ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Desde el mismo momento en el que anunció la celebración de elecciones, Sánchez lanzó a todos sus ministros a proclamar a lo largo y ancho de España los logros ciertos o fingidos de su Gobierno. Incluso la ministra de Economía, que había estado desaparecida y a la que apenas se había escuchado durante los nueve meses de gobierno, ahora no hay un día en el que no aparezca haciendo declaraciones en la prensa.

Ciertamente no lo tiene fácil la señora ministra, porque ninguno de los datos macroeconómicos de los que pretende alardear son suyos o de su jefe; para bien o para mal, obedecen a la inercia marcada por la política de la etapa anterior. Los triunfos y fracasos de su política -si es que tienen alguna- se irán viendo en el futuro. En economía hay siempre un considerable desfase entre las medidas adoptadas y sus efectos, lo que hace que casi siempre cada gobierno acabe recogiendo lo sembrado por el precedente. Sufre sus errores o se beneficia de sus aciertos.

Pero no es de estos análisis que realiza la señora ministra de lo que quería hablar en este artículo, ya que, por otra parte, poco añaden a los informes de los organismos internacionales y servicios de estudios, como no sea un punto de optimismo, casi de triunfalismo injustificado. Bien es verdad que eso es propio casi siempre del que está gobernando. Me quiero referir esta semana a ese otro asunto que ha elegido Calviño para prestar su colaboración a la campaña de publicidad y propaganda. La propuesta de crear en la Eurozona un sistema de seguro de desempleo comunitario, que, según la ministra, lidera Pedro Sánchez, y sobre la que España ha elaborado y repartido un documento al resto de los países miembros.

La única novedad del tema es adjudicar a Pedro Sánchez la condición de líder de los demás países europeos, que recuerda esa célebre frase de Leire Pajín sobre el gran acontecimiento planetario del encuentro entre Obama y Zapatero. La propuesta de la que ahora se vanagloria Calviño es antigua, necesaria e irrealizable. Se puede pensar que estos calificativos son incompatibles entre sí, pero no es cierto.

La propuesta es antigua porque, al menos en 2015, los cuatro presidentes de las instituciones europeas (BCE, Comisión, Consejo y Eurogrupo) propusieron la creación de este fondo para 2017. Incluso esta idea ya había sido lanzada anteriormente, la Comisión la había formulado varias veces. No tiene nada de extraño, puesto que una unión monetaria precisa entre otras muchas cosas de mecanismos anticíclicos también unitarios, dado que bastantes países al carecer de moneda propia no pueden utilizarlos individualmente. Resulta tan evidente, que lo único extraño es que no lo contemplase el Tratado de Maastricht como condición necesaria (aunque no suficiente) para que la moneda única funcionase y que se haya tenido que esperar más de veinte años y pasar por una gran recesión para que empezase a tomar cuerpo la idea.

Los cuatro presidentes justificaban la propuesta con argumentos incuestionables. En una unión monetaria, ante una crisis, la única vía que les queda a aquellos miembros que se vean obligados a adoptar ajustes es la de la devaluación interna. Con toda probabilidad, los mercados no les permitirán utilizar mecanismos anticíclicos tales como el seguro de desempleo. Parece lógico, por tanto, crear un mecanismo colectivo que pueda asumir ese papel. Existe, además, un argumento de justicia, la moneda única crea entre los Estados profundos desequilibrios, los superávits del sector exterior de unos son el reverso de los déficits que presentan otros; el empleo que se crea en los primeros es la otra cara de la moneda del desempleo generado en los segundos. Es coherente, en consecuencia, que los costes se repartan entre todos los países, es decir, que los Estados con superávit colaboren a sostener las cargas de los deficitarios.

En realidad, el seguro de desempleo es tan solo uno de los elementos que deberían integrar un verdadero presupuesto comunitario, condición que desde luego no cumple el de la Unión Europea. Dado el puesto que ha ocupado en la Comisión, Calviño debería saber muy bien el carácter de quimera que tiene este último, representa tan solo el 1,2% del PIB comunitario. El llamado Tratado de Maastricht, por firmarse en esta ciudad, pero cuyo verdadero nombre es “Tratado de la Unión Europea” perdió en el proceso de su tramitación la palabra “política” que seguía a la de Unión. Una mutilación en consonancia con el contenido, pues se creó la Unión Monetaria sin el contrapeso de la Unión Fiscal y Presupuestaria. La única compensación consistió en establecer unos fondos llamados de cohesión que, al margen de la mucha propaganda que han hecho de ellos la Comisión y los eurófilos, no han cohesionado nada.

Los defensores del Tratado de Maastricht manejaban la teoría gradualista. Frente a las críticas, aducían que en ese momento se constituía la moneda única y que la Unión Presupuestaria vendría más tarde. Han pasado más de veinticinco años y el presupuesto de la Unión, que ascendía entonces al 1,24% del PIB, alcanza ahora tan solo el 1,2%. No solo no ha aumentado, sino que ha retrocedido. Pero la necesidad subsiste. Sin un verdadero presupuesto, la Unión Monetaria nunca será estable, tendrá un coste altísimo para determinados países y estará siempre al borde de la desaparición.

Mal que bien, a nivel teórico comienza a entenderse la contradicción. De ahí las propuestas de crear la Unión Bancaria o un presupuesto específico para la Eurozona, en el que se incardinaría el fondo de seguro de desempleo comunitario. Pero todo ello es a nivel teórico, en propuestas y documentos, sin que se dé un solo paso hacia el verdadero objetivo, la mutualización de los costes, la creación de mecanismos redistributivos entre países.

Hace seis años que se aprobó la creación de la Unión Bancaria, pero a día de hoy solo existe sobre el papel. Los únicos elementos implantados son los relativos a la transferencia de competencias (supervisión, liquidación y resolución) de las autoridades nacionales a Bruselas, pero no ha entrado en funcionamiento ninguno de los componentes que deberían constituir la contrapartida a esa cesión de competencias. Desde luego, Europa no ha asumido ni tiene intención de asumir el coste del saneamiento de los bancos, ni a través del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos recursos provienen casi en su totalidad de las respectivas naciones, ni por el Fondo Único de Resolución Bancaria, que no es tan único como se afirma.

Lo mismo va a ocurrir con el presupuesto de la Eurozona, planteado por la Comisión y por Macron, y con el seguro de desempleo comunitario. En el caso de que se apruebe algo, ese algo poco tendrá que ver con un verdadero seguro de desempleo que reparta los costes entre todos los países. Los Estados del Norte no están dispuestos a que se creen instrumentos redistributivos entre los distintos países miembros que compensen las desigualdades y desequilibrios que genera la Unión Monetaria. Quizás hubieran estado dispuestos a ceder en el origen, como contrapartida a las ventajas que obtenían de la Unión. Incluso hubiera sido el momento de explicárselo a sus propios ciudadanos. Pero de ningún modo van a hacer ahora concesiones sustanciales a cambio de nada, ni es fácil hacer comprender en este momento a sus poblaciones que si quieren que el sistema funcione deben crear mecanismos de solidaridad y de redistribución con el resto de países a los que la Unión, tal como está concebida, perjudica.

Es por eso por lo que la propuesta que nos quiere vender Calviño aparte de antigua y necesaria es también irrealizable. En el mismo documento se ponen la venda antes de la herida, puesto que presenta tres opciones, dos de las cuales no tienen nada que ver con un auténtico seguro de paro comunitario. No aborda el verdadero problema, la mutualización. En fin, la propuesta solo está formulada para presentar a Sánchez como líder al lado de Merkel y de Macron en ese plan de publicidad y propaganda que ha diseñado la Moncloa de cara a las elecciones.

republica.com 19-4-2019

El premio Nobel Paul Krugman ha sido uno de los economistas más lúcidos a la hora de enjuiciar la Unión Monetaria Europea, uno de sus principales críticos. Ha denunciado la profunda contradicción existente en el hecho de que un grupo de países adopten una única moneda sin aunar al mismo tiempo las finanzas públicas. Ante las graves dificultades en las que hace unos años se vio inmerso el euro -hasta el punto de que parecía imposible su subsistencia-, Krugman planteaba para superar la situación, amén de la actuación totalmente ineludible del BCE en los mercados, dos alternativas: la primera, la implementación de una política expansiva por parte de los países acreedores; la segunda, lo que se ha dado en llamar una devaluación interior en los países deficitarios.

Era obvio que los países con superávit exterior como Alemania no estaban dispuestos a instrumentar una política expansiva ni había nada en los Tratados que los obligase a ello. A su vez, parecía que los ajustes y penalidades a que había de someterse a los países deudores serían difícilmente asumibles por los ciudadanos. Se pronosticaba, por tanto, una vida corta al euro. El mismo Krugman, años después, confesaba haberse equivocado ya que, según decía, había infravalorado la capacidad de sufrimiento y tolerancia de las poblaciones europeas de las naciones deficitarias.

No estoy nada seguro de que Krugman y todos los que pensamos que la Unión Monetaria no tenía futuro estuviésemos equivocados. Las contradicciones permanecen y todo indica que, antes o después, se producirá la ruptura. Es verdad que la actuación del BCE y las deflaciones competitivas adoptadas por los países deudores, especialmente por Grecia, Portugal, España e Irlanda han logrado alejar por ahora los nubarrones que se cernían sobre el euro. Estos cuatro países han conseguido cerrar la desmedida brecha que en 2008 constituían sus déficits por cuenta corriente de la balanza de pagos (15,8%, 12,6%, 9,2% y 6,3% del PIB, respectivamente), causa de su fuerte endeudamiento exterior y por lo tanto origen de su vulnerabilidad económica. Pero, por el contrario, los países acreedores han continuado manteniendo su voluminoso superávit en balanza por cuenta corriente, incluso lo han incrementado, como en el caso de Alemania, que ha pasado del 5,6% del PIB en 2008 al 8% actual. Luego, de alguna forma, la anormalidad permanece.

Por el momento ha desaparecido el peligro, pero ha sido a costa de someter a las clases medias y bajas a sacrificios ingentes, y no existe garantía alguna de que no surjan de nuevo crisis similares a la anterior, ya que no se ha solucionado el verdadero problema: la existencia de una unión monetaria sin integración fiscal. Es muy dudoso que en el caso de aparecer nuevos choques asimétricos las poblaciones estuviesen dispuestas a soportar ajustes equivalentes a los que han sufrido en esta ocasión. Las dificultades serían mayores, en la medida en la que la capacidad de amortiguar los impactos se ha reducido. Por ejemplo, el nivel de endeudamiento de la gran mayoría de países del Sur está muy por encima del que mantenían en 2008.

