ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Ha sido Davos, donde se reúne anualmente lo más florido del capitalismo internacional, el lugar escogido por la canciller Merkel -seguramente a punto de abandonar el gobierno- para confesarse y lanzar un discurso de autodefensa: “Dicen que soy muy mala, porque establezco condiciones muy duras, pero Portugal, Irlanda, Grecia… están ahora en condiciones más competitivas” declaró.

Dijo bien la canciller, estos países, y también el nuestro, se han hecho más competitivos, que no más productivos. Estos países salieron de la crisis aumentando su competitividad, pero no su productividad, que incluso puede haberse reducido. La recuperación económica se consiguió no a través de agrandar la tarta global, sino robando un trozo de pastel al vecino, trozo de pastel que es posible que se les hubiera robado a ellos antes. Sin incrementar la productividad, la mayor competitividad solo se gana haciendo que los de al lado sean menos competitivos. El único camino es modificando la relación real de intercambio, bien cambiando la cotización de las divisas, bien los precios relativos entre los países.

Merkel, confesándose en Davos, me recuerda esa coplilla del siglo XVIII de Juan de Iriarte: “El señor Don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo este santo hospital y primero hizo los pobres”.

Alemania y el resto de países ricos del Norte son los Juan de Robres de Europa. Desde la creación del euro en el año 2000, gracias a la imposibilidad de que sus monedas se revaluasen, fueron ganando competitividad hasta que acumularon un superávit exterior desmedido. En 2007 la balanza por cuenta corriente de Alemania presentaba un saldo positivo del 6,8% de su PIB. La de Luxemburgo, el 10%; Holanda el 7,4% y Austria el 4,2%. Pero estos superávits tuvieron su reflejo inverso en la pérdida de competitividad y, por lo tanto, en las cuentas exteriores de los países del Sur, que no podían devaluar la moneda. En 2007 el déficit por cuenta corriente de Grecia fue del 15,6%, el de España, 9,65 y el de Portugal, 6,5%.

Tales desequilibrios solo fueron posibles, en primer lugar, porque todos los Estados miembros poseían la misma moneda. De lo contrario, la variación en las cotizaciones de las diversas divisas habría corregido la relación real de intercambio, y por lo tanto la desviación en la competitividad de los diferentes países. En segundo lugar, por el considerable montante de capital que de las naciones excedentarias se trasladó a las deficitarias para financiarlas. Las primeras se convirtieron en grandes acreedores y las segundas se vieron forzadas a adquirir ingentes deudas.

De estos polvos vinieron los lodos de la recesión, cuyo coste hicieron recaer los países del Norte, con la finalidad de salvar a sus bancos, exclusivamente sobre los deudores. Fueron Alemania y sus países satélites los que crearon a los pobres porque forzaron a los Estados del Sur a incrementar su competitividad y a cerrar la brecha del sector exterior, lo que era totalmente necesario, pero no l hacerlo mediante una devaluación interna que condenó a enormes sacrificios a sus poblaciones.

Ciertamente podría haber habido otras opciones. La primera y más evidente, la devaluación de las monedas. Bien es verdad que eso solo hubiese sido posible de no haberse creado la Unión Monetaria. Claro que, si el euro no se hubiera implantado tampoco hubieran sido necesarias las correcciones, porque los desequilibrios jamás se hubieran producido, al menos no con la misma intensidad. La segunda es que aun cuando se hubiese constituido la Eurozona, esta se hubiese asentado en una unión política con integración también en materia presupuestaria y fiscal, de manera que existiesen mecanismos redistributivos que corrigiesen automáticamente los desequilibrios. La tercera consistía en que los ajustes se hubiesen aplicado también -y quizás con mayor intensidad- en los países superavitarios, practicando en ellos una política fiscal expansiva que hubiese hecho mucho menos necesarios, al menos no con esa dureza, los ajustes aplicados a los deudores.

Habrá quien piense que las dos primeras opciones mencionadas son quiméricas porque la UM, nos guste o no, se había constituido y, además, de acuerdo con un determinado diseño y modelo por imperfecto que fuera, y resultaba ilusoria la vuelta atrás o la modificación del proyecto, al menos a corto plazo. Es cierto que de nada vale llorar ahora por la leche derramada. Es verdad que las dos primeras opciones eran ya imposibles de aplicar. Si las he citado es porque conviene tenerlas en cuenta de cara a conocer dónde se situaba y se sitúa el origen del problema y qué países son los beneficiarios. Las dos opciones primeras -que no se podían emplear-  conceden toda su fuerza a la tercera, porque con cumplida razón deberían haber sido sobre los países acreedores -que eran los verdaderamente favorecidos- sobre los que debería haber recaído en mayor medida el ajuste.

Nada de eso ocurrió. A los países del Sur se les obligó a corregir sus déficits exteriores. Los del Norte, sin embargo, lejos de aminorar sus superávits, los incrementaron. El de Alemania en los últimos años rondó el 8%, y el de Holanda el 10%. El coste recayó exclusivamente sobre los primeros, que aún continúan pagando las consecuencias. Han incrementado el endeudamiento público de forma considerable, mantienen altas tasas de desempleo y sus poblaciones han sufrido recortes sustanciales de sus derechos laborales y sociales. Alemania, por el contrario, ha visto descender el stock de deuda pública y sus tasas de paro se han situado en mínimos. Aun cuando todos los países miembros tienen la misma moneda, la prima de riesgo indica que a Alemania le resulta más barato financiarse que a los otros países.

El diseño sobre el que se ha construido la UM y consecuentemente la política seguida han beneficiado de forma considerable al país germánico y al resto de los países del Norte, a costa de los sacrificios que han tenido que sufrir los países del Sur. No tiene sentido que Merkel señale “a la disposición de ayudar de Alemania y de los países más ricos del euro” como causa de la recuperación de los países del Sur. Lo cierto es que a quienes se ha ayudado de verdad con los rescates ha sido a los bancos del Norte. Evitar la quiebra de estos era la finalidad última de los préstamos (que no subvenciones) concedidos por las instituciones europeas a los países deudores. Préstamos que, por otra parte, eran financiados por todos los países miembros (no solo los ricos) en la misma proporción a sus respectivos PIB.

Merkel se refirió a los conflictos comerciales como si estos no tuviesen nada que ver con ella, cuando es su superávit exterior la causa mayor de los desajustes del comercio internacional. La corrección del déficit de los países del Sur, sin que al mismo tiempo eliminasen los del Norte su superávit, ha conducido a que la Eurozona en su conjunto mantenga un saldo positivo en su balanza por cuenta corriente del 4%, cantidad suficientemente elevada para crear graves problemas en el orden internacional y provocar en buena medida las guerras comerciales de las que se queja Merkel.

La política proteccionista no se canaliza exclusivamente mediante los aranceles y los contingentes; el tipo de cambio tiene un papel protagonista. Alemania y Holanda, por ejemplo, gracias a la UM, mantienen una cotización de sus monedas muy alejada de lo que sería su relación real de intercambio fuera de la moneda única. De ahí sus enormes superávits, origen en una proporción importante de los enfrentamientos comerciales que difícilmente cesarán sin que aquellos se corrijan.

republica.com 7-2-2020

Hace aproximadamente un mes, nada más pactar el Eurogrupo la creación de ese simulacro de presupuesto para la Eurozona al que ha designado con el nombre pomposo -en la Unión Europea todo es pomposo- de Presupuesto para la Competitividad y la Convergencia (BICC, por sus siglas en inglés), me propuse comentarlo en estas páginas. La acumulación de noticias, muchas de ellas si no más importantes, sí más coyunturales y, por lo tanto, con mayor probabilidad de quedar desfasadas, me ha inducido a posponer la tarea hasta este momento.

En realidad, a quien haya seguido la historia de la Unión Europea no le puede causar sorpresa (en contra de lo que decía el editorial del diario El País el pasado 12 de octubre) lo acordado. Sigue la tónica de todas las reformas. La trayectoria siempre es la misma. Primero son muchas las voces que plantean la conveniencia, cuando no la necesidad. A continuación, se origina una enorme oposición por parte de algunos países, principalmente los del Norte, y al final se llega a un acuerdo a base de descafeinar la medida, de manera que solo permanezca el nombre. Buen ejemplo de ello lo constituye la Unión Bancaria, que ha quedado reducida a transferir las competencias de inspección y liquidación de algunas entidades financieras (solo de algunas), pero ni hablar de que los costes de las futuras crisis bancarias se asuman por el conjunto de la Eurozona. Ni siquiera ha prosperado, ni prosperará, el Fondo de Garantía de Depósitos europeo, y si se crea alguna vez será con condiciones tales que esté ausente todo factor de mutualización, es decir, cualquier asunción colectiva de las pérdidas.

