ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

La semana pasada dediqué mi artículo a los Presupuestos de 2022, en concreto al tema de los ingresos, en el convencimiento de que no podemos hablar de Estado social ni de socialdemocracia sin un sistema fiscal suficiente y progresivo; y me temo que desde hace bastante tiempo el nuestro no es ni lo uno ni lo otro. No cumple la suficiencia porque, sin ir más lejos, ahí está el nivel de pobreza en amplias capas de la sociedad, y la disputa sobre las pensiones y la llamada de todos a recortarlas. No es progresivo, al menos en el grado que debería serlo. Basta reparar en la degradación que ha sufrido a partir de finales de los ochenta.

Bien es verdad que será difícil exigir a la población un sacrificio en la carga fiscal a soportar, si al mismo tiempo no hay un estricto control de la planificación y de la ejecución del gasto público. Cuando el ciudadano observa que se dilapida el dinero o se dedica a objetivos bastardos (aun cuando se piense que es el chocolate del loro en comparación con el total), es difícil que acepte de buen grado los impuestos.

Quizás por eso, tal como señalaba en el artículo anterior, el Gobierno Sánchez en estos presupuestos ha renunciado una vez más a reformar el sistema fiscal, contentándose con algún ajuste sin importancia y con maquillar los ingresos. Lo malo es que el presupuesto se puede maquillar; la liquidación, no, o al menos antes o después se terminan descubriendo las trampas y, además, lo que difícilmente se podrá ocultar será el incremento de la deuda. Este Gobierno se muestra remiso a aceptar el coste político que significa incrementar la presión fiscal, a no ser mediante impuestos indirectos, que pasan más desapercibidos. Pero al mismo tiempo es pródigo en acometer gastos inútiles e ineficaces dedicados a crear chiringuitos donde colocar a sus paniaguados o en actuaciones populistas con fines clientelares, aun cuando lo intente vender afirmando que estos presupuestos son los más sociales de la historia.

Hay un mantra que se va extendiendo y que el Gobierno tiene interés en que circule: la contraposición entre las políticas aplicadas en las dos últimas crisis. La primera, basada en la austeridad y los recortes y la actual, en la solidaridad y el escudo social. En esta enunciación se cometen dos grandes errores. El primero es pensar que en la anterior crisis la política de austeridad se aplicó desde el primer momento. La crisis se inició en 2007 y los recortes y la austeridad no comenzaron hasta mayo de 2010, cuando Zapatero y Salgado hicieron el ridículo más asombroso en Bruselas. Con anterioridad a esa fecha todos éramos keynesianos; aunque en España se aplicaron más bien el populismo y las ocurrencias, como el famoso plan D, el cheque bebé o las ayudas a las familias, en la creencia de que todo ello reanimaría la economía. Después vino el llanto y el crujir de dientes.

El segundo error consiste en pensar que el dinero es gratis y que la deuda puede ser ilimitada. Parece no considerarse la posibilidad de que, a esta etapa de prodigalidad -que también interesaba a los países del Norte- le suceda, al igual que en la crisis de 2008, una era de recortes y de austeridad. Después de haber aumentado la deuda pública en una cantidad equivalente al 30% del PIB, situando el stock en cerca del 125%, me temo que de una o de otra forma se van a terminar imponiendo los ajustes. Lo grave es que todas estas ocurrencias en el gasto no van a servir para solucionar los problemas de las clases bajas ni para disminuir la pobreza.

Casualmente, al tiempo que el Gobierno presentaba los Presupuestos de 2022, Cáritas y la Fundación FOESSA publicaban un informe llamado “Sociedad expulsada y derecho a ingresos». Para algunos, los informes FOESSA son viejos conocidos. Durante la dictadura eran uno de los pocos medios que teníamos para adentrarnos en la realidad social y en la situación de la desigualdad y la pobreza, más allá de las arengas oficiales del régimen. Después de tantos años, hemos de recurrir de nuevo a ellos como contraposición al discurso triunfalista del Gobierno del que el presupuesto es un buen ejemplo.

Según el citado informe, son ya 11 millones de personas los que se encuentran en exclusión social, 2,5 millones más que en la encuesta de 2018. La exclusión severa supera los 6 millones de personas, 2 millones más que los que se desprendían del estudio de 2018. Además, se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas paradas. Como se ve, el informe presenta un panorama muy distinto del que nos retrata el Gobierno. Este repite continuamente que se ha alcanzado el número de empleados existentes en 2019, lo que es totalmente falso, ya que las cifras están adulteradas al no tener en cuenta los trabajadores en ERTE ni los autónomos con cese de actividad. Esto explica que cuando analizamos el empleo considerando el número de horas trabajadas el resultado sea muy distinto. Los asalariados en ERTE, diga lo que diga el Gobierno, no trabajan.

La desigualdad se ha incrementado con respecto a la situación existente con anterioridad a la pandemia y el famoso escudo social ha sido un chasco. Al igual que chasco ha sido el ingreso mínimo vital (IMV). El informe FOESSA se dedica ampliamente a mostrar los ingentes fallos que presenta el diseño con el que se ha construido esta prestación social. El haber denunciado casi desde el principio los desatinos en que se basa, y lo disparatado de haber elegido como modelo la figura del impuesto negativo sobre la renta (ver, entre otros, mi artículo del 3 de septiembre de 2020), me evitan tener que extenderme ahora a comentar las múltiples equivocaciones que señala el informe de FOESSA.

Creo que hoy en día están demostrados de sobra, por activa y por pasiva, los errores, desaciertos y pifias que han rodeado todo lo referente al IMV y lo lejos que está de alcanzar los objetivos que se le había asignado. Es por eso por lo que el estudio también se dedica a proponer una serie de recomendaciones que solucionen el desaguisado. Incluso el mismo Gobierno, ante la evidencia del desastre, está estudiando un conjunto de modificaciones.

Pienso, sin embargo, que todo ello va a tener poco éxito. El IMV parte de un error de fondo que contagia todo su desarrollo posterior y que no parece poder solucionarse con parches. Es como un traje con múltiples desgarros ocasionados por un defecto grave en el tejido. Difícilmente los remiendos pueden solucionar el problema. Sería más práctico retornar al principio, construir una nueva prestación social sin las lacras de la actual, olvidar la fórmula del impuesto mínimo sobre la renta y armonizar las múltiples rentas básicas, llámense como se llamen, de las distintas Comunidades Autónomas. Claro que eso impediría comprar al PNV con su transferencia.

Lo cierto es que el tan cacareado escudo social es solo un eslogan, y el presupuesto más social de la historia otro bluf que difícilmente solucionará en el futuro la pobreza y la desigualdad actuales. Es verdad que el gasto presupuestado se eleva a niveles muy considerables, pero las distintas partidas están elegidas con una finalidad más electoral que social. El gasto se dirige a colectivos, como el de los jóvenes, que no son precisamente los más necesitados, pero sí los que se consideran potenciales votantes. Sánchez nos retrotrae a las ocurrencias de Zapatero.

Ocurrencia va a ser la ley de vivienda que en lugar de solucionar el problema lo va a empeorar. Me he referido en diversos artículos a este tema. Entre otros en el del 26 de marzo de 2020 en estas páginas titulado “Covid y el mercado del alquiler”. La única forma de dar respuesta a la carencia de viviendas es que los poderes públicos (que son los obligados por la Constitución) incrementen la oferta de viviendas en alquiler. Bien es verdad que eso es más complicado que elaborar una ley, aun cuando la ministra de Hacienda la tilde de “preciosa”. Ahora tenían una buena ocasión, dedicando gran parte de los fondos europeos a este cometido en lugar de emplearlos en objetivos tan etéreos como la transición energética, la modernidad, la política de género, la digitalización o el cambio del tejido productivo, cuyo único resultado me temo que consistirá en hacer las delicias de algunas grandes empresas. No hay más que ver cómo están de serviciales con el Gobierno. El 80% de estos fondos figura en el presupuesto como transferencia de capital.