El caso de Italia y de Francia ha sido diferente al de los cuatro países mencionados al inicio. La resistencia a tolerar los ajustes ha sido mucho mayor y la capacidad de las instituciones europeas para imponerlos, más reducida. En Italia, tras múltiples intentos de reformas en buena medida fracasados, el Gobierno está en manos de dos formaciones políticas que a menudo se han posicionado como euroescépticas y que están dispuestas a retar a la Comisión con su política presupuestaria.

Hollande en Francia tampoco tuvo mucho éxito en implantar las medidas que le exigían desde Bruselas y Frankfurt. Es más, el intento le costó a él la presidencia de la República y al partido socialista francés ser postergado a un puesto marginal en el espacio político. El descontento social fue el que introdujo a Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, en consecuencia, convirtió a Macron en presidente de la República, al aunar todos los votos contrarios a Agrupación Nacional.

Macron, en un exceso de petulancia y autosuficiencia, creyó que era capaz de conseguir lo que su antecesor no pudo. Su estrategia pasaba por lograr un pacto con Merkel. A cambio de aplicar en Francia las reformas que desde Europa se le venían exigiendo, reclamaba a Alemania y a los países del Norte avances sustanciales en la integración de la Eurozona. Lo cierto es que comenzó a implantar las medidas prometidas, entre ellas una reforma laboral similar a la que Rajoy había aprobado en España. Y, sin embargo, Merkel se limitó a darle buenas palabras sin comprometerse a nada en concreto. De hecho, la totalidad de las reivindicaciones europeas planteadas por Macron están inéditas y así seguirán indefinidamente; por supuesto la creación de un presupuesto común para la Eurozona, pero también parece descartable la creación de un seguro de desempleo europeo o la de un fondo de garantía de depósitos unitario.

Por si había alguna duda, ha quedado despejada en el Consejo Europeo del pasado fin de semana. Toda la reforma a la que parecen estar dispuestos Alemania y el resto de los países del Norte es la modificación casi cosmética del MEDE y un cierto avance de la Unión Bancaria, sin demasiada concreción, ampliando tan solo la capacidad de actuación del Fondo Único de Resolución Bancaria, pero por supuesto, sin que implique mutualización de costes. La Unión Bancaria se ha convertido en una historia interminable. Seis años más tarde de su aprobación solo existe sobre el papel. Los únicos elementos implantados son los relativos a la transferencia de competencias (supervisión, liquidación y resolución) de las autoridades nacionales a Bruselas, pero no ha entrado en funcionamiento ninguno de los componentes que deberían constituir la contrapartida a esa cesión de competencias.

Total, que Macron no ha logrado casi nada de la Unión Europea, pero sí ha aplicado en su país buena parte de las reformas reclamadas. Quizás ahí se encuentre la explicación de la enorme pérdida de popularidad que el presidente de la República ha sufrido y de la revuelta de los chalecos amarillos, que estos últimos días están arrasando toda Francia. Han hecho capitular al Gobierno no solo desdiciéndose y dejando sin valor la tasa anunciada sobre el gasóleo, que fue el fogonazo que prendió la mecha de la contestación, sino también teniendo que hacer concesiones adicionales, tales como la subida del salario mínimo o desgravaciones fiscales y mayores gastos que van a tener, según parece, un coste de 10.000 millones de euros. El déficit puede situarse por encima del 3,5% del PIB, con lo que Francia entraría en la zona de vigilancia por parte de las instituciones europeas.

La realidad está sobrepasando a la Unión Europea. Los tres países mayores y más importantes de la Eurozona, después de Alemania, van a desafiar, de alguna forma, a Bruselas y a alcanzar déficits superiores a los pactados, aun cuando lo oculten, como en el caso de España, con previsiones incorrectas. Pedro Sánchez va a tener suerte, ya que es previsible que la Comisión termine haciendo la vista gorda ante los desajustes de Francia e Italia y, por lo mismo, de España. Como siempre ocurre en Europa, la realidad se disfrazará de tal manera que parecerá que los tres cumplen, aunque en realidad no lo hagan. Y es que por fuerza la política tiene que imponerse a la economía. Los ciudadanos no entienden de teoría económica, solo de su economía, maltratada por las circunstancias creadas por la Unión Monetaria, y las protestas aparecen por todas las latitudes, aunque con pelajes diferentes.

Pero cuando un país no es soberano (como les ocurre a los de la Eurozona), las restricciones económicas existen. Lo de menos es lo que imponga o no imponga la Comisión, lo importante son las condiciones que rodean a cada Estado. Una política económica expansiva por parte de los países acreedores se debe y puede hacerse (el problema es que no quieren). Lo que no es seguro es que sea conveniente y posible para los estados del Sur. Los tres países citados presentan un stock elevado de deuda pública: Francia y España, alrededor del 100% del PIB, e Italia a la cabeza con el 130%. Una variable crucial es el saldo en la balanza por cuenta corriente. Francia mantiene aún un déficit del 3%, con lo que año tras año incrementa su endeudamiento exterior. Tanto Italia como España en estos momentos presentan saldos positivos, pero ¿durante cuánto tiempo podrán mantenerlos con una política expansiva si la economía mundial y más concretamente la europea se desacelera? Por último, los tres países presentan elevadas cifras de desempleo. Francia e Italia alrededor del 10% de la población activa; España a la cabeza con el 15%. El contraste con Alemania donde la tasa de paro se sitúa en el 3,4%, es evidente.

Macron, para desactivar a los chalecos amarillos, ha prometido subir el salario mínimo interprofesional 100 euros mensuales. Pedro Sánchez para contentar a Podemos, el 22%. La subida del salario mínimo en principio no tiene ningún coste sobre el erario público, incluso puede ser que proporcione ingresos adicionales. Es en ese sentido una medida tentadora para un político, ya que el gasto recae sobre los empresarios. Otra cosa es el impacto que la medida pueda tener sobre la economía.

En el caso de España, el FMI se han apresurado a criticarla, juzgando excesivo el incremento que se propone. No hay por qué extrañarse. Estamos acostumbrados a que critiquen toda medida social. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que su aprobación hará que en el próximo año se creen 40.000 empleos menos. El Banco de España ha revisado por este motivo sus previsiones de creación de empleo para el próximo año. Soy de los que piensan que los informes del banco emisor suelen obedecer más a motivos ideológicos que a criterios técnicos. Sin embargo, en esta ocasión hay algo que dispara las alertas.

En los dos últimos trimestres el incremento de la productividad ha sido nulo. ¿Qué significa? Pues que una parte importante de los puestos de trabajo que se están creando son empleos basura, de muy baja calidad, en actividades de productividad muy reducida, situación que hace descender la productividad media de todos los puestos de trabajo. Los salarios y las condiciones laborales son, en consonancia, infames. Una subida del salario mínimo interprofesional puede hacer o bien que este tipo de empleos se sumerjan o se escondan bajo la fórmula, por ejemplo, de falsos autónomos, con lo que no se habrá conseguido nada excepto que las cotizaciones sociales se reduzcan, o bien que los empresarios prescindan de ellos, reduciendo, tal como afirman el Banco de España y la AIReF, el número de empleos creados en los próximos años. Bien es verdad que habría que preguntarse si estamos en presencia de verdaderos puestos de trabajo, o si se trata más bien de pseudoempleo, es decir, de ocultación del número de parados bajo la fórmula del falso empleo. Ello cuestiona también el modelo de crecimiento económico seguido en nuestro país.

Existe el peligro de que, dado el estancamiento de la productividad, la subida del salario mínimo interprofesional en un porcentaje tan notable y de golpe pudiese producir la subida generalizada del nivel de salarios y de precios, disparándose el diferencial de inflación con el resto de países, lo que no representaría demasiado problema si se pudiese ajustar vía tipo de cambio, pero al estarnos vedado ese recurso, el resultado sería la consiguiente pérdida de competitividad con el impacto negativo sobre el saldo de la balanza de pagos y el endeudamiento exterior, causa de todos nuestros males en la crisis pasada.

La medida en sí misma rebosa justicia y equidad, pero el carecer de moneda propia nos fuerza a ser precavidos, puesto que en esto como en todo el margen de maniobra se estrecha. Por otra parte, habría que plantearse si la solución no debería ir más bien por la creación de un seguro de desempleo con suficiente extensión y profundidad que impidiese por sí mismo estos empleos basura, ya que nadie estaría dispuesto a ocuparlos, pero que al mismo tiempo no dejase en la miseria a los que hoy, a pesar de todo, los prefieren a la alternativa de no tener nada. Claro que ello implicaría incrementar la presión fiscal, cosa que los políticos rehúyen, o bien que la Unión Monetaria lo fuese realmente y que un seguro de desempleo comunitario sirviese de colchón para amortiguar las desigualdades creadas por la propia moneda única.

republica.com 21-12-2018

“España consigue tres blindajes históricos”. Todo es histórico para el sanchismo, y es que ellos están siempre prestos a reescribir la historia, al convertir todo en postureo y propaganda. Presentan todas las cosas con enorme triunfalismo, no como son, sino como les conviene que sean. Bien es verdad que, antes o después, se termina desenmascarando la impostura. En el asunto de Gibraltar han transformado un intento a la desesperada de corregir un grave error y una imperdonable negligencia en una magna epopeya en la que Pedro Sánchez se enfrenta victorioso a la Unión Europea y a Gran Bretaña. Claro que no ha tardado mucho en descubrirse el pastel, y es que después de haber perdido la grande se han quedado con la pequeña. Se han contentado con unas cartas que, por cierto, aún no se conocen y que desde luego no vinculan jurídicamente.

No es la primera vez que se vende la piel del oso antes de haberlo cazado, e incluso cuando se sabe que no se va a cazar. Sánchez, cautivo en el laberinto que ha construido alrededor de la exhumación de Franco, mandó a su sagaz vicepresidenta a Roma con la finalidad de poner de su lado a la jerarquía eclesiástica. A la vuelta, Carmen Calvo, pretenciosa y triunfalista, anunció que había llegado a un pacto con el Secretario de Estado, Pietro Parolin, para que el dictador no fuese enterrado en la Almudena. El Vaticano -cosa totalmente insólita- se vio forzado a corregir al Gobierno español y a matizar que en ningún momento Parolin se pronunció sobre el lugar en el que habían de inhumarse los restos de Franco.

El 21 del mes pasado Sánchez sufrió un nuevo desmentido. En este caso ha sido la Comisión Europea, que ha puesto importantes objeciones al plan presupuestario presentado por el Gobierno y del que Pedro Sánchez en un twitter había asegurado que contaba ya con la aprobación de Europa, twitter que por supuesto ha desaparecido después del dictamen de la Comisión para evitar en lo posible el bochorno.