De una manera o de otra, las reformas que a menudo se plantean, y que serían totalmente necesarias para el funcionamiento correcto de la Eurozona, o son rechazadas o se desnaturalizan, de modo que lo que se acuerda no tiene nada que ver con lo propuesto, ni con el nombre que se le asigna, pero sirve para que los botafumeiros de la Unión Europea echen las campanas al vuelo y alaben la enorme, según ellos, conquista conseguida. Los mandatarios internacionales resultan a menudo patéticos, especialmente los del Sur, cuando al terminar una cumbre comparecen ante la prensa cantando victoria y encomiando lo mucho conseguido. Y al mismo tiempo no tienen más remedio que reconocer que faltan todos los elementos esenciales para que la medida funcione; pero ellos parecen no darle a esto ninguna importancia, se conforman con el nombre.

Macron se presentó como el salvador del euro, jactándose de que había convencido a Merkel -y por lo tanto a los países del Norte- de la necesidad de crear un presupuesto para la Eurozona, y España se subió al carro proponiendo un Seguro de Desempleo Comunitario. Pues bien, la montaña parió un ratón. Y, sin embargo, tanto el ministro de Hacienda francés como la ministra de Economía española se mostraron muy contentos con el roedor. Nadia Calviño, ese portento, según el presidente del Gobierno, columna y baluarte para afrontar la próxima crisis, ha manifestado que se han conseguido todas las reivindicaciones que planteaba España: que el presupuesto fuese anticíclico, redistributivo, y que la percepción de los recursos no estuviese sometida a reformas ni ajustes especiales. No obstante, nada dice acerca de su escasa cuantía, factor que invalida todos los demás. El futuro presupuesto nace con 13.000 millones de euros, lo que representa el 0,01% del PIB de la Eurozona. Con esa cantidad es imposible que pueda tener alguna efectividad, tanto más cuanto que no se va a nutrir con fondos nuevos, sino que estará incorporado al Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027.

Dos son las finalidades principales que debe cumplir el presupuesto de cualquier Estado, y se supone que son las que debería cubrir también un verdadero presupuesto de la Eurozona: instrumentar una política anticíclica y ejercer una función redistributiva. Y ambas son totalmente imprescindibles para que la Eurozona pueda mantenerse.

Draghi viene avisando desde hace tiempo que la política monetaria ha dado de sí todo lo que podía dar y que precisa ser complementada por la política fiscal. El hasta ahora presidente del BCE no solo ha recomendado que las naciones con margen presupuestario, como por ejemplo Alemania u Holanda, pongan en marcha políticas expansivas, sino que antes de dejar el cargo ha insistido en la necesidad de que se crease en la Eurozona un instrumento global capaz de aplicar políticas anticíclicas. Se sumaba así a las múltiples voces que venían remarcando que una moneda única necesita la unión fiscal, es decir, un presupuesto comunitario.

Resulta, sin embargo, imposible que el proyecto aprobado el mes pasado por el Eurogrupo pueda cumplir este objetivo. Solo el 20% de su dotación, 3.400 millones de euros, podrá dedicarse a esa función anticíclica, esto es, tan solo un 0,003% del PIB de la Eurozona. Para ser conscientes de la insignificancia de la cifra y de su inutilidad en momentos de crisis nada mejor que compararla con las cantidades empleadas en la pasada recesión en los rescates de países con dificultades: Grecia, 273.000 millones de euros; Portugal, 78.000; Irlanda, 85.000; España, 41.000; etc.

La otra función sustancial de cualquier presupuesto es la redistributiva, que sirve para corregir las desigualdades generadas por el mercado y derivadas de toda unión monetaria. El euro nació con esta básica carencia, que ha puesto siempre en duda su viabilidad. De ahí, la necesidad de crear en la Eurozona un presupuesto que asuma esta función. Pero lo acordado por el Eurogrupo es una broma de mal gusto, incapaz también de cumplir este objetivo. En primer lugar, y principalmente, por lo ridículo de su cuantía, pero, por si esto fuese poco, por las normas establecidas de funcionamiento, que dejan reducido al mínimo su potencial de cohesión territorial.

Aun cuando en principio pudiese pensarse que, tal como se ha diseñado, el BICC tiene una finalidad redistributiva, ya que el 80% se repartirá entre las naciones atendiendo a la población y a la renta per cápita, enseguida se llega a la conclusión de que tal disposición queda casi compensada y anulada por el hecho de que ningún país pueda recibir menos del 70% de lo aportado y, además, cada proyecto debe ser financiado en un 25% por los presupuestos nacionales. España y Francia han presentado como un gran triunfo frente a Holanda y Austria que se reduzca a la mitad (12,5%) la cofinanciación de los Estados que se encuentren en dificultades. Ciertamente poca cosa, y menos aun cuando se estipula que la rebaja en la aportación del presupuesto nacional no debe compensarse con un incremento en la parte financiada por el BICC.

Como se puede observar, lo pactado por el Eurogrupo poco tiene que ver con las primeras promesas lanzadas a bombo y platillo por Macron, ni con los planteamientos que el Gobierno de España venía realizando, agarrado al estribo de Francia. No obstante, al terminar la reunión todos se mostraron muy satisfechos. El ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, habló del importante paso dado y de que los socios del euro debían estar orgullosos del acuerdo alcanzado tras las difíciles discusiones. Nuestra ministra de Economía afirmó que se encontraba francamente satisfecha, y que lo conseguido responde plenamente a los objetivos que se había marcado España. El que no se contenta es porque no quiere.

En su afán por cantar las excelencias del Gobierno de Pedro Sánchez, el diario El País publicó dos días después del acuerdo, el 12 del mes pasado, un editorial que debería pasar a los anales como ejemplo de estulticia y sectarismo. Apareció con el subtítulo “El pacto para el nuevo presupuesto es excelente, pese a su escasa cuantía”. Es como si alguien dijese “tengo un trabajo magnífico pese a que el salario mensual es solo de un euro”. Las flores que el editorial echa al proyecto resultan tanto más extravagantes cuanto que poco después reconoce que no entrará en vigor hasta 2021, y aun después de este año, según afirma, “la cuantía inicialmente contemplada, en el entorno de los 17.000 millones de euros para todo el periodo, es extremadamente modesta e insuficiente para afrontar, por ejemplo, una crisis de un empaque similar a la de 2008. Si se repitiese pronto y en esos mismos términos, habría que echar mano, como entonces, de otras medidas de urgencia para afrontarla y de los nuevos instrumentos ya operativos (BCE, fondo de rescate)”.

¿Alguien puede pensar en serio que ante una nueva recesión sería posible emplear las mismas medicinas que en 2008? El propio BCE ha manifestado que la política monetaria no da más de sí, y todo indica que los países a los que ya se sometió a durísimos ajustes no resistirían de nuevo la misma terapia. No resulta creíble que las poblaciones de Grecia, Portugal, España, e incluso de Italia y de Francia, estuviesen dispuestas a tolerar devaluaciones internas como las de los años pasados, sobre todo cuando muchos de los efectos de la anterior crisis permanecen vivos (endeudamiento público, desempleo, bajos salarios, situación social y política etc.).

Los españoles, sin embargo, no tenemos por qué preocuparnos. El candidato del PSOE ha encontrado la piedra filosofal, la receta para solucionar el problema, poner de vicepresidenta económica a la actual ministra de Economía. Todo arreglado. Pedro Sánchez debe de creer que en Economía los problemas se solucionan como en política, a base de postureo. Bien es verdad que ese mal no es privativo de Sánchez. La falta de consistencia se ha instalado en España en el discurso económico de todos los partidos. Ya el 4 de abril pasado publiqué en este diario digital un artículo titulado “La insufrible levedad de los discursos económicos de las formaciones políticas”. Creo que lo allí dicho mantiene toda su vigencia, en especial la amnesia que afecta a nuestros políticos acerca de las limitaciones que impone la Unión Monetaria. El peligro consiste en que los hechos futuros nos los tengan de nuevo que recordar de forma traumática.

republica.com 15-11-2019

Ha sido necesario esperar casi treinta años para que el presidente del Banco Central Europeo (BCE) reconozca la cojera que desde el inicio afecta a la Unión Monetaria (UM). Al final de su mandato, Draghi ha manifestado abiertamente lo que de forma más encubierta venía insinuando en los últimos tiempos: “Una diferencia clave de la Eurozona con otras uniones monetarias avanzadas es la falta de un instrumento fiscal que actúe de manera anticíclica en el plano federal. “No hay política monetaria que no cuente con una política fiscal» (ver mi artículo de la semana pasada).

El presidente del BCE no solo manifiesta que sería preciso que países como Alemania u Holanda, que tienen margen presupuestario o financiero, realizasen una política fiscal expansiva, sino que la propia UM debería dotarse de un instrumento con una dimensión creíble para poder realizar en el plano europeo una política anticíclica y que, al mismo tiempo, compensase los desequilibrios que la UM puede producir entre los diferentes países.

