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ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

INCOHERENCIAS SANCHISTAS TRAS LAS ELECCIONES ANDALUZAS

PSOE Posted on Lun, diciembre 17, 2018 23:21:36

Parece que la política se ha convertido en el tablado de los disparates. La lógica ha desaparecido. Las afirmaciones más contradictorias son formuladas con el mayor descaro y sin ningún rubor. Se miente sin recato y, lo que es más preocupante, se supone que todos somos tontos, que no sabemos sumar dos con dos y que no nos vamos a dar cuenta de las enormes incoherencias que se barajan. Las elecciones andaluzas han contagiado de amnesia a todos los sanchistas. Afirman ahora reiteradamente que debe gobernar quien gana las elecciones, como si Pedro Sánchez no hubiese perdido todos los comicios.

El ínclito Ábalos, con la intención de meter el dedo en el ojo a Susana Díaz, vino a decir en rueda de prensa que cuando se perdían las elecciones había que renunciar al liderazgo por el bien del partido; y eso lo aseveraba el valedor de Pedro Sánchez, quien se negó a dimitir después de haber perdido dos veces consecutivas las elecciones generales, cosechando en cada una de ellas un nuevo récord de malos resultados en la historia del Partido Socialista; y dirigía el dardo al PSOE andaluz que, aunque perdiendo muchos escaños, ha sido la fuerza más votada en estos comicios. Bien es verdad que, de acuerdo a lo que nos tienen ya acostumbrados los sanchistas, el ministro de Fomento no ha tenido más remedio que desdecirse, y pretender convencernos de que no había dicho nada de lo que dijo. La postura firme de la hasta ahora presidenta de la Junta de Andalucía, dispuesta a presentar batalla, y el descontento generado dentro del partido han aconsejado a Sánchez y a sus huestes posponer la lucha para más adelante, que no a renunciar a sus objetivos.

El secretario general del PSOE y sus acólitos quieren persuadirse y persuadirnos de que la culpa de la debacle en Andalucía la tienen Susana Diaz y el PSOE andaluz, y aducen para ello que a la dirección regional se le concedió total autonomía para convocar y dirigir las elecciones. No digo yo que parte del fracaso no se deba a los errores y abusos cometidos por el Gobierno de la Junta durante 36 años, pero resulta evidente que en igual o mayor medida ha tenido que ver en el resultado la situación creada en España por el sanchismo y por la moción de censura.

La arrogancia y el fanatismo mostrados por los independentistas catalanes están generando una profunda indignación en toda la sociedad española, que se convierte en enojo y reprobación frente al Gobierno al contemplar la permisividad y las concesiones hechas por Pedro Sánchez con la única finalidad de mantenerse en el poder. Por otra parte, la errática y un tanto demagógica política del presidente del Gobierno en el tema de la migración no ha sido la más adecuada para pacificar y tranquilizar los ánimos en una materia tan sensible para grupos específicos pero numerosos de la población. No tiene nada de extraño que el sanchismo haya sufrido un importante castigo en los primeros comicios que se han celebrado tras su llegada al poder, aunque hayan sido regionales, y constituyen, por tanto, anuncio de lo que puede ocurrir, a pesar de Tezanos, en futuras elecciones.

Hay dos señales bastante claras de que en el resultado en Andalucía ha intervenido en una porción importante la política nacional. La primera consiste en el hecho de que los votos perdidos por el PSOE no se han dirigido a Podemos, como sería lógico si los votantes socialistas hubieran pretendido únicamente castigar al Gobierno de la Junta. Podemos no ha rentabilizado la debacle del PSOE. Todo lo contrario, también ha perdido votos y escaños. Lo que es coherente con el hecho de que la formación morada en el tema catalán y en el de la emigración tiene posturas más extremistas que las del propio Pedro Sánchez.

La segunda es que los malos resultados de las formaciones de izquierdas en las elecciones andaluzas se corresponden con la fulgurante aparición de un partido como VOX, que ha basado toda su campaña no en los temas regionales, sino en la política nacional, haciendo especial hincapié en los temas de Cataluña y de la migración. De ello se ha dado cuenta, aunque tarde, la hasta ahora presidenta de la Junta que ha manifestado, tal vez como contestación y reproche a los sanchistas, que se arrepiente de haber enfocado toda la campaña en clave exclusivamente andaluza.

De la cascada de desatinos no se libra nadie. La propia Susana la misma noche de las elecciones proponía (después ratificada por Ábalos) un cordón sanitario alrededor de VOX. Lo calificaba de partido anticonstitucional y anatematizaba todo posible pacto con esta formación política, incluso el hecho de apoyarse en sus votos para llegar a la presidencia de la Junta. Y esto se defendía desde ese mismo PSOE, cuyo secretario general desertó de los partidos constitucionalistas con el único objetivo de llegar a ser presidente del Gobierno apoyándose en los golpistas, y que no tiene reparo alguno en gobernar con todos aquellos que de una u otra forma ponen en solfa la Constitución.

El culmen del desvarío se encuentra, como casi siempre, en el discurso de la ministra de Justicia. Con todo el descaro, tildó a Vox de partido anticonstitucional mientras negaba tal calificación a los golpistas y a todos aquellos que defienden el derecho de autodeterminación. Da la sensación de que Sánchez, dados su desparpajo y su facilidad para la mentira, la emplea como perro de presa o avanzadilla en el mundo de la incongruencia.