En realidad, el informe de la Comisión es bastante benigno, y no afirma nada que no fuese ya conocido, o al menos intuido. Cosa distinta son las advertencias del FMI y de la OCDE, pero de estas, en todo caso, hablaremos otro día. El documento que Pedro Sánchez presentó con Pablo Iglesias en un escenario de magnificencia y boato era todo menos un presupuesto en sentido estricto, sino más bien un cúmulo de medidas mal cuantificadas, y de las que, por lo tanto, resultaba difícil poder afirmar si cumplían o no los requisitos impuestos por Bruselas. El no haber presentado una ley sumía todo en una gran ambigüedad y ha hecho que la Comisión tuviese que pedir aclaraciones, aclaraciones que no se han hecho públicas.

Las objeciones finales de la Comisión se reducen principalmente a cuestionar las previsiones del impacto de los nuevos impuestos y del resto de medidas que proyectaban aprobar y, por lo tanto, dudan de que se vayan a cumplir los objetivos de déficit y deuda pública. De hecho, nada nuevo que no se sospechase y acerca de lo cual no hubiesen alertado ya distintos servicios de estudios. Parece claro que los ingresos están infravalorados.

El dictamen negativo de la Comisión no parece haber hecho mucha mella en Pedro Sánchez. Tal vez porque nunca había pensado en serio que se fuesen aprobar unos nuevos presupuestos, presupuestos que por eso mismo hasta ahora no han sido elaborados del todo, y mucho menos presentados. Lo importante para el presidente del Gobierno no son las realizaciones, sino los anuncios, el postureo y la propaganda, por lo que dice ahora que va a mandarlos en enero al congreso. Piensa que ello surtirá efecto electoralmente aun cuando no se lleve a la práctica, ya que si no se aprueban echara la culpa a los otros partidos.

Al que peor ha sentado el informe de la Comisión ha sido a Pablo Iglesias, que ha visto cómo se diluía la rentabilidad política que esperaba obtener de su pacto con Pedro Sánchez. Ha sido él quien ha reaccionado de forma más violenta y con un discurso antieuropeo al que no nos tenía acostumbrados. Que reaccione duramente contra la burocracia de Bruselas resulta bastante lógico del líder de un partido que se llama de izquierdas. Lo preocupante es que desconozca las coordenadas políticas y económicas en las que nos movemos. Su afirmación de que “El FMI y la Comisión Europea tienen que aprender a respetar que en los países, cuando las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, tienen soberanía para decidir qué es lo que hay que hacer” resulta un tanto ingenua y desfasada. Hace tiempo que los Estados nacionales han perdido la capacidad de ser soberanos.

Más de veinte años hace ya, que en Davos, en el World Economic Forum, se escuchó por primera vez el enunciado inverso al que ahora pronuncia Iglesias. Allí fue donde el renacido capitalismo -actual hijo del capitalismo salvaje- se quitó la careta. Fue Tietmeyer, el entonces gobernador del todopoderoso Buba, el encargado de proclamar lo que tantos pensaban, pero entonces no se atrevían a explicitar: “Los gobiernos tienen que empezar a entender que los mercados serán los gendarmes de los poderes políticos”.

Hace dos décadas las palabras de Tietmeyer resultaban novedosas y se podía debatir hasta qué punto eran ciertas. Hoy, tras la hegemonía del libre comercio y de la libre circulación de capitales, pocas dudas caben de que los poderes políticos han renunciado en parte a sus competencias y las han entregado a los mercados. A partir de ahí, son estos los que en gran medida mandan e imponen sus exigencias a los gobiernos, que ante ellos, se sienten impotentes. El resultado, grandes déficits democráticos generados en los actuales sistemas políticos. La globalización es la forma que adopta el actual sistema capitalista, un retorno al capitalismo del siglo XIX.

La globalización ha sido asumida de forma desigual y en distinto grado por los diferentes países, pero ha sido dentro del ámbito de la Unión Europea donde han tomado realidad de la forma más perfecta los principios de la mundialización. Los mercados se han hecho supranacionales, mientras el poder político democrático queda preso dentro de los Estados nacionales. Los gobiernos democráticos han renunciado a establecer medidas de control sobre los mercados y han cedido soberanía a instituciones no democráticas.

Pero lo que ha hecho que los Estados perdiesen absolutamente su autonomía e independencia ha sido la constitución de la Unión Monetaria. Desistir de la propia moneda es renunciar a la soberanía, y quedar al albur de los mercados o del BCE. Muchas de las actuaciones y medidas que podían ser tomadas por los gobiernos nacionales, hoy son imposibles, al menos sin tener la conformidad de las autoridades europeas, especialmente del BCE. Es más, en muchas ocasiones no es ni siquiera necesaria la presión de las instituciones comunitarias. Es la propia realidad económica creada por la moneda única la que fuerza a los gobiernos a tomar medidas que de otra manera no adoptarían y la que les impide en buena parte aplicar una política económica de izquierdas.

Existe en Europa una facción de la izquierda que después de estar a favor de la Unión Monetaria se ha olvidado de ella en la práctica, y pretende actuar como si esta no existiese y no comportase ninguna limitación; y otra que cree que el simple hecho de estar en desacuerdo con ella e ignorarla les libra de sus obstáculos y condicionantes. Unos y otros echan todas las culpas a la Comisión o al BCE de las trabas y restricciones impuestas a una política progresista, como si no fuese el propio diseño de la Unión, carente de integración política y fiscal el que lo impide, y las actuaciones de las instituciones comunitarias, la mayoría de las veces regresivas, una consecuencia de ello.

En España, en las recientes negociaciones presupuestarias llevadas a cabo en el ámbito de la izquierda, para justificar una política expansiva y eludir las limitaciones financieras se ha defendido que los Estados no pueden quebrar. Yo también lo he sostenido a veces, pero siempre he mantenido una excepción: que estén endeudados en una moneda que no es la suya, o bien que siendo la suya no la controlen, como es el caso de los países miembros de la Eurozona. Es claro que entonces sí pueden quebrar. Son muchos los Estados que, forzados por los mercados, se han tenido que echar en manos del FMI o del BCE para no hundirse económicamente.

Pocas dudas caben de que la Unión Europea en su conjunto debería instrumentar (y haber instrumentado estos años de atrás) una política expansiva, pero eso no quiere decir que todos y cada uno de los países puedan seguir actualmente este tipo de política. Ciertamente Alemania con un déficit exterior del 8% del PIB y un stock reducido de deuda pública podría permitírselo, al igual que gran parte de los países del Norte y sería positivo para el conjunto de la Unión, para ellos mismos, e incluso para los países del Sur, que verían su demanda incentivada por el exterior. Pero está claro que no están dispuestos a ello y no hay nada que les obligue. Existe en los tratados una clara asimetría: mientras se sancionan los déficits excesivos, apenas se dice nada de los superávits.

Muy distinto es el caso de los países del Sur. Concretamente España, con un nivel de deuda pública alrededor del 100% del PIB y un endeudamiento exterior muy elevado, no se puede permitir muchas alegrías. Si ahora presenta un superávit en su balanza por cuenta corriente y ha superado los enormes déficits exteriores de los años anteriores a la crisis, ha sido a base de durísimos recortes y sacrificios, ya que no podía devaluar la moneda. Incurrir de nuevo en ese error nos colocaría en una situación muy delicada y dudo de que la sociedad estuviese dispuesta a soportar un ajuste como el realizado en estos últimos años.

La izquierda en los países del Sur debe ser realista. Especialmente aquella que se pronunció a favor de la Unión Monetaria tiene que ser consciente de las esclavitudes a que somete su permanencia en ella. Por eso algunos estuvimos en contra de su constitución. Ahora no vale lamentarse y mucho menos dar coces contra el aguijón. Los que lo han intentado no han salido demasiado bien parados. Que se lo pregunten a Alexis Tsipras y a Syriza. Por supuesto, habrá que aprovechar al máximo el margen que nos permite cada situación, pero sin demagogias e identificando bien dónde se encuentra el problema.

En estos momentos, en España, el margen posible para mantener los gastos sociales y el Estado de bienestar hay que buscarlo mucho más en la elevación de la presión fiscal, muy distante de la de otros países europeos, que en el aumento del déficit. Bien es verdad que lo primero es mucho más desagradable e impopular que lo segundo, especialmente si el incremento del desequilibrio presupuestario se disfraza tras una falsificación de las previsiones.

republica.com 7-12-2018

La semana pasada en este diario digital terminaba yo un tercer artículo sobre la inmigración, señalando la conveniencia de dedicar otro, un cuarto, a encuadrar el fenómeno en la Unión Europea. Adelantaba ya el temor de que lo que debía ser la solución fuese más bien el problema, y es que por desgracia estamos acostumbrados a que en la UE todas las cuestiones se enredan y se agravan debido a que es y no es, quiere serlo, pero no puede. Se establece la libre circulación de capitales, pero no se armonizan los sistemas fiscales, laborales y sociales; quiere ser Unión Monetaria pero no acepta ni la integración presupuestaria ni la política; en teoría, elimina las fronteras, pero pone condiciones y límites al libre tránsito en su territorio de extranjeros y emigrantes, y cada sistema judicial camina por su cuenta, y desconfía de los otros.

Buena prueba de esto último la estamos sufriendo los españoles, cuando después de soportar algo tan grave como un golpe de Estado, los jueces de algunos países, retorciendo los acuerdos europeos, están poniendo toda clase de trabas a la extradición de los presuntos delincuentes; y no es que su justicia sea más garantista que la de España, como pretenden los golpistas. Cualquiera de ellas hubiese actuado de manera más contundente ante la rebelión de los gobernantes de una parte de su territorio. Es simplemente que las poblaciones y las instituciones de los países del Norte están impregnadas de supremacismo, desprecian a las del Sur y creen que les pueden dar lecciones de todo, aunque algunos hayan parido el nazismo y otros vivan del dinero negro.

La Unión Europea, especialmente después de la ampliación, es un mosaico de países tan heterogéneo que parece imposible que se pongan de acuerdo en algo y más difícilmente que puedan caminar hacia la constitución de un Estado, aun cuando este fuese federal. Lo peligroso en las integraciones económicas y políticas es hacerlas a medias. ¿Cómo puede conjugarse el espacio Schengen con que cada país se arregle por su cuenta en materia de emigración y con que los jueces de algunos países se crean mejores, más demócratas y estén dispuestos a desautorizar y reírse de los de los países vecinos? ¿Cómo se puede pretender integrar los aspectos comerciales financieros y monetarios y mantener al mismo tiempo secuestrados en los Estados nacionales los políticos, sociales y fiscales?

