ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Algunos comenzamos a utilizar la expresión “armonización fiscal” hace muchos años, allá por 1989, coincidiendo con la aplicación del Acta Única en la Unión Europea. Hasta entonces, el Mercado Común era eso, un mercado, un espacio de intercambio de productos y servicios, una unión aduanera. La aprobación del Acta Única significó un salto trascendental. Entre otras cosas, se aprobó la posibilidad de que los factores de producción (la mano de obra y el capital) se moviesen entre todos los países sin ningún obstáculo.

Europa comenzaba a ser un pato cojo. Iniciaba un proceso de asimetría que se acentuaría con la Unión Monetaria. Mediante el Acta Única se aprobaba la libre circulación de capitales, pero se mantenía la fiscalidad intocable en manos de los Estados nacionales. La trampa era evidente. Con tal medida el capital puede huir de los Estados con mayor carga fiscal dirigiéndose a aquellos con sistemas tributarios más permisivos. Los países entran en una especie de competición para ver quién baja más los impuestos, y no solo evitar así la fuga de capitales, sino también lograr atraerlos. Los sistemas fiscales de todas las naciones van transformándose poco a poco y perdiendo progresividad. Los impuestos directos han ido reduciéndose a favor de los indirectos. Incluso se han permitido paraísos fiscales dentro de la Unión.

Ya desde el mismo año de 1989 hemos sido muchos los que hemos reclamado una armonización fiscal entre los países miembros como el complemento necesario a la libre circulación de capitales. Sin embargo, poco se ha avanzado en esta materia. En Europa, todo acuerdo en temas fiscales debe adoptarse por unanimidad, lo que hace casi imposible cualquier paso adelante. Quizá la armonización solo se ha producido -en muy pequeña medida y solo parcialmente- en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), lo que indica muy claramente cuál es la única preocupación de la Unión Europea, el mantenimiento de la libre competencia y el correcto funcionamiento de los mercados.

En España se ha producido cierta paradoja. Al tiempo que se criticaba en la Unión Europea la divergencia fiscal entre los países, se desmembraba el sistema impositivo español transfiriendo competencias a las Autonomías. El primer paso en esa dirección fue el reconocimiento en la Constitución del sistema de concierto del País Vasco y de Navarra, sistema económico más propio de la Edad Media que de la época actual y que incluso ha sido denunciado por Bruselas por ser un régimen que origina una competencia desleal, lo cual no deja de ser irónico tratándose de la Unión Europea, espacio en el que domina el dumping fiscal y subsisten paraísos fiscales como Irlanda o Luxemburgo.

Posteriormente fueron las sucesivas cesiones de capacidad normativa a las Autonomías del régimen común. Era un requerimiento constante de los nacionalistas, especialmente de los catalanes, pero no solo de ellos. El nacionalismo ha terminado por contagiar a todos los políticos de ámbito regional, sean del partido que sean. Lo peor es que esa cesión afecta a los principales impuestos directos: renta, patrimonio y sucesiones (y sociedades en el País Vasco y Navarra), estableciendo una competencia desleal entre las regiones. La situación actual es que la carga fiscal no es igual en las distintas Autonomías. No todos los españoles pagan los mismos impuestos. Y el mapa fiscal de España resulta de lo más heterogéneo, no solo en los tipos sino también en las deducciones. Cada Autonomía ha decidido primar las cosas más variopintas, a través de la concesión de beneficios fiscales.

Si la diversidad de gravámenes y el consecuente dumping fiscal tienen efectos perniciosos cuando se realiza entre países, tanto más cuando se da entre Comunidades Autónomas. No deja de ser irónico que primero hayamos fragmentado el sistema fiscal español y hablemos ahora de abordar la armonización. No sería necesario armonizar nada si los impuestos continuasen siendo estatales. Con todo, lo más paradójico es que sean los nacionalistas catalanes los que exijan la armonización. Uno no sale de su asombro cuando escucha a Rufián quejarse de que en la Comunidad de Madrid se paguen menos impuestos que en Cataluña y que pida al Estado central que establezca una tributación mínima en los tributos que gestionan la Comunidades, es decir, que retroceda en la autonomía fiscal tan querida y reclamada por los nacionalistas catalanes. El mundo al revés.

Nadie puede dudar de que quienes llevamos más de treinta años reclamando la armonización fiscal en Europa y denunciando la contradicción que significa su ausencia en una economía donde existe la libre circulación de capitales por fuerza tenemos que defender la armonización fiscal en España. Más aún, para ser coherentes debemos estar en contra de la parcelación que se ha hecho del sistema fiscal español y abogar por que se retire la capacidad normativa a las Autonomías. Y con mayor razón tendremos que criticar lo que constituye la amputación mayor del sistema, el régimen del concierto vasco y navarro.

No tienen razón los que para justificar la bajada de impuestos repiten sin cesar que aquellas Comunidades con menor presión fiscal recaudan al final más. Puede ser que en algunos casos sea así, pero ello es tan solo porque roban un trozo de la tarta al vecino. Una Autonomía que reduzca, por ejemplo, el gravamen del impuesto de patrimonio puede atraer contribuyentes de otras Comunidades e incrementar por tanto la recaudación por IRPF, de tal manera que compense con creces los ingresos perdidos con la disminución en el impuesto de patrimonio. Pero se habrá dañado la progresividad del sistema fiscal y la recaudación global será menor.

En principio, no habría nada que objetar al hecho de que un gobierno central se decida a armonizar la fiscalidad de las Autonomías. Es más, parecería lógico que una de sus funciones principales fuese la de armonizar no solo la fiscalidad sino otras muchas materias, como la educación, la sanidad o incluso los sueldos de los funcionarios y altos cargos que ejercen tareas idénticas o similares en las distintas Comunidades Autónomas. Sin embargo, hay algo que no cuadra: que sea precisamente el sanchismo el que lo plantee, un gobierno que se apoya y subsiste gracias a los nacionalismos y regionalismos de todo tipo y que no suele dar un paso que pueda incomodar a los nacionalistas.

La explicación puede ser que en este caso el nacionalismo, al menos el catalán, se haya puesto al frente de la manifestación, lo cual -tal como hemos dicho- sería totalmente contradictorio, si no vislumbrásemos que detrás hay segundas, terceras y cuartas intenciones. Porque, ¿qué armonización se exige? No ciertamente  la de asimilar los regímenes forales a los de régimen común, donde sin duda se da la máxima injusticia y desigualdad, sino que el único objetivo que parece perseguirse es atacar a Madrid, (que el nacionalismo identifica al resto de España), aunque para ello deba renegar y abdicar de sus exigencias anteriores.

La armonización fiscal entre Comunidades es un objetivo loable. Pero se contamina cuando se proyecta únicamente como una parte más de la ofensiva contra la Comunidad de Madrid, y contra los madrileños, lo que, según parece, se está convirtiendo en el deporte preferido de este Gobierno. Planteada así, obstaculiza el acuerdo y el consenso entre Comunidades, y hace más difícil su aceptación por los ciudadanos.

republica.com 21-5-21

Tengo la peor opinión posible de la burocracia de Bruselas. Pero, por muy ineficientes que sean, tal como han demostrado con las vacunas, o por mucho que se muevan por las presiones de los diferentes lobbies, me imagino que no habrán tenido más remedio que quedarse pasmados cuando un gobierno rectifica una de las medidas incorporadas en el Plan de Recuperación tan solo dos días después de habérselo enviado. Razón: que se había filtrado a la prensa. Y es que el plan se ha elaborado, aprobado y remitido a la Unión Europea con total opacidad, escondiendo a la sociedad española las medidas previstas. Ha bastado que se conociese una de ellas para que el Gobierno se corrigiese a sí mismo. Aun peor, la ministra de Economía pretende convencernos de que se trata de una errata de imprenta. ¿Una errata de varias líneas y con justificación añadida y todo?

La medida aprobada y después rectificada consiste en eliminar la deducción en el IRPF a la que hasta ahora tienen derecho los matrimonios que deciden declarar de forma conjunta. La mayoría de los contribuyentes prefieren hacer individualmente la declaración, puesto que el resultado suele ser más favorable al no jugar la acumulación de rentas con el correspondiente impacto negativo de la tarifa progresiva. Solo cuando uno de los miembros de la pareja no trabaja o sus ingresos son muy reducidos sale a cuenta optar por la declaración conjunta, siempre, claro está, que la deducción se mantenga.

Hay que concluir que la eliminación de esta deducción (a pesar de que actúa sobre la base) es fuertemente regresiva debido al colectivo afectado, ciudadanos de rentas bajas o medias bajas. Casi el 80% de ellos tienen ingresos inferiores a los 30.000 euros anuales, y es en el intervalo de 12.000 a 21.000 euros anuales donde se concentra el mayor número de ellos.

Lo más chusco es el bloque del plan en el que se ha incorporado la medida. No es en Hacienda, ni en reforma fiscal, ni en las modificaciones tributarias, como sería de esperar, sino en el apartado de políticas de igualdad de género. Emplean un argumento falso y peligroso. Afirman que este beneficio fiscal desincentiva la incorporación de la mujer al mundo laboral. La medida supone que las que no trabajan lo hacen voluntariamente y no obligadas por las enormes cifras de paro.

El argumento empleado esconde, bajo una capa de progresismo feminista, la similitud con uno de los raciocinios más regresivos usado a menudo por el neoliberalismo económico. Frecuentemente hemos tenido que escuchar que el seguro de desempleo y otros tipos de ayudas y subsidios desincentivan la búsqueda de empleo, por lo que deben desaparecer o quedar reducidos a la mínima expresión. Los parados lo son porque quieren. Las mujeres se quedan en casa por vagancia y la deducción les da facilidades económicas para adocenarse.

