ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Una semana después de que el Gobierno aprobase el proyecto de los presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez presentó en Ferraz lo que denominó «presupuestos alternativos del PSOE», que, tras una aparición fugaz en la prensa, se diluyeron en el olvido y en la futilidad. Nunca más se supo nada de ellos. Era lo lógico. A pesar del nombre, tienen poco de alternativos. Dentro de la Unión Monetaria que el PSOE defiende, hay poco lugar para lo alternativo, al menos en la versión con mayúscula que le da Pedro Sanchez como modificación radical de la política económica. En todo caso, sería posible la alternancia al estilo de la Restauración de finales del siglo XIX. Cambio de partidos en el gobierno, aunque con políticas bastante similares. Pero entonces,y según las encuestas, el tema va para largo. Si tan largo me lo fiais… Por eso la prensa, que siempre va al día y que abandona todo lo que no tiene una aplicación inmediata, enseguida ha relegado el proyecto al baúl de los recuerdos.

Otra cosa muy distinta habría sido si Pedro Sánchez con un poco más de humildad pero también con más sentido práctico, hubiera afirmado estar dispuesto a negociar los presupuestos y hubiera colocado sobre la mesa el citado documento. Este habría adquirido una relevancia inmediata al pensarse que podría servir para algo, al resultar previsible que algunas de esas medidas llegasen finalmente a buen puerto. La labor del PSOE habría trascendido entonces la condición de mero guiño testimonial para convertirse, aunque fuese parcialmente, en posible factor de cambio de la política gubernamental, papel que de este modo ha entregado gratuitamente a Ciudadanos y al Partido Nacionalista Vasco.

El documento presentado por Pedro Sánchez no es desde luego perfecto, tiene aspectos discutibles y en algunas partes peca de la falta de realismo de todo aquello que se elabora en la oposición, pero es bastante más consistente y progresista que los planteamientos de Ciudadanos, que son los que al final se van a aprobar. El PP tiene 143 diputados, en esas circunstancias y con un Parlamento fraccionado los presupuestos dejan de pertenecer en exclusiva al Gobierno para convertirse en el resultado de la negociación de varias fuerzas políticas. Mantenerse al margen tal como están haciendo el PSOE y Podemos es salirse del campo de la política para disputarse entre sí la hegemonía del ámbito de lo testimonial, disputa que no conduce a ningún resultado práctico.

El proyecto del PSOE tiene aspectos que podríamos calificar de ingenuos o voluntaristas como el de ahorrar 2.500 millones de euros mediante una gestión más eficaz del gasto público o de conseguir 1.800 millones más por la lucha contra el fraude fiscal. Ambos objetivos son muy loables, pero es más fácil enumerarlos que alcanzarlos y, en cualquier caso, dada su condición de futurible, nunca se debe contar con ellos y presupuestarlos antes de haberlos obtenido, tanto más cuanto que los presupuestos van a terminar aprobándose a mitad de año.

Más hipotético aún es confiar en saldar el déficit de la Seguridad Social con una modificación de la reforma laboral que eleve los salarios y que, en consecuencia, aumente las cotizaciones. Demasiadas variables en juego. Y, además, se mantiene el error de continuar haciendo pivotar la sostenibilidad de las pensiones sobre el empleo y los salarios, como si las rentas de capital no tuviesen que estar implicadas en su mantenimiento. El déficit de la Seguridad Social, sea cual sea, debe sufragarse por la aportación del Estado; aportación y no préstamo, tal como está haciendo el Gobierno en los últimos años, distinción importante y cuyo quid proquo el PSOE no parece denunciar, aunque bien es verdad que es difícil que lo llegara a hacer ya que fue Pedro Solbes el que comenzó aplicando esta corruptela al principio de los noventa.

No es que no se precise un cambio de la última reforma laboral (y quizás de algunas otras), pero no para solucionar el problema de las pensiones, sino para devolver a los trabajadores los derechos de los que se les ha privado, y que muy posiblemente se encuentre en el origen del profundo deterioro que han sufrido los salarios. No obstante, el problema trasciende con mucho el ámbito de los presupuestos de un ejercicio concreto. No se puede desligar de la Unión Monetaria, de la crisis económica generada en buena medida por la introducción del euro, de la imposición impuesta por Bruselas y Frankfurt y, nos guste o no, incluso del crecimiento actual del PIB.

A veces cerramos los ojos a lo que significa haber perdido la soberanía sobre la moneda y la capacidad de devaluar. Y me temo que eso es lo que les pasa tanto a Podemos como al PSOE. El PSOE, quizás para eludir su responsabilidad en la constitución de la moneda única. El origen de la vasta crisis económica que se cernió sobre España en 2008 tuvo su origen en el desmedido déficit de la balanza por cuenta corriente que se fue agrandando en los diez años anteriores hasta alcanzar el 10% en 2007, y en la consiguiente acumulación de deuda exterior que hipotecaba la economía y lastraba el posible futuro crecimiento. La salida de la crisis en condiciones normales hubiera pasado por la devaluación de la moneda, pero ese camino estaba vedado al pertenecer España a la Unión Monetaria. Ciertamente este problema no fue exclusivo de nuestro país, en mayor o menor medida afectó a todos los del sur de Europa que habían sufrido un proceso semejante.

La situación, por supuesto, hubiera sido distinta si la Unión Monetaria se hubiese construido con otros parámetros, los de aprobar al mismo tiempo una unión fiscal, es decir, unos instrumentos redistributivos entre países, pero estos no existen y los países acreedores se niegan radicalmente a cualquier mecanismo de solidaridad. Todas las ayudas se han diseñado con contrapartidas muy onerosas que, más que ayudas, constituyen una pesada carga para el país que las recibe. Las únicas alternativas posibles se encontraban en la permanencia de la recesión que a medio plazo habría ocasionado la desaparición del euro o en someter a los países deudores a lo que se ha llamado deflación interior, es decir, conseguir mediante una reducción de los salarios y recortes en los derechos sociales un descenso de los precios interiores frente al exterior, consiguiendo así un efecto macroeconómico similar, pero con unos costes sociales y de equidad mucho más elevados, que la devaluación exterior. Esta última alternativa fue la elegida.

Paul Krugman, con un análisis económico impecable, era un convencido de que el euro no se podía mantener. Cuando la Unión Monetaria despejó (aparentemente y de forma provisional) sus nubarrones, Krugman reconoció haberse equivocado en sus previsiones, achacándolo a que nunca hubiera imaginado que ciudadanos de sociedades europeas aceptasen procesos de ajustes tan brutales. Yo tengo que reconocer que también me equivoqué. Innumerables veces escribí que dentro de la Unión Monetaria no era posible la recuperación económica. Me basaba en que, aunque la recesión originaba una contracción del déficit exterior, sin devaluación, este comenzaría de nuevo a incrementarse tan pronto empezasen los primeros atisbos de la reactivación, con lo que de nuevo se estrangularía el crecimiento.

Por otra parte, no confiaba en la devaluación interna. No existía ninguna garantía de que los recortes y la reducción de salarios se trasladasen a los precios, depreciando los nacionales con respecto a los exteriores. Me equivoqué porque se cumplió lo que parecía imposible, en pocos años el déficit por cuenta corriente pasó del 10% a un superávit del 1,5%. Pero también acerté porque la reducción salarial se orientó en buena medida a incrementar el excedente empresarial, lo que pasa es que el recorte de las retribuciones fue tan violento que otra parte se aplico a mejorar los precios relativos frente al exterior, con lo que nuestra posición competitiva se corrigió casi tanto como si hubiésemos acometido una devaluación monetaria.

Todo lo anterior nos debe hacer reflexionar acerca de dónde estamos. No solo es que el crecimiento económico actual no se haya distribuido, sino que en buena medida ese crecimiento ha tenido como precio la desigualdad y hasta cierto punto era su condición necesaria. Ese es el enorme coste a pagar por pertenecer a la Unión Monetaria, y la amenaza que continua cerniéndose sobre el futuro. Esto hay que tenerlo muy presente a la hora de plantear cualquier reforma del mercado laboral. Bien es cierto que en este proceso el excedente empresarial se apropió de unas rentas que no le pertenecían, ya que los salariosse redujeron en una cuantía mucho más elevada que la precisa para que los precios interiores convergiesen con los exteriores. Ello deja sin duda un margen abierto a una reforma del mercado laboral, pero mediante una actuación medida y nada improvisada, desde luego no reducida al estrecho margen de la ley de presupuestos y menos con la única finalidad de elevar las cotizaciones sociales.

Pero junto a estos elementos discutibles el documento presentado por Pedro Sánchez contiene otros muy válidos, no tanto como una alternativa de política económica sino de cara a lo que podía haber sido una negociación con el Gobierno: aumento del seguro destinado al desempleo, actualización de las pensiones por la inflación, incremento del impuesto de sociedades, elevación del tipo marginal a los contribuyentes por encima de 150.000 euros de renta al año, impuesto sobre las transacciones financieras, etc. Que no se trata de una propuesta alternativa aparece con claridad en las medidas de carácter fiscal que se proponen que, aun cuando la mayoría de ellas son totalmente aceptables, no constituyen una reforma en profundidad que es lo que precisa el sistema fiscal español.

Si Pedro Sánchez hubiera puesto este documento o alguno parecido sobre la mesa de negociación, es bastante probable que el PSOE hubiera conseguido modificar en algunos puntos importantes el proyecto de presupuestos del PP, tal como en su lugar lo han logrado Ciudadanos y el PNV. Desde luego no hubiera podido aspirar a que se aceptasen todas las medidas planteadas, pero en todo caso, de no llegarse a un acuerdo, siempre habría podido responsabilizar al Gobierno de su cerrazón y falta de diálogo, y quitarse así el sambenito de la irrelevancia. A un partido político -y eso vale también para Podemos- se le exige algo más que incorporarse a las movilizaciones, hacer declaraciones reivindicativas en los medios públicos o presentar proyectos y documentos que de antemano se sabe que no van a tener ninguna utilidad. Se le exige que en la medida de lo posible convierta en leyes esas reivindicaciones, pero no solo cuando esta en el gobierno sino desde la oposición pactando cuando ello es viable.

No deja de ser curioso que después de que tanto Podemos como el PSOE se hayan apuntado a las manifestaciones de los pensionistas, haya tenido que ser el PNV el que haya terminado por capitalizar las propuestas y haya conseguido que el Gobierno acepte actualizar todas las pensiones por el IPC. En esta ocasión. el PNV al menos ha cifrado su reivindicación en una medida que afecta a todos los españoles. Es verdad que una de las Comunidades más afectadas y en las que por el mismo motivo las protestas de los pensionistas ha sido más constantes y broncas ha sido el País Vasco, como también es verdad que al Gobierno vasco le había quedado un mal sabor de boca con las muchas críticas que había suscitado la negociación anterior sobre el cupo, y la acusación generalizada de que Euskadi gozaba de un sistema fiscal y presupuestario privilegiado. No es extraño, por tanto, que ahora pretenda revestir sus demandas de un carácter más general.

