ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de declarar inconstitucional la amnistía fiscal que, con el argumento de la delicada situación financiera por la que atravesaba la economía española, el Gobierno aprobó en 2012. La sentencia del TC se ha limitado a declarar la inconstitucionalidad de la medida por el procedimiento utilizado para aprobarla, mediante decreto-ley, sin entrar en el fondo del asunto, con lo que nos hemos quedado sin saber en qué medida y hasta qué punto las amnistías fiscales son compatibles con nuestra carta magna y, en todo caso, si lo son, qué condiciones deben cumplir, ya que no todas las amnistías fiscales son iguales.

España tiene una larga historia de amnistías fiscales. No obstante, siempre ha rondado por encima de ellas la sombra de la inconstitucionalidad, y todas las formaciones políticas desde la oposición las han condenado y criticado, aunque también recurrieron a su aprobación cuando estuvieron en el gobierno. El PSOE ha atacado con dureza al Gobierno de Rajoy por la que aprobó en 2012, incluso apelando al Constitucional, y cuando este la ha invalidado, anuncian que reprobaran al ministro de Hacienda. Pero dos años atrás, en 2010, Zapatero, ante las dificultades que se presentaban para financiar el déficit público, acarició la idea de una amnistía fiscal, materializada mediante la suscripción de una deuda pública especial a un tipo de interés muy reducido (tal vez negativo). En aquel entonces fue el PP el que se opuso, criticó al PSOE por la posible medida e impidió que se aprobase.

Estos días, con motivo de la sentencia del TC, los medios de comunicación han intentado recordar las distintas amnistías, muchas veces no con demasiado acierto, más bien con bastante confusión e inexactitudes. Es curioso que ninguno haya recordado la de 1977, quizás la mas importante y la que más justificación tiene. Desde luego, en este caso no se puede hablar de inconstitucionalidad puesto que la carta magna aun no se había elaborado.

La Ley 50/1977, de medidas urgentes en materia fiscal, aprobada en la línea divisoria entre la dictadura y la democracia, cumplía una necesidad evidente, la de poner los primeros ladrillos de una futura reforma fiscal, ya que el sistema tributario que provenía del franquismo era profundamente injusto y resultaba obsoleto. Al mismo tiempo, esta Ley constituía una pieza importante de los Pactos de la Moncloa, contrapartida de las cesiones realizadas por sindicalistas y partidos de izquierda en materia social y laboral. Se establecía el delito fiscal, se levantaba el secreto bancario y se creaba el impuesto de patrimonio; con todo ello y con la reforma de la administración tributaria se pensaba atacar la herencia que dejaba la dictadura de enormes bolsas de fraude. Para conseguir este objetivo se creyó conveniente poner el reloj a cero. De ahí la amnistía fiscal con una naturaleza bifronte, por una parte se incentivaba a los defraudadores para que regularizaran su situación tributaria y, por otra, se permitía a las empresas actualizar sus balances, actualización que constituye también una especie de amnistía al eximir de tributación las ganancias de capital acumuladas como plusvalías. Cuando se enumeran las amnistías fiscales todo el mundo se olvida de las múltiples actualizaciones de balances que se han aprobado a lo largo de estos años.

Las medidas fiscales adoptadas por los gobiernos de UCD tuvieron, sin duda alguna, gran importancia. Fue un cambio sustancial, pero en ningún caso conviene magnificar sus efectos. La reforma resultó incompleta, sus criterios fueron tímidos, nada ambiciosos, y desató fuertes presiones en su contra por parte de los grupos de poder. La Asociación Española de la Banca Privada (AEB) se opuso desde el principio al levantamiento del secreto bancario, recurrió ante los tribunales las primeras actuaciones de la Hacienda Pública en esta materia y se negó a que las entidades financieras facilitaran los listados de las retenciones practicadas en las rentas de capital. El fallo del Tribunal Supremo terminó dando la razón al Ministerio de Hacienda, pero para entonces ya habían pasado seis largos años durante los cuales el dinero negro vivió en total impunidad.

Cuando el partido socialista llega al poder en el año 1982 el panorama, por tanto, no era demasiado halagüeño. Todo el sistema financiero era fiscalmente opaco y las rentas de capital podían evadirse sin ninguna dificultad, por lo que se imponía como una de las primeras medidas la de elaborar una ley sobre la fiscalidad de los activos financieros. En un principio, su finalidad era más bien modesta. Se intentaba tan solo hacer efectiva, con una nueva redacción más estricta y menos ambigua, la obligación del levantamiento del secreto bancario que ya aparecía en la Ley de Medidas Urgentes de 1977, pero que no se estaba aplicando al estar recurrida por la AEB. Pero tan pronto como se comenzó a profundizar en el tema se advirtió la inutilidad de hacer transparentes determinados activos, como los depósitos bancarios, si se mantenían opacos los demás. El fenómeno se venía observando tiempo atrás. Ante la eventualidad de que el poder judicial terminase dictaminando a favor de la Hacienda Pública, se fue creando toda clase de nuevos activos financieros con intereses implícitos, que recibían también el nombre de «al tirón» o «al descuento», y que, al no estar sometidos a la obligación de retener, difícilmente el fisco podría exigir más tarde el listado de las retenciones. Se imponía, por tanto, una concepción de la ley mucho más amplia y ambiciosa, que hiciese fiscalmente transparente todo el sistema financiero y que no permitiese ningún escondrijo para el dinero negro.

Pocas leyes como esta fueron objeto de tantas presiones en su elaboración. Se trajo a colación la huida generalizada de capitales que se podía producir. Hay que tener en cuenta, desde luego, el punto de partida. Unos mercados financieros totalmente opacos, donde el dinero negro alcanzaba cifras astronómicas. Convertir de golpe en transparente todo el mercado podía desatar una ola de pánico y originar un cataclismo financiero. La primera solución que se barajó fue la de conceder una nueva amnistía fiscal. Sin embargo, la medida no se consideró indicada. La de 1977 estaba demasiado cerca y se corría el peligro de desprestigiar la lucha contra el fraude, al calar en la conciencia de la gente la idea de que cada cierto tiempo el Estado estaba dispuesto a practicar el «borrón y cuenta nueva».

La opción elegida fue la gradualidad. Se hizo transparente todo el mercado con una sola excepción: los pagarés del Tesoro. Con ellos se concedía al dinero negro un refugio provisional, pero solo provisional. El Estado se reservaba el monopolio de su emisión, con lo que podía ir reduciendo la cantidad de estos activos en circulación por el simple procedimiento de renovar a su vencimiento únicamente el número que considerase adecuado, en función de una planificación que a medio o largo plazo determinase su total desaparición. Al ser la demanda superior a la oferta, el tipo de interés estaría penalizado, es decir, sería inferior al de otros activos similares. Esta menor rentabilidad tendría como contrapartida el privilegio fiscal de la opacidad.

El affaire de los pagarés del Tesoro constituye uno de los casos en los que se puede observar mejor cómo los poderes económicos manipulan a la opinión pública de la manera más descarada. Se comienza afirmando la imposibilidad de hacer transparente todo el sistema financiero. Se cantan los enormes males que pueden seguirse para la economía española de tales medidas, el pánico financiero y la huida de capitales que pueden generar; pero cuando se instrumenta una solución tal como los pagarés del Tesoro, arremeten contra ella porque en realidad no se desea ningún arreglo, sino la simple permanencia del dinero negro y que las entidades financieras puedan continuar beneficiándose de él. De ahí la confusión en la que se ha mantenido en este tema a la opinión pública y a la opinión publicada (alguno llega a confundirlos con los AFROS que en la práctica nunca existieron) y que todo el mundo lo recuerde como un caso de amnistía fiscal cuando en realidad no lo es.

