Se han cumplido los peores augurios en las elecciones catalanas. La participación ha sobrepasado escasamente el 50%. La causa hay que buscarla, ciertamente, en las difíciles condiciones en las que, debido a la pandemia, se han celebrado estos comicios, pero quizás también en el cansancio que el procés ha suscitado en los catalanes. La abstención, sin embargo, no ha afectado por igual a los distintos partidos. Se ha primado a las posiciones extremas, y cuando hablo de extremos, no me refiero al marco de izquierda–derecha, sino de independentismo-noindependentismo, puesto que es en estos términos en los que creo que transcurre la política de Cataluña. Han ganado, sin duda, la CUP y VOX.
Los soberanistas han salido beneficiados, al afectarles en menor medida la abstención, aunque han perdido alrededor de 700.000 votos, lo que deslegitima cualquiera lectura que intenten hacer acerca de que los resultados justifican, aún más, sus pretensiones. Difícilmente pueden hablar en nombre del conjunto de los catalanes. Todo lo más, podrán afirmar que representan al millón trescientos ochenta mil ciudadanos que les han votado y, así y todo, esa representación queda reducida a su actuación en el ámbito del Parlament y de la Generalitat, y de acuerdo con las competencias que les marcan las leyes, pues para eso les han votado, y no hay por qué suponer que sus votantes participen de todas sus posiciones políticas.
Lo cierto es que el soberanismo ha incrementado sus escaños en el Parlament y que la abstención ha perjudicado en mayor medida a los partidos de ese grupo tan heterogéneo que se suele llamar constitucionalista. También parece claro, aunque quizás inexplicable, que en este grupo el PSC -si es que se le puede encuadrar en él- ha sido el único ganador. Triunfo que quizás no le va a servir para mucho porque, sea cual sea el desenlace, Illa va a quedar de comparsa. Por eso es un poco patético que, siguiendo el ejemplo sanchista, monte la representación de abrir consultas con otras fuerzas políticas y su decisión de presentarse a la investidura, cuando sabe de sobra que no va a tener esta opción, ya que dependerá del futuro presidente del Parlament.
Pase lo que pase en la Generalitat, pienso que el problema de Cataluña se dilucida mucho más en la Moncloa. Por eso creo que ha llegado el momento de fijarnos en el anverso de la operación Illa, un aspecto hasta ahora poco considerado, pero de suma importancia para el resto de España. Me refiero al hecho de haber situado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Miquel Iceta. Es difícil que no despierte suspicacias contemplar al primer Secretario del PSC ocupando el ministerio que tiene que establecer un juego lo más neutral posible entre todas las Autonomías, tanto más cuanto que está pendiente de renovación el Sistema de Financiación Autonómica. El vigente data de 2009, establecido en tiempos de Zapatero y Montilla y al gusto y conveniencia de los catalanes, aunque ahora renieguen de él y digan que les perjudica.
Los antecedentes de Iceta no son precisamente los más adecuados para que el resto de las Comunidades se sientan tranquilas. Su concepción del Estado es de las más atrabiliarias. En su momento, habló ya de ocho naciones, lo que nos retrotraería al Estado cantonal de malhadada memoria, porque, aunque se matice añadiendo que se trata de un concepto puramente cultural, el hecho es que siempre se termina en formulaciones políticas. Pasa igual que con la pluralidad del Estado y los hechos diferenciales, que al final se traducen en fuerzas centrífugas o, al menos, en privilegios. Quién puede dudar de que España es plural. Cualquier territorio lo es. También Cataluña. ¿O es que acaso no hay diferencias entre Barcelona y Gerona?
Iceta fue el primero que habló de indultos para los presos del procés e incluso de alguna manera pretendió trazar a Esquerra su ruta y la estrategia que debía seguir, al comentar que si en algún momento el voto independentista llega a alcanzar el 60 o el 65% habrá que considerar en serio el referéndum. Aunque el PSC ya lo había contemplado antes, al pronunciarse a favor de ese ilusorio derecho a decidir inventado por los independentistas.
Pero descendamos al tema crematístico que es donde se va a plantear el problema, ya que es de prever que, a pesar de soflamas incendiarias sobre la independencia, es en ese terreno en el que Esquerra, con sentido práctico, va a situarse. El fracaso de 2017 y el miedo a la justicia les disuadirá de evitar por el momento nuevas aventuras. Fue en ese mismo 2017, el 30 de noviembre, cuando Iceta publicó en el diario El Mundo un artículo titulado “Financiación justa para una hacienda federal”.
Comenzaba afirmando que los socialistas catalanes querían participar de forma activa (ahora el PSC está más subido e Illa afirma que quieren liderarlo) en el debate y en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico, que debía acordarse en un futuro inmediato. El futuro dejó de ser inmediato en cuanto Sánchez asumió el gobierno, a pesar de que en la oposición arremetió reiteradamente contra Rajoy por no acometer la tarea. Se ha dilatado en el tiempo casi cuatro años, porque el presidente del Gobierno ha preferido tener las manos libres para distribuir dádivas y mercedes entre la Comunidades. Se supone que antes o después tendrá que establecer un nuevo sistema y para ello y para sus planes nada como tener a Iceta en el ministerio de Política Territorial.