Lo más criticable de la inanidad del PSOE es el protagonismo que ha concedido a los nacionalistas vascos, al permitirles humillar a todo el Estado español, condicionando los presupuestos a la retirada del 155, lo que ha sido acogido todo este tiempo con euforia y regocijo por los independentistas pensando que estaban condicionando la economía del resto de España. Ha sido la evidencia de que son los propios secesionistas los que no permiten que se retire el 155 lo que ha hecho cambiar la postura del PNV y por lo tanto ha facilitado la aprobación de los presupuestos, y no la actuación política del PSOE.

republica.com 11-5-2018

Estamos acostumbrados a que los políticos mientan, o al menos a que pretendan vendernos un relato falaz. Pero, en ocasiones, los embustes adquieren tales proporciones que inclinan a pensar que nos toman por tontos. Eso es lo que ocurre con la prédica que el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos ha ido sembrando por los distintos medios de comunicación a propósito del proyecto presupuestario de 2018. Hay que tener mucha osadía y ser muy petulante para afirmar –ahí es nada- que son los presupuestos más sociales de la historia.

Desde el Ministerio se establecen tres objetivos fundamentales: primero, apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo. Todos los años se afirma lo mismo. Otra cosa es conseguirlo y, además, a menudo alcanzarlo o no depende de otras muchas variables distintas de los propios presupuestos. Segundo, lograr además que ese crecimiento sea inclusivo, es decir, hacer que redunde en las clases más vulnerables de la sociedad, que en buena medida han sido las que más han sufrido con la recesión. Tercero, en esa misma línea, devolver a los empleados públicos parte de los esfuerzos realizados en la época de crisis. Sin duda, se trata de tres finalidades encomiables, pero, al menos las dos últimas, solo existen sobre el papel y en la cháchara del secretario de Estado, y no guardan relación con el proyecto presentado.

Esta falsedad queda al descubierto cuando se analizan los mismos datos y previsiones que aparecen en los documentos presupuestarios. La cifra clave es el crecimiento del PIB nominal, cuya estimación es del 4,3%, desglosado en un incremento real de la economía del 2,7%, y un componente precios del 1,6%. A su vez, se calcula que los ingresos tributarios van a crecer al 6%, cifra que es creíble no porque se vaya a hacer algo especial, aunque se diga lo contrario, sino porque los impuestos suelen tener una elasticidad mayor que la unidad con respecto al PIB.

Era de esperar que en un presupuesto “tan social” los gastos sociales creciesen al menos como el PIB nominal, para mantener el porcentaje respecto a esta variable. Pues no. A pesar de ser los presupuestos “más sociales de la historia”, los gastos sociales crecen solo el 2,8%. Es decir, que ni siquiera conservan su participación en el PIB. En ese afán de hacer juegos malabares, como el paro ha descendido y como consecuencia, el gasto del seguro por desempleo, la Secretaría de Estado ofrece la cifra de los gastos sociales prescindiendo de esta partida, creyendo así que su tasa de crecimiento presentará una mejor apariencia (3,5%); sin embargo, a pesar de ello, continúa siendo inferior al crecimiento del PIB nominal. Por otra parte, no hay ninguna razón para excluir de los gastos sociales una partida tan sumamente fundamental como el seguro de desempleo. El hecho de que las cifras de paro se hayan reducido no es motivo para dedicar menos recursos a esta finalidad cuando aún existe un número importante de desempleados que no reciben ninguna prestación. En todo caso, la rúbrica de gastos sociales es un todo, y si fuese verdad que el cambio de circunstancias aconseja dedicar menos recursos al seguro de desempleo, la modificación también de las circunstancias (mayor número de jubilados y con una prestación de entrada mayor) obligaría a orientar más fondos al capítulo de pensiones.

Si en “el presupuesto más social de la historia”, según el secretario de Estado, los gastos sociales crecen el 2,8%, paradójicamente otras partidas se incrementan a un ritmo mucho mayor: el gasto en defensa, 10,2; las infraestructuras, 16,5; industria y energía, 6,2%; investigación y desarrollo, 8,3%; seguridad ciudadana y política penitenciaria, 6,4%. ¿Podemos afirmar que son estos los presupuestos más sociales de la historia? No dudo de que todas estas finalidades son muy importantes y que durante la crisis las partidas dedicadas a subvenirlas han podido sufrir reducciones, o al menos estancamiento; pero no son más necesarias que las dedicadas a la mayoría de los gastos sociales ni han soportado más recortes que las economías de las clases más desfavorecidas, que suelen ser las principales beneficiarias de las prestaciones sociales y de los servicios públicos. No es precisamente en las infraestructuras donde se encuentra el mayor de los déficits de la economía española, bien es verdad que será seguramente, eso sí, el gasto público que más interesa a muchos empresarios. De todos modos, lo que sí parece claro es que con estos datos difícilmente se puede hablar de un presupuesto social.

Dado que la educación y la sanidad están transferidas a las Autonomías, la partida mayor y más importante en que se concreta el carácter social de los presupuestos del Estado se encuentra en las pensiones. A pesar de la propaganda existente acerca de la evolución explosiva de este capítulo, lo cierto es que su incremento en estos presupuestos es más bien reducido, el 3,7%, inferior al crecimiento nominal del PIB. Pero es que, además, la casi totalidad de este porcentaje se explica por la ampliación del número de pensionistas y por la cuantía más elevada de las nuevas prestaciones respecto al de aquellas de los que abandonan el sistema. El aumento, sin embargo, del gasto por la revalorización del total de las prestaciones no llega al 1%, es decir que teniendo en cuenta la inflación, por término medio las pensiones no se revalorizan, sino que se reducen.

Las manifestaciones masivas de jubilados y pensionistas han obligado al Gobierno, para justificarse, a introducir algunas mejoras en estas prestaciones no previstas inicialmente. Se ha lanzado toda una campaña de publicidad y propaganda. El distinto tratamiento dado a cada clase y tramo de pensionistas ha creado el suficiente ruido como para dar a entender que los presupuestos eran sumamente generosos, pero la realidad es que globalmente, como hemos visto, ni siquiera se compensa el incremento de la subida de los precios. La realidad es que las pequeñas mejoras que se introducen en las pensiones más bajas se financian a costa de la pérdida de poder adquisitivo de las más altas (si es que podemos considerar alta una pensión de 9.800 euros) y los pensionistas en su conjunto financian en euros constantes otras partidas de gasto. Téngase en cuenta que todos los ingresos del Estado se actualizan automáticamente no solo por el incremento de los precios, sino también por el crecimiento de la economía real. Prescindiendo de la hojarasca con la que se pretende ocultar la realidad que afecta a este capítulo, se comprueba que a todas las pensiones por encima de 9.800 euros anuales se las considera suficientemente elevadas como para que sea necesario reducirlas, en mayor o menor cuantía. Todas pierden poder adquisitivo; y no se pretenda ocultar este hecho con supuestas rebajas fiscales que son otra trampa. Pero el tema impositivo merece otro artículo.

El tercer objetivo que el Gobierno plantea para estos presupuestos es el resarcimiento de parte de los esfuerzos realizados por los empleados públicos en época de crisis. Se fija una subida para los funcionarios de 1,75%. Si tenemos en cuenta que se prevé una inflación del 1,6%, el incremento real y por tanto la compensación efectiva que se pretende hacer a los recortes realizados en el pasado es del 0,15%. Todo un lujo. Parece claramente una tomadura de pelo. Y más aún cuando se considera la argumentación del secretario de Estado, Alberto Nadal: “Ayuda a aquellos que no se benefician de la mejora experimentada en el sector privado”. La mejora será para las rentas de capital, los empresarios y para algunos ejecutivos, porque no creo yo que la mayoría de los asalariados del sector privado estén percibiendo precisamente aumentos en sus remuneraciones. Este planteamiento -que es pura demagogia- puede indignar a la mayoría de los trabajadores del sector privado y hacer que su irritación se dirija hacia los funcionarios creyéndose de verdad que se les favorece enormemente cuando en lugar de subírseles el 2,7% (lo que va a crecer en términos reales la economía) se les despide con un 0,15 %.

No cabe duda de que en los últimos años las retribuciones de los empleados públicos han sufrido mermas muy importantes. En primer lugar, la reducción del 5% impuesto por Zapatero y Elena Salgado (en algunos colectivos alcanzó el 10%), que en ningún momento se ha compensado y se arrastra ejercicio tras ejercicio. A ello hay que añadir la congelación de sueldos (sin corregir la inflación) experimentada desde no se sabe cuándo y que representa una minoración de las remuneraciones en términos reales. En conclusión, en una década la capacidad adquisitiva de los sueldos de los funcionarios se habrá reducido del 10 al 15% según los colectivos. Subirles ahora el 0,15% y lanzar las campanas al vuelo puede resultar una broma macabra.

Lo grave es que, según dicen, han participado en ella los sindicatos. Bien es verdad que las organizaciones sindicales han ido perdiendo capacidad de convocatoria y el crédito que tenían, y no digamos ahora en que parecen haber abandonado las reclamaciones sociales y laborales para sumarse a la causa secesionista. Quizás deberían borrar lo de organizaciones “de clase” para denominarse “nacionalistas”. No puede extrañarnos luego que existan esas diferencias tan sustanciales en las retribuciones de los empleados públicos entre las distintas Autonomías y entre estas y la Administración central. En los presupuestos de 2018, y es quizás de las pocas medidas positivas, se inicia, si llega a aprobarse, la equiparación de los sueldos de policía nacional y guardia civil con los de mossos y ertzaintza. Pero las diferencias se producen en todos los colectivos y niveles. No en balde el presidente de la Generalitat es el que más cobra de todas las Comunidades Autónomas y bastante más que el mismo presidente del Gobierno de España, y hay que suponer que la diferencia se traslada a todos los niveles y puestos (qué pena, la región más oprimida y explotada).

En fin, la expresión más clara de cuánto de sociales son estos presupuestos se encuentra en la previsión que se establece para el porcentaje entre la totalidad del gasto de las Administraciones públicas con respecto al PIB. Se cifra en 40,5%, cuando la media en la Eurozona se encuentra en el 47,6%. Con este nivel de gasto público es imposible hablar de presupuestos sociales e incluso se pone en cuestión la permanencia del Estado social en el futuro. Ciertamente este problema nos conduce al presupuesto de ingresos y a la presión fiscal que se sitúa en España también siete puntos por debajo de la media de la Eurozona. Pero de esto hablaremos otro día.

republica.com 20-4-2018

Creo bastante poco en las comisiones parlamentarias de investigación. Las conclusiones que se aprueban no suelen obedecer tanto a los datos aportados a lo largo de las sesiones, como a la correlación de fuerzas y al juego de mayoría y minorías. Hay ocasiones, sin embargo, en las que pueden ser interesantes porque nos recuerden hechos sustanciales del pasado, hechos que tendemos a olvidar, aun cuando sus efectos continúan actuando en el presente e incluso se harán notar en el futuro. A este grupo pertenece la que actualmente está teniendo lugar acerca de la pasada crisis financiera.