El Gobierno, para justificar la medida, recurre en el Plan de Recuperación a un principio que ha venido siendo siempre la carcoma de los sistemas fiscales: “Un sistema tributario moderno no debe servir exclusivamente para procurar unos ingresos que financien el gasto público, sino que debe contribuir directamente a potenciar el impacto de las políticas propias, sirviendo de catalizador para lograr transformaciones en ámbitos como la igualdad de género, la atención a la discapacidad, la conservación del medio ambiente o la protección de la salud”. Para tratarse de una errata, emplean una justificación un poco larga.

La pretensión de utilizar los tributos para múltiples objetivos origina el deterioro de sus funciones propias. Dos son las aspiraciones fundamentales que debe tener todo sistema fiscal: la suficiencia recaudatoria, para atender a los gastos públicos, y la progresividad, que facilite la ejecución de una política redistributiva y colabore a reducir la desigualdad social y a combatir la acumulación capitalista. No obstante, la tentación de utilizar los impuestos para otras muchas finalidades ha convertido al sistema fiscal en el bálsamo de Fierabrás que vale para todo.

Pero lo cierto es que los efectos económicos de los impuestos son muy aleatorios y de difícil determinación, y su signo depende generalmente de una gran diversidad de variables; por ello resulta muy arriesgado diseñar una política fiscal en función de estos objetivos. Existe una alta probabilidad de que no se consigan e incluso de que produzcan efectos contrarios a los deseados. De lo que no cabe duda es de que irán en detrimento de la finalidad principal de los impuestos: la redistribución de la renta. En la mayoría de los casos se tiene la sospecha de que todos los otros objetivos no son más que el pretexto para desactivar un sistema fiscal fuerte y progresivo con el que no se está de acuerdo.

Quizás el caso más generalizado radique en los incentivos fiscales para estimular el ahorro. En realidad, supone una especie de eufemismo para señalar de forma más amable y menos chirriante a las rentas de capital, y discriminarlas positivamente con respecto a otros tipos de renta. El objetivo que se persigue no es estimular el ahorro, tal como se dice, sino conceder un trato de favor a los ingresos financieros. Por otra parte, no está claro que para reactivar la actividad económica sea el ahorro la variable a incentivar. En muchas ocasiones es más bien el aumento del consumo lo que puede impulsar el crecimiento. Lo que sí es seguro, ciertamente, es que los llamados estímulos al ahorro dañarán la progresividad del sistema fiscal.

Hasta ahora la propuesta de este tipo de medidas provenían del pensamiento conservador o del círculo del neoliberalismo económico, pero, por lo que se ve, en los últimos tiempos este comportamiento ha sido copiado por grupos progresistas. Solo que cambian los objetivos. En lugar de potenciar el ahorro o la inversión plantean la igualdad de género o combatir el calentamiento global, finalidades muy loables, pero no a costa de reducir la progresividad del sistema fiscal. Otros procedimientos habrá para conseguirlos.

La eliminación de la deducción por tributación conjunta se propone para potenciar la incorporación de la mujer al mundo laboral, objetivo que difícilmente se va a lograr por este camino, dadas las enormes tasas de desempleo. Ahora bien, lo que por el contrario sí se va a lograr con toda seguridad es dañar la progresividad del tributo y, por lo tanto, incrementar la desigualdad entre clases o grupos sociales. Pero parece que últimamente la única desigualdad que preocupa es la de género.

Algo parecido ocurre con los impuestos verdes, tan en boga en este momento. No sé si tendrán impacto sobre el medio ambiente, pero desde luego lo van a tener sobre la progresividad del sistema. La mayoría de estos tributos son indirectos y poseen un claro carácter regresivo. No solo es que sean proporcionales y carezcan por tanto de progresividad, sino que la mayoría de ellos inciden más sobre los contribuyentes de menores rentas. Buen ejemplo de ello lo tenemos en casi todas las modificaciones fiscales planteadas en el Plan de Recuperación bajo el titulo ampuloso de “Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”. Y es que por lo visto lo que la modernidad exige es incrementar la desigualdad social.

republico.com 14-5-2021

En plena campaña electoral de Madrid, un tema ajeno al debate político logró hacerse un hueco relevante en los medios de comunicación. Me refiero a la creación de la supercopa. No sé nada de fútbol y, si me apuran, tampoco de otros deportes. Me pierdo entre la FIFA, la UEFA, las ligas, el Comité Olímpico y otros chiringuitos, tanto en el orden nacional como internacional. Pero no se necesita saber mucho para llegar a la conclusión de que son organismos o sociedades privadas con muy poca transparencia, libres de todo control y carentes de cualquier mecanismo democrático, sin que se conozca muy bien mediante qué medios se designan sus órganos directivos y por qué los emolumentos y prebendas de sus miembros son tan desproporcionados, sin que los poderes públicos hayan puesto nunca orden dentro de este enjambre de oligarcas.

Así que cuando escuché la noticia de la creación de la supercopa realicé mi propia composición: unos aprovechados que pretendían dar un golpe de mano a otros aprovechados y que no han tenido éxito. No había que darle mayor importancia. Pero he aquí que escucho unas declaraciones de Florentino Pérez afirmando que el fútbol está en peligro, que muchos clubs pueden desaparecer porque tienen una deuda que no pueden soportar; y hay que suponer además que se refería principalmente a los equipos importantes.

Mi extrañeza fue enorme, porque casi todos nos hemos quedado estupefactos y un poco escandalizados cuando la prensa ha publicado las primas y las retribuciones de ciertos futbolistas. Incluso habrá quien haya pensado sobre lo rara que es esta sociedad que retribuye de forma tan desigual al que se dedica a dar patadas a un balón respecto a los que, por ejemplo, se juegan la vida salvando a otras personas en un hospital en tiempos de pandemia o a aquellos que tras años de investigación descubren algo que puede beneficiar considerablemente a la humanidad.

Pero, ante estas reflexiones, no faltará quien nos aleccione en tono didáctico acerca de que una cosa es el valor y otra el precio, que rara vez coinciden, como lo ilustra el clásico ejemplo del aire y el oro. El precio no depende del valor intrínseco de la cosa, sino del mercado, de lo que se esté dispuesto a pagar por ella, de su escasez. Pero ahí es donde cruje el discurso de Florentino, porque si los clubs están al borde de la quiebra solo puede ser porque han pagado mucho más por el fichaje de ciertos futbolistas que lo que van a percibir por ellos. La solución para no quebrar es relativamente sencilla, como en cualquier economía, no gastar más de lo que se puede.

En cuanto a las deudas contraídas por los equipos de fútbol, que serán principalmente ante las entidades financieras, surge alguna que otra pregunta. ¿Por qué los bancos han asumido estos riesgos? Tal vez porque intuyen que en caso de insolvencia las Administraciones públicas no van a dejar caer un equipo que tiene un valor emblemático para una ciudad, o para un determinado territorio. Terminarán saneándolos de una o de otra manera, directa o indirectamente mediante operaciones urbanísticas, con tal de que no desaparezcan. ¿No sería lógico entonces que el Estado tuviese algo que decir en todo este tinglado del fútbol, sobre todo en lo que se refiere a la vigilancia de las insolvencias?

Hablando de retribuciones astronómicas y escandalosas, también por esas fechas, en medio de la campaña electoral, varios ministros, entre ellos la de Economía, han denunciado el contraste que se da en los bancos entre las retribuciones de sus ejecutivos y los ERE que piensan acometer con miles de despidos. Calviño, sin duda, tiene razón excepto por un pequeño detalle: se le ha olvidado que ella es la ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno y, por lo tanto, tiene mucho que decir -y más que decir, hacer- en estos asuntos.

Ciertamente, los sueldos que se han adjudicado los ejecutivos de las entidades financieras son obscenos, pero hay que añadir enseguida para ser justos que no son exclusivos de ellos y que afectan a la totalidad de las grandes compañías. El abanico de las retribuciones dentro de las empresas se ha ido ampliando a lo largo de los años hasta niveles que hoy parecen indecentes e inmorales, convirtiéndose en una de las principales causas (no la única) del incremento de la desigualdad en la sociedad.

Podríamos recurrir de nuevo a la diferencia entre valor y precio; pero tampoco parece que aquí sea el mercado el que determina la cuantía de las retribuciones. Por más que intenten justificar lo  contrario, en la mayoría de los casos no existe correlación entre las remuneraciones de los ejecutivos y los beneficios de las empresas. Llevándolo al extremo, solo tenemos que recordar los altos sueldos de algunos directivos que en la crisis pasada llevaron a sus entidades a la ruina, o el caso más reciente de Abengoa.

Ya sabemos cómo funcionan los consejos de administración de las grandes sociedades y el papel de los consejeros independientes. Conocemos de sobra la forma oscurantista en la que se adoptan los acuerdos y lo poco que pintan los accionistas. No es el mercado el que fija los sueldos, sino el juego de los distintos grupos de poder que dominan la empresa.

En cuanto a la multiplicación de los ERE, la razón habrá que buscarla en que las distintas reformas laborales han ido dando una definición cada vez más laxa de las causas objetivas, en la que cabe casi todo, y deja a las empresas un amplio margen de maniobra para realizar los ajustes que ansían, aunque no sean necesarios para la viabilidad de la compañía, solo para obtener mayores beneficios. En el caso de las entidades financieras, resulta muy dudoso que sea imprescindible el ajuste en la plantilla, al menos en la cantidad que están planteando los ERE.

