacional y unos países acaban presentando un gran endeudamiento exterior y otros importantes superávits, desequilibrios que difícilmente podrían sostenerse a largo plazo.

El consumo en la sociedad americana se mantenía a base de importar productos a precios muy reducidos, y el crecimiento de China en los años anteriores a la crisis se basaba fundamentalmente en las exportaciones. El resultado es de sobra conocido, un cuantioso déficit en EE.UU. que se correspondía con el consiguiente superávit en la república comunista. Aunque como ya se ha dicho los desequilibrios en el comercio exterior no eran privativos ni exclusivos de EE.UU. y de China, lo cierto es que conforman un binomio útil para explicar la causa última de la crisis. China ahorraba para prestar a EE.UU, que así compraba sus productos. Las familias americanas no podían seguir endeudándose ni los bancos americanos prestando indefinidamente los recursos que provenían de China. Ambos países se movían en una brutal trampa.

Los superávits de China y de otros países del sudeste asiático eran deliberados y obedecían a una política de mantener infravalorado el tipo de cambio. Hay quien imputa también una parte de la responsabilidad a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal y a su presidente Greenspan, por haber realizado una política monetaria laxa de bajos tipos de interés. Es evidente que a Greenspan le cabe ciertamente gran responsabilidad en la deficiente supervisión de las entidades financieras y en la defensa de la innovación financiera y de los productos derivados, y todo ello en aras de la autorregulación de los mercados. Sin embargo, lo que no está claro es que otra política monetaria más restrictiva hubiera sido mejor y hubiera evitado la crisis. Una subida de los tipos de interés podría haber traído aun más capitales y haber incrementado la liquidez. China y algunos otros países estaban dispuestos a comprar todos los dólares que fueran necesarios para mantener la cotización de su moneda respecto al dólar. Bajo estos supuestos, es muy difícil mantener una política monetaria restrictiva.

A este análisis hay que añadir otro de suma importancia. Si bien es cierto que la crisis se generó en EE.UU., no es menos cierto que donde ha adquirido mayor gravedad y donde se resiste a desaparecer es en Europa. La razón no es difícil de encontrar. Que las cuentas de la Eurozona con el resto del mundo estuviesen más o menos en equilibrio no indica que todos los países miembros se encontrasen en la misma condición, más bien se entremezclaban países como Alemania, de muy bajo consumo y por lo tanto con un importante superávit comercial, con otros, como España, en los que el cuantioso endeudamiento de las familias o del sector empresarial llevaron a un elevadísimo déficit exterior (en 2008 del 9,6%).

El problema, por supuesto, no era exclusivo de España. Al progresivo incremento del superávit de Alemania (6,6% del PIB en 2008) y de otras naciones del Norte, correspondía un déficit cada vez mayor en esos países que despectivamente han denominado PIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). Solo por el hecho de mantener la misma moneda es por lo que se pudo llegar a unos desajustes en la balanza de pagos tan elevados. Estos desequilibrios creaban empleo y riqueza en los países excedentarios, mientras destruían puestos de trabajo y riqueza en los Estados del Sur, que hasta la crisis habían podido vivir una situación ficticia y mantener el crecimiento y el empleo de manera artificial a base de endeudamiento, endeudamiento que sin posibilidad de devaluar se convertiría a medio plazo en una soga al cuello, empeorando aun más su situación económica.

Los desequilibrios en el comercio exterior de China y de EE.UU. podían terminar corrigiéndose mediante ajustes en el tipo de cambio, pero ¿cómo solucionar esos mismos desequilibrios entre Alemania y España si ambos tienen la misma moneda? El desenlace es de sobra conocido. Se sometió a los países deudores a enormes ajustes fiscales y a duras políticas deflacionistas. El euro estuvo contra las cuerdas, salvado provisionalmente e in extremis por la política monetaria del BCE, que se decidió a actuar tan solo cuando la Eurozona se asomaba al borde del precipicio y, además, sometido a múltiples contradicciones, porque ¿cómo practicar la misma política para Alemania y para Grecia cuando sus necesidades e intereses son radicalmente distintos?

No, no es verdad que, tal como afirma la Comisión, la crisis se haya superado gracias a la intervención de la Unión Europea. Ha sido todo lo contrario. Debido a la Unión Europea, mejor diríamos a la Unión Monetaria, muchos países europeos se adentraron en la pendiente de la recesión. Sin el euro, el endeudamiento de los países del Sur nunca habría alcanzado las cotas a las que llegó; y en el caso de haber habido crisis, sin el euro su dimensión hubiera sido para la mayoría de los países mucho más reducida, y la salida se habría encontrado bstante antes, y sobre todo hubiera sido real, y no como en la actual supuesta superación en que las incertidumbres y riesgos se mantienen plenamente y las secuelas y efectos negativos perdurarán mientras no se dé marcha atrás.

La política aplicada desde Europa ha sido nefasta y motivada exclusivamente por las conveniencias de los países del norte, pero no se la puede hacer la única responsable de los daños infligidos, tal como pretenden algunos para exculpar al sistema. El error no es coyuntural sino estructural. El problema principal estriba en el propio diseño de la Unión Monetaria, lleno de contradicciones y de incoherencias, y que hace imposible su misma persistencia. ¿Por qué Alemania y sus países satélites iban a consentir otra política si la actual es la que les conviene y los Tratados no les obligan a ello? No solo estamos ante una década perdida, sino que en gran medida hemos malogrado la embarcación y no sabemos durante cuánto tiempo vamos a poder seguir navegando. De todo ello seguramente hablaremos en algún artículo posterior y analizaremos si es verdad, como dicen, que ha finalizado la crisis.

republica.com 18-8-2017

El 14 de abril de 2014, en una tribuna en el diario El País, el ministro de Economía, Luís de Guindos, tras calificar el establecimiento de la Unión Bancaria Europea de tan importante como la creación del euro, se expresaba en estos términos: “Un banco en cualquier esquina de un país de la UE ya no será un banco español, francés o italiano. Va a ser un banco europeo. Tendrá que cumplir los mismos estándares de solvencia, estará vigilado por un mismo supervisor, pasará por los mismos chequeos y se disolverá, si no hay otro remedio, por los mismos procedimientos”.

En realidad, la historia había comenzado casi dos años antes, en la cumbre de junio de 2012 cuando, contra todo pronóstico, el ortodoxo Monti que había sido impuesto por Bruselas y Berlín al frente del Gobierno italiano, se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aprobaba que fuese la Unión Europea (Mecanismo de Estabilidad Europeo) la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis. A esta pretensión se sumó inmediatamente Rajoy, inmerso en la crisis de la banca española y un poco más tarde, aunque quizás con menos decisión, Hollande. Merkel no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades. Había nacido lo que más tarde llamarían la Unión Bancaria.

Transcurrieron más de dos largos años hasta que el proyecto llegó a su concreción final, y durante ese tiempo las modificaciones introducidas lo descafeinaron totalmente. Desde luego, no se aplicó a la crisis bancaria de España ni a la de Irlanda, cuyos contribuyentes se vieron en la obligación de asumir el coste de los rescates de sus respectivos bancos. La realidad y la práctica contradicen por completo el mapa idílico que Luis de Guindos describió hace tres años en el diario El País. Hasta la fecha, los bancos de los distintos países continúan siendo principalmente nacionales y los posibles costes están muy lejos de mutualizarse, ni a través del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos recursos provienen casi en su totalidad de las respectivas naciones, ni por el Fondo Único de Resolución Bancaria, que no es tan único como se afirma. Lo ocurrido el pasado mes en España y en Italia lo confirma.

