ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El dinero de Europa se ha convertido en una especie de fetiche. Se espera de él todo. Son muchos los que lo consideran la piedra filosofal que solucionará todos los problemas. Los empresarios andan como gorriones con la boca abierta esperando el maná, no de papá Estado, sino de mamá Europa. Sánchez se aprovecha para tenerlos  en primer grado de saludo; y ahí estuvieron todos los que dicen que son algo en la economía española, en primera fila, como en un colegio, pendientes de las palabras del presidente en una conferencia vacua, sin contenido, que estaba dirigida a una única finalidad, la de conseguir prietas las filas tanto en el mundo económico como en el político.

Sánchez piensa utilizar los fondos europeos como la palanca para afianzarse en el poder. Sus acólitos proclaman que son suyos porque los ha conseguido, y es evidente que, en sus intenciones, incluso lo ha dicho explícitamente, está emplearlos con total discrecionalidad. Son su instrumento para domesticar el mundo empresarial y sindical. Espera tener a todos comiendo de su mano porque todos confían en obtener pingües beneficios de dichos fondos. Instrumento también para doblegar a la oposición, chantajeándoles con la falacia de que su adhesión es necesaria para obtener los recursos, y responsabilizándoles de los problemas que puedan presentarse.

Aprovecha que la izquierda no existe, y que la derecha está desarbolada. Vox, en el monte creyendo que por ser más asilvestrado gana en eficacia, pero lo único que consigue es desacreditarse; Ciudadanos, traumatizados por los últimos resultados electorales, continúa bailando la yenka y se han convertido en los tontos útiles de Sánchez a los que maneja a sus anchas y humilla cuando quiere; y el PP se debate de caso de corrupción en caso de corrupción, muy bien aireados y orquestados por el sanchismo y sus aliados.

No seré yo el que reste importancia a la corrupción, pero en este país ningún partido puede tirar la primera piedra. En materia de gastos reservados es posible que el PP lo único que haya hecho es seguir el ejemplo del PSOE, así que me resulta difícil no ver como un gran acto de hipocresía la rasgadura de vestiduras de Ábalos cuando, como otros muchos, pasó en 1981 del partido comunista al socialista, para estar de meritorio en esta formación política, sin que en todos estos años haya levantado la voz lo más mínimo contra la corrupción o los fondos reservados. Tampoco a Sánchez se le puede considerar adalid en la materia, ya que ingresó en el PSOE en 1993, en pleno auge de la corrupción de este partido, cuando otros lo abandonaban escandalizados por ese motivo.

Retornando al dinero de Europa, lo primero que hay que afirmar es que no es de Europa, y mucho menos de Sánchez. El dinero es de todos los españoles, porque todos vamos a tener que pagarlo. A pesar de la inmensa propaganda oficial, la mayor parte de los recursos van a venir en forma de créditos. (Ver mi artículo del 30 de julio titulado “Mister Marshall parió un ratón”). El Estado español se va a endeudar hasta unos niveles desproporcionados a los que jamás creíamos que íbamos a llegar. Posiblemente, el stock se incrementará en más de 200.000 millones de euros.

Resulta curioso que aquellos que pusieron el grito en el cielo con la utilización de 40.000 millones de euros para enjugar las pérdidas de las cajas de ahorro –que en buena medida suponía salvar a un montón de pequeños depositantes- saluden con gozo y no tengan ningún reparo en gastar una cantidad de dinero mucho mayor, que después hay que devolver, en ayudar empresas de manera más difusa y previsiblemente con mucha menos transparencia.

La ministra de Economía ha afirmado en referencia a la polémica desatada sobre los excedentes de las corporaciones locales que el Gobierno no necesita para financiarse el dinero de los ayuntamientos, ya que el Tesoro no está encontrando ningún problema en los mercados. La pregunta surge de manera inmediata: ¿Por qué entonces se recurre a los préstamos europeos? Es más, ¿por qué la funcionaria aplicada de Bruselas mantiene que la respuesta europea es fundamental? Es que, una vez más, la ministra de Economía se queda en medias verdades, que suelen ser las más terribles de las mentiras, porque si el Tesoro en estos momentos puede financiarse de forma adecuada es porque el BCE sostiene la deuda pública española. Como ya he mantenido alguna vez, el rescate de Europa se dirige más a aliviar la inmensa carga del BCE y a solucionar los problemas de las empresas que a mejorar las cuentas públicas de los países.

El presidente del Gobierno identifica torticeramente los Presupuestos Generales del Estado con el plan de recuperación económica y con los dineros europeos, cuando en realidad son realidades muy distintas, aun cuando puedan en el límite tener alguna conexión. Los presupuestos, si al final se aprueban, se circunscribirán al año 2021, mientras que los préstamos europeos irán llegando con mucha parsimonia, de forma escalonada y condicionada a lo largo del periodo 2021-2027. Están unidos al marco financiero plurianual de la UE. FUNCAS estima, y yo creo que con cierto optimismo, que en 2021, recibiremos como mucho 14.000 millones (10% del total), en su mayoría préstamos.

Los pregonados presupuestos de 2021 en lo fundamental están ya hechos, puesto que muchas decisiones con impacto en ese ejercicio están tomadas y las que quedan por tomar se adaptarán sobre la marcha, bien sea con los nuevos presupuestos o con los de Montoro otra vez prorrogados (Ver mi artículo del 13 de agosto pasado titulado “Los presupuestos y la pantomima de Ciudadanos”). Si Sánchez está tan interesado en elaborar unos nuevos es tan solo por una cuestión de apariencia, por evitar el bochorno de que después de casi tres años de estar en la Moncloa haya sido incapaz de aprobar unos presupuestos propios y tenga que ejecutar unos ajenos, que, además, él tanto denigró cuando estaba en la oposición.

Mayor interés sin duda tendría conocer las previsiones de liquidación de las cuentas públicas tanto para 2020 como para 2021, pero ahí precisamente el Gobierno extiende un muro de secretismo y es difícil estimar el brutal agujero económico que va a experimentar el sector público en los próximos años. Para 2020- 2021, el Banco de España establece dos escenarios con unos déficits públicos del 10,8 y del 7,0% respectivamente en el primer escenario y del 12,1 y 9,9% en el segundo y peor, lo que conduce a que la cifra de endeudamiento público se mueva al final de 2021 en un abanico del 115% al 125% del PIB. Todo ello sin contar la deuda que contraeremos con la UE. Los déficits sin embargo pueden ser bastante mayores si se tiene en cuenta no solo el incremento del numerador sino también la reducción que va a sufrir el denominador, es decir el PIB.

La verdadera incógnita que se abre no está en la discusión de los presupuestos sino en a dónde se van a dirigir los créditos que provengan de Bruselas a lo largo de los próximos cinco años, recursos que se administrarán en cierto modo al margen de los presupuestos y que van a conceder un gran poder a quien los maneje. Casado tenía razón en su entrevista con Sánchez al poner el acento en el plan de reconstrucción. Se comprende perfectamente su preocupación y su petición de que fuese una comisión de técnicos independientes la que decidiese el reparto.

Siempre he desconfiado de las comisiones de expertos independientes porque nunca son tan independientes y su condición de expertos siempre resulta discutible. Pero, al margen de ello, sí tiene toda la consistencia la idea que se encuentra detrás, que la asignación y las condiciones que se fijen gocen de toda la transparencia y objetividad posibles. Parece razonable exigir que ninguna fuerza política pueda apoderarse de su distribución y que la discusión y aprobación se realice en el Congreso con luz y taquígrafos y no de forma global, sino detallada. El plan de recuperación va a constituir en la práctica los verdaderos presupuestos que deben debatir y pactar todas las fuerzas políticas.

Pero aquí termina la petición de unidad de Sánchez. No está dispuesto a conceder en esta tarea la menor participación a nadie. No tiene ninguna intención de compartir el poder que piensa que le va otorgar la distribución de forma discrecional de todo este cúmulo de dinero. Poder frente a las Comunidades Autónomas, frente a las fuerzas económicas, frente al Ibex, frente a las grandes empresas y, a través de ellas, frente a los medios de comunicación. Se habla mucho de salvar a los autónomos y a las pequeñas empresas, pero la parte del león se la llevarán las grandes. Entrará en juego la cofinanciación, la cooperación público-privada y otras formas de ingeniería financiera, pero siempre que el sector público se ha ayuntado con el sector privado el primero ha salido escaldado. Recordemos tan solo a modo de ejemplo los casos de las desaladoras, los hospitales y las autopistas.

Por ello resulta tan indignante la comparecencia de la doctora ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno tras la entrevista del presidente del Gobierno con el jefe de la oposición, descalificando como un tema menor lo que denominó aspecto puramente formal, los mecanismos de decisión en la elección de los proyectos y de los destinatarios de las ayudas. Sin embargo, detrás de ese aspecto se encuentra la idea de soberanía y de democracia, y sobre todo la utilidad y la eficacia en la administración de unos recursos que van a caer en el futuro como una vasta carga sobre todos los españoles. La intervención tan airada de la señora doctora era signo evidente de que Casado había hecho diana y que de ninguna manera Sánchez está dispuesto a dar entrada a nadie en esta tarea que presume que le puede conceder un inmenso poder personal.

Prueba evidente de esta postura del presidente del Gobierno se encuentra en que ya ha constituido una comisión al efecto en la Moncloa, dentro de su propio gabinete, en la que ni siquiera ha incorporado a sus socios de gobierno. Despierta estupefacción escuchar al líder de Podemos hablar de emplear los recursos europeos para crear una nueva clase empresarial. Estupor porque no se sabe si habla desde la inocencia o desde el cinismo.

 Lo más grave del tema es que no saben qué hacer con el dinero y en qué proyectos invertirlo. Tienen el temor de que no sean ni siquiera capaces de preparar la documentación que les va a exigir Bruselas y desconfían aun más de su capacidad para gestionar los proyectos. De ahí que hayan acudido a contratar la colaboración de las cuatro grandes firmas de auditoría –Deloitte, PWC, EY y KPMG. Uno se pregunta hasta qué punto estas compañías están capacitadas para conocer las necesidades de la economía española y sobre todo cuál va a a ser su objetividad si, como es de suponer, cada una de ellas tiene sus intereses y sus conexiones económicas y financieras con otras sociedades.

Existe a nivel popular una equivocación referente a los recursos que van a venir de Europa, que –conviene afirmarlo una vez más- en su mayoría directa o indirectamente lo harán en forma de préstamos, e incrementarán la losa de endeudamiento para los próximos años. Equivocación propiciada por el Gobierno. En contra de lo que cree una gran parte de la población, no se podrán emplear para enjugar las extensas y profundas necesidades sociales que va a generar la crisis económica, ni siquiera para amortiguar la brutal baja de recaudación que va a sufrir el Tesoro Público. Los recursos se orientan a proyectos de inversión y a ayudar a empresas (en su mayoría grandes empresas, que serán las implicadas en estos proyectos), y todo ello según los objetivos y las prioridades de Bruselas, que no tienen por qué ser los que convienen a la economía española. No olvidemos que nos continuamos moviendo en la Europa del capital y es el capital el que manda.