El 14 del mes pasado en el diario El País, Olivia Muñoz escribía un artículo titulado «Una Europa con futuro». Resumía su tribuna con la siguiente entradilla: «La inmigración y el federalismo son las mejores estrategias para mantener el santuario europeo de derechos y libertades. La Unión fiscal y un presupuesto común son las condiciones «sine qua non» para garantizar la sostenibilidad de la Eurozona». Si traigo a colación este artículo es porque me parece un buen ejemplo del buenismo que impregna gran parte del discurso europeo.

La Real Academia de la Lengua define buenismo como «la actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia». El 25 de agosto Lucía Méndez, en un artículo titulado «La moda de ser malvado», tiende a confundir esta palabra con el superlativo de bueno, al reprochar que hoy en día, parece que ser malo es lo bueno y que el término buenismo se ha convertido en un insulto y un oprobio que descalifica por completo al interlocutor. Pienso que la descalificación no proviene del hecho de ser bueno, sino del de efectuar planteamientos optimistas, voluntaristas e irreales. En ese sentido lo empleo.

Hace bien la señora Muñoz en unir el problema de la emigración a la idea de un Estado federal, porque si Europa lo fuese, el asunto de la emigración, como casi todos los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea, presentaría una solución casi inmediata. La cuestión es que Europa no lo es, y me temo que nunca lo será. De ahí mi calificativo de buenismo. El artículo, para mostrar la conveniencia de la inmigración, recurre al envejecimiento de la población que se está produciendo en todos los países de la UE. El fenómeno, sin duda, es innegable. Ningún país de los 28 de la Unión Europea presenta una tasa de fecundidad de al menos el 2,1%, la mínima para asegurar la reposición de la población. Y también es innegable que la inmigración podría aliviar el declive, pero siempre con limitaciones, las de establecer una cierta gradualidad en la entrada, de manera que fueran asimilables por la sociedad, ya desde el punto de vista cultural y de valores, ya desde la capacidad de absorción del mercado de trabajo.

En el artículo de la semana pasada indicaba, aunque me refería principalmente a España, la relación existente entre la tasa de paro de un país o de una región y las restricciones que por fuerza tenía que poner a la hora de mostrar su generosidad con los inmigrantes. De nada sirve corregir la relación activos-pasivos si se incrementa el número de parados. Se puede afirmar que en los momentos actuales el desempleo en la UE no es excesivamente alto, tampoco excesivamente bajo (7,1% de la población activa), pero es que esta cifra al ser una media no dice absolutamente nada, cuando se produce una dispersión tan enorme como sucede en la UE. Mientras Grecia presenta una tasa del 20,9% y España del 15,28%, en Alemania es del 3,4% y en Austria del 4,9%.

Y entramos en el verdadero quid de la cuestión, y es que Europa no es un Estado, ni tiene visos de serlo, sino un conjunto de países con tradiciones e historias diferentes. Sus intereses también son diversos. Se encuentran -eso sí- atados artificialmente por tratados de tipo económico, contradictorios entre sí en muchos casos. La disparidad en las tasas de desempleo entre los países miembros adquiere lógicamente mucha más gravedad que la que se produce entre las regiones de un mismo Estado. En ambos casos, es, en cierta medida, el resultado de la unidad de comercial, financiera y monetaria. Ahora bien, dentro de un Estado, por muy liberal que sea, el presupuesto nacional asume el seguro de desempleo y otra serie de prestaciones de manera que parcialmente compensa los desequilibrios, lo que no ocurre en la UE.

A la hora de repartir entre los países el número de inmigrantes a recibir, sería lógico tener presente como uno de los primeros factores la tasa de paro, pero no parece que sea ese el criterio de la Comisión ni el que se está siguiendo hasta ahora, ni el que al final se aprobará, si es que se termina por aprobar alguno. Son los países con más desempleo los que están asumiendo los mayores flujos de inmigrantes: Grecia, España, Italia, incluso Francia o Portugal, mientras países con tasas mucho más reducidas como Polonia (3,8), Hungría (3,7), Eslovenia (5,3) y la República Checa (2,4), Austria (4,9) y Holanda (3,9) no quieren ni oír hablar del reparto de inmigrantes.

Mención especial en este conjunto hay que hacer al llamado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovenia y la República Checa). Han aparecido como los rebeldes, enfrentándose a los planes de Alemania para repartir los refugiados asignando cuotas a los distintos países. Pero de alguna manera su rebelión va mucho más allá que la oposición al reparto de inmigrantes. Es un claro ejemplo del error que se cometió con la ampliación. Con una larga historia (1335), su reconstrucción en 1991 se debió en buena medida al propósito de estos países de huir de sus antecedentes socialistas y acercarse a Europa. Pero sus planteamientos son muy distintos de los que en teoría deberían informar la Unión Monetaria. Abrazan un fuerte nacionalismo, rechazan todo lo que implique integración, defienden un liberalismo radical, enmarcado por la libre circulación de factores y mercancías, pero se oponen a toda posible restricción al dumping laboral y social. La explicación de esto último quizás se encuentre en el reducido nivel de sus costes laborales, aproximadamente cuatro veces más bajos que Dinamarca, Bélgica, Francia o Alemania; tres veces inferiores que la media de Unión Europea, y no llegan a la mitad de los de España. De ahí también su interés en que prime la concepción de Europa como fortaleza, con las fronteras cerradas a cal y canto a la inmigración.

Lo más grave es que el grupo de Visegrado está sirviendo de polo de atracción a otros países del Este, con intereses similares y que se le unen en sus posiciones. En materia de inmigración, Austria está preparada a capitanearlos y Holanda y Bélgica se acercan a sus postulados. Italia, en el ojo del huracán, no está dispuesta a seguir recibiendo los barcos del Mediterráneo y adopta la postura más dura, mientras que los países nórdicos hace mucho tiempo que se hacen los suecos, nunca mejor dicho.

Merkel mantiene una actitud ambigua. Si al principio, consciente de lo mucho que la economía alemana está obteniendo de la Unión Europea y de que su país cuenta con tasas de natalidad y de paro de las más bajas de Europa, mantuvo una postura flexible y receptiva en el tema de los refugiados, planteando, eso sí, un reparto entre países, más tarde, sin embargo, ante el cerco con que la acorrala la formación política de extrema derecha «Alternativa por Alemania», y la presión, casi chantaje, a la que la somete su partido hermano de Baviera y socio gubernamental, ha dado marcha atrás y se ha situado en posiciones próximas a Italia y Austria. Plantea que los inmigrantes se queden en el país por el que han entrado, lo que se opone radicalmente a una de las pocas reglas que alivia las contradicciones de la Unión Monetaria, la libre circulación de personas y trabajadores. Incluso ha logrado de Sánchez (lo que no ha debido de ser demasiado difícil, dadas sus ansias de que se le considere en Europa) la garantía de que admitiría la devolución a España de los inmigrantes entrados por nuestro país y ahora en suelo alemán. Los palmeros del Gobierno se han apresurado a manifestar que esta medida afecta a muy pocas personas. No sé si son muchos o pocos. No es eso lo importante. Lo relevante es que se da un paso atrás. Se rompe Schengen.

Aunque Schengen está ya prácticamente roto cuando la propia Francia coloca en Irún una valla invisible, constituida por múltiples patrullas de gendarmería francesa que, ante la pasividad española, impide a los subsaharianos provenientes de España entrar en el país vecino. No importa incluso que hayan traspasado varios kilómetros la frontera, son devueltos a tierras españolas, lo que curiosamente se podría denominar una deportación en caliente, aun dentro de la UE.

Con estos mimbres no es extraño que no saliese nada de la última reunión, la llamada de los Sherpas, convocada para poder dar una solución al tema. Echan la culpa a Italia del fracaso, pero no parece que los demás colaborasen mucho, negándose a afrontar el reparto del barco que esperaba en Catania con 138 inmigrantes a bordo. Bélgica se negó rotundamente a recoger ningún inmigrante. Es de suponer que las cosas serían muy distintas si la UE fuese un Estado, aunque fuese federal. Pero eso no es más que un sueño, un espejismo, y en las condiciones actuales, cada Estado va a perseguir sus propios intereses sin considerar los generales del conjunto y de la Unión. Por eso puede ser tan peligroso para un país contar con un presidente de Gobierno como el nuestro que, tal como ha demostrado sobradamente en la moción de censura, solo se mueve por su ambición personal y por todo aquello que cree beneficioso para su carrera. No deja de ser chocante que España participe de todos los repartos de los inmigrantes de los barcos que llegan a la otra punta del Mediterráneo (incluso haciéndose, en exclusiva, cargo de algunos de ellos) pero no se repartan aquellos que llegan en pateras a Andalucía, o que saltan las vallas en Ceuta o Melilla.

Lleva toda la razón la señora Muñoz cuando afirma en su artículo que La Unión fiscal y un presupuesto común son las condiciones «sine qua non» para garantizar la sostenibilidad de la Eurozona. No puedo estar más de acuerdo. En múltiples medios y en una infinidad de artículos lo llevo repitiendo desde que se firmó el Tratado de Maastricht. Pero por eso mismo creo que la Unión Monetaria es inviable y que, antes o después, se romperá. El problema de la inmigración y el comportamiento seguido ante él por los diferentes Estados lo demuestran una vez más. El abanico existente en la renta per cápita de los distintos países es tan amplio (la de Luxemburgo cuadruplica la de Grecia), que los países ricos nunca aceptarán que se produzca una transferencia de fondos tan ingente hacia los países más pobres de la Unión como la que se seguiría de un verdadero presupuesto comunitario similar al existente en cualquier Estado, por muy federal y liberal que sea. Hay quien dice que este problema es menos grave que el de la emigración ya que se puede solucionar con dinero. Sí pero con una traslación de tanto dinero de unos países a otros que resulta inimaginable que los ricos la acepten. De ahí mi calificación de voluntarista y de buenista a todo aquel que la crea posible.

republica.com 6-9-2018

Existe un cierto consenso, cada vez más amplio, de que la Unión Europea no funciona, y es que el gradualismo ha introducido el proyecto en encrucijadas de difícil -más bien de imposible- salida. Resulta ilusorio pretender corregir ahora la asimetría de partida con la que se redactaron los Tratados. Los países que se vieron beneficiados por ellos -Alemania y demás países del Norte- quizás hubieran estado dispuestos a ceder en el origen como contrapartida a las ventajas que obtenían de la Unión. Incluso hubiera sido el momento de explicárselo a sus propios ciudadanos. Pero de ningún modo van a hacer ahora concesiones sustanciales a cambio de nada, ni es fácil hacer comprender en este momento a sus poblaciones que si quieren que el sistema funcione deben crear mecanismos de solidaridad y de redistribución con el resto de países a los que la Unión, tal como está concebida, perjudica.