Las soluciones adoptadas ante la crisis del Banco Popular y de los italianos Veneto Banca y Popolare de Vicenza muestran claramente la falacia de la Unión Bancaria Europea. No solo es que las respuestas hayan sido distintas, sino que la nacionalidad (española e italiana) ha estado presente y de ninguna manera se ha podido obviar. El coste va a incidir sobre los contribuyentes, accionistas, tenedores de deuda subordinada o sénior, dependiendo del procedimiento aplicado en cada caso, pero en el primero serán españoles la mayoría y en el segundo, italianos. No existe la menor mutualización de las pérdidas. También son nacionales las entidades a las que se ha recurrido para que absorban los bancos en crisis, Santander en España, Itesa en Italia.

Si algo había quedado claro en la supuesta Unión Bancaria Europea era la condición, impuesta por Alemania, de que el coste de los futuros rescates bancarios no recaería sobre los contribuyentes ni nacionales ni europeos, y que antes de echar mano de los fondos públicos deberían responder los accionistas, bonistas y hasta depositarios (solo quedaban excluidos los cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos). Es significativo que Alemania exigiese esta condición una vez que estaba a salvo el dinero de los acreedores alemanes y de los demás países del Norte, atrapados en un principio en los bancos griegos, irlandeses, españoles y portugueses, y a los que salvaron los contribuyentes de los respectivos países.

En el rescate del Banco Popular, primera entidad que se liquidaba tras constituirse la Unión Bancaria, los butafumeiros oficiales comenzaron a difundir odas y alabanzas acerca de lo bien que habían funcionado los procedimientos y las instituciones. Presiento que van a tener que tragarse sus palabras. Primero, porque con el tiempo a lo mejor se demuestra que lo del Banco Popular ha sido una chapuza, y segundo, porque a las dos semanas, las intervenciones en dos bancos italianos, Veneto Banca y Popolare de Vicenza, se han realizado siguiendo patrones totalmente distintos, con lo que se demuestra que la Unión es puro espejismo y que las normas se aplican a la carta según cuál sea el Estado afectado. Bruselas se ha esforzado en un vano intento por demostrar que en ambos casos se han seguido “las reglas adaptadas completamente al marco legal”, haciendo elucubraciones acerca de la diferencia que existe entre problemas de liquidez y de solvencia o entre bancos sistémicos o de relevancia tan solo nacional, y si está o no está en juego el interés general.

La razón de fondo radica en que es difícil que los gobiernos nacionales admitan que la supervisión sea europea, consientan en que sean las instituciones de Bruselas o de Frankfurt las que determinen la resolución y liquidación de las entidades y la forma de llevarlas a cabo, mientras que las consecuencias las continúen sufriendo las economías nacionales y que sean los mandatarios de estos países los que deban afrontar las iras populares. No es de extrañar que gobiernos tales como el italiano, si tienen suficiente fuerza, reclamen para sí, ante la crisis de sus bancos, el derecho de elegir si representa mayor coste político el hacer recaer las pérdidas sobre la deuda subordinada en manos de pequeños ahorradores o bien asumirlas el Estado y distribuirlas entre todos los contribuyentes.

Las autoridades españolas se las han prometido muy felices dejando las decisiones en manos de las autoridades europeas. Nosotros, siempre los alumnos más aplicados. Tanto el FROB como el Banco de España se han apresurado a declarar que el proceso ha sido pilotado por el BCE y la Junta Única de Resolución y que ellos han sido meros ejecutores. Lo cierto es que, de complicarse las cosas, y es muy posible que sea así, no hay que descartar que parte del coste recaiga sobre los contribuyentes, que no serán la totalidad de los europeos, sino tan solo los españoles. En este caso hay demasiados aspectos oscuros como para que no lluevan los recursos.

El Banco de España, en su papel de supervisor en los últimos cuarenta años no ha sido merecedor -creo yo- de ninguna condecoración, pero tampoco parece que el BCE lo esté haciendo mucho mejor. ¿De qué sirven tantas pruebas de estrés a las que se somete a los bancos, realizadas por esas entidades o sociedades tan independientes? Hace tan solo un año el Banco Popular obtenía una nota del 6,6, por encima del aprobado (5,5). Y se supone que su solvencia se había contrastado en las hipótesis más adversas, circunstancias que en este último año no se han dado. ¿Qué ha ocurrido? Las cuentas del Popular como las de cualquier banco son auditadas todos los años. ¿Cómo es posible que la firma auditora no avisase del problema? Desde distintas fuentes oficiales se afirma que el problema del Popular era de liquidez, no de solvencia; ahora bien, si un banco es solvente no se entiende la expropiación o liquidación por un problema de liquidez. No hay entidad financiera que resista en solitario si cunde el pánico entre sus depositantes y todos pretenden retirar sus depósitos a la vez. Para algo está el prestamista en última instancia, función que desde la creación de la Unión Monetaria le corresponde al BCE, que por otra parte, es totalmente renuente a asumirla, ni con los bancos ni con las haciendas estales. Esta dejación es la que amenaza la estabilidad financiera de las economías y de las finanzas públicas de los distintos Estados.

Resulta incomprensible que la decisión se haya tomado en dos días de acuerdo con un informe provisional (aún no está el definitivo) realizado por una firma privada que sostiene la existencia de un previsible agujero de 2.000 a 8.000 millones de euros, según las circunstancias que se contemplen. E inexplicable es también que la adjudicación recayese en Banco Santander sin ningún procedimiento concurrencial, así como que la CNMV, ante la especulación desatada en contra de las acciones del Popular en los días previos, no suspendiese las operaciones bajistas a futuro, tal como hizo posteriormente con Liberbank. Toda expropiación, intervención y venta de un banco presenta siempre aristas y cabos sueltos, pero en este caso las dudas y los interrogantes son demasiado numerosos como para que no se multipliquen los litigios. Desde distintos ángulos se ha anunciado ya la voluntad de recurrir a los tribunales. La cuestión es contra quién, ¿contra el Banco Santander, contra los antiguos gestores, contra el BCE, contra la Junta Unitaria de Resolución, contra las autoridades españolas…? Mucho me temo que las indemnizaciones, que las habrá, las termine pagando el FROB, es decir, todos los españoles. Los bancos, tanto en España como en Italia, continúan siendo nacionales, no europeos.

republica.com 7-7-2017

“Por lo que he visto estos días, los tiempos en que podíamos fiarnos completamente de los otros están llegando a su fin”. Son palabras de Merkel y se refiere a las jornadas de las reuniones de la OTAN y del G-7 celebradas al final del pasado mes y en las que resultó palpable el desacuerdo con Trump. “Y por ello solo puedo decir -continuó afirmando la canciller- que nosotros los europeos debemos ser los dueños de nuestro propio destino”.

No deja de ser curioso que Merkel se vuelva ahora hacia Europa, después de haber sido Alemania la que ha ido colocando obstáculos una y otra vez a todo intento de una mayor integración. La razón hay que buscarla en que los desacuerdos y ataques de Trump se dirigen precisamente contra la línea de flotación del país germánico. No solo ha incidido sobre la desigual distribución de los gastos de la OTAN y, por lo tanto, sobre la exigencia de que los países europeos, especialmente Alemania, incrementen su participación, sino también sobre un tema recurrente que a los alemanes les pone especialmente nerviosos, su ingente superávit comercial, que crea graves problemas no solo en Europa sino también en la economía mundial.