Aciagos tiempos en los que las cosas más evidentes necesitan aclaraciones. Debería aceptarse sin demasiados problemas que ni las personas ni las formaciones políticas pueden ser calificadas de anticonstitucionales por el simple hecho de discrepar de alguna o de muchas disposiciones constitucionales; tampoco incluso porque mantengan entre sus objetivos el modificar la Carta Magna, siempre que el cambio se pretenda hacer por los procedimientos establecidos en la propia Constitución. De la ley a la ley. De lo contrario, serían muchas las personas y la gran mayoría de los partidos a los que habría que tildar de anticonstitucionales, puesto que al que más y al que menos no le satisface algún aspecto de la Carta Magna y desearía que se cambiase. Bien es verdad que las discrepancias en los elementos a reformar serían numerosas y muy profundas. El mismo presidente del Gobierno demanda con insistencia la modificación de la Constitución, haciendo del cambio una especie de comodín y de amuleto político.

El término anticonstitucional deberíamos reservarlo para los que pretenden cambiar la Constitución prescindiendo de los procedimientos legales que la propia Constitución señala, es decir, desde la fuerza. El calificativo, por tanto, les cuadra a los nacionalistas catalanes no en cuanto independentistas sino en cuanto golpistas. Es su determinación de no respetar la Constitución y de conculcarla prescindiendo de la ley la que les incluye en esta categoría. Incluso, el resto de los socios de Sánchez se mueven en una cierta ambigüedad; al menos, se sitúan en el filo del marco constitucional cuando defienden los referéndums de autodeterminación de las distintas partes de España.

Vox es un partido nuevo que está prácticamente por estrenar. Resulta difícil, por lo tanto, conocer completamente su ideario, pero hasta ahora no parece que tengan intenciones de propiciar un golpe de Estado, lo cual no es poco en unas coordenadas en las que varios partidos ya lo han dado y algunos otros defienden a los golpistas. No se puede decir que sea una formación política anticonstitucional, aun cuando quiera cambiar algunos aspectos de la Carta Magna, por muy importantes que estos sean, siempre que lo pretenda por los cauces legales. En eso no hay mucha diferencia con el presidente del Gobierno. Bien es verdad que las apetencias van en sentido contrario, pero tan legítimas son unas pretensiones como las otras.

Están en contra del Estado de las Autonomías, pero igual que otros muchos españoles, cada vez en mayor número, que lo juzgan el mayor error de la Transición y de nuestra ley fundamental. Puede ser que tengan razón, aunque bien es verdad que su desaparición hoy por hoy es una demanda sin ninguna posibilidad de prosperar, ya que están en juego los muchos intereses de una clase política surgida en cada una de las Comunidades al amparo de la descentralización política y que no está dispuesta a que se modifique el statu quo.

Que yo sepa ni la ley de violencia de género ni la de la memoria histórica están en la Constitución y desde luego no constituyen dogmas de fe que no se puedan cuestionar en algunos de sus planteamientos. En política, tan lícito es defenderlas como criticarlas. Y no pueden servir de excusa para excomulgar a una formación política. En democracia, dentro de la ley, todas las opiniones son respetables, aun cuando se puedan combatir y refutar. Cada partido político puede llevar en su ideario lo que juzgue conveniente. Incluso en España permitimos entrar y permanecer en el juego político a las formaciones que declaran entre sus objetivos la independencia de una parte de España. Otra cosa es si deberíamos admitirlas cuando su programa enuncia claramente su voluntad de delinquir, por ejemplo, de perpetrar un golpe de Estado.

Vox mantiene, a mi entender, muchos planteamientos retrógrados, como ese fundamentalismo religioso que chirría, pero en España el fundamentalismo de toda clase abunda. En materia económica es rabiosamente liberal, pero si fuera por eso casi ningún partido pasaría la criba. Defiende un tipo único en el IRPF, aunque tampoco en ello es original, ya lo propuso el PSOE de Zapatero con Jordi Sevilla y Carlos Sebastián hace bastantes años. Los sanchistas tildan a VOX de extrema derecha, lo que es una obviedad, ya que si nos empeñamos en ordenar el arco político de izquierda a derecha (aunque está bastante complicado, dado el lío existente) alguna formación tendrá que situarse en el extremo de la izquierda y alguna otra en el extremo de la derecha, pero que sean extremos no quiere decir que haya que aislarlos o considerarlos tabú, tal como pretende con todo el descaro el Gobierno con el fin de no perder la Junta de Andalucía. El culmen de la ridiculez y del desatino en ese afán histérico de aislar a VOX llega cuando Susana Díaz afirma que, si no computamos a la extrema derecha, la izquierda ha ganado las elecciones andaluzas. Algún chistoso apostilló, si no se computan las patatas fritas, la hamburguesa, la coca-cola y el helado, hoy he comido ensalada.

El utilizar como modelo a otros países europeos carece de recorrido ya que cada nación tiene sus propias características y hay ejemplos en esto y en todo para los gustos más dispares. En algunos como Alemania se da la gran coalición y aquí Pedro Sánchez ha considerado más ético pactar con los golpistas que con la derecha de Rajoy, aunque, según aparece ahora, no era extrema. El cuestionamiento de la Unión Europea, que no es privativo de la extrema derecha (debería serlo más bien de una izquierda consciente), tiene su origen en las contradicciones y defectos del propio proyecto y en el comportamiento errático de los partidos que se confiesan paladines del europeísmo. Estos últimos, más que intentar aislar a las formaciones políticas euroescépticas, deberían preguntarse por qué estas cuentan cada vez con más y más adhesiones.