En principio, no puede tomarse como un caso de amnistía fiscal porque en ningún momento a los poseedores de los pagarés del Tesoro se les liberaba frente a la Hacienda Pública de la obligación de declarar. Si la administración tributaria detectaba por otros medios el capital y los ingresos ocultados, el que estuviese invertido en pagarés del Tesoro no constituía ningún eximente. Se trataba simplemente de hacer transparente a efectos fiscales todo el sistema financiero de una manera gradual. El Estado tenía en su mano la velocidad con la que acometer esta operación, desde el momento en que controlaba la emisión y por lo tanto la renovación de los pagarés. La amnistía fiscal solo se produce cuando el dinero negro se blanquea sin que se le grave y sancione. El dinero invertido en los pagares continuaba siendo negro, por lo que en sentido estricto no se puede hablar de amnistía.

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. El Gobierno no usó los pagarés del Tesoro como una forma gradual de terminar con el dinero negro, sino como una manera de financiar el déficit público. De manera que, pasados los años, los pagarés no habían desaparecido, ni siquiera su montante se había reducido. En 1991 el Tesoro creaba una deuda pública especial que podía ser adquirida por los tenedores de pagarés del Tesoro y por otros contribuyentes con dinero negro. La tenencia durante cinco años de dicha deuda implicaba el blanqueo de los recursos invertidos en ella. Es aquí cuando se produjo verdaderamente la amnistía fiscal. Además, la idea fue tan ingeniosa que el dinero negro blanqueado, en realidad fue mucho mayor que el nominal de la deuda suscrita. La teoría económica tuvo que comenzar a estudiar un nuevo multiplicador, el del fraude. Con una pequeña proporción de deuda especial se podía cubrir un fraude muy superior, porque no era probable que la inspección detectase la cantidad total defraudada por un sujeto pasivo en los diferentes impuestos. La deuda servía de comodín a aplicar no a la cantidad defraudada, sino a la detectada por Hacienda. Era un mero juego de probabilidades.

Lo más chusco en esta ocasión es que, quizás para limpiar la conciencia, en la tramitación de la ley, el grupo parlamentario socialista introdujo una enmienda en la que se establecía que nunca jamás se realizaría una nueva amnistía fiscal. Montoro propone ahora a las otras fuerzas políticas igual desatino. Prohibir la amnistía por ley es un sinsentido, además de algo totalmente inútil, puesto que una ley se modifica, como hemos podido comprobar, por otra ley y no será la primera vez que el mismo Gobierno haya modificado, sin ningún rubor, normas que previamente había dictado.

Esta enumeración estaría incompleta si no nos refiriésemos (la mayor parte de los medios de comunicación -por no decir la totalidad- no la nombra) a una clase de amnistía que en múltiples ocasiones ha sido establecida, pero que casi siempre ha pasado desapercibida. Me refiero a las regularizaciones de balances de empresas y sociedades, mediante las cuales se les condona la tributación por las plusvalías generadas en una serie de años o bien se las grava con un tipo muy inferior al que deberían tributar. Una parte de la plusvalía puede deberse a la inflación, pero otra es ganancia real y queda igualmente libre de gravamen. No podemos olvidarnos de que las grandes y pequeñas fortunas de este país tienen la inversión materializada de una o de otra forma en sociedades.

Si las amnistías más clásicas inciden sobre el dinero negro, blanqueándolo, en la regularización de balances actúan sobre recursos transparentes pero a los que se les exime de los gravámenes que según la normativa les corresponden. No deja de ser curioso que el PSOE que ha puesto el grito en el cielo y ha recurrido al TC la amnistía de 2012, no haya dicho nada de la actualización de balances de ese mismo año y, que yo recuerde, tampoco de la acometida en 1996.

Comprenderán por qué digo que es una pena que el TC se haya quedado solo en la forma (decreto ley) y no haya entrado en el fondo del asunto. En el convencimiento de que la tentación de aprobar una amnistía fiscal va a seguir rondando a los gobiernos (incluso puede ser que se aprueben por los que ahora se rasgan las vestiduras), sería conveniente saber hasta dónde pueden llegar sin contravenir directamente la carta magna.

republica.com 23-6-2017

Todos aquellos que conozcan mínimamente la Administración no habrán podido por menos que quedar estupefactos al leer en la prensa que el Consejo de Ministros, en su reunión del 2 de junio, acordó llevar a cabo una revisión integral del gasto del conjunto de las administraciones públicas. Se comenzaría por las subvenciones con la finalidad de introducir «posibles mejoras en los procedimientos, eliminar duplicidades y realizar un análisis de impacto». El encargo se realiza a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las conclusiones deberán estar disponibles a finales de 2018.

Es verdad que el Gobierno ya se había comprometido a tamaño desatino en el plan presupuestario y en el Programa de estabilidad 2017-2020, enviados a Bruselas. El origen parece estar en el pacto firmado con Ciudadanos, necesario para que Rajoy alcanzase la investidura. El acuerdo está lleno de estupideces, objetivos irrealizables y medidas más reaccionarias que las propias del PP. Eso es lo malo de tener que aceptar las exigencias de un partido que desconoce totalmente la Administración y el sector público, cuyos miembros no han regido ni un pequeño ayuntamiento y que, además, huyen de las responsabilidades de gobierno y orientan su actuación política en función tan solo de todo aquello que tiene buena prensa.

Solo así se puede hablar de una auditoría a todas las administraciones públicas (se supone que se incluyen organismos, entes, agencias, fundaciones y demás derivados, tanto del Estado como de todas las Comunidades Autónomas y los muchos miles de Ayuntamientos) y encomendar todo ello a un chiringuito como la AIReF, cuya existencia se debe únicamente a la pretensión de la burocracia de Bruselas de tener en todos los países tentáculos que puedan mantenerla informada de cuándo los gobiernos se desvían de lo que consideran ortodoxia. Los llaman organismos independientes, pero en realidad son bastante dependientes de Bruselas y de su política.

La propuesta de Ciudadanos y el plan que se acaba de aprobar, se mire por donde se mire, no hay por dónde cogerlos. Con las auditorías ocurre como con las comisiones, cuando no se sabe qué hacer con un determinado tema se crea una comisión, o se anuncia que se va a realizar una auditoría. Las comisiones de expertos (escogidos convenientemente) sirven de coartada al gobierno de turno bien para empantanar un asunto o bien para adoptar medidas impopulares tomadas ya de antemano. Los políticos, especialmente desde la oposición, cuando carecen de propuestas, de ideas y desconocen totalmente la materia, reclaman auditorías de las cosas más inverosímiles.

Resulta insólito que se pretenda inspeccionar de golpe todo el sector público, y que para ello se encomiende a un organismo carente de medios y de experiencia, que como mucho es tan solo un mediocre servicio de estudios, muy inferior desde luego al del Banco de España y al de otras entidades financieras. El único personal especializado con el que cuenta es el prestado por la IGAE. Es tan desproporcionada la tarea a realizar con respecto a las características de las institución que no se puede evitar pensar que lo que en realidad se pretende es que no se llegue a ningún resultado excepto el de anunciarlo en la prensa.