Y ocurrencia es dar 250 euros mensuales a cada joven para vivienda. Y, como pasa con toda ocurrencia, se anuncia la medida sin que hayan pensado ni el cómo ni los requisitos a exigir para acceder a la ayuda. ¿Por qué a los jóvenes?, ¿son acaso los más necesitados? Las estadísticas afirman que la exclusión se da principalmente entre las familias monoparentales, numerosas e inmigrantes (jóvenes o no). ¿Por qué no a los parados de larga duración? Y si hablamos de ocurrencia, cómo no citar esos cuatrocientos euros que se les van a dar como propinilla a todos los que cumplan 18 años en 2022, para que se lo gasten en videojuegos. No vale la pena comentarlo. Parece de chiste. ¿Y los de 17, 19 o 25 años no tienen derecho a la cultura? Cuando existen seis millones de personas en exclusión severa, ¿es este el mejor destino que se puede dar a los recursos públicos?

republica.com 4-11-2021

Me gustaría que no se aprobasen los presupuestos. Soy consciente de que voy contra corriente. El motivo está lejos de ser la creencia de que Sánchez, de esta forma, tendría que abandonar la Moncloa. La legislatura se va a terminar con presupuestos o sin presupuestos. La diferencia es que, para aprobar unos nuevos, Sánchez va a tener que pagar a cada uno de sus socios el correspondiente tributo, que no irá a su cargo, sino al de todos los españoles. He aquí la razón de mi deseo.

No puedo por menos que sonreír cuando leo en la prensa o escucho en la radio o en la televisión que el presupuesto es el documento político más importante del año; que constituye el programa del Gobierno para el ejercicio; que es fundamental para la economía. En realidad, no hay nada de eso. Prácticamente todo lo que se puede hacer con un nuevo presupuesto se puede hacer igualmente con el anterior prorrogado. La flexibilidad de las modificaciones presupuestarias es tan grande y los créditos extraordinarios se usan con tanta frecuencia que el presupuesto prorrogado se puede modificar todo lo que se necesite para acometer aquellos gastos que el Gobierno desee. En realidad, los cambios pueden producirse y se van a producir tanto si es en el prorrogado como en el nuevo. Recuerdo que un antiguo funcionario de Hacienda, curtido en elaborar las cuentas públicas, medio en broma medio en serio, afirmaba que el presupuesto consistía en un solo crédito y ampliable.

La elaboración de unos nuevos presupuestos se ha convertido en un acto de pura representación, de prestigio para un gobierno o, mejor dicho, de desprestigio en el caso de que no logre aprobarlos. Aprobarlos es prueba de que cuenta con estabilidad parlamentaria. De hecho, el Gobierno Sánchez ha funcionado hasta este año con un presupuesto prestado y prorrogado y sin que ello le haya impedido hacer lo que se le antojara en los años anteriores. Para él,  el presupuesto es tan solo un instrumento para su promoción y propaganda.

Es verdad que todos los gobiernos han transmitido una imagen idílica de los presupuestos y todos los han presentado convenientemente maquillados. Cada año se repite que son los más sociales de la historia. Pero qué duda cabe que este es muy especial. Para darse cuenta de ello basta haber presenciado la rueda de prensa de la ministra de Hacienda. Se ha superado con respecto al año pasado, y miren que era difícil. Amén de la verborrea que en ella es tradicional, todo es lo más de lo más y aún más. No ha habido capitulo, partida o aspecto del que no haya dicho que en él este presupuesto constituye un hito histórico. Le faltó citar a Leire Pajín y el acontecimiento planetario.

Todos son juegos de artificio. Y detrás, el maquillaje de las cifras. Comenzando por un cuadro macroeconómico con previsiones que poco tienen que ver con la realidad, pero que sirven de soporte adecuado para cuadrar las cifras presupuestarias que se desean. Ni siquiera intentan disimularlo. No se han molestado en cambiar las estimaciones ni para 2021 ni para 2022, tras el último ajuste que para el segundo trimestre del año actual ha realizado el INE. El Banco de España ya ha anunciado que modificará a la baja sus previsiones, a pesar de que en este momento son bastante inferiores a las del Gobierno.

Es difícil de creer que en este año y el siguiente, el PIB vaya a crecer un 6,5% y un 7%, respectivamente. El FMI acaba de revisar sus estimaciones para España, fijando para 2021 un 5,7% de crecimiento -ocho décimas inferior a la del Gobierno- y para 2022, un 6,4%, seis décimas menos. ¿Cuál es la finalidad de inflar las previsiones? Una, inmediata. Poder denominar a estos presupuestos los de la recuperación justa. De lo de justa hablaremos más adelante. En cuanto a la recuperación, es que por poco que se corrigiesen a la baja sus estimaciones la recuperación, es decir, la vuelta a la renta de 2019, no se produciría en 2022. Mientras que la mayoría de los países europeos retornarán a los niveles de PIB de 2019 en el próximo año – si no lo hacen en este-, España tendrá que esperar al 2023.

Pero existe otra, la de poder inflar los ingresos de manera que sin tener que pronosticar un déficit escandaloso e inasumible para Europa, haga creíble la posibilidad de acometer todo ese festival de gasto que se presupuesta, gran parte, sin tener en cuenta el coste de oportunidad. El monto de la verbena es, no obstante, de tal calibre que se precisan maquillar adicionalmente los propios ingresos, para que se pueda ofrecer un cierto aspecto de coherencia.

Realizando comparaciones con 2019 -las únicas que tienen significado, puesto que 2020 y 2021 son años anormales por la pandemia- y aceptando las propias cifras de crecimiento proporcionadas por el Gobierno, el PIB nominal experimenta un aumento del 5,6%, casi todo ello debido a la elevación de los precios, mientras que los ingresos tributarios totales se prevé que aumenten el 9%. Sin embargo, no hay en los presupuestos ninguna modificación tributaria de envergadura, lo cual es sorprendente en un gobierno que se llama progresista y que tilda al presupuesto de recuperación justa, para justificar esta diferencia.

Quizás lo más relevante sea la fijación de ese 15% de tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades para las empresas con un nivel de facturación superior a 20 millones. Es una medida que tiene más de populismo y de propaganda que de eficacia. Es, además, burda, de trazo grueso; sin ninguna finura, cae en lo que los fiscalistas llaman “error de salto”. El incremento en las ventas de un solo euro puede significar contraer la obligación de contribuir por ese 15%, de manera que al empresario no le interesará vender más de veinte millones de euros hasta que el exceso de facturación sobre esta cantidad compense el plus de tributación que tiene que abonar. Por otra parte, el volumen de ventas no es un buen indicador del tamaño de una compañía. Puede haber muchas diferencias dependiendo del sector al que se pertenezca.

Es verdad que esta medida, patrocinada por la OCDE, ha sido aprobada por 136 países para implantarla en 2023. Pero se trata de un acuerdo de mínimos adoptado entre naciones de características diferentes y de desarrollos económicos y sociales difícilmente comparables; algunas con sistemas fiscales incipientes e injustos. Lo que resulta incomprensible y hasta cierto punto irrisorio es que España se contente con ese mínimo y que el Gobierno lo presente como el culmen del progresismo, tanto más cuanto que el 15% no se gira sobre los beneficios, sino sobre la base imponible, es decir, después de minorar los resultados con una serie de deducciones o bonificaciones que pueden vaciar de contenido esta magnitud.

No se puede negar que el impuesto sobre sociedades quedó muy dañado en España tras el mandato de Zapatero. Pero precisamente por ello lo que se necesita es una reforma en profundidad y no creer que se ha cumplido con un mero parche sin apenas consecuencias prácticas. La prueba de la insignificancia de la medida se encuentra en que el mismo Ministerio de Hacienda prevé una subida muy escasa de la recaudación. La previsión del crecimiento del impuesto de sociedades sobre la de 2019, se cifra tan solo en un 3%, en otras palabras, que ni siquiera cubre la inflación, y se minora por tanto en términos reales.

Muy al contrario, el crecimiento previsto sobre 2019 del impuesto sobre la renta es de un 15%, porcentaje que choca con el incremento del PIB nominal que, según los propios datos del Gobierno, se eleva tan solo al 5%. Todo ello resulta difícil de creer cuando no hay ninguna modificación fiscal de calado que pueda hacer que la recaudación se incremente más que el PIB nominal. Desde luego la disminución de la cuantía máxima a desgravar en el próximo año por aportaciones a los planes de pensiones no puede ser la causa de esta discrepancia.