Draghi, en su despedida, afirmó tajantemente que el BCE ha hecho su trabajo; lo cual es cierto. Ha sido la política monetaria, junto con las políticas deflacionistas adoptadas por los países del Sur, las que por el momento han salvado al euro, cuando muchos creíamos que la UM estaba condenada a desaparecer. Paul Krugman, uno de los economistas que había negado con más fuerza la viabilidad de la moneda única y había pronosticado su ruptura a corto plazo, reconoció su error situando el origen de su confusión en que no podía imaginar que los ciudadanos de las sociedades europeas pudiesen soportar semejantes recortes y políticas deflacionistas como las aplicadas en el sur de Europa en esos años.

No obstante, ante los signos de desaceleración presentes ya en toda Europa, es forzoso preguntarse qué ocurriría si se produjese una crisis como la del 2008. No resulta creíble que esta vez la solución pudiese provenir de los mismos factores. La política monetaria no puede dar más de sí y es muy dudoso que sea capaz de continuar asumiendo el papel de parachoques de la crisis. Pero más difícil es aún que se pueda someter a las sociedades de los países del Sur a otra devaluación interior como la que padecieron en la crisis pasada.

Mientras tanto, los países del Norte no han cedido casi en nada. La UM continúa con los mismos defectos con los que nació. Aquellos que ingenuamente e imbuidos de un espíritu evangélico defendían “hagamos la Unión Monetaria y el resto se nos dará por añadidura” tendrán que reconocer que, de añadidos, poco. De hecho, en muchos casos se ha ido para atrás. Cuando se firmó el tratado de Maastricht el presupuesto comunitario ascendía a un escaso 1,24% del PIB global; treinta años después es tan solo del 1,20%. Tras el fracaso del Sistema Monetario Europeo, los mandatarios europeos mantuvieron bobaliconamente que la moneda única haría imposible la divergencia de las tasas de inflación y la disparidad de los tipos de interés. La falsedad del planteamiento apareció relativamente pronto. Desde la constitución de la UM en 1999 y hasta 2008 los precios se incrementaron en Grecia, España, Irlanda y Portugal alrededor de 17 puntos más que en Alemania, y en julio de 2012 las primas de riesgo de España y de Italia rondaban los 600 puntos.

Si hoy las tasas de inflación convergen no es porque la UM haga imposible la divergencia, sino por la brutal devaluación interna a la que se ha sometido a ciertas sociedades, y si en los momentos actuales las primas de riesgo se mueven en unos niveles relativamente modestos no se debe a que el euro haya forzado la confluencia de los tipos de interés, sino a que el BCE echó un pulso a los mercados. En realidad, el mismo concepto de prima de riesgo -por reducida que esta sea- resulta contradictorio con una unión monetaria y es bastante representativo de los fallos que rodean al euro. Sin que exista riesgo de cambio, ya que todos los países utilizan una misma moneda, no parece que haya razón para que los intereses que se pagan por la deuda soberana sean diferentes, a no ser que haya dudas acerca de la permanencia de la Unión y se esté considerando la distinta solvencia de los Estados.

Desde Maastricht, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Entonces la UE comprendía 12 países, hoy son 28. Aun cuando en el momento presente solo 19 pertenezcan a la Eurozona, el resto potencialmente están llamados a integrarse. La heterogeneidad entre los Estados se ha hecho mucho más acentuada. Las diferencias en renta per cápita, salarios, costes laborales etc. son notables y los sistemas fiscales, muy diferentes. Todo ello sin que se haya dado un paso real hacia la integración fiscal y presupuestaria. Los países del Norte se han opuesto a todo avance o han descafeinado las posibles medidas, prescindiendo de cualquier aspecto que pueda representar una redistribución de recursos entre los Estados, o la mutualización del riesgo. Por supuesto, resulta imposible hablar de un presupuesto comunitario verdaderamente significativo, pero es que ni elementos muy básicos como el de un fondo europeo de garantía de depósitos o un seguro de desempleo comunitario tienen viso alguno de poder ser aprobados.

Como cabría esperar, la integración política aparece como una utopía imposible de alcanzarse, pero por eso la UE se queda en tierra de nadie, «es» pero «no es», mantiene un equilibrio radicalmente inestable. Es terreno abonado para todo tipo de contradicciones e incompatible con el Estado Social. Se ha convertido en una trampa para la izquierda. Por ello resulta paradójico que, desde nuestro país, y especialmente desde la izquierda, por una parte, se ansíe y se defienda la integración política de Europa, que tal como se ha dicho es una quimera y, por otra, de forma un tanto frívola, se haya construido interiormente un escenario en el que se dispara todo tipo de fuerzas centrífugas.

Si la UM es una trampa que rompe el equilibrio entre política y economía, el Estado de las Autonomías se ha transformado en el germen de una dinámica en la que se van a repetir los mismos errores y surgirán idénticos problemas a los de la Eurozona, pero en este caso a escala regional, lo que es mucho más grave. Desaparece la igualdad en derechos y obligaciones de los ciudadanos. Se pretende deteriorar gravemente la política redistributiva del Estado entre territorios y se cae progresivamente en un dumping fiscal extremadamente peligroso entre regiones de un mismo país.

La verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. Y no deja de ser verdad porque lo defienda la extrema derecha o se oponga a lo políticamente correcto y a lo que se estipuló en la Carta Magna. Pienso que el mayor error que se cometió al redactar la Constitución fue crear el Estado de las Autonomías. Es posible que, en esto como en tantas otras cosas, no existiesen en aquel momento muchas alternativas. Se pretendió solucionar dos problemas y, por el contrario, se crearon quince más, y los dos que se querían arreglar se han agravado hasta extremos que eran difícilmente imaginables.

El error parte de creer que los nacionalismos pueden satisfacerse con cesiones. Cada logro alcanzado, lejos de conformarles, les proporciona una nueva plataforma para nuevas reivindicaciones en un proceso que no tiene fin, si no es con la independencia. En cualquier caso, lo que se produce es una situación privilegiada en aquellas Comunidades que cuentan con partidos nacionalistas y que adquiere especial gravedad al tratarse de los territorios más ricos.

El nacionalismo termina contaminando a todas las regiones. El ejemplo de las ventajas conseguidas por los partidos nacionalistas propicia que en casi todas las Comunidades hayan surgido formaciones políticas regionales. Incluso, las fuerzas centrífugas están actuando en algunos de los partidos que se llaman nacionales. No existen dudas en el caso de Podemos, en el que la disgregación por territorios es un hecho, hasta el extremo de poner en peligro la propia supervivencia del partido. El fenómeno, aunque con menos fuerza, también sucede en el PSOE, especialmente con el sanchismo. El PSC juega por su cuenta, y las agrupaciones de Baleares, País Vasco y Navarra siguen su ejemplo.

En la Unión Europea los intereses nacionales priman sobre las posiciones ideológicas. En España vamos camino de ello, solo que aplicado a las Comunidades Autónomas. Con el tiempo, pero ya está empezando a suceder, el enfrentamiento clásico entre izquierdas y derechas va a dejar el espacio a la contienda en clave territorial. El hecho es evidente en Cataluña y en el País Vasco. Solo así se explica que dos fuerzas claramente de derechas (como el PNV y los herederos de los convergentes, como quieran que se llamen), se alíen con partidos que se proclaman de extrema izquierda. Pero dentro de poco es posible que esta anomalía política se extrapole a todas las Comunidades. Unir políticamente distintos estados es una tarea ardua y quizás quimérica. Lo estamos comprobando en Europa. Por el contrario, disgregar y romper una unidad política puede ser más fácil de lo que pensamos. Es seguro que no uniremos Europa, pero es posible que troceemos España.

republica.com 4-11-2019

Quienes en los años setenta preparaban oposiciones para ingresar en el Banco de España lo primero que debían aprender eran las funciones encomendadas a un banco central, entre las que se encontraba el ser prestamista en última instancia, lo que implicaba no solo ser el banco de banqueros, sino también el banco del Tesoro Público. En la instrumentación, por tanto, de la política monetaria se asumía que el sector público, junto con el sector exterior, constituían factores autónomos de liquidez, cuyas variaciones, a efectos de controlar la masa monetaria, debían ser compensadas por el banco central aumentando o reduciendo el crédito al sistema bancario.

A partir de los años ochenta el panorama fue cambiando en casi todos los países. La monetización del déficit comenzó a considerarse tabú, un peligro para la economía, bien por sus efectos inflacionarios, bien porque se podía producir el llamado credit out, expulsión del sector privado del crédito. La ortodoxia se asentó por un lado en la defensa a ultranza de la autonomía de los bancos centrales y por el otro circunscribiendo la financiación del déficit público exclusivamente a la emisión de deuda.