A todo ello habrá que añadir los propios intereses de Pedro Sánchez, en especial sus acuerdos con algunas grandes compañías del IBEX. Es la misma patronal CEOE la que avisa de que los sectores elegidos en primer término por el presidente del Gobierno (banca, telecomunicaciones, energía, etc.) no son los más representativos del tejido industrial de este país, ni los que más han sufrido por la crisis, ni siquiera los que más pueden reactivar la demanda. Bien es verdad que tal vez sí son las empresas que más interesan a Sánchez para consolidar su poder y controlar los medios de comunicación social, su objetivo número uno. Me temo que según avance el tiempo los españoles nos daremos cuenta de que el dinero de Europa no ha sido un buen negocio.  

republica.com 25-9-2020

Creo que he citado ya dos veces en estas páginas a Thomas Piketty. Es un autor que encuentro interesante porque, se compartan o no sus juicios de valor, puede resultar de gran utilidad la extensa información que maneja y pone a disposición del público. Es una lástima que apenas cite a España y, en contraste con otros países, no se refiera a ella de forma específica y determinada. Por eso me parece tan relevante la excepción, las paginas (1.090-1.094) que  dedica en su última obra, “Capital e ideología”, a Europa, España y Cataluña, tanto más en cuanto que se acaba de celebrar la Diada.

Me van a permitir que esta semana haga simplemente de transmisor de sus opiniones, ya que coincido con ellas y las considero de interés para los lectores, principalmente para aquellos que se sienten de izquierdas, y que tal vez estén predispuestos a aceptar de mejor grado sus palabras que las mías, aunque sea simplemente por el hecho de no ser español. Comienza Piketty manifestando que de todas las encuestas se deduce el hecho de que el independentismo en Cataluña no es transversal. Los partidarios de la secesión se incrementan a medida que aumentan sus ingresos y su nivel cultural.

Según el autor, esta tendencia no tiene por qué aparecer como discordante con la que se presenta en la mayoría de los países europeos en los que la adhesión a la integración europea está en correlación positiva con el nivel de renta y son principalmente las clases modestas las que rechazan en mayor medida la Unión. Y añade Piketty que la razón de esta aparente contradicción es que las clases acomodadas que apoyan la independencia catalana no tienen ningún interés en abandonar Europa. Quieren que Cataluña permanezca en la UE, pero como Estado independiente, de manera que pueda seguir sacando partido de la integración comercial y financiera, conservando, sin embargo, sus propios ingresos fiscales.

No obstante, ya es hora de que a partir de aquí reproduzcamos literalmente las palabras de Piketty:

“No se trata de reducir por entero el nacionalismo catalán a una motivación fiscal. Los factores propiamente culturales y lingüísticos tienen su importancia, así como la memoria histórica del franquismo y lo brusco del poder centralizador madrileño. Pero la autonomía fiscal desempeña un papel central en el caso catalán. Sobre todo, tratándose de una región notablemente más rica que la media española. Es natural pensar que los contribuyentes más acomodados se sientan especialmente exasperados por la idea de que sus impuestos en parte se van a otras regiones. Al contrario, las categorías modestas y medias son por el contrario un poco más sensibles a las virtudes de la solidaridad fiscal y social.

Es importante destacar que, en el aspecto fiscal, España es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con estados federales mucho más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Un sistema de este tipo plantea muchos problemas, en el sentido de que daña la idea misma de solidaridad en el seno del país y termina por enfrentar a las regiones entre ellas, lo que resulta especialmente problemático tratándose de una herramienta como el impuesto sobre la renta que se supone debe reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, al margen de las identidades regionales o profesionales…

En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE. UU. Es el que garantiza, desde su creación en 1913, la progresividad fiscal y el que aplica los tipos impositivos más altos a los tramos superiores de la renta. Tal vez a los contribuyentes acomodados de California (estado que por sí solo está casi tan poblado como España y seis veces más que Cataluña) les habría gustado conservar para sí y para sus hijos la mitad del impuesto federal sobre las rentas más altas, pero nunca lo han conseguido (para ser sinceros nunca lo han intentado seriamente puesto que la sola idea habría sido interpretada como una declaración de guerra de tipo secesionista)

En la República Federal de Alemania, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: los estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de votar tipos impositivos adicionales ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria, independientemente de lo que piensen los contribuyentes bávaros. La lógica de los tipos impositivos adicionales a nivel regional o local no es perniciosa en si misma siempre que sea mensurada. Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España hay ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos.  

Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión calamitosa de la crisis de la zona del euro, sobre todo en perjuicio de España, desde hace décadas, la Unión Europea promueve un modelo de desarrollo basado en la idea de que es posible tenerlo todo: la integración en un gran mercado europeo y mundial, todo sin obligaciones de solidaridad y de financiación de los bienes públicos. En estas condiciones, ¿por qué no probar hacer de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo? De hecho, para muchos independentistas catalanes el proyecto es este, constituyéndose en estado independiente podrán conservar la totalidad ingresos generados en el territorio para desarrollar Cataluña y, si es necesario, reducir los impuestos a los actores económicos que gozan de mayor movilidad para así atraer inversiones a la región-estado (lo que resultaría tanto más fácil cuanto que se habría desembarazado de la solidaridad con el resto de España).

No hay ninguna duda que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal europeo, como es el caso de Estados unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones a nivel federal. Si la parte esencial de los impuestos por las rentas altas catalanas alimentara el presupuesto federal como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico. Para huir de la solidaridad fiscal, habría hecho falta huir de Europa con el riesgo de ser excluido del gran mercado europeo, lo que tendría un coste redhibitorio a ojos de muchos catalanes independentistas.

No digo que el movimiento nacionalista e independentista desapareciera inmediatamente en un sistema así ni que debería desaparecer. Pero se debilitaría mucho y, sobre todo, estaría centrado en las cuestiones culturales, lingüísticas y escolares, que son importantes y complejas, en lugar de centrarse en las cuestiones fiscales y en el enredo de cuentas entre regiones. La crisis catalana, tal como está estructurada, se nos presenta como el síntoma de una Europa que descansa sobre una competitividad generalizada entre territorios y sobre una ausencia absoluta de solidaridad fiscal, que siempre contribuye a acrecentar la lógica del “cada uno por su cuenta”. Constituye otro caso más de la estrecha relación entre el sistema político y las desigualdades entre las fronteras el régimen de propiedad.”  

republica.com 18-9-2020

En el artículo de la semana pasada me refería yo al mundo de apariencias construido por Sánchez y también a la farsa y a la representación en la que desde hace muchísimos años se mueve la Unión Europea (UE). En Pedro Sánchez todo es escena y espectáculo. Coreografía fue su entrada triunfal en el salón del Consejo de Ministros con todo el Gobierno (también los miembros de Podemos e IU) de pie en la puerta aplaudiéndole y vitoreándole, como si se tratase de Sigfrido después de haber matado al dragón. Una escena propia de un régimen caudillista y bananero que se repitió después, unos días más tarde, en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos.

Lo malo es que la sociedad e incluso los medios de comunicación tienen muy mala memoria y nadie consulta la hemeroteca; de lo contrario, recordarían que hace tan solo tres meses Pedro Sánchez se lanzó a reclamar, con la prepotencia que le es habitual, lo que denominó un nuevo Plan Marshall. Su propuesta pasaba por la constitución en la UE de un fondo de un billón y medio de euros financiado por deuda perpetua mutualizada, que se transferiría a los distintos países miembros sin contrapartida y sin devolución, según las necesidades que cada uno de ellos hubiese contraído como consecuencia de la pandemia. Los recursos se asignarían sin condicionalidad alguna. Todo esto tiene poco parecido con lo que al final se ha aprobado. Del proyecto ha desaparecido la deuda perpetua. La cantidad que se concederá a fondo perdido es aproximadamente la cuarta parte (390.000 euros) de lo reclamado y, desde luego, tendrá condicionalidad no solo en la planificación y selección de los proyectos y políticas, sino en su ejecución; incluso se prevé que cualquier gobierno pueda convertirse en vigilante del vecino.

Como se puede apreciar, hay una gran diferencia entre la propuesta y lo conseguido. Sin embargo, se continúa hablando de Plan Marshall, de conquista histórica, de éxito sin precedente y no sé cuántos calificativos más; y todo ello basado únicamente en titulares, rueda de prensa y sin leer la letra pequeña, que en gran medida estará aún por escribir. La gran mayoría de los periodistas, comentaristas y medios de comunicación nacionales han comprado este relato. Unos por vaguería, por sentimiento de rebaño, porque así no hay que adentrarse en las implicaciones y recovecos que tiene el acuerdo. Otros, porque en el fondo se alegran, ya que la ayuda, sea cual sea, implica la intromisión de Bruselas en la política económica española y piensan que la va a condicionar en la línea neoliberal que de hecho impera en Europa. Son los mismos que en tiempos de Rajoy reclamaban insistentemente que el Gobierno pidiese el rescate, y a los que, con buen criterio, este no hizo caso.

Esta representación nacional tiene su correspondencia con ese otro espacio de quimeras que es la UE. Bruselas ha destacado siempre por su capacidad para manejar la publicidad y la propaganda, haciendo pasar los fracasos por éxitos. Desde al menos la firma del Tratado de Maastricht, la UE ha intentado tapar sus ingentes lacras y carencias con parches, que solo le permiten ir tirando, pero que son presentados como pasos de gigante en la buena dirección, como éxitos enormes de la integración. Todo lo más, sin embargo, son muletas que la facultan para continuar arrastrándose, pero sin solucionar en absoluto los problemas de fondo. Los desequilibrios entre los países son cada vez mayores y las contradicciones internas, más profundas. Y, según se ha visto precisamente en la última cumbre, no hay ninguna intención de establecer entre los Estados una verdadera integración presupuestaria y fiscal, complemento necesario del mercado único y de la Unión Monetaria. Incluso a los países que son contribuyentes netos, siguiendo la estela de Gran Bretaña, se les devuelve el dinero.

Triunfalismo y algaradas aparte, lo único que se ha hecho en la última cumbre es salvar los muebles, o al menos intentarlo. Merkel se lo espetó abiertamente al primer ministro holandés: «Si los países del Sur quiebran, caemos todos». La canciller alemana ha sido la verdadera artífice del acuerdo. Muchos se extrañan del papel que ha asumido, enfrentándose incluso con los que son siempre sus aliados, pero hay una razón clara: Merkel es perfectamente consciente de que lo que está en peligro es la propia Unión, tan conveniente para Alemania y para los propios países del Norte y presuponía que la cerrazón de estos podría matar la gallina de los huevos de oro. Es un problema de supervivencia. En realidad, esto es lo único que se ha aprobado en la Cumbre, ese mínimo imprescindible para que el edificio no se desmorone; y, así y todo, dada la imponente debacle económica en la que se van a ver inmersos muchos países, no es seguro que se consiga.