Desde Rodrigo Rato hasta Elena Salgado, pasando por Pedro Solbes, la semana pasada han ido compareciendo en la Comisión los principales, aunque no los únicos, responsables del desaguisado; cada uno a contar su milonga, y sin que los miembros de la Comisión hayan estado demasiado hábiles para forzar que afloren sus contradicciones. Los tres han salido prácticamente vivos de sus comparecencias, puesto que se les ha permitido centrarse en aquellos asuntos en los que se sentían más cómodos. La comparecencia de Rato giró acerca de su etapa de presidente de Bankia y de la privatización de esta entidad. Aun cuando en torno a este hecho se agrupan algunos de sus problemas penales, su responsabilidad mayor en la crisis se encuentra más bien en sus años de vicepresidente económico, periodo en el que, junto con la primera legislatura de Zapatero, se incubó la crisis española.

Casi todos los medios de comunicación han señalado el carácter arrogante, casi desafiante, de la declaración de Rato. Se dice que ha constituido un ajuste de cuentas con su partido. En expresión un tanto castiza, ha puesto el ventilador. Independientemente de sus intenciones y de la culpabilidad que a él le haya podido corresponder, que puede ser mucha, lo cierto es que su intervención ha esparcido dudas –que, por otra parte, ya existían- acerca de todo lo que hace referencia a Bankia y en general al rescate bancario.

No resulta creíble que él fuese el único responsable de la salida a bolsa de la entidad, y que la Comisión del Mercado de Valores, el Banco de España y el propio Gobierno estuviesen al margen, tal como nos quiere hacer creer Elena Salgado. Y las sombras revolotean también acerca de cómo se decidió la intervención de Bankia y de la extraña reunión que tuvo lugar con el ministro de Economía y los presidentes de los dos principales bancos competidores. En el asunto de Bankia es posible que Rato no haya sido el máximo culpable, tan solo un instrumento (tonto útil, cabría afirmar), pero paradójicamente su responsabilidad sí fue máxima en la génesis de la crisis, durante su periodo como vicepresidente económico. Y en esta etapa, los sutiles y perspicaces diputados de la Comisión apenas entraron.

Aparentemente, la intervención de Solbes fue muy diferente, sin el tono prepotente empleado por Rato, asumiendo cierta autocrítica, lo que ha sido muy encomiado por algunos comentaristas. Pero quizás todo ello sea tan solo apariencia, porque sus reproches están lejos de la autocensura y se dirigen más bien a los otros. Él ya lo dijo, pero no le hicieron caso…Él no es un político, sino un técnico…según dice, Por técnico llegó a ministro de Agricultura, después a ministro de Economía y Hacienda, más tarde también por técnico a diputado del PSOE, posteriormente a comisario europeo y, por último, de nuevo a ministro de Economía y Hacienda. Y todo por ser técnico; bueno y, en esta última ocasión, además por el dedo de Emilio Botín, quien con unos y con otros ha mandado siempre en España.

En el fondo, la intervención de Solbes no fue tan distinta de la de Rato. Sorteó el periodo en que como vicepresidente económico desempeñó un papel sumamente activo en la incubación de la crisis y se centró en la etapa en que esta había hecho ya su aparición, para criticar al Gobierno al que pertenecía y afirmar que él no había sido… que se lo impusieron, y que por eso se fue. En definitiva, viene a repetir lo afirmado en su libro de “recuerdos”. Bien es verdad que no han faltado periodistas y comentaristas que ven en este doble juego la máxima culpabilidad, ya que, conociendo la gravedad de la situación (eso dice ahora), mintió a la ciudadanía y negó la existencia de la crisis.

No estoy yo, sin embargo, tan seguro de que, tal como confiesa en la actualidad, fuese consciente del trance económico. Solemos engañarnos. Suponemos que se llega a ocupar ciertos puestos por ser experto, cuando la verdad a menudo es la contraria, a las personas se las tiene por expertos simplemente por el hecho de haber ocupado determinados cargos, siendo sus conocimientos bastante menores de lo que creemos. Solbes debería haberse dado cuenta desde el inicio de su mandato, en 2004, de las arenas movedizas sobre las que estaba asentada la economía española. No fue así.

En mi libro “La trastienda de la crisis” reproduzco el artículo que publiqué en El Mundo el 23 de abril de 2004 titulado “La encrucijada económica del nuevo Gobierno”, en el que en sentido figurado pretendía avisar al Ejecutivo recién formado (y en el que figuraba Solbes como responsable de Economía) de que su falta de crítica hacia la política económica de los gobiernos del PP podría dejarles indefensos ante la crisis que se avecinaba, atribuyéndoles a ellos toda la responsabilidad, como en realidad así ocurrió. Solbes estuvo presto a aceptar el “España va bien” de Aznar y que el PP les dejaba una buena herencia en materia económica, sin poner encima de la mesa los desequilibrios que se habían producido en esos últimos ocho años y más concretamente desde la entrada en vigor del euro.

La política de los primeros años del Gobierno Zapatero (y por lo tanto de Solbes) no fue sustancialmente distinta a la de los gobiernos de Aznar. Incluso participaron del mismo triunfalismo. Si Aznar hizo famosa la frase “España va bien”, Zapatero no le fue a la zaga a la hora de vanagloriarse de la buena marcha de la economía. En los dos casos el optimismo surgía de los mismos parámetros, elevadas tasas de crecimiento del PIB y la consiguiente creación de empleo. El modelo de crecimiento español, sin embargo, se fundamentaba principalmente en la construcción y en el consumo privado, asentados no tanto en incrementos salariales como en el endeudamiento de las familias. A mediados de 2007 la OCDE, en su publicación “Las perspectivas económicas del empleo”, ofrecía el dato de que el salario real en los últimos diez años había descendido en España el 4%. A su vez, la deuda de las familias, que en 1997 representaba el 34,8% del PIB, ascendía en 2004 al 64,4 % y en 2007 al 83,4%. Se puede afirmar que crecíamos a crédito y, como todo crédito, antes o después habría que pagarlo.

Los diferentes gobiernos deberían haber tenido en cuenta que las deudas de hoy terminan reduciendo el consumo de mañana y por tanto el crecimiento. No es solo que, como parece evidente, esas elevadas tasas de consumo no se podían mantener indefinidamente, es que el stock de deuda acumulado reduciría en el futuro la capacidad de consumir. El desahorro del pasado se transformaría en ahorro forzoso del futuro.

Es curioso que quienes sentían una enorme preocupación por el déficit público se desentendiesen prácticamente del endeudamiento privado, cuando la gravedad de ambos es similar. Radica en cómo incide sobre el déficit de la balanza de pagos y el endeudamiento con el exterior. Durante todos estos años los gobiernos se mostraban muy orgullosos del equilibrio en que se mantenían las finanzas públicas, pero se olvidaban por completo del desequilibrio del sector exterior. Incluso el otro día en su comparecencia, Solbes continuó refiriéndose permanentemente a los gastos públicos acometidos por su Gobierno, responsabilizándolos de todo el problema, y sin referencia alguna al endeudamiento privado. Según ha contado Miguel Sebastián, años después de haber estallado la crisis, Zapatero se quejaba amargamente de que nadie le había hablado del endeudamiento privado. A Solbes tampoco le debió hablar nadie del endeudamiento privado y él, en consecuencia, tampoco debió de comentárselo a Zapatero.

El déficit por cuenta corriente, que en 2004 se había situado ya en el 6%, alcanzó en 2007 un gigantesco 10%. Para tomar conciencia de la importancia de estas cifras, conviene recordar que en 1993, cuando estábamos en el Sistema Monetario Europeo, esta variable ascendía al 3,7%, nivel que fue imposible de mantener y que nos obligó a cuatro devaluaciones, algo que Solbes debía haber tenido muy presente en este segundo mandato, pues aunque las tres primeras se debieron a la terquedad de Solchaga, empecinado en mantener un tipo de cambio sobrevalorado para la peseta, Solbes estaba en el Gobierno como ministro de Agricultura y a la cuarta tuvo que enfrentarse él directamente en su primera etapa como ministro de Economía.

Detrás del déficit exterior y del endeudamiento privado se encontraba como factor principal el sector de la construcción, y más concretamente el de la vivienda. Varios son los factores que pueden explicar la burbuja. En primer lugar, la especulación que se centraba no solo en la vivienda en sentido estricto, sino también en el suelo, y que promotores y constructores acumulaban sin utilizar, en la creencia de su revalorización futura. La liberalización del suelo adoptada por el Gobierno Aznar y no corregida por Zapatero, lejos de solucionar el problema lo empeoró, dejando en manos de los ayuntamientos una decisión tan fundamental y con tantos intereses económicos en juego. La corrupción y la especulación se adueñaron de la mayoría de los municipios.

En segundo lugar, el comportamiento de los bancos, tanto de los nacionales que, arrastrados por una ambición desmedida y cerrando los ojos a la realidad pretendieron dar más crédito del que era razonable, como de los extranjeros, que prestaron a los nacionales confiados en la moneda común, creyendo que habían eliminado todo el riesgo. Todo iba bien para la banca y aparentemente el negocio era redondo, mientras los precios continuasen incrementándose y bajo la presunción de que el endeudamiento con el exterior no iba a tener límite. El Gobierno, el supervisor y las entidades financieras cerraban los ojos al hecho de que en cualquier momento los mercados internacionales podían cerrar el grifo de la financiación, como así finalmente ocurrió.

Si la economía española en 2004 tenía graves problemas, en 2007 estaba al borde del abismo. Se necesitaba solo un factor que sirviese de catalizador para que la reacción en cadena se produjera. El detonante fue el escándalo de las hipotecas subprime, que originó una crisis internacional. La opacidad generó desconfianza. Las entidades financieras no se fiaban entre sí, desapareciendo casi por completo el mercado interbancario y con él la liquidez internacional. La situación se hizo gravísima para los bancos españoles, que tenían que salir a los mercados exteriores a financiar la deuda acumulada por los cuantiosos déficits de la balanza de pagos. Las dificultades se trasladaron a las empresas y al público en general. Limitaciones crediticias, empresas en crisis, impagados, despidos, paro. La recesión estaba servida.

En nuestro país, al igual que durante mucho tiempo se estuvo negando la existencia de la crisis y se hablaba exclusivamente de desaceleración, existió una pertinaz resistencia a aceptar que nuestros bancos tuviesen problemas de solvencia. Se ponderaba su buena salud y la muy eficaz labor del controlador, el Banco de España. Ciertamente nuestra banca no se había contaminado de la basura financiera que provenía de EE.UU. Razón: que acudía a los mercados financieros no a comprar activos, sino a endeudarse. Pero poseía sus propias hipotecas subprime, ese endeudamiento exterior correspondía a una contrapartida interior, créditos a las empresas y a las familias, concedidos en muchas ocasiones con demasiada alegría y en la mayoría de los casos sobre supuestos falsos, la creencia de que la euforia económica iba a durar siempre y que la revaloración continua de los activos se iba a mantener.