El diseño de la Unión Monetaria se elaboró sobre estos principios. Los tratados estipulan, en primer lugar, que ni el Banco Central Europeo (BCE) ni los bancos centrales nacionales pueden solicitar o recibir instrucciones de las autoridades comunitarias y tampoco de los gobiernos de los países miembros y, en segundo lugar, la prohibición de los descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de crédito por el BCE y los bancos centrales nacionales a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados miembros.

Una característica de la Eurozona es la separación entre política monetaria y fiscal. La política monetaria se encomienda al BCE mientras que la política fiscal permanece en los Estados nacionales. Esta disociación y la ausencia de una hacienda pública europea consistente se encuentran en el origen de la mayoría de las contradicciones y problemas del euro. En la Unión Europea no existe una unión fiscal y presupuestaria que pueda compensar los desequilibrios y desigualdades que produce la moneda única.

No obstante, se impone a los Estados miembros una serie de limitaciones acerca del nivel de déficit y de deuda pública en los que pueden incurrir. Al margen de que tales prohibiciones se encuentren en los tratados, son los mercados los que, al no tener los países moneda propia, antes o después los fuerzan a ello. De hecho, así ocurrió en 2008, cuando los mercados pusieron en aprietos a muchos gobiernos que, tras incrementar sus déficits públicos, se vieron en graves dificultades para financiarlos. A algunos les resultó imposible y tuvieron que ser rescatados por las instituciones europeas. En otros casos, como en los de Italia y España, ante los niveles desorbitados que alcanzaron sus primas de riesgo, necesitaron que el BCE acudiera en su ayuda comprando bonos en el mercado abierto, con lo que mostraba a los inversores que estaba dispuesto a intervenir todo lo que fuese necesario para defender al euro.

No hay duda de que la actuación del BCE fue una pieza esencial en la recuperación económica y en la corrección -eso sí, provisional- de los problemas que asediaban al euro en la pasada crisis. Para ello, como el mismo Draghi afirmó, se sirvió de todos los medios, acudiendo incluso a los instrumentos que se han dado en llamar no convencionales y que ya estaban siendo empleados por otros bancos centrales, en concreto el del Japón y la Reserva Federal de EE. UU.

Desde 2015, el BCE adoptó la llamada expansión cuantitativa, conocida por sus siglas en ingles QE, quantitative easing, que consiste básicamente en que el BCE compra títulos (en particular deuda pública) en el mercado a las entidades financieras, regando de esta manera con dinero la economía. Se supone que los bancos incrementan sus créditos a los particulares y a las empresas, lo que se traducirá en aumento de la demanda y por ende del crecimiento económico. Sin embargo, no han faltado detractores a esta forma de actuar del BCE. Desde Alemania, Holanda, Austria etc. se consideraba que la QE constituía una forma encubierta, aunque indirecta, de financiar a los Estados, al comprar sus títulos en el mercado.

La política monetaria es de lo poco que ha funcionado en la UM y ha sacado a la Eurozona de la encrucijada y de la trampa sin aparente salida en la que se encontraba. Pero ello no es óbice para reconocer que se han generado también efectos negativos. Ha incrementado la desigualdad. Al elevar el precio de los activos financieros, se ha beneficiado a sus tenedores, que principalmente y en una proporción muy elevada se identifican con los acaudalados. Así mismo, se corre el riesgo de que los bajos tipos de interés mantengan empresas zombis o que la facilidad crediticia genere burbujas y bolsas de insolventes.

Pero sobre todo es que la política monetaria tiene unos claros límites si no va acompañada de la política fiscal. Ambas se complementan. Una política fiscal expansiva tiene el peligro de fracasar si no se financia mediante la emisión de dinero. De lo contrario, sus efectos pueden verse malogrados porque la emisión de deuda drenaría fondos del sector privado, produciendo en este un efecto contractivo, a no ser que la iniciativa privada esté debilitada y el sector privado no se muestre dispuesto a invertir.

A su vez, una política monetaria en ausencia de una política fiscal presenta claras limitaciones para expandir la economía. Hace ya muchos años que Keynes lo puso de manifiesto: “es posible llevar el caballo al abrevadero, pero no se le puede obligar a beber”. Se puede inundar de dinero a la banca, pero de nada sirve si no existe demanda de crédito. Es lo que se ha denominado “trampa de liquidez”. En este caso únicamente la actuación del sector público puede incentivar la demanda.

Todo indica que la política monetaria ha dado ya todo lo que podía dar de sí. Los tipos de interés están a niveles sorprendentemente bajos, en algunos casos negativos. Los bancos no saben qué hacer con la liquidez y, a pesar de ello, la tasa de inflación no remonta, y no se acerca ni de lejos al 2% que tiene establecido como objetivo el BCE. Sería preciso, tal como ha insinuado Draghi, que la política fiscal tomase el relevo, pero ello parece vedado en la UM, porque en determinados países la situación financiera no deja margen para instrumentarla, y aquellos que tienen capacidad, como Alemania, y Holanda se niegan a ponerla en práctica.

Todas estas circunstancias crean una situación crítica de cara a la recesión que parece anunciarse. De ahí que ciertos autores y políticos se pregunten si la nueva QE que se proyecta no debería tener unas características distintas de la antigua; si no tendría que instrumentarse vertiendo directamente el dinero sobre los particulares en lugar de sobre los bancos. Las ventajas serían evidentes. Incrementaría la igualdad, ya que los recursos irían orientados a los ciudadanos más necesitados y, por la misma razón, el impacto sobre la actividad económica sería más inmediato, teniendo en cuenta que los receptores de los recursos tendrían una propensión al consumo mucho más elevada.

La propuesta es menos novedosa de lo que parece. Se trata de aunar la política monetaria y la política fiscal. Consistiría en realidad en instrumentar a nivel europeo una serie de programas de gasto público, tanto de infraestructuras como de prestaciones sociales a los más perjudicados por la crisis, financiados con la creación de dinero y no con impuestos. Ciertamente, esta inyección de efectivo tendría una dificultad evidente para la vuelta atrás en el momento en que el BCE decidiese drenar liquidez del sistema, pero en la actualidad esta institución cuenta con tal nivel de activos en su balance, proveniente de la primera expansión cuantitativa, que le bastaría y sobraría para instrumentar, si fuera necesaria, una política restrictiva.

La idea es sugerente, pero un tanto alambicada y desde luego ingenua. Alambicada, porque, ante la carencia en la Unión de un verdadero presupuesto y de tributos con suficiencia recaudatoria que pudiesen servir para instrumentar una política fiscal expansiva, se propone la acción del BCE financiando toda una serie de gastos públicos mediante la expansión monetaria. Ingenua, porque supone que los que se niegan a toda expansión fiscal en el ámbito nacional y se oponen radicalmente a todo incremento del presupuesto comunitario o a cualquier procedimiento con vistas a mutualizar el riesgo iban a permitir la monetización de un volumen sustancial de gasto público y, además, en el plano supranacional y europeo.

republica.com 27-9-2019

Hace unos días se publicaron los datos de la contabilidad nacional de Alemania relativos al segundo trimestre del año. La tasa negativa de su PIB (-0,1) ha hecho saltar la alarma en toda la Eurozona. Con unas u otras palabras la prensa venía a titular más o menos del mismo modo «peligro de recesión en la locomotora europea”, lo que se certificaría, desde el punto de vista doctrinal, si la tasa del tercer trimestre fuese también negativa. La intranquilidad puede estar tanto o más justificada cuanto que la Eurozona en su conjunto tiene un precario crecimiento (0,2%), Italia hace ya tiempo que está estancada y Francia se encuentra al borde de la recesión.

La preocupación ha cundido dentro de la propia Alemania. Representantes de la patronal, líderes notables del SPD y directores de relevantes institutos de economía sugieren que ha llegado el momento de que se abandone, o al menos se flexibilice, la política de austeridad. En realidad, es un mensaje que Draghi ha venido repitiendo, aunque de forma un tanto velada, tal como se suelen expresar los banqueros centrales. El BCE y también la mayoría de los bancos centrales piensan que la política monetaria ha dado de sí ya todo lo que podía dar, llegando incluso a tipos de interés negativo. Es el momento de los gobiernos, ha afirmado Draghi recurrentemente. En román paladino, de las políticas fiscales expansivas.