Es cierto que los avances tecnológicos y la posibilidad de gestionar on line casi todos los productos financieros hacen menos necesarias las oficinas de los bancos, pero eso no quiere decir que tengan que desaparecer o reducirse de tal modo su número y su plantilla que se produzcan importantes insuficiencias en los servicios. Los usuarios tienen ya, y cada vez más, la sensación de que cuando se ven obligados a realizar en los bancos una gestión de manera personalizada se enfrentan a bastantes dificultades, y no digamos los problemas con los que chocan aquellos clientes que no cuentan con Internet o no se manejan con las nuevas tecnologías.

El BBVA acaba de anunciar un ERE de 3.800 de trabajadores y proyecta cerrar una de cada cuatro sucursales; pero las señales de alarma han sonado, sobre todo, cuando Caixa Bank, como consecuencia de la absorción de Bankia, ha hecho pública su intención de mandar al paro a 8.291 trabajadores provenientes solo de sucursales, sin contar los posibles despidos de servicios centrales. Ha sido principalmente este último anuncio, que además ha coincidido con una subida de sueldo sustancial de sus ejecutivos, el que ha originado las críticas de la ministra de Economía y de alguna otra ministra.

El hecho es curioso porque ha sido el Gobierno el que ha propiciado la fusión entregando Bankia a Caixa Bank, lo que ha debido de ser muy provechoso para la segunda entidad, pero no estoy nada seguro de que lo haya sido también para el Estado. En cualquier caso, el Gobierno podría haber introducido en el acuerdo de fusión la condición de que la nueva entidad no pudiese aprobar ningún ERE en un periodo determinado. Sin duda, la justificación de los despidos choca con la noticia de que el nuevo presidente de la entidad se ha triplicado el sueldo, y con él otros 26 ejecutivos van a ver incrementadas sustancialmente sus retribuciones.

El motivo aducido es la necesidad de equilibrar los sueldos de los directivos de las dos entidades fusionadas. Bankia, al estar intervenida por el FROB, los tenía congelados. En cierto modo, la dirección de Caixa Bank, puede estar en lo cierto cuando, como contestación a la ministra, ha afirmado que sus sueldos -los de Caixa, no los de Bankia- son los que están a nivel de mercado. Quieren decir que están en consonancia con el que pagan otras entidades financieras. Sin embargo, eso no significa que lo esté determinando el mercado, como lo prueba el hecho de que planteen al mismo tiempo la necesidad de aplicar un ERE. Lo que los fija son los chanchullos de los consejos de administración y la emulación de unos ejecutivos frente a otros.

Caixa Bank plantea además   que no sería correcto que el Gobierno interfiriese en este tema, a pesar de que el Estado mantiene a través del FROB el 17% de las acciones de la nueva entidad. Las cifras, pero no solo en la banca, son desde luego escandalosas. En algunos casos alcanzan, englobando todos los conceptos, varios millones de euros anuales. La parte socialista del Gobierno, que yo sepa, nunca había criticado esta situación ni había propuesto ningún mecanismo de limitación. Por el contrario, desde Podemos sí han planteado en algunas ocasiones poner un tope a las retribuciones, lo que desde el sector bancario se considera una injerencia inaceptable. No lo calificaría yo así, pero sí que es una medida que carece de finura y, por lo tanto, puede introducir en la economía distorsiones, al no poderse aplicar con la generalidad necesaria.

Al mismo resultado se llega por otro camino. Si se quiere, la solución existe desde hace mucho tiempo y no hay que inventar nada. Habrá que acudir al sistema fiscal, al IRPF y a la tarifa progresiva. Se trata de ampliar hacia arriba tantos tramos como sean necesarios, cada uno de ellos a un tipo marginal mayor, de manera que a determinados niveles se desincentive totalmente la subida de sueldos al quedarse Hacienda con la mayor parte del incremento. Los datos indican que, en Europa, hasta 1980, cuando existían tipos marginales máximos considerablemente altos (en algunos países del orden del 80 o 90%) los sueldos de los grandes ejecutivos se mantuvieron moderados; sin embargo, a partir de los ochenta, y a medida que se reducía la progresividad del impuesto de la renta, disminuyendo los tipos marginales máximos, las remuneraciones de los ejecutivos comenzaron a desbocarse hasta los niveles actuales.

En España, hoy, tocar el tema de los impuestos es meterse en un hormiguero. Los comentaristas políticos, tertulianos, articulistas y todos los que crean opinión, reaccionan de forma histérica y con total irritación. Lo cierto es que, con la coyuntura actual y el nivel que va alcanzar el endeudamiento público, la subida de impuestos es ineludible. Se va a producir sí o sí. La única duda es qué tributos van a incrementarse si los regresivos o los que son progresivos. Por lo que se ha publicado del Plan de Recuperación claramente los indirectos y regresivos.

Puede pensarse que la modificación de la tarifa del IRPF anterior es un tema secundario, sin demasiado impacto en la recaudación. Quizás sea cierto que su capacidad recaudatoria es muy baja, pero afecta sin duda a la equidad en la distribución de la carga tributaria. Ver que las rentas altas tributan de acuerdo con sus ingresos parece una condición necesaria para que los ciudadanos asuman una mayor presión fiscal. No parece lógico que la escala progresiva del impuesto sobre la renta termine en 60.000 euros (el último añadido a 300.000 euros es un pastiche que eleva solo en dos puntos el tipo marginal máximo). Hay que recordar que a principio de los ochenta este tipo en España estaba fijado en el 65% y la tarifa tenía 36 tramos. No obstante, conviene añadir que el primer paso tendría que ser retornar a una tarifa única, es decir, que las rentas de capital vuelvan a unirse con las de trabajo.

republica.com 7-5-2021

Los desafueros y desatinos de un gobierno pueden cometerse de forma consciente, motivados por el propio beneficio y por objetivos bastardos, pero también se pueden deber a la propia ineptitud o incompetencia; nunca se sabe qué es más grave. Se trata de la clásica alternativa entre la maldad y la estupidez, y resulta difícil apostar sobre cuál de ellas puede producir resultados peores.

Este año, la Administración tributaria va a tener que soportar una importante carga adicional de trabajo, que sin duda la alejará de cometidos más provechosos en la persecución del fraude fiscal y -lo que puede ser aun peor-, un número considerable de ciudadanos, pertenecientes precisamente a las clases menos favorecidas y con menores conocimientos, se van a ver sorprendidos con una obligación administrativa para la que no están preparados y que no esperaban, y muchos de ellos, además, con una deuda tributaria con la que no contaban. Me refiero a las personas que durante la pandemia han estado en ERTE y las que han cobrado el Ingreso Mínimo Vital  (IMV).

El impuesto sobre la renta es un tributo personal, universal y progresivo que gira sobre la totalidad de las rentas del contribuyente. De ahí la necesidad de que cada uno de ellos (a pesar de que en las distintas fuentes de renta los pagadores hayan ido haciendo retenciones que ingresan posteriormente al fisco) tenga que hacer una declaración anual en la que habrán de englobar todos sus ingresos. Según las especiales características personales y familiares y, por tanto, las deducciones que correspondan al contribuyente, así como la tarifa progresiva y las retenciones practicadas, el resultado de la declaración será o bien positivo con la correspondiente cuota diferencial e ingreso en el fisco, o bien negativo con la consecuente devolución de Hacienda.

La Administración tributaria optó, hace ya muchos años, aun a costa de perder información, por liberar lo más posible a las rentas bajas de la obligación de declarar; al tiempo que se eximía ella misma de una carga de trabajo no demasiado productiva, para poderse dedicar a otras labores mucho más rentables en la persecución del fraude. Actualmente, están exentos de hacer la declaración del IRPF aquellos contribuyentes cuyas rentas de trabajo sean inferiores a 22.000 euros, que provengan además de un solo pagador o la cuantía de la segunda retribución o sucesivas no superen en total los 1.500 euros, y siempre que las rentas de capital, si las hubiere, estén por debajo de 1.600 euros. La condición de que haya un solo pagador tiene su razón de ser en que, al conocer este la totalidad de los ingresos, las retenciones que aplicará estarán en consonancia con la tarifa progresiva.

Cuando hay más de un pagador la cosa cambia, puesto que cada uno de ellos solo conoce una parte de la renta del contribuyente y no es posible, por lo tanto, aplicar la progresividad. El límite para no declarar se sitúa entonces en 14.000 euros, que viene a coincidir con la exención mínima del gravamen, puesto que la tarifa tiene un límite exento de 12.450 euros, al que habría que añadir las deducciones de carácter general.

Los trabajadores que durante 2020 han estado en un ERTE han contado con dos pagadores, la empresa correspondiente y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La gran mayoría de ellos, al comenzar la campaña del impuesto sobre la renta, se han encontrado con una desagradable sorpresa, la obligatoriedad de hacer declaración, a lo que muy pocos estarían acostumbrados y -lo que aún es peor- se ven en la necesidad de tener que ingresar en Hacienda unas cantidades que no tenían previstas. Ciertamente, eso no significa que el gravamen que tengan que soportar sea mayor que si hubieran continuando trabajando en sus empresas, sino que ahora tienen que pagar una cuantía que el SEPE no les había retenido; pero ello no les libra del sobresalto y de que no se desestabilice todavía más su maltrecha economía.

Se dirá que constituyen un caso más, y que en la misma tesitura se encuentran todos aquellos que a lo largo del año hayan tenido dos o más trabajos, pero en estos supuestos no se puede evitar la duplicidad de pagadores y además no conforman un colectivo más o menos homogéneo de tres millones y medio de personas. En el asunto de los ERTE, el problema se podía haber obviado de manera sencilla. Solo hubiese sido necesario que el SEPE hubiese continuado realizando la misma retención que venían practicando las empresas, ya que contaba con toda la información requerida. Por otra parte, hay otra diferencia que justificaba la retención, el hecho de que, en teoría, los ERTE constituyen una situación provisional, y se supone que transitoria, aunque bien es verdad que está a punto de convertirse en algo crónico o permanente.