Las palabras de Merkel han sido consideradas por algunos como un cambio de postura y surgen rumores acerca de que estaría dispuesta a aceptar, tras las elecciones de septiembre, una cierta flexibilidad en los vetos que hasta ahora ha mantenido. Pero esos mismos rumores avanzan que Alemania exigiría a cambio que el actual presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, sea el sucesor de Draghi en la presidencia del Banco Central Europeo, lo que al final sería un mal negocio para el resto de los países, especialmente para los del sur, ya que esta institución es el mejor instrumento para forzar a los Estados miembros e imponerles una determinada política.

Fue el BCE el que torció la voluntad del Gobierno de Syriza y del pueblo griego manifestada en referéndum y el que obligó al país heleno, mediante la restricción de la liquidez a los bancos, a someterse a todas las condiciones del tercer rescate, por más gravosas que estas fueran. Y ha sido el BCE, bajo el mandato de Draghi, la única institución con suficiente fuerza para despejar en los mercados las dudas que existían sobre el euro, aunque haya sido provisionalmente y las incertidumbres continúen y cada vez con más fuerza. Y, por último, es el BCE del que depende la estabilidad de las economías endeudadas de los países del Sur, cuyos gobernantes son conscientes de que en la Unión Monetaria necesitan de su respaldo para que sus países no se precipiten en la insolvencia.

Dejar el BCE en manos del presidente del Bundesbank sería un paso atrás de graves consecuencias, ya que nunca ha ocultado su oposición y reticencias a las medidas adoptadas por Draghi. Sería desandar los únicos pasos que hasta ahora se han dado para evitar la catástrofe en la Eurozona, teniendo en cuenta que Alemania siempre se ha negado a cualquier integración en materia fiscal y presupuestaria que implique transferencias de recursos o mutualización de riesgos entre países.

Por otra parte, las palabras de Merkel son, como siempre, ambiguas y no hay nada que indique que esté dispuesta, ni ahora ni después de septiembre, a transformar la Unión Monetaria en una unión política, con impuestos, presupuesto y tesoro propios, capaz de actuar como un auténtico Estado. Es cierto que cada vez cunde más en todos los ámbitos el convencimiento de que la situación de la Eurozona es insostenible y que no puede permanecer; que se precisan reformas en profundidad si se quiere subsistir. El mismo Draghi se ha pronunciado con frecuencia acerca de que la política monetaria no basta; pero, a la hora de concretar, la Eurozona parece haberse convertido en la torre de Babel en la que cada uno está pensando en reformas diferentes.

Hace tiempo que la Comisión viene amagando sobre la necesidad de ciertos cambios en la línea de una mayor integración, pero lo hace con tanta mesura, parsimonia y cuidado de no ofender a Alemania que nunca llegan a ponerse en práctica, y si al final se implantan es después de desnaturalizarlas y convertirlas ya en inservibles. Acaba de presentar un informe en esa línea, titulado “Papel de reflexión sobre la profundización de la unión monetaria y económica”. Una vez más, se queda en un discurso etéreo y sin concreción y por lo tanto sin virtualidad práctica.

Las propuestas a corto plazo (de aquí a 2019) no presentan demasiadas novedades e inciden sobre medidas ya en marcha que se han ido retrasando, como la unión bancaria en la que, mientras que el poder de supervisión se ha transferido al BCE, la responsabilidad y el posible coste de las insolvencias, a pesar de haberse prometido al principio lo contrario, continúa en los países miembros. La única novedad radica en un engendro que han denominado Sovereign Bond-backed Securities (SBBS), que consiste en empaquetar deuda de varios países con distinto tipo de solvencia, pero sin que suponga mutualización de riesgos, puesto que cada miembro responderá de su endeudamiento. Se cae en la ingenuidad de creer que así se engañará a los mercados.

Las propuestas a largo plazo se plantean nada menos que de cara a 2025 (a largo plazo, todos muertos o disuelta la Unión Monetaria) y están descritas con total ambigüedad y generalidad, que las convierten en poco significativas. No se atreven ni siquiera a hablar de verdaderos eurobonos. La propuesta de un tesoro europeo es un canto al sol, porque lo importante no consiste en crear una institución más, sino en las competencias y los medios con los que se la dote. El problema del presupuesto comunitario radica principalmente en su escasa cuantía, que impide cualquier actividad u objetivo que se pretenda acometer, y de eso no se dice nada, ni de su incremento ni del establecimiento de recursos propios; al menos no se cuantifica. Esa insuficiencia de recursos del presupuesto comunitario es uno de los condicionantes que invalida la propuesta de un instrumento de estabilización macroeconómica; el otro -y quizás más importante-, la huida de todo lo que signifique transferencias entre los países miembros. En estas circunstancias es un espejismo el proyecto de creación de un fondo de desempleo europeo, tanto más cuanto que se supedita a la convergencia en las cuestiones laborales.

A pesar de la insuficiencia e indeterminación del documento no hay demasiada duda de que tendrá la oposición de Alemania, sobre todo si pretenden que pase de las musas al teatro. Pero entonces, ¿cuál ha sido la pretensión de Merkel al querer ponerse al frente de Europa y clamar por un destino común europeo frente a EE. UU? Intenta utilizar para su conveniencia como siempre a la Unión Europea. En primer lugar, ante la exigencia de Trump de mayor aportación a la OTAN, que afecta de forma notable a Alemania, este país intenta mutualizar los gastos de defensa como antes ha pretendido hacer con el problema de los refugiados. El veto a la mutualización no funciona, todo lo contrario, se defiende ardorosamente, cuando es a favor de Alemania.

En segundo lugar, y sin duda lo más relevante para Alemania, trata de defender su política exportadora que tan bien le ha venido a su economía, pero que ha puesto contra las cuerdas a muchos países europeos y que se ha constituido en un grave problema para toda la economía internacional. Detrás de la crisis de los Estados del Sur se encuentra el superávit comercial de Alemania. Este excedente, que se hace mayor cada año, ha perjudicado en primera instancia a los países miembros de la Eurozona, pero se ha trasladado al exterior y, al margen de sus excentricidades y disparates en esta materia, Trump tiene razones para quejarse. Lo que resulta irónico, y sin embargo lógico, es que Alemania pretenda escudarse en la Unión Europea. Puesto que es el euro -y que el euro sea la moneda no solo del país germánico sino de otra serie de países- lo que permite a Alemania tener una divisa infravalorada. De existir, la cotización del marco sería bastante superior a la de la moneda europea.

Desde el comienzo de la crisis Alemania mira más al Este que a Occidente; más, por ejemplo, a China y a Rusia que a Estados Unidos. Pesan más las razones económicas, salvar su estrategia de crecimiento basado en las exportaciones, que las políticas. Muchos alemanes manifiestan que para mantenerla Alemania ya no necesita a Europa, tiene a los países emergentes. A la vista está que Merkel no es de tal opinión. Sabe que para que la divisa alemana no se aprecie precisa del anclaje en la Unión Monetaria. Lo que no es consecuente es que si Alemania es la gran beneficiaria de la moneda única no esté dispuesta a hacer concesiones para defenderla.