La importancia de esta medida se ha exagerado. Unos, al presentarla como un gran avance progresista; otros, como una grave injusticia. Ni lo uno ni lo otro. Hace ya bastantes años que los fondos de pensiones dejaron de ser beneficiosos para los partícipes, si es que lo fueron alguna vez. Solo son productivos para los bancos que cuentan con un dinero cautivo para invertirlo donde les interese, amén de obtener lucrativas comisiones. Desde que Montoro eliminó la deducción del cuarenta por ciento que tenían en el rescate no son en absoluto interesantes para los contribuyentes. Lo que se deduce del impuesto, ahora en la suscripción, se gravará en el momento del rescate.

La única ventaja puede venir dada por la divergencia en el tipo marginal que tenga el participe en ambas ocasiones. Para la mayoría de los contribuyentes que tengan capacidad de ahorro como para invertir en fondos de pensiones, la diferencia entre un caso y otro será insignificante, y de cualquier modo no compensará el coste de tener cautivo durante tantos años el dinero, el riesgo de desconocer en qué se invierte y de las comisiones que se deben abonar tanto a la gestora como a la depositaria.

El Gobierno, una vez, más huye de hacer una verdadera reforma fiscal que modifique en profundidad tanto el impuesto de sociedades como el de renta, y que incremente la progresividad y la suficiencia del sistema. Lo de la comisión de expertos es una burda coartada. No se necesitan comisiones, sino voluntad política. Tampoco vale el argumento de que en una crisis no se pueden subir los impuestos. Todo depende de qué tributos se incrementen, a qué contribuyentes afecten y a qué se dediquen los fondos recaudados. Según y cómo no solo puede ser posible, sino hasta muy conveniente.

Republica.com 28-10-2021

Hacía tiempo que la inflación estaba ausente de la economía europea. Nos habíamos acostumbrado a este escenario. Por mucho que la política del BCE fuese expansiva y este organismo introdujese dinero en el sistema, el índice de precios estaba lejos de llegar al 2%, porcentaje que Frankfurt se había fijado como objetivo de referencia. Parece ser eso lo que está cambiando en los momentos presentes. No obstante, hay quien dice, incluso desde el mismo BCE, que la inflación que ahora amenaza a la economía es coyuntural y transitoria, causada por el alto precio de la energía. Temporal o no, viene acompañada de los mismos fantasmas y de idénticos tópicos, entre ellos ese mantra de que la inflación es el impuesto de los pobres. Lo vocean los tertulianos y los líderes de opinión, lo escriben los periodistas, lo repiten los políticos y hasta algunos economistas prestan su aquiescencia. Pero la verdad es que ni es un impuesto ni afecta únicamente a los pobres.

La afirmación surgió en las sociedades de épocas muy lejanas y distintas a la nuestra, en las que no había distinción entre el patrimonio del rey y el de la nación, y en las que las monedas las acuñaba la Corona que, a veces, para acometer determinadas empresas, normalmente de tipo bélico, en lugar de incrementar los impuestos, le resultaba más cómodo emitir dinero. Ciertamente el rendimiento económico era para el rey y en ese sentido era un impuesto, impuesto que pagaba toda la sociedad porque los ciudadanos veían reducido su patrimonio y sus ingresos por la pérdida de valor del dinero. Pero incluso la expresión de los pobres no le cuadraba muy bien, porque entonces todos los impuestos eran de los pobres, ya que los nobles y el clero estaban exentos de contribuir y, sin embargo, paradójicamente, la inflación de una o de otra forma afectaba a todos los ciudadanos.

Posteriormente, las circunstancias han cambiado y los gobiernos no emiten el dinero, sino los bancos centrales. Habrá quien diga que para el caso es lo mismo. Sin embargo, hay diferencia porque en seguida estas instituciones se hicieron muy celosas de su independencia y, además, se aceptó como un dogma inamovible que no podían financiar a los gobiernos. Por otra parte, ellas solo emiten el dinero primario, y son las entidades financieras las que ponen en circulación el resto de la oferta monetaria, que además supone la porción más voluminosa.

En Europa, a partir de la creación de la Unión Monetaria, el que emite el dinero es el BCE y, al menos por ahora, su política expansiva no ha sido inflacionaria. Por más que haya aplicado la flexibilización cuantitativa, es decir, por más que haya regado con euros la economía, durante todo este tiempo no ha conseguido acercar el índice de precios a ese 2% que se había fijado por objetivo.

Dicho todo esto, resulta difícil calificar a la inflación de impuesto de los pobres. Pero sí habrá que preguntarse entonces a quién beneficia y a quién perjudica la subida de los precios; y como en casi todos los asuntos, en este la respuesta tiene que ser ambigua, depende. En principio y sin afinar demasiado, podríamos contestar que favorece a los deudores y castiga a los acreedores, lo que resulta bastante fácil de entender. Una subida general de precios implica una disminución del valor del dinero, y automáticamente de la cuantía de la deuda. Los Estados, al poseer un buen montante de deuda, títulos soberanos, resultan favorecidos al igual que el resto de los deudores, y en tanto o mayor medida cuanto mayor sea el endeudamiento. Obsérvese que la mayoría de las veces los deudores son los pobres y los acreedores los ricos.

Lo anterior explica que países como Holanda o Alemania, con un stock de deuda pública reducida, y cuyas sociedades tienen además posiciones acreedoras, tengan una especial sensibilidad a todo lo que pueda significar subida de precios. Han contemplado con suma prevención la política seguida por el BCE desde que Draghi asumió la llamada “expansión cuantitativa”. Pero la crítica no era creíble, ni tenía ningún sentido, mientras la inflación continuase en cifras tan bajas que en algún momento llegaron a ser negativas.

La situación puede cambiar en los instantes presentes en los que la inflación comienza a enseñar las orejas, si bien es verdad que el BCE se ha apresurado a ponerse la venda antes que la herida, y está manteniendo la tesis de que esta subida es temporal y que por eso no tiene necesidad de cambiar de política. No obstante, no es descabellado suponer que los países acreedores vuelvan a presionar al BCE cuestionando que continúe comprando deuda soberana de los países miembros, lo que puede resultar una gran amenaza para Estados como España, Grecia, Portugal, Italia e incluso Francia, cuyo nivel de endeudamiento es muy alto, y que difícilmente se mantendrían en los mercados financieros sin la intervención del banco emisor.

La inflación puede representar además una amenaza adicional. La subida de los precios no tiene por qué ser igual en todos los países, y de hecho no lo es. En un mercado único y con moneda única, el diferencial de inflación se traslada a la competitividad, y puede causar notables desequilibrios económicos y financieros. He ahí en gran medida el origen de la anterior crisis. Hay tres parámetros que pueden situar a la economía española ante una difícil encrucijada: un alto endeudamiento, una elevada tasa de desempleo y una baja productividad.

Continuando con la pregunta de quién sale perjudicado y quién beneficiado con la inflación, y yendo más allá del binomio deudores-acreedores, debemos considerar que no hay un solo precio, y el índice que mide la inflación es una media ponderada de todos ellos; y, como es lógico, no todos experimentan la misma subida. Aquellos sectores cuyos precios se incrementan más que la media salen favorecidos, mientras que los que suban menos se verán damnificados. En este planteamiento, los salarios son un precio más, el de la mano de obra. La inflación perjudicará a los trabajadores solo si sus retribuciones no suben, al menos, en la misma medida que los precios. En este caso el beneficio será para el empresario. Pero tampoco los salarios subirán todos en la misma proporción. Habrá también diferencias entre los trabajadores; aparecerán ganadores y perdedores.

En el extremo, las empresas que se encuentren en aquellos sectores sometidos a la competencia internacional y que debido a ello no pueden subir sus precios, o al menos en la misma cuantía, que los otros precios o salarios, pasarán graves dificultades económicas o incluso se verán obligados al cierre. A su vez, cuando el origen de la inflación se encuentre exclusivamente en el exterior, por el incremento del precio de determinadas materias estratégicas, como el petróleo o el gas, o bien los salarios o bien el excedente empresarial tendrán que sufrir una reducción. En el caso de que ni los trabajadores ni los empresarios estén dispuestos a repartirse la pérdida, lo más probable es que se entre en una espiral inflacionista que dañará la economía y contradecirá la suposición de que la inflación es coyuntural. Este fue el origen de la estanflación de la crisis del petróleo en los años setenta.