No obstante, la presentación al exterior es muy distinta. Como en todas las ocasiones, se habla de éxito fabuloso, de paso de gigante, incluso de nueva Europa, cuando de nueva no tiene nada y ha quedado patente que continúa anclada en las mismas contradicciones y errores de siempre. Para ponderar la importancia del acuerdo se argumenta que es la primera vez que las transferencias se realizan a fondo perdido, lo cual no es cierto, ya que los Fondos de Cohesión, el FEDER, el Fondo Social Europeo y hasta la propia PAC, gozan de la misma característica. Es verdad que en la pasada crisis todos los rescates se instrumentaron mediante préstamos, pero, precisamente por ello y dado el desmedido nivel de endeudamiento que mantienen los países en el momento actual, los créditos malamente pueden constituir ya una solución. Me temo que tampoco vayan a serlo las transferencias a fondo perdido, si tenemos en cuenta su escasa cuantía.

Para entender lo mucho de superchería que acompaña a la presentación del acuerdo adoptado por el Consejo la semana pasada en Bruselas, no está de más que analicemos el montaje que ha venido rodeando desde el inicio todo lo referente a los Fondos de Cohesión, ya que da la impresión de que va a existir una cierta semejanza entre ambas realidades. También entonces Felipe González, al volver de la ciudad holandesa de Maastricht, agitó con todo el triunfalismo imaginable y a modo de botín los Fondos de Cohesión. Con tal motivo publicaba yo un artículo en el diario El Mundo en el que pretendía desinflar el optimismo del Gobierno y de la política oficial, situándoles ante la realidad de un presupuesto comunitario que se elevaba tan solo al 1,24% (nunca ha sido mayor) del PIB de la UE, porcentaje totalmente discordante con el que mantiene cualquier Estado por liberal que sea, y que demostraba bien a las claras la insuficiencia de los fondos creados para compensar las consecuencias de la integración monetaria que se acababa de realizar.

No obstante, en España se creó un auténtico mantra -que aún perdura- acerca de la ingente cantidad de recursos que se recibían de la UE. La generalización de esta opinión se ha conseguido a base de una campaña publicitaria bien organizada por la Comisión que obligaba a publicitar la marca Europa en todas las obras, infraestructuras, actuaciones etc., financiadas, aunque fuese solo en parte, por el presupuesto comunitario. Bien es verdad que a este objetivo colaboró también una propaganda interna empeñada en cantar las excelencias de la UE, y lo muy positivo que ha resultado para España incorporarse a ella.

Nadie ha puesto sin embargo el acento en el hecho de que España no solo era receptora de fondos sino también contribuyente, con lo que la cantidad a considerar era la posición neta, desde luego muy inferior a la bruta, y que por término medio ha podido ser a lo largo de todos los años anteriores a la ampliación aproximadamente el 1% del PIB. Unos años más, otros menos. Cantidad desde luego insuficiente para compensar el efecto negativo que producen sobre nuestra economía el mercado único y la unidad monetaria.

Por otra parte, las ayudas -al igual que se supone que van a ser las del nuevo Fondo de Recuperación- han sido finalistas. Se forzaba así a los países a invertir en determinados objetivos, no solo por la contribución realizada a la UE, sino incluso por la cofinanciación que se exigía en la mayoría de los proyectos al gobierno nacional. En muchos casos la elección no era la más acertada ni la que más convenía al país, ni la que el país libremente decidía, sino la que iba a contar con la aquiescencia de Bruselas. Eso explica, por ejemplo, el descomunal desarrollo de las infraestructuras, algunas de ellas sin demasiado sentido, en detrimento de los gastos de protección social.

Mucho de lo señalado para los Fondos de Cohesión tiene plena validez para la parte del Fondo de Recuperación que teóricamente se va a transferir a los países a fondo perdido. Pero antes parémonos un instante a considerar la otra parte, aquella que se va a conceder como bajo forma de préstamos. Parece evidente que poco o nada va ayudar en la solución del problema. En los momentos presentes, gracias al BCE, los países no tienen problemas de financiación y los tipos de interés son muy reducidos. El problema está en las enormes cotas que el endeudamiento va a alcanzar en algunos países y estas no se aminoran por el hecho de que los préstamos los facilite la UE en lugar de los mercados. Quizás el alivio sea en todo caso para el BCE que se verá obligado a respaldar en el mercado menor cantidad de deuda pública. Bien es verdad que en compensación a lo mejor deberá sostener los bonos que emita la propia Comisión.

Retornando a la parte del fondo que se transfiera a fondo perdido y ya que se empeñan en hablar de cantidades enormes y mareantes, deberíamos hacer unos sencillos cálculos. Afirman que el monto global va a ser de unos 390.000 millones de euros, de los que a nosotros, según dicen, nos corresponderán alrededor de 72.000 millones. Ciertamente los 390.000 millones no van a llover del cielo, ni van a ser generosamente donados por los países del Norte, aunque eso es lo que ellos quieren hacer creer, sino que de una u otra forma (impuestos comunitarios, préstamos, mayores aportaciones al presupuesto de la UE, etc.) va a recaer sobre todos los países miembros, y se supone que aproximadamente en función de su PIB. El nuestro se situará alrededor del 9 o 10% del de la UE, con lo que deberemos hacernos cargo de alrededor de 39.000 millones. El saldo neto que percibiremos quedará reducido por tanto a 33.000 millones de euros (72-39), que se distribuirá en tres anualidades (2021, 2022, 2023) de 11.000 millones de euros por término medio, aproximadamente el 1% del PIB. A ello habrá que descontar la parte que correspondería a España de las minoraciones que por ejemplo en la PAC y en los Fondos de Cohesión se van a hacer en el marco financiero plurianual 2021-2027, para compensar parcialmente el fondo de reconstrucción.

Por mucho que se quiera vender lo contrario, estas cantidades resultan bastante insignificantes comparadas con las necesidades que por desgracia va a presentar la economía española, según señalan todas las previsiones (20 o 30 puntos sobre el PIB). Necesidades que se van a ir haciendo rápidamente presentes, aun cuando la ministra de Hacienda sea portavoz de todo, menos de la ejecución presupuestaria, y no se facilite ninguna información sobre esta materia.

Los cantores de las excelencias del acuerdo, en su afán laudatorio, proclaman la gran novedad que representa que por primera vez se vaya a mutualizar la deuda. La afirmación no es en sentido estricto exacta, puesto que el endeudamiento necesario para financiar el Fondo de Reconstrucción no lo van firmar sindicadamente los países, sino la Comisión con la garantía del presupuesto comunitario. Sin duda contestarán que para el caso da lo mismo, porque detrás se encuentran todos los Estados miembros, y tendrán razón. Pero entonces no se puede decir que es la primera vez, porque la Comisión ya se había endeudado con anterioridad y con la misma garantía. Y el argumento de que en el fondo son todos los países los que responden sirve exactamente igual para el endeudamiento del MEDE, del SURE e incluso para el pasivo del BCE.

En un sentido si se quiere más laxo, y al mismo tiempo de forma más arcana, la verdadera mutualización de la deuda, y en cantidades más importantes, se está produciendo con las operaciones llamadas de expansión cuantitativa que el BCE, al igual que otros bancos centrales, lleva tiempo ejecutando. Cuando en marzo de 2015 Draghi comenzó esta operación, el balance del BCE era de 2,1 billones de euros; en la actualidad es ya de 6,2 billones, más del 50% del PIB comunitario. El BCE, con su actuación en el mercado, salvó al euro cuando estaba contra las cuerdas, y con las primas de riesgo de Italia y España por encima de 500%, y ha sido su actuación la que ha mantenido viva durante todo este tiempo la Unión Monetaria a pesar de sus contradicciones.

Ante los problemas económicos derivados del Covid-19, el BCE ha sido el primero en reaccionar poniendo sobre la mesa un programa de emergencia (PEPP) de 750.000 millones de euros, ampliado más tarde a 1,35 billones, que ha hecho posible que las primas de riesgo permanezcan relativamente estables. He aquí el verdadero rescate. La pregunta es hasta cuándo podrá el BCE seguir manteniendo al euro en sus contradicciones. El otro día en Bruselas lo que estaba en juego era si se descargaba al BCE, aunque fuese en pequeña medida, de tan pesada carga. De ahí la postura de Merkel. No se rescataba a Italia o a España, sino al BCE. Por eso resultan tan ridículas las peroratas de los botafumeiros de Europa; y más que ridícula, hiriente, teniendo en cuanta lo mal que lo van a pasar muchos españoles, la entrada triunfal de Pedro Sánchez al Consejo de Ministros y al Parlamento. Le faltó hacerlo bajo palio.  

republica.com 31-7-2020

Hay que admirar en Tezanos su capacidad de sacrificio por la causa. Al final de su carrera no le importa ser el hazmerreir de toda la profesión y de los medios de comunicación social con tal de prestar un servicio a su señorito. Lo cierto es que el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se ha convertido en el prototipo y estandarte del régimen sanchista. Que la realidad no te estropee un buen reportaje o una buena encuesta, que para el caso es igual. El «parecer» es más importante que el «ser». El sanchismo es una permanente enmienda a la realidad. Así, con 85 diputados Sánchez llegó a ser presidente del gobierno.

Es verdad que la realidad termina imponiéndose a la representación, pero mientras esta permanece produce sus frutos. Incluso hay ocasiones en las que las apariencias logran modificar la realidad. En eso es en lo que confía Sánchez. Le está sirviendo en la política interior. Desde hace cinco años viene construyendo una farsa que sustituye a lo existente y en la que se mueve como pez en el agua. Pero es difícil que esa misma estrategia le sirva en el campo económico, y más dudoso aún que dé resultados en la política exterior con Europa.  En economía la realidad es tronca y mostrenca y, por un medio o por otro, termina imponiéndose, y en Europa funciona otra representación teatral, cuyos hilos Sánchez, mal que le pese, no controla.

Desde el Gobierno, hace semanas, se lanzó el rumor de que íbamos a conquistar los organismos internacionales. Colocaríamos supuestamente a Calviño al frente del Eurogrupo, a González Laya en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a Pedro Duque en la Agencia Espacial Europea (ESA). Los medios se lo tomaron tan en serio que comenzaron a hablar de crisis de gobierno orientada a la sustitución de los candidatos. Es más, se apresuraron a sumar al cambio, el cargo de portavoz, ya que en esa función -según decían- la actual titular estaba muy desgastada.

De todo ello, lo único que parece tener visos de realidad es esto último. Porque si la pretensión de Pedro Sánchez era colocar de portavoz a alguien que a base de palabrería marease al personal, eludiendo cualquier pregunta, creo que lo ha conseguido, hasta el extremo de que en el momento actual nadie le haga ya caso. Sustituirla parece una necesidad. De esa manera, además, podrá asumir el papel de portavoz de las cuentas públicas, que es el que le corresponde. Se están perdiendo todas las buenas costumbres democráticas, entre ellas la de que el Ministerio de Hacienda comparezca mensualmente para dar cuentas del déficit, de los ingresos y de los gastos públicos.

Todos los demás cambios eran mera apariencia. González Laya se retiró enseguida de la carrera; Pedro Duque ni siquiera ha entrado en ella y ya hemos visto cómo ha terminado lo de Calviño. Mucha culpa la tienen los medios de comunicación que compran todas las representaciones del Gobierno, e incluso están dispuestos a hinchar y agrandar el montaje. En el caso de Calviño inflaron tanto el cargo como la cualificación de la candidata. El cargo es de representación más que de autoridad y eficacia. Es de relumbrón, de oropel, pero sin poder y sin apenas capacidad de influencia. De ahí que el puesto no exista de forma independiente, sino unido al de ministro de Economía o de Finanzas de algún país de la Eurozona. Su papel es el de mero coordinador de los restantes miembros del Eurogrupo. Su función, en todo caso, intentar que lleguen a acuerdos por unanimidad los representantes de diecinueve países muy distintos entre sí.