Guste o no, hoy se comienza hablar de nuevo de la cuestión alemana. Muchos se preguntan si Alemania no ha vuelto a los hábitos que adoptó desde 1871 hasta 1945. Está claro que en el campo geopolítico, no, pero ¿y desde el geoeconómico? Hans Kundnani en su interesante libro “La paradoja del poder alemán” afirma que sí. Y no conviene olvidar que en las coordenadas actuales la economía manda mucho más que la política.

Republica.com 9-6-2017

La reunión del Eurogrupo del lunes pasado termino sin acuerdo acerca del cuarto rescate a Grecia. Cuarto rescate, así lo llaman los sindicatos y la oposición. La razón de esta dominación radica en que, si bien en puridad el dinero que va a recibir el país heleno pertenece al tercero, al que se firmó en 2015, ahora se condiciona su desembolso a nuevas medidas y recortes. Otra vuelta de tuerca. Es la enésima. La verdad es que no se debería llamar ni cuarto ni tercero ni primer rescate, porque nunca se ha rescatado a Grecia. Solo hay que contemplar su situación actual. A los que en realidad se ha rescatado ha sido a los bancos alemanes y franceses, mientras que se hundía al país heleno más y más en la crisis. Grecia no levanta cabeza. Y se confirma una y otra vez la nefasta política impuesta por Berlín y Bruselas.

La Comisión, no obstante, presenta estos días una visión triunfalista e idílica, quizás para justificarse y para que la esperanza haga los recortes menos duros y amargos. Afirma que está resurgiendo la confianza, despuntando el consumo, aumentando el empleo, que la temporada turística va a ser buena y que el saldo presupuestario primario (antes de pagar intereses) es mejor de lo esperado. En 2016, 3,95% del PIB.

De todo ello lo único cierto es lo que hace referencia al déficit público, que por otra parte parece que es es tan solo lo que le interesa a Bruselas. Grecia acaba de entrar de nuevo en recesión (tal como se suele considerar técnicamente, dos trimestres seguidos con tasas negativas del PIB). Durante el cuarto trimestre de 2016 el PIB se redujo en el 1,2%, y en el primero de 2017 el 0,1%. Pero es que, además, hay que presumir que los nuevos recortes (2% del PIB, 3.600 millones entre 2019 y 2020), tendrán un efecto contractivo sobre la economía, con lo que se pierde toda esperanza de que la situación mejore.

Los sucesivos ajustes han tenido sobre Grecia un efecto devastador, la economía ha sufrido tres recesiones, la renta nacional se ha reducido en un 25%, la tasa de desempleo alcanza el 24% y el stock de deuda pública el 180%. El castigo sufrido parece propio de una situación de posguerra. Además las medidas adoptadas no han dañado a todos por igual. Han sido las capas bajas y medias de la población las que más las han sufrido, y la pobreza y desigualdad ha alcanzado niveles alarmantes e inconcebibles hace años.

Las condiciones impuestas ahora en lo que se ha llamado cuarto rescate continúan en la misma línea, son humillantes e injustas y gravitan sobre las clases más humildes. Las pensiones sufren el decimocuarto recorte, y disminuirán entre el 9 y el 18%, y el límite exento en el impuesto sobre la renta pasará de 8. 600 a 5.700 euros. Hay que preguntarse si la intención de los representantes de las instituciones comunitarias es tan solo eliminar el déficit público o si, por el contrario, se mueven por motivos ideológicos y a la hora de escoger las medidas se inclinan por las predilectas del neoliberalismo económico, tales como hundir lo más posible las pensiones públicas y potenciar así los fondos privados de pensiones o atacar los tributos directos y progresivos.

Esta clara intencionalidad ideológica se percibe también en el resto de medidas impuestas, diferentes de los recortes presupuestarios. Se abarata el despido y -cosa insólita en la democrática Europa- se suspende la negociación colectiva por lo menos hasta 2019. Es decir, se profundiza en la liberalización del mercado laboral con la finalidad evidente de reducir los salarios.

Pero no solo es el mercado de trabajo el que se pretende liberalizar. Las medidas afectan también al comercio y a la energía. Se establece la posibilidad de abrir treinta domingos al año en lugar de los ocho actuales. Uno no puede por menos que preguntarse qué tiene que ver esta condición con el control del déficit público. De tener algún efecto, será negativo tanto sobre la economía como sobre las finanzas públicas. Constituye, eso sí, una vieja aspiración de las grandes superficies y del poder económico, pero va en contra del pequeño comercio que es el que de verdad crea el empleo. La argumentación de que de esta manera se potencia el consumo es una falacia y una cierta ironía cuando desde 2009, año en el que comienzan los ajustes, no se ha hecho otra cosa que hundir el consumo. La llamada liberalización del sector energético pretende el mismo objetivo, abrir espacios rentables al poder económico. De ahí las privatizaciones impuestas hasta ahora y la exigencia en este acuerdo de que el Estado se desprenda de su 40% de participación en el sector.

A cambio de todas estas cesiones del Gobierno griego, lo único que se ofrece es desembolsar 7.000 millones de euros y promesas. Los 7.000 millones de euros no se destinan realmente a Grecia sino a los acreedores, ya que servirán para que este país pague los intereses de los créditos que vencen en julio. Se demuestra una vez más que lo que se pretende rescatar no es tanto los países como los prestamistas. El FMI tiene mucha experiencia en ello. Los préstamos de esta entidad a los países con problemas iban siempre orientados a que los acreedores pudiesen cobrar sus deudas. Ello explica la insistencia de Merkel en que el FMI estuviese presente en los rescates de la Eurozona.

Las promesas no dejan de ser eso, promesas, y casi nunca se han cumplido. En esta ocasión la golosina radica en que los bonos helenos entren en los programas de expansión cuantitativa del BCE, pero sobre todo en la reestructuración de la deuda pública griega. El FMI hace tiempo que viene manifestando que Grecia en ningún caso podrá hacer frente al stock de deuda pública, que en los momentos presentes alcanza el 180% del PIB. Su postura es tan radical que condiciona su participación en el rescate a que esta reestructuración se lleve a cabo. Los planteamientos del FMI da más credibilidad actualmente a la promesa. Sin embargo, la reunión del pasado lunes del Eurogrupo indica de forma clara que Merkel es absolutamente reacia, especialmente antes de que se celebren las elecciones de septiembre, a que sus ciudadanos tengan que asumir el coste; aunque en honor de la verdad no lo van hacer en un porcentaje mayor que el resto de los contribuyentes de la Eurozona.

Desde hace mucho tiempo todo el mundo está convencido de que antes o después, de buen grado o por la fuerza de los hechos, tendrá que realizarse una quita de la deuda pública griega. El problema es que sería la segunda y nadie garantiza que, de continuar con esta política suicida, sea la última. El endeudamiento público del país heleno en 2009 era del 120% del PIB, en la actualidad y después de la primera restructuración y de las atrocidades y sufrimientos que se han infligido al pueblo griego, del 180%.

La expropiación de derechos y los atropellos a los que se ha sometido a la población griega pasan de los límites posibles en una sociedad democrática. Nunca se sabe hasta cuándo los ciudadanos están dispuestos a soportar. Las manifestaciones y huelgas generales se han multiplicado, y hoy en día las clases bajas y medias se han sumido más bien en la tristeza y en la desesperanza, pero la violencia puede estallar en cualquier momento, especialmente después del fiasco de Syriza.