Mayor gravedad, si se quiere, tiene lo referente al IMV. Los perceptores del IMV (parece ser que al final serán unos 460.000) van a tener que hacer la declaración sobre el IRPF. Lo primero que hay que constatar es que esta obligación no deriva de ninguna norma tributaria, sino que está motivada por la incompetencia de un ministro que se dedica a hacer leyes desde el despacho desconociendo totalmente la realidad. Me consta que desde la Agencia Tributaria se han hecho gestiones para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (mucho nombre para ser en realidad la mitad de un ministerio) eliminase tal exigencia, pero por supuesto con escaso éxito, y es que en realidad es imposible la supresión porque, por desgracia y por ineptitud, esta obligación está en la base de la ayuda tal como se ha diseñado.

Contra toda lógica, y me extraña que apenas se haya señalado, esta prestación social, aun cuando no se dice explícitamente, se ha configurado como un impuesto negativo sobre la renta (INR), en cuanto que la cantidad a percibir se fija en cada caso como la diferencia entre una renta garantizada por ley y los ingresos obtenidos por el beneficiario en el ejercicio anterior. De ahí que la declaración del impuesto sobre la renta aparezca como un elemento sustancial de la prestación, y también la que la convierte en totalmente inoperante y difícil de gestionar.

No existe la proximidad necesaria entre la ayuda y la situación de indigencia, ya que su cuantía se determina en referencia a la renta del ejercicio anterior, renta que además se conoce con mucho retraso. Es decir, que la situación económica del beneficiario o beneficiarios del año 2020 será la que servirá para fijar la prestación en el 2022. Ni que decir tiene que en el mundo actual los cambios en la realidad económica se producen con mucha más celeridad. Una gran mayoría de ciudadanos depende económicamente de su puesto de trabajo. Su pérdida ocasiona la pobreza, sin que tengan un colchón de ahorro con el que resistir y cuyo remedio precisa de una inmediatez de la que carece el diseño dado al IMV.

Desde que hace ya bastantes años Friedman propusiera el impuesto negativo sobre la renta (por cierto, de acuerdo con su ideología liberal conservadora, como sustituto de todo otro subsidio o ayuda social) dada su complejidad, ningún país ha optado por implantarlo. Eso sí, ha hecho correr ríos de tinta en tesis universitarias, en informes de gabinetes de estudios, en artículos en revistas especializadas; todo ello desde la pura teoría y con desconocimiento total de la realidad. De todos estos papeles ha debido de beber el ministro independiente y no de la comprensión de la sociedad y del conocimiento de las condiciones sociales y económicas.

Esta figura de protección social, tal como se ha construido, implica que cada beneficiario va a recibir una cantidad diferente, no solo debido a la unidad de convivencia, sino porque de la renta garantizada en la ley hay que reducir los presuntos ingresos que hayan tenido los beneficiarios en el año anterior. Es hacer un traje a medida para cada uno de ellos. Su implantación fue ya un auténtico fracaso (véase mi artículo publicado en estas páginas el 3 de septiembre del año pasado con el título “El patinazo del ingreso mínimo vital”) y, como es de prever, el desatino será aún mayor en la gestión y en el control posterior.

El señor Escrivá ha echado sobre la Agencia Tributaria casi toda la tarea, y no puede ser de otra forma al haber prefigurado la prestación como un INR. No parece que tenga mucho sentido, dado el ingente fraude existente, desviar la atención de esta institución hacia las presuntas defraudaciones de cantidades insignificantes que puedan cometer perceptores que, en teoría, están en situación de pobreza. O bien la Administración tributaria pierde un tiempo precioso que debe dedicar a otros menesteres mucho más rentables desde el punto de vista fiscal, o no habrá nadie que controle esta prestación, constituyendo un agujero negro y las delicias de aquellos beneficiarios que tengan pocos escrúpulos. Desde luego, pocos serán los que acepten trabajos ocasionales- al menos de forma legal-, conscientes de que los ingresos así obtenidos se van a descontar después de la cuantía de la ayuda. Un incentivo importante para la economía sumergida.

Por otra parte, si el colectivo beneficiado es aquel para el que se supone que iba destinada la prestación, muchos de sus integrantes van a tener gran dificultad a la hora de hacer la declaración, aun cuando Hacienda, tal como ha prometido, instrumente medidas para simplificarlo. Incluso habrá quienes ni siquiera se enteren de que existe tal obligación.

En el artículo citado del 3 de septiembre ya señalaba que la palabra más repetida a lo largo del decreto ley era la palabra reglamento, lo que indica la indeterminación y ambigüedad de la norma y la cantidad de puntos que necesitaban desarrollo reglamentario posterior. Pues bien, a estas alturas nada de esto se ha producido.

Esta falta de concreción llega a la propia exigencia de hacer la declaración del IRPF, porque si bien queda clara su obligatoriedad, se mantiene la confusión acerca de cuál va a ser la consecuencia del incumplimiento. Incluso permanece en cierta oscuridad su tratamiento fiscal. El IMV está exento, pero si se acumulan otras ayudas de origen autonómico o provenientes de la Administración local la cuantía a partir de la cual se comienza a tributar, según apunta la Agencia Tributaria, es de 11.279, lo que crea cierta confusión cuando se considera la unidad de convivencia y la posibilidad de que incluso los menores puedan ser titulares de la prestación.

Una de las mayores contradicciones del IMV, tal como está planteado, es que la percepción del subsidio sea compatible con las distintas ayudas – llámense como se llamen-  que las Comunidades Autónomas conceden con la misma finalidad; es decir, que estas no minoren la renta garantizada, del mismo modo que lo hace cualquier otro ingreso. Perpetúa por tanto la desigualdad territorial anterior y la misma situación de caos entre regiones. El ministro Escriva ha venido justificando la creación del IMV en la petición de los organismos internacionales, pero la denuncia de estos se dirigía principalmente contra la disparidad que se producía entre las Comunidades, que es precisamente lo que la nueva ayuda no soluciona.

El IMV no remedia la pobreza e indigencia creadas por los cambios repentinos de la situación económica que se producen en crisis como la actual, y que se derivan fundamentalmente de la pérdida de empleo. Carece de la inmediatez precisa al remitir a las condiciones económicas de los beneficiarios con un desfase de casi dos años (declaración del IRPF). Si la gran mayoría de los casos de necesidad se producen como consecuencia de verse privado del puesto de trabajo, la vía lógica hubiese sido potenciar el seguro de desempleo y ampliarlo todo lo necesario, así como hacerlo extensivo a aquellos colectivos que no tienen derecho a su percepción.

Parece que el IMV esté destinado exclusivamente para los casos de exclusión y pobreza que podríamos llamar estructurales, de larga duración o indefinidos, pero para este objetivo hubiese sido mucho más fácil, lógico y conveniente haber utilizado las prestaciones y ayudas ya existentes en las Autonomías, aprovechar su experiencia, haber obtenido lo mejor de cada una de ellas y elaborar una sola para el conjunto del país, y desde luego mucho más simple y adaptada al segmento de población al que va dirigida. Pero ciertamente eso podía haber creado problemas con las Comunidades Autónomas y, sin duda, era mucho pedir a un Ejecutivo que precisa de los partidos nacionalistas y regionalistas para gobernar.

republica.com 23-4-2021

Recuerdo que, en tiempos de la dictadura, un viejo profesor de Economía se preguntaba qué tipo de economía era la franquista. Y se respondía a sí mismo: “¿Socialista?, no, desde luego; ¿liberal?, tampoco puesto que la intervención estatal es muy elevada”. Es una economía, decía, recomendada. Las decisiones económicas se encontraban en buena medida motivadas por los intereses privados, según la capacidad que tuviesen para influir en el régimen.

El sector público empresarial entonces alcanzaba un tamaño muy considerable. En él se incardinaban casi todas las grandes empresas del país, desde CAMPSA a Iberia, pasando por Tabacalera o Telefónica, y otras muchas más; la mayoría de ellas con pingües beneficios, que iban a repercutir en ingresos saneados a la Hacienda Pública. Pero, al mismo tiempo y a su lado, al INI iban a parar bastantes de las empresas privadas que ya no eran rentables. De tal forma que el sector público empresarial se acabó convirtiendo en el estercolero del sector privado.

La historia enseña a no repetir los errores. Ahora que está tan de moda eso de la memoria histórica, tendría gracia que aquellos que se empeñan en resucitar el franquismo como instrumento para denostar a sus adversarios políticos sean propensos a repetir las mismas equivocaciones de la dictadura, controlando, por ejemplo, los alquileres o estableciendo una economía recomendada.

Hace algunos meses arreciaba la polémica sobre los presupuestos y el Gobierno magnificaba su relevancia con el objetivo de coaccionar a las otras fuerzas políticas; presentaba la negativa a aprobarlos como un acto antipatriótico y una ofensa a todos los españoles. Ya entonces mostré en algún artículo mi escepticismo acerca de la trascendencia del papel económico que pretendía dárseles, y afirmaba que su importancia para el Gobierno radicaba más bien en la mera apariencia política.

Las partidas importantes del gasto público caminan por derroteros distintos a los presupuestarios, con muchos menos controles, casi sin transparencia, disfrazadas de avales, créditos o participaciones en empresas, y a través de entidades interpuestas. Solo muchos años después terminan luciendo en las cuentas públicas. Recientemente, Eurostat acaba de ordenar que los 38.000 millones de euros -importe de la participación que el Estado mantiene en la SAREB, cementerio de las inversiones inmobiliarias de las entidades financieras de la pasada crisis (hace más de diez años)- se contabilicen como deuda pública, elevando así su montante.