La decisión contrasta con los medios e instrumentos, tanto personales como materiales, que posee el Estado dedicados a planificar, controlar y analizar el gasto público: Tribunal de Cuentas, Intervención general de la Administración del Estado, Dirección General de Presupuestos, Dirección General de Gastos de Personal, etc. Miles de funcionarios a los que parece considerarse inútiles para tal cometido a pesar de que la ley se lo encomienda. ¿Para qué sirve la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gasto Público? Habrá que preguntarse qué piensa el Secretario de Estado y si lo lógico no sería que dimitiese ya que el Gobierno no le considera capaz de cumplir su función; aunque, quizá, es que él, hasta ahora, tampoco se ha enterado de cuál es su papel.

El colmo de la petulancia es afirmar, tal como hacen los portavoces de la AIReF, que no existen precedentes y que por primera vez se auditan las subvenciones o el gasto de las administraciones públicas. La IGAE lleva más de 100 años fiscalizando el gasto público. No digo que siempre haya cumplido perfectamente su función, pero experiencia no le falta. Al menos desde el año 1982 viene realizando toda clase de auditorías sobre el sector público. Más de 300 anuales. Eso sin contar el control financiero que en los ministerios y en la mayoría de los organismos y entes públicos ejercen los interventores destinados en ellos.

Es verdad que el ámbito de todas estas auditorías ha estado siempre limitado el sector público estatal y en momentos puntuales a los ayuntamientos, cuando el Estado se ha tenido que hacer cargo de determinados gastos o deudas de las corporaciones locales. El Estado de las Autonomías creado en nuestra constitución impide ir más allá. Pero en cualquier caso parece que la IGAE sería la institución más apta para acometer lo mucho o lo poco que se pueda avanzar en este sentido, ya que viene elaborando las cuentas de las administraciones públicas (y recibiendo información de las instituciones periféricas) desde hace más de cuarenta años. Es posible que muchos, y me encuentro entre ellos, no estén conformes con que se haya troceado el Estado en 17 reinos de taifas, pero me temo que no cabe la vuelta atrás y que las distintas Autonomías no van a recibir con buena disposición la intromisión de la Administración Central en sus competencias.

¿Alguien puede imaginarse a la docena o docena y media de funcionarios de la AIReF, yendo a auditar las 17 Comunidades Autónomas, y los múltiples entes, organismos, fundaciones y empresas públicas que dependen de ellas, así como a los miles de ayuntamientos distribuidos por toda España? Todo ello suena chusco. Como chusco es que la AIReF se dedique a dar subvenciones. Quizás es de las actividades que primeramente ha abordado esta institución. Dinero para catedráticos y universidades. Muy propio, cuando no se sabe qué hacer se subvenciona a un tercero, a ver si nos saca del atolladero. Becas de formación y de investigación sobre el análisis de la estabilidad presupuestaria, y últimamente subvenciona también estudios para que le digan cuál es su función y cometido. Es comprensible que no la conozca. Pretende copiar también al Instituto de Estudios Fiscales. Se me ocurre que deberían empezar la auditoría que les encarga el Gobierno analizando su propia casa. A lo mejor descubrirían que sus subvenciones son superfluas y que su propia existencia es reiterativa de otros organismos con mucha más tradición en la Hacienda Pública española.

En todo caso, el problema del gasto público, de haberlo, no se encuentra en la ausencia de auditorías. Auditorías, estudios, memorandos, etc., hay más que de sobra. Lo que falta es la voluntad política de hacer caso a sus conclusiones. Los informes de la IGAE y de sus interventores delegados, con un gobierno o con otro, suelen dormir en alguna mesa de ministro o de secretario de Estado esperando tiempos mejores, y en muy pocas ocasiones tienen repercusiones prácticas. Incluso cuando como fruto de ellos se acometen reformas importantes, las presiones son tan fuertes que se termina desnaturalizándolas; buen ejemplo de ello es la vigente Ley de subvenciones, que al final perdió virtualidad práctica al excluir de su aplicación a las fundaciones públicas, con lo que se generó una importante vía de de escape para librarse de su cumplimiento. De las subvenciones se sabe casi todo; también la reticencia de políticos, partidos y gobiernos a someterse a procedimientos reglados y mucho más a la comprobación de los resultados.

No deja de ser curioso también que la mirada se centre en el gasto y no en los ingresos, cuando hay pocas dudas de que la dificultad para cumplir los objetivos de déficit se encuentra en la escasa suficiencia de nuestro sistema fiscal. Tal vez la razón de esta decisión haya que buscarla en los prejuicios ideológicos del PP y sobre todo de Ciudadanos acerca de la maldad intrínseca del gasto público y de los impuestos.

Hace pocos días la asociación de inspectores se quejaba amargamente del nivel crítico al que había llegado la Agencia Tributaria en la carencia tanto de medios personales como materiales. Es posible que en los planes de Montoro esté también encargar a la AIReF la lucha contra el fraude fiscal y arrinconar a la Agencia, ya que esta última institución no es independiente, pues depende del Gobierno. ¿De quién depende la AIReF?

Estoy seguro de que la asociacion de inspectores tienen razón en sus reivindicaciones, pero ¿cuáles tendrían que ser entonces las demandas de los interventores que han visto en los últimos años reducirse críticamente el personal de todos los niveles en el conjunto de las dependencias y en las intervenciones delegadas? El edificio que ocupa la IGAE se está cayendo a trozos (y no es metáfora). Se interrumpieron durante dos años las oposiciones, con lo que se destruyó el cuerpo de opositores y ello ha ocasionado que al convocarlas de nuevo muchas plazas queden vacantes por no haber candidatos preparados. Desde hace más de diez años, los interventores no participan de los incrementos de productividad que han afectado a otros colectivos como el de los inspectores, A Montoro no le gustan los interventores ni parece que tenga ningún empeño en que la IGAE cumpla su función. Es más cómodo y sobre todo menos comprometido encargar de tal tarea a la AIReF.

En honor a la verdad este comportamiento no es exclusivo del actual ministro de Hacienda. La mayoría de los políticos al llegar al gobierno, en lugar de potenciar las instituciones u organismos existentes, quieren dejar su huella creando un ente nuevo que pueda anunciarse a la prensa (la novedad es el carburante de los medios) y que la mayoría de las veces acaba siendo totalmente vano. Cómo no recordar al ínclito Jordi Sevilla (el del tipo único y el de los tres días) anunciando a bombo y platillo la creación de la Agencia de evaluación de políticas públicas; parecía que todo proceso de racionalización del gasto público comenzaba con su constitución y de su funcionamiento iban a depender la eficacia y la eficiencia del sector público. Diez años después el resultado está a la vista. Sin embargo, continúa subsistiendo sin que nadie sepa por qué.

En estas mascaradas tiene mucho que ver la burocracia de Bruselas que oculta su incompetencia y carencia de auténticas soluciones para el atolladero en que se desenvuelve la Unión Europea, con genialidades y ocurrencias, entre las que se encuentran la de crear nuevos entes y organismos como si se partiese de cero y no se hubiera hecho nada hasta este momento. Se rumorea que ahora están detrás de crear un organismo (independiente, por supuesto) para el control de las contrataciones, y como a Montoro no le gustan los interventores piensa ubicarlo dependiendo de la Dirección General de Patrimonio, como si esta dirección general tuviese pocos agujeros que atender. En fin, de este futuro organismo hablaremos otro día.

republica.com 16-6-2017

La semana pasada, desde este diario digital, me refería yo a las distintas formas que puede adoptar el proteccionismo y a cómo en los tiempos actuales casi todos los gobiernos han escogido la fórmula más cruenta para las clases bajas y medias, la de la devaluación competitiva, esto es, defender la competitividad de la economía nacional por el procedimiento de abaratar los costes laborales, sociales y fiscales de las empresas y del capital. Señalaba también cómo los damnificados por estas políticas se revuelven contra la globalización y la libertad total de los mercados, con lo que el fantasma de otros tipos de proteccionismo es sentido como una amenaza por la política oficial y por los mandatarios internacionales.