Es esa misma característica del cargo la que me hace dudar de si en las circunstanciales actuales el nombramiento hubiera sido conveniente para España. Su estatus, un poco de mediador y hombre bueno, dificulta la firmeza y rigidez a la hora de defender los intereses del país de pertenencia. De lo que no cabe duda es de que hubiera sido bueno para Sánchez, y por eso estaba vendiendo la pieza antes de cazarla, ya que hubiéramos tenido que escucharle lo importante que era este Gobierno, y él como presidente, al conseguir para un español un cargo tan significativo en Europa.

En realidad, el caso es similar al nombramiento de Borrell como Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (lo que coloquialmente se denomina Mister Pesc). El presidente del Gobierno se vanaglorió cumplidamente de ello, pero es dudoso que constituyese un gran triunfo para España. El cargo de Mister Pesc tiene más apariencia que realidad. La Unión Europea, y más concretamente la Comisión, carece casi por completo de competencias en política exterior y de defensa, con lo que el puesto, por más que se le quiera revestir de boato y esplendor, no goza de demasiado poder e influencia. El nombramiento de un español ha excluido la posibilidad de que nuestro país pudiese nombrar otro comisario en un puesto que poseyera más relevancia para los intereses españoles, tales como el de Economía o el de la Competencia.

Los medios de comunicación no solo inflaron la trascendencia del cargo de presidente del Eurogrupo, sino la cualificación e idoneidad de la candidata. Frente a la acusación vertida, para autojustificarse, por el nacionalismo periférico acerca del nacionalismo español, tengo por cierto que si de algún mal adolecen mayoritariamente los españoles no es el del nacionalismo sino el del complejo de inferioridad. Eso hace que consideremos excelente todo lo que proviene de allende los Pirineos y sobrevaloremos, por ejemplo, la burocracia de Bruselas y a todo el que haya ocupado un puesto en ella. La verdad es que en lo único que sobresalen es en el sueldo. La buena prensa de Calviño proviene además de la confluencia de dos tendencias: la de los sanchistas porque están abocados a defender a todos los que forman este Ejecutivo, y la de los detractores del Gobierno, que juzgan que Calviño constituye la única barricada frente a lo que consideran aberraciones de otros ministros.

El nombramiento en un cargo de este tipo, cien por cien político, no depende de la preparación personal del candidato, sino de la relevancia y el papel que juega el gobierno del que es ministro y de los distintos intereses enfrentados. La cualificación de Calviño no venía dada por haber sido directora general de Presupuesto en la Comisión (bien poca cosa por otra parte), sino por ser ministra de Economía de un gobierno español (aunque sea Frankenstein e hipotecado a los golpistas). Bien lo sabía ella que no tuvo ningún reparo en dar el salto de Bruselas a Madrid. Era consciente de que constituía una buena forma de medrar en su carrera profesional. Pero por eso mismo la no designación fue ante todo una bofetada a Pedro Sánchez y una manera de frenarle en seco. Le rompió su mundo de apariencias, y le hizo ver que existía otro espacio, quizás también de apariencias, pero que él no controlaba.

El bofetón le lanzó a un peregrinaje mendicante por las cancillerías europeas. A cada uno lo suyo. La responsabilidad de asumir este papel de pedigüeño no es desde luego, ni siquiera en la parte más importante, de Sánchez. Es de aquellos que firmaron el Tratado de Maastricht creando una unión monetaria, sin establecer al mismo tiempo un presupuesto comunitario con entidad suficiente para compensar los desequilibrios que el mercado único y la moneda única crean. La aceptación de esa anomalía es la causa de que los países del Sur tengan ahora que ir mendigando, pidiendo como dádivas, lo que les correspondería en justicia por el simple juego redistributivo de una política fiscal y presupuestaria común, como la que mantiene cualquier unión política, por liberal que sea.

Pedro Sánchez, en esa ronda de rogativas, tuvo que escuchar del primer ministro holandés, Mark Rutte, la impertinencia de que «vosotros tenéis que encontrar la solución dentro de España y no en la Unión Europea». Impertinencia, porque el reproche sería lógico si la Unión Europea no existiese, y Holanda no pudiese hacer dumping fiscal, ya que España y el resto de países tendrían la capacidad de adoptar medidas de control de capitales. La crítica tendría coherencia si no tuviésemos que mantener obligatoriamente el mismo tipo de cambio que Alemania u Holanda, lo que beneficia a esas naciones, y les permite aprovecharse de unos superávits respectivos en sus balanzas de pago por cuenta corriente del 7% y del 10%, respectivamente. Estos superávits crean empleo en estos Estados y lo destruyen en el resto de la Unión.

Ha sido una impertinencia, pero le mostró a Sánchez el montaje de la Unión Europea y le debería haberle devuelto a la realidad y sacado del mundo de apariencias, en el que hasta ahora se ha movido, soñando con un espejismo, la creencia de que en esta ocasión la Unión Europea se comportaría de manera distinta, solo por el hecho de que él era el gran Pedro Sánchez. Su entrada triunfal en el Consejo afirmando que nos encontramos en un momento histórico indica bien a las claras hasta qué punto continuaba en la representación, y en la que iba a mantenerse después del acuerdo.  Para Sánchez todo lo que le rodea son momentos históricos. Debe ser, no obstante, un tic que se le ha pegado a todo el mundo en España y fuera de España. Es un clamor generalizado, se califica el acuerdo de momento histórico. Pero el “hoy” tiene poco de momento histórico, como no sea que nos muestra una vez más que la historia se repite. Desde hace treinta años la Unión permanece en los mismos errores.

La Unión Europea también crea su propia representación y farsa, igualmente vive de las apariencias. Nos quiere hacer creer que constituye una unión política cuando en realidad no es más que un haz de Estados heterogéneos, lleno de desequilibrios y contradicciones, y unido tan solo por intereses financieros y mercantiles. No deja de ser la Europa del capital y de los mercaderes. Anuncian como un gran triunfo e importante novedad que se van a conceder transferencias a fondo perdido, pero no hay ninguna originalidad en el invento. Los recursos traspasados por el FEDER y los fondos de cohesión también lo son. El problema radica, hoy como ayer, en su escasa cuantía, en comparación con las transferencias que se llevarían a cabo de unos países a otros como resultado de una Hacienda Publica Común, lógica compensación de las transferencias que se producen a la inversa, de una forma velada pero no menos real, mediante el mercado único y el mantenimiento de una misma moneda y como consecuencia indefectible de un mismo tipo de cambio.

El problema consiste también en que tanto hoy como ayer los recursos se transfieren como dádivas de los países ricos y no como el justo resarcimiento de los beneficios que estos obtienen de la Unión, y como el resultado de la acción fiscal de cualquier Estado, complemento de su unión mercantil y monetaria. Conviene señalar además que los fondos ni caen del cielo ni provienen solo de un grupo de países (los ricos), sino que todos los miembros contribuyen, y normalmente en función del PIB. En el caso de países grandes como España la contribución es considerable. No tiene sentido ni ahora ni entonces hablar de cantidades brutas. Las netas son mucho menos llamativas.

Pero, por encima de todo, el problema reside en que en la Unión Europea existe un profundo déficit democrático y en que, como siempre sucede, la regla de la unanimidad se convierte en la tiranía de las minorías y cualquier país por pequeño que sea y por muchos defectos que se den en sus estructuras económicas y democráticas se cree en el derecho de erigirse en guardián de la ortodoxia y en el de establecer una especie de protectorado sobre otra serie de países, dictándoles la política que deben seguir. Lo más grave es que hay españoles (políticos, periodistas, empresarios, etc.) que aplauden. Su repulsa del Gobierno y la prevención hacia sus actuaciones les conducen a desear que vengan de fuera a gobernarnos. El afrancesamiento parece que permanece en nuestro imaginario patrio. Es comprensible que un gobierno Frankenstein no despierte mucho entusiasmo y confianza, pero la democracia es la democracia; las reglas de juego son las reglas de juego. Y, además, la Unión Europea y países como Holanda generan aún más prevención y desasosiego.

republica.com 24-7-2020

El 13 de enero de 1993 en un artículo en el periódico El Mundo me refería a una conferencia pronunciada por Milton Friedman en la Universidad de Londres, y que junto con otros trabajos había publicado en castellano la editorial Gedisa, en la que el premio Nobel relataba cómo al colaborar en un libro sobre la historia monetaria de los Estados Unidos se vio obligado a leer medio siglo de informes del Banco de la Reserva Federal. Afirmaba que el único elemento que hizo más liviana esa tarea ingrata y pesada fue la oscilación cíclica que estos informes atribuían a la importancia y efectividad de la política monetaria. En los años buenos se decía: «Gracias a la excelente política monetaria de la Reserva Federal…»; en los años malos, por el contrario, se afirmaba: «Pese a la excelente política de la Reserva Federal…». Y luego se insistía en las limitaciones de la política monetaria y en la influencia y potencialidad de otros factores, por supuesto negativos, y de otras políticas incompetentes.

Seguro -apostillaba yo en el citado artículo- que algo parecido le sucedería al estudioso español que quisiera bucear en los informes del Banco de España (BE) y consultar en las hemerotecas las declaraciones de sus responsables. La política monetaria ha funcionado siempre de manera perfecta, las culpas han debido buscarse en otras instancias: el déficit y el gasto público, los salarios, la actuación de los sindicatos, etcétera. La verdad -continuaba yo señalando entonces- es que soy de los que piensan que la política monetaria puede arreglar pocas cosas, pero puede destruir muchas. Es sumamente potente cuando se trata de restringir la demanda, desacelerar el crecimiento económico y sumir a la economía en la recesión y el desempleo; incluso puede conseguir, a base de matar al enfermo, un cierto alivio de dolencias tales como la inflación o el déficit comercial, pero resulta bastante inoperante cuando pretende reactivar la economía. «Se puede conducir al caballo al abrevadero, pero no se le puede obligar a que beba». «La política monetaria es como una soga, sirve para arrastrar, pero es incapaz de retornar el objeto al punto de partida». La historia económica de todos los países está plagada de situaciones en las que una política monetaria restrictiva -no sé por qué, pero las políticas monetarias siempre tienen una finalidad restrictiva- ha originado efectos desastrosos, y salir de la crisis solo ha sido posible tras muchos años de sacrificios y después de pagar un alto coste, tanto en forma de menor crecimiento como en aumento de desempleo. Es relativamente fácil deprimir una economía, pero mucho más difícil reactivarla.

Desde que escribí aquel artículo, no solo han transcurrido más de 25 años, sino que ha pasado mucha agua bajo el puente, como afirma el pianista de la película Casablanca. El BE acaba de presentar su informe económico anual referente al año 2019. Pero esta institución ya no maneja la política monetaria, puesto que España carece de moneda propia, y ahora paradójicamente los bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo (BCE), no han tenido más remedio que pasarse a las políticas expansivas. Bien es verdad que en Europa continúa habiendo muchas reticencias tanto por parte del Bundesbank como por parte de los bancos centrales de otros países del Norte, ante esta forma de actuar de los institutos emisores.