Es por eso por lo que cada nuevo intento de avance, por reducido que sea, hacia mecanismos integradores se desfigura y se desplaza más y más hacia adelante sin alcanzar nunca el objetivo. Fue hace ya seis años, precisamente en la Cumbre de junio, cuando Monti, entonces al frente del gobierno italiano y al que se situaba entre los ortodoxos, se plantó y amenazó con vetar el comunicado final si no se aceptaba que fuese la Unión Europea (Mecanismo de Estabilidad Europeo) la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis. Tras el apoyo de Francia y de España a la iniciativa, Alemania no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades. Había nacido lo que más tarde llamarían la Unión Bancaria.

Seis años más tarde, la Unión Bancaria solo existe sobre el papel. Los únicos elementos implantados son los relativos a la transferencia de competencias (supervisión, liquidación y resolución) de las autoridades nacionales a Bruselas, pero no ha entrado en funcionamiento ninguno de los componentes que deberían constituir la contrapartida a esa cesión de competencias. Desde luego, Europa no ha asumido ni tiene intención de asumir el coste del saneamiento de los bancos en crisis, que era la propuesta de Monti. Hasta la fecha, las entidades financieras de los distintos países continúan siendo principalmente nacionales (la pasada crisis del Banco Popular en España y de los italianos Veneto Banca y Popolare de Vicenza lo muestran claramente) y los posibles costes están muy lejos de mutualizarse, ni a través del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos recursos provienen casi en su totalidad de las respectivas naciones, ni por el Fondo Único de Resolución Bancaria, que no es tan único como se afirma.

A lo largo de los últimos meses, desde la Comisión, pero principalmente por parte de Macron, se han propuesto distintas medidas con el objetivo de reformar la Eurozona y hacerla viable. Merkel ha venido dando largas y vaciando las propuestas, hasta el extremo de que lo que previsiblemente aprobará estos días el Consejo acabará como siempre sin apenas eficacia práctica. Las palabras son engañosas y no significan absolutamente nada si no se las llena de contenido. En la Unión Europea los agentes son expertos en convertir los vocablos en flatus vocis.

En la propuesta de Macron sobresalía la constitución de un presupuesto para la Eurozona distinto y separado del de la Unión Europea. El planteamiento en teoría es sumamente interesante ya que incide sobre la fractura nuclear de la Unión Monetaria, y del que se derivan todos sus problemas y contradicciones: el hecho de que al mismo tiempo no se haya creado una unión fiscal. La existencia de un verdadero presupuesto es lo que permite que en cada uno de los Estados se compensen y puedan corregirse los desequilibrios creados por la integración comercial, financiera y principalmente por la monetaria que se dan a nivel nacional.

Pero las palabras no significan absolutamente nada si no se concretan y delimitan. Merkel durante todos estos meses ha estado moviéndose en lo etéreo sin comprometerse. Finalmente parece que ha dado su aquiescencia, pero la idea se ha desnaturalizado perdiendo casi toda su virtualidad. En primer lugar, porque, por lo pronto, se aplaza hasta dentro de dos años; segundo, porque no se fija la cuantía, lo que es definitivo, ya que si no se concreta la dotación es como no afirmar nada. Las cifras que se están manejando son ridículas e indican bien a las claras que lo que se llama presupuesto no tiene nada que ver con lo que se tiene por tal en cualquier Estado moderno; tercero, porque se diseña únicamente como un fondo de emergencia, cuya disponibilidad se realizará bajo la modalidad de préstamo y nunca como una transferencia a fondo perdido. Es decir, se descarta por completo la política redistributiva que constituye el fundamento de toda Hacienda Pública moderna y que es la que resulta imprescindible para paliar los desequilibrios entre países o regiones que cualquier Unión Monetaria genera.

En línea con lo anterior, parece que el presupuesto se va a nutrir principalmente de aportaciones de los diferentes Estados y no de impuestos propios de la Unión; con lo que tampoco por la parte de los ingresos se aprovechará su posible función redistributiva. Tiene visos de que su papel se va a circunscribir a ser un fondo que ayude a que los países afectados por choques asimétricos no estén obligados a restringir sus inversiones públicas mientras llega la recuperación. Existe una cierta predilección de la Unión Europea por las infraestructuras, desentendiéndose de todo lo demás. Léase gastos sociales y economía del bienestar. Algún día tendríamos que analizar las deseconomías e ineficacias que se han originado por el hecho de que los fondos de cohesión se hayan orientado principalmente a las obras públicas.

¿No sería lógico que lo primero que asumiese un presupuesto que pretende solucionar los desajustes y desequilibrios que la Unión Monetaria genera entre países fuese la socialización del seguro de desempleo? Lógico, sí; probable, no. El ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, Olaf Scholz, ha propuesto, en una entrevista publicada en la revista Der Spiegel, la creación de un seguro de desempleo europeo. Pero, una vez más, las palabras engañan. Lo que en realidad sugiere es tan solo un nuevo fondo que prestase a los sistemas nacionales en los momentos de crisis, cuando el desempleo sea muy alto y, por lo tanto, el gasto en esta prestación también, pero que deberían devolver una vez superada la crisis.

Estamos siempre dentro de la misma filosofía, prestar en todo caso, sí, pero nada más, sin una verdadera integración presupuestaria y fiscal que implique transferencia de fondos entre países. Ahora bien, sin esa transferencia de recursos, una unión comercial, financiera y sobre todo monetaria no puede subsistir a largo plazo, porque el hecho es que su propia existencia crea un flujo en sentido contrario que debe ser compensado (como ocurre dentro de cada Estado) para que se mantenga un mínimo equilibrio.

Existe además un agravante, todas estas posibles ayudas al igual que las del MEDE (que ahora se quiere convertir en un fondo monetario europeo, sin cambiar en realidad nada) estarán condicionadas a recortes y ajustes de los que en los últimos diez años ya hemos tenido suficiente experiencia. ¿Podemos creer de verdad que, ante una nueva recesión, Grecia puede someterse a otra aventura como la que ha vivido hasta ahora? El ECOFIN acaba de dar por terminada la crisis griega, lo que es mucho decir, pero en cualquier caso el campo después de la batalla es desolador. Su PIB se ha reducido en el 25% del PIB. Incluso este dato no es en absoluto significativo de la pérdida de riqueza y bienestar efectiva de su población que ha sido mucho mayor, amén de la hipoteca que tanto en el endeudamiento exterior como en el público mantiene para el futuro. Pero no solo es Grecia, a otros muchos países, entre los que hay que incluir a España, les resultaría letal repetir la odisea sufrida en los últimos años.

Es evidente que la Unión Monetaria está resultando un buen negocio para Alemania y demás países del Norte, pero un gran problema para los países del Sur, lo que deja en el mayor de los ridículos a los planteamientos adoptados en su día por Mitterrand al imponer a Alemania el euro como condición para la reunificación, creyendo que privándola del marco sería más fácil controlarla y evitar sus tentaciones hegemónicas. El resultado ha sido desde luego el contrario: teniendo en cuenta los términos fijados por Maastricht y demás tratados, el euro y las instituciones creadas están siendo los mejores instrumentos para que el país germánico imponga su supremacía.

Solo hay que echar un vistazo a las cifras macroeconómicas de los distintos países para comprobar cómo ha influido en cada uno de ellos la creación de la moneda única, y las diferencias que se han originado. Ciertamente no es solo Alemania la beneficiada, pero, dado su tamaño, tiene especial trascendencia. Y especial importancia adquiere también entre los datos macroeconómicos el déficit o superávit en la balanza por cuenta corriente, porque cuando son desproporcionados indican en buena medida cómo unos países viven a costa de otros. Durante los siete primeros años de este siglo, Alemania fue acrecentando su superávit, enchufada de forma parásita a los déficits de los países del Sur. La crisis ha obligado a estos a equilibrar sus cuentas exteriores, pero sin que el país germánico haya hecho lo propio. Bien al contrario, su superávit se ha incrementado, alcanzando el 9% del PIB, una bomba para la estabilidad del comercio mundial y frente a la que EE. UU. ya ha reaccionado.

Trump puede coleccionar todo tipo de excentricidades y vilezas, pero hay una parte de su discurso que se asienta sobre hechos ciertos y es que un orden económico internacional no puede coexistir con desequilibrios tan enormes en el comercio entre países, y que es imposible que Alemania, China, India, etc., sigan manteniendo esos excedentes comerciales; concretamente con respecto a EE. UU., que es el que verdaderamente a Trump le importa. Va a comenzar una guerra comercial que va a afectar -ya está afectando, de hecho- a España y a otros países del Sur, sin que ellos tengan ninguna culpa, solo por el hecho de formar una unión aduanera con Alemania. Una vez más, van a salir perjudicados.

Todo ello debería hacer pensar que sin reformas en profundidad la Unión Europea, y desde luego la Unión Monetaria, no puede subsistir, aunque no parece que los países del Norte estén dispuestos a realizar verdaderas concesiones. No es de extrañar, por tanto, que las contradicciones de todo tipo surjan cada vez en mayor medida en todos los campos. En los últimos días se han manifestado con extrema virulencia en el ámbito migratorio, hasta el extremo de que se hayan colado en la agenda de este Consejo robando un espacio importante en sus deliberaciones. A pesar de ello, no creo que se llegue a ninguna conclusión. Y es que cuando no se acepta la solidaridad interna entre los países de la Unión, malamente va a poder funcionar con los no europeos.

republica.com 29-6-2018

En este mes de mayo han coincidido dos actos orientados a ensalzar el credo y el espíritu europeos y a premiar a quienes han sobresalido, según dicen, en la defensa de la Unión. El primero en Yuste, con la entrega del premio Carlos V a Antonio Tajani, y el segundo en Aquisgrán, con la concesión del Carlomagno a Macron. En esta ocasión, las ceremonias tenían una relevancia especial, no solo por la notabilidad de los premiados, sino también porque cuando se han cumplido sesenta años de la entrada en vigor del Tratado de Roma y de la creación del Mercado Común, la Unión Europea se encuentra en una encrucijada crítica, con graves complicaciones, especialmente en la Eurozona. Puede parecernos extraño, pero lo cierto es que los problemas actuales estaban ya implícitos en la orientación que se tomó hace sesenta años.