El entonces vicepresidente Solbes aseguró que la banca sufría tan solo un problema de liquidez y que no iba a costar un euro al contribuyente. Permitieron durante mucho tiempo la existencia de entidades zombis, con infinidad de activos tóxicos en los balances. Retrasando sine die el saneamiento del sistema financiero, se hizo mucho más gravosa la solución cuando no quedó más remedio que adoptarla. La autocrítica que se esperaba de Solbes era la de reconocer que no se había enterado de nada en sus cinco años de ministro. Lo de los 400 euros, el cheque bebé o el plan E, fue lo de menos, cosas de Elena Salgado, otra experta y técnica, merecedora por lo tanto de ser premiada por el sector privado con las puertas giratorias, esas puertas giratorias que Solbes tanto defiende.

La intervención en el Congreso de Salgado no constituyó ninguna sorpresa, muy acorde con su conducta de siempre, se limitó a repetir el discurso de Zapatero; en esta ocasión, insistir en la excusa a la que el ex presidente del Gobierno se refiere una y otra vez en su libro “El dilema”. Todos los atropellos cometidos tenían una justificación, evitar el rescate. La culpa fue de Grecia, afirma Salgado. Ciertamente, por eso resulta increíble lo que sucedió aquella noche fatídica del 10 de mayo de 2010, cuando sin ninguna razón aparente (lo que se dilucidaba era el rescate a Grecia, y nuestra prima de riesgo apenas alcanzaba el 150%,) España salió de la cumbre europea como perdedora absoluta y obligada a someterse a fuertes ajustes, casi como si hubiese sido ella la rescatada. Pagamos el precio de un rescate que no existió, y del que nunca recibimos ningún dinero. La culpa no fue de Grecia, sino de la incompetencia técnica y de la ineptitud absoluta para cualquier negociación en Bruselas de un presidente de Gobierno y de su vicepresidenta económica.

republica.com 19-1-2018

Año nuevo, presupuestos antiguos, ya que el 1 de enero, debido a la falta de consenso para aprobar los de este año, se han prorrogado de forma automática los de 2017. Alrededor de los Presupuestos Generales del Estado se ha levantado todo un andamiaje de mitos. En primer lugar, se les concede una importancia que en realidad no tienen. Se habla de cuadro de mandos, se le considera el documento más importante que elabora el Gobierno, concreción de su programa, expresión de su política, etc. Se les otorga un carácter reverencial, pero en el fondo su contenido es mucho más modesto y tiene menos relevancia de lo que normalmente se piensa, porque es muy pequeño el margen de maniobra que existe de un año a otro.

El error surge al considerar como parte de los presupuestos muchas cosas que en realidad no lo son. El gobierno de turno ha aprovechado siempre su aprobación anual para incorporar toda clase de modificaciones legales que, de hecho, deberían tener vida propia e independiente de la ley de presupuestos. La razón de este sesgo hay que buscarla en que esta norma goza de una tramitación parlamentaria especial y acelerada, distinta de cualquier otra ley, con lo que se acortan los plazos y se simplifican los requisitos del procedimiento.

Año tras año, la ley de presupuestos iba agrandándose hasta el punto de convertirse en un ómnibus donde tenía cabida cualquier medida, aunque nada tuviera que ver con las cuentas públicas. El Tribunal Constitucional se pronunció en contra de esta corruptela, no obstante, como quien hace la ley hace la trampa, desde esa sentencia la ley de presupuestos recoge exclusivamente materias presupuestarias, pero se ha creado una ley nueva denominada de acompañamiento que, como su propio nombre indica, sirve de comparsa a los presupuestos, en la que se incluyen los asuntos más dispares. Ahora bien, si prescindimos de estos añadidos y nos centramos estrictamente en los presupuestos, veremos que el margen de discrecionalidad no es muy elevado, tanto más cuanto que nos movemos dentro de la Unión Monetaria y de las imposiciones de Bruselas.

Hay que comenzar señalando que la aprobación recae exclusivamente sobre las partidas de gastos. El estado de ingresos, por el contrario, es solo una previsión de la recaudación anual basada en el cuadro macroeconómico y en la normativa de los diferentes tributos. Es una tarea estrictamente técnica y en principio no implica ninguna decisión política, a no ser que se pretendan modificar las normas fiscales, pero cualquiera de estos cambios no tiene por qué ligarse a la aprobación presupuestaria. Otra cosa es que en ocasiones los gobiernos inflen las cifras de cara a cuadrar artificialmente el déficit. Pero las trampas nunca pueden ser la norma. Las previsiones podrán, además, cambiarse a lo largo del ejercicio si se modifican los supuestos sobre los que está fundamentada la estimación.

En cuanto a los gastos, la capacidad de decisión es menor de la que habitualmente se piensa. En el actual Estado de las Autonomías el grado de descentralización es muy elevado y, por lo tanto, las competencias que permanecen en manos del Estado son reducidas. Por otra parte, muchas de las partidas están ya comprometidas en el momento de su aprobación, o derivan de hechos o parámetros que se encuentran fuera de las decisiones del Gobierno o del Parlamento.

Los gastos financieros dependen de las condiciones del mercado o de la actuación del Banco Central Europeo. La retribución de los empleados públicos presenta una fuerte inercia y su incremento anual suele venir en buena medida determinado por la negociación con los sindicatos. Los gastos sociales, incluyendo las pensiones y el seguro de desempleo (dos de las partidas más cuantiosas), se fijan de acuerdo con la legislación vigente que, lógicamente, se puede cambiar, pero que no tiene por qué hacerse, tal como se está viendo, en la ley de presupuestos.

En cuanto a la inversión pública, lo único relevante es la cifra total, puesto que su composición está condicionada por las infraestructuras ya en marcha y por la facultad que la ley presupuestaria concede a los diferentes gestores para realizar modificaciones entre las distintas partidas de gasto. Por último, conviene no olvidar que los presupuestos se discuten bajo importantes restricciones, las que impone la cifra máxima de gasto, pero, sobre todo, los programas de Bruselas. Todo ello conlleva a que el número de variables relevantes sobre las que se puede actuar no sea muy cuantioso y su negociación, perfectamente asumible por todas las formaciones políticas con representación parlamentaria. Cosa distinta es la viabilidad de llegar finalmente a pactos.

Otro mantra que revolotea sobre los Presupuestos Generales del Estado es la creencia de que su aprobación solo le importa al Gobierno. Paradójicamente, sin embargo, los gobiernos -y más si son conservadores- se encuentran muy cómodos con un presupuesto prorrogado, ya que los ingresos van a incrementarse de cualquier modo de acuerdo con el crecimiento del PIB nominal (incremento real más inflación), mientras que las distintas partidas de gasto están congeladas en la cuantía del presupuesto anterior, lo que le puede servir de excusa en su objetivo de estabilidad presupuestaria y en la aplicación de la política restrictiva.

En esta línea hay que remarcar el expolio que, por ejemplo, representa para los jubilados que sus pensiones no se actualicen de acuerdo con el índice de precios, teniendo en cuenta que los ingresos del Estado sí se incrementan automáticamente con la inflación. En realidad, se está gravando a todos los pensionistas con un impuesto que es acumulativo año a año y que representa una redistribución de la renta en contra de este colectivo.

En nuestro país la existencia del bipartidismo ha repartido durante largo tiempo los papeles con un carácter muy determinista. De las dos grandes formaciones políticas, al partido del gobierno le correspondía por principio la defensa y aprobación de los presupuestos, y al de la oposición, la censura radical -enmienda a la totalidad se ha denominado- sin mayores matizaciones. Cuando el gobierno tenía mayoría absoluta, el presupuesto se aprobaba sin ningún problema y sin que se aceptasen más enmiendas que las que el partido mayoritario de forma graciable permitía. El papel del Parlamento resultaba inoperante. En el caso de que la mayoría no fuese absoluta, el gobierno buscaba el apoyo de un partido nacionalista y se actuaba de la misma manera, solo que entonces había que pagar un buen peaje al nacionalismo de turno, peaje que lógicamente no costeaba el gobierno sino el resto de los ciudadanos cuyas Comunidades no contaban con partidos nacionalistas ni regionalistas.

Ha sido este terreno de juego el que nos ha conducido a la situación actual de descontrol autonómico tanto en Cataluña como en el País Vasco, territorios en los que el Estado está prácticamente ausente, y donde la Administración central ha abdicado de muchas de sus competencias y, de lo que es peor, de sus deberes, con tal de no molestar a los nacionalistas. De otra manera sería difícil explicar cómo el País Vasco y Navarra, Comunidades con la mayor renta per cápita de toda España, en lugar de ser contribuyentes sean receptores netos, y resultaría desde luego imposible concebir el golpe de Estado que se ha producido en Cataluña y todas las circunstancias que lo han propiciado.

Sin los acuerdos del Majestic de Aznar y sin las inconscientes promesas de Zapatero, el nacionalismo catalán nunca hubiese estado tan crecido y jamás hubiese llegado a un grado tal de prepotencia que le hiciese creer que el único estado y gobierno legítimo en Cataluña era el de la Generalitat, y que el de España no era cosa suya. Por eso resulta tan injustificado e indignante que Aznar pretenda dar ahora lecciones cuando gran parte de lo que sucede tiene en buena medida su origen en aquel hablar catalán en la intimidad.

Tras las pasadas elecciones generales creíamos haber salido del bucle en que nos encerraba el bipartidismo. Pensábamos que sería el momento del Parlamento y que, ante un Congreso dividido, se impondrían la negociación y el diálogo; considerábamos que los presupuestos dejarían de ser cosa exclusiva del gobierno para convertirse en asunto de todas las fuerzas políticas, pues todas ellas se esforzarían para modificarlos de acuerdo con sus respectivas posiciones ideológicas. No ha sido así. Ciertamente hemos superado los problemas de la mayoría absoluta, pero no los derivados del chantaje nacionalista, puesto que los partidos han vuelto a las andadas de situarse de forma puramente nominalista en el esquema izquierda-derecha, negándose al pacto y a la negociación con las fuerzas que consideran en el otro extremo del arco parlamentario.

La decisión de los partidos de definir su ideología de forma nominalista por contraposición a la de otros les conduce a negarse por principio no solo a pactar, sino ni tan siquiera a negociar los presupuestos. Sin embargo, las más interesadas en su aprobación deberían ser todas aquellas fuerzas políticas o instituciones que están a favor de cambiar el statu quo en los diferentes capítulos. La negociación presupuestaria debería suponer una buena oportunidad para plantear determinadas reivindicaciones como la mejora en el tema de las pensiones, en el seguro de desempleo, en el gasto para la dependencia, en la inversión pública, en la retribución de los funcionarios, etc. La tramitación de los presupuestos no da para mucho más, pero tampoco para menos. Sería importante saber hasta qué punto estaría dispuesto a ceder el Gobierno en todos estos temas. Podríamos encontrarnos con que, a lo mejor, al final los presupuestos aprobados no serían los del gobierno, sino un mix de los del gobierno y de los de la oposición.

Desde la oposición, negarse al diálogo y al pacto supone renunciar a toda mejora, abdicar desde el principio a lograr que al menos parte de su programa pase del papel a la realidad, es dar por perdida la batalla antes de iniciada. La repulsa radical a negociar los presupuestos condena a los partidos de la oposición a la inacción y a la inoperancia, al tiempo que concede de nuevo el protagonismo a los partidos nacionalistas, con lo que se incrementarán los desequilibrios regionales y se acentuarán las fuerzas centrífugas con los efectos nefastos que se están haciendo presentes en los últimos años.