Si hace 25 años, bajo el paraguas de los criterios de convergencia y la presión de Alemania, la tiranía de la política monetaria se imponía restringiendo el crecimiento económico, a partir de la crisis de 2008 las cosas cambian. El BCE, para salvar el euro, y ante la pasividad del resto de las instituciones, se ha visto forzado a practicar una política monetaria expansiva, y a terminar financiando a la mayoría de los Estados, rompiendo así, aun cuando no se quiera reconocer, las limitaciones de las que se le había revestido desde su creación.

La crisis del 2008 demostró el contrasentido que se escondía tras uno de los dogmas básicos en los que se había asentado la Unión Monetaria, el de la prohibición de que el BCE financiase a los Estados miembros. Muy pronto se hizo evidente que los Estados están indefensos ante unos mercados globalizados, si no tienen detrás un banco central que les respalde. La inestabilidad financiera de los países podría hacer tambalear la propia viabilidad de la Unión Monetaria.

La crisis del Covid-19 va a poner en solfa otro de los principios esenciales del credo comunitario: el rechazo a las ayudas de Estado, la prohibición de que los países puedan auxiliar a sus empresas, violando así la libre concurrencia. Alemania ha destinado ya más de un billón de euros a sanear sus corporaciones, y quizas aquí se encuentre el origen y el destino del fondo europeo de recuperación planteado por la Comisión. Origen porque, tal vez, surge de la convicción de que un mercado único no puede funcionar si unas empresas reciben dinero público porque pertenecen a países pudientes, y otras no porque están ligadas a naciones con dificultades presupuestarias. Y destino porque será seguramente a sanear empresas a lo que se dirija el dinero comunitario.

Pero volvamos al informe del BE de este año. Su importancia radica, a mi entender, en que su gobernador, Hernández de Cox, pertenece al consejo del BCE y sus palabras (al igual que las manifestaciones ocasionales de Guindos en la prensa) pueden darnos importantes pistas acerca de cuál va ser la postura del BCE en la crisis, postura que conviene tener muy en cuenta ya que la estabilidad económica de España -como la de casi todos los otros países del Sur- va a depender más que nada del comportamiento de dicha institución.

Si algo dejó claro el señor Hernández de Cox es que se prevé que las finanzas españolas acumulen un fuerte incremento del endeudamiento público, sin que de sus palabras parezca desprenderse que las ayudas europeas vayan a aliviar lo más mínimo la situación. Evidentemente, los recursos que provengan de Europa como préstamos se computarán como deuda pública. Pero y ¿las tan cacareadas transferencias a fondo perdido? Claramente no incrementarán la deuda, pero me temo que, sean muchas o pocas, van a orientarse a otros menesteres distintos de financiar los gastos de las administraciones públicas, y que en su mayoría se concederán condicionadas a las ayudas de Estado a las que me he referido antes.

Del informe y de las palabras del gobernador, se desprenden claramente también las dos etapas en las que pretenden dividir la crisis. Una primera época en la que el sector público tiene que asumir una política expansiva, más gasto, más subvenciones, más prestaciones, menos impuestos, etc. Se trata, según se dice, de salvar la economía, época durante la cual el endeudamiento público alcanzará, de acuerdo con distintas hipótesis, cuantías diferentes, pero todas ellas cifras astronómicas. Una segunda etapa que eufemísticamente se denomina de estabilización, consistirá en aplicar lisa y llanamente una política fiscal fuertemente restrictiva.

Que nadie se llame a engaño, ni piense que la política de austeridad es cosa del pasado. En realidad, el proceso que se planteó en la crisis de 2008 no difiere del planteamiento actual. También entonces se configuraron dos etapas (más que configurar o planificar, se produjeron de hecho), aunque los que han quedado marcados en el imaginario popular han sido únicamente los ajustes y los recortes de la segunda. Hay que recordar, no obstante, que estos no comenzaron hasta 2010 y que estuvieron precedidos durante dos años por de medidas expansivas de escaso éxito y que después todo el mundo ha afirmado que fueron contraproducentes.

Por recordar algunos hitos destacados. En agosto de 2008 el Gobierno de Zapatero aprueba 24 medidas aplicables a los sectores de la vivienda, el transporte, la energía, las telecomunicaciones, el medio ambiente y la financiación de las PYME. A finales de noviembre, se anuncia de nuevo un plan urgente para la reactivación de la economía dotado con 11.000 millones de euros, un 1,1 % del PIB, con el que se espera conseguir la creación de 300.000 puestos de trabajo durante 2009. En enero de 2009 se presenta el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, conocido como Plan E, por un coste del 2,3% del PIB. Todas estas iniciativas no tuvieron ningún rechazo en su momento en la Unión Europea; ni en el resto de organismos internacionales, más bien las aconsejaban. Sin embargo, sus resultados en el erario público sirvieron más tarde de argumento para imponer los ajustes de 2010 y años posteriores.

El Gobierno actual, oposición, representantes empresariales y sindicales no deberían desdeñar la enseñanza de la historia, ni olvidar que estamos en la Unión Monetaria y que nuestra soberanía está en extremo limitada, por una parte, por la libre circulación de mercancías y capitales y, por otra y principalmente, por la carencia de moneda propia. Queramos o no, nuestro nivel de endeudamiento nos va a dejar más que nunca en manos del BCE y conviene que no nos equivoquemos, los mandatarios de la Unión Europea y los halcones del Norte no se van a mover por fotos más o menos idílicas de concordia entre gobierno, patronal y sindicatos, sino por sus propios intereses. Nos ayudarán en la medida que sea imprescindible para la estabilidad de la Unión y, sin duda, estableciendo condiciones.

El Ejecutivo y los agentes sociales tendrían que ser por ello, en los momentos actuales, mucho más cautos a la hora de plantear los gastos o las rebajas de impuestos; no sea que comprobemos más tarde que, por intentar salvar lo insalvable, nos vemos obligados a acometer medidas muy punitivas tanto para la economía como para los ciudadanos. Con el argumento de que hay que ayudar a las empresas, son múltiples las actuaciones que el Gobierno está llevando a cabo que sin duda van a representar una enorme carga para el erario público. En economía nada es gratuito y todo tiene su coste de oportunidad. No sé si se están midiendo adecuadamente las necesidades y el coste beneficio.

Me temo que Podemos y la Izquierda Unida de Garzón van a descubrir las limitaciones que impone pertenecer a la Unión Monetaria, y lo que significa gobernar en estas circunstancias. Casado, por su parte, debería olvidar ese latiguillo de que hay que bajar los impuestos, y acordarse de lo que tuvo que hacer Montoro, en contra de todas sus convicciones. Constatará que la cosa no va a ir de bajarlos sino de subirlos. Y nuestro ínclito presidente de Gobierno quizás se entere, aunque a lo mejor no, de que la reforma fiscal que se precisa para garantizar la economía del bienestar es algo más que subir la tributación a las grandes corporaciones. Esa reforma fiscal que tal vez sea imposible aplicar, dadas las condiciones actuales en la Unión Europea. Posiblemente, merezca la pena hablar de ella la próxima semana.  

republica.com 10-7-2020

Hace unos días, Macron y Merkel nos sorprendieron firmando un documento por el que proponían al resto de los países miembros constituir un fondo de 500.000 millones de euros de cara a solucionar los problemas derivados de la pandemia en Europa. Aun cuando el escrito mantiene abierto todo tipo de interrogantes, ambos mandatarios han tenido buen cuidado de que quedasen claros dos aspectos que preveían que iban a impactar considerablemente en la opinión pública europea. El primero, que optaban, al menos parcialmente, por el modelo de transferencias a fondo perdido frente al régimen de créditos. El segundo es consecuencia del primero. Puesto que no se va a pedir el reembolso a los países beneficiarios, la financiación tiene que ser comunitaria mediante bonos europeos. Ni que decir tiene que todos los medios de comunicación, por supuesto los de España, han saludado la medida como un gran avance. Yo, desde luego, sería mucho más cauto.

La UE y las fuerzas políticas y económicas que se mueven tras bambalinas tienen un enorme poder de comunicación y propaganda, y los ciudadanos, especialmente los de los países del Sur, una capacidad ingente de credulidad. La Unión Monetaria nació perniquebrada en el Tratado de Maastricht, sin integración fiscal y con medios redistributivos totalmente insuficientes. Desde entonces hay quien pretende convencernos de que después de la moneda única se producirá la unificación de todos los otros aspectos, especialmente los presupuestarios, que compensen las desigualdades y los desequilibrios creados por el mercado único y la unión financiera y monetaria. Lo cierto es que, en treinta años y digan lo que digan, no se ha producido ni un solo avance en la materia.

En muchas ocasiones se han hecho grandes proclamas vendiendo tales y cuales hechos como pasos de gigante hacia esa constitución de los Estados unidos de Europa. Pero a la larga todo queda en farfolla, en hojarasca, abortado por el camino. Pasan los años sin llegar a nada consistente. Los países del Norte no ceden ni un ápice, y en cierta forma es comprensible, si no se les exigió en su momento al constituirse la Unión Monetaria, ¿por qué iban a ceder ahora?

Alemania -léase Merkel- es una artista en el enredo. Cuando se encuentra contra las cuerdas parece que asiente, pero se las agencia para que sean sus socios más duros (Holanda, Austria, Finlandia, etc.) los que torpedeen la propuesta o la aminoren hasta hacerla inofensiva. En todo caso, los temas se van posponiendo, y quedan en punto muerto. En esta ocasión, Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca se han posicionado ya en contra. Cabe la duda de si Merkel contaba con ello, y una vez más juega al policía malo y policía bueno. La canciller alemana ha dado muestras de tener una gran cintura. Sabe que, en determinados momentos, si se quiere salvar la Unión Monetaria -y no tiene dudas de que es muy beneficiosa para Alemania-, hay que dar al menos la apariencia de que se cede, y ganar tiempo. Ya lo ha hecho en otras ocasiones.

En la Cumbre de junio del 2012, el ortodoxo Monti, que había sido impuesto por Bruselas y Berlín al frente del Gobierno italiano, se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aceptaba que fuese la Unión Monetaria la que asumiese el coste del saneamiento de los bancos con problemas. Rajoy se adhirió al instante, al estar España inmersa en una crisis bancaria de envergadura, y Hollande, aunque de forma más tibia, se sumó también a la iniciativa. Merkel tuvo que recular y aceptar en principio la propuesta, pero la condicionó a que antes Bruselas asumiese las funciones de supervisión, liquidación y resolución de las entidades financieras. La canciller alemana ganaba astutamente tiempo. Con el paso del tiempo las cosas siempre se desdibujan.

Se creaba así lo que se conoce como la Unión Bancaria. Pero ello no impedía que las haciendas tanto de España como de Irlanda tuvieran que hacerse cargo del saneamiento de sus propios bancos. La Unión Europea se arrogó las competencias señaladas anteriormente, pero el gasto no se socializó, ni siquiera mediante un fondo de garantía de depósitos comunitario. Las quiebras de los dos últimos bancos, el Popular y el Veneto, lo indican claramente. Fueron los españoles y los italianos (respectivamente) los que corrieron con el coste de la juerga y, además, con soluciones distintas, los accionistas, en el caso de España; los contribuyentes, en el caso de Italia (ver mi artículo del 6 de julio de 2017).  