¿Qué ocurre con los pensionistas y los empleados públicos? No se puede afirmar en principio que la inflación les perjudique. Todo depende de que las retribuciones y las prestaciones suban o no en la misma cuantía que los precios. Existe una creencia errónea especialmente respecto a las pensiones. Se considera que su actualización por el IPC daña al erario público en tiempos de inflación. Esta opinión no tiene en cuenta los ingresos del Estado que crecen también con los precios. El impacto, por tanto, sobre el presupuesto de la regularización de las pensiones y del sueldo de los funcionarios por el IPC será casi el mismo sea cual sea la subida de precios. Otra cosa es que el Estado no obtenga el beneficio extraordinario que la inflación le proporcionaría (como contrapartida a las pérdidas de los pensionistas y funcionarios) si las retribuciones y las prestaciones no se actualizasen. Los que arremeten en contra de la regularización de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos lo que proponen de verdad es financiar otros gastos y el déficit público con la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y de los funcionarios.

En esta línea debería haber ido la contestación del ministro de Inclusión a los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados. Bien es verdad que el ministro, a pesar de su aparente seguridad, no termina de cortar el nudo gordiano de las pensiones. Suele liar casi todo. Afirmó que la semana laboral de cuatro días es aplicable únicamente a las sociedades de pleno empleo, pero se debió de confundir porque son sus planes para la reforma de las pensiones -retrasar la edad de jubilación- los que solo tienen sentido en las economías en las que apenas existe el paro. En una economía como la española con altos niveles de desempleo cifrar la financiación de las pensiones en alargar la vida laboral es arreglar un problema a costa de aumentar otro, el paro.

A su vez, el reparto de trabajo tiene mucha más justificación, como es lógico, en economías con altas tasas de paro que en aquellas que gozan de pleno empleo. Es la productividad la variable que lo condiciona. Así ha sido históricamente. Los notables incrementos en esta variable han servido para aumentar los salarios y reducir el tiempo de trabajo. Este proceso se rompió a partir de los años ochenta cuando los aumentos de la productividad se han destinado en mayor proporción a elevar el excedente empresarial. El panorama actual se agrava para España, ya que en los últimos años con la incorporación a la Unión Monetaria apenas se han producido aumentos en la productividad, y sin estos será muy difícil que los salarios ganen poder adquisitivo y que se produzca la reducción de la jornada laboral.

republica.com 14-10-2020

 “Me sorprende que se sorprendan de que haya revisiones”, espetaba la ministra de Economía a los señores parlamentarios en el Congreso. Se refería a la revisión realizada por el INE respecto a la previsión de crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año actual. Me imagino que la extrañeza de los diputados obedecería a dos motivos. Primero, a la magnitud del ajuste (del 2,8% en julio al 1,1% en la actualidad). Ciertamente siempre ha habido correcciones, pero no de esta dimensión. En segundo lugar, a que el Gobierno mantenga sus previsiones inamovibles como si la revisión no existiese o no les afectase.

Pero a lo mejor es verdad que los diputados no tendrían por qué sorprenderse. Respecto del último motivo porque deberíamos estar acostumbrados a que el relato del Gobierno vaya siempre  por derroteros distintos e independientes de la realidad. En cuanto al primero, porque, aun cuando la desviación es de una magnitud desproporcionada y poco habitual, se produce en una crisis que tiene muy poco de típica o clásica, y las tasas trimestrales pueden variar fuertemente no por razones económicas, sino al ritmo en el que va desarrollándose la pandemia.

La crisis actual es muy distinta de las tradicionales y aún más de la de 2008. La anterior recesión en Europa tuvo como origen la conjunción de una serie de hechos económicos. El diferencial de inflación entre los distintos países que en presencia de la Unión Monetaria creó importantes desequilibrios en las balanzas de pagos que, a su vez, incrementaron fuertemente el monto de deuda intercomunitaria. Se abrió una fractura profunda entre países acreedores y deudores. La enorme dimensión de los créditos concedidos por unos y suscritos por los otros generó una situación de profunda inestabilidad financiera, proclive a devenir en recesión en cuanto cualquier elemento exterior, como ocurrió con las hipotecas subprime, hiciese de detonante (véase mi libro “La trastienda de la crisis”, en editorial Península).

Nada de esto se ha producido por el momento en la actual crisis; no tiene su origen en factores económicos, sino en decisiones políticas y administrativas adoptadas para dar respuesta a los problemas sanitarios. Hoy por hoy, no hay ninguna semejanza, a no ser que la reciente acumulación de deuda pública y un plausible diferencial de inflación entre países genere una recesión (sería otra distinta de la actual) parecida a la del 2008. Son absurdos, por tanto, los esfuerzos del Gobierno para ponerse medallas y convencernos de que la respuesta que se está dando a esta recesión es radicalmente mejor y más efectiva que la que se dio a la anterior.

En este sentido, la entrevista a la ministra de Economía en El País de 26 de septiembre pasado es sumamente ilustrativa. Sus contestaciones son de un triunfalismo infantiloide y bobalicón que causa vergüenza ajena, además de estar plagadas de contradicciones. Sin ningún pudor, afirma que España va a ser uno de los motores de crecimiento de Europa. Acepta, sin embargo, que hay países que van mucho más adelantados que España en ese camino de retornar a la situación anterior a la pandemia.

La ministra pretende justificarlo por el hecho de que venimos de una sima mucho más profunda que el resto de países. Lo cual es cierto. En 2020 nuestro PIB disminuyó el 10,8%. España se situó así a la cabeza de todos los países de la UE con la más elevada tasa negativa de actividad económica. La Eurozona en su conjunto se contrajo el 6,5%. Pero precisamente esto es lo que echa por tierra cualquier posible triunfalismo gubernamental. Hay que preguntarse  por qué el deterioro de la economía española fue mayor que el del resto de las naciones. Calviño lo atribuye a que la hostelería y el turismo, que son los sectores que más han sufrido en la pandemia, son también los que tienen más relevancia en nuestro tejido productivo. Pero, como acertadamente le indico el periodista que la entrevistaba, hay otros países como Francia, Italia, Grecia, Croacia, Chipre o Malta que tienen un sector turístico muy destacado y su desplome económico ha sido mucho menor.

El Gobierno se escuda en el desempleo, como si la evolución de este pudiera ir separada de la del PIB. La ministra de Economía se jacta de que las medidas que han tomado han impedido que las cifras de paro se disparasen como en la crisis anterior. Es el mismo argumento que ya empleó la ministra de Trabajo afirmando que en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido menor. Afirmación difícil de entender, puesto que existe una correlación casi perfecta entre ambas variables.

Las medidas del Gobierno, concretamente los ERTE, no se dirigen a crear empleo. De ser así, la medida también hubiese impactado en el PIB. Los ERTE no impiden la aparición del paro, tan solo dan al fenómeno y a su cobertura un tratamiento diferente. No es el momento de juzgar la eficacia de los ERTE. Todo el mundo los bendice, lo que quizás pueda dar que sospechar. Habría que preguntarse si no hay medidas alternativas mejores. Pero, en cualquier caso, lo único que no es admisible es que se empleen para ocultar el paro. Para conocer en cada momento la verdadera tasa de desempleo se debe sumar a la oficial el número de trabajadores en ERTE. Por ejemplo, en mayo del año pasado las personas en ERTE ascendían a 3,6 millones. ¿Cuál hubiese sido el porcentaje de paro si a la cifra oficial, 3,8 millones, se le sumasen los 3,6 millones que se encontraban en ese mes en ERTE? Quizás cuando el empleo se analiza en horas trabajadas los datos comienzan a tener más sentido, el descenso en 2020 fue del 30%.