Es por eso, porque antes o después impactarán en el erario público y, por lo tanto, en los bolsillos de todos los contribuyentes, por lo que resulta tan relevante, mucho más que los presupuestos, el hecho de que las decisiones sobre los llamados fondos de recuperación se adopten y se aprueben con todas las garantías políticas. No parece que sea ese el camino que vaya a seguir el Gobierno. El dinero aún no ha venido de Europa e incluso los fondos están sin aprobar todavía. La última actuación del Tribunal Constitucional alemán introduce importantes interrogantes, al menos retrasos. Sin embargo, el Gobierno ha comenzado ya a gastar y a conceder ayudas de Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El primer caso, el de los 53 millones canalizados hacia la compañía aérea Plus Ultra, está constituyendo ya un ostensible escándalo, pues parece que no se cumple ninguna de las condiciones establecidas para recibir la aportación. No es una empresa estratégica, está muy lejos de ser viable, no está acreditado que sea española y sus principales accionistas emparentados con la cúpula de la dictadura venezolana dan lugar a todo tipo de sospechas acerca de la objetividad en la concesión.

Después de todo el proceso de privatizaciones, la SEPI ha quedado casi vacía de contenido y se muestra incapaz, por tanto, por sí misma de cotejar el cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas participantes. Por cierto, la SEPI es una entidad que ha estado descabezada más de cinco meses porque la ministra doctora en medicina y verborrea estaba esperando a ver si su amigo de Sevilla podía retornar al puesto, tras dimitir por estar imputado. Al final no ha tenido más remedio que nombrar a otra persona, por supuesto del mismo clan sevillano.

En el caso de Plus Ultra, la SEPI ha recurrido a tres informes que etiqueta de independientes. El primero de la auditora Deloitte que, tras el penoso papel que las auditorías privadas jugaron en la crisis bancaria pasada, da poca tranquilidad. El segundo, el de una compañía casi desconocida que se define como consultora y a la vez banco de inversiones, regida por un antiguo cargo socialista, León Benelbas, y buen ejemplo de puertas giratorias, que no ofrece mucha garantía ni de competencia ni objetividad. Y, por último, el de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transporte, cuyo titular es Ábalos, famoso entre otras razones por pasearse por el aeropuerto de Barajas del brazo con la segunda de Maduro y ayudarla a transportar no se sabe cuántas maletas. Con tales informes, el consejo rector de la SEPI dio el visto bueno y elevó la propuesta al Consejo de Ministros, que ha concedido la ayuda de 53 millones de euros, aunque nunca sabremos si la decisión ha sido debida a los informes o más bien los informes han sido elaborados a la carta, en función de una decisión previamente adoptada.

El escándalo de Plus Ultra pone en cuestión todo el fondo de ayudas a las empresas canalizado por la SEPI y establece al mismo tiempo múltiples interrogantes. Quizás la primera pregunta sea cómo encaja en la misma corporación la doble condición de nacional y estratégica. Creíamos que después de privatizar a las grandes empresas del país ya no quedaban empresas nacionales que se puedan llamar estratégicas. ¿Cómo calificar de nacional a una empresa privada? ¿Acaso es suficiente que los accionistas tengan la nacionalidad española? En presencia de la libre circulación de capitales, los accionistas cambian y no hay nada que garantice que la participación del dominio en las empresas permanezca. La línea divisoria a menudo es muy tenue y difícil de reconocer, como se observa, por ejemplo, en el caso de Plus Ultra en el que los defensores de la concesión fundamentan el cumplimiento en el hecho de que la esposa de unos de los dueños venezolanos tiene la nacionalidad española.

Nos venían diciendo que ya no existían empresas nacionales, que todas eran europeas. Bien es verdad que lo mismo nos dijeron sobre los bancos y es claro que a la hora de la verdad cada país continúa asumiendo las pérdidas de sus entidades financieras. La Unión Europea, aplicando uno de sus principales dogmas, la libre competencia, prohíbe toda ayuda de Estado, precepto cuyo cumplimiento ha exigido con todo rigor a lo largo del tiempo. Pero en Europa todo es relativo y sometido a los intereses de los grandes países, especialmente de Alemania. El país germánico, nada más comenzar la pandemia, sin esperar ninguna autorización de la Comisión, se lanzó en apoyo de sus grandes empresas. Europa se ha visto en la obligación de autorizar lo que antes prohibía.

La cuestión es que no hay muchas sociedades españolas que puedan considerarse estratégicas. ¿Podemos mantener que para nuestro país las compañías aéreas Plus Ultra o Wamos tienen tal carácter, después de haber privatizado Iberia? ¿Podemos asegurar que los nichos de mercado que ahora ocupan esas dos entidades no serían ocupados de inmediato por otras compañías? Resulta difícil no sospechar que en España muchas de estas ayudas van a ir encaminadas a empresas en situación crítica, en muchos casos con dificultades económicas anteriores a la pandemia, a la que se va a utilizar como pantalla para salvar entidades poco viables, pero con intereses políticos o partidistas por medio, que en otras circunstancias Bruselas nunca hubiese permitido reflotar.

Y con esto nos adentramos en los criterios de insolvencia y viabilidad. Plus Ultra nunca ha dado beneficios y su patrimonio neto ha sido casi permanentemente negativo. Incluso en el año 2017 estaba en situación de concurso de acreedores, de la que según parece se libró mediante un préstamo participativo de origen muy dudoso concedido por Panacorp, un banco panameño rodeado del oscurantismo propio de un paraíso fiscal. Lo cierto es que todo el patrimonio de Plus Ultra se reduce a un avión en propiedad, ya que el resto los tiene en alquiler.

El problema de solvencia transciende el caso de Plus Ultra para cuestionar gran parte de las ayudas que la SEPI vaya a conceder. Existe el peligro de intentar mantener empresas zombis que, sin viabilidad, antes o después, se vean obligadas a cerrar y que sea imposible que el Estado recupere su participación o su préstamo. Pensemos por ejemplo en Duro Felguera. Podemos retornar de nuevo a una economía recomendada, en la que el sector público empresarial se transforme otra vez en un cementerio de muertos vivientes. Parece bastante incontestable que el sanchismo está utilizando la pandemia como pretexto y excusa con los que justificar lo que en otras circunstancias nunca hubiera podido realizar. Pero presiento que determinadas empresas también van a utilizar la crisis sanitaria para ocultar una situación económica estructuralmente crítica y su falta de viabilidad con el Covid y sin el Covid.

Vengo manteniendo que la socialdemocracia se suicidó hace tiempo, pero hay que afirmar que el neoliberalismo también se está transmutando. Continúa, sí, arremetiendo contra los impuestos y la presión fiscal. Reniega de la función redistributiva del Estado y de los gastos sociales, pero al mismo tiempo reclama enérgicamente su intervención en la economía para que subvencione a las empresas, y estas, igual que garrapatas, se agarran a él como tabla de salvación. Ha desaparecido ese discurso que representaba la piedra angular de la teoría del liberalismo, el de la mano invisible, el de la autonomía del mercado y su capacidad para autorregularse. ¿Qué subsiste de la afirmación de que las crisis tenían un efecto beneficioso porque servían de depurativo, capaz de purgar y limpiar la actividad económica?

El liberalismo, en una especie de darwinismo económico, ha defendido siempre que el mercado y la competencia expulsarían a las empresas no rentables y consolidarían a las viables. De ahí que la Unión Europea, construida claramente bajo principios liberales, prohibiera toda ayuda de Estado. ¿Dónde queda ahora todo ello? El liberalismo ha renunciado a parte de su credo. Ha pasado de rechazar al Estado a convertirse en su principal cliente.

Parece lógico que aquellos comercios y negocios que se hayan visto obligados a cerrar por una decisión administrativa reciban una compensación pública. Pero no parece igual de razonable que tenga que ser el Estado el que salga en ayuda de empresas dependientes de holdings o de fondos de inversión o en manos de importantes accionistas, cuando sus propios dueños no están dispuestos a capitalizarlas. ¿Si estos no apuestan por su viabilidad, debe hacerlo el Estado para cargar con los desechos del sector privado? Por otra parte, cuando la elección se hace por procedimientos poco transparentes siempre queda la duda de qué hay detrás, qué intereses están ocultos, cuánto de economía recomendada.

republica.com 9-4-2021

El pasado día cuatro dedicaba mi artículo semanal a hablar sobre la corrupción, distinguiendo lo que designaba como ex ante y ex post, y mostraba mi preocupación por el hecho de que los políticos habían convertido los casos de corrupción -en ocasiones ciertos, en otros, supuestos- en armas políticas. En realidad, da la sensación de que la corrupción en sí misma importa poco, por eso ningún partido se preocupa de potenciar y defender normas, medidas o procedimientos para evitarla; cuando no actúan de forma contraria, promoviendo cambios en la legislación para librar a la gestión pública de todo lo que consideran ataduras.

Durante las semanas pasadas se han producido algunos hechos que confirman estas reflexiones. Ciudadanos y el sanchismo se coaligaron en Murcia para llevar a cabo una moción de censura al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Y ahí comienza lo extraño, un partido instando una moción de censura a su propio gobierno. Pero la extrañeza se convierte en prevención cuando el único motivo que se aduce es la corrupción, corrupción que no se encuentra en ninguna causa judicial, ni siquiera como imputación, y solo existe en la imaginación o en la sospecha de quienes han  presentado la moción. No digo que no pueda haber motivos para la moción de censura. Desconozco por completo lo que ocurre en Murcia, pero lo que no parece de recibo es utilizar exclusivamente como argumento la supuesta corrupción, cuando el único que aparece como imputado es precisamente el líder del socialismo murciano, artífice de la propia moción.