Pablo Iglesias tampoco ha estado muy fino ni muy coherente. Frente a los cuatrocientos mil andaluces que han votado a VOX, ha reaccionado llamando a la movilización en la calle contra el fascismo. Los que de verdad hemos conocido el fascismo ya lo tenemos casi olvidado, pero recordamos lo suficiente para ser conscientes de que en su esencia se encuentra el anteponer la algarada en la calle a las elecciones. Por ello, no parece demasiado congruente convocar una protesta contra un resultado de las urnas que no nos gusta, o que nos ha sido desfavorable, bajo el eslogan de que hay que rechazar el fascismo. Alguien podría pensar que el fascismo está en la propia manifestación. De todas formas, es curiosa la facilidad con la que hoy se emplea la palabra fascista. Existe el peligro de que, de usarla indebidamente, termine perdiendo todo contenido, amén de que se utilice como comodín para olvidar otras batallas más actuales, porque desde hace ya bastantes años el verdadero enemigo de las clases populares no se encuentra en un fantoche artificialmente creado y al que ponemos por nombre fascismo, sino en algo mucho más real, aunque en buena parte también transversal, el neoliberalismo económico.

republica.com 14-12-2018



UN ANTES Y UN DESPUÉS DE LA MOCIÓN DE CENSURA

PSOE Posted on Dom, noviembre 18, 2018 23:20:19

Entre las muchas supercherías y estulticias a las que nos tiene acostumbrados Carmen Calvo, ha surgido con propio esplendor su afirmación acerca de que el presidente del Gobierno no ha cambiado de opinión referente a no calificar de rebelión la actuación de los procesados por el golpe de Estado perpetrado en Cataluña. Razón, que cuando mantuvo la opinión contraria no era presidente del Gobierno. Un perfecto acto fallido de tipo freudiano. Supongo que no quería decir lo que dijo, pero lo dijo.

Aparentemente la frase es una estupidez, pero en una segunda lectura tiene su sentido, porque en la realidad política española hay un antes y un después respecto de la moción de censura con la que Pedro Sánchez logró apoderarse del gobierno. Lo que hace a este suceso tan especial no es que lo haya conseguido tan solo con 85 diputados. Ello sería totalmente lícito tras alcanzar el apoyo de otros partidos, el problema se halla en que entre estas formaciones políticas, como pieza necesaria, se encuentran las que han protagonizado un golpe de Estado y se mantienen en él, sin dar ningún paso atrás. Sanchez se ha sentido muy ofendido porque Casado le ha reprochado ser partícipe del golpe de Estado. Al menos, lo es a titulo lucrativo. Es presidente del Gobierno gracias a los secesionistas.

El hecho de que sean golpistas los que han nombrado al presidente del Gobierno cambia todo y contagia todo. Toda actuación posterior del Ejecutivo está contaminada, y convierte en sospechosas todas sus acciones. No hay por qué extrañarse, por tanto, de los múltiples despropósitos y tropelías que desde entonces están sucediendo. El discurso y el comportamiento de Sánchez tienen su razón de ser a la luz de esta realidad. Es perfectamente explicable, que Pedro Sánchez mantuviese hace varios meses que el delito cometido por los secesionistas era de rebelión y defienda ahora todo lo contrario.

En realidad, estas últimas declaraciones corresponden a un proyecto perfectamente planificado y concertado con los separatistas, que se desarrolla por etapas y va destinado a conseguir la liberación de los procesados o, al menos, a minimizar la calificación de los delitos. Primero fueron las múltiples manifestaciones de algunos miembros del Gobierno mostrando sus preferencias por la libertad de los presos. Más tarde, fue la postura infame adoptada por el Ministerio de Justicia, en contra de los informes de la Abogacía del Estado, acerca de no dar asistencia jurídica al juez LLarena con el pretexto de que se trataba de declaraciones privadas, postura que no tuvo más remedio que rectificar por la contestación que suscitó entre jueces y fiscales.

Posteriormente, se lanzó al ruedo a Pascual Salas, ex presidente del Tribunal Supremo, siempre tan diligente en prestar buenos oficios al PSOE en todos los puestos de relevancia que viene ocupando interrumpidamente desde 1982 hasta 2013 (Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional), gracias al manto protector del partido socialista. Lógicamente se ha avenido, sin poner ningún reparo, a negar la existencia de violencia en el golpe de Estado y, en consecuencia, la comisión del delito de rebelión por los procesados. En esta plaza invitaron a intervenir también a López Garrido, que se ha apresurado a repetir que en este caso no se podía aplicar el art. 472 del Código Penal y, para afianzar su postura, añade que a él se lo iban a decir, que había sido su redactor. Ahora se explica por qué este artículo da lugar a tantas dudas y a interpretaciones tan diversas.

Es en esta secuencia donde hace su aparición en el Congreso el Presidente del Gobierno para contradecir lo que había dicho hace algunos meses Pedro Sánchez y servir así de telonero a la acusación presentada por la Abogacía del Estado, que se desdice de la postura anteriormente adoptada y varía la calificación penal de rebelión a sedición. Se confirma una vez más que hay un antes y un después de la moción de censura. En esta ocasión el estiércol llega al Ministerio de Justicia y hasta a la Abogacía del Estado.

Por último, (pero solo por ahora, porque la procesión no ha terminado) se encuentra la salida apoteósica a lo Robin Hood de Pedro Sánchez en el tema del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre las hipotecas. En su estrategia de pinchar el proceso penal de los secesionistas, no pierde la menor ocasión de desacreditar y censurar al Tribunal Supremo, aunque hay que reconocer que en esta ocasión el Supremo le ha dado la excusa perfecta para hacerlo. Mucho habría que escribir acerca de la demagogia y el oportunismo mostrados por todos los partidos políticos y del grado de intoxicación pública que se ha generado. Quizás merezca analizarse en otro artículo.