Bien es verdad que no todos los países tienen capacidad para aplicar estas políticas. A los países del Sur, con un fuerte endeudamiento, les resulta imposible asumir esta tarea sin riesgo de ser desestabilizados por los mercados, tanto más cuanto que carecen de moneda propia y la Eurozona está muy lejos de ser una zona monetaria óptima. Sin embargo, este no es el caso de Alemania y de otros países del Norte, con finanzas saneadas y fuertes superávits en sus balanzas por cuenta corriente. En una década el endeudamiento público del país germánico ha pasado del 81% de su PIB al 60%, y los tipos de interés de sus bonos en estos momentos son negativos, es decir, que cobraría intereses a los acreedores por los capitales que le prestasen para acometer nuevas inversiones. En estas circunstancias y cuando hay peligro de una recesión no puede extrañarnos que haya quienes aboguen por abandonar el dogma del déficit cero.

Es necesario, sin embargo, señalar que se escuchan también otras muchas voces, quizás en mayor número y de más importancia, entre ellas las del partido de la propia Merkel y representantes del Bundesbank, que no quieren oír hablar de flexibilizar la política fiscal. Están sumamente orgullosos de la estrategia seguida e impuesta al resto de la Eurozona. Piensan que un relajamiento por parte de Alemania sería copiado inmediatamente por el resto de los Estados. Argumentan que no se puede incrementar la carga sobre las generaciones futuras. No consideran que determinadas inversiones tendrían una rentabilidad a medio y a largo plazo que compensaría con creces la carga de la deuda, sobre todo si esta se emite a tipos negativos.

Estas dos posturas defienden frente al futuro políticas contrapuestas; sin embargo, sustentan un mismo relato acerca de los acontecimientos pasados. Según dicho relato, Alemania y los Estados del Norte fueron hormigas y los del Sur, cigarras. Los primeros fueron previsores y practicaron una política de austeridad correcta; los segundos vivieron durante años por encima de sus posibilidades. Los primeros gastaban menos de lo que producían y por ello acumularon un abultado superávit exterior; los segundos consumieron en mayor cuantía que su producción y por ello incurrieron en déficit de balanza de pagos y endeudamiento frente al exterior.

Alemania y sus satélites impusieron su tesis a los países que tenían dificultades con el lema «solidaridad a cambio de ajustes», de modo que los Estados que presentaban déficits cuantiosos en sus balanzas de pago, ante la imposibilidad de devaluar una moneda que no tenían, se vieron obligados a una deflación interior. Recobraron la competitividad mediante una bajada considerable de precios y salarios que corrigió la brecha exterior. Se superó la recesión y se ha entrado en un proceso de creación de empleo.

Según este relato, la política seguida ha sido, al final exitosa, y toda la Eurozona ha gozado de una etapa, la última, de crecimiento basado en el sector exterior y las exportaciones. La zona euro a lo largo de los seis o siete últimos años ha presentado un superávit de la balanza por cuenta corriente de alrededor del 3%. Pero una política que basa todo su crecimiento en las exportaciones y en el sector exterior tiene por fuerza que resentirse al estallar una guerra comercial. Los enfrentamientos entre China y EE.UU. están dañando a Europa de forma notable. El cuantioso superávit alemán entre exportaciones e importaciones lleva dos años reduciéndose, y el del conjunto de la Eurozona ha descendido un 30%.

Hasta aquí el relato común, que es el que domina en Alemania, el que mantienen las instituciones europeas y que es mayoritario en la opinión pública de Europa, incluso en los países del Sur. Pero a partir de este momento, tal como hemos visto, las posiciones se dividen en dos: los que ante las dificultades que se avecinan piden que se abandone la política de austeridad y los que, quitando importancia a los últimos datos y a la amenaza de recesión, consideran que los posibles problemas pueden solucionarse sin cambiar esa política que consideran casi sagrada.

Existe, no obstante, otro relato, otra narración, otra forma de contar la historia (véase mi libro “Contra el euro”, de Editorial Península). Desde la creación de la Unión Monetaria hasta el comienzo de la crisis, en los países del Sur se fueron generando déficits exteriores cada vez más abultados, al final, insostenibles. Estos déficits eran la contrapartida de los superávits también desproporcionados de los países del Norte, y unos y otros solo fueron posibles al menos en esa cuantía por la existencia del euro. De no haber contado todos los países con la misma moneda las modificaciones en el tipo de cambio hubieran corregido los desajustes en unos y otros, mucho antes de llegar al nivel que alcanzaron. En realidad, hubiera pasado lo mismo que ocurrió en 1993 con el Sistema Monetario Europeo, que los mercados financieros habrían puesto a cada moneda en su sitio. Las de los países del Norte se habrían revalorizado y las del Sur, depreciado. La próspera situación económica de Alemania y demás países del Norte no ha obedecido a la aplicación de una política económica virtuosa, sino a que trasladaron sus problemas a los países del Sur, ya que el euro les permitía mantener una relación de intercambio beneficiosa y condenaba a los otros Estados a una que les perjudicaba.

Del lema «solidaridad y ajustes» solo se cumplió la segunda parte. La solidaridad brilló por su ausencia. No hubo, por supuesto, transferencias de recursos de unos Estados a otros mediante una integración fiscal, las exigidas por cualquier unión monetaria, o las que se dan entre las regiones de un Estado. Todas las llamadas ayudas adoptaron la forma de préstamos, no concedidos gratuitamente sino a un buen precio y además financiados por todos los miembros por igual, en porcentaje a su PIB. Lo que sí hubo fue ajustes. Los países acreedores sometieron a los deudores a fuertes devaluaciones interiores, obligándoles a pagar un alto precio social, con fuertes sacrificios de la mayoría de los ciudadanos, especialmente de los trabajadores de las clases bajas.

Lo que Merkel y otros países superavitarios no calcularon es que su superávit comercial solo podría mantenerse con el déficit de las otras naciones. Así que cuando exportaron a los países del Sur su política de austeridad y les obligaron a corregir su déficit exterior, se estaban condenando a sí mismos a moderar su superávit, a no ser que encontrasen compradores fuera de la Eurozona. Que fue lo que en realidad ocurrió. Si los países deficitarios equilibraron sus balanzas de pago llegando incluso algunos a ser excedentarios, los del Norte mantuvieron o incrementaron su superávit. En el 2016, el superávit de la balanza por cuenta corriente de Alemania era del 8,7%; de Holanda el 8,1; de Dinamarca el 7,9; de Austria el 2,6 y la Eurozona en su conjunto el 3,5%.

La globalización y la multilateralidad en las relaciones comerciales han originado que los efectos de esta política mercantilista se hayan extendido fuera de Europa. Los superávits de Alemania y de la Eurozona en su conjunto tienen que tener su correspondencia en los déficits de otros países, entre los que se encuentra en un puesto destacado EE.UU. La balanza de pagos por cuenta corriente del gigante americano viene presentando saldo negativo desde hace por lo menos tres décadas, y alcanzando cuantías realmente importantes en todo el primer decenio del presente siglo. Situación que, si en un principio se pudo mantener gracias al papel de moneda de reserva atribuido al dólar, resulta insostenible cuando se prolonga en el tiempo. Antes o después, los problemas tenían que aparecer. Así fue en 2008 en la crisis pasada, y hay peligro de que vuelva a suceder en el futuro.

Trump es criticable por muchos motivos, pero en este tema tiene un punto de razón cuando pretende defenderse de una guerra comercial desatada por China y Alemania hace ya muchos años. La primera, con una férrea intervención del Estado en la economía, incluido el manejo del tipo de cambio; la segunda, emboscándose tras la Unión Monetaria, alejándose de la relación real de intercambio, ya que la cotización del marco, si hubiese permanecido, estaría muy por encima de la fijada para el euro.

No es que los nubarrones que están apareciendo en la economía europea provengan del exterior, de la lucha comercial entre China y EE.UU. Es más bien al revés, que la política mercantilista y de austeridad adoptada por Alemania e impuesta al resto de la Eurozona se encuentra detrás de esta contienda y está siendo un factor de distorsión del comercio internacional. Que Alemania y otros países del Norte de Europa abandonen el dogma del déficit cero y giren hacia una política fiscal expansiva es por supuesto una necesidad para evitar la recesión en la Eurozona, pero también para la salud y el buen funcionamiento de la economía mundial.

republica.com 5-9-2019

Hay quienes afirman que la dicotomía izquierda-derecha ha perdido su razón de ser. Recuerdo que Aranguren en el capítulo IX de su obra “Ética y política” contestaba con una metáfora a los que ya entonces (1966) hablaban de la superación de tal alternativa. Refería que, ante la opinión extendida de que no existía el diablo, algún autor católico realizó con agudeza la siguiente reflexión: “La última astucia del diablo es divulgar la noticia de su muerte”. Pues bien, añadía Aranguren, la última astucia de la derecha es propagar la noticia de que la antítesis entre derecha-izquierda ha desaparecido. Es evidente que en 1966 la aseveración de Aranguren era totalmente certera en todos los aspectos. ¿Pero qué sucede en los momentos actuales?