En junio de 2018, Merkel y Macron, reunidos en Meseberg, Alemania, pactan la creación de un presupuesto de la Eurozona. En apariencia, el acuerdo era totalmente revolucionario. Daba la impresión que corregía el error de fondo de Maastricht. Completar la Unión Monetaria con la Unión Presupuestaria. Todo ha sido teatro. Brindis a la galería. Merkel se ha llevado a Macron al huerto y el resultado ha consistido en un fondo (más bien fondillo) que no soluciona nada. No se le dota de recursos nuevos, sino que se incorpora al Marco Financiero Plurianual 2021-2027, y por una cuantía ridícula, 13.000 millones de euros, el 0,01 del PIB de la Eurozona (ver mi artículo del 27 de junio de 2019). Ni siquiera se establece un seguro de desempleo comunitario. El SURE creado por la Comisión posteriormente no tiene nada que ver con ello, puesto que no se produce ninguna socialización del gasto. Se reduce a ser un simple mecanismo prestamista para conceder créditos a los países que tienen problemas con el paro.

En los momentos actuales, la presión sobre Alemania y demás países del Norte es fuerte. La crisis sanitaria va a afectar, en mayor o menor medida, a todos los Estados. Tres de los cuatro más grandes de la Eurozona (Italia, España y Francia), seguidos de otros de menor tamaño, se han pronunciado a favor de los eurobonos y de las transferencias a fondo perdido. Hace aproximadamente quince días el Parlamento europeo aprobó de forma casi unánime una declaración elaborada con mucha firmeza acerca de la necesidad de que la Unión Europea diese una respuesta adecuada a los problemas económicos derivados de la pandemia. Llegó a fijar la cantidad en dos billones de euros, y además dio un cachete a la Comisión, rechazando el uso de trucos contables y, más concretamente, la multiplicación de las cantidades por medio del apalancamiento en la inversión privada. Una crítica velada (y no tan velada) al plan de inversiones de Juncker que, en buena medida, quedó reducido a humo. Las cantidades se multiplican por obra y gracia de la ingeniería financiera.

El acuerdo del 18 de mayo pasado de Macron y Merkel deja muchos interrogantes sobre la mesa, pero la canciller alemana ha hecho algunas precisiones que inducen a la sospecha de si, dadas las presiones existentes, no ha considerado conveniente ponerse al frente de la manifestación para conducirla por donde le interesa. Ha dejado claro que todo este fondo deberá incardinarse dentro de la estructura presupuestaria de la UE y modificando los reglamentos que sea preciso. A nadie se le oculta que, vista su insignificante cuantía, el presupuesto se convierte en un traje excesivamente estrecho y elevar su monto, un camino intrincado y proclive a que los países del Norte pongan toda clase de impedimentos. A su vez, la modificación de los tratados con 27 miembros supone adentrarnos en un laberinto de difícil salida.

Alemania en estos momentos presenta además un flaco débil frente a los otros países: las ayudas de Estado concedidas a sus empresas con motivo de la crisis sanitaria. Uno de los principios que parecían inamovibles en Europa era la condena de toda actuación de los gobiernos tendente a intervenir económicamente en las empresas nacionales. La Comisión ha tenido sumo cuidado en perseguir cualquier práctica en este sentido. La razón es clara, violenta el mercado único, distorsionando la competencia, ya que prima a unas empresas frente a otras. Curiosamente, nunca se ha prestado la misma diligencia en perseguir la falsificación de la concurrencia introducida por las ventajas fiscales concedidas por los distintos países.

Los principios europeos duran en tanto en cuanto no afecten negativamente a los intereses de Alemania o Francia; por eso este dogma se ha venido al suelo en cuanto que, como consecuencia de la crisis económica que sigue a la sanitaria, estos países se han visto en la tesitura de auxiliar a sus empresas y evitar que puedan ser compradas a precios de ganga por sociedades extranjeras. Con este motivo, la Comisión ha aprobado hasta ahora alrededor de ciento veinte solicitudes gubernamentales de ayudas de Estado: subvenciones, préstamos, avales, etc., por importe de dos billones de euros. Lo de aprobar es en cierto modo un eufemismo, porque tanto Alemania como Francia ya se habían tomado la justicia por su mano y no habían esperado a tener la aprobación de Bruselas para intervenir económicamente en las empresas.

Las ayudas de Estado aprobadas se han distribuido de forma totalmente desigual. Alemania, con el 25% de la renta de la UE, ha concedido el 52% del total, seguida a mucha distancia por Francia e Italia (con el 17 y el 15%, respectivamente). El resto de los países han participado en porcentajes muy reducidos. Es palmario que tal situación constituye un torpedo bajo la línea de flotación del mercado único. Se rompe uno de los dogmas que se consideraban intocables y sobre los que se había basado la construcción europea, esto es, la libre competencia y el rechazo de cualquier intervención estatal que pudiera distorsionar el mercado. El hecho de que unos países tengan capacidad para intervenir en sus empresas, y otros no, crea una situación difícil de justificar, tanto más cuanto que la causa de esa desigualdad radica en la moneda única y el mantenimiento obligatorio de todos los países en el mismo tipo de cambio.   

No es de extrañar, por tanto, que todo esto haya influido en la canciller alemana y le haya hecho ver que no es buena táctica mantener una postura de cierre total frente a las peticiones de los países del Sur; que resulta más político, como otras veces, aparentar que se cede en algo y reconducir esas reclamaciones a un pantano sin salida. Se intuye que las ayudas de Estado estaban presentes tanto en la mente de Macron como en la de Merkel  a partir de ciertas insinuaciones que se hacen en el acuerdo acerca de la finalidad de los recursos: mantenimiento de la soberanía económica e industrial, reserva común de productos estratégicos a efectos de reducir la dependencia exterior, control de la inversión en las empresas europeas, etc. Todo ello apunta a las ayudas de Estado y a la intervención económica en las empresas nacionales. Merkel no da puntada sin hilo. Pronto descubriremos qué se esconde tras ese giro tan espectacular de Alemania.

La Comisión, a su vez, ha presentado este miércoles pasado su plan. Como no podía ser de otra manera, en la misma línea del acuerdo de Merkel y Macron. Con una cifra global un poco más abultada (750.000 millones de euros); supongo que con la intención de dar ocasión a los halcones del Norte para rebajarla. De nuevo, la prensa nacional ha acogido el anuncio con inmenso júbilo, pero, también como siempre, de forma un tanto cándida. El camino que queda por delante es arduo e incierto. Ha de recibir el visto bueno del Consejo, que debe aprobarlo por unanimidad. Y, como se ha indicado más arriba, tenemos la experiencia de otras muchas veces en las que, tras anuncios efectistas, solo hemos encontrado aire.

republica.com 29-5-2020

No sé si será el sistema de primarias por el que fue elegido o la propia idiosincrasia de Pedro Sánchez la que le conduce a la grandilocuencia, a la farfolla y al postureo. Caudillismo e ideas imperiales. En seguida hizo gala de ello, desde sus primeras andanzas, allá por 2016, en ese pacto que con gran boato firmó con Rivera, en la sala constitucional, la más solemne de las Cortes, bajo el retrato de los siete padres de la Constitución. El pacto, desde luego, no tenía ningún recorrido, un disparo al aire, mera traca, aunque insistieron una y otra vez que había llegado para quedarse, que tenía vocación de permanencia; sería tan sola la vocación. Lo llamaron también “para un gobierno de progreso”. En Sánchez todo se denomina “de progreso”, quizás por aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces.

Como no podía ser menos, en su enfoque de la epidemia ha seguido los mismos criterios. La incompetencia, los muchos errores e incluso determinados intereses bastardos se esconden en la prosopopeya, en los comités, en ruedas de prensa que son más bien homilías, en liturgia puramente ritual carente de contenido y de efectividad. De cara al futuro actúa de idéntica manera. Se propone repetir unos Pactos de la Moncloa sin saber muy bien en qué consistieron los originales, y mucho menos qué es lo que se pretende con los nuevos. Se habla de un pacto para la reconstrucción de España, pero digo yo que sería mejor un pacto para evitar la destrucción.

Tras los pactos de la Moncloa viene lo del Plan Marshall. Solo que ahora el terreno de juego es la Unión Europea y ahí el partido es más difícil, porque para cáscara sin contenido ya esta Europa, y si Sánchez es el de las grandes ideas, la Unión Europea es la de las grandes esperas. Nadie como Merkel y sus satelites para lanzar balones fuera. Total, que las egregias ideas y los excelsos planes de Sánchez quedan siempre para la próxima reunión. Hoy no se fía, mañana sí. En honor de la verdad este es el menor pecado del actual secretario general del PSOE, pues no solo le ha ocurrido a él, sino también a casi todos los presidentes de gobierno que le han precedido, incluso les sucede a muchos mandatarios extranjeros, como en el momento presente al presidente francés o al italiano.

En la última cumbre, celebrada el pasado 24 de abril, se ha desechado una vez más la idea de los eurobonos, que tan arduamente defendieron tanto el primer ministro italiano como el presidente español. Tan solo se han aprobado precisamente aquellos mecanismos que tanto Italia como España habían rechazado en la cumbre anterior por insuficientes. Todo se reduce a préstamos, con lo que no se soluciona absolutamente nada, puesto que incrementarán el endeudamiento ya estratosférico de ambos países, y en el fondo tendrá el mismo efecto que si se financiasen directamente en los mercados.

La cantidad se ha reducido a 500.000 millones (en la cumbre pasada se hablaba de 750.000). En la Unión Europea todas las cantidades son engañosas y terminan teniendo trampa. En este caso la cifra se desglosa en 200.000 millones de euros en avales del Banco Europeo de Inversiones orientado a las empresas en crisis, 100.000 millones del fondo denominado «Apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia» –Support mitigating Unemployment Risks in Emergency (SURE)-, que aportaría la Comisión y 200.000 millones del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Con el SURE conviene no equivocarse. No se trata del germen de ningún seguro de desempleo comunitario, como alguna vez se nos ha intentado vender, y que tan a menudo ha reclamado Sánchez, sin ningún éxito, por supuesto. Nunca se constituirá. No hay ninguna socialización del gasto. Es un simple mecanismo para prestar (es lo único a lo que está dispuesta la UE, prestar) a los Estados miembros necesitados de financiación para acometer lo que la Comisión llama «regímenes de reducción del tiempo de trabajo», para entendernos nuestros «expedientes de regulación temporal de empleo» (ERTE). Parece que no es un invento español del que nos podamos sentir orgullosos, tal como pretendía la ministra de Trabajo.

El MEDE es de sobra conocido y de triste memoria por los hombres de negro y por los rescates, que tanto daño hicieron a ciertos países en la pasada crisis. Se afirma que en esta ocasión el recurso a este fondo se realizaría sin condiciones, pero la redacción es lo suficientemente ambigua como para que después quepan todas las interpretaciones. En cualquier caso, existe ya una condición y es que los recursos tengan que orientarse forzosamente al gasto sanitario. No diré yo que España no tenga que dedicar una parte mayor del presupuesto a la sanidad pública. La epidemia ha dejado bien claro el déficit que existe en esta área, pero en los momentos actuales, una vez pasada la punta de la epidemia, otras van a ser las necesidades más apremiantes.