Tiene razón Guillermo Fernández Vara al afirmar que las negociaciones sobre Cataluña le afectan como presidente de la Junta de Extremadura; al igual que habría que añadir que le concierne la fijación del cupo del País Vasco y de Navarra. La aprobación de los Presupuestos y los posibles acuerdos que para aprobarlos se vea obligado a realizar el Gobierno con los partidos nacionalistas tienen repercusiones en todas las Comunidades Autónomas. Los presupuestos son un sistema de suma cero y la subordinación a su aprobación de la financiación autonómica no es ningún chantaje de Montoro, sino una realidad, por lo que es difícil entender que un partido que gobierna en varias Comunidades Autónomas, como el PSOE, se niegue a negociarlos. Claro que se entiende aún peor que consideren una especie de blasfemia sentarse a discutir los presupuestos y sin embargo crean que es posible llegar a un consenso para modificar la Constitución.

republica.com 12-1-2018

Hagamos un paréntesis. Al menos por una semana dejemos un poco al margen el problema catalán y abordemos un tema que en la sociedad española puede resultar muy insólito, pero por eso mismo es posible extraer de él conclusiones relevantes. Cuatrocientos millonarios americanos, miembros de la asociación Riqueza Responsable, con George Soros y Steven Rockefeller a la cabeza y con firmas tan notables como Bob Crandall, antiguo presidente de American Airlines, los fundadores de la marca de helados Ben & Jerry’s y la diseñadora Eileen Fischer, han enviado una carta al Congreso de los Estados Unidos pronunciándose en contra de la reforma fiscal propuesta por Trump. «Somos ricos a los que nos preocupa profundamente nuestra nación y su gente, y escribimos con una sola petición: no nos recorten los impuestos», comienza el escrito.

Sin duda, el hecho resulta chocante para una mentalidad española, acostumbrada a posturas muy diferentes de nuestra clase empresarial y pudiente, siempre ansiosa de rebajas impositivas; pero no es la primera vez que las elites privilegiadas americanas reaccionan de este modo. En 2011, Bill Gates y Warren Buffet, dos de los hombres más ricos del planeta, se dirigieron a Barack Obama, pidiéndole que los estratos sociales de mayores rentas pagasen más impuestos como compensación a los costes y calamidades que las clases populares habían tenido que soportar durante la crisis. Y en tiempos de Bush hijo, ciento veinte multimillonarios, a cuya cabeza figuraban Soros, Warren Buffet y William Gates, el padre del creador de Microsoft, firmaron una carta en la que pedían que no se eliminase el impuesto de sucesiones, tal como había prometido el presidente de EE. UU.

La reforma fiscal de Trump aún no está definida, se está negociando en el Congreso y es muy posible que la versión final sea más limitada que la propuesta por el presidente. El partido republicano tiene aversión al déficit y a todo lo que lo provoque, y sus miembros sospechan que este y la deuda pública se vayan a incrementar como consecuencia de la rebaja impositiva. En cualquier caso, aun cuando lo que al final se apruebe no sea la opción maximalista, sí va a representar una sustancial disminución de la presión fiscal para las clases adineradas.

Las medidas se orientan en la misma línea que todas las reformas fiscales instrumentadas en EE. UU. desde los tiempos de Reagan y que, a su vez, se han copiado en los países europeos: reducción del impuesto de sociedades; modificación de la tarifa en el gravamen sobre la renta, disminuyendo el número de tramos y los tipos marginales, especialmente los máximos, y eliminación del impuesto de sucesiones. Al ciudadano español le resultan bastante familiares, y han estado presentes en muchas de las reformas acometidas en nuestro país a lo largo de los últimos veinticinco años.

El Gobierno y los republicanos justifican la reforma con los argumentos clásicos que viene empleando el neoliberalismo económico. Sostienen que el recorte producirá una oleada de inversiones de una magnitud tal que acelerará el crecimiento y permitirá rápidamente compensar la pérdida fiscal. Trump, de manera no demasiado técnica, afirmaba que serviría “para que las empresas puedan crear más trabajo, elevar los salarios y dominar a sus competidores”; el consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, declaró: “Nuestro plan está diseñado para favorecer la inversión”: y Kevin Brady, autor de la propuesta en el Congreso, abandona la argumentación económica para adentrarse en una especie de individualismo político: “Es tu dinero, te lo ganaste y te lo mereces”.

El argumento en todo este tipo de reformas fiscales acostumbra a ser siempre el mismo. Se mantiene que hay que promocionar el ahorro de manera que se aumenten las inversiones y con ellas el crecimiento. Normalmente el razonamiento se lleva al extremo, y se asegura que la rebaja impositiva no va a dañar la recaudación ya que se compensará con los ingresos fiscales provenientes de la expansión de la economía creada con la rebaja. Se trata de la manida curva de Laffer, vulgarizada por Reagan para justificar su reforma y que fracasó estrepitosamente ya que entonces el déficit se desbocó. En realidad, nunca se han cumplido sus previsiones y, sin embargo, se continúa usando permanentemente ya que es muy útil siempre que se quiere bajar la imposición a los ricos. Es verdad que, en el fondo, ya nadie se cree la patraña de que la recaudación no se va a resentir. Esa es la razón por la que el partido republicano mantiene reticencias para aceptar la versión maximalista de Trump en la creencia de que el déficit se puede disparar. De hecho, la Oficina Presupuestaria del Congreso ha estimado ya en 1,8 billones de dólares el agujero fiscal que, en el mejor de los casos, provocaría la reforma en diez años.

El razonamiento de los defensores de la reforma se fundamenta en la necesidad de estimular el ahorro para conseguir el crecimiento, olvidando que a menudo lo que se precisa activar, por el contrario, es el consumo. Parten de una suposición falsa, la de que no existe ningún coste de oportunidad. Se presume que los recursos dedicados a la finalidad de disminuir los impuestos caen del cielo y que, además, no se pueden dedicar a ningún otro objetivo. Es decir, se considera solo la rebaja fiscal sin tener en cuenta la contrapartida. Supongamos que una reducción del gravamen provoque aumentos en la renta de los agraciados, pero ello será a condición de que se reduzcan determinadas partidas de gasto con la consiguiente disminución de las rentas de los que en caso alternativo fuesen a ser beneficiados o, en su caso, del consumo público.

El efecto neto sobre la renta, el consumo y la producción dependerá de las partidas de ingresos y de gastos considerados y de la propensión a consumir que tengan los respectivos colectivos. Grosso modo, se puede afirmar que las personas afectadas por la rebaja de los tributos progresivos pertenecen a grupos de ingresos elevados con una reducida propensión a consumir, de manera que el impacto positivo sobre la actividad que pudiera tener una reducción del gravamen quedaría compensado con creces por el efecto contractivo derivado de la minoración del gasto público al recaer sobre colectivos de mayor propensión al consumo. Como afirmó Keynes hace ya bastantes años, el ahorro de los ricos, lejos de ser un factor positivo para el crecimiento, se transforma a menudo en un obstáculo.

Y esa es la objeción principal a la reforma que se deduce de manera clara en la carta de los cuatrocientos millonarios: «Creemos que la clave para crear más y mejores empleos, así como una economía más fuerte, no pasa por dar un respiro impositivo a quienes tienen mucho, sino por invertir en los estadounidenses». Para los firmantes, las empresas ya han alcanzado beneficios récord y viven días de enorme bonanza. Consideran mucho más importante que los fondos públicos se destinen a la educación, la sanidad y la investigación. Uno de ellos, Crandall, lo ha manifestado claramente: “Yo gano mucho dinero. Si mi ingreso crece, no pienso invertir más, simplemente ahorraré más”.

No deja de ser llamativo que a los defensores de la teoría de que las rebajas impositivas no reducen la recaudación nunca se les haya ocurrido realizar el razonamiento a la inversa. ¿Por qué no incrementar las pensiones o las prestaciones de desempleo en el bien entendido de que su impacto positivo sobre la actividad conllevaría un incremento de la recaudación impositiva de manera que el déficit se mantendría constante? Se habría encontrado la piedra filosofal.

Lo que sí parece seguro es que la reforma incrementará la desigualdad, y contra ello se pronuncia la carta de los cuatrocientos millonarios: «Les pedimos que se opongan a cualquier legislación que exacerbe aún más la desigualdad». Son especialmente críticos en lo que se refiere a la eliminación del impuesto de sucesiones, ya que, de aprobarse, los millonarios podrían «transferir legados masivos a sus herederos» sin pagar impuestos, con lo que se incrementaría la acumulación de los bienes. Recuerdan que, en la actualidad, el 42 % de la riqueza del país recae en apenas un 1 % de sus hogares.

Al mismo ritmo que se ha ido afianzado el neoliberalismo económico, se ha generalizado una ofensiva en contra de este gravamen, lo cual no nos puede sorprender ya que esta figura tributaria posee una elevada potencialidad redistributiva. La herencia representa la mayor fuente de desigualdad, una desigualdad radicalmente injusta porque no parece equitativo que sea el nacimiento el que otorgue a algunos todas las oportunidades mientras que a otros les cierre todas las puertas. El impuesto sobre sucesiones se erige como uno de los principales instrumentos en la tarea de paliar esta injusticia radical, al tiempo que impide la acumulación progresiva de las riquezas en unas pocas manos.

Los que tachan de injusto este impuesto acuden a una teoría en boga, la de la doble imposición. En nuestro país es frecuente escuchar en las tertulias este reproche. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya por el IRPF. Esta crítica es puramente ideológica, prescinde de toda técnica fiscal, ya que el sujeto pasivo del impuesto es el heredero y no el causante. Se grava el incremento patrimonial, aumento de renta de carácter gratuito, obtenido sin ningún esfuerzo, producido por la aceptación de una herencia. Para cuantificar la deuda tributaria, se tienen en cuenta circunstancias personales de los herederos (tales como el parentesco con el transmitente, su edad y su capacidad económica) y no del causante. Tan es así que un sector doctrinal (por ejemplo, Musgrave) ha señalado la conveniencia de considerar los recursos obtenidos por herencia o por donación como un incremento patrimonial más y someterlo a gravamen en el impuesto sobre la renta. Tal tratamiento sería más riguroso con el contribuyente que el de instrumentar un tributo independiente.

En España, en los últimos años, la situación de este tributo ha llegado a ser caótica. Contra toda razón, se incluyó, junto con el impuesto de patrimonio, entre los primeros tributos que se cedieron a las Comunidades. Al otorgar a estas por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, capacidad normativa sin más limitación que los principios de coordinación con la hacienda estatal previstos en el art. 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), se ha generado una legislación dispersa y en muchos casos deficiente técnicamente, amén de una gran heterogeneidad, con la consiguiente desigualdad y falta de equidad, soportando los contribuyentes distintas cargas en función del territorio en el que residan.