Soy un convencido de que también ahora la diferencia entre izquierdas y derechas mantiene todo su sentido en el ámbito ideológico. Pero una cosa es la teoría y otra, su concreción en la práctica. La pertenencia a la Unión Monetaria impone límites muy severos a los Estados a la hora de conformar su política económica. Los gobiernos pierden en buena medida su soberanía, que se traspasa al Banco Central Europeo y a los llamados mercados, mercados que tienen poco de racionales, pero que están prestos a castigar cualquier desviación que consideren contraria a sus intereses. Los partidos políticos, se denominen como se denominen, tienen que converger en sus actuaciones. La política es más que nunca el arte de lo posible, y la pericia y competencia de los gobernantes se hacen más importantes que la propia ideología.

No sería malo que en estas circunstancias los futuros votantes abandonasen el fundamentalismo de siglas y, tanto los que se creen de derechas como los que se autocalifican de izquierdas, tuviesen en cuenta la solvencia de los que se presentan a las elecciones. Tenemos un buen ejemplo en el Gobierno Zapatero. Los destrozos económicos y sociales causados por su ineptitud y la de sus ministros no pueden ser compensados con su teórico marchamo de izquierdas, por otra parte bastante discutible. No es el momento de hacer un relato completo de su desastrosa gestión y de cómo esta, junto a la de Aznar, estuvo en el origen de la mayor crisis económica que ha padecido España en sus últimos cincuenta años. Me referiré tan solo a un hecho poco comentado y que adquiere actualidad en los momentos presentes en los que la cotización del oro vuelve a estar por las nubes.

Pedro Solbes, en el periodo del 2005 al 2007, cuando ya se estaba gestando la crisis -y se supone que con el permiso de Zapatero- decidió vender más del 45% de las reservas de oro (7,7 millones de onzas) al grito de que ya no era una inversión rentable. En esos años la cotización de la onza no alcanzaba los 500 euros, con lo que el precio obtenido, aun cuando no se conoce a ciencia cierta, hay que suponer que se situó alrededor de los 3.500 millones de euros. Cuatro años después la cotización se había incrementado un 125%. Hoy, el oro vendido tendría un valor aproximado de 9.765 millones de euros. Un espléndido negocio y una magnífica profecía.

Bien es verdad que en esto el Gobierno español no estuvo solo. Las instituciones europeas le animaron a hacerlo. En 1999, los bancos centrales europeos firmaron un acuerdo, renovado en 2004, comprometiéndose a desprenderse progresivamente de las reservas de oro. Era fruto del triunfalismo y la miopía que presidieron la creación del euro. Pensaban que la moneda única era garantía suficiente de estabilidad. Pocos años después se comprobó lo equivocados que estaban. Por otra parte, el convencimiento no debía de ser muy general, puesto que,según parece, los únicos países que acometieron ventas en cantidades significativas fueron España, Grecia y Portugal.

Alemania, por el contrario, en 2013, en plena crisis, repatrió 36.000 millones de dólares en lingotes de oro que tenía en otras plazas (Nueva York, París y Londres). La razón verdadera (aun cuando las autoridades alemanas nunca la reconocieron y adujeron otros motivos) era la desconfianza frente al euro y la conveniencia de armarse financieramente por lo que pudiera ocurrir. El hecho es que, en estos momentos, el país germánico ocupa el segundo lugar detrás de EE.UU. en reservas de oro, seguido del Fondo Monetario Internacional, Italia y Francia. Mientras que España se sitúa en el puesto 19, con una cifra escasa de 9,1 millones de onzas.

Es más, el Gobierno alemán en agosto de 2011 pretendió que España e Italia, acuciadas entonces por el problema de la deuda y por los mercados, vendiesen parte de sus reservas en oro. Menos mal que en aquellas fechas Zapatero había anunciado ya la convocatoria de elecciones anticipadas (28 de julio) y no estaba por tanto en disposición de acometer una operación de esa envergadura, y el gobierno siguiente -parece que con más cordura- supo resistir las presiones que venían de Europa.

Ahora, las grandes incertidumbres que planean sobre la economía internacional han conducido a que los bancos centrales (principalmente de países emergentes) como los de Rusia, China, Turquía, Kazajistán, India, etc. se hayan apresurado a comprar oro como factor de seguridad. Es significativo que entre los compradores figuren países de la Unión Europea tales como Polonia y Hungría.

«El oro ya no es una inversión rentable y España no presenta la misma necesidad de divisas, dada la fortaleza del euro». Esta afirmación de Pedro Solbes en su intervención en el Senado el 6 de junio de 2007 para acallar las críticas surgidas por la venta de oro que había realizado el Gobierno quedará marcada en la historia entre las más desafortunadas y ridículas, solo comparable con la de su antecesor Carlos Solchaga en 1992, cuando tras dos devaluaciones de la peseta, el 17 de septiembre (5%) y el 21 de noviembre (6%), solemnemente afirmó: “No habrá una nueva devaluación, el nuevo tipo de cambio es estable y duradero”. No hubo que esperar mucho tiempo (13 de mayo de 1993) para que los mercados forzasen una tercera devaluación (8%), que no fue la última pues el 6 de marzo de 1995 hubo una cuarta devaluación (7%), aunque para entonces ya estaba en el gobierno Pedro Solbes (ver mi libro «Contra el euro» de la editorial Península).

Aunque alejadas en el tiempo, las dos frases lapidarias tienen el mismo origen, una falta de realismo y una fe ciega en la Unión Europea. Solchaga nos introdujo en el Sistema Monetario Europeo antes de lo pactado y contra viento y marea quiso mantener para la peseta un tipo cambio a todas luces irreal, consiguiendo únicamente incrementar el déficit y el endeudamiento exterior a niveles poco sostenibles. Contra su voluntad, los mercados forzaron cuatro devaluaciones de la peseta y, contra las previsiones de las lumbreras europeas, pusieron patas arriba el Sistema Monetario Europeo. El resultado: adentrar a nuestro país en una recesión a la que tuvo que hacer frente Solbes (1993-1996), que contó a su favor con las cuatro devaluaciones que ayudaron a salir de la crisis, y a las que lógicamente no pudo recurrir en 2007.

Solbes al llegar de nuevo, años más tarde (2004), al Ministerio de Economía debería haber tenido en cuenta la experiencia anterior y a dónde conduce un tipo de cambio fijo y, por lo tanto y con más razón, una unión monetaria. Si en 1992 un 3% de déficit exterior con el correspondiente endeudamiento originó la desconfianza de los mercados, un 6%, que era el nivel existente a su llegada al Ministerio, hubiese sido suficiente para ponerle en guardia y para hacerle pensar que un 10%, nivel que alcanzó en su mandato, desencadenaría el desastre, como así ocurrió.

No obstante, persistió todos esos años en la creencia ingenua en el euro y en la aquiescencia bobalicona del discurso que venía de Bruselas. Solo así se entiende que se desprendiese de nuestras reservas de oro a las puertas de la crisis y que negase esta cuando era ya evidente. Ahora que aparecen de nuevo los nubarrones económicos, hay que echarse a temblar porque si estas torpezas y desaciertos se cometieron en la época de los maestros, ¿que podrá ocurrir en tiempos de los becarios?

republica.com 22-9-2019

¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Algo parecido se podría decir de la Unión Europea. Las instituciones y los mandatarios europeos son expertos en desfigurar las palabras y manejarlas con el sentido contrario al que realmente tienen. Todos los medios de comunicación han divulgado, pletóricos de euforia, la buena nueva. La prensa suele ser cómplice de las instancias oficiales en la transmisión de las noticias que distorsionan la realidad. Europa avanza, han dogmatizado los titulares. La razón: que el Eurogrupo había aprobado crear un presupuesto para la Eurozona.

Expuesta así, la noticia era de envergadura. Muchos de los que hemos criticado la Unión Monetaria hemos basado nuestra repulsa en que la ausencia de una unión fiscal, es decir, la carencia de un presupuesto, condenaba a la Eurozona al fracaso e incrementaba los desequilibrios y desigualdades entre los Estados. En principio, por tanto, era de pura lógica que a las 4,30 de la madrugada, al terminar la reunión del Eurogrupo, el resultado del acuerdo produjese entre todos los asistentes un clima de euforia y optimismo. El ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, calificó el pacto de mini revolución. En la misma línea, el alemán Olaf Scholz se refirió a ello como “un gran salto”. Más comedido fue el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, que declaró: “Hemos dado un número de pequeños pasos que, combinados, dan como resultado un progreso real”. El comisario de Asuntos económicos, Moscovici, se mostró mucho más prudente y, poniéndose la venda antes de la herida, pidió que no se desprecie la “importancia simbólica” del acuerdo.