Por otra parte, el recurso al MEDE puede tener efectos más negativos que positivos. La palabra rescate es tóxica en los mercados de capitales. Los recursos que, según dicen, nos corresponderían, 25.000 millones de euros (aproximadamente un 2% del PIB) no son una cifra excesivamente relevante, comparada con la emisión de deuda que va a tener que realizar el Tesoro Público Español. El recurso a los mercados financieros despertaría quizás mucho menos recelo que la petición de un rescate, por pequeño que sea. Hizo bien el primer ministro italiano en rechazar de plano esta opción y Pedro Sánchez debería haberle seguido, no dejando entrever la duda de si va o no a recurrir al MEDE.

En última instancia la prima de riesgo tanto de Italia como de España y de otros muchos países va a depender de la actuación del BCE. y este, a pesar de la metedura de pata inicial de la señora Lagarde afirmando que «no estaban allí para cerrar diferenciales», no tiene más remedio que impedir que los tipos de interés dentro de los Estados miembros diverjan excesivamente. De hecho, el mismo concepto de prima de riesgo es contradictorio con una unión monetaria. ¿Qué riesgo de tipo de cambio puede haber cuando se tiene la misma divisa? Siempre habrá que reconocer que uno de los grandes aciertos de Rajoy fue aguantar el pulso contra toda clase de presiones externas e internas para que pidiera el rescate.

Los problemas económicos y financieros que van a tener tanto Italia como España, como la misma Francia, son de otra magnitud y, dado sus altos niveles de endeudamiento, no se arreglan con préstamos tal como quieren Holanda, Alemania y los otros países del Norte. Los eurobonos ya se han caído del programa y el tan cacareado Plan Marshall de Sánchez se ha diluido entre las manos. No habrá deuda perpetua, ni transferencias a fondo perdido, como no sea en todo caso en una proporción muy pequeña. Tampoco la cantidad de 1,5 billones de euros es cierta. Tiene trampa. Las instituciones de la Unión Europea son auténticos artistas en manipular cantidades.

Esa cantidad representa alrededor del 10% del PIB comunitario. Ciertamente ese valor sería el mínimo al que tendría que ascender el presupuesto anual de la Unión (y no solo el extraordinario de una epidemia), si la moneda única no fuese un engendro y si se hubiese  conformado al mismo tiempo con una unión presupuestaria y fiscal. Solo oír ese porcentaje debe infartar a los mandatarios de los países del norte. Tan lejos estamos de él que, antes de que estallase con toda dureza el problema del coronavirus, la discusión más enconada de los 27 países en Bruselas era sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y el enfrentamiento se concretaba entre los que apostaban por que el presupuesto ascendiese al 1% de la renta nacional bruta y los que querían acercarse al 1,11%.

Por lo pronto, el tema, no del Plan Marshall, pero sí del Fondo Europeo para la Recuperación, propuesto por la Comisión y con el que Sánchez se quiere ahora identificar, queda para una próxima reunión y se encarga a la propia Comisión que presente un proyecto, proyecto que en realidad ya existía, puesto que se había filtrado a los distintos medios los días anteriores a la cumbre. Como es habitual en estas reuniones, los países del Norte pretenden ganar tiempo. Está por saber cuántas reuniones más se necesitarán para aprobar alguna medida, que seguramente estará bastante descafeinada y muy alejada no solo de las peticiones de los países del Sur, sino incluso del proyecto que presente la burocracia de Bruselas.

Por las filtraciones de los estudios de la Comisión y de las mismas palabras de Merkel parece deducirse que la solución elegida pasa por incardinar el fondo dentro del MFP. Se aceptaría que el tope de gasto del presupuesto de la Unión pasase del 1,2 al 1,3% del PIB, a lo que se añadiría de forma extraordinaria para los años 2020 a 2022 un 0,6%. En total, el 1,9% que permitiría una emisión de bonos con cargo al presupuesto comunitario de aproximadamente 323.000 millones de euros. Esta sería la cantidad real que pondría la UE, porque el resto hasta el billón y medio sería mediante apalancamiento, es decir, inversión privada, apoyada en una parte de los 323.000 millones anteriores.

Ni que decir tiene que los recursos provenientes del apalancamiento estarán más que condicionados, ya que se concretarán en los proyectos que los inversores consideren más convenientes de acuerdo con sus intereses. Tal vez sirvan para detener, aunque sea parcialmente, el deterioro de la actividad económica, pero no para aliviar, al menos de forma directa, las necesidades de financiación del sector público de los diferentes países. Tan solo de forma indirecta y dependiendo de qué proyectos se acometan, influirán en los erarios públicos al reactivar la economía, si es que lo consiguen. Veremos incluso si no se le exige al país en cuestión que apalanque también con sus propios recursos los diferentes proyectos, con lo que al final puede quedar lo comido por lo servido y el dinero irse en inversiones que interesarán al sector privado, pero quizás no en la misma medida a la utilidad pública.

Hablemos por tanto en todo caso de los 323.000 millones, que es todo lo que va a estar disponible para los Estados, aunque restándole la parte necesaria (afirman que un 10%) que se dedicará a los apalancamientos. Es sobre esta cantidad sobre la que en todo caso se cuestiona si se va a canalizar mediante transferencias o a través de préstamos. La Comisión, para intermediar entre los países del Norte y los del Sur, ha afirmado que intentará llegar a una solución equitativa. Había lanzado la cifra del 40% en transferencias. En el mejor de los casos y es muy dudoso que Alemania y el resto de acólitos transijan, los recursos destinados a transferencias en ningún caso, por tanto, sobrepasarían los 120.000 millones de euros, un 0,8% del PIB de la UE. Suponiendo que España e Italia fuesen países privilegiados en el reparto por la principal incidencia que ha tenido en ellos la epidemia, podríamos esperar que le pudiera corresponder a cada uno alrededor del 1,5% de sus respectivos PIB. Cantidades ciertamente importantes, pero a mucha distancia de lo que van a necesitar. Todo lo demás, por uno u otro procedimiento, serían préstamos que solucionarían bien poco, cuando no, como hemos indicado anteriormente, tuviesen un efecto negativo.

La cuestión estriba en que, al margen de construcciones ingeniosas, y se vista como se vista, los países del Norte no están dispuestos a introducir ningún mecanismo que signifique redistribución. Pero con esos planteamientos no puede mantenerse ni un mercado único ni una unión monetaria. Como Macron con razón les ha reprochado, si los países del Norte son ricos, lo son gracias a los países del Sur. Del mismo modo que la prosperidad de Cataluña, el País Vasco y Madrid, depende del resto de regiones españolas; al igual que la Italia del Norte se apoya en la Italia del Sur.

Es el juego que se produce en todas las sociedades que conforman una unidad económica. Las desigualdades que crea la ley de la oferta y la demanda tienen que compensarse mediante mecanismos de redistribución fiscal. Ese esquema tan elemental y tan simple no se tuvo en cuenta al firmar Maastricht (tan solo el señuelo de los fondos de cohesión) y ahora los países ganadores no están dispuestos a que estos graves defectos de partida se corrijan.

Sánchez tiene que salir de la ensoñación de que la UE le va a resolver los problemas. Tal vez lo más que puede esperar es alguna ayudita y seguramente envuelta en papel de estraza. Dejando los juegos malabares aparte, nos financiemos como nos financiemos, dependemos y vamos a depender absolutamente del BCE, que impondrá sus condiciones. El presidente del Gobierno debe reprimir esa tendencia populista de moverse de decreto ley en decreto ley, tirando de talonario como si la cuenta fuese infinita, improvisando, sin calcular el coste de cada medida y sin prever qué ingresos van a financiar el gasto. A su vez, el jefe de la oposición debería contener su afán por emular a Sánchez en ocurrencias y dejar de ir por ahí haciendo propuestas alocadas de bajadas de impuestos, cuando se nota además su total desconocimiento del sistema fiscal. Pueden ser muy populares, pero sin pies ni cabeza. Echémonos a temblar, porque entre Pedro y Pablo en la Comisión parlamentaria de la reconstrucción les puede dar por echar una carrera a ver quién concede más prebendas y, en lugar de reconstruir, terminemos por destruirlo todo.

Republica.com 1-4-2020.

El pasado 26 de marzo se cumplieron 25 años del Tratado de Schengen, por el que la mayoría de los países de la Unión Europea se comprometían a eliminar los controles para la circulación de ciudadanos en las fronteras interiores. Curiosamente, el mismo día, 26 de marzo pasado, se celebraba por videoconferencia el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para discutir y aprobar las medidas necesarias para enfrentarse a la crisis del coronavirus.

La coincidencia es significativa y en cierta medida irónica, puesto que la reunión se llevaba a cabo unos cuantos días después de que los dos socios principales de la Unión, Alemania y Francia, tras haber aparecido los primeros signos de la epidemia, prohibiesen en sus países la exportación de todo el material sanitario preciso para combatirla, sin que importase lo más mínimo lo del mercado único y el libre comercio. Con el mismo espíritu comunitario, más de doce de los países representados en la videoconferencia, entre ellos España, se habían apresurado a cerrar por propia iniciativa sus fronteras, sin que mediase ningún acuerdo colectivo. La Comisión se ha tenido que quejar amargamente de lo bien que había funcionado la acción conjunta, en un sálvese el que pueda, y de cómo esta actitud anárquica e individualista estaba dificultando gravemente el transporte intercomunitario, incluso el de material sanitario.

Estos prolegómenos no presagiaban nada bueno acerca de los resultados de la videoconferencia, tanto más cuanto que venía precedida también de un estrepitoso fracaso del Eurogrupo que, reunido días antes, había cerrado su deliberación sin acuerdo y dejando cualquier decisión en manos del Consejo de jefes de Estado y de Gobierno. Echó balones fuera. El Consejo, a su vez, ha hecho lo mismo, no llegar a compromiso alguno y despejar la pelota hacia los ministros de Finanzas, emplazándoles a que dentro de quince días presenten las medidas adecuadas. Todo esto es un juego de niños, o más bien de trileros, en el que no se sabe muy bien si se engañan ellos mismos o si intentan engañar a los demás.

Desde que en noviembre de 1993 se firmó el tratado de Maastricht y se diseñó lo que sería la Moneda Única, se ha venido escuchando la misma monserga. Frente a las críticas de los que afirmábamos que era una monstruosidad económica y social construir una unión monetaria sin integración fiscal y presupuestaria, objetaban que todo llegaría, que lo importante era ir dando pasos, pero los pasos no han existido y de darse algunos han sido siempre en la misma dirección. En integración fiscal y presupuestaria no se ha avanzado nada, todo lo contrario. Actualmente, el presupuesto comunitario asciende al 1,2% del PIB, inferior al porcentaje de entonces (1,24%) que, como no podía ser de otra manera, en aquel momento considerábamos ridículo, y nos aseguraban que poco a poco se incrementaría. La ampliación de la UE a los países del Este ha liquidado cualquier esperanza de progreso en este sentido y despejado toda duda acerca de que pudieran potenciarse los mecanismos redistributivos totalmente necesarios en una unión monetaria.