El discurso de Trump durante la campaña electoral fue capaz de aglutinar muchos de los votos de aquellos que estaban hartos de la deslocalización y de ver sus salarios reducirse o al menos no crecer en la misma medida que la economía. Su eslogan de “América primero” y sus promesas de dificultar las importaciones de productos mediante el establecimiento de aranceles tuvieron eco en millones de ciudadanos. No obstante, siempre ha existido la duda de si, una vez en el gobierno, cumpliría su palabra.

Su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el director de Economía Nacional, Gary Cohn, presentaron la semana pasada a la prensa la tan esperada reforma fiscal, toda ella contenida en un solo folio, señal inequívoca del grado de imprecisión con el que se propone, pero suficientemente explícita para mostrar:

Primero, que el discurso de la Administración Trump da un profundo giro, abandona la idea de establecer medidas proteccionistas de corte clásico dificultando las importaciones y se vuelve hacia ese otro proteccionismo basado en rebajar los costes a los empresarios, en este caso, las cargas fiscales.

Segundo, que constituye la mayor rebaja impositiva planteada en la historia, al menos reciente, de EE.UU, dirigida sin ninguna duda a beneficiar a las clases altas y a las empresas, lo que deberá compensarse con una notable reducción de los gastos públicos, concretamente en los de carácter social.

Entre otras medidas, se propone reducir de siete a tres el número de tramos del impuesto personal sobre la renta, disminuyendo también el tipo marginal máximo al 35%. Se elimina el impuesto de sucesiones que deben pagar en la actualidad las herencias superiores a 5,5 millones de dólares. Se baja el tipo federal del impuesto de sociedades del 35 al 15% y se facilitará la repatriación de los beneficios (estimados en 2,6 billones de dólares) de las multinacionales americanas embalsados en el extranjero, estableciendo un único gravamen del 10%.

Como se puede observar, todas las iniciativas van en la misma línea de aquellas reformas que desde los tiempos de Reagan han protagonizado los gobiernos neoliberales de todos los países. A los españoles nos resultan muy familiares, así como los motivos aducidos por el secretario de Estado: simplificar el sistema tributario y agilizar la carga de las clases bajas y medias.

En una primera estimación, el coste de la reforma se cifra en más de 2 billones de dólares en 10 años. Inicialmente se pensaba financiarla en buena medida mediante la eliminación del Obamacare y los ingresos derivados de los gravámenes sobre la entrada de productos exteriores. La reforma sanitaria descarriló en el Congreso, ya que sufrió incluso la oposición de parte del partido republicano. La idea de imponer aranceles ha quedado por el momento en punto muerto, quizás por la fuerte hostilidad de importantes poderes económicos. El riesgo, por tanto, de que el coste de la medida se traduzca en déficit público es muy amplio y puede concitar las suspicacias de las propias bancadas republicanas, que se oponen radicalmente a todo incremento del endeudamiento público. En tales circunstancias, Trump ha vuelto los ojos a Reagan y a la famosa curva de Laffer.

En noviembre de 1980, durante la campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses, Ronald Reagan prometió bajar los impuestos, reducir el déficit fiscal e incrementar sustancialmente los gastos militares para combatir el imperio del mal, todo a la vez. Como se puede apreciar, la cuadratura del círculo. Algo similar pretende hacer en estos momentos la Administración Trump. Entonces fue Jack Kemp, director de la campaña de Reagan, quien ofreció la teórica solución, sacando del armario una teoría en forma de curva que un, hasta entonces casi desconocido, profesor de la Universidad de Stanford en California, Arthur Laffer, venía predicando: la bajada de impuestos no reduce la recaudación, más bien la incrementa.

La teoría, por supuesto, no funcionó, era una mera ilusión. Y el nuevo presidente, que había hecho campaña en contra del 2% que alcanzaba el déficit público en tiempos de Carter, lo incrementó de tal manera que en 1986 representaba el 6 % del PIB. A pesar de ello, a partir de entonces todos los gobiernos que han implantado una reforma fiscal regresiva han acudido a la popular curva como medio de demostrar que no va a tener un efecto apreciable sobre el déficit público. Trump no podía ser una excepción, sobre todo cuando le han fallado, al menos por ahora, las otras dos formas previstas de financiación, y sus enviados Mnuchin y Cohn indicaron en la rueda de prensa que las medidas incrementarían la tasa de crecimiento económico del 2 al 3 % y crearían millones de puestos de trabajo, con lo que la recaudación no se resentiría.

No deja de ser llamativo que a los defensores de la curva de Laffer nunca se les haya ocurrido realizar el razonamiento a la inversa. ¿Por qué no incrementar las pensiones o las prestaciones de desempleo en el bien entendido de que su impacto positivo sobre la actividad conllevaría un incremento de la recaudación impositiva de manera que el déficit se mantendría constante? Se habría encontrado la piedra filosofal. La razón de esta ausencia se encuentra en que el verdadero objetivo de tales reformas es el beneficiar a las empresas y a las rentas altas incrementando la desigualdad. Eso sí lo consiguió la reforma de Reagan y es seguro que también lo conseguirá la de Trump, si por fin se lleva a cabo.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) elaboró en febrero de 1990 un informe en el que llegaba a la conclusión de que, a pesar de toda la retórica acerca de las rebajas impositivas supuestamente generales o lineales, en la década de los ochenta los impuestos no se habían reducido para la mayoría de la población. Cuando se realizó el estudio, nueve de cada diez familias americanas dedicaban una parte mayor de su renta a pagar impuestos que antes de la llamada «reducción fiscal del lado de la oferta». Únicamente el 10% más rico de la población había disfrutado desde 1977 de menores impuestos, y dentro de este grupo había sido el 1% de mayores ingresos el verdaderamente agraciado. Para este 1%, el tipo efectivo del impuesto sobre la renta descendió en 15 puntos porcentuales con respecto al aplicable si hubiese estado vigente el sistema fiscal de 1977, actualizado por la inflación. En concreto, esto significaba que en 1990, por término medio, cada uno de estos contribuyentes se beneficiaba con respecto a 1977 de una rebaja fiscal del 36 % (82.196 dólares).

Los ciudadanos americanos, toda esa clase media y baja que ha votado a Trump, ya saben lo que les espera si su reforma fiscal tiene éxito.

republica.com 5-5-2017

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Presupuestos para 2017 que deberá discutirse y aprobarse en las Cortes, siempre que con el concurso de otras formaciones políticas se suscite una mayoría suficiente. Entrará en vigor con cierto retraso, más o menos a mitad de año. Algunos viven como una tragedia la ausencia de un presupuesto (en realidad, siempre hay presupuesto, aunque sea el del año anterior prorrogado). Sin embargo, quien conozca con cierto detalle y a fondo las cuentas públicas concederá bastante menos relevancia a su no aprobación.