Tsipras cometió dos errores. El primero, enfrentarse en solitario a Berlín, Bruselas y Frankfurt, si no se estaba dispuesto a llegar hasta el final, es decir, a la salida de Grecia de la Eurozona. El segundo, gobernar en esas pésimas condiciones, con lo que está quemando a su partido y cegando toda posibilidad de cambio en el país heleno. Algo parecido le sucedió a Zapatero en España.

En nuestro país las formaciones políticas de izquierdas deberían tomar nota y no tener tanta prisa en llegar al gobierno. La pertenencia a la Unión Monetaria dificulta, cuando no imposibilita, cualquier política de izquierdas. Si resulta forzoso aplicar la política de Bruselas, mejor que se queme la derecha, y que las formaciones políticas de izquierdas desde la oposición vendan caro su apoyo, doblen la mano al Gobierno y le obliguen a adoptar determinadas medidas que palien la situación, al tiempo que se trabaja para aunar fuerzas en Europa en el objetivo de romper la Eurozona y retornar a las monedas y políticas nacionales.

republica.com 26-05-2017

Francia y Europa han respirado con la victoria de Macron. La verdad es que no ha constituido una sorpresa. Una vez que con quien tenía que enfrentarse en la segunda vuelta era con Le Pen, la victoria estaba cantada. En realidad el triunfo no fue tal o, al menos, no fue tan completo como podían dar a entender los resultados, ya que bastantes de los votos obtenidos por el ex ministro de Economía no eran a su favor, sino en contra de Le Pen. Muchos votaron con la nariz tapada. El combate se había decidido realmente en la primera vuelta, cuyos resultados son los que pueden ser significativos y de donde debemos extraer las conclusiones.

En primer lugar, fue palpable el fraccionamiento del espacio electoral como consecuencia del hundimiento de los partidos tradicionales. En esta ocasión Francia no se ha distinguido de lo ocurrido en otros muchos países europeos, en especial en los del Sur, donde los gobiernos han sido cómplices de la política económica impuesta desde Bruselas y han originado tantas víctimas.

En segundo lugar, esa misma aversión a la política oficial ha llevado a que casi el 50% de la población haya votado a partidos euroescépticos (Frente Nacional y Frente de izquierdas); y si a sus votos añadimos los obtenidos por el Partido socialista de Hamon, que corresponden a la línea más izquierdista de esta formación política y cuyos diputados habían venido manteniendo una postura crítica con la política instrumentada por Hollande, resulta evidente que Macron se va a encontrar enfrente a gran parte de la sociedad a la hora de aplicar su programa.

Lo cierto es que su programa no tiene nada de novedad y solo por la desconfianza que se ha extendido en todas las latitudes acerca de los partidos tradicionales ha podido alzarse con la victoria. Macron no es novel en política, ha sido ministro de Economía de Hollande. Su mercancía es de sobra conocida, también una y otra vez fracasada, y otros antes que él han querido ponerlo en práctica. Su frase más repetida es “lo mejor del liberalismo y lo mejor de la socialdemocracia”. Socialiberalismo o tercera vía: Tony Blair, Schröder, Felipe González…. En fin, son las mismas recetas que han dado al traste con la socialdemocracia europea.

El programa que defiende es un híbrido, un mestizaje difícil de ensamblar. No se pueden instrumentar medidas contradictorias que solo encajan sobre el papel, pero que resultarán imposibles en la práctica. Comienza por el primer objetivo de todo neoliberalismo, la reforma del mercado laboral, y continúa con la reducción de la carga fiscal en la línea más conservadora, rebaja de los impuestos directos, en especial el de sociedades, o las cotizaciones sociales, y eliminación del impuesto de patrimonio para la inversión financiera. Pero, junto a ello, se apunta a la línea populista prometiendo sin demasiada concreción un aumento en los gastos sociales, que él sabe que no va a poder cumplir si de verdad quiere bajar impuestos y observar, tal como ha prometido, las exigencias de Bruselas en materia de déficit público.

El programa no podía omitir la promesa de reducir la Administración y el sector público, objetivo siempre presente en los planes de todos los gobiernos conservadores y de donde esperan obtener los recursos para financiar la bajada de impuestos. Bien es verdad que no es tan fácil reducir el sector público sin afectar negativamente a los servicios, y mucho menos aún que se traduzca en una disminución del gasto público, ya que lo que quizás se ahorre en el capítulo de personal se termina gastando con creces en las partidas de contratación de servicios y asistencias externas.

En esa línea de intentar casar los contrarios, Macron proyecta también medidas que tienen cierto tufo keynesiano. Solo cierto tufo porque, si bien promete aumentar la inversión pública en 50.000 millones de euros, aspira a hacerlo reduciendo al mismo tiempo el déficit, lo que implica que, de conseguirlo, los recursos tendrán que salir de otras partidas, bien de gastos bien de ingresos, con lo que el efecto expansionista no está nada claro y abre un enorme interrogante sobre la esperanza que mantiene de que esta medida sirva para reactivar la economía. Lo que es seguro, sin embargo, es que su solo enunciado habrá hecho las delicias de las grandes constructoras.

Berlín, Bruselas y casi todos los gobiernos de los países europeos han respirado ante el triunfo de Macron, por improbable que fuera la victoria de Le Pen, ya que con bastante seguridad hubiera significado la muerte de la Unión Monetaria. Pero harían mal en creer que los problemas han desaparecido. En Francia y en otros muchos de los países miembros el euroescepticismo y la contestación frente a la política impuesta estos años por Berlín y Bruselas continúan aumentando. Y si el triunfo de Macron aleja por el momento el cataclismo, es solo por el momento, y la tensión y los nubarrones permanecen sobre la Unión Europea.

Si bien es verdad que el discurso de Macron, al mantenerse en la ortodoxia, puede tener mucho de tranquilizador para Berlín y las autoridades europeas, su pretensión de avanzar en Europa hacia una unión más efectiva de transferencias y de mutualización de riesgos genera sarpullidos en Alemania, y ha forzado las reacciones negativas tanto de Merkel como de algunos de sus ministros.

Macron tiene claro que va a tener una fuerte oposición si quiere acometer las reformas que le exigen desde Bruselas y que han llevado a Hollande, con solo insinuarlas y si acaso acometer alguna de ellas de manera incipiente, a las cotas más bajas de popularidad. Por ello señala como contrapartida un cambio sustancial en la política europea: creación de eurobonos, incrementar de forma significativa el presupuesto comunitario, reformar el Pacto de Estabilidad y lo que sin duda constituye la piedra de toque, una reducción del superávit exterior alemán. Ni que decir tiene que todas ella son tabú para Merkel y su Gobierno y, lo que es más importante, para la propia sociedad alemana.

Macron, en su intento de fusionar los contrarios, no parece darse cuenta de que todas estas medidas son otros tantos disparos a la línea de flotación de la Unión Monetaria tal como está diseñada y constituida, y Alemania no estará nunca dispuesta a la transferencia de recursos y a la mutualización de riesgos, necesarias para que una zona monetaria funcione. Muchos comentaristas afirman que Merkel y el Gobierno alemán no admitirán el menor avance por este camino antes de las elecciones de septiembre, pero es de suponer que después tampoco, a no ser que el resto de países, principalmente Francia, Italia y España se alíen para imponérselos, lo que hasta ahora no ha ocurrido; y ello significaría tal vez el fin de la Eurozona, ya que Alemania se apunta a los réditos, pero en ningún caso está dispuesta a soportar los costes de ser hegemónica en la Unión Monetaria.