Decía más arriba que la procesión no ha terminado. La ofensiva está solo comenzando. Es de suponer que el Gobierno deseaba que la Fiscalía también hubiese rectificado en este momento procesal, lo que le ha resultado imposible conseguir, ya que esta institución goza de más independencia que la Abogacía del Estado y el escándalo, de haberlo intentado, habría sido mucho más sonoro. No es disparatado pensar que lo procurará de nuevo al final de juicio.

En cualquier caso, la intromisión del Gobierno en la Abogacía ha sido tan burda y el escrito de acusación, tan deficiente que los abogados del Estado destinados en el Supremo se han negado a firmarlo. La Abogada General del Estado, para dar gusto al Ejecutivo, se ha visto en la obligación de avocarlo. Me imagino la irritación que se habrá apoderado de todo el colectivo.

La torpeza de este Gobierno se manifiesta, entre otras cosas, en que cuando pretende justificar sus actuaciones las empeora. Buen ejemplo de ello ha sido la intervención del Secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento pretendiendo defender la intromisión del Gobierno en la Abogacía. Ha dejado al descubierto la concepción que los sanchistas tienen de la Administración como un cortijo a su servicio. Ábalos se extraña de la polémica creada. No hay lugar para la crítica porque, según él, lo normal es que el Gobierno use a los abogados del Estado. Según dice, él los usa en el ministerio. El traspié es considerable. Porque una cosa es que el Gobierno o un ministro puedan pedir un informe o un dictamen a la Abogacía del Estado y otra cosa muy distinta es que el Gobierno o el ministro le dicten el contenido del documento. No digo que no se haya hecho nunca, pero es diferente hacerlo que vanagloriarse de ello. Y desde luego tampoco es lo mismo un informe, o incluso un dictamen, que una acusación penal en un proceso de tanta importancia.

La rectificación adoptada por la Abogacía del Estado puede tener también un efecto perverso a largo plazo. En el caso de que el Tribunal Supremo termine condenando a los procesados por rebelión y estos decidan recurrir a Estrasburgo o al Tribunal de Justicia europeo, será la propia Abogacía del Estado la que tenga que defender ante estas instituciones la sentencia del Supremo. ¿Qué credibilidad podrá tener entonces si en España ha mantenido la postura contraria?

El Gobierno tiene esperanza de que el hecho de haber forzado a la Abogacía del Estado influya en el proceso, tanto más cuanto que confía lograr que más adelante la Fiscalía también realice el mismo giro. A pesar de ello, no descarta el hecho de que la sentencia pueda ser desfavorable, y por eso mantiene dos bazas de cara a contentar a sus socios golpistas. La primera, el indulto. Pedro Sánchez se ha negado a contestar todas las veces en las que en sede parlamentaria se le ha preguntado si descartaba indultar a los procesados por el golpe de Estado. Además, mantiene bloqueada en el Congreso la ley del indulto, en cuya aprobación tendría que pronunciarse acerca de si está de acuerdo en eliminar la posibilidad de indulto para los delitos de rebelión y sedición. El mismo hecho de que la calificación de la Abogacía del Estado haya cambiado puede ayudar a que el indulto sea más asimilable para la opinión pública.

En segundo lugar, está la baza de los tribunales internacionales. He ahí una razón más para que el Gobierno esté sembrando dudas acerca de la postura que mantiene el Tribunal Supremo, incluso aliándose con aquellos que pretenden minar su prestigio. Es evidente que las razones de los magistrados españoles quedan deterioradas si es el propio Gobierno de España el que discrepa y las critica. Algunos de los miembros que hoy componen el Consejo de Ministros se quejaban hace tiempo de que el Gobierno anterior no había sabido combatir el relato de los secesionistas en los foros internacionales. Es posible. Pero resulta difícil creer que la situación no haya empeorado cuando es el propio Gobierno el que acepta parte de su discurso y pretende situarse una vez más en una tercera vía.

Dadas las manifestaciones airadas de los golpistas, se podría pensar que las cesiones que está realizando el Gobierno no son suficientes. Torra ha acusado a Sánchez de ser cómplice de la represión que, según él, sufre el independentismo catalán y, de manera altisonante, rayando casi en el exabrupto, afirma: “Nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los presupuestos». Es curiosa la tendencia que tienen los secesionistas en identificarse con todo el pueblo de Cataluña. Para ellos, todos aquellos que no son independentistas no son catalanes. Pero, al margen de ello, se tiene la impresión que todos esos bramidos tienen mucho de teatro, de actuación de cara a la galería, para el consumo interno de su clientela.

Todo indica que hay mucho más acuerdo y avenencia de lo que unos y otros dejan entrever. De ahí que no se rompan las comisiones bilaterales, en las que claramente la Generalitat está obteniendo pingües beneficios y privilegios, y que el presidente del Gobierno mantenga la idea de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona y esté dispuesto a entrevistarse con Torra en la Generalitat, lo que constituye un agravio manifiesto para todas las otras Comunidades y un reconocimiento de la negociación de poder a poder que tanto han ansiado siempre los independentistas.