Algo parecido ocurre con la afiliación a la Seguridad Social El ministro de Inclusión, o de exclusión, ha presumido varias veces de que se habían alcanzado ya las cifras anteriores a la pandemia. Escrivá pretende engañarse o engañarnos, ofrece los datos de afiliación en términos brutos sin descontar los trabajadores en ERTE, reducción que debe hacerse puesto que estos, aunque mantienen la afiliación a la Seguridad Social, lo hacen de manera nominal y por el único motivo de que los financia el Estado. En ningún caso se puede decir que están trabajando.

La ministra de Economía tiene razón cuando en la entrevista citada asegura que la salida de esta crisis va a ser muy diferente de la anterior. Estoy de acuerdo, pero este hecho no tiene nada que ver con el buen o mal hacer del Gobierno. La recuperación va a ser distinta por el único motivo de que también lo han sido el origen y la causa. En 2008 la salida de la crisis pasaba por superar un disparatado endeudamiento privado y corregir graves desequilibrios exteriores. Sin poder depreciar la moneda su ajuste se hizo lento, muy doloroso y con tremendos sacrificios, mediante lo que se ha llamado devaluación interior. En 2020, la balanza de pagos estaba ya equilibrada y lo que generó la crisis fue la respuesta obligada a una catástrofe sanitaria. La salida en este caso depende de la gestión mejor o peor de la pandemia y de su evolución. La respuesta a la crisis es, en consecuencia, más sanitaria que económica.

El hecho de que corresponda a España el triste honor de ser entre todas las naciones de la Unión Europea la que ha alcanzado en 2020 la mayor tasa negativa del PIB tiene lógicamente su correlato en la desastrosa gestión en los primeros meses de la epidemia y en el estado de alarma que se estableció durante ese periodo y que ha terminado por ser declarado inconstitucional por el alto tribunal.

El ritmo de la recuperación económica y el momento en que se alcancen los niveles de 2019 van a depender de la depresión de la que se parte originada en 2020, y de la gestión de la epidemia en los meses posteriores, gestión en la que no queda muy bien parada la actuación del Gobierno ni siquiera en la vacunación, a pesar de que uno de sus aduladores tertulianos se esfuerce en resaltar su gran participación en ella, mediante la logística. Tarea hercúlea la de distribuir las dosis entre diecisiete Comunidades Autónomas. Si la vacunación se ha desarrollado con cierto éxito ha sido gracias a las Comunidades Autónomas y al menor rechazo que ocasiona en la opinión pública española que el que se produce en otras latitudes.

Coincido con la señora Calviño cuando en el artículo referido manifestó que hay datos que no están recogidos en el PIB. Pero los importantes no son los que ella cita, sino por ejemplo el incremento de la deuda. En la pasada crisis aprendimos que un crecimiento a crédito (como el que se produjo en tiempos de Aznar y primera legislatura de Zapatero) termina siendo extremadamente peligroso. Cuando retornemos al nivel del PIB de 2019 (seguramente en el 2023) subsistirá la hipoteca de haber incrementado el stock de deuda pública hasta el 125% del PIB, que solo sera sostenible por las compras del BCE en el mercado, a lo que seguramente habrá que añadir una situación muy deteriorada en el empleo y el fantasma de una inflación en lontananza. El panorama no es precisamente para sacar pecho y lanzar las campanas al vuelo.

Republica.com 7-10-2020

Hace casi un mes (el 12 de agosto) dedicaba este artículo semanal a mostrar cómo la variable esfuerzo fiscal, tal como se la define, no tiene ninguna consistencia y nos puede conducir a conclusiones erróneas, ya que la riqueza de los países tiene tal ponderación en la fórmula que se precisa una distancia enorme en el volumen de las recaudaciones para compensar incluso pequeñas diferencias en los niveles económicos. Tan eso es así que el índice podría servir más bien, salvo en escasas excepciones, para ordenar a los países en función de su renta.

Pero dicho esto, hay que reconocer que continúa pendiente una cuestión, la de si las naciones más ricas deben tener mayor presión fiscal que las más pobres. Desde luego, aunque la respuesta fuese afirmativa no podrían justificar la reducida presión fiscal que se da en España, porque, como se afirmaba en el artículo citado, no es que nuestro país tenga menor presión que Francia, Italia, Alemania, Holanda, etc., es que también es inferior a la de Portugal, Grecia, Polonia, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, países con una renta y un nivel económico muy inferiores a los de España.

Prescindiendo por un momento de nuestro país -que, contestemos lo que contestemos a la pregunta anterior, parece que se encuentra en una situación atípica-, adentrémonos en la cuestión con toda su generalidad. Creo que los que responden afirmativamente es quizás porque piensan que los bienes y servicios públicos son innecesarios, superfluos, casi bienes de lujo, y que, puestos a prescindir, podemos prescindir de ellos, dando prelación a otros muchos que por ser propios y de nuestra exclusividad nos parecen más necesarios. Es evidente que entre dos naciones con distinta renta los ciudadanos de la más pobre tendrán que estar dispuestos a renunciar, por obligación, a más bienes que los de la otra, pero tienen que ser precisamente los públicos los que se deban relegar.

En mi opinión, es más bien al contrario, cuanto más pobre sea una sociedad, más necesitará del sector público. Le será indispensable, por ejemplo, contar con una sanidad y una educación públicas. En una nación rica tal vez al menos una buena parte de la población pueda prescindir del suministro básico de estos servicios públicos, y acceder a ellos de modo privado. En un Estado pobre, el suministro privado de estos bienes estaría totalmente vedado para la práctica totalidad de la población.

Puesto que en la mayoría de las ocasiones la pobreza va ligada al desempleo, el volumen de paro probablemente dependerá en buena medida del nivel económico del país y serán aquellos Estados más deprimidos económicamente los que tendrán que hacer frente a un mayor gasto en prestaciones sociales por desempleo. Algo parecido sucede con el gasto en pensiones. En los países pobres muy pocos ciudadanos tendrán capacidad de ahorro para constituir un fondo para la vejez (lo que se suele llamar impropiamente pensiones privadas) y serán más necesarias, por tanto, las públicas, y resultará por ello imprescindible dedicarles mayor porcentaje del PIB.

Por otra parte, no solo es que cuanto más débil sea económicamente una nación, más porcentaje de su PIB precisará asignar al sector público, sino que también estará obligada a repartir la renta de manera más equitativa, lo que implica un sistema fiscal más progresivo. En la mayoría de los casos el simple incremento de la proporción entre sector público y sector privado tiene un efecto positivo sobre la progresividad, por imperfecto y liberal que sea el sistema fiscal del Estado en cuestión.

Una cosa es lo óptimo desde el punto de vista social y económico y otra muy distinta la práctica, y lo que los distintos gobiernos aplican o creen que pueden aplicar en sus países. Los intereses que subyacen suelen conducir a situaciones diferentes, a que sean los países más ricos los que tengan mayor presión fiscal. La resistencia de los ciudadanos a los impuestos es casi siempre mayor en los países con menor renta. Juega sin duda esta percepción de lo que hemos dicho al principio, que a la hora de prescindir se considera que los bienes públicos son más superfluos que los privados. Pero influye también el hecho de que se tiende a utilizar el mismo criterio para comparar la presión fiscal entre los países que el que utilizamos para comparar dentro de un país las cargas fiscales de los contribuyentes o de las regiones.

Dentro de un mismo Estado, sí está justificado el aforismo de que los que más tengan sean los que más paguen y que, además, lo hagan de una manera más que proporcional. En un Estado todos los ingresos se dedican a pagar los gastos comunes, y asimismo al pertenecer todos los contribuyentes a una misma unidad económica se supone que los beneficios y rentas de cada uno dependen del resto. La progresividad fiscal que se da a nivel personal se traslada inmediatamente a las regiones. Las regiones más ricas tendrán una presión fiscal mayor como simple consecuencia de que sus habitantes serán por término medio más ricos que el de otras regiones y estarán obligados a pagar más impuestos.

La situación es radicalmente otra cuando nos movemos entre países distintos. La recaudación de cada nación sirve únicamente para financiar sus propios gastos. No se pueden esperar ayudas de otros Estados. Al no producirse entre ellos ningún tipo de reparto, cada Estado tendrá que diseñar la suficiencia y progresividad del sistema fiscal para atender a sus necesidades sin que le sirva que otras naciones tengan una presión fiscal elevada.