A lo largo de todos estos años, incluso antes de que naciese el euro (por ejemplo, con el Sistema Monetario Europeo), han ido aflorando las fuertes contradicciones del proyecto y las subsiguientes crisis a las que ha dado lugar. A todas ellas se les ha dado respuesta a base de parches, con lo que las desigualdades entre países se han agudizado y los desequilibrios permanecen. En esta ocasión, Europa se enfrenta a la crisis del coronavirus sin haber solucionado las secuelas de la recesión anterior de 2008, y con la división abierta entre Norte y Sur. Los países acreedores no solo continúan negándose a establecer cualquier instrumento que tenga una función redistributiva y compense las desigualdades y desequilibrios creados por la Unión Monetaria, sino que también rechazan cualquier forma de mutualización del riesgo.

Con motivo de la actual crisis y con anterioridad al citado día 26 de marzo, nueve de los 27 países de la Eurozona: Francia, Italia, España, Bélgica, Portugal, Grecia, Irlanda, Eslovenia y Luxemburgo, remitieron una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que retomaban un viejo proyecto nunca llevado a cabo y al que Alemania siempre se había opuesto, el de los eurobonos, bautizados ahora como coronabonos. Los firmantes aportan el 57% del PIB de la Eurozona. Constituyen, por tanto, una mayoría lo suficientemente representativa para ser tenida en cuenta. La Unión Monetaria, sin embargo, se implantó según las solas conveniencias de Alemania y sus adláteres. Todos los acuerdos tienen que ser tomados por unanimidad, con lo que resulta muy difícil, casi imposible, introducir cualquier modificación de lo pactado en el inicio, que resulta ser radicalmente insuficiente para conseguir que las diferencias entre países no se incrementen. Los intereses de los países del Norte se encuentran suficientemente blindados.

Una vez más, como era de esperar, se han opuesto radicalmente a los eurobonos. En esta ocasión, el Norte cuenta con un refuerzo de envergadura, Mark Rutte, primer ministro de Holanda y un fanático, extraña mezcla de liberal y furioso nacionalista, que en estas materias actúa como perro de presa de la Merkel y se coloca al frente de los halcones. “No puedo imaginar –ha dicho- ninguna circunstancia en la que Holanda aceptaría los eurobonos. El motivo es que es algo que va contra el diseño de la Unión Monetaria y del propio euro. Y nosotros no somos los únicos: muchos países están contra los eurobonos».

La oposición de Alemania, aunque planteada quizás con menos agresividad, no es menor. Su ministro de Economía ha calificado al proyecto de zombi, y parece ser que la canciller comunicó esta misma idea al primer ministro italiano, Conte, en un intento de convencerle para que aceptase el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). “Si lo que estás esperando son lo coronavirus, no van a llegar nunca. Mi Parlamento no lo aceptaría. Estáis generando expectativas que no se van a cumplir”. Desde luego, entre las expectativas que no se van a cumplir está también el Plan Marshall pregonado por Sánchez, que más que un plan parece el sueño de una noche de verano. Si Alemania, Holanda, Austria, Finlandia, etc., están en contra de cualquier mutualización del riesgo, con más motivo lo estarán de todo aquello que suponga transferencias de recursos a fondo perdido como el seguro del desempleo comunitario que plantea Pedro Sánchez.

En cierto modo, en la videoconferencia del día 26 se repitió la escena de 2012, en la que Monti y Rajoy, secundados por Hollande, amenazaron con vetar la resolución del Consejo si la Unión Europea no absorbía el coste de las crisis de las entidades financieras. Merkel no tuvo más remedio que recular y aceptar, aunque echando balones hacia delante de manera que se descafeinase la propuesta. Surgió así la Unión Bancaria. Monti, Rajoy y Hollande han desaparecido y ya hemos visto a lo que ha quedado reducida hasta ahora la Unión Bancaria. Ni siquiera se ha mutualizado el fondo de garantía de depósitos. Bueno, en cualquier caso, Conte no es Monti, Sánchez no es Rajoy, y Macron, aparte de no ser Hollande, en esta ocasión parece que ni está ni se le espera. Y, además, entonces no estaba al frente de Holanda un hooligan como Rutte. Así que me temo que ahora, ni siquiera aparentemente, los países del Norte van a ceder ni un ápice.

Lo más que pueden esperar España e Italia es el recurso al MEDE, y eso tan solo después de haber agotado todas las posibilidades para financiarse por sus propios medios. Sin embargo, el primer ministro italiano no quiere ni oír hablar de ello, por las resonancias que guarda con los rescates de la pasada crisis y con las condiciones draconianas que se impusieron a los países que se decía rescatar. Sánchez está más dispuesto a aceptarlos, con tal de que los préstamos se concedan sin condiciones, pero esto no parece adecuarse a las exigencias de Rutte. El MEDE es el MEDE, ha manifestado, tal como está en las normas y no hay por qué cambiarlas.

El ministro de economía holandés criticó a España y al resto de los países del Sur por no haber aprovechado estos últimos años de crecimiento para ordenar las finanzas públicas. Con ello indicó de forma clara su mentalidad calvinista y puritana que mide todo en términos de culpa-penitencia. Si los países del Sur tienen dificultades es por haber actuado indebidamente. La hormiga y la cigarra. Que no vengan ahora las cigarras a pedirnos dinero. Es la misma postura que los independentistas catalanes mantienen con el resto de España.

Lo más preocupante, sin embargo, es que este discurso termina por calar en una parte de la opinión pública española y no es infrecuente encontrar en la prensa, artículos y reportajes que se muestran comprensivos para con los motivos de las naciones acreedoras, y atribuyen el problema al dispendio de las deudoras. Es más, parece que las propias autoridades de los Estados del Sur, para defender sus peticiones actuales, afirman que en la crisis del coronavirus no hay culpables, con lo que implícitamente están aceptando que sí los hubo en 2008, y que estos se concretaban en los despilfarros de los países del Sur.

Centrándonos en España. Culpables ciertamente los hubo, pero por parte de todos. Culpables fueron los banqueros españoles que dieron créditos a quienes no podían pagarlos y los clientes que no calcularon bien su solvencia y la viabilidad de la devolución. Por supuesto, el Gobierno y el Banco de España que no hicieron nada para impedirlo. Pero también fueron culpables los banqueros de los países acreedores que concedían créditos sin límite a las entidades financieras españolas sin calcular el riesgo, las autoridades de esos países que fallaron en la supervisión, al igual que las instituciones europeas que no dijeron nada de los desequilibrios que se iban generando hasta que estos explotaron. Pero, sobre todo, la culpabilidad hay que hacerla recaer en el diseño y en los parámetros con los que se creó la Unión Monetaria. Ni las entidades financieras españolas se hubieran endeudado hasta ese límite ni las extranjeras hubieran concedido préstamos por esa cuantía, en caso de tener cada Estado su propia moneda y de existir, por tanto, riesgo de cambio.

El problema radica en que, a pesar de ser todos culpables, el coste de la crisis recayó exclusivamente en los erarios de los países del Sur, que tuvieron que rescatar a sus bancos, aun cuando en último término estaban rescatando también a los bancos del Norte que eran acreedores de los nacionales. En 2008 el stock de deuda pública en España ascendía al 39,7% del PIB, mientras que en Alemania y Holanda se elevaba al 65,5% y 54,75 respectivamente. En 2019, por el contrario, el saldo de España alcanza el 96,7%, en contraste con el de Alemania que es del 59,2% y el de Holanda que es del 48,9%. El brutal incremento del endeudamiento público español no se debe en absoluto a los dispendios de nuestra Administración, ni la reducción del stock de deuda pública de Alemania y de Holanda se debe a su correcta política fiscal, sino a la existencia de una unión monetaria que, en ausencia de compensación fiscal y presupuestaria, castiga duramente a los países deudores y beneficia a los acreedores.

Cuando el halcón holandés reprocha a España no haber realizado ningún ajuste en sus finanzas públicas, habría que recordarle que en 2007 el sector público de nuestro país presentaba un superávit del 1,9% y que, si en el 2009 este saldo positivo se había transformado en un déficit del 11,3%, no se debió a los dispendios de nuestras administraciones, sino a la crisis y a la existencia del euro. En los años siguientes, España, al igual que otras naciones del Sur, se sometió a un ajuste durísimo, reduciendo intensamente este saldo negativo del 11,3% al 2% actual, y lo que aun fue más doloroso, pero también más necesario, la devaluación interior que tuvo que aplicarse para conseguir que el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente pasase de un déficit del 9,4% en 2007 a un superávit del 2,4% en 2019.

Muy al contrario, Alemania y Holanda, después de la crisis de 2008, no han hecho el menor esfuerzo para corregir su desmedido superávit en la balanza por cuenta corriente, que en la actualidad asciende al 7% y al 9%, respectivamente. Lo que generó los problemas financieros y la crisis de 2008 fueron los desequilibrios exteriores de ambos signos (véase mi libro “La trastienda de la crisis”, en editorial Península). No hay déficit sin superávit, y viceversa. Y tan responsables son los países acreedores como los deudores. Es evidente que la Unión Monetaria tal como está configurada incrementa las desigualdades. Genera empleo en el Norte a costa de destruir puestos de trabajo en el Sur. Esto es lo que en cierta forma indican los saldos positivos y negativos en los sectores exteriores. En la actualidad la tasa de desempleo en Alemania y Holanda se sitúa en el 3,2 y 3,5%, respectivamente, mientras que España aún se mantiene en el 13,9% después de alcanzar el 24,8% en 2012.

El primer ministro holandés, para ensalzar la utilidad de los programas del MEDE, recordó la según él exitosa experiencia de países como Portugal, Irlanda o España. Exitosa es posible que sí, pero ¿a qué precio? Ni las sociedades de estos países ni por supuesto la de Grecia, ni incluso las de Italia o de Francia (que está para pocas bromas con los chalecos amarillos), van a estar dispuestas a soportar ajustes del calado de los que se aplicaron entonces. Es casi seguro que, como afirma el ministro alemán de Economía, la creación de los eurobonos sea un muerto viviente, pero Merkel y Rutte deberían preguntarse si la aplicación del MEDE con condiciones, tal como quieren, no es una bomba que puede hacer saltar por los aires la Unión Monetaria.

Una vez más, es el BCE la única institución que emite alguna señal de esperanza. A pesar del estreno un poco desastroso de su presidenta declarando que “no estamos aquí para cerrar diferenciales” (en referencia a las primas de riesgo), lo cierto es que se han movilizado 750.000 millones de euros para poder intervenir en el mercado secundario comprando activos y sin la condición territorial con la que actuaban antes. Es más, ha vuelto a intimidar con el programa de compras ilimitadas de deuda pública (OMT), instrumento que Draghi utilizó para amenazar, pero que nunca uso. De momento, el BCE está conteniendo a los mercados e impidiendo que las primas de riesgo se disparen. ¿Será capaz de conseguirlo cuando los déficits públicos hagan su aparición con toda su crudeza? ¿Le dejarán hacerlo los halcones del Norte?

republica.com 3-4-2020