Los golpistas saben que su única baza hoy por hoy es Pedro Sánchez. No tienen otra alternativa. No en vano era el ahora presidente de la Generalitat, el que dos años antes, en aquella noche de los cuchillos largos, cuando tan solo era un activista, gritaba como un energúmeno más, a las puertas de Ferraz, defendiendo a Pedro Sánchez frente al Comité Federal del PSOE que exigía su dimisión. Es un hecho que parece haberse olvidado, pero que es sumamente significativo. El independentismo mas xenófobo y radical lo ha tenido siempre claro, vociferen lo que vociferen, no duda de que su única salida es Pedro Sánchez. No sé si al final los partidos secesionistas aprobarán los presupuestos de 2019, pero, de no hacerlo, no me cabe duda de que prestarán su apoyo al Gobierno para que se mantenga mediante decretos leyes.

Pedro Sánchez, desde el mismo momento en que decidió aceptar el apoyo de los golpistas para su investidura, era consciente de que se desposaba con ellos para el resto de la legislatura. Después de haberse negado desde la oposición a cualquier negociación con el Gobierno, no podía esperar nada ni del PP ni de Ciudadanos. No dejan de sorprender las palabras de la ministra de Economía acerca de que le resulta difícil de entender que haya partidos que ni siquiera quieran sentarse a discutir los presupuestos. Debe de ser que su estancia en Bruselas la ha desconectado de la política española y del comportamiento en la oposición del su ahora jefe. Para astronautas, ya tenemos al de Ciencia, Innovación y Universidades.

Pedro Sánchez sabe que solo tiene dos alternativas, o convocar elecciones o aparearse con los golpistas, y no está dispuesto de ninguna forma a disolver las Cortes. “Si Dios no existe, todo está permitido”, frase con la que el Iván Karamazov de Dostoievski pasó a la posteridad. No sé si era ese mismo objetivo el que conducía hace poco a un ministro de Sánchez a pronunciar una expresión en cierto sentido contrapuesta: “En política, no todo está permitido”. Pues bien, Pedro Sánchez no parece estar de acuerdo con su ministro. Él debe de pensar que, en política, con Dios y sin Dios, todo está permitido.

republica.com 16-11-2018



DESPUÉS DEL AQUARIUS ¿QUE?

PSOE Posted on Mar, agosto 28, 2018 12:41:34

Con las cosas de comer no se juega, y hay cosas con las que los políticos nunca deberían jugar. Por ejemplo, con la pobreza. Por eso resultaba tan indignante aquella campaña franquista de “Siente un pobre a su mesa”; por eso también fue tan acertado el film “Plácido” de Berlanga, en el que la denunciaba y ridiculizaba. Y los políticos no deberían jugar con la pobreza extrema que hoy se asienta en los inmigrantes. Por ello parece tan obsceno emplearlos como arma electoral para atacar a la formación política contraria, pero también -y quizás en mayor medida- para utilizar su sufrimiento como propaganda y marketing comercial o político.

Casi nadie se atrevió a decirlo por miedo a ser tachado de xenófobo, o por lo menos de retrógrado, pero la actuación gubernamental en junio pasado con el Aquarius ha sido uno de los muchos actos de hipocresía que cometen los políticos. Los emigrantes importaban poco. Toda la parafernalia estaba montada como un panegírico, a mayor gloria del Gobierno recién formado, para indicar a los ciudadanos lo muy humanitario y progresista que era.

Con tal motivo, el 21 de junio pasado escribí un artículo en este mismo periódico digital que titulé «Aquarius: siente un pobre a su mesa», en el que comentaba este acto de exhibición del Gobierno Sánchez a la luz de la impostura de la campaña franquista y de la denuncia de Berlanga. Al mismo tiempo, señalaba que al tratar con tanta frivolidad un tema de tal envergadura se corría graves riesgos y se generaban múltiples contradicciones. Me planteaba varias cuestiones que el tiempo se ha encargado de contestar.

Qué ocurriría, me preguntaba, cuando tras el Aquarius llegasen nuevos barcos de ONG cargados de emigrantes y se encontrasen de nuevo con la negativa a desembarcar en Italia y Malta. Como era de esperar, España, como si no tuviese bastante con las pateras del Estrecho y las avalanchas de Ceuta y Melilla, se había convertido en la única nación dispuesta a recibir en sus puertos los barcos de las organizaciones no gubernamentales. No hubo que esperar mucho tiempo. Primero fue, en el último día del mes de junio, un barco de la ONG española Proactiva Open Arms con 59 emigrantes a bordo el que cursó su petición de salvamento marítimo. Llamada que fue atendida inmediatamente por Ada Colau, que se apresuraba así a reclamar su derecho a participar en la fiesta humanitaria y su cuota de gloria. Sánchez señaló a Barcelona como puerto de acogida.

Más tarde, a mediados del mes de julio, esta misma ONG pidió a las autoridades españolas permiso para desembarcar en un puerto español a una mujer rescatada junto a los cadáveres de otra y de un niño. En esta ocasión Open Arms apeló directamente a España, sin molestarse en acudir previamente a Italia y a Malta, alegando que no eran puertos seguros. Bien es verdad que Francina Armengol, al ser de la tribu de Sánchez y al no querer ser menos que Colau y Ximo Puig, había ofrecido los puertos de Baleares para el desembarco, desembarco que se produjo finalmente en Mallorca.