Fue Winston Churchill quien el 19 de septiembre de 1946 en un discurso en la Universidad de Zúrich lanzó por primera vez un reto, el de iniciar un proceso que más tarde sería la Unión Europea. «Quisiera hablar hoy del drama de Europa (…) Entre los vencedores sólo se oye una Babel de voces. Entre los vencidos no encontramos sino silencio y desesperación (…) Existe un remedio. Debemos crear una suerte de Estados Unidos de Europa. (…) Para realizar esta tarea urgente, Francia y Alemania deben reconciliarse.»Paradójicamente Gran Bretaña siempre ha sido la más euroescéptica y hoy está en proceso de abandonar la Unión Europea.

El primer paso hacia esta unión política lo va a dar el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, que propondrá un plan para administrar en común la industria pesada franco-alemana. Sobre esta base, el 18 de abril de 1951 seis países -Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo- crean la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). La unión tenía, más que una finalidad económica, una finalidad política. El Tratado hacía imposible que ninguno de los firmantes pudiera fabricar individualmente armas de guerra para utilizarlas contra los otros.

Sin embargo, esta tendencia se rompe con el fracaso en 1954 de la Comunidad Europea de Defensa (CED), propuesta por Francia, que hizo patentes ya las dificultades y la casi inviabilidad de cualquier avance en la unidad política; lo que condujo a que la futura unión se encaminase exclusivamente por el ámbito económico y más concretamente por el comercial. Así, el 25 de marzo de 1957, los seis países citados firmaron el Tratado de Roma que entraría en vigor el 1 de enero de 1958, fundando de esta forma el Mercado Común. En realidad, lo que se creaba era exclusivamente una unión aduanera.

El Tratado de Roma significó el triunfo de las tesis funcionalistas cuyo máximo representante fue Jean Monnet. Ante la imposibilidad de avanzar en la unión política, demostrada por el fracaso de la CED, se pretende desarrollar la unión económica en el supuesto de que más tarde y poco a poco se lograría la unión política. La historia ha demostrado que este gradualismo tenía un pecado original, ser asimétrico. Avanzar solo en los aspectos comerciales, financieros y monetarios sin dar apenas pasos ni en la integración política ni tampoco en las esferas social, laboral, fiscal o presupuestaria sería la causa de todas las contradicciones y problemas que han ido surgiendo en la Unión Europea.

Los que desde posturas socialdemócratas apostaron por este gradualismo no fueron conscientes, o no quisieron serlo, de que tal asimetría conducía al imperio del neoliberalismo económico, ya que mientras los mercados se integraban y se hacían europeos, los poderes democráticos, que debían servir de contrapeso y corregir la injusta distribución de la renta, quedaban en manos de los Estados nacionales. Es más, no comprendieron que, si bien las fuerzas económicas y las fuerzas políticas que las apoyaban tenían sumo interés en avanzar en los aspectos comerciales, monetarios y financieros, una vez logrados estos, no verían ningún aliciente, más bien todo lo contrario, en dar pasos en los aspectos políticos.

La asimetría en el proceso llevaba en su seno, tal como ahora se está haciendo patente, la destrucción del propio proyecto o, al menos, de los principios que habían animado su creación. El colosal desarrollo de algunos aspectos, dejando paralizados y anémicos otros, tenía por fuerza que dar a luz un monstruo, inarmónico y pletórico de contradicciones que, lejos de propiciar la unidad entre los países, incrementa sus diferencias e incluso los recelos que se pretendían superar.

Muchos cambios, sin duda, ha sufrido aquella Unión Aduanera que se creó en 1958; pero todos desde un mismo lado, sin que se hayan compensado con modificaciones de la otra ribera. Se introdujo la libre circulación de capitales y mercancías, pero sin que apenas se hayan dado más tarde pasos en la armonización fiscal, laboral y social, con lo que se permite que el capital y las multinacionales chantajeen e impongan condiciones a los gobiernos. Se construye una unión monetaria sin una unión fiscal, es decir, sin los mecanismos redistributivos entre los Estados que corrijan las desigualdades que crea la moneda única. El euro y el mantenimiento de un presupuesto comunitario que no supera el 1,2% del PIB constituyen una contradicción en sí mismo, y carecerán siempre de viabilidad.

La Unión Monetaria es el ejemplo más claro de la miopía de ciertos mandatarios, ya que fue la condición que impuso Mitterrand a Kohl como contrapartida a la reunificación alemana. El miedo a una Alemania fuerte le llevó a creer que privando del marco al país germánico se ahuyentaban los fantasmas del pasado. ¡Puede haber mayor despiste! porque, muy al contrario, ha sido el euro lo que precisamente permite a Alemania mantener, sin armas ni ejércitos, la supremacía sobre toda Europa. Supremacía que aparentemente es económica, pero que deriva inevitablemente en política. Alemania es la gran beneficiada de la moneda única.

De los seis países más o menos homogéneos que en 1958 conformaron el Mercado Común se ha pasado a veintiocho con tremendas diferencias en todos los aspectos. Si entonces podía haber alguna posibilidad de constituir una unión política, aunque fuese imperfecta, hoy resulta ingenuo y utópico pensar no solo que esta integración pueda producirse sino ni siquiera que se establezcan los mínimos lazos de solidaridad y redistribución entre los países miembros para hacer viable el proyecto.

No obstante, el discurso imperante continúa aferrándose al gradualismo, y a la creencia de que aún es posible caminar hacia la unión política. Tal postura es fruto del voluntarismo más absoluto que a menudo raya en la inconsciencia. Cualquier propuesta en esa dirección es boicoteada o al menos relegada a un proceso tan largo de reformas que, al final, si se aprueba es después de haber sido descafeinada y teniendo poco que ver con el proyecto inicial. Eso es lo que ha ocurrido por ejemplo con la Unión Bancaria.

Fue en la cumbre de junio de 2012 cuando, contra todo pronóstico, el ortodoxo Monti, que había sido impuesto por Bruselas y Berlín al frente del Gobierno italiano, se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aprobaba que fuese la Unión Europea (Mecanismo de Estabilidad Europeo) la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis. A esta pretensión se sumó inmediatamente Rajoy, inmerso en la crisis de la banca española, y un poco más tarde, aunque quizás con menos decisión, Hollande. Merkel no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades. Había nacido lo que más tarde llamarían la Unión Bancaria.

Seis años más tarde la Unión Bancaria solo existe sobre el papel. Los únicos elementos implantados son los relativos a la transferencia de competencias (supervisión, liquidación y resolución) de las autoridades nacionales a Bruselas, pero no ha entrado en funcionamiento ninguno de los componentes que deberían ser la contrapartida a esa cesión de competencias. Desde luego, Europa no ha asumido ni tiene intención de asumir el coste del saneamiento de los bancos en crisis, que era la propuesta de Monti. Hasta la fecha, los bancos de los distintos países continúan siendo principalmente nacionales (la pasada crisis del Banco Popular en España y de los italianos Veneto Banca y Popolare de Vicenza lo muestran claramente) y los posibles costes están muy lejos de mutualizarse, ni a través del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos recursos provienen casi en su totalidad de las respectivas naciones, ni por el Fondo Único de Resolución Bancaria, que no es tan único como se afirma.

Ahora los eurooptimistas ponen sus ojos en Macron y en las reformas planteadas por la Comisión, que se discutirán el próximo mes de junio. Son avances muy pequeños porque ni siquiera se cuantifican, pero solo su enunciado genera urticaria en Merkel y en los mandatarios del resto de países del norte. Macron, una vez elegido, planteó, casi como un contrato, que Francia estaba dispuesta a aplicar las medidas de rigor que se le exigían, y a las que hasta ahora los distintos gobiernos habían sido reticentes, a condición de que se acometiesen en la Eurozona las reformas necesarias. Las medidas ciertamente se han instrumentado en Francia, sobre todo con la aprobación de la reforma laboral, pagando por ello Macron un coste político importante. Pero las reformas de la Eurozona continúan pendientes y sin ningún viso de que Alemania esté dispuesta a consentirlas.

En principio, la dilación provenía de que no había gobierno en Alemania, pero una vez que este se ha constituido no se ve en absoluto que el panorama pueda aclararse. Varias veces han coincidido Macron y Merkel, y ante las propuestas del primero la canciller alemana ha tirado siempre balones fuera. No quiere oír hablar de presupuesto de la Eurozona ni del seguro de desempleo comunitario ni de nada que pueda significar transferencia entre los países, ni tan siquiera de mutualización de créditos.

En Aquisgrán, Macron en su intervención delante de Merkel expuso el tema sin contemplaciones:»En Alemania no puede haber un fetichismo perpetuo por los superávits presupuestarios y comerciales, porque se hacen a expensas de los demás». Merkel contestó con elegancia y elogios a Macron, pero sin la menor concesión. Todo lo más, avanzar en la Unión Bancaria. El presidente de la República francesa dio de lleno en la diana. Alemania presenta año tras año superávits en la balanza por cuenta corriente desproporcionados (9% este año) y que repercuten muy negativamente en los demás (empleo en Alemania, desempleo en el resto de los países).

Son muchos los defectos que se pueden predicar de Donald Trump, pero hay que reconocer que parte de su mensaje llega a los ciudadanos. Así ocurre con el eslogan de “América primero”, que tiene su consistencia en los enormes superávits que vienen manteniendo China y Alemania, difícilmente justificables y que perjudican al resto de los países, entre ellos a EE.UU. La reacción de Trump quizás vaya a iniciar una guerra comercial. Se insiste en que la respuesta de Europa debe ser unitaria, pero ¿tienen todos los países los mismos intereses? ¿No estaremos defendiendo los objetivos de Alemania y asumiendo un coste que no nos corresponde?

Después de 60 años, la Unión Europea es un proyecto fallido. Sea cual sea el aspecto que se considere, presenta toda clase de grietas e ingentes contradicciones. La fuga al extranjero de algunos golpistas catalanes ha dejado al descubierto las lacras de la euroorden, y ha evidenciado hasta qué punto se está lejos de la integración que proclama el discurso oficial (ver mi artículo del 12 de abril pasado). Es cierto que los fugados han sabido escoger los países que podían ser más proclives a sus intereses, pero la desconfianza con la que se mueven ciertos jueces indica bien a las claras que en Europa continúan existiendo los complejos y los perjuicios que tradicionalmente han separado a los Estados. No es extraño que el euroescepticismo se extienda en todas las latitudes, y no puede cogernos por sorpresa que en un país como Italia haya triunfado en las últimas elecciones.

republica.com 25-5-2018

El pasado 16 de diciembre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debatieron, entre otros temas, el proyecto presentado por la Comisión el día 5 para reformar la Eurozona. Ha quedado pendiente de una próxima reunión. En cualquier caso, las primeras medidas no se aprobarán hasta junio de 2018. En Europa todo va despacio. En 1992 un eurodiputado francés, Maurice Duverger, escribió un libro titulado “La liebre liberal y la tortuga europea”. Creo que el título es suficientemente expresivo de su contenido. Hoy más que nunca parece imposible que la tortuga alcance a la liebre. En Europa se han impuesto las ideas neoliberales. El establecimiento del libre cambio y de la libre circulación de capitales ha ido muy por delante de la construcción de las estructuras e instituciones necesarias para compensar y corregir los previsibles excesos que ello acarreara.