Se comprende que recurriese a la importancia simbólica, porque no hay posibilidad de encontrar otra, ya que, si se va mas allá de los titulares, se descubre que el rey está desnudo, es decir, que el acuerdo nace vacío de contenido. Lo que se ha diseñado carece de cualquier similitud con un verdadero presupuesto. Es un mero fondo. Aunque no se han dado demasiadas explicaciones, parece vislumbrarse como un híbrido entre los de Fondos de cohesión y el MEDE. Solo se sabe que se dirigirá a inversiones y a reformas. Ni se cuantifica ni se especifica su financiación. Ahora, eso sí, ya se adelanta que las inversiones tendrán que ser cofinanciadas por los países beneficiarios. Se presume que el instrumento creado -si finalmente ve la luz- será un parche más, orientado a despejar el balón y que, como mucho, al igual que los de cohesión, el MEDE o el FEDER, servirán para aliviar u ocultar los problemas de la Unión Monetaria temporalmente, pero en modo alguno la harán viable a medio plazo.

Lo que resulta palmario es que no se puede tomar como un presupuesto, tal como lo entiende cualquier teoría sobre la hacienda pública, y tal como se da en cualquier Estado por muy federal o confederal que sea, y como resulta necesario para que una Unión Monetaria pueda funcionar y no genere mayores desequilibrios entre los países. Un presupuesto comunitario para la Eurozona, aun cuando partiese de un esquema muy simple, debería contar al menos con algunos elementos esenciales. En primer lugar y de forma ineludible, con figuras tributarias propias que recayesen por igual sobre todos los ciudadanos europeos (no sobre los países) y cuya única diferencia estuviese marcada por la capacidad económica. En segundo lugar, con mecanismos claramente redistributivos y anticíclicos como puede ser un seguro de desempleo unitario.

El seguro de desempleo constituye un buen instrumento anticíclico, pero es muy posible que en momentos de dificultades aquellos países más castigados por la crisis y que tengan que realizar ajustes, al carecer de moneda propia, no puedan utilizarlos, porque los mercados no se lo permitan. Parece lógico, por lo tanto, que exista un sistema colectivo que sea global y distribuya los costes para toda la Eurozona. Existe, además, un argumento de justicia. La imposibilidad de modificar el tipo de cambio entre los países miembros genera grandes diferencias en los saldos del sector exterior, lo que se traducirá en tasas de paro también muy dispares. Mientras unos países Alemania, Holanda y Austria presentan unas tasas de desempleo del 3,5%, 3,9%, y 4,8%, respectivamente, otros presentan tasas de paro mucho más elevadas: Grecia (18%), España (15%), Italia (10%), Francia (9%) y Chipre (8%) etc. Ambas situaciones son cara y cruz de la misma moneda. El coste de soportar el paro debería recaer, por tanto, sobre la totalidad de la Eurozona.

El tema resulta tan evidente que en la actualidad lo defiende, por supuesto sin éxito, el propio comisario de Asuntos económicos. De ahí su decepción, al salir el otro día de la reunión del Eurogrupo, y no tener más remedio que hablar de valor simbólico. Lo cierto es que, de acuerdo con esa misma lógica, la idea (por supuesto solo la idea) lleva presente en Europa hace ya algunos años. En 2015 el informe llamado de los cinco presidentes (Comisión, Consejo, BCE, Eurogrupo y Parlamento) lo proponía y fijaba la fecha de 2017 para su entrada en vigor. Estamos en el 2019 y la propuesta continúa en el mundo de las ideas y es de prever que allá se perpetuará, y si en algún momento se implanta será deformada y jibarizada, de manera que no cumpla sus objetivos, pero sobre todo que no mutualice costes ni implique políticas redistributivas.

Es la norma en Europa. Buen ejemplo de ello lo tenemos en la Unión Bancaria aprobada hace ya seis años, pero cuya implantación solo se ha hecho realidad en aquellos elementos que representan traslado de competencias a los órganos comunitarios, y aun ello con bastantes limitaciones. Por el contrario, ni visos de todo lo que signifique mutualización de riesgo, de costes o de deudas. Sigue sin desarrollarse el fondo de garantía de depósitos europeo. En este tema, la última reunión del Eurogrupo no ha dado ningún paso hacia adelante. Tampoco el Fondo Único de Resolución Bancaria ha entrado en funcionamiento. No ha asumido el coste de las últimas crisis de entidades financieras -Popular en España y Veneto Banca en Italia-, ya que ha recaído sobre los respectivos países: accionistas en el Popular y contribuyentes en el Veneto.

El fracaso -aunque muchos de los participantes y parte de la prensa lo califiquen de forma distinta- de la última reunión del Eurogrupo, pone en evidencia entre otras cosas la petulancia de Macron que, con engreimiento y frivolidad, creyó que él solo era capaz de arreglar todos los problemas de la Moneda Única. Merkel le ha tomado el pelo. Pretendió hacer un pacto con la canciller alemana por el que se comprometía a aplicar en Francia las medidas que venían exigiendo las instituciones europeas, a condición de que Alemania y los países del Norte admitiesen en la Unión Monetaria las reformas necesarias, entre ellas la creación de un presupuesto de la Eurozona. Merkel dio buenas palabras, pero como siempre echó balones fuera. El presidente francés sí introdujo muchas de las medidas de ajuste, hasta el punto de incendiar el país galo con la revuelta de los chalecos amarillos y perder más y más popularidad, lo que hace muy improbable su reelección. Pero de las reformas de la Eurozona, como se ha visto en la última reunión, han quedado solo una sombra, porque sombra de presupuesto es lo que acaba de aprobar el Eurogrupo.

Macron, sin embargo, continúa creyéndose el gran líder de Europa y está alborotando el Consejo, en ese mercadillo que mantienen los jefes de gobierno para repartirse los cargos de la Unión Europea. Merkel, abandonando el lenguaje diplomático, ha llegado a exclamar: «Macron no manda aquí. Esto no es Paris, sino Bruselas». Y es que Macron se considera una especie de emperador respecto a determinados territorios entre los que debe estar España, porque de manera inaudita se ha permitido intervenir en la política interna de nuestro país, manifestando los pactos que le gustan o no le gustan. Claro que ello difícilmente hubiera sucedido si no se lo hubiese pedido el propio presidente del Gobierno español que, como contrapartida, se ha convertido en su acólito en Europa. Mala costumbre esta de recurrir a los extranjeros para solucionar los pleitos internos. A Sánchez se le ha debido pegar de sus, a veces, compañeros de cama, los independentistas. El internacionalismo de los conflictos tiene profundas raíces españolas. Salvando las enormes diferencias de tiempo y ocasión, también el rey felón reclamó la intervención de los cien mil hijos de San Luis para finiquitar el trienio liberal e iniciar la década ominosa.

Macron, acosado por Le Pen, es muy sensible a los populismos, pero poco al secesionismo, ya que no le molestan los pactos que Sánchez realiza con los golpistas. El populismo parece estar de moda, aunque nadie sabe muy bien qué es. Tal vez porque lo haya de múltiples clases. Populista es, a mi entender, también quien utiliza los partidos políticos para su ascenso, los denigra después y pasa de ellos para crear su propio movimiento, plataforma o como quiera que se llame, convirtiéndose en su caudillo. Macron, Valls, Carmena, podrían servir de ejemplo. Acaso también Sánchez, si bien por otro camino, el de las primarias, sistema plenamente populista.

republica.com 28-6- 2019

En 2014, en las últimas elecciones al Parlamento europeo, la participación global en toda Europa fue tan solo del 42,6%, dato bastante expresivo del interés que suscitan estos comicios en la sociedad. De hecho, tal porcentaje no ha dejado de descender desde 1979, fecha en la que se situó en el 63%. En 2014 solo dos países mantienen una participación superior al 60%, Bélgica (89,64) y Luxemburgo (85,55), lo que obedece, tal vez, a que ambos viven -y viven bien- de la Unión. España ha seguido un proceso similar al total de Europa La participación en las últimas elecciones fue del 43,81%. Solo ha habido dos excepciones, en 1994 y en 1999, años en los que la cifras están distorsionadas por coincidir el primero de los procesos con las andaluzas y el segundo, con las municipales y autonómicas. Ocurrirá lo mismo el próximo domingo, la participación no será significativa. Habrá que preguntarse cuál sería el porcentaje de abstención si no coincidiesen con las municipales y con las autonómicas. Y es que es bastante evidente que el Parlamento europeo sirve para poco, aun cuando se pretenda rellenar la usencia real de competencias con discursos grandilocuentes y toda una serie de ritualismos y teatralidades que, a base de agitación, parece que tienen contenido. Pero el poder está en otra parte: en el Consejo, en la Comisión y en el Banco Central Europeo.