Existe una excepción que distorsiona estos planteamientos: la Unión Europea. Constituye en cierta forma una integración económica, al menos en materia comercial, financiera y monetaria, pero sin que se produzca unión fiscal de ningún tipo. No hay reparto entre los países. Los fondos de cohesión, estructurales o ahora los de la recuperación son meros sucedáneos, que no modifican sustancialmente la redistribución de la renta. Cada uno de los países no puede contar con la recaudación del resto para financiar sus propias necesidades. Tendrá que contentarse exclusivamente con sus ingresos y determinar la presión fiscal adecuada que, puesto que no hay trasvase, no podrá ser muy distinta de la de otras naciones. No debería haber ninguna razón, todo lo contrario, para que las naciones más pobres tengan una presión fiscal menor que las más ricas.

Republica.com 9-9-2020

Seguramente habrá sido Nietzsche quien más nos habrá hecho dudar a los hombres del siglo XX de la verdad y objetividad de los sistemas filosóficos. Todos ellos, según el pensador alemán, son más bien un resumen de la autobiografía de sus autores, es decir, un compendio, aunque sea inconsciente, de sus deseos, intereses y pulsiones de todo tipo. Esto mismo también sería plenamente aplicable a la economía y a los economistas. Detrás de toda teoría económica es muy posible que se encuentre un sistema de fuerzas constituido ,por una parte, por las aspiraciones y objetivos personales y, por otra, por el beneficio de la institución o de la empresa que paga.

Dentro de la ciencia económica se encuentra una materia especialmente proclive a la sustitución de la verdad por las conveniencias. Me refiero al mundo de la fiscalidad y los impuestos. Toda persona está implicada personalmente en el nivel y en la estructura tributaria. A nadie le gusta pagar impuestos y por eso la tendencia mayoritaria consiste en defender que los gravámenes se reduzcan lo más posible sin tener en cuenta el coste de oportunidad, esto es, los bienes y servicios públicos a los que habría que renunciar como contrapartida.

En los medios de comunicación la opinión es bastante unánime. Casi todos abogan por la bajada de impuestos o, al menos, por la no subida. Cada persona tiene derecho a defender la opinión que crea conveniente, pero no a presentar como verdad científica determinadas teorías que solo obedecen a sus intereses o a los de la entidad que los subvenciona.

Todas las fuentes estadísticas, sean del organismo internacional que sean, nos dicen que la presión fiscal en España es inferior en siete puntos a la media de la Europa de los 27 y a la de la Eurozona. Estos datos son un hecho, no una especulación; pero un hecho que no gusta. No tiene nada de extraño que para combatirlo se forjen las teorías más descabelladas. Se afirma que las presiones fiscales de los distintos países no se pueden comparar. Por ejemplo, la nuestra con la de Alemania, dado que los salarios en el país germánico son mucho más altos que en España. Proponen utilizar otro índice que se sacan de la manga y que proporciona unos resultados más acordes con los intereses que defienden. Lo llaman “esfuerzo fiscal”.

La presión fiscal -para quien no lo sepa, aunque tampoco está de más por lo visto recordárselo a quien debería saberlo- consiste en un cociente en el que el nominador es la recaudación impositiva global de un país y el denominador, el Producto Interior Bruto (PIB) de ese mismo Estado. Ciertamente, las recaudaciones tributarias sin más no podrían confrontarse, pero por eso cada una de ellas se divide por el respectivo PIB, magnitud en la que se incluyen los salarios y otras variables más, como el excedente empresarial. Es esto lo que permite la comparación. En realidad, la presión fiscal puede definirse como el porcentaje de toda la producción del país que se destina al sector público. Parte de ella retorna en efectivo a la ciudadanía en forma de prestaciones sociales y subvenciones de todo tipo, y la otra se convierte en bienes y servicios públicos.

Todos los organismos internacionales emplean la presión fiscal para hacer comparaciones. No hay ninguno que ofrezca cifras de eso que llaman esfuerzo fiscal. Ello es lógico si consideramos la falta de significación que presenta el concepto. Se define como una fracción en la que el numerador lo ocupa la presión fiscal y en el denominador la renta per cápita. Conceptualmente resulta difícil de entender. Es una reiteración innecesaria, puesto que en la presión fiscal la recaudación ya se homogeniza a efectos comparativos al dividirla por el PIB.

Para comprender lo ilógico del tema y las distorsiones a que puede dar lugar, basta transformar la fracción de fracciones en una única fracción en la que en el numerador se encuentra la recaudación total multiplicada por el número de habitantes y en el denominador el PIB al cuadrado. El numerador tiene difícil significación y el denominador concede una influencia decisiva al PIB, de manera que el esfuerzo fiscal se termina trasformando en un indicador del nivel económico del país respectivo, más que mostrar la magnitud del gravamen. Existe una correlación casi perfecta entre el esfuerzo fiscal y la riqueza del país. Cuanto más opulento sea el Estado en cuestión, menor será el esfuerzo fiscal, sin que importe demasiado la carga tributaria que mantiene.

A falta de una publicación fiable de la cuantía de esta variable por países, me he tomado el trabajo de calcularla partiendo de los cuadros 8 y 72 del «Statistical Annex of European Economy», publicado por la Comisión de la UE. El cuadro 72 viene a ser la presión fiscal por naciones, y el 72 es la renta per cápita de cada Estado en relación a la de la Europa de los 15, a la que se ha identificado previamente con 100. Se han elegido los datos referidos a 2019, dado que el año 2020 es un ejercicio atípico afectado por la pandemia.

Los resultados son muy expresivos y dejan al descubierto la inutilidad de esta variable, al menos a la hora de medir el grado de imposición de un país. Ciertamente, el esfuerzo fiscal de España (54) es superior al de Alemania (41) y también al de Holanda (34,2) o al de Francia (53,39); en general a casi todos aquellos que presentan una renta per cápita superior a la española. Pero lo que no dicen los defensores de este índice es que todos estos países, incluyendo a España, tienen datos inferiores a todos aquellos con una renta per cápita más reducida, por ejemplo, Portugal (73,5), Rumania (100,3), Grecia (104,3), Polonia (108,9), Bulgaria (158,5), etc. Cuanto más pobre el país, mayor es el esfuerzo fiscal, sin que apenas importe la cuantía de la imposición.

Conviene resaltar el caso de Italia (57,7) y el de Francia (53,3). Este último país presenta un esfuerzo fiscal similar al de España a pesar de que su renta per cápita es muy superior a la nuestra, pero lo compensa la diferencia de presión fiscal (nada menos que 13 puntos). Algo similar ocurre con Italia. En este caso la diferencia en la renta per cápita es inferior que con Francia, por ello la distancia en los valores de presión fiscal (ocho puntos) origina que el esfuerzo fiscal de Italia se mantenga superior al nuestro.

Todos estos datos son suficientemente elocuentes acerca de que si el esfuerzo fiscal indican algo es la capacidad económica del país en cuestión, sin que sirvan en absoluto para revelar el nivel de tributación. Para este último cometido, hay que acudir a la presión fiscal y, por más que lo intentemos disfrazar, la diferencia con el resto de Europa es evidente. No es que la nuestra sea menor que la de Francia, Italia, Alemania, Holanda, etc., es que también es inferior a la de Portugal, Grecia, Polonia, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, países con una renta y un nivel económico muy inferiores a los de España. En realidad, no podría ser de otra manera, puesto que desde finales de los ochenta el sistema fiscal español ha estado sometido a toda una serie de reformas que no solamente han dañado la progresividad, sino también la suficiencia.