¿Y qué decir de la elección de Laura Borrás como presidenta del Parlament, imputada por el Tribunal Supremo y no precisamente a causa del procés? Ya sabemos que para el soberanismo no existe ninguna acción que pueda considerarse delictiva si tiene como finalidad la independencia; aunque, en realidad, pocas acciones más corruptas que un golpe de Estado e intentar robar la soberanía a un pueblo. Pero es que la señora Borrás no está imputada por nada que tenga que ver, al menos aparentemente, con la independencia. Se la acusa de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos en la adjudicación de manera ilícita de los contratos de programación informática de la Institució de les lletres catalanes, de la que era directora. Hay que suponer que el señor Rufián y demás compinches no se atreverán a hablar más de corrupción en el Congreso después de haber elegido presidenta del Parlament a una imputada.

Lo más grave es que a pesar de que todos los partidos están prestos a arrojarse a la cara mutuamente los casos de corrupción muy pocos son, por no decir ninguno, los que están inclinados a establecer las condiciones y las normas para que estos no se den, e incluso en muchos casos trabajan afanosamente en levantar los mecanismos de control establecidos, con lo que la comisión de la corrupción se hace más fácil.

Hay que traer aquí a colación a Montesquieu y su aserto acerca de que no hay que confiar en que los políticos sean buenos; si lo son, mejor que mejor; pero hay que establecer leyes que impidan que puedan salirse de lo correcto, aun cuando estén dispuestos a hacerlo. Algo parecido habría que afirmar de la corrupción. Se precisa crear normas y procedimientos de modo que, aunque haya políticos que se sientan tentados al fraude, a la corrupción, o a la arbitrariedad, les resulte imposible practicarlos porque los mecanismos de control se lo impiden.

Lo cierto es que los partidos políticos, a pesar de hablar mucho de la corrupción, no sienten la menor preocupación que les lleve a poner los medios para evitarla. Es más, a menudo la apuesta es la contraria y las actuaciones de los gobiernos se orientan en la dirección inversa, y con la excusa de la agilidad y de la eficacia en la gestión pretenden desentenderse de lo que consideran ataduras, pero que en realidad constituyen los requisitos legales necesarios para garantizar que no hay desviaciones de fondos públicos o que al menos que se minimiza su posibilidad.

En varias ocasiones me he referido al Real Decreto-ley 36/2020, para la ejecución del plan de recuperación, como un ejemplo de huida del derecho administrativo. Se han producido muchas críticas ante la falta de control político que va a darse en la gestión de los fondos europeos, pero se ha puesto mucho menos énfasis en el desarme de los controles administrativos, ya que se van a emplear todos los instrumentos posibles para canalizar los recursos al margen de los procedimientos y garantías precisos para una gestión objetiva y honesta.

Pero el Gobierno no se ha limitado a perseguir este desarme en la gestión de fondos europeos, sino que, en buena medida, pretende generalizar el mismo escenario para el resto de la actuación administrativa, por eso se ha introducido en la ley de presupuestos toda una serie de cambios normativos que afectan a leyes tan importantes como la ley general presupuestaria o la ley de régimen jurídico del sector público. Mediante disposiciones adicionales o finales se modifican aspectos importantes de la Administración, tales como la recuperación de la figura de las agencias estatales o la potenciación de que determinadas entidades adopten la condición  de medios propios.

Las agencias estatales constituyen el último escalón en ese proceso de centrifugación tendente a separar porciones de la Administración del Estado para dotarlas de autonomía y librarlas de los controles y garantías ineludibles en el manejo de los fondos públicos. La historia comienza en 1991 con la creación por Borrell de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A mi entender, un grave error, porque no añadía ninguna operatividad a lo que venía siendo la estructura del Ministerio de Hacienda, más bien la complicaba funcionalmente, pero hay que reconocer que se constituía como un caso único y, dado el sometimiento de esta institución al derecho financiero público y la preeminencia en ella de los cuerpos de funcionarios, inspectores financieros y tributarios, inspectores de aduanas y técnicos de hacienda, al menos se minimizaban los efectos negativos que pueden suscitarse en otros ámbitos, especialmente cuando esta figura se generaliza.

La generalización surgió con Jordi Sevilla, el de las grandes ideas, el del tipo único en el impuesto sobre la renta, el que iba a enseñar economía en dos días a Zapatero. Eso sí, parece que con poco éxito. La Ley 28/2006 crea las agencias estales, cuya primera plasmación fue la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, creada en 2007, y disuelta sin pena ni gloria en 2017. Después fueron varios organismos los que se convirtieron en agencias sin saberse muy bien el motivo, como no fuese librarlos de los obligados controles. Curiosamente, fue un gobierno del denostado Rajoy el que en la ley 40/2015 eliminó legalmente esta figura administrativa, aunque se dio un plazo de varios años para que las agencias existentes se transformasen de nuevo en organismos autónomos. El hecho es que aún hoy perviven sin que se haya llegado a producir el cambio.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retoma de nuevo la figura de las agencias estatales. En una disposición final de la ley de presupuestos se establece su nuevo régimen jurídico, caracterizado por la desregulación y lo que denominan autonomía que, en definitiva, consiste en concederles patente de corso en su gestión para que actúen con total libertad, y casi sin someterse a ningún control ni norma. La gravedad de la cuestión, frente a las que pueden presentarse en otras entidades públicas como las fundaciones, los entes públicos, los consorcios, etc., es que las agencias gozan de potestad administrativa, forman parte de la función pública y participan de sus poderes y prerrogativas.

Se establece dentro de cada una de ellas un consejo rector del que no se facilita su composición, pero que se supone formado por políticos, sin indicar mayor capacitación y al que se dejan las manos libres para actuar con casi total discrecionalidad, discrecionalidad que puede convertirse en arbitrariedad. Se elude el sistema de oposiciones, al conceder a las agencias la potestad de contratar a su propio personal; que si bien se indica que se seleccionará en convocatorias públicas, según los principios de igualdad, mérito y capacidad, van a ser los propios órganos de la agencia los encargados de la selección y además se insinúa la participación de órganos especializados en la selección de personal, lo que parece hacer referencia a empresas ajenas a la Administración, con procedimientos y métodos propios del sector privado, más propensos a la discrecionalidad cuando no a la arbitrariedad.

Algo parecido cabe decir de los cargos de dirección, que serán nombrados por el consejo rector con la única condición de ser titulados superiores. Aunque cuando se añade que serán “preferentemente funcionarios” se deja abierta la puerta a la excepción y ya se sabe que a menudo la excepción se transforma en pauta. Incluso se prevé que se puedan cubrir puestos directivos de máxima responsabilidad en régimen laboral con contratos de alta dirección, figura claramente importada del sector privado y que tiene un sistema retributivo de tipo contractual y, por lo tanto, sin sujeción a ninguna norma.

Podríamos decir que su presupuesto está constituido por un solo crédito y ampliable, porque únicamente la cantidad global y las partidas de gastos de personal y subvenciones nominativas tienen un carácter limitativo, y su modificación se reserva al ministro de Hacienda. El director de la agencia tiene potestad para variar todas las otras partidas presupuestarias, incluso incrementar la cuantía total cuando se financie con recursos adicionales y extraordinarios de la propia agencia. Se prevé así mismo que las agencias puedan crear o participar en sociedades mercantiles o en fundaciones, generándose por tanto una pirámide en la descentralización y el desgobierno.

El control de la Intervención General de la Administración del Estado se reduce al financiero y a la auditoría pública, pero se elimina la función interventora o fiscalización previa, bestia negra de todos los que reclaman autonomía y una gestión libre, aunque está demostrado hasta la saciedad que ese control previo resulta imprescindible para evitar la corrupción y la arbitrariedad en el manejo de los recursos públicos.

Quizás para ser conscientes de la importancia que van a tener todas estas modificaciones legislativas y la recuperación de las agencias estatales convenga traer a colación los ERE de Andalucía, no con el ánimo de utilizarlos como piedra arrojadiza, sino de constatar a dónde puede llevar la mutación de partes de la Administración a entes a los que se libra de normas y procedimientos, y se les priva de controles.

republica 26-3-2021

El 3 de marzo pasado se cumplieron 25 años del primer triunfo electoral del PP con José María Aznar a la cabeza. Con tan fausto motivo, se han disparado los botafumeiros y las alabanzas. No solo han sido los medios de comunicación que podríamos llamar de derechas No sé si alguno merece el calificativo de izquierdas, sobre todo en lo referente a la política económica; sanchistas, sí, pero ese es otro tema. El caso es que casi todo el mundo se ha volcado en loas sobre el buen hacer de Aznar en materia económica. Pienso de manera muy distinta y considero que gran parte de los graves problemas que aquejan actualmente a la economía española tienen su origen en la época de Aznar.

Es más, el 13 de abril de 2004 publiqué un artículo en el diario El Mundo titulado “La encrucijada económica del nuevo Gobierno”, en el que pretendía, de forma figurada, avisar al Ejecutivo de Zapatero recién constituido de la herencia perniciosa que en materia económica le transmitía el gobierno saliente. Entonces como ahora había una impresión equivocada acerca de la política económica aplicada por el PP. Existía un cierto consenso alrededor de esa frase acuñada por Aznar de “España va bien”. Ciertamente el triunfo de Zapatero no se debió a la economía, sino al fatídico atentado cometido en Madrid tres días antes de las elecciones. Incluso Pedro Solbes aceptaba que la situación económica era buena.