Iceta continuaba afirmando en el artículo que las Comunidades Autónomas deben ser gobiernos auténticos, no meras gestoras. Para ello lo que viene a proponer es que haya una mayor cesión de tributos y cita en concreto el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Desconozco lo que el señor Iceta entiende por gobiernos auténticos (Consejos de gobierno los denomina la Constitución). Lo que es cierto es que están muy lejos de ser meras gestoras.
Son ya muchos los tributos que están cedidos a las Comunidades Autónomas. Tal como afirma Piketty (en las páginas 1.090-1.094 de su obra Capital e Ideología y que yo transcribí en este diario en mi artículo del 17 de septiembre de 2020): “España en materia fiscal es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con Estados federales más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el Estado central y las regiones… En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE.UU. y lo mismo ocurre en Alemania, ejemplo más cercano a España. Los Estados (länders) no tienen posibilidad de votar tipos impositivos adicionales, ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria con independencia de lo que piensen los contribuyentes bávaros”.
Conviene señalar además que los tributos cedidos -patrimonio, sucesiones y renta (parcialmente)- son los impuestos más progresivos, por lo que su cesión puede producir efectos muy negativos. No se necesita avanzar en el proceso, sino quizás retroceder. La capacidad normativa de las Autonomías crea presiones fiscales diferentes según donde uno viva y, lo que es peor, se establece una competencia desleal entre las Comunidades, el llamado dumping fiscal, que daña la recaudación y la progresividad de los impuestos. Lo paradójico surge cuando se defiende, tal como hacen el PSOE y los independentistas, incrementar la autonomía financiera pero después se protesta cuando esta se ejerce por otras Comunidades diferentes a la catalana.
La cesión de la recaudación, es decir, que los recursos obtenidos por los impuestos en una Autonomía se queden dentro de la Autonomía, representa la ruptura de la función de redistribución del Estado en el ámbito interregional, porque no habrá fondo que pueda compensar el desequilibrio creado. Cuando los nacionalistas e Iceta hablan del Estado del bienestar parece que se refieren únicamente a Cataluña, propugnando hacia el exterior el neoliberalismo económico más radical. Darwinismo social entre regiones. El resultado de transferir además de la recaudación, la gestión y la inspección de los tributos a las Comunidades sería muy negativo desde el punto de vista de la administración fiscal. Trocear la Agencia Tributaria crearía el caos en la gestión de los tributos y obstaculizaría gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Hay que tener en cuenta que Iceta escribía desde Cataluña (y me temo que desde ahí será desde donde seguirá hablando y actuando a pesar de ser ahora ministro del Gobierno central) y lo hacía nada más celebrarse un auténtico golpe de Estado. El soberanismo utilizó el inmenso poder que le concedía estar al frente de una de las administraciones autonómicas más ricas y con más competencias para crear toda una estructura sediciosa capaz de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado. Pero el golpe está lejos de estar desactivado. Los golpistas continúan y parece que van a continuar al frente de la Generalitat, y no se privan de repetir que volverán hacerlo. El peligro está muy lejos de disiparse, por lo que no parece demasiado acertada la política de conceder cotas de autogobierno más elevadas ni más medios para que en otro momento se puedan volver contra el Estado y entonces, sí, tener éxito.
La estrategia debería pasar más bien por limitar en la medida necesaria las competencias de la Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta república independiente es la ausencia de una Hacienda Pública propia. Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos con el Estado. El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la Generalitat.
Iceta terminaba su artículo reclamando una quita de la deuda autonómica. No es de extrañar, puesto que afecta principalmente a la Generalitat catalana (que no a Cataluña). El mayor endeudamiento de esta Comunidad no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, tal como intentan convencernos, sino en buena medida a la cantidad ingente de recursos públicos absorbidos por el procés y en general en engrasar esa inmensa máquina de publicidad y propaganda dedicada a promocionar la independencia.
Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las Comunidades Autónomas. Es lógico suponer que ese alto nivel retributivo se extiende a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo. Recientemente se ha hecho pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Esquadra y la Guardia Civil y la Policía nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.
El primer secretario del PSC suele repetir que no pide nada para Cataluña que no pida para las otras Autonomías. Puede ser cierto. El problema es que tanto en el orden personal como en el territorial las medidas que son buenas para los ricos no suelen serlo para los menos afortunados. La condonación de la deuda no tiene la misma significación para Cataluña -que debe al Estado 52.499 millones de euros- que para Extremadura -que adeuda tan solo 2.031. Extender una copia del cupo vasco, aun cuando fuese limitado, a todas las Comunidades sería muy beneficioso para Madrid y Cataluña, y por supuesto para el País Vasco, que ya lo tiene, pero tendría efectos devastadores para Andalucía y Extremadura, por ejemplo. Es difícil entender por tanto los afanes independentistas de partidos, como el Bloque Nacionalista Gallego, que se desarrollan en las Comunidades de menor renta.
La presencia de Iceta en el Ministerio de Política Territorial difícilmente va a colaborar a corregir la desigualdad y los desequilibrios entre las regiones, más bien es muy probable que los incremente. Pero no creo que eso le importe mucho a Sánchez. Su finalidad debe de ser otra. Su objetivo consiste en que le ayude a mantener las alianzas con los golpistas, a los que necesita para continuar en el Gobierno.
republica.com 26-2-2021