El desajuste se ha hecho más evidente con la creación del euro. Años de euforia y triunfalismo dejaron paso a un periodo de graves dificultades en el que se manifestaron todas las contradicciones, se tambaleó la propia Unión Monetaria. Recuperada una cierta, aunque provisional, tranquilidad, la Comisión y los mandatarios de determinados países parece que han terminado por convencerse de que la Eurozona necesita reformas. Desde Bruselas se afirma que el euro era y es una moneda sin patria, incompleta y vulnerable de cara a una nueva crisis. El ministro de Economía español escribe un artículo en el diario El País (8-12-2017) con el significativo título de “El euro inacabado”. El presidente francés también se ha referido en varias ocasiones a la necesidad de reformas en la Eurozona y parece que entre las condiciones que el líder del SPD pone a Merkel para formar una gran coalición se encuentra la de que Alemania acepte en Europa los planteamientos de Macron. Otra cosa es saber si unos y otros son conscientes de la gravedad del problema y de la importancia de las reformas que serían necesarias.

En la Unión Europea es ya habitual que las reformas que se plantean ni siquiera rocen la piel de los problemas y que, así y todo, según transitan por las distintas instancias vayan sufriendo modificaciones hasta descafeinarse y anular casi por completo el pequeño avance que se pretendía. En esta ocasión, el núcleo fuerte de la reforma propuesta por la Comisión radica en la creación del Fondo Monetario Europeo, que asumiría las funciones que actualmente mantiene el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). Se encargaría, por tanto, de financiar a los países que se encontrasen en una situación grave de insolvencia. Eso sí, siempre con la condición de que se someta a los ajustes y reformas que el financiador considere necesario para que se vuelva a lo que se supone la normalidad. La dotación económica se mantiene sin ningún aumento en los 500.000 millones de euros actuales.

En la propuesta de la Comisión este organismo asumiría también la función actual del Fondo Único de Resolución de establecer un cortafuego en el caso de insolvencia de una entidad financiera. Así mismo, se incluye la aprobación de un mecanismo de protección de inversiones orientado a mantener la inversión pública en tiempo de crisis y un presupuesto anticrisis destinado a solucionar los problemas que se susciten en presencia de choques asimétricos.

No es necesario detenerse mucho en los detalles para descubrir que todo el plan se proyecta sin colocar por ahora un solo euro más sobre la mesa, quizás para no incomodar a Alemania, con lo que todo queda en una simple reorganización de las instituciones europeas, sin que vaya a tener impacto significativo ni en el funcionamiento, ni en la solución de los problemas. Sin dinero, la actuación de las instituciones está totalmente limitada.

Hay, sin embargo, un cambio que sí tiene importancia para la Comisión, pero quizás solo para la Comisión. Actualmente el MEDE se encuentra bajo el control del Consejo, es decir, son los gobiernos los que aprueban y deciden acerca de los créditos y las disponibilidades de los recursos. Por el contrario, el futuro Fondo Monetario Europeo se situaría en el ámbito de las instituciones europeas, en cierta forma bajo el paraguas de la Comisión. El director general del Fondo se perfila como un superministro de economía y finanzas que asumiría a la vez la presidencia del Eurogrupo. Desde la Comisión se aduce que la reforma mejoraría la calidad democrática de la Unión, puesto que el nuevo organismo no estaría al margen del Parlamento Europeo, tal como ocurre ahora con el MEDE. La verdad es que, dado el déficit democrático que caracteriza a todas las instituciones europeas, no resulta demasiado fácil contestar a la pregunta de si se ganaría o se perdería en democracia.

Desde medios europeos se compara el organismo propuesto con el Fondo Monetario Internacional y se mantiene que podría acometer en Europa funciones similares a las que el FMI realizó en el antiguo Sistema Monetario Internacional creado en Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial. Para que esto fuese así, lo primero que se necesitaría sería dotar convenientemente de recursos al Fondo, y ya hemos visto que la propuesta mantiene acerca de ello un prudente silencio. Pero es que, además, existen importantes diferencias entre el antiguo Sistema Monetario Internacional y la Eurozona. La primera es que en la Unión Europea se ha adoptado la libre circulación de capitales, mientras que en Bretton Woods no se privó a los países de poder aplicar políticas de control de cambio. Ello permitía que los Estados pudiesen por sí mismos hacer frente en primera instancia a la presión de los mercados, y el recurso al Fondo solo era preciso si la tensión persistía.

La segunda diferencia es aun más fundamental. El Sistema Monetario Internacional nacido en Bretton Woods era un sistema de tipos de cambio fijos, aunque ajustable. Esto es, cada país mantenía su propia moneda y aun cuando existía el compromiso de mantener las cotizaciones estables, en caso de enfrentarse a choques asimétricos y por lo tanto a desajustes permanentes, se permitía a los países devaluar. La Eurozona, por el contrario, es una unión monetaria en la que existe una sola divisa y la devaluación no es posible.

Las ayudas del FMI tenían, por tanto, un carácter temporal y complementario tendente a hacer frente a la especulación contra una divisa cuando carecía de fundamento o a auxiliar a un país que sufriese choques asimétricos en tanto devaluaba su moneda. En la actualidad, aunque se produzcan choques asimétricos, los países miembros de la Unión Monetaria no pueden acudir al recurso de la devaluación para superar el desequilibrio producido, por lo que la ayuda financiera (crédito) que el nuevo Fondo pudiera concederles resulta insuficiente para solucionar el problema. El ajuste, de producirse, se realiza por el aumento del paro y por la deflación competitiva a través de la reducción de salarios y precios y de los recortes presupuestarios. En un sistema monetario de tipos de cambio fijos pero ajustables, a un país en dificultades le puede resultar suficiente la ayuda transitoria en forma de créditos o préstamos; en una Unión Monetaria, no. Se precisan transferencias de recursos a fondo perdido, es decir, que se cuente con una verdadera unión fiscal.

El ministro de Economía de España en el artículo citado se preguntaba si el euro era parte del problema o la solución. La respuesta parece bastante fácil, es parte del problema porque, como el propio Guindos afirma, esta crisis ha sido de deuda. Pero ha sido precisamente la moneda única la que ha escindido de forma radical la Eurozona entre países deudores y acreedores. En una crisis de deuda la solución no puede venir simplemente por la concesión de créditos. Lo único que se consigue de esta manera es variar la forma y la nominación de la deuda.

Muchos de los mandatarios internacionales dan por terminada la recesión, por la única razón de que se están recuperando las tasas de crecimiento, pero lo cierto es que la salida dada a la crisis ha dejado tales secuelas que estamos muy lejos de poder afirmar que el problema se ha solucionado. El ministro de Economía sostiene también que el euro ha sobrevivido. Tiene razón, pero a tal coste que ante una posible crisis futura sería imposible aplicar la misma medicina. Paul Krugman, tras mantener el firme convencimiento de que la moneda única no podía perdurar y que saltaría por los aires, una vez superada la fase crítica, reconoció en un artículo que se había equivocado, que había infravalorado la capacidad de tolerancia y resignación de los trabajadores de los países deudores. Pero, por eso mismo, podría haber añadido que el peligro estaba lejos de disiparse, puesto que los errores originales del proyecto no se habían corregido ni existía voluntad de rectificar.

Ante una nueva crisis sería imposible que los países del Sur pudiesen soportar ajustes del mismo calibre. Grecia no resistiría un tratamiento parecido al de estos años, y algo similar se podría decir, por ejemplo, de Portugal y de España; incluso, no parece que Italia y Francia estén dispuestas a someterse a estas recetas ni siquiera por primera vez. Pero los desequilibrios entre deudores y acreedores permanecen y los países del Norte se oponen radicalmente a todo lo que signifique transferencias permanentes de recursos entre los Estados, única solución que puede compensar las perturbaciones que produce una unión monetaria.

En la rueda de prensa celebrada tras la Cumbre Rajoy manifestó: «Es imposible una unión económica y monetaria que no vaya acompañada de una unión fiscal”. Resulta gratificante comenzar a escuchar a los mandatarios europeos frases como esta. No obstante, tengo mis dudas de que sean conscientes de lo que significan y de la cantidad de recursos que tendrían que traspasarse de unos países a otros, si al final se constituyera tal unión. Lo cierto es que no se da ni un solo paso en esa dirección. Alemania, Holanda, Finlandia y Austria vetan todo lo que pueda significar mutualización de riesgos, de modo que difícilmente van a aceptar un verdadero presupuesto comunitario y una hacienda pública que aplique una función redistributiva tal como la que realiza cualquier Estado entre sus regiones.

La reunión de jefes de Estado y de Gobierno terminó dejando sobre la mesa para nueva discusión la reforma propuesta por la Comisión, reforma en extremo timorata y en la que no se cuantificaba ningún desembolso adicional de fondos. Así y todo, la oposición de los países del Norte ha sido patente y todo ha quedado para una próxima reunión en marzo. La tortuga europea no alcanzará nunca a la liebre neoliberal. Y se equivoca el que piense que el peligro sobre la Eurozona ha desaparecido y que en la Unión Monetaria no cabe la marcha atrás.

republica.com 22-12-2017

Dediqué el artículo de la semana pasada a hacerme eco de un mensaje lanzado desde los ángulos más diversos y recogido en la totalidad de los medios, el recuerdo del comienzo de la crisis, allá por agosto de 2007, hace exactamente una década. Pretendí mostrar cómo todos estos discursos transmitían una opinión parcial e incompleta acerca de la gran recesión ignorando su causa última; y al final de mi argumentación dejaba para otro artículo ocuparme de la segunda parte del mensaje, consistente en la tajante aseveración de que la crisis ha llegado a su final en España y en toda Europa. Así lo manifestaba la propia Comisión en una rueda de prensa, en la que tanto el vicepresidente, Valdis Dombrovskis, responsable del euro y del diálogo social, como el comisario Pierre Moscovici, responsable de asuntos económicos y financieros, aseguraban que diez años después del comienzo de la crisis mundial la recuperación de la economía europea se ha consolidado plenamente.