En el artículo citado pretendía yo desmontar esa falsa creencia y -tal vez con cierta arrogancia- advertir al Gobierno recién nacido de los desequilibrios que se ocultaban detrás de esa falsa fachada construida a base de propaganda; ponerle sobre aviso acerca de las amenazas que entonces ya se cernían sobre la economía española y que, de no corregir la trayectoria, iban a ser ellos los que terminarían pagando los platos rotos. Ni que decir tiene que no hicieron ni caso, y la política económica aplicada por Pedro Solbes siguió por los mismos derroteros que la del gobierno anterior, con lo que los desequilibrios y los peligros continuaron incrementándose hasta que en 2008, tras el detonante de las hipotecas subprime, estalló la burbuja que se había creado y parte del edificio se derrumbó.

Entre los panegíricos escuchados estos días sobresale el de que gracias a Aznar estamos en la Unión Monetaria (UM). Triste mérito, porque la UM está siendo para los países del Sur una losa que ahoga sus economías y una trampa de la que resulta imposible salir. No cabe argüir que no podíamos quedarnos fuera, porque, aunque parezca paradójico, la realización o no de la moneda única en 1999 dependió, en mucha mayor medida de lo que se piensa, de la decisión española. Una moneda única formada exclusivamente por los países del área del marco carecía de todo sentido. Se necesitaba al menos la presencia de Francia, pero era claro que Francia no estaba dispuesta a dar este paso en solitario, quedándose prácticamente al albur de la política dictada por Alemania y como furgón de cola del núcleo duro. Hay abrazos que matan. Francia precisaba a Gran Bretaña, Italia y España, o al menos a alguno de estos tres países, para arrastrarlos a la aventura de la UM. Es claro que Gran Bretaña no estaba por la labor; e Italia se mostraba muy reticente y solo la decisión firme de España la dispuso afirmativamente.

Es mentira que el ingreso de España en la UM se debiese a los esfuerzos del Gobierno Aznar para que se cumpliesen los criterios de convergencia. Esfuerzos hizo; bueno, más bien los hizo la sociedad española, pero lograrlo, poco. Ni falta que hacía porque la decisión de crear el euro se tomó, como hemos señalado, antes, por motivos políticos, flexibilizando todo lo necesario los criterios para que todo el que quisiese pudiera incorporarse. En 1996 ni un solo país, excepto Luxemburgo, los cumplía, pero es que en 1999 la convergencia no había avanzado mucho más. Por citar un ejemplo, las bandas del SME se ampliaron al +/-10%. Todo para hacer creer que la condición se mantenía, aunque en realidad las monedas quedaban en libre flotación.

Resulta imposible, aunque sea de forma sumaria, describir en este limitado artículo los defectos y carencias sobre los que se ha constituido la UM, los desequilibrios y desigualdades que genera entre los países miembros, así como las contradicciones a las que tiene que enfrentarse día a día y que convierten su funcionamiento en anárquico y asimétrico. Los he descrito en otros muchos artículos, y más extensamente en mis libros “Contra el Euro” y “La trastienda de la crisis” de la editorial Planeta.

En los primeros años tras la creación del euro se produjo cierta euforia. La existencia de una moneda única y el hecho de que no hubiese pasado suficiente tiempo para que apareciesen las contradicciones crearon una apariencia de prosperidad. Las cuatro devaluaciones de la peseta (tres con Solchaga y una con Solbes) habían devuelto la competitividad a la economía española y, en consecuencia, el equilibrio en la balanza de pagos. Pero esta situación duró muy poco. A pesar de la moderación de los salarios, el diferencial de inflación hizo pronto su aparición y con él la pérdida de competitividad y el déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos. Esta última variable llegó a alcanzar al final del gobierno de Aznar el 6% del PIB. Para comprender la desmesura que representaba este porcentaje conviene recordar que durante la etapa del gobierno anterior, cuando se esforzaban en mantener fijo el tipo de cambio preservando la peseta en el SME, los mercados les obligaron a realizar cuatro devaluaciones tan pronto como el déficit por cuenta corriente se elevó al 3% del PIB.

A pesar de los desequilibrios exteriores, la pertenencia al euro y, por ello, la imposibilidad de devaluar, permitió que la economía continuase creciendo, pero a crédito. Se trató de un crecimiento hasta cierto modo ficticio basado en una profunda inestabilidad, en el endeudamiento exterior y sometido al riesgo de la retirada de capitales, como de hecho ocurrió en 2008. Su plasmación más patente fue la burbuja inmobiliaria que antes o después tenía que estallar. El modelo de crecimiento seguido por los gobiernos de Aznar se basó en una mano de obra barata –favorecida en cierto modo por el fenómeno de la emigración–, en el consumo de las familias con su consiguiente endeudamiento y en el boom de la construcción.

Los gobiernos de Aznar se vanagloriaban de mantener las cuentas públicas en una situación de equilibrio. Pero detrás de este hecho se encuentra todo el proceso de privatizaciones de empresas públicas. La situación de cualquier unidad económica se mide no solo por lo que debe, sino también por lo que tiene. Se disminuyó el endeudamiento del sector público, pero por el procedimiento de reducir fuertemente los activos financieros. Se desprendieron de la participación que el Estado tenía en empresas muy rentables y estratégicas. Vendieron las joyas de la corona. El hecho de que ahora estén en manos privadas hace al Estado bastante más vulnerable y desarma a los diferentes gobiernos a la hora de instrumentar su política económica. Por otra parte, el menor endeudamiento público se compensó con creces con un mayor endeudamiento de las familias con el correspondiente impacto ya indicado en el déficit exterior, variable que es la verdaderamente estratégica. A Aznar le debió de pasar como a Zapatero, que nadie le habló del endeudamiento privado y especialmente del exterior, que constituía y constituye una espada de Damocles especialmente cuando está nominado en una moneda que el gobierno no controla como es el caso del euro.

Para enaltecer la política de Aznar se ha señalado el considerable número de puestos de trabajo que se crearon, pero esto se logró a costa de una baja productividad (las tasas de esta variable se encontraban entre las más reducidas de los últimos cincuenta años) y de precarizar todo el mercado laboral. El dato más llamativo es que, habiendo aumentado -en unidades equivalentes de empleo a tiempo completo– en tres millones el número de asalariados (un 26%), la participación de la remuneración de los trabajadores en la renta nacional no se incrementó, sino que por el contrario se redujo en algunas décimas. Difícilmente se pude atribuir, por consiguiente, a los salarios los diferenciales de inflación surgidos frente a otros países de la Eurozona.

Desde una óptica de izquierdas, uno de los aspectos más criticables de la época de Aznar es la política fiscal y presupuestaria aplicada. El sistema tributario se hizo mucho más regresivo, al primar los impuestos indirectos sobre los directos y más concretamente sobre el IRPF, cuya recaudación pasó de ser el 38% de todos los ingresos en 1995 al 31% en 2002. Las distintas reformas de este gravamen beneficiaron a las rentas altas y sobre todo a las de capital, a través del trato privilegiado concedido a las plusvalías. Incluso existe la sospecha de que las rebajas fiscales que incidieron sobre las clases bajas y medias terminaron trasladándose a los empresarios mediante un rebaja en los salarios nominales, dado el espejismo que habitualmente se produce en los trabajadores de considerar las retribuciones netas. Una desmesurada obsesión por el déficit cero, unida a las continuas rebajas en la imposición directa, redujeron la suficiencia del sistema con la paralela traducción en las partidas de gastos, en especial en las prestaciones y servicios sociales. Bien es verdad que, en esto, como en casi todo, los gobiernos de Zapatero siguieron el mismo camino.

Dejando atrás la política económica, Aznar es, en gran parte, responsable de los problemas actuales en Cataluña. Cuando del “Pujol, enano, habla castellano” pasó al “hablar catalán en la intimidad”, y concedió todo lo que le pidieron los convergentes en el Majestic, abonó el terreno para lo que ha venido después. Se configuró un nuevo sistema de financiación autonómica, otorgando capacidad normativa sobre impuestos cedidos y compartidos. Se acordó transferir a las Autonomías el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. Se traspasó a la Generalitat la competencia sobre puertos y también las del entonces INEM. Se convirtió a los mossos d´esquadra en un auténtico cuerpo de policía y se incrementaron fuertemente las inversiones en Cataluña, en especial en el AVE.

Aznar completó las transferencias de sanidad a las Autonomías, y renunció a recurrir la política de inversión lingüística adoptada por la Generalitat. En el Majestic se acordó la supresión del servicio militar porque se consideraba una humillación que los niños de papá catalanes tuviesen que jurar la bandera española, se convino eliminar la figura del gobernador civil porque molestaba a los nacionalistas al diluir la Comunidad a favor de las provincias y se aceptó cambiar la organización y política del PP en Cataluña, sustituyendo a su presidente, Alejo Vidal-Cuadras, por Piqué quien mantenía una postura mucho más flexible frente al nacionalismo.

Después de todo lo anterior no puede por menos que resultar extraño que Aznar pretenda dar lecciones sobre Cataluña. Tampoco parece muy lógico que lo haga sobre la unidad del centro derecha y acerca de la necesidad de construir un discurso político coherente, ya que el único discurso que él manejó en la oposición fue la promesa de bajar los impuestos, siguiendo la senda que le trazaba el diario El Mundo, además del eslogan de “Váyase, señor González”. Lo que finalmente le hizo ganar las elecciones, y por un margen muy pequeño, fueron los múltiples casos de corrupción que surgieron en la última etapa de González.