Las Comunidades Autónomas han utilizado dicha capacidad normativa para disminuir la carga fiscal, escasamente para elevarla, produciéndose así una carrera competitiva para ver quién reducirá más el gravamen. Cuando el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid acometió la reforma, aseguró que la rebaja de este impuesto no repercutiría negativamente sobre las arcas públicas porque atraería negocios y contribuyentes, con lo que se incrementaría la recaudación por los otros impuestos. Sin duda, a corto plazo tenía razón. Pero ese incremento de recaudación se consigue tan solo quitándoselo a las otras Comunidades y, por esa razón, estas no podrán consentirlo y no tendrán más remedio que proceder de idéntica forma, con lo que el aumento de recaudación por otros impuestos será un espejismo. El resultado final es que todas las Comunidades perderán recaudación y el sistema fiscal se habrá hecho más injusto.

Este proceso competitivo termina quitando la capacidad de decisión a las propias Autonomías, ya que se ven obligadas a eliminar, o al menos a rebajar, el impuesto para no quedar en una situación de indefensión frente al vecino. Los únicos que salen ganando son el capital y las grandes fortunas, que se ven exentos de tributación. En realidad, es el mismo proceso que se está desarrollando en la Unión Europea con la libre circulación de capitales ante la carencia de armonización fiscal. Pero si este proceso es grave entre países, cuánto más no lo será entre regiones, dado que en ellas resulta mucho más fácil la movilidad de empresas y de contribuyentes.

republica.com 24-11-2017

Desde que el Tratado de Maastricht estableció los criterios de convergencia y, sobre todo, a partir de la aprobación del Pacto de Estabilidad, todos los países miembros de la Unión Europea, en uno u otro momento, han intentado disfrazar sus cuentas (déficit) acudiendo a lo que se ha dado en llamar “contabilidad creativa”. Se ha instaurado una especie de danza ritual entre los gobiernos nacionales, que pretenden, mediante formas ingeniosas, mantener parte del gasto fuera de la contabilidad oficial, y el órgano comunitario encargado de dar validez a las cuentas (Eurostat), que trata de detectar los nuevos artificios y reconducir las partidas outsider dentro del rebaño. Todas estas fórmulas coinciden en lo mismo, en configurarse como una operación de maquillaje con la que disfrazar el déficit y el endeudamiento público, pero sin que estas variables sufran la menor modificación en la realidad, solo en su expresión contable.

Aunque ahora nos pueda parecer mentira, el primer país que comenzó a realizar tales trucos contables fue Alemania. Empleó lo que se ha llamado «contrato bajo la modalidad de abono total del precio», aunque se le ha conocido más comúnmente con el nombre de “método alemán” en referencia al país que lo había utilizado por primera vez. El sistema era simple. En los contratos de obras cuya realización suele durar varios años, en lugar de pagar al contratista por certificaciones mensuales según se va realizando el trabajo, todo el precio se abona al final del mismo, y es entonces cuando se contabiliza el gasto. Incluso, en casos extremos, se conviene en que el pago y la anotación contable se hagan varios años después de finalizada la realización del contrato. Ni que decir tiene que el precio se ve convenientemente incrementado por el importe de los intereses devengados.

La sencillez del método da pie a analizar y señalar los sofismas y efectos negativos que se siguen de todos estos instrumentos de maquillaje del déficit, y que serán tanto mayores y más numerosos cuanto más vaya aumentando su complejidad. La primera evidencia que aparece es que en principio hay poca diferencia en que el sector público se endeude con las constructoras o con los bancos, o con los mercados mediante la emisión de títulos. Resulta obvio que los recursos que se dedican a construir carreteras, depuradoras o vías férreas no podrán dedicarse a otros cometidos tales como hoteles de lujo, fábricas u oficinas, pero ello tanto si los fondos los retira directamente del mercado el sector público como si lo hacen las constructoras, con las que a su vez el Estado quedará endeudado. Los efectos son los mismos, excepto en una cosa, que con toda probabilidad el tipo de interés a pagar por el sector público será bastante menor cuando sea este directamente el que recurra a los mercados, que cuando lo haga a través de intermediarios.

Eurostat terminó por corregir la triquiñuela (eso sí, cuando Alemania había solucionado su problema) obligando a que la inversión se contabilizase como gasto a medida que se iba realizando la obra, con independencia de cuándo se efectuaba el pago. A partir de ese momento, esta modalidad de contratos fue desapareciendo, puesto que resultaban ya inútiles para enmascarar el déficit. La historia se ha venido repitiendo con la creación de otros nuevos instrumentos; se creaban y se utilizaban hasta que Eurostat los descubría y emitía las correspondientes reglas contables para corregir la argucia.

Las falsificaciones no solo han venido por el lado de la ocultación del gasto, sino también por la errónea contabilización de los ingresos. Ha sido frecuente que los gobiernos mantuviesen en el balance, tanto en el área fiscal como en la de la Seguridad Social, derechos de cobro que se sabía a ciencia cierta que eran ya incobrables, con la intención de reducir el déficit artificialmente. Eurostat intervino de nuevo obligando a los distintos países a que, para calcular el déficit, los ingresos se computasen siguiendo el criterio de caja, lo que en puridad no es muy ortodoxo, pero era la única manera que tenía la Comisión de evitar la falsificación de las cuentas, ya que le resultaba imposible entrar a delimitar qué derechos de cobro eran incobrables y cuáles no.

El caso más sonado ha sido el de Grecia, por la importancia y extensión de la falsificación llevada a cabo y también por los muy sofisticados métodos empleados -mediante el uso de derivados- por el Gobierno conservador de Kostas Karamanlís con el asesoramiento de Goldman Sachs. No deja de ser significativo que en esos momentos el vicepresidente para España de este banco de inversiones fuera Drahgui, actual presidente del Banco Central Europeo, lo que muestra hasta qué punto las personas actúan de manera muy diferente dependiendo del papel que representan.

En nuestro país -y supongo que en muchos otros- se han creado empresas públicas dentro del ámbito de las distintas administraciones con la finalidad de que estas les cediesen competencias en distintos campos de la inversión pública (infraestructuras ferroviarias, hidráulicas o de carreteras). Sirva como ejemplo y refiriéndonos a la Administración central el caso del GIF y de las sociedades de aguas. El objetivo en todos los casos es idéntico, que el gasto de la inversión no figurase en los presupuestos de la Administración respectiva y que por lo tanto no computase para el déficit. Los recursos se obtenían o bien por el endeudamiento de las empresas públicas en el mercado, con lo que figuraba como deuda de ellas y no de la Administración respectiva -y sin impacto por tanto en el déficit público- o bien por la aportación de la Administración a las empresas en concepto de ampliación de capital que, al ser gasto financiero, tampoco se contabiliza a la hora de calcular el déficit.

Todo ello es un andamiaje aparentemente bien construido pero sin consistencia. El endeudamiento de estas empresas públicas, en la mayoría de los casos, está avalado por el Estado, con lo que en realidad es deuda del Estado, y será el Estado el que tendrá que devolverla, ya que las sociedades inversoras no generarán recursos en la cuantía necesaria. Las llamadas ampliaciones de capital no lo son en sentido estricto, sino más bien transferencias a fondo perdido, por lo que no se las puede considerar gastos financieros, y debe tenérselas en cuenta, por lo tanto, a la hora de calcular el déficit.

Una vez más, Eurostat tuvo que salir al quite y establecer reglas estrictas para evitar la trampa, aunque en este caso no le ha resultado fácil, porque no lo es saber si la inversión y la empresa encargada de ella va a generar recursos suficientes para autofinanciarse. Nos movemos con previsiones muy discutibles, por lo menos hasta el momento en el que las pérdidas se hacen efectivas, tal vez muchos años después de haberse realizado el gasto. El engaño funcionará o no, total o parcialmente, pero lo que es seguro es que se habrán generado efectos colaterales muy negativos, como el de que al unísono de esa fuerza centrífuga que expulsa de las Administraciones públicas determinadas áreas del gasto público, desaparezcan también mecanismos de control absolutamente necesarios. Citemos como ejemplo lo ocurrido en Acuamed.

Las Autonomías en España aprendieron también la lección, aplicaron la estrategia en distintas parcelas del gasto o del ingreso. Conviene destacar la construcción de hospitales por medio de concesiones a empresas privadas a las que se les entrega asimismo la explotación, procedimiento muy usado por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que servían ciertamente para disfrazar el déficit y el endeudamiento públicos, pero que constituían un magnífico negocio para las concesionarias, pero un mayor coste para el sector público o un peor servicio para los usuarios.

Todo lo anteriormente señalado es la prueba más evidente de que el nominalismo se ha adueñado del análisis económico acerca del déficit público. Parece que la importancia no estriba en la realidad sino en su formalización contable, y esta tiene que regirse por una casuística talmúdica. En los momentos actuales, se ha llegado a un punto álgido en la materia. Es la misma Comisión la que pretende jugar a este escondite. Intenta, como en tantas otras cosas, cuadrar el círculo. Por una parte, se reconoce que la Unión Europea no puede continuar manteniendo una política económica deflacionista, que la política monetaria no basta y que se precisa caminar hacia una política fiscal expansiva. Pero, al mismo tiempo, no se quiere oír hablar de incrementar, ni aunque sea un euro, el presupuesto comunitario; ni los países que podrían invertir por su cuenta (como Alemania) están dispuestos a hacerlo, lo que crea una situación curiosa cercana al abracadabra, o a la pura alquimia.

En este orden de cosas se inserta el plan Juncker con el que creen haber encontrado la piedra filosofal: practicar una política expansiva sin poner un euro sobre la mesa. Y a él se ha querido agarrar Rajoy con ese invento de las asociaciones público-privadas. El Gobierno español no está dispuesto a subir más los impuestos, entre otras razones -además de la ideológica- porque se lo impide el acuerdo que ha formalizado con Ciudadanos. Por otra parte, sabe que tiene que abandonar ese camino enfangado del expediente de déficit excesivo. Bruselas no estaría dispuesta a nuevas prórrogas. Y además, no puede continuar indefinidamente con cifras tan reducidas de inversión pública. Entre otros motivos porque las constructoras se le sublevarían. ¿Cómo salir de esta contradicción? Recurriendo a la cábala de lo que se llama contabilidad creativa, aunque creativa solo en la imaginación.

A mediados del mes pasado el presidente del Gobierno presentó un magno proyecto de inversión en carreteras de 5.000 millones de euros, pero, ¡oh!, ¡milagro!, sin que eso afecte lo más mínimo al presupuesto y por consiguiente al déficit. Lo denominan pago por disponibilidad y consiste en líneas generales en licitar la concesión de una obra que solo comenzará a pagarse a su entrega (nótese la similitud con el llamado método alemán), pero en cómodos plazos de hasta treinta años, incrementándose con los gastos de mantenimiento del que durante ese tiempo se encargará la misma empresa adjudicataria. El parecido con la construcción de hospitales por la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre es palpable.

Es difícil poder justificar, tal como se quiere hacer, que la operación se realiza sin incremento de deuda pública, y por lo tanto del déficit. Es tener ganas de engañarse y de intentar (porque imagino que no lo consigue) confundir a los demás. Si las obras no se financian con peaje, tienen que hacerlo con incrementos de impuestos, bien sean actuales o futuros. Actuales, no, porque el gasto no se va a imputar al presupuesto de este año, ni siquiera al del siguiente, ni al del siguiente… Luego, sí se va financiar con tributos a lo largo de treinta años, la operación, llámese como se llame y se vista como se vista (Plan Juncker, Banco de inversión, endeudamiento de los constructores, etc.), aumentará la deuda pública.