Para un gobierno, en tiempo de recortes como el actual y, en presencia de cierta expansión económica no le resulta nada incómodo un presupuesto prorrogado. Los ingresos aumentan o al menos, deberían aumentarse al mismo ritmo que el PIB nominal (incremento real más inflación), mientras que, al haberse prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior, la mayoría de los créditos permanecen congelados, con lo que el control del déficit, objetivo principal de la política de austeridad, impuesto por Bruselas, resulta más sencillo y más fácil de justificar por el Ejecutivo.

Por otra parte, el presupuesto goza de una gran ductilidad. El Gobierno posee un importante margen de maniobra para realizar modificaciones presupuestarias, transferir créditos de una a otra partida. Hace ya bastantes años que un abogado del Estado con amplia experiencia en la elaboración del presupuesto lo definía con cierta chirigota como un solo crédito y ampliable.

Se entiende por tanto que desde el punto de vista económico y administrativo el Ejecutivo no tenga demasiada dificultad en funcionar con un presupuesto prorrogado; es más, hasta es posible que le resulte más sencillo y le sirva como pretexto para no acometer determinadas tareas o para justificar ciertos recortes por los que de otra manera sería fuertemente criticado.

Otra cosa muy distinta es el ámbito político y el de las apariencias, ya que es bien sabido que las cosas no son como son sino como aparecen, y en la opinión pública está muy extendida la tesis de que para todo gobierno es un baldón no aprobar los presupuestos, tópico que va unido a otro mantra, el de que el documento presupuestario es la expresión de la política económica del Ejecutivo, lo que no es exacto. En primer lugar, porque las opciones y variaciones existentes no son demasiado numerosas, dados los compromisos ya contraídos y las obligaciones impuestas por Bruselas; y, en segundo lugar, porque puede existir una distancia significativa entre el proyecto inicial y la ejecución a final de año.

Es muy posible que sea por esta razon política por la que el Gobierno de Rajoy esté empeñado en aprobar los presupuestos y por lo que el PSOE eluda entrar en la negociación, con lo que el acuerdo, de haberlo, sería con Ciudadanos, PNV y los canarios. Por ahora no han trascendido demasiado las negociaciones con nacionalistas y regionalistas. Lo único que se conoce es el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, por cierto nada bueno y que va a complicar más los problemas que en la actualidad presentan nuestras finanzas públicas. En estos momentos el déficit de nuestro país es de los más altos de la Unión Europea y existe una responsabilidad evidente, la insuficiencia de recaudación del sistema tributario acentuada a partir de 2008. La presión fiscal de España es de las más bajas de Europa.

Dado el nivel de deuda pública acumulado durante la crisis, si se quiere mantener una administración eficaz, unas infraestructuras y unos servicios públicos adecuados, y dar respuesta a las necesidades sociales, es imprescindible incrementar la recaudación. De ahí que sea una mala noticia el compromiso adquirido entre el Gobierno y Ciudadanos de no elevar los tributos, especialmente el IRPF, por mucho que esa información pueda agradar a algunos tertulianos y demás elites económicas y mediáticas.

El acuerdo entre el PP y Ciudadanos conserva la misma línea de deflación competitiva de la etapa anterior. Su finalidad es abaratar los costes laborales y fiscales a los empresarios. Se mantienen e incluso se incrementan las bonificaciones y exenciones en las cotizaciones sociales y se establece el llamado complemento salarial, que viene a ser una subvención implícita a los empresarios, orientado a reducir los costes salariales. La contrapartida de todo ello es, por una parte, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y, por otra, la reducción sustancial en estos presupuestos de los recursos destinados a infraestructuras, con lo que se ha iniciado una guerra entre Comunidades, ya que todas se sienten maltratadas en esta partida por el Gobierno central.

Así y todo, existe la sospecha de que los números no cuadran y de que los ingresos están sobrevalorados aproximadamente en 8.000 millones de euros. El hecho, desde luego, no es nuevo. Desde 2008, año tras año, en todos los ejercicios se ha producido una fuerte desviación entre la cuantía de los ingresos presupuestados y la de los que finalmente se recaudan. Las opciones son claras: o bien los encargados de realizar las previsiones en la Secretaría de Estado de Hacienda fallan más que una escopeta de feria o se está inflando a propósito la cifra estimada en los presupuestos, a efectos de que el déficit cuadre en el proyecto inicial.

Republica.com 20-4-2017

El ministro de Hacienda compareció la semana pasada en el Congreso con la finalidad de anunciar el plan de actuación de su Ministerio para estos cuatro años de legislatura. Entre los objetivos del plan figura en primer lugar –cómo no- su propósito de bajar de nuevo los impuestos. La presión fiscal de España se sitúa a la cola de los países europeos: trece puntos nos separan de Francia y de Dinamarca, doce puntos de Bélgica, diez de Austria, Finlandia y Suecia; nueve de Italia, cinco de Alemania y hasta países como Grecia, Portugal, Hungría, Ucrania o Serbia presentan cifras más elevadas de presión fiscal. Pues bien, a pesar de esta evidencia, se continúa reclamando una bajada de impuestos, y el Gobierno y parte de la oposición se muestran dispuestos a dar gusto a la porción de la población que crea opinión y que sin duda resulta beneficiada por la reducción de la fiscalidad.

Esta insuficiencia recaudatoria, como no podía ser menos, tiene su traducción en todas las partidas del gasto público y, por lo tanto, en el gasto social que en porcentaje sobre el PIB coloca a nuestro país en el puesto 17 de la Unión Europea, a siete u ocho puntos de Francia, Finlandia y Dinamarca, y por debajo, entre otros, de Austria, Italia, Suecia, Grecia, Eslovenia, Bélgica y Alemania. Estos datos son tanto más significativos en cuanto que España tiene un nivel de paro mucho más elevado que todos estos países, excluyendo a Grecia, y por consiguiente tendría que dedicar al seguro de desempleo mayores recursos. Pues bien, el ministro de Hacienda declara que en cuanto las finanzas públicas se hayan saneado y exista remanente, dedicará más fondos no a la educación ni a la sanidad ni a aumentar la cobertura del seguro de desempleo o a conseguir que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Nada de eso. Lo único que Montoro promete es bajar los impuestos.

En materia de pensiones han comenzado a visualizarse las consecuencias de la fatídica ley aprobada en la legislatura pasada según la cual los pensionistas irán perdiendo año tras año poder adquisitivo. En un laxo no demasiado largo de tiempo, cualquier pensión va a verse sometida a una merma considerable. Los pensionistas sufren de este modo un cierto expolio. Con la inflación, los ingresos del Estado se actualizan (se incrementan) de forma automática y lo lógico sería que las pensiones mantuviesen el mismo recorrido. Pero es esto precisamente lo que se modifica con la Ley citada. Hacienda aprovechará esta mayor recaudación en términos nominales, que proviene del incremento de los precios, no a mantener el nivel de las pensiones (en euros constantes) sino a otras finalidades, por ejemplo a bajar los impuestos. Se despoja así a los jubilados de parte de su pensión (en términos reales) para destinar esos recursos a otros colectivos.

Aunque en teoría casi todo el mundo reprueba los gastos fiscales y las exenciones, lo cierto es que en la práctica se recurre a ellos con toda presteza como la solución más fácil, cada vez que se pretende incentivar una actividad aun cuando no esté nada clara su eficacia. Montoro anunció también en el Congreso que piensa propiciar el retraso en la edad de jubilación concediendo beneficios fiscales. Se supone que el ministro considera que la medida puede resultar beneficiosa para el fisco, porque el posible deterioro en la recaudación por los incentivos fiscales sería más que compensado por el ahorro en el pago de las pensiones.