Los jefes de Estado y de gobierno se reunieron ya el jueves día 9 en Rumanía con la intención de comenzar un proceso complicado, el de repartirse el pastel, o más bien iniciar la lucha por el reparto. Han quedado de nuevo para el día 28, dos días después de las elecciones, para continuar con el mercadeo de cargos. No es que el resultado electoral vaya a servir para algo, pero hay que guardar las apariencias. Cada presidente de gobierno (importa poco a qué partido pertenezca) luchará por colocar en los puestos más relevantes a sus compatriotas, porque el juego es en clave nacional y no ideológica. Por mucho que se diga lo contrario y que el discurso oficial denigre al nacionalismo, en materia ideológica apenas existe diferencia (en realidad el diseño no lo permite) y todo se debate en el ámbito territorial.

Hay un mito acerca de la Unión Europea, que viene desde muy antiguo, y es el de situar su origen y razón en el deseo de construir una Unión Política que hiciera imposible la repetición de las contiendas que arrasaron Europa. Paradójicamente, ahora que Gran Bretaña abandona la Unión, se piensa que fue Winston Churchill quien el 19 de septiembre de 1946 en un discurso en la Universidad de Zúrich, basándose en estos motivos, lanzó la idea de construir los Estados Unidos de Europa.

El guante fue recogido por Robert Schumann, quien propuso administrar en común la producción franco-alemana del carbón y del acero. Sobre esta base, en 1951 se creaba entre Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). El acuerdo más que económica tenía una finalidad política. El Tratado hacía imposible que ninguno de los firmantes pudiera fabricar individualmente armas de guerra para utilizarlas contra los otros.

Pero ahí terminó todo. El fracaso en 1954 de la Comunidad Europea de Defensa (CED) propuesta por Francia hizo patentes ya las dificultades y la casi inviabilidad de cualquier avance en la unidad política. A partir de ese momento, el proyecto se encaminaría únicamente por la integración de ciertos aspectos de la realidad económica, más concretamente de la comercial. En 1958 los mismos países que habían firmado el CECA constituyeron el Mercado Común. En el fondo, lo que se creaba era exclusivamente una unión aduanera, con un periodo transitorio de doce años. El modelo había cambiado radicalmente. Los principios que lo informarían de ahí en adelante serían los del neoliberalismo económico, y los intereses, los del poder económico. Hubo quien justificó el giro producido acudiendo a la gradualidad, alegando que se comenzaba por los temas económicos, pero que detrás de estos vendrían los políticos. Lo que nunca ha ocurrido ni ocurrirá.

El proceso al principio fue muy lento y transcurrieron más de treinta años sin consecuencias notables. Al fin al cabo se trataba únicamente de una integración comercial y entre países bastante similares. Las contradicciones comenzaron a surgir a partir de 1989 con la implantación del Acta Única y más aún con la introducción a principios de siglo de la moneda única. Todo ello acompañado de un proceso de ampliación que convertía a la Unión en un conglomerado totalmente heterogéneo de 28 países.

La libre circulación de capitales se adoptó sin armonización fiscal, laboral ni social, lo que ha generado una competencia desleal entre los Estados a base de reducción de impuestos, deterioro de las condiciones laborales y recortes de los gastos sociales. La consecuencia era inevitable: incrementar la desigualdad entre los grupos sociales dentro de cada país. A su vez, la moneda única se constituyó sin integración fiscal ni presupuestaria, lo que ha agrandado brecha entre los distintos Estados. La Eurozona no cumple casi ninguna de las características de lo que la teoría económica señala como criterios necesarios de las zonas monetarias óptimas.

En los momentos actuales, la dispersión entre los países es tan grande que es imposible hablar de Unión o de establecer una política económica común, y mucho menos soñar con una Europa federal. La renta per cápita de Luxemburgo es más de cinco veces la de Bulgaria. Y sin irnos a los extremos, la renta per cápita de Austria, Holanda, Alemania, Suecia, etc., casi duplica a la de Grecia, Hungría, Polonia y Portugal, todos ellos países de la UE. La misma dispersión se encuentra en los salarios. La media se sitúa cerca de los 2.000 euros mensuales, pero hay países que, como Dinamarca y Luxemburgo, exceden ampliamente los 3.000 euros, mientras todos los del Este no llegan a los mil, y otros como Portugal y Grecia que apenas los sobrepasan.

Tales diferencias situadas en un mercado común con libre circulación de capitales tienen por fuerza que generar un sinfín de contradicciones, y lanzar a los países a una carrera orientada a ganar competitividad frente a terceros, a través de la bajada de impuestos, y el deterioro de las condiciones laborales y sociales. La situación se complica aún más dentro de la Unión Monetaria. Sin moneda propia, los países, ante posibles desequilibrios, no pueden acudir a la devaluación y el ajuste se realiza en el sector real bien mediante paro o bien mediante deflaciones internas que castigan gravemente a las clases bajas. No puede extrañarnos por tanto que la desigualdad se haya incrementado en todos los países. Los sistemas fiscales se han hecho más regresivos, los costes laborales reales han crecido menos que la productividad, con lo que la distribución de la renta ha evolucionado en contra de los salarios y a favor del excedente empresarial.

No solo es que la Unión Monetaria haya incrementado la desigualdad dentro de los Estados, sino que se han ampliado todavía más las divergencias entre ellos. La brecha entre los países del Norte y los del Sur se ha agudizado. Las diferencias en los saldos de la balanza por cuenta corriente crean empleo en unos y lo destruyen en otros, lo que se traduce en tasas de paro muy distintas: Grecia (18%) y España (15%) encabezan el ranking; les siguen Italia (10%), Francia (9%) y Chipre (8%). En el otro extremo se encuentran Alemania (3,5%), Holanda (3,99%) y Austria (4,8%). La misma existencia de la prima de riesgo contradice la homogeneidad precisa en una unión monetaria. Indica la diferencia del tipo de interés de cada país con el de Alemania, y por lo tanto entre todos ellos. La diversidad en el coste de financiación crea una situación de partida dispar entre los miembros, que por fuerza falsea la competencia.

El centro de reflexión Bruegel acaba de publicar un estudio que señala cómo la Unión Monetaria ha incrementado la brecha entre el Norte y el Sur. La tasa media anual de crecimiento de la renta per cápita en el periodo 2003-2017 señala de forma clara la distinta evolución seguida por los dos bloques de países. Los países más perjudicados han sido Grecia (-0,74%) e Italia(-0,24) con tasas negativas. Otros países del Sur como Portugal (0,63%), España (0,64%)y Francia (0,75), aunque presentan tasas positivas son muy inferiores a las de la mayoría de los Estados del Norte: Finlandia (0,84%), Bélgica (0,87%), Austria (1,05%), Holanda (1,08%), Suecia (1,33%) y Alemania (1,39%). Existe en algunos casos tales como los de España e Italia un agravante, el hecho de que se hayan potenciado las divergencias económicas internas entre las distintas regiones, lo que incentiva movimientos independentistas en las más pudientes que, dado el ejemplo del modelo europeo, quieren librarse de los mecanismos redistributivos.

Todos esos datos son totalmente lógicos y de alguna manera constituyen el resultado que cabría esperar cuando se ha negado toda viabilidad a una unión fiscal y presupuestaria. El presupuesto comunitario (1,2%) es radicalmente incapaz de compensar los desequilibrios territoriales que surgen de cualquier unión económica. Es más, se ha desechado todo procedimiento de mutualización de deuda y de compartir riesgos.

Las enormes discrepancias entre los países miembros exigirían fuertes mecanismos de cohesión y redistribución, pero paradójicamente la misma importancia de esas diferencias hace imposible una unión fiscal y presupuestaria; jamás los países ricos aceptarán una transferencia a los países menos desarrollados de recursos tan cuantiosos como los que se producirían. ¿Puede extrañarnos que cada vez sean más los ciudadanos de todos los países que desconfíen de la Unión Europea y que se pregunten (teniendo en cuenta que la unión política no es posible,) si no habrá que dar marcha atrás en esta integración que es meramente comercial, financiera y monetaria?

Las oligarquías europeas, con intereses personales en el proyecto, arremeten contra lo que califican de retroceso nacionalista. Pero lo único que se ha internacionalizado hasta ahora son los mercados, el capital y las monedas, y aparece como imposible internacionalizar la fiscalidad, las condiciones laborales, las prestaciones sociales, las finanzas públicas, los gobiernos y en general el poder político. En estas condiciones y ya que no existen en la Unión Europea mecanismos democráticos para controlar a los mercados y a los poderes económicos, habrá que preguntarse si no sería lógico someterlos de nuevo a los Estados nacionales. En fin, por lo menos parece bastante coherente que los europeos se interroguen con cierto escepticismo acerca de si sirven para algo las elecciones al Parlamento europeo.

republica.com 24-5-2019