Como también va a incrementar el déficit y el endeudamiento público el dinero que la Hacienda Pública va a tener que desembolsar a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) para rescatar las nueve autopistas en quiebra. Y eso que eran de peaje. Se calcula que unos 5.000 millones de euros (aun cuando SEOPAN estima que serán 8.000). Son las mismas autopistas de las que la anterior ministra de Fomento y ahora presidenta del Congreso afirmaba que no iban a costar un euro al contribuyente (igual promesa hicieron Solbes y Salgado respecto de la crisis bancaria). Y es que las asociaciones público-privadas siempre dejan las pérdidas para el Estado y las ganancias para los privados. Sin duda ocurrirá lo mismo (con peaje o sin peaje) con el plan que ahora se anuncia.

Lo más chocante de este plan es que parece tener la aquiescencia de la Unión Europea para que no afecte al déficit y al endeudamiento (el contable se entiende, porque sobre el real la UE no puede nada). De idéntico modo se cree que se va contar con la aprobación de la Comisión para no computar los 5.000 u 8.000 millones del rescate de las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores. Y es también semejante a lo que ocurrió con los recursos destinados a sanear los bancos, cuando se permitió no contabilizarlos como pérdidas a la hora de calcular el déficit público. Las normas en la Unión Europea se adaptan en función de los intereses y de la presión que puedan ejercer los países implicados, y también de las propias necesidades de la Unión para superar sus propias contradicciones y hacer posible lo imposible. Eso sí, sobre el papel no sobre la realidad, que la realidad es terca y tozuda.

republica.com 11-8-2017

El Congreso, por unanimidad, ha aprobado la Ley de Reforma del Trabajo Autónomo. Hecho sorprendente, porque raro es que se pongan de acuerdo todas las formaciones políticas, y más insólito aún cuando se trata de legislar sobre una figura de contornos tan variables como la de autónomo, en cuyo concepto se engloban las situaciones más dispares. Tamaña coincidencia solo tiene una explicación. Que el contenido de la Ley es claramente electoralista y populista y ningún partido quiere enfrentarse a 3,2 millones de posibles votantes.

La Ley, al igual que otras muchas lindezas, tiene su origen en el pacto que Ciudadanos hizo firmar al PP para la investidura, consecuencia de la negativa del PSOE a sentarse a negociar en el momento adecuado. De lo contrario, a lo mejor ahora estaríamos contemplando otras medidas más progresistas. Hoy se habla mucho de populismo, pero pocos son los que reparan en que quizás sea Ciudadanos el partido más populista. Si se observan con detenimiento, todas sus proposiciones insignia tienen este carácter: gancho electoral pero sin resultados o con resultados más bien reaccionarios.

El colectivo de trabajadores por cuenta propia es un conglomerado totalmente heterogéneo, en el que se engloban desde los trabajadores seguramente mejor retribuidos -los profesionales- hasta el subempleo y la máxima explotación laboral. Legislar para todos sin ninguna distinción conduce a que en realidad no sepamos a quién estamos favoreciendo, lo que es muy grave cuando se trata de esparcir muchos millones de euros del erario público.

La Ley, sin embargo, no contempla el mayor problema que afecta al colectivo de trabajadores por cuenta propia el de todos aquellos que deberían serlo por cuenta ajena pero a los que sus empresas contratan como autónomos para librarse de las obligaciones que conlleva la relación laboral, entre otras el pago de las cotizaciones sociales. Cotizaciones que los falsos autónomos a menudo no podrán pagar o, en el mejor de los casos, tan solo les será posible aportar la cuota mínima, con lo que se verán seriamente perjudicados en la jubilación y, además, con toda probabilidad de una o de otra manera el Estado terminará asumiendo un importante coste (que deberían asumir las empresas) bien mediante deducciones, bonificaciones, etc., o bien a través de complementos de mínimos o pensiones no contributivas, llegado el momento de la jubilación.

Se habla de la proliferación de empresas tecnológicas que obligan a sus empleados a ser autónomos, pero no son solo estas corporaciones las que actúan de tal modo, ni el tema es nuevo aunque esté alcanzando más intensidad en los últimos años. Desde hace mucho tiempo, las sociedades de todo tipo han tendido a externalizar los servicios de manera que su plantilla quede reducida al mínimo; el resto del personal o bien pertenece a otras empresas de servicios mucho más pequeñas o bien son autónomos.

Dejemos aparte de momento el tema de la subcontratación, que suele ser en cascada y en el que las condiciones laborales de la última empresa son muy negativas y su solvencia para indemnizaciones, mínima en caso de crisis y despidos. Centrémonos en el colectivo de los falsos autónomos. Son legión. Los sindicatos hablan de 300.000, pero es posible que sean muchos más (aquí como en la economía sumergida son difíciles los cálculos), incluso no es infrecuente el hecho de que una empresa despida a sus propios trabajadores para contratarlos de nuevo como autónomos. Los demandantes de empleo conocen bien que en la actualidad la mayoría de las ofertas que se les presentan pertenecen a esta categoría.

Estos falsos autónomos, originados en la actuación fraudulenta de las empresas, se sitúan en el escalón más bajo del espectro laboral. No suelen poseer retribución fija, cobrando exclusivamente por comisiones o por otro tipo de módulos ligados a la actividad o a los objetivos. Además, los índices de valoración se fijan de tal forma que la mayoría de las veces su sueldo no llega ni al salario mínimo interprofesional. Carecen totalmente de estabilidad en el empleo. Su baja retribución les impide, ni con tarifa plana ni sin tarifa plana, darse de alta en la Seguridad Social, y les exime también del IRPF, con lo que la mayoría, por no decir la totalidad, de los beneficios que se pueden obtener con la nueva ley no les van a afectar.

Emparentado con el grupo anterior y casi con similares condiciones económicas se encuentra los que podíamos denominar paro encubierto. En este caso no son trabajadores por cuenta ajena obligados a disfrazarse de autónomos por sus patronos, sino que se trata de aquellos que, desanimados, desisten de encontrar un empleo por cuenta ajena y, ante la carencia de seguro de desempleo, optan por establecerse por cuenta propia con la esperanza de obtener de este modo los recursos mínimos para la supervivencia. Aquí también nos encontramos con falsos autónomos o autónomos a la fuerza, podemos hablar de subempleo o paro encubierto. En la mayoría de las ocasiones las condiciones de trabajo, comenzando por los recursos obtenidos, no son muy distintas del grupo anterior y también se encuentran en lo más bajo del mundo laboral. A estos tampoco les van a resultar de mucha aplicación los beneficios de la ley.

Frente a estos dos grupos se encuentran los trabajadores por cuenta ajena en sentido propio, que ejercen su actividad bien de forma totalmente independiente, bien como socios de compañías mercantiles, cooperativas u otras figuras societarias. Por término medio, el nivel económico de estos trabajadores o más bien empresarios (aunque ahora se les llame emprendedores) está por encima de la masa de trabajadores por cuenta ajena. Bien es verdad que la proliferación de las grandes superficies y la entrada en mercados saturados de los parados encubiertos a los que nos referíamos en el punto anterior ha podido poner en aprietos a algún colectivo, tales como los del pequeño comercio, pero por línea general sus ingresos continúan siendo superiores a los de los asalariados. No digamos los socios de los grandes despachos (y también medianos y pequeños) de abogados, consultores, ingenieros, arquitectos, asesores financieros, etc.

Tradicionalmente, el régimen de autónomos de la Seguridad Social ha sido deficitario (todos los regímenes especiales lo son). Las asociaciones de trabajadores por cuenta propia se defienden señalando que este déficit es inferior incluso al del régimen general. Lo cual es cierto en las actuales circunstancias en las que la crisis ha hecho caer en picado a las finanzas del régimen general, pero no siempre ha sido así (incluso en otras épocas ha presentado superávit) y es de esperar que no lo continúe siendo para el futuro. El déficit del régimen de autónomos, sin embargo, es crónico.

Las cotizaciones de los autónomos son un 40% inferior a las de los trabajadores por cuenta ajena, aunque también lo son las pensiones. En cualquier caso, ya sea por necesidad o como consecuencia de que el Estado garantiza un determinado nivel de rentas en el momento de la jubilación mediante los llamados complementos de mínimos, que son financiados con impuestos, el 86% de los autónomos eligen cotizar por la base mínima, aunque parece que con frecuencia la base de cotización se va incrementando a medida que se acerca la edad de jubilación. Estos datos contrastan -aunque según se miren también pueden considerarse coherentes- con el hecho de que sea el de autónomos uno de los colectivos que más utilizan los planes privados de pensiones.

Leyes como la que está a punto de aprobarse, en la que se prima, se bonifica y se beneficia indiscriminadamente a los autónomos, están muy lejos de solucionar los verdaderos problemas y plantean serios interrogantes acerca de si constituye la mejor forma de emplear los fondos públicos cuando existen necesidades más apremiantes, en vista de que en estos casos las ayudas casi siempre se orientan a aquellos que menos las necesitan.

La auténtica reforma habría consistido, en primer lugar, en poner remedio a la situación anómala de los dos primeros colectivos analizados, es decir, la de los falsos autónomos, forzados a este trabajo por el fraude de las grandes empresas o por la indigencia. En segundo lugar, en tener en cuenta las rentas de los autónomos en sentido estricto y referenciar a ellas todas las medidas. Se debería eliminar, por ejemplo, la libertad con la que ahora cuentan los trabajadores por cuenta propia para escoger las bases de cotización y establecer estás de acuerdo con los verdaderos ingresos que obtiene cada uno. Pero, de tal medida, Ciudadanos no ha querido ni oír hablar, porque representaría elevar la cotización de los autónomos con rentas o beneficios más elevados.

Hay que reconocer que la referencia a los verdaderos ingresos plantea un serio problema, el de su determinación. Todo el mundo habla del fraude de las grandes fortunas. Lo cual es cierto, pero nadie menciona, a pesar de ser perfectamente conocida, la gran bolsa de defraudación que representa la tributación de los trabajadores por cuenta propia. No es políticamente correcto ni rentable electoralmente. Sin embargo, su existencia es evidente, la ocultación de ingresos afecta tanto al IRPF como al IVA. Las figuras del fontanero y del dentista se han hecho tristemente famosas. Basta comprobar el porcentaje casi ridículo que las rentas empresariales (autónomos) representan de la base imponible del IRPF, muy inferior al porcentaje que alcanza el número de trabajadores por cuenta propia sobre el total de contribuyentes. Y eso a pesar de que la renta media de los autónomos (no la declarada, sino la real) es bastante superior a la de los asalariados.