Da la impresión de que esta ONG había tomado la medida al Gobierno español, porque en los primeros diez días del mes de agosto, después de rescatar a 87 emigrantes en aguas libias, el buque, por su cuenta, puso rumbo a España, obviando pedir autorización para recalar, como era su obligación, en los puertos italianos y en los tunecinos que eran los más próximos. El Gobierno español, según las protestas de la ONG, tardó cuatro días en contestar y derivó el barco a San Roque (Algeciras), pese a que Proactiva había pedido atracar en Palma, Barcelona o Valencia. La decisión del Gobierno incluía también la negativa a ofrecer los privilegios de acogida que venía concediendo a los barcos anteriores y que constituían una clara discriminación con respecto a los miles de inmigrantes que entraban cada semana por Andalucía, Ceuta o Melilla. Cuando las cosas se hacen mal y por puro postureo, es difícil corregir un desaguisado sin crear otro y así la ONG Proactiva Open Arms puso el grito en el cielo con lo que consideraba ahora un agravio comparativo en el trato dado a estos inmigrantes con respecto a los anteriores.

No se había apagado aún la polémica del barco desembarcado en Algeciras, cuando se inició la tragicomedia del segundo Aquarius. Tragedia por parte de los emigrantes; comedia, principalmente por la de las autoridades españolas. El Aquarius, con 141 emigrantes a bordo, pedía de nuevo puerto seguro para desembarcar. Todas las miradas, como era lógico dados los antecedentes, se dirigieron a España. El Gobierno español en su laberinto, laberinto que él mismo se había fabricado, durante varios días dio la callada por respuesta, para terminar contestando que los puertos españoles no eran puertos seguros por no ser los más cercanos. La respuesta se prestaba a la hilaridad, como si en los casos de los barcos anteriores los puertos españoles hubiesen sido los más cercanos.

Para que la comedia, más bien la farsa, estuviese completa, Torra, cual esperpento, sale a la palestra ofreciendo tres puertos catalanes de poca monta, aquellos que están transferidos a la Generalitat. Con ello ha puesto a Sánchez frente al espejo, uno de aquellos que se encontraban en el Callejón del gato valleinclanesco. Determinados gestos no solo no tienen ningún valor, sino que pueden tenerlo negativo. Se puede ser xenófobo y aparecer como humanitario siempre que sea con el dinero y los medios ajenos. Torra es perfectamente consciente de que las cuestiones de inmigración y de fronteras son competencias exclusivas estatales. Pero a él le importa poco la realidad, sino más bien las apariencias y el postureo. En eso no se diferencia mucho del presidente del Gobierno.

Para culminar la comedia y a los pocos días de su negativa a hacerse cargo del segundo Aquarius, Sánchez se declaró muñidor del acuerdo adoptado entre varios Estados (Alemania, Francia, España, Portugal, Luxemburgo y Malta) para dar solución al problema de los 141 rescatados por el barco de las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée. «España ha coordinado un acuerdo pionero con seis países para distribuir la acogida de las personas del Aquarius». El caso es presentarse como protagonista y usar el botafumeiro. El ridículo se produjo cuando Macron hizo público que el acuerdo partió de una iniciativa franco-maltesa, dio las gracias a Malta por su gesto humanitario y no mencionó en absoluto a España. Poco después era Malta la que confirmaba la tesis de Francia y elogiaba la función de intermediación de las autoridades europeas sin acordarse mínimamente ni de Sánchez ni de España. En fin, todo un sainete.

Aun cuando algún diario se ha deshecho en alabanzas respecto al acuerdo, lo cierto es que no deja de ser un parche que muestra la extrema debilidad de la Unión Europea. El acuerdo, por no ser, no es ni siquiera original. La solución adoptada se basa en la que se dio en su día al Lifeline, un barco de la ONG alemana Seenotrettung que a finales de junio tuvo que esperar seis días a que Malta le permitiese atracar con 238 personas a bordo y tan solo después de que ocho países se pusiesen de acuerdo para recoger a parte de los emigrantes. En este tema, como en otros muchos, la incapacidad de la Unión Europea es evidente. Se limita a ir de remiendo en remiendo, en una huida hacia adelante, sin enfrentarse en serio con los problemas.

El Gobierno español, como de costumbre, cae en el triunfalismo. Se pone orejeras y pinta la realidad a su antojo y conveniencia. En el colmo del delirio, continúa afirmando que su gesto de junio con el Aquarius ha sido el detonante que ha obligado a Europa a enfrentarse con el problema. Pero el detonante ha sido más bien la negativa de Italia a admitir en sus puertos a los barcos de las ONG cargados de emigrantes, y la postura española lo único que ha hecho ha sido retrasar el planteamiento del conflicto; al igual que el acuerdo actual con el Aquarius II consiste tan solo en tirar balones fuera, para tener que replantearse la cuestión en la próxima ocasión, que ya se ha presentado. Resulta un tanto sorprendente que teniendo España un gran problema migratorio en sus costas, el Gobierno se adentre y se entrometa en los problemas que se producen en la otra punta del Mediterráneo.

En el artículo del 21 de junio señalaba yo el cabreo que debía de tener la presidenta de la Junta de Andalucía al contemplar la comedia que se montaba en Valencia con el Aquarius, cuando a las costas andaluzas llegaban en un solo día un número igual o mayor de inmigrantes que los que transportaba el barco, sin que se le diese ningún bombo, y sin el trato privilegiado que se concedía a los ocupantes del Aquarius. El malestar ha debido ir en aumento, apropiarse de toda Andalucía y extenderse a Ceuta y a Melilla, cuando prosiguieron los desembarcos, incluso señalando como destino de uno de ellos, Algeciras (como si esta ciudad no tuviese ya bastante con las pateras que llegan a sus costas) y, sobre todo, cuando el Gobierno central, tan preocupado de su imagen internacional y de sus operaciones de marketing, se niega a facilitar fondos y recursos para paliar los problemas de la inmigración en el sur de la península.