El argumento anterior es incompleto y parece mentira que el Gobierno no sea consciente de que las cuentas cambian radicalmente si estamos en presencia de un elevado nivel de paro. La prolongación de la vida laboral tendrá como resultado incrementar el número de parados y por ende el gasto en seguro de desempleo, a no ser que lo que el Ejecutivo se proponga sea reducir la cobertura y abandonar una cada vez mayor proporción de desempleados a su suerte, a la marginación y a la miseria.

Paradójicamente, todo lo que implique rebaja de impuestos ha adquirido buena prensa y goza de un plus en la valoración de la opinión pública. Pero lo cierto es que casi todas estas medidas son perjudiciales para la mayoría de la población: a) A la disminución de impuestos directos le suele seguir el incremento de gravámenes indirectos, o de tasas, con lo que el sistema fiscal se hace más regresivo; b) los recursos que se dedican a la minoración de los impuestos tienen su coste de oportunidad, no pueden orientarse a otras aplicaciones (sanidad, educación, pensiones, etc.) con mayor provecho para las capas de población más numerosas y de rentas bajas y medias; c) las rebajas de los impuestos directos, por su mismo carácter, son tanto mayores cuanto mayores son las rentas del sujeto pasivo; d) el gravamen para los trabajadores en el impuesto sobre la renta se materializa casi en su totalidad en retenciones sobre el salario y, al ser considerado este por los empleados a menudo en términos netos, se produce un cierto espejismo fiscal. La bajada de impuestos es compensada por una reducción o un menor incremento de las retribuciones, con el consiguiente traslado del beneficio a los empresarios.

Desde hace por lo menos 25 años nuestro sistema fiscal ha sido sometido a múltiples reformas fiscales, todas en la misma línea, con reducción de los impuestos directos (IRPF, sociedades, patrimonio y sucesiones) e incremento de los indirectos, cumpliéndose así, todo lo descrito en el párrafo anterior. El resultado de ellas se refleja en la insuficiencia de nuestro sistema tributario; parece por ello increíble que lo único que se le ocurra al Gobierno sea prometer nuevas bajadas de impuestos. Esperemos que la carencia de mayoría absoluta le impida cumplir esta promesa.

Republica.com 20-1-2017

Anda el mundo empresarial un poco revuelto con la reforma del impuesto de sociedades aprobada en Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre. Desde los distintos estamentos y asociaciones se ha lanzado todo tipo de exabruptos y se ha anunciado toda clase de males. El presidente de la patronal ha llegado a calificar la medida de desprestigio total de la marca España, y ha pronosticado que sembrará la desconfianza y originará una huida de la inversión extranjera. En la misma línea se han pronunciado la asociación Fomento de Trabajo y Javier Vega de Seoane en nombre del Círculo de Empresarios. El Registro de Economistas Asesores Fiscales ha alertado de que exigir mayor esfuerzo fiscal a las empresas es poner en peligro muchas de ellas y, en definitiva, querer matar a la vaca con lo que ya no habrá leche en los próximos años; y José Luis Feito, desde el Instituto de Estudios Económicos, centro generador de ideología de los empresarios, ha advertido a su antecesor en el puesto y ahora ministro de que la medida reducirá la inversión, el crecimiento y el empleo.

Toda esta algarada lo único que demuestra es que las empresas se habían acostumbrado a no pagar impuestos y llevan muy mal el que, si bien de forma todavía muy moderada, se pretenda que el tipo efectivo del tributo, que había llegado a alcanzar cifras ridículas, se acerque aunque sea levemente al nominal. Determinadas deducciones han vaciado y vacían aún de contenido el gravamen. Especial importancia tiene lo referente a la inversión en el exterior, eximiendo de tributación todas las ganancias (bien sean plusvalías o dividendos) generadas en el extranjero. Los defensores de la exención se escudan en la necesidad de evitar la doble imposición, puesto que se supone -lo que es mucho suponer- que la empresa ya ha sido gravada en el país extranjero. Pero no se entiende entonces por qué no se admite el mismo criterio en el impuesto sobre la renta para los pequeños inversores, e incluso se entiende menos que, hasta ahora que se corrige, se pudieran deducir las minusvalías cuando no se computan los ingresos.

El trato de favor de que han gozado las empresas en lo relativo a la inversión en el extranjero se ha puesto estos días en evidencia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da la razón a la Comisión en contra del Estado español, al considerar ayudas de Estado (y que por lo tanto deben ser reembolsadas) la posibilidad concedida por la Hacienda española a las sociedades para amortizar durante veinte años (y deducir sus cuotas en el impuesto de sociedades) el Fondo de Comercio, diferencia entre el valor real y el de compra en la adquisición de empresas extranjeras o participaciones en ellas, siempre que su cuantía sea superior al 5% del capital.

Los empresarios se han mostrado especialmente sensibles a tener que incorporar a la base imponible durante cinco años (un 20% cada año) lo deducido con anterioridad a 2013 por minusvalías estimadas pero no realizadas. Argumentan que su aplicación tiene un cierto carácter retroactivo. La verdad es que este régimen fiscal vigente hasta 2013, pero cuyas consecuencias continúan en la actualidad, nunca se debería haber aplicado y, en todo caso conviene aclarar que la deducción ha tenido siempre un carácter provisional, ya que podía ser reversible en el momento de la realización del activo si la minusvalía contabilizada no coincidía, lo que sería bastante probable, con la real. En el fondo, supone un cierto préstamo que la Hacienda Pública ha realizado a las empresas (y ahora se le reclama) a expensas de una liquidación definitiva cuando se realizasen los activos.

Se da un cierto fariseísmo en el mundo empresarial y económico. Echan pestes contra el déficit público pero se encabritan en cuanto se incrementan los impuestos que les afectan. Y es que, en el fondo, lo que quieren reducir es tan solo el gasto. Construyen un relato absurdo y poco consecuente como el del señor Rosell afirmando que hay muchos ministerios en los que existe un gran número de funcionarios que no tienen ninguna competencia. Todo lo confían a recortes en las partidas de gasto, basándose, según dicen, en la reforma de la Administración pública.

Pero su concepto de la Administración es totalmente reduccionista, entendiendo por tal solamente los empleados públicos que trabajan en las oficinas de los ministerios, y aunque fuese verdad -que no lo es- que en estas áreas se pudiesen hacer algunos ahorros (ya me gustaría a mí que las empresas del Ibex y los bancos aplicasen la austeridad en la misma medida que se aplica en la función pública) su impacto en la totalidad del gasto público sería casi insignificante. Las grandes partidas de gasto son las pensiones, la sanidad, la educación, los intereses de la deuda, el seguro de desempleo, dependencia, policía, ejército, y tantos y tantos servicios más cuya reducción es ya casi imposible, como no sea dañando fuertemente el Estado del bienestar y los mandatos de nuestra propia Constitución. España se encuentra a la cola de los países de su entorno en el porcentaje del gasto público respecto al PIB y, en lógica correspondencia, mantiene las cifras más bajas de presión fiscal.