El origen del euro es un tanto pintoresco. Increíblemente, surge como contrapartida a la reunificación alemana. La consideración de que la nueva Alemania era demasiado grande, desequilibraba la Unión Europea y constituía una amenaza para los intereses del resto de los países, sobre todo para Francia, llevó a Mitterrand a exigir a Helmut Kohl (¡oh, paradoja!) la desaparición del marco y el nacimiento de la moneda europea, en la creencia de que así Alemania tendría las manos atadas. El canciller alemán accedió de mala gana, pero introduciendo tal cúmulo de condiciones que se dio a luz a un engendro. La perspicacia del presidente francés y de Jacques Delors, que presidia la Comisión, y de algún acólito como Felipe González, pasará como paradigma a los libros de texto porque, si lo que pretendían era controlar a Alemania, el resultado ha sido justo el contrario, es el país germánico el que está controlando al resto de los países miembros. Los tratados le dan tales armas que su voluntad es ley en toda la Eurozona; y no parece que esté dispuesta a renunciar a sus privilegios. No es demasiado arriesgado pronosticar que Macron fracasará, tal como fracasó Hollande, entre otros.

Republica.com 19-5-2017

La actuación de Jeroen Dijsselbloem como presidente del Eurogrupo está colmada de toda clase de errores y del más puro sectarismo. Su único mérito radica en haber sido palmero de Wolfgang Schäuble en su cruzada a favor de las medidas restrictivas y de ajustes de todo tipo. Pero, en esta ocasión, se ha pasado tres pueblos. No ha dudado en insinuar que los países del Sur gastan las ayudas que reciben de la Unión Europea (UE) en copas y en mujeres. Lo más patético del tema es que achaca el exabrupto “a su estilo directo, propio de la cultura calvinista y de la sinceridad holandesa”. Flaco favor hace a sus compatriotas holandeses, y dice mucho del grado de deterioro en el que han caído en la actualidad los partidos que se hacen llamar socialdemócratas, pero en los que todo parecido con la verdadera socialdemocracia es mera coincidencia.

Es difícil entender cómo a estas alturas continúa todavía siendo presidente del Eurogrupo, incluso cuando su partido ha sufrido una auténtica debacle electoral, y también es inconcebible que todos los mandatarios de los países del Sur no hayan pedido por unanimidad su dimisión. La única explicación factible es que a Merkel le vienen muy bien halcones como este para poner al frente de las instituciones comunitarias, y que paradójicamente la mayoría de las autoridades de los países deudores profesan un penoso seguidismo y no son capaces de unirse y plantar batalla al Gobierno alemán y a los de sus países satélites.

La gravedad de las palabras de Jeroen Dijsselbloem estriba en que, por desgracia, son bastante representativas de lo que piensa una buena parte de las sociedades del Norte. A los ciudadanos de estos países se les ha inculcado el mito de que los problemas actuales de la Unión Monetaria (UM) provienen del despilfarro y de la prodigalidad de los países del Sur, que han vivido durante años por encima de sus posibilidades y pretenden ahora que los contribuyentes europeos paguen sus deudas.

La realidad es muy distinta. La UE y la UM, mediante la libre circulación de capitales y la inamovilidad del tipo de cambio, han producido resultados muy desiguales, beneficiando en grado sumo a Alemania y a algún que otro país pequeño de su órbita, como Holanda, y perjudicando a todos los demás. Antes de la creación del euro, la renta per cápita de estos dos países perdía posiciones respecto a la media europea, mientras que a partir de la constitución de la UM las gana; tendencia contraria a la mayoría de los otros miembros de la Eurozona. En el caso de Holanda existe otro factor adicional, su condición de cuasi paraíso fiscal, que origina que una buena parte de su prosperidad obedezca a la competencia desleal que hace en materia fiscal al resto de los países.

Las actuaciones de las instituciones europeas no solo no están ayudando a reducir las divergencias económicas, sino que las están incrementando. Los rescates no brotan de un acto de generosidad ni son el resultado de la solidaridad de los países del Norte para con los del Sur; en realidad, constituyen un regalo envenenado, no son más que préstamos a un tipo de interés en muchos casos bastante oneroso que, lejos de ayudar al país en cuestión, se orientan a garantizar los créditos que los bancos alemanes y franceses concedieron de manera un tanto imprudente y que, de no estar en la UM, los acreedores recuperarían con pérdidas debido a la devaluación de la moneda.

La única solución lógica para evitar tales desigualdades pasa por el establecimiento de una verdadera unión económica en todos sus aspectos. La coherencia exige la creación de una hacienda pública común capaz de asumir una adecuada función redistributiva entre las regiones, una verdadera unión fiscal. Sin esa unión fiscal, la UM deviene imposible porque lo que ahora se está produciendo es una transferencia de fondos -quizá de cuantía similar- en sentido inverso, transferencia a través del mercado, opaca y encubierta, pero no por eso menos real. En contra de lo que mantiene el señor Jeroen Dijsselbloem, el mantenimiento del mismo tipo de cambio entre los países del Norte y los del Sur empobrece a estos y enriquece a aquellos; genera un enorme superávit en la balanza de pagos del país germánico mientras que en las de las otras naciones se provoca un déficit insostenible. Se crea empleo en los países acreedores y se destruye en los deudores.

Desde el inicio se tuvo conciencia de que la UM iba a incrementar las diferencias entre los países, y ante la falta de unión fiscal se pretendió sustituirla con el fortalecimiento de los fondos estructurales y la creación del Fondo de cohesión. Instrumentos totalmente insuficientes y desde el principio condenados al fracaso al no querer que el presupuesto de la UE sobrepasase nunca el techo del 1,24% del PIB global de la Comunidad, cantidad absolutamente ridícula si se compara con el presupuesto de cualquier Estado, por muy liberal que sea; lo que es tanto más cierto si se tiene en cuenta que en ese porcentaje están incluidos los gastos de la burocracia comunitaria y toda la política agrícola, ganadera y de pesca, que se lleva la parte del león de ese presupuesto.

No obstante, un montaje propagandístico bien orquestado ha magnificado las ayudas a todas luces escasas y a años luz de las transferencias que habrían de producirse si se hubiera constituido una unión presupuestaria y fiscal. Concretamente en España se ha creado un auténtico mantra alrededor de los fondos europeos y de la enorme cantidad de recursos que se han recibido de Europa. Tal mito se ha mantenido a base de una política inteligente de la UE que obligaba a publicitar la marca “Europa” en toda obra o actividad financiada aunque fuese parcialmente por dichos fondos, y a una propaganda interior empeñada en cantar las excelencias de la UE y de lo mucho que nos estábamos aprovechando de nuestra pertenencia a ella.