La irritación de la Junta de Andalucía seguramente ha crecido en intensidad ante el fracaso de la reunión que las Comunidades Autónomas celebraron con el propósito de repartir los inmigrantes menores no acompañados que se agolpan en el sur de España carentes de las instalaciones y los medios necesarios. Parece ser que la solidaridad y la humanidad tan publicitadas por algunos solo es efectiva cuando sirve como propaganda, puesto que la reunión terminó sin resultados y sin que el Gobierno central impusiese la necesaria distribución. Curiosamente se repitió la situación de desencuentro europeo. Si es grave que los países miembros de la Unión Europea no se pongan de acuerdo en el tema de la inmigración, resulta mucho más grave y sin duda incomprensible que no lo hagan las Comunidades Autónomas de un mismo país. No deja de ser paradójico que Sánchez se disfrace de hombre de Estado y se jacte de solucionar el problema migratorio de la Unión Europea cuando es incapaz no de solucionar sino siquiera de dar un paso en los retos que este mismo fenómeno genera en España.

La demagogia siempre es inadmisible, pero mucho más cuando se juega con la miseria y la precariedad de los emigrantes. Los desafíos que la inmigración plantea tanto a Europa como a España son sumamente complejos y no se pueden afrontar desde la frivolidad o desde el buenismo, sobre todo cuando los que se utilizan son los recursos o el bienestar de los demás. Resulta imprescindible considerar los parámetros económicos implicados, y considerarlos con objetividad, con realismo, prescindiendo de todo voluntarismo. Me propongo hablar de ello en un nuevo artículo, tal vez la próxima semana.

republica.com 24-8-2018



LA LEVEDAD DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO POPULISTA

PSOE Posted on Jue, agosto 02, 2018 19:40:38

Después de mes y medio sin hacer acto de presencia -aún no ha dado ni una rueda de prensa-, el presidente del Gobierno compareció en el Congreso no se sabe muy bien para qué. En teoría, para presentar su programa de gobierno, lo que debía haber hecho y no hizo en la moción de censura. Su discurso, excepto repetir algunas medidas anunciadas ya por sus ministros, se limitó a prometer la elaboración de planes, muchos planes, uno por cada problema, que es algo así como la promesa de constituir comisiones. Anunciar la elaboración de planes o la creación de comisiones no compromete nada, es tirar balones fuera, tan largo me lo fiais.

Y es que Pedro Sánchez no va a poder cumplir casi nada de lo que prometa. Él es consciente de que, como adelantó Rubalcaba, preside un gobierno Frankenstein, no tanto por su composición, que también, sino por los apoyos que tiene en el Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez se asienta sobre un pecado original, haber llegado a la Moncloa con el voto de los golpistas, pecado que le perseguirá a lo largo de todo su mandato y estará detrás de todas las medidas que adopte.

Una pregunta le acosará siempre: ¿Cuáles fueron las promesas que hizo para que le apoyasen los secesionistas? Y aunque los ofrecimientos no se explicitasen, ¿qué esperaban y esperan obtener? Nadie puede creer que el PDeCat, después de 40 años de practicar el tres por ciento, votase al PSOE en la moción de censura por repulsa a la corrupción del PP. El otro día en las Cortes el PP y Ciudadanos se lo dijeron claramente en su intervención y, lo que fue aún más elocuente, los independentistas tampoco dejaron lugar a dudas. Que no se llame a engaño, le advirtieron, sin ellos no puede dar un paso, los va a necesitar para cada medida que quiera aprobar. Y al tiempo, le comunicaron el precio.

Pedro Sánchez es consciente de que se mueve en el alambre y de que deberá hacer malabarismos para conseguir cualquier acuerdo en el Parlamento. Pero, en realidad, a él esta dificultad no le resulta demasiado relevante. Lo único que le interesa es mantenerse en el gobierno. Si no le ha importado llegar a la Moncloa con el apoyo de los golpistas, menos le va a importar si puede o no puede cumplir sus promesas o el precio que tenga que pagar en ese intento. Por ello, todo su programa consiste en la elaboración de planes, que no cuestan nada, amén de guiños, de gestos y de medidas-parche, que seguramente no conseguirá aprobar.

La doctrina socialdemócrata es un sistema coherente en el que cada parte remite a la otra y la complementa. Todo está perfectamente trabado por una teoría política (la del Estado social frente a la del Estado liberal) y económica (el keynesianismo frente al teoría clásica). Se puede estar de acuerdo o no con sus postulados, pero no se puede negar su consistencia. Sin embargo, la globalización, y aún más la Unión Monetaria, hace casi imposible en los momentos presentes su aplicación. Por eso los partidos socialdemócratas cuando en la actualidad gobiernan terminan o bien aplicando la política de la derecha o bien caen en el populismo. El populismo, se diferencia radicalmente de la socialdemocracia. Carece de toda coherencia y sistematización. Normalmente consiste en un haz de medidas sueltas y a veces contradictorias, escogidas más por el hecho de ser populares y caras a la masa que por los resultados que se vayan a obtener, con frecuencia los contrarios a los perseguidos. Esa es la razón por la que a veces aparece como de derechas y otras como de izquierdas.