Nos guste o no, estamos abocados a realizar una reforma fiscal en profundidad, que no puede quedar reducida a lo que llaman “fiscalidad verde”, que casi en su totalidad se compone de impuestos regresivos. Negar la realidad no conduce a nada y menos, recurrir a mentiras o a teorías construidas para ocultar los hechos o las verdades económicas más evidentes. No dudo de que muchos periodistas o tertulianos, quizás por falta de conocimientos, defiendan estos discursos con cierta buena voluntad o al menos sin tener conciencia de faltar a la verdad, sobre todo cuando repiten lo que ha dicho o escrito algún sabio economista o asesor fiscal o inspector de tributos o incluso algún antiguo alto cargo. Pero estos últimos sí que no pueden escudarse en la ignorancia. No es posible que se crean estas milongas. Lo del esfuerzo fiscal es una de ellas, pero existen otras de las que hablaremos algún otro día.

republica.com 15-8-2021

Hace algunos días, José María Escrivá sorprendía a la audiencia afirmando que la generación del baby boom no tendría más remedio que trabajar más o cobrar menos. La frase no era original. Una similar la había pronunciado hace ya diez años, en 2011, Díaz Ferrán, entonces presidente de la CEOE, aunque más tarde procesado por trapicheos nada claros en sus empresas. Hay una diferencia, no obstante, que el patrono de patronos se refería a los trabajadores y Escrivá alude a los futuros jubilados.

Al ministro independiente le han obligado a rectificar desde la Moncloa. Ha tenido que reconocer públicamente que aquel día no estuvo muy acertado. Debió asumir la humillación y el bochorno, convirtiéndose en un buen ejemplo de hasta dónde se puede llegar para permanecer en el cargo. Y eso es lo que le ha debido salvar de la quema.  Aunque bien mirado, si el presidente del Gobierno con tal de permanecer en la Moncloa se humilla y permite que sus propios socios le dejen por mentiroso, ¿por qué no va a humillarse un ministrillo?

Es cierto que Escrivá ese día no estuvo demasiado afortunado porque le rompió la táctica al jefe y descubrió el pastel que el Gobierno quería tener oculto. Reveló que el acuerdo firmado a bombo y platillo entre el Ejecutivo y los agentes sociales era puro humo, flatus vocis, porque todo lo importante quedaba por determinar. Es decir, que se había practicado el deporte favorito de Sánchez, balones hacia adelante, si no se pueden echar fuera.

Del tema de las pensiones han escogido aquellos elementos que no eran problemáticos o que incluso resultaban favorables, y han pospuesto para más adelante los ajustes y los recortes. Se ha repetido por activa y por pasiva que los fondos europeos venían sin condiciones. Sin embargo, cada día resulta más innegable que cuando pase el tiempo de la calentura en el que todo son facilidades para gastar, motivado por ese intento de que se recupere la economía española -también la europea-, Bruselas retornará a sus dogmas e impondrá sus límites y restricciones. Me temo que no serán suaves, después de haber provocado que el endeudamiento público se eleve al 130% del PIB. Endeudamiento que solo se puede mantener por el apoyo del BCE, pero a condición de que la situación sea muy inestable, y seamos totalmente dependientes de esa institución.

Los primeros condicionantes comienzan a intuirse, a pesar de que Sánchez por ahora los oculte, demorándolos para reiterar mientras pueda que la salida de esta crisis es diferente a la anterior. Recordemos que entonces hasta el año 2010 no comenzaron a implantarse los recortes. En el orden de los previsibles ajustes, se encuentra, como siempre, en primer lugar, la reforma de las pensiones. La problemática de esta prestación social está mal enfocada, al menos desde la mitad de los ochenta. Se ha permitido, quizás de forma premeditada, que la Seguridad Social apareciese con importantes déficits, con lo que las pensiones se convertían en pieza de caza de todos aquellos que bien en España o bien en los organismos internacionales están encantados de practicar recortes.

El origen de estos déficits se encuentra en la llamada separación de fuentes, en aceptar poco a poco la convención de que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales prescindiendo de las aportaciones del Estado. Es más, las necesarias transferencias estatales que se producían ante los desequilibrios financieros de la Seguridad Social se han instrumentado hasta ahora a modo de préstamos (aunque en realidad se cuenta con que nunca se van a poder devolver), en lugar de considerarlas entregas a fondo perdido, como otra fuente más de financiación, complementaria de las cotizaciones.

Desde esta perspectiva, el sistema público de pensiones estará siempre amenazado, a no ser que se esté dispuesto a elevar todo lo que sea necesario las cotizaciones. Cosa poco probable. Lo que parece más verosímil es que se opte por reducir las prestaciones. Dígase lo que se diga, esto es lo que ocurrirá si no se cambia el modelo, si no se consideran las cotizaciones sociales como un impuesto y las aportaciones del Estado a la Seguridad Social como una fuente más de financiación, que ayuda a sostener las pensiones, al igual que lo hace con la sanidad, la educación y con toda clase de servicios públicos y prestaciones sociales. Nadie se plantea que los gastos en sanidad, en educación, etc. no son viables. Nadie ha alegado que los gastos derivados de los ERTE, de los créditos ICO o demás partidas asociadas a la pandemia no eran factibles, a pesar de incrementar el endeudamiento público en un 30% del PIB.

Es obvio que este Gobierno tampoco está dispuesto a cambiar el modelo de financiación. Prueba de ello es que las transferencias que el Estado ha hecho últimamente a la Seguridad Social han continuado instrumentándose en forma de préstamos, no sé sí con la intención de hacer patente la inviabilidad del sistema. Es más, al presupuesto del Estado se están trasladando a todos los que han denominado gastos impropios; lo que tiene una doble vertiente, por una parte, puede considerarse positivo, porque disminuye los gastos a financiar con las cotizaciones, pero, por otra, constituye tan solo un parche, al configurarse como una señal de que se pretende continuar con la separación de fuentes y, por lo tanto, con la incertidumbre.

El cambio del modelo actual supondría trasladar el problema de las pensiones al de todo el Estado del bienestar y en general al de todos los gastos del sector público, o más bien al de su financiación. Lo que hay que plantearse no es la suficiencia de un tributo en particular (las cotizaciones), sino de todo el sistema fiscal en su conjunto, que a su vez exige tener en cuenta la productividad. Lo cierto es que a todos los gobiernos les repele hablar de impuestos. Como mucho, se deciden a veces a incrementar algunos indirectos, que, aunque sean más injustos, se notan menos y además muchos de ellos se pueden argumentar en términos ecológicos.

Ningún gobierno está dispuesto a hacer pedagogía y proclamar claramente que los impuestos son imprescindibles no solo para mantener el Estado social, sino para sostener simplemente el Estado. Bien es verdad que ello les conduciría también, para ser consecuentes, a una criba efectiva de los gastos superfluos y de todos los chiringuitos que solo sirven para colocar a los políticos del partido.

La productividad es también una variable esencial por supuesto para determinar el nivel de vida de una sociedad, pero también la mayor o menor capacidad de financiación del sector público. La productividad (mucho más que la demografía, e incluso que la población activa) y el sistema fiscal son las dos coordenadas que pueden enmarcar no solo la viabilidad de las pensiones sino, en general, de toda la actividad del Estado. Lo importante es cuánto se produce y no cuántos producen. El excedente empresarial debe colaborar también a la financiación del sector público.

El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las pensiones apenas recoge novedades importantes. Tan solo nos confirma que se va a continuar por un camino equivocado, y que además no se ha despejado qué medidas se van aplicar para transitar por esa ruta. La actualización anual de las pensiones por el IPC puede venderse como un avance importante, pero lo cierto es que en los últimos años se venía aplicando ya sin demasiado impacto presupuestario, dada la escasa cuantía de la inflación.

Se dirá que la diferencia radica en que con esta ley se garantiza la actualización para el futuro. Pero tal aseveración constituye un cierto espejismo, porque una ley se cambia con otra ley y no se puede asegurar que en caso de crisis o de que se dispare la inflación no se vaya a modificar lo que ahora se establece. De hecho, a pesar de que con anterioridad a la crisis de 2008 estaba establecida la actualización por el IPC de las pensiones, ello no fue ningún obstáculo para que Zapatero las congelase en 2010. En cierto modo, aunque esté previsto en una ley, cada año la norma presupuestaria puede cambiarlo y decidir el incremento del sueldo de los funcionarios y de las pensiones. Mientras el modelo no se modifique y se garantice la aportación del Estado, siempre existirá una espada de Damocles sobre las prestaciones que reciben los jubilados.