Las quejas empresariales tienen impacto en el mundo de la política a través de su principal correa de transmisión, el partido de Ciudadanos. No es casualidad que se rumoree que la formación de Rivera es la preferida del IBEX 35. Lo cierto es que este partido se ha opuesto también a la subida de los impuestos con el argumento de que los ajustes deberían hacerse en el gasto; eso sí, después de pedir de cara a la galería que se incremente el gasto social. Bien es verdad que al gasto social al que se refieren es a lo que han bautizado como complemento salarial, lisa y llanamente una subvención a los empresarios. Cuando no se gobierna se pueden mantener las opciones más contradictorias y salir después por el comodín de la reforma administrativa con ideas tan peregrinas y tan fuera de la realidad como la de eliminar las diputaciones. Los dirigentes de Ciudadanos desconocen totalmente la Administración y el sector público. Da lecciones a todo el mundo, pero a la hora de la verdad no quieren ni entrar en el gobierno ni comprometerse con aquellas medidas que son más incomodas como las de subir los impuestos. Habrá que aplicarles lo que Péguy dijo del kantismo, que conservaba las manos limpias porque no tenía manos.

En el culmen del despropósito, los empresarios pretenden insultar al Gobierno tildándole de socialdemócrata. El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, recogió en el Parlamento tales críticas para llevar el agua a su molino: “No es que hayamos convertido a Montoro en un rojo peligroso, es que el sello del socialismo español está en nuestros acuerdos con el PP”. La réplica surge de inmediato: es una pena que no pusieran el sello del socialismo español en las medidas fiscales que aprobaron durante ocho años los gobiernos de Zapatero.

Republica.com 30-12-2016

El nuevo ministro de Fomento ha reconocido algo que se sabía desde hace mucho tiempo, pero de lo que no se quería tomar conciencia, que ocho autopistas de peaje eran totalmente ruinosas y que sus concesionarios se encontraban al borde de la quiebra o de la liquidación. Consecuencia: que el Estado se tiene que hacer cargo de ellas y que la broma va a costar a la hacienda pública más de 5.000 millones de euros. Total, una bagatela. Ahora todos los partidos de la oposición se rasgan las vestiduras y critican con dureza la operación de rescate. Alguien podría decir que “a buenas horas, mangas verdes”.

Iñigo de la Serna va predicando por todas partes que no se trata de un rescate, puesto que no hay una decisión política, sino que constituye una necesidad, la de cumplir con lo pactado. Y en puridad tiene razón, porque el rescate estaba implícito desde el principio, desde el mismo momento en que se realizaron las concesiones y se aceptó en los contratos la cláusula de responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora solo queda sufrir las consecuencias, con lo que una vez más se demuestra que en economía y en política, los resultados, buenos o malos, de las decisiones aparecen muchos años después de haberlas tomado.

En este caso fueron Aznar, Álvarez Cascos y Esperanza Aguirre los responsables y es el Gobierno de Rajoy (tras el tránsito de los de Zapatero sin querer afrontar la cuestión) el que tiene que asumir finalmente las consecuencias. En realidad, el trance actual constituye solo los coletazos de un macroproblema mucho más amplio, el de la crisis económica y de las políticas que la originaron. Rajoy y el segundo Zapatero (de 2008 en delante) han tenido que hacer frente, con mejor o peor acierto -más bien con peor- a las dificultades derivadas de las decisiones económicas tomadas en los años anteriores (Gobiernos de Aznar y primer Zapatero).

El asunto de las autopistas de peaje ha resultado de la conjunción de dos ideas disparatadas, ambas provenientes del credo neoliberal, y entroncadas con la Unión Europea. La primera es la creencia de que todo endeudamiento público es nefasto y que la maldad desaparece tan pronto como se convierte en privado. Esa ha sido la causa de uno de los principales errores cometidos en la Moneda Única, limitar e intentar controlar el déficit público en lugar del déficit exterior, bien fuese este público o privado. Tras los criterios de Convergencia y el Pacto de Estabilidad, todos los países se echaron en brazos de la ingeniería contable con el objetivo de manipular las cuentas públicas y engañar a Eurostat haciendo pasar por endeudamiento privado el que en realidad era público.

En plena fiebre del ladrillo el Gobierno de Aznar ideó la manera de compaginar su ansia faraónica de obras públicas con la disciplina en materia presupuestaria que imponía Bruselas. De ahí surgieron la creación del GIF (para la construcción del AVE a Barcelona), las autopistas con peaje en la sombra de Gallardón y la construcción de las autopistas que ahora quiebran. En realidad, estas autopistas siempre han sido públicas y el endeudamiento desde sus orígenes ha sido del Estado. Es muy posible que la iniciativa privada jamás hubiera entrado en ese negocio (para información de los liberales que lo quieren todo privado) si el Estado no hubiese asumido el riesgo. Todo era público, excepto los beneficios que, de haber existido, habrían sido privados.

Y con la socialización de pérdidas y la privatización de beneficios entramos en el segundo aspecto, el de la asociaciones público-privadas que tan de moda están no solo en España sino también en la Unión Europea, ¿Qué otra cosa más que eso es el plan Juncker, que prevé movilizar no sé cuántos millones en inversión sin gastar un solo euro nuevo del presupuesto de la Unión, lo que sin duda es cuadrar el círculo? En todas las áreas en las que coinciden la iniciativa pública y la privada, esta sale siempre beneficiada y perjudicado el erario público, bien sea directamente o bien indirectamente a causa de los ingresos que deja de percibir.

Las fuerzas políticas que tan indignadas se muestran ahora con la quiebra de las autopistas de peaje, cuando ya no existe solución, deberían tenerlo en cuenta en el momento de tomar decisiones en todos aquellos casos en los que se plantean -bien sea en el ámbito europeo, estatal, autonómico o local- asociaciones público-privadas, para huir de ellas y de todo lo que se les parezca.

El capital privado casi nunca suele perder. Tiene instrumentos eficaces para evitarlo. En el asunto que nos ocupa hay que considerar cómo ninguna de las concesiones de las autopistas recayó sobre un banco o una constructora, aunque la mayoría de unos y de otras están en el negocio, pero participan mediante consorcios que apenas disponen de recursos propios, y en caso de dificultades pueden quebrar o liquidarse sin demasiados problemas y sin que el capital privado sufra un gran deterioro. Comportamiento generalizado en el sistema capitalista. Ingenuamente podríamos preguntarnos cómo es posible que tras la crisis del ladrillo la mayoría de las constructoras hayan continuado tan campantes sin que se hayan producido apenas quiebras. La respuesta es obvia. Todas las constructoras tenían sus propias promotoras, sin apenas capital y a las que se podía dejar caer sin que ello afectase a la matriz.

Republica.com 23-12-2016

ALQUIMIA EN LAS FINANZAS PÚBLICAS

En noviembre de 1980, durante la campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses, Ronald Reagan prometió bajar los impuestos, reducir el déficit fiscal e incrementar sustancialmente los gastos militares para combatir el imperio del mal, todo a la vez. Como se puede apreciar, la cuadratura del círculo, lo que ponía en un serio aprieto a sus asesores.

La iluminación llegó de un encuentro en un restaurante chino. Jack Kemp, director de la campaña, se reunió con un profesor de Economía en la Universidad de Stanford en California, Arthur Laffer, entonces sin demasiado renombre, y que de no haber sido por esta coincidencia hubiera pasado a la historia sin pena ni gloria. Laffer, según parece, le dibujó sobre una servilleta la famosa curva que llevaría en adelante su nombre. La curva relaciona niveles de recaudación fiscal (ordenadas) con tipos impositivos (abscisas). En una primera parte es ascendente pero, llegada a un determinado punto, se convierte en descendente. La tesis de Laffer se enunciaba así: aun cuando en un principio los ingresos fiscales crecen según se incrementan los tipos del impuesto, una vez alcanzado un determinado nivel, la recaudación comienza a disminuir.