Pedro Sánchez, dado el origen de su Gobierno y sus ochenta y cuatro diputados, está incapacitado con mas razon para plantear un programa socialdemócrata, en cuyos principios básicos se incluye la igualdad de todos los ciudadanos sea cual sea el territorio al que pertenezcan. Todo lo más puede ser un programa populista, y eso en teoría, porque en la práctica tendrá muy difícil aprobar sus medidas-parche. Una buena prueba de todo ello es lo que hasta ahora ha esbozado en materia fiscal, pieza esencial en un programa auténticamente socialdemócrata.

Pedro Sánchez, aun cuando conoce que la presión fiscal en España está más de seis puntos por debajo de la media de la de la Unión Europea, renuncia a toda reforma fiscal, y echa mano de ocurrencias, que no tienen demasiada lógica, y que desde luego no solucionan ni el problema de la insuficiencia recaudatoria ni la falta de progresividad impositiva, pero que son populares por el tipo de colectivos a los que supuestamente se van a aplicar. El problema se complica porque no parece que en todo el equipo de Sánchez haya quien sepa algo de política fiscal y por eso se transmiten las cosas más peregrinas, como el apaño que pretenden hacer en el impuesto de sociedades.

La señora ministra de Hacienda ha reiterado que la medida va contra las grandes empresas, no contra las pequeñas ni contra los autónomos. Malamente puede afectar a estos últimos, cuanto no están sujetos al impuesto de sociedades sino al IRPF. La ministra ha afirmado también que a las empresas grandes se las va a gravar con un tipo impositivo mínimo del 15%. Cosa exótica esa de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades. Ni mínimo, ni máximo, ya que es un tributo en que el tipo debe ser único, proporcional. En los momentos actuales, del 25%. La progresividad tiene tan solo sentido en la tributación de las personas físicas. Bien es verdad que, en estos tiempos de rebajas, se han establecido para determinados grupos de sociedades unos tipos reducidos: 20% para las cooperativas, 15% durante dos años para las sociedades de nueva creación, 10% para asociaciones y fundaciones, y 1% para las sociedades de inversión… Pero, en fin, no creo yo que lo que esté proponiendo el Gobierno sea conceder un tipo reducido a las multinacionales.

A lo que la ministra quería referirse no era a un tipo mínimo (el tipo continuará siendo, como es lógico, el general del 25%), sino una tributación mínima. Es decir, que sea cual sea el resultado de la declaración tendrán que pagar al menos el 15% de tipo efectivo, lo que va a ser difícil de justificar y sobre todo de instrumentar de una manera coherente, sin que se produzcan efectos perniciosos contrarios a los que se persiguen. El tipo efectivo no se fija a priori, sino que es el que resulta para cada sociedad después de aplicar el general del 25% y de haberse deducido todos los beneficios fiscales.

El problema es que las distintas reformas, especialmente las acometidas en tiempos de Zapatero, a base de exenciones, deducciones y desgravaciones han dejado convertido el impuesto de sociedades en un queso gruyère. En los casos más escandalosos, habitualmente de grandes empresas, el tipo efectivo se sitúa en el 3 o 4%. Es indudable que la situación debe ser corregida, pero no a base de procedimientos extraños contrarios a la naturaleza del impuesto, sino eliminando con carácter general muchos de los gastos fiscales que vacían de contenido el gravamen. Estas eliminaciones afectarán a unas sociedades más y a otras menos (sin ninguna diferenciación a priori, sean grandes o pequeñas), según se estén lucrando en mayor o menor medida de los beneficios fiscales.

Diferenciar entre sociedades grandes y pequeñas es otro tic populista. Se supone que el «pueblo» considera totalmente justificado subir el gravamen a las grandes, pero no a las pequeñas. Se identifica indebidamente grande con rico y pequeño con pobre, pero en las sociedades no tiene por qué ser así, el tamaño no es sin más, señal de prosperidad y de grandes beneficios. Otra cosa son las retribuciones de los administradores o de los ejecutivos, pero estos no tributan por sociedades sino por el IRPF. Por otra parte, ¿cuál debería ser la variable a considerar como representativa del tamaño?, ¿sus ventas?, ¿el valor añadido?, ¿los beneficios? Según al sector al que pertenezcan habrá empresas en las que las ventas serán casi en su totalidad valor añadido, y habrá otras por el contrario en las que este será una parte muy pequeña de la cifra de negocios.

Por último, sea cual sea la magnitud elegida, fijar cualquier cantidad para establecer la división es pura arbitrariedad. ¿Por qué X y no X+Y? Con toda probabilidad se producirá un error de salto; algo que todo experto tributario sabe que debe evitarse de forma radical en cualquier medida fiscal y, sin embargo, a pesar de ello últimamente acontece con demasiada frecuencia. Supongamos que sean las ventas la magnitud elegida y X el límite establecido para caer de uno o de otro lado. Se daría el absurdo de que una sociedad al vender un euro más de los X estaría obligada a pagar a Hacienda miles de euros más. Aunque parezca increíble, esto ya ocurre, por ejemplo, con la pensión de un dependiente respecto a la declaración de renta de la persona que lo tiene a su cargo.

Lo que se pretende hacer es tan alambicado que la señora ministra no ha tenido más remedio que mantener al director general de Tributos del anterior equipo a ver si la sacaba del aprieto, y eso después de que había fichado ya por Ernst&Young. Habrá que hablar un día de las puertas giratorias, de los políticos, pero también de los altos funcionarios del Estado: inspectores, abogados del Estado, ingenieros de obras públicas, interventores, técnicos comerciales del Estado, etc. En fin, volviendo a nuestro tema hay que ver qué pastel sale al final, si a gusto de Sánchez o de Ernst&Young.

El sistema fiscal constituye una pieza clave