Solo en un esquema de separación de fuentes, en el que el problema de las pensiones se aísla de todo los demás, puede tener algún sentido situar parte de la solución, tal como hace el señor Escrivá, en prolongar la edad de la jubilación. En un país con una tasa desproporcionada de paro, que además en buena medida es crónica, alargar la vida laboral tendrá un efecto negativo sobre el empleo, y en definitiva sobre el presupuesto del Estado, si no se quiere dejar en la indigencia a los parados. Aunque, después del fracaso del ingreso mínimo vital, cualquier cosa. De todos modos, choca que con estos planteamientos se hable después de crear un mecanismo de equidad intergeneracional.

El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales fue mero teatro, encaminado, en el interior, a la publicidad y la propaganda, y en el exterior, a contentar a Bruselas transmitiéndole la idea de que se está camino de la reforma. El acuerdo deja sin concretar lo principal, que también será lo más negativo, dado que no se piensa modificar el esquema clásico de la separación de fuentes. Se elimina el factor de sostenibilidad, pero se anuncia un mecanismo de equidad intergeneracional que será su sustituto y que de una o de otra forma tendrá efectos similares: ajuste y recorte. Bien es verdad que eso será como mínimo dentro de un año. Es por ello por lo que el ministro locuaz metió la pata, adelantó acontecimientos hablando de recortes antes de lo que le conviene a Sánchez. A pesar de todo, como se arrepintió y reconoció su error, ha salido indemne de la masacre.  Lo realmente inexplicable es que los agentes sociales se hayan prestado a este numerito.

republica.com 15-7-2021

Todos los gobiernos han usado y abusado del decreto-ley. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional ha venido utilizando manga ancha, de manera que ha dejado siempre en manos del poder ejecutivo el determinar si se da la extraordinaria y urgente necesidad que establece la Constitución. Muy burdo ha tenido que ser el comportamiento del actual Gobierno para que el alto tribunal se haya visto obligado a intervenir. Y es que no ha habido ningún otro ejecutivo que haya empleado con tanto descaro y profusión la figura del decreto-ley a la hora de legislar.

La razón habrá que buscarla, primero, en que Sánchez es el presidente de gobierno cuyo grupo parlamentario (el propio, el de su partido) es el más reducido de toda la historia democrática. Y segundo, en que Pedro Sánchez ha demostrado suficientemente que carece de escrúpulos, y que está dispuesto a saltarse cualquier obstáculo que se oponga a sus intereses.

El hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional algunas de las previsiones introducidas en los decretos-leyes por los que se establecía el estado de alarma tira por tierra el argumento del Gobierno acerca de la deslealtad de la oposición al no haber apoyado su aprobación. Aparece con claridad que el Gobierno no ha querido pactar y ha preferido tener las manos libres para introducir en los decretos-leyes todo aquello que le interesaba.

Resulta disparatado calificar de extraordinaria y urgente necesidad el cambio de la ubicación administrativa de los servicios destinados a gestionar las pensiones de los empleados públicos, trasladándolos del Ministerio de Hacienda al nuevo de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La única necesidad que se vislumbraba era la de dar satisfacción al capricho de un ministro deseoso de atribuciones y competencias, competencias que, por otra parte, no sabe muy bien después qué hacer con ellas, como lo demuestran los continuos fracasos en su gestión.

Es posible que hayan sido muchos los funcionarios que hayan recibido con cierto alivio la sentencia del Tribunal Constitucional, no porque en principio sus pensiones tengan un trato de favor con respecto al resto, sino porque los servicios de clases pasivas vienen funcionando sin problemas y con normalidad en el Ministerio de Hacienda, y la experiencia enseña que nunca se sabe lo que puede pasar con el actual titular del Ministerio de Seguridad Social.

Por el contrario, me imagino que muchos pensionistas y futuros jubilados estarán poseídos de cierta intranquilidad puesto que parece que la reforma de las pensiones va a depender del ministro Escrivá. Después del desastre cometido con el ingreso mínimo vital, surgen los peores augurios acerca de lo que vaya a suceder con las prestaciones de jubilación. El primer error cometido en lo que parece ser el proyecto del Ministerio es que continúa considerando a la Seguridad Social como algo ajeno al Estado y hace depender su viabilidad, por tanto, de las cotizaciones sociales, con lo que queda condicionada a los problemas demográficos, a los cambios en el empleo e incluso a las decisiones del gobierno acerca de beneficios fiscales a los empresarios.

El señor Escrivá permanece preso de la separación de fuentes y ha llegado a manifestar en alguna entrevista radiofónica que las pensiones no necesitan de los impuestos para financiarse. Debe ignorar que las cotizaciones sociales constituyen ya una figura contributiva y así se considera en todos los documentos de los organismos internaciones que las sitúan dentro de la presión fiscal como un impuesto más. El señor ministro, arrastrado quizás por el triunfalismo que caracteriza a todo el gobierno sanchista, mantiene que el sistema público de pensiones puede financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Bien es verdad que lo condiciona a las reformas que proyecta y que se reducen de manera principal a eliminar el desfase que existe entre la edad de jubilación legal y la real. Toda su estrategia de cara a la viabilidad del sistema parece limitarse a retrasar la edad de jubilación.

Este planteamiento prueba que una vez más se contempla la Seguridad Social como algo distinto al Estado, y por eso no se tienen en cuenta los efectos que tales medidas tienen sobre el empleo. El ministro independiente aprecia exclusivamente la posible disminución del gasto en pensiones, sin considerar el incremento que se puede ocasionar en la cuantía del seguro de desempleo o en otros tipos de ayudas y subsidios, a no ser que estemos dispuestos a condenar a los parados a la miseria y a la indigencia.

Cuando se habla de cerrar la brecha que existe entre la fecha legal de jubilación y la real no se debe olvidar que su principal causa se encuentra en los expedientes de regulación de empleo, en  los que se utiliza la jubilación anticipada como un instrumento más destinado a facilitar el acuerdo y el despido de los trabajadores.

Retrasar la edad de jubilación podría tener sentido si estuviésemos en una economía de pleno empleo y no en una sociedad que tiene la mayor tasa de paro de Europa, sin que parezca que ello vaya a cambiar en los próximos años por mucho que el problema se haga desaparecer en ese cuento de Alicia en el país de las maravillas que nos ha presentado el presidente del Gobierno y al que ha titulado Plan 2050.

El ministro independiente, con bastante descaro y en contra del sentido común, asevera que retrasar la edad de jubilación no va a influir en las cifras de paro. Atestigua que todos los estudios lo garantizan. Habrá que preguntar qué estudios utiliza. Deben ser los mismos que empleó para configurar con tanto éxito el ingreso mínimo vital, porque la mínima lógica nos dice que los puestos laborales ocupados por aquellos trabajadores que retrasan su jubilación no pueden ser ocupados al mismo tiempo por aquellos que aspiran a incorporarse al mercado laboral.

Escrivá recurre a unos teóricos estudios, y la ministra de Hacienda, para acometer la reforma fiscal, a los expertos, convenientemente elegidos. Hoy todo el mundo puede ser experto, porque cualquiera puede ser profesor universitario de las innumerables universidades que han ido surgiendo por todo el país. Hasta Pedro Sánchez lo fue con tesis doctoral y todo. Eso sí, regalada y copiada. Y ahora incluso a su señora, Begoña Gómez, la han hecho directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la UCM. Y tan extraordinaria. Dentro de poco la veremos cómo experta.

También el presidente del Gobierno ha recurrido a los expertos. Eso sí, en mayor cantidad (100), que para eso es el jefe. Le han escrito una carta a los Reyes Magos para 2050, una arcadia feliz donde todo es posible y en la que unas medidas no se oponen a otras. El papel es muy sufrido, lo aguanta todo. Sin embargo, no han debido abundar en la confección del Plan los expertos en Economía porque han prescindido del principio básico que da lugar a la ciencia económica: “Los medios son escasos”. En el Plan no existen las limitaciones. Tan es así que hasta se llega a prometer una herencia pública universal para que los jóvenes puedan comprar una vivienda o montar su propio negocio. Bien es verdad que eso es para el año 2050 y, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. Lo único cierto es que la herencia que recibirán los españoles en 2022 es la de una deuda equivalente al 130% del PIB, unos 30.000 euros per cápita.

republica 28-5-2021