Nadie, por el contrario, se ha preocupado de explicarnos que buena parte de esos recursos habían salido antes de España. Los recursos de la UE no caen del cielo, sino de la contribución de todos los Estados miembros, entre los que se encuentra España. Los recursos recibidos de Europa hay que considerarlos por tanto en términos netos, y así tomados los que ha recibido España no han llegado por término medio anual al 1% del PIB. Por otra parte, los recursos han podido tener un efecto secundario negativo. Eran ayudas finalistas que debían ser invertidas en determinados objetivos, forzando a los Estados miembros a dedicar una parte de sus presupuestos a dichas finalidades, no solo por la contribución realizada a la UE, sino también por la parte de la inversión o actividad que debía financiar la hacienda pública estatal. En muchas ocasiones, la elección no ha sido la más acertada. Eso explica, por ejemplo, el enorme desarrollo que han experimentado las infraestructuras, algunas de ellas sin demasiada justificación, en detrimento de los gastos de protección social. Hay que añadir también que muchos de esos recursos vienen a compensar -y de forma no demasiado apropiada- las renuncias que en materia agrícola se han impuesto a determinadas producciones.

El sistema presupuestario de la Unión es, además, el peor de los posibles porque, amén de su escasa cuantía, no son los ciudadanos los que en función de su capacidad económica contribuyen y reciben las ayudas, sino los Estados, explicitando de forma automática los países que son receptores y contribuyentes netos. De esta forma, se da pie al victimismo, empleado amplia y hábilmente por Alemania y algún otro país del Norte, cuyos ciudadanos se sienten como paganos (buena prueba de ello es el exabrupto del presidente del Eurogrupo), cuando la instrumentación mediante impuestos propios de la Unión tendría un efecto redistributivo mucho mayor como resultado no de la generosidad de los países ricos, sino por la aplicación automática de un principio admitido, al menos en teoría, de forma indiscutible por los sistemas fiscales de todos los países, la progresividad en los impuestos que grava a los ciudadanos según sea su renta y de forma más que proporcional.

republica.com 31-3-2017

EL LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

El pasado 1 de marzo la Comisión presentó lo que ha titulado “El libro blanco sobre el futuro de Europa” que, como afirma el propio Juncker en el prólogo, pretende ser la contribución de la Comisión a la Cumbre de Roma del próximo 25 de marzo, en la que se rememorará la firma del Tratado que dio lugar al Mercado Común hace sesenta años. Se establecía así el intercambio libre de productos entre seis países, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que ya habían constituido en 1951 la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA). En realidad, lo que se creaba era exclusivamente una unión aduanera. Se acordó un periodo transitorio de doce años para el total desarme arancelario entre los países miembros, al tiempo que se implantaba un arancel común frente a terceros países. No se puede decir que los firmantes del Tratado adoptasen el libre cambio porque, si bien lo introducían dentro de las fronteras comunitarias, no lo establecían en sus relaciones con los restantes países.

El Tratado de Roma significó el triunfo de las tesis funcionalistas cuyo máximo representante fue Jean Monnet. El fracaso en 1954 de la Comunidad Europea de Defensa (CED) propuesta por Francia hizo patentes ya las dificultades y la casi inviabilidad de cualquier avance en la unidad política. Ante esta imposibilidad se adoptó la estrategia de desarrollar la unión económica en el supuesto de que más tarde y poco a poco se lograría la unión política. Se trataba, en definitiva, de iniciar un proceso en el que la paulatina integración económica fuera allanando el camino hacia el objetivo final de lograr la unión política, meta que se fijaba a largo plazo.

La historia ha demostrado que este gradualismo tenía un pecado original, el de ser asimétrico, avanzar solo en los aspectos comerciales, financieros y monetarios sin que apenas se diesen pasos ni en la integración política ni tampoco en las esferas social, laboral, fiscal o presupuestaria.

Los que desde posturas socialdemócratas apostaron por este gradualismo no fueron conscientes, o no quisieron serlo, de que tal asimetría conducía al imperio del neoliberalismo económico, ya que, mientras los mercados se integraban y se hacían europeos, los poderes democráticos, que debían servir de contrapeso y corregir sus errores y la injusta distribución de la renta, quedaban en manos de los gobiernos nacionales. Es más, no comprendieron que si bien las fuerzas económicas y las fuerzas políticas que las apoyaban tenían sumo interés en avanzar en los aspectos comerciales, monetarios y financieros, logrados estos no sentirían ningún aliciente, más bien todo lo contrario, para dar pasos en los aspectos políticos. Para las fuerzas económicas, la situación ideal es la integración de los mercados y la segmentación del poder político de manera que, recluido en los Estados nacionales, sea impotente para poner límites a los mercados y al capital.

El documento que ahora pomposamente se presenta como “Libro blanco sobre el futuro de Europa” participa del mismo vicio. Afirman que supone la contribución de la Comisión a tan egregio acontecimiento. Pobre contribución y triste futuro si es el que se dibuja en los cinco escenarios propuestos. Se suele decir que para dejar estancado un tema no hay como crear una comisión. En Europa podíamos hacer extensible el dicho a: cuando no se sabe qué hacer se escribe un libro blanco.

En 1986, la Comisión encargó un estudio encaminado a determinar el coste que significaba para Europa no haber adoptado todavía la plena movilidad de mercancías, servicios, capitales y mano de obra. El estudio, encargado a Paolo Cecchini y publicado bajo el título «Europa: 1992, una apuesta de futuro», pretendía cuantificar el coste de la no-Europa o, lo que es lo mismo, los beneficios que se seguirían de la integración. Bien, desde la óptica actual el contenido del libro parece ciencia ficción o más bien o un panfleto de propaganda. Es la misma propaganda a la que ahora se aferra la Comisión para predicar todo el desarrollo social, económico y tecnológico que se ha producido en Europa en estos sesenta años de la existencia y permanencia en la UE. Lo cierto es que ese desarrollo, o aun mayor, lo han experimentado también aquellos países que no pertenecen a la UE.

La Comisión se jacta en el libro blanco de unos de los mayores hándicaps que en la actualidad se ciernen sobre la UE, estar integrada por 28 miembros con características muy dispares. El Mercado Común se configuró inicialmente con seis países de características económicas muy similares. En los últimos veinte años a la UE se le abría una disyuntiva: crecer en extensión o en intensidad. Resulta evidente que escogió el primer camino, ampliando sustancialmente el número de países miembros, tal vez porque nunca estuvo en su proyecto tender hacia la Unión Política.

Por eso, los cinco escenarios que plantea el Libro blanco son más de lo mismo. A pesar de que solo a uno lo titulan “Seguir igual”, lo cierto es que las cinco alternativas con pequeñas variaciones se mantienen en la ambigüedad actual, en el nivel de inestabilidad en el que ahora se debate la UE y que no puede perdurar. La concepción que el Libro blanco presenta de la UE es la de uno de esos juegos de construcción en los que las piezas se pueden combinar de distinta manera para construir diferentes formas. Así se elaboran en el documento los distintos escenarios, juntando a su antojo los múltiples aspectos como si se pudiesen separar unos de otros y como si la integración de unas áreas no exigiese la unión de otras.

Tal como se afirma en el mismo Libro blanco, la UE se ha planteado siempre en términos de menos Europa o más Europa. Pero la opción de más Europa siempre ha seguido la misma línea, la de los aspectos comerciales, financieros y monetarios, pero sin avanzar apenas en la unidad política ni en materia fiscal ni presupuestaria. En los escenarios trazados en el informe, la opción maximalista “Hacer más conjuntamente” se encuentra lejísimos de una verdadera federación o confederación entre Estados, condición necesaria para que la UE pueda permanecer, pero al mismo tiempo un sueño imposible de alcanzar porque los países ricos nunca lo permitirán.