En cuanto a sus consejos acerca de la unificación del centro derecha no dejan de ser grotescos pues nadie ha hecho más para dividirlo que él criticando la actitud moderada de Rajoy. Rajoy no solo tuvo que enfrentarse a las dificultades económicas derivadas en buena medida de las políticas de los gobiernos de Aznar y de Zapatero, sino también a las críticas y batallas internas de su partido en las que también tuvo Aznar una parte importante, y que  colaboraron al nacimiento de Vox. Aznar no puede ahora esconder la mano después de haber tirado la piedra.

republica 12-3-2021

No me he prodigado en tratar en mis artículos el tema de la corrupción. Pienso que está sobredimensionado en la prensa, quizás por culpa de los propios políticos que ven en él un medio fácil de cargar contra el adversario, sin que de verdad les importe combatirla. Una gran parte de la sociedad es proclive a la carnaza. Hoy, sin embargo, voy hacer una excepción, pero acentuando la gran hipocresía que muchas veces se esconde tras la materia.

El Partido Popular ha pretendido justificar sus malos resultados en Cataluña por las filtraciones a la prensa de las nuevas declaraciones de Bárcenas. En realidad, hasta ahora nada nuevo. Dudo mucho, no obstante, que en esta ocasión hayan tenido un papel clave en el resultado estas informaciones interesadas. En otros momentos sí; por ejemplo, en la moción de censura, ya que fue la coartada de la que se valió Sánchez para dar el paso que hacía mucho tiempo acariciaba, pero que no se había atrevido a realizar, el de conseguir el gobierno pactando con los partidos que acababan de consumar un golpe contra el Estado.

Los resultados del PP en Cataluña y en el País Vasco nunca han sido muy brillantes. Tanto CiU como PNV aglutinaban buena parte del voto conservador. Lo novedoso es que el independentismo se ha hecho con el voto que tradicionalmente se considera de izquierdas. En esta ocasión, el PP en Cataluña ha sufrido la erosión de Vox, que se ha apoderado del votante más radicalmente españolista y que ansiaba una reacción más tajante frente al extremismo independentista. En todo ello no creo que haya influido demasiado el caso Bárcenas.

Tampoco se explica la reacción del líder del PP al pretender desentenderse de los errores y corrupciones del pasado que afectan a su partido. Más sorprendente aún ha sido la solución adoptada de abandonar Génova. Encarnar en la sede las corrupciones que haya podido cometer el partido o alguno de sus miembros responde a una concepción cuasi mágica similar a la adoptada por algunas culturas antiguas que sacrificaban un macho cabrío o un animal similar en la creencia de que con él se quemaban las culpas de la tribu o del pueblo. Existe una clara contradicción en la dirección de los populares cuando por una parte reivindican todo lo bueno que según ellos ha hecho el PP y, por otra, contemplan sus errores y corrupciones como si no fuesen con ellos.

Bien es verdad que esta forma de actuar no es única ni exclusiva del PP. Todas las formaciones políticas actúan de la misma manera. Sánchez se desentendió totalmente de los ERE de Andalucía, por señalar tan solo el último y más importante escándalo. ¿Y qué decir de las formaciones independentistas? Parece como si Pujol y el tres por ciento no tuviesen nada que ver con ellos. La historia de los partidos es una, y hay que asumir el lote completo, con lo bueno y con lo malo. En la vida política al igual que en la sociedad cada generación depende de la anterior. Pero es que, además, en los momentos actuales la gran mayoría de los políticos deben casi todo al partido. Podríamos decir que toda su vida personal, profesional y económica está unida a la formación a la que pertenecen. Todo lo han recibido de ella, y casi ninguno habría llegado a lo que es sin el partido. Difícilmente pueden renegar de toda su historia.

Pero dicho esto, hay que añadir que nada del pasado, en lo que no estén directamente implicados, puede representar una carga tan pesada que les invalide para actuar políticamente en el presente, entre otras razones porque nos quedaríamos sin política, la corrupción ha estado presente casi desde el principio de la democracia. De antes es mejor no hablar. Quizás no pueda ser de otra manera porque la vida pública se inserta en la sociedad, y sería una ingenuidad pensar que la corrupción está ausente de ella. Existe una cierta hipocresía social. Practicamos un comportamiento asimétrico respecto del gasto y del ingreso. Nos rasgamos las vestiduras ante la malversación de fondos públicos, pero contemplamos con cierta benevolencia el delito fiscal, como si no dañasen de la misma forma -y seguramente en mayor medida este último- a la Hacienda Pública.

La corrupción desde la perspectiva ex post, una vez cometida, debería permanecer básicamente en el ámbito penal, en el campo de la justicia, a la que se debe exigir que actúe con el mayor rigor sobre los responsables. En España no parece que los tribunales hayan sido renuentes en este cometido, teniendo en cuenta el número de asuntos que han sido investigados y aireados por la prensa. En todo caso, ha habido demasiados castigos de telediario sin que después hayan podido sustanciarse penalmente. La lentitud de la justicia, en buena parte no por culpa de ella, sino por la carencia de medios con que la han dotado todos los gobiernos, ha ocasionado que en multitud de ocasiones lo que debería permanecer en el ámbito penal se trasladase a la lucha política, convirtiendo los casos de corrupción en armas arrojadizas de unos contra otros.

Desconfío de las comisiones de investigación creadas en el Congreso. Nunca han servido para descubrir nada. Las conclusiones no obedecen a lo que se haya podido poner en claro a lo largo de sus sesiones, sino a las conveniencias e intereses de quien posee la mayoría. Raramente los casos pasados de corrupción se contemplan como fuente de enseñanza para adoptar las reformas y los medios necesarios a fin de evitar que se puedan cometer errores y delitos similares.

Aceptar la historia, sacar de ella las conclusiones adecuadas, no implica vivir de la herencia. Es absurdo que los políticos actuales se apropien como méritos los éxitos que se suponen realizados por su partido. De la misma manera tampoco es lógico que se les pretenda hacer responsables de las irregularidades o delitos cometidos en el pasado. Son las dos caras de la misma moneda. Incluso en el caso de los partidos independentistas catalanes lo que les invalida e ilegitima no es tanto el haber propiciado un golpe de Estado, con la consiguiente malversación de fondos públicos, sino el hecho de mantenerse en él y afirmar que volverán a repetirlo.

Existe una cierta deformación en el comportamiento electoral y político de la sociedad española, mucho más dependiente de las siglas y de la historia de las formaciones políticas que de sus actuaciones presentes. Es un proceder conservador, renuente al cambio e identitario. A los políticos actuales hay que juzgarles por sus actos, por sus políticas y, en materia de corrupción, por las medidas que proponen o adoptan para evitarla. Y ahí es donde casi todos los partidos hacen aguas. No parece que haya intención seria por parte de las formaciones políticas de crear las condiciones que dificulten y hagan casi imposible la corrupción, comenzando por fortalecer y potenciar la independencia de la justicia.

Los partidos han venido desfigurando los mandatos constitucionales acerca de cómo elegir los miembros de determinados órganos, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial. La Constitución, al fijar el porcentaje de 3/5, pretendía conseguir un consenso suficiente entre los diputados que garantizase que, aparte de la cualificación técnica, los seleccionados poseyesen la neutralidad necesaria sin sesgos partidistas. Las formaciones políticas han  distorsionado esta previsión convirtiendo los nombramientos en un intercambio de cromos. Yo voto a los tuyos, si tú votas a los míos, de manera que se consigue el efecto totalmente contrario al querido constitucionalmente, los elegidos son a menudo los más politizados y unidos de una u otra forma a los partidos políticos.

En estos momentos, tanto el PSOE como el PP, tras muchos dimes y diretes, han optado por adentrarse por esta vía. Curiosamente todos los partidos, aun los más críticos con el sistema, Podemos, Vox, Esquerra, PNV, etc., han reclamado su cuota y no es que quizás, aceptado este juego, no tuviesen derecho a ella, sino que parece una cierta contradicción que los que se quejan de la politización de la justicia se introduzcan por un camino que la incrementa. Desde luego, sería paradójico que un partido como Esquerra, que manifiesta estar dispuesto a repetir un golpe de Estado, pueda intervenir en la designación de los miembros del poder judicial.

En el tema de la corrupción ha tenido especial gravedad la proyección de esta forma de nombramiento en los consejeros del Tribunal de Cuentas. Al menos desde la aprobación de su ley de funcionamiento, el PSOE y el PP se han repartido por igual, 6 y 6, la designación de los consejeros, de manera que este organismo ha quedado prácticamente inutilizado e incapacitado para acometer cualquier problema de corrupción relevante, puesto que una parte frena a la otra cuando le interesa, y viceversa.

Tampoco los partidos políticos han estado demasiado prestos a perfeccionar normas, procedimientos administrativos, e instrumentos y órganos de control, tendentes a minimizar el riesgo de la corrupción. Más bien, cuando gobiernan en el Estado, en las Comunidades Autónomas o en los Ayuntamientos, con la excusa de conseguir una gestión ágil, han procurado por todos los medios librarse lo más posible de las ataduras administrativas.

Centrándonos en el presente, el Real Decreto-ley 36/2020 para la ejecución del plan de recuperación, es un buen ejemplo de lo anterior. Constituye un catálogo de todos los instrumentos posibles tendentes a desregularizar la gestión y generar los agujeros necesarios que permitan evitar los controles y condicionantes que deben regir la administración de los fondos públicos. Estos se van a conceder con total discrecionalidad, cuando no arbitrariedad. En el menos malo de los casos, va a crear una red clientelar para afianzar el poder del Gobierno; en el peor, dará lugar a todo tipo de corruptelas y a malversación de fondos públicos.

Desde el punto de vista político, esto es lo que nos debería estar inquietando y también lo que debería atraer principalmente la atención de los medios, cómo evitar la corrupción futura. La pasada ya no tiene remedio, dejémosla en manos de los tribunales, pero eso sí, sin que antes hayamos pretendido meter nuestras manos en ellos.

republica.com 5-3-2021