Esta aseveración puede ser cierta en un sentido más bien reduccionista y simple, entendiendo que la crisis se ha superado por el simple hecho de que las tasas de crecimiento en todos los países se sitúen en cifras positivas. De acuerdo con esta interpretación, los datos no dejan lugar a dudas. La semana pasada Eurostat publicó las cifras macroeconómicas correspondientes al segundo trimestre para toda la Unión Europa(UE), según las cuales la Eurozona en su conjunto está creciendo al 2,2% en tasas interanuales. Hasta Francia e Italia, que últimamente se encontraban en una situación más delicada, se apuntan también al crecimiento. Solo Grecia permanece en tasas negativas. Por el contrario, España, con el 3,1%, se sitúa muy por encima de casi todos los países, exceptuando a Polonia, República Checa, Rumanía o Letonia, con tasas por encima del 4%, y que son las que empujan hacia arriba la media.

Pero no todo es el PIB, sobre todo si se le considera puntualmente en un periodo concreto. Malamente se puede afirmar que se ha superado la crisis cuando no se han corregido aquellas variables y hechos que la originaron, comenzando por lo que constituye el cáncer de la Unión Monetaria (UM): la fuerza centrifuga que incrementa poco a poco la divergencia entre sus miembros. Alemania y algunas otras naciones económicamente satélites, sí pueden afirmar que están bastante mejor que cuando se inició la crisis, pero no los países del Sur como Portugal, España, Italia, no digamos Grecia, e incluso Francia.

La aseveración anterior se confirma de manera clara si comparamos el lugar que la renta per cápita de los distintos países ocupaba y ocupa respecto a la media de la de Europa de los 15, en 2007 y en 2016. Alemania pasa de representar el 104,7% al 113,9%; mientras que Italia desciende del 95,6% al 88,7%, España del 92,2% al 84,4% y Grecia se desploma del 82,9% al 62,2%. Estos datos tienen su lógica traducción en las tasas de paro. Alemania desciende del 8,6 al 4,1%, mientras que el desempleo se incrementa en España desde el 8,2% de la población activa al 19,6; en Italia del 6,1% al 11,7 y en Grecia del 8,4 al 23.6%.

En esta década ominosa, no solo es la desigualdad entre los países la que se ha incrementado, sino también las diferencias dentro de los propios Estados. Por ejemplo en España, los salarios -tanto los privados como los públicos- han perdido poder adquisitivo y están muy lejos de encontrarse a los niveles del comienzo de la crisis, de manera que si entonces la pobreza se centraba exclusivamente en los parados o pensionistas, hoy afecta también a muchos de los que disponen de un trabajo. Ha sido el propio presidente del Banco Central Europeo (BCE) el que hace poco manifestó que la recuperación no había llegado a los sueldos. Tampoco las prestaciones y los servicios públicos han retornado a los niveles de hace diez años. No se han corregido muchos de los ajustes aplicados que, lógicamente, han afectado en mayor medida a las rentas bajas.

No se puede afirmar que se ha superado la crisis cuando se mantienen los mismos desequilibrios y contradicciones que la han causado. Es más, algunos factores como el endeudamiento han empeorado. El hecho de que casi todos los países miembros poco a poco se hayan ido situando en tasas de crecimiento positivas se debe, por una parte, a un factor extrínseco a la Unión Monetaria, el descenso del precio del petróleo, y, por otra, a la actuación -aunque tardía- del BCE y a la política por él aplicada de bajos tipos de interés y expansión cuantitativa, política que no puede durar indefinidamente. La pregunta que, quiérase o no, surge es qué puede ocurrir cuando el BCE vaya retirando poco a poco las ayudas instrumentadas.

Hay, además, una razón adicional y de gran importancia para que países como Portugal y España hayan abandonado el espacio de tasas negativas del PIB y es que han corregido el desequilibrio fundamental que los tenía postrados y encerrados en una especie de ratonera, el saldo del sector exterior. En España en 2008 el déficit de la balanza por cuenta corriente se elevaba al 9,6% del PIB, cifra inquietante que, con el consecuente endeudamiento exterior, nos había precipitado a la recesión y nos mantenía atados a ella. La «conditio sine qua non» para el despegue económico consistía en cerrar este desfase entre importaciones y exportaciones. En condiciones normales, la solución pasaba por la depreciación de la moneda, como así de hecho había ocurrido en las otras muchas ocasiones que a lo largo del tiempo el déficit exterior (mucho más reducido que el de 2008) había estrangulado la economía española. Este camino en las circunstancias actuales estaba vedado al pertenecer España a la UM. Las autoridades económicas nacionales e internacionales señalaban una única salida, lo que se ha dado en llamar devaluación interna.

La devaluación interna persigue alcanzar los mismos efectos que la depreciación del tipo de cambio con la diferencia de que lo hace por un camino indirecto mucho más alambicado e injusto. Consiste en conceder todo tipo de ventajas a los empresarios con la finalidad de conseguir que los precios internos se reduzcan con respecto a los precios exteriores. Para ello persigue, por una parte, deprimir los salarios y, por otra, minorar la cargas sociales y fiscales a las empresas. Este fue uno de los motivos por los que algunos estuvimos en contra de la UM desde sus inicios. Preveíamos que en cuanto comenzasen las dificultades, que sin duda iban a surgir, el ajuste recaería sobre los trabajadores, y que la imposibilidad de devaluar la divisa, unida a la libre circulación de capitales, constituiría un arma letal en contra del Estado social y de los derechos laborales.

Tengo que reconocer que cuando Europa y el Gobierno la plantearon, al margen de su valoración social y ética, albergaba muchas dudas de que la devaluación interior consiguiese su objetivo, al menos en la cuantía necesaria. Dado que nos movemos en una economía de mercado -en la que, por supuesto, los precios no pueden ser intervenidos ni limitados los beneficios de los empresarios-, temía que la disminución de los salarios se tradujese en un incremento del excedente empresarial en lugar de trasladarse a los precios. Desde luego, este efecto se ha producido en la realidad, pero el ajuste ha sido tan brutal, y la reducción de la retribución de los trabajadores tan cuantiosa que, a pesar de la modificación de la redistribución de la renta en contra de los trabajadores y a favor de los empresarios, los precios interiores han descendido en la cuantía suficiente para equilibrar el saldo del sector exterior.

Resulta casi increíble que la economía española haya pasado de un déficit en la balanza por cuenta corriente del 9,6 en 2008 a un superávit del 1,9% en 2016. Bien es verdad que en este ajuste han colaborado el descenso del precio del petróleo y los bajos tipos de interés, que han reducido la carga financiera frente al exterior, pero resulta innegable que la devaluación interna y los recortes presupuestarios han ocupado un lugar transcendental en el cierre de la brecha que existía en la balanza de pagos y con ello en la superación de las tasas negativas del PIB y en la creación de empleo. Lo evidente conviene no negarlo.

Esta evidencia deberían tenerla en cuenta tanto el Gobierno como sus críticos. El primero para relativizar los éxitos económicos de los que se ufana, pues este crecimiento económico se esta logrando a base de someter a la sociedad a una cura de caballo, con recortes significativos en el gasto público y una depresión muy elevada en el nivel salarial. Se está pagando un precio muy alto, principalmente por parte de las clases bajas, quebranto que están aún muy lejos de superar; es más, la probabilidad de poder resarcirse en el futuro es muy escasa, ya que precisamente la recuperación económica, ante la imposibilidad de devaluar la moneda, está basada en una política deflacionista. ¿Merece la pena? ¿Podemos afirmar que se ha superado la crisis? Los críticos del Gobierno, pero defensores de la UM, tendrán que tener sumo cuidado en no incurrir en contradicción. Cuando se quejan de que la recuperación económica no ha llegado a todo el mundo deberían preguntarse si bajo las coordenadas en las que se ha construido la moneda única, el crecimiento económico no se fundamenta obligatoriamente en la desigualdad, tanto interterritorial como personal.

La devaluación monetaria distribuye el coste de forma igualitaria, modifica únicamente la relación de precios interiores frente a los exteriores, pero deja intactos los precios relativos (incluyendo los salarios) en el interior. Todos se empobrecen en la misma medida frente al exterior, pero no experimentan ningún cambio relativo en su capacidad económica respecto a los otros agentes internos. La deflación competitiva, por el contrario, resulta totalmente injusta, ya que distribuye el coste de una manera desigual y caótica: afectará exclusivamente a los salarios y a aquellos empresarios, principalmente los pequeños y que carezcan de defensa, mientras que las grandes empresas que actúan en sectores donde la competencia no existe, no solo no asumirán coste alguno sino que incluso verán incrementar sus beneficios. Tampoco todos los salarios se comportarán de la misma manera ni se reducirán en la misma cuantía.

Las dudas acerca de que sea cierta la afirmación de que hemos salido de la crisis surgen además en las incertidumbres y desequilibrios que subsisten para el futuro. Si la casi totalidad de los países del Sur han corregido su déficit exterior, no así Alemania que lejos de reducir su superávit lo ha incrementado (8,5% en 2016), ni Holanda que aunque lo ha minorado algo, continúa manteniéndolo a un nivel muy elevado (7,9% en 2016). Es decir, el ajuste ha recaído exclusivamente sobre los países deudores sin que los acreedores hayan hecho el mínimo esfuerzo para corregir el desequilibrio en el sector exterior, y todo indica que Alemania -que es la protagonista principal- no piensa dar marcha atrás en esta política de cara al futuro, lo que siembra toda clase de nubarrones sobre la Eurozona.

En estos mismos días, el presidente del BCE manifestaba su preocupación por que la cotización del euro era excesivamente alta y, además, mostraba una elevada resistencia al descenso. ¿Podría ser de otra forma cuando la primera economía de la Eurozona presenta un superávit de su balanza de pagos por cuenta corriente cercano al 9%? El problema del BCE es que tendría que instrumentar dos políticas monetarias, una para el Norte y otra para el Sur, lo que es radicalmente imposible.

De momento, la economía española ha abandonado el espacio de la recesión y se ha adentrado en tasas positivas del PIB. ¿Pero a qué coste y con qué secuelas? ¿Qué ocurrirá cuando el precio del petróleo se eleve o el BCE cambie de política monetaria y suban los tipos de interés?, ¿qué sucederá si vuelven a presentarse choques asimétricos?, ¿y qué acontecerá si la balanza de pagos comienza a resentirse y retorna de nuevo a cifras negativas? En la actualidad, nuestra capacidad para incrementar el endeudamiento exterior es nula. ¿Deberemos mantener, en consecuencia, una política deflacionista permanentemente? No, la crisis, la verdadera crisis, la que se deriva de la pertenencia a la Unión Monetaria, no se ha superado ni se superará mientras se permanezca en ella.

republica.com 25-8-2017