El escenario situado en el otro extremo, en el de menos Europa, titulado “Solo el mercado único”, participa del mismo grado de inestabilidad porque mantiene la libre circulación de capitales sin la necesaria armonización en materia fiscal, laboral y social. De todas formas, tiene el valor de que por primera vez desde las autoridades europeas se considera como alternativa la marcha atrás en el proceso europeo.

“Los que desean hacer más hacen más”. Así titula el Libro blanco el escenario que pretende materializar la Europa de las dos velocidades, puesta ahora de plena actualidad por la Cumbre celebrada el lunes pasado en Versalles por los cuatro grandes países de la Eurozona. No es la primera vez que se quiere ver en la Europa a la carta la solución a las contradicciones existentes. Vano intento. El problema no es de velocidad, sino de trayectoria, y el camino de la integración fiscal, presupuestaria y política están cegados y es la propia Alemania la que no está dispuesta a dar un paso en esa dirección. No se aceptan los avances más moderados, tales como algún tipo de mutualización de la deuda o la constitución de un fondo de garantía de depósitos europeo.

En cualquier caso, los cinco escenarios están construidos al igual que la UE actual sobre el puro voluntarismo político prescindiendo de las exigencias económicas y sociales, en la creencia de que las sociedades pueden ser moldeadas al antojo de una minoría y de que las leyes económicas se pueden violar sin consecuencias. Finalmente, la realidad siempre se impone. El engaño ha durado mucho tiempo pero al final las contradicciones surgen cada vez de manera más pronunciada. La publicación de libros como este indica bien a las claras que las autoridades europeas -y en gran medida, también las nacionales, continúan sin enterarse de nada.

Republica.com 10-3-2017

La Comisión Europea acaba de presentar su informe anual sobre desequilibrios macroeconómicos. En realidad, este informe debería ser el más importante del Ejecutivo comunitario, ya que la Unión Europea se ha construido de forma asimétrica sobre la base de un cúmulo de desequilibrios, y son estos los que subyacen a todos los problemas de la Eurozona. Sin embargo, la realidad es otra, es un informe inútil, pues se encuentra lleno de contradicciones, reflejo de aquellas sobre las que se asienta la UE.

La Real Academia Española define equilibrio en una de sus acepciones como contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas, y eso es lo que ha faltado en Europa. No han existido los contrapesos. El Acta Única introdujo la libre circulación de capitales sin establecer al mismo tiempo la necesaria armonización en materia fiscal, social o laboral, con lo que en buena medida trasladaban la soberanía a los dueños del dinero que estarían así en condiciones de chantajear a los Estados imponiéndoles las mejores condiciones para sus intereses. El Tratado de Maastricht estableció la Unión Monetaria sin la imprescindible integración en materia presupuestaria y fiscal que compensase y contrarrestase los choques asimétricos, imposibles de corregir con la moneda única.

Por supuesto que el informe no indica nada de esto, y apenas toca el desequilibrio mayor de toda la Eurozona y causa de todos los demás: el gigantesco superávit exterior de Alemania, que alcanza ya más del 8% del PIB. La Comisión, por el contrario, se dedica señalar aquellos defectos de las economías de los otros países que por otra parte son evidentes.

De España resalta el cuantioso endeudamiento exterior tanto público como privado; la tasa de desempleo, la mayor de Europa, si exceptuamos Grecia; la temporalidad del mercado laboral; la pobreza y la exclusión social que afectan incluso a una parte de la población ocupada; la desigualdad, en cuyos índices nuestro país se sitúa a la cabeza de la UE; el déficit publico originado por una recaudación fiscal insuficiente; la ineficiencia de las prestaciones sociales; escasa inversión en I+D, etc. Como se puede apreciar, nada que no sea de sobra conocido, aunque tiene la virtud de servir de contrapunto al triunfalismo del Gobierno y de otros propagandistas de la política económica oficial, ya que deja patentes las debilidades e incertidumbres que anidan aún en la economía española y que pueden en cualquier momento invertir la actual tasa de crecimiento económico y devolvernos a la cruda realidad de una crisis no superada.

Hasta aquí todo sería correcto si no fuera porque, si se analizan las causas, encontramos que la mayor parte de las lacras que afectan a la economía española obedecen al diseño con el que se creó la UE o a la política económica impuesta por el BCE y la propia Comisión. El endeudamiento exterior, que ahora con razón señala el informe como uno de los mayores peligros de nuestra economía, no ha surgido ayer; tuvo un origen privado y solo en la recesión se ha trasladado al sector público. Se fue generando durante los años previos a la crisis, a partir de la creación de la moneda única, sin que la Comisión, muy ocupada con el déficit público, diese la menor señal de alarma. Nadie habló del endeudamiento privado. No se inquietaron cuando los banqueros alemanes y franceses prestaron sin rigor a los bancos españoles y tampoco cuando las entidades financieras españolas concedieron créditos a diestro y a siniestro con total irresponsabilidad y sin contrastar la solvencia de los clientes.

El incremento de la desigualdad a lo largo de la crisis, la pobreza y la exclusión social, el deterioro del mercado laboral, la insuficiencia de la protección social, el reducido gasto en I+D; todo ello en buena medida tiene su origen en la deflación interior a la que se ha sometido a la economía española, al no poder devaluar la moneda, y que fue impuesta por la Comisión y el BCE. Es la reforma laboral la que ha acentuado el deterioro del mercado de trabajo, ha hecho descender los salarios y permite que una parte de la población ocupada haya entrado en el círculo de la pobreza.

La preocupación por el déficit público lleva a la Comisión a recomendar al Gobierno que suba el IVA, y además en el tipo reducido. Estima que de esa manera se incrementaría la recaudación en un 1,4% del PIB. Creo que subir los impuestos indirectos no parece una receta muy adecuada para reducir la desigualdad que la propia Comisión denuncia. Es verdad que el informe se apresura a añadir que los efectos antisociales se podrían compensar con medidas de protección social. Pero, si se quiere que estas sean eficaces, es de suponer que el gasto aumentaría también aproximadamente el 1,4% del PIB, por lo que no se ve entonces donde se encuentra el efecto positivo sobre el déficit.

La mayor incongruencia del informe aparece a la hora de plantear las medidas para superar las amenazas y peligros que se ciernen sobre la economía española, puesto que en él se aconseja continuar e intensificar las reformas que han creado precisamente los desequilibrios. El problema con el que se encuentra la Comisión es el mismo que acecha a todo aquel que quiera trazar la política económica que debe seguir España. Es semejante a quien quiere corregir los rotos de una prenda vieja. Todo parche produce un nuevo agujero. Su pertenencia a la Unión Monetaria condena a nuestro país a una encrucijada de difícil salida.

No solo España se encuentra en esa ratonera. En realidad, la trampa afecta a todos los países de la Eurozona. El informe de la Comisión así lo recoge, y cita a Francia y a Italia como los dos mayores peligros para Europa. Hay que preguntarse si los desequilibrios de España, Italia y Francia, los tres mayores países de la Eurozona, no tienen todos igual origen: mantener el mismo tipo de cambio que Alemania y el empecinamiento de este país en mantener un superávit en su balanza por cuenta corriente desorbitado, por encima del 8%. La inestabilidad en la Eurozona continuará, hágase lo que se haga, mientras esta situación no cambie.

republica.com 3-3-2017