En la nueva Ley hay medidas que son inconcebibles. Ante las graves dificultades que todo el mundo afirma que presenta el sistema público de pensiones, ¿cómo es posible que se permita compatibilizar la pensión con continuar ejerciendo la profesión con la misma extensión e intensidad que antes de jubilarse? Tanto más cuanto mantenemos la tasa de paro mayor de toda Europa. Cosa distinta es que ante la reducida cuantía de las pensiones se permitiese completar estas con algunos ingresos adicionales (especialmente cuando se trata de resultados de la propiedad intelectual), pero nunca mantener el trabajo y el sueldo completo como cuando se estaba en activo. Bien es verdad que inconcebible es también que siga permaneciendo la compatibilidad de la pensión de viudedad con una actividad laboral, aun cuando esta se encuentre entre las mejor remuneradas. Y, ¡oh, paradoja!, la pensión se pierde cuando el cónyuge superviviente se jubila. El mantenimiento de esta medida ha jugado bastante en contra del matrimonio en la católica España, porque también se pierde el derecho a la pensión a casarse de nuevo. Como es lógico, son poco los que aman tanto el matrimonio como para renunciar a la prestación por viudedad.

Se ha extendido una mística acerca de los autónomos, de los emprendedores, tal como se les denomina ahora. Se afirma que son los que crean riqueza, como si el resto de los trabajadores no la generasen. Se calcula que la nueva ley costará al erario público 2.000 millones de euros. Los portavoces de Ciudadanos andan muy contentos con los beneficios que van a conseguir para los autónomos (no para todos). Quieren apuntarse el tanto. Pero lo que nadie considera es el coste de oportunidad, es decir, lo que se va a dejar de hacer y se podría hacer con los 2.000 millones que la aplicación de esta Ley absorberá. De ello también es responsable Ciudadanos.

republica.com 21-7-2017

Para votar afirmativamente el techo de gasto presentado por el Partido Popular, Ciudadanos ha puesto la condición de que se incorpore para 2018 una rebaja del IRPF por importe de 2.000 millones de euros. Argumentan que ahora que las cosas van bien podemos permitirnos reducir los impuestos. En el presupuesto hay espacio, margen. Lo del margen es un concepto muy relativo. Para reducir los impuestos siempre hay margen, pero nunca para subir las pensiones, el seguro de desempleo o dedicar más recursos a la sanidad, a la educación o a la atención de la dependencia.

El discurso del PP acerca de que la economía va muy bien tiene un punto débil, que la mejora no ha llegado a muchos de los perjudicados por la crisis, y por el euro. No solo es que la recuperación económica se haya fundamentado en buena medida en los bajos salarios, sino que una vez que se ha producido el crecimiento no se han subsanado muchos de los recortes acometidos para corregir el déficit.

Sí se ha reparado la subida del IRPF que el Gobierno se vio obligado a realizar. En dos ocasiones se ha rebajado este impuesto, compensando el incremento realizado anteriormente. Por el contrario, no se han corregido los recortes en muchas partidas de gasto, especialmente en las prestaciones y servicios sociales. A los funcionarios se les devolvió la paga extraordinaria que el Gobierno del PP les había quitado, y que correspondía a una sola anualidad; sin embargo, no se ha rectificado el recorte en el salario mensual acometido por el Gobierno Zapatero, que era el verdaderamente importantes ya que se consolidaba para los años sucesivos. Es decir, calculando por lo bajo, las retribuciones de los empleados públicos son de un 5 a un 20% (según niveles) inferiores a las de 2008. Sobre las pensiones permanece la espada de Damocles de la última reforma, que las condena no solo a no tener en el futuro ninguna mejora, sino a ir perdiendo año tras año poder adquisitivo. Si los impuestos se incrementan automáticamente con la inflación, lo lógico seria que para mantener la neutralidad también lo hiciesen las pensiones, las retribuciones de los funcionarios y otra serie de gastos como la sanidad, la educación, etc.

Ciudadanos afirma que hay margen, y sin embargo no se les ocurre proponer que suban las prestaciones por jubilación, la cobertura del seguro de desempleo, que mejore la asistencia sanitaria o que se dediquen más recursos a la dependencia. Exigen bajar los impuestos, pero no los indirectos como el IVA, cuya subida de los años pasados no se ha corregido, sino el IRPF, el impuesto más progresivo y cuya rebaja beneficia siempre en mayor medida a las rentas altas. El argumento de que la rebaja va a incidir sobre los trabajadores y sobre las clases bajas suele tener trampa. El de trabajadores es un colectivo demasiado amplio, que engloba tanto a los mileuristas como a los consejeros de la grandes empresas, y las rebajas que se aplican a los tramos bajos de la tarifa terminan afectando también a los tramos medios y altos. Por otro lado, hay que preguntarse si la reducción del gravamen a los trabajadores en un mercado tan desregulado como el actual, y en un sistema que se basa principalmente en retenciones, no se transmite a los empresarios, mediante una reducción de los salarios. Algo similar ocurre con el complemento salarial que plantea también Ciudadanos.

La bajada de impuestos tiene muy buena prensa. La razón quizá se encuentre en que beneficia en buena medida a los que crean opinión, que a menudo se quejan de la enorme carga fiscal que soporta la clase media, y a la que creen pertenecer. Pero lo cierto es que la gran mayoría se encuentran en el 10%, cuando no en el 5% de mayor renta. Según los últimos datos del INE, en 2016 los ingresos medios por persona en España han sido de 10.708 y por familia, de 26.730 euros anuales. Las rebajas en el IRPF se dirigen principalmente a ese 10% de mayores rentas, en una pequeña proporción a las clases medias y en ninguna medida a las clases más desfavorecidas, que no pagan impuestos directos. ¿Qué parte de los 2.000 millones de euros se va a destinar a las familias que tienen todos sus miembros en paro? Es curioso que para las deducciones fiscales no se tenga en cuenta la renta de la familia, lo que sí suele ocurrir en las ayudas directas. Si en realidad se quiere beneficiar a las clases populares, elévese la cobertura del seguro de desempleo, increméntense las pensiones, dótense mejor la sanidad, la educación y demás servicios públicos.

El líder de Ciudadanos justifica la bajada de impuestos empleando el tópico de que el mejor sitio donde está el dinero es en manos de los contribuyentes, como si el resto de los recursos fuesen para el Gobierno. En las prestaciones sociales y demás subvenciones los recursos no permanecen en el sector público, ya que de manera casi automática retornan también a los ciudadanos, e incluso ocurre lo mismo con el resto de partidas del presupuesto, con la diferencia de que no se devuelven ciertamente en efectivo, pero sí en forma de servicios públicos. Es verdad, y quizá es lo que molesta a algunos, que los recursos se reintegran a los ciudadanos con una distribución distinta a la inicial. El argumento anterior se parece mucho al discurso que empleaba Aznar cuando afirmaba que con las privatizaciones se devolvían las grandes empresas públicas a los españoles, o la perorata de Esperanza Aguirre cuando proclamaba que privatizar el Canal de Isabel II era entregárselo a los madrileños. Sin embargo, en ambos casos se trataba de expropiar a todos los ciudadanos y de beneficiar a unos pocos privilegiados.

Existe una cierta incoherencia en la postura de Ciudadanos cuando se inclina por la bajada de impuestos y no por incrementar el gasto público, porque si en estos años se desbocado el déficit público, se ha debido al comportamiento de los ingresos y no al del gasto; y porque además la presión fiscal de España es una de las más bajas de Europa -por debajo de Grecia, Polonia, Portugal, Malta, Chipre, la República Checa, Eslovenia, Hungría, etc.-, mientras que se cuenta con un nivel de prestaciones y servicios públicos muy por debajo del de los otros países.

El Gobierno del PP parece haber accedido a la petición de Ciudadanos, pero instrumentando la rebaja impositiva a través de deducciones, exenciones y bonificaciones. Contrasta la reticencia que el discurso oficial mantiene ante la subida de los gastos públicos, con la permisividad e incluso beneplácito con el que se reacciona ante la aprobación de los gastos fiscales que, sin embargo, tienen el mismo efecto sobre el déficit público. Y ello a pesar de que estos últimos presentan importantes desventajas con respecto a una actuación decidida del Estado a través de las distintas partidas de gasto público. En primer lugar, al no estar explicitados en el presupuesto, los gastos fiscales tienden a consolidarse en mayor medida que las partidas de gastos propiamente dichas. En segundo lugar, al estar difuminados como una reducción de los ingresos, pasan desapercibidos sin sufrir para su concesión los rígidos controles de otros tipos de gastos y, lo que es más importante, en muchos casos se desconoce una cuantificación adecuada de su coste. En tercer lugar, son de muy difícil control e incrementan las vías de fraude. Los requisitos que se imponen a cada una de las exenciones, deducciones o bonificaciones en aras de conseguir el objetivo para el que se han aprobado resultan en muchos casos imposibles de comprobar, sobre todo cuando, como ocurre en la mayoría de los sistemas fiscales modernos, las medidas afectan a un gran número de contribuyentes. La generalizada evasión que posibilitan hace que se incremente y multiplique gratuitamente el coste de las medidas. Y por último, los gastos fiscales son regresivos porque la mayoría de las veces reducen impuestos progresivos.

Ciudadanos fundamenta la existencia del margen en las cuentas públicas en el hecho de que los 2.100 millones de euros pactados con el PP y previstos para sostener el regresivo complemento salarial parece que quedarán liberados del presupuesto español, pues espera que se terminen pagando con fondos europeos asociados a la Garantía Juvenil. Sin embargo, la ayuda europea no está nada clara porque hasta las mismas autoridades europeas, poco sospechosas de izquierdismo, se oponen a que parte de los salarios se paguen con fondos públicos. El Ministerio de Hacienda está haciendo juego malabares para esconder la verdadera naturaleza de la ayuda y lograr que pase la criba de Bruselas.

Algunos comentaristas políticos considerando el pacto con Ciudadanos, con los partidos canarios y con el PNV, hablan del coste que va a tener que pagar el Gobierno para conseguir aprobar el techo de gasto. En realidad, el pagano no va a ser el Ejecutivo, sino todos los ciudadanos, lo que debería hacer meditar a los partidos de izquierda si no tendrían que haber movido ficha para que el giro fuese hacia a la izquierda y no hacia la derecha. La política de Tancredo que están adoptado no conduce a nada, puesto que el Gobierno, con o sin su apoyo, va a aprobar, como ha ocurrido este año, el techo de gasto y el presupuesto. Es más, aunque no pudiera sacarlo adelante, el principal perjudicado tampoco sería el Gobierno, que podría funcionar perfectamente con un presupuesto prorrogado, sino de nuevo los ciudadanos y las Comunidades Autónomas, ya que el presupuesto y el nivel de gasto quedarían congelados sin apenas posibilidad de aumento.

Los españoles pueden comenzar a preguntarse para qué sirven los partidos de izquierdas si cuando gobiernan aplican la política de las derechas y cuando están en la oposición y con un gobierno minoritario y débil son incapaces de arrancarles concesiones (ni siquiera lo intentan). Enredados en una absurda disputa acerca de quién mantiene el liderazgo de la izquierda, y de un extraño complejo de pureza sangre que les impide todo diálogo o pacto con la derecha, deciden no contaminarse. El peligro es que terminen resultando prescindibles, y que se les pueda aplicar lo que Péguy afirmó del kantismo, que conservaba las manos puras porque no tenía manos.

Republica.com 14-7-2017