Se había dado solución al dilema. Desde ese momento parecía posible bajar los impuestos, gastar más y al mismo tiempo reducir el déficit. Kemp le mostró el hallazgo a Reagan, que le creyó y, nada más ganar las elecciones, se puso manos a la obra tratando de hacer posible el milagro.

No hubo que esperar mucho tiempo para comprobar los errores que encerraban las teorías de Laffer y cómo podían conducir a la debacle más absoluta de la economía. El primero en tomar conciencia de ello fue David A. Stockman, director de la Oficina del Presupuesto. Las reducciones fiscales sin recorte en las partidas presupuestarias acarreaban inevitablemente un crecimiento explosivo del déficit. Stockman discrepó abiertamente de la política de Reagan y presentó la dimisión, explicándola en un libro de sumo interés, “El triunfo de la Política”, que constituye el mejor alegato contra la curva de Laffer. El argumento fundamental era que no funcionaba; se trataba, según él, de una ilusión. Y el nuevo presidente, que había hecho campaña en contra del 2 % del PIB que alcanzaba el déficit público en tiempos de Carter, lo incrementó de tal manera que en 1986 se situaba en el 6 %.

Lo que también aumentó notablemente fue la desigualdad social y económica. Pero tal vez fuese esta el objetivo último de la reforma, y de esta teoría, que colma de satisfacción a los políticos y, en mayor medida, a las clases altas de la sociedad, que encuentran en sus enunciados la justificación perfecta para desarmar la progresividad de los sistemas fiscales. Ello explica que a pesar de no haber funcionado nunca y de los desastres a los que siempre ha conducido a las finanzas públicas se haya seguido manteniendo y se continúe defendiendo en todas las reformas fiscales.

Los asesores de Trump se encuentran en una encrucijada parecida a la que hallaban los de Reagan hace 35 años. Durante la campaña electoral el presidente electo ha prometido una bajada generalizada de impuestos, siguiendo para ello los patrones más clásicos de disminución de la progresividad. Eliminación del impuesto sobre sucesiones; en el gravamen sobre la renta personal, reducción de tramos, de los siete actuales a tres y una rebaja del tipo marginal máximo; ha prometido minorar el tipo del impuesto de sociedades del 35% al 15%; incluso al 10% para aquellos beneficios obtenidos en el extranjero y que se repatríen. Esto último no puede extrañarnos mucho a los españoles ya que nuestro fisco es más generoso y no grava a las empresas por los beneficios obtenidos en el extranjero.

Al mismo tiempo, Trump ha ofrecido incrementar los gastos en infraestructura nada menos que en un billón de dólares y los gastos militares en unos 300.000 millones. El dilema vuelve a plantearse, porque ante los ojos vigilantes de sus compañeros de partido que desconfían de cualquier política fiscal expansiva, no ha tenido más remedio que afirmar que su plan será neutral en términos fiscales o, lo que es lo mismo, que no incrementará la deuda. Aun cuando pensase, tal como alguna vez ha dejado entrever, que eliminará o al menos reducirá el Obamacare, programa de ayuda sanitaria que da cobertura a más de 20 millones de personas al año, en ningún caso se compensarían los desequilibrios anteriores. En el mejor de los casos, el ahorro sería de 110.000 millones de dólares.

Una vez más, para huir de la cuadratura del círculo se recurre a la curva de Laffer, pero esta tesis se encuentra ya muy desprestigiada. Por ello, los asesores de Trump precisan sacar otro conejo de la chistera. En este caso son el economista Peter Navarro y el inversor Wilbur Ross los que han diseñado el plan de infraestructuras del próximo gobierno y lo hacen pivotar sobre la cooperación del sector privado. La clave se encuentra en que Trump no ha hablado de aumentar el gasto público en un millón de dólares sino en incrementar la inversión en infraestructuras en esa cantidad, pero apoyándose en la empresa privada. Ahora bien, para que la empresa privada se implique será preciso incentivarla con deducciones, deducciones que prevén que costarán al fisco americano 167.000 millones de dólares.

El truco no es nuevo ni original. Son muchos los países (sin ir más lejos, España y la mayoría de los de la Unión Europea) que se han lanzado por esta vía de la cooperación público-privada. El resultado siempre ha sido negativo, porque o bien no ha funcionado y no ha se ha producido inversión, o bien en el caso de que esta se realice, los beneficios, si los hay, terminan siempre en manos privadas y las pérdidas se adjudican al sector público. Buena prueba de lo último la constituyen por ejemplo las autopistas radiales de peaje en España que están a punto de ser un coste extremadamente oneroso al erario público.

Desde la curva de Laffer hasta las asociaciones público-privadas son muchas las fórmulas que los políticos han querido utilizar para cuadrar el círculo. Bajar los impuestos, subir el gasto y no incrementar el déficit. Se transforman en chamanes dispuestos a practicar la alquimia de convertir el hiero en oro.

En Europa hace tiempo que hizo presa la alquimia financiera, no solo porque los distintos gobiernos hayan utilizado frecuentemente la curva de Laffer para justificar reformas fiscales regresivas (caso de España) sino porque Junker se apuntó a la tesis de la asociación público-privada, en un intento absurdo de realizar una política fiscal expansiva sin emplear fondos públicos. En los momentos actuales el relevo ha sido asumido por Pierre Moscovici, Comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, que acaba de recomendar un estímulo adicional de 50.000 millones de euros, se desconoce si por miedo al posible triunfo de Le Pen en Francia o porque realmente comienzan a ser conscientes en la Comisión de que la Eurozona se encuentra condenada, de no tomar medidas, al estancamiento y a la baja inflación y de que la política monetaria resulta insuficiente para rescatarla.

El planteamiento, sin embargo, es ingenuo no solo por la cuantía del estímulo requerido, también por no querer aceptar que la verdadera trampa es la propia unión monetaria. Los estímulos se reclaman una vez más a los Estados individuales, ya que el presupuesto de la Unión (dado su escaso montante y la carencia de gravámenes propios) resulta radicalmente impotente para acometer cualquier política fiscal. Pero los países se encuentran en situaciones muy diferentes, los que quieren no pueden dado el nivel de endeudamiento que acumulan y los que pueden -como Alemania y Holanda- no quieren y lo que es peor no hay nada en los Tratados que les obligue a hacerlo. Tanto el ministro alemán de economía, Wolfgang Schäuble, como el holandés Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, ya se han posicionado abiertamente en contra de la recomendación.

En nuestro país la alquimia financiera está tentando también a los partidos políticos a la hora de aprobar los presupuestos. Ciudadanos acepta obedientemente el mandato de Bruselas de reducir el déficit, pero se niega a que se suban los impuestos, a pesar de que pretende incrementar el gasto, especialmente eso que llaman complemento salarial y que califica falazmente dentro del gasto social cuando constituye simple y llanamente subvenciones a los empresarios. En España, a estas alturas, dado el volumen alcanzado por el stock de la deuda, la contención del déficit público no es ya una imposición de Bruselas sino una necesidad económica. Todo aquel que afirma que quiere incrementar el gasto social pero al mismo tiempo se niega a subir los impuestos miente, o nos quiere hacer creer que es capaz de convertir el hierro en oro. Pura alquimia en las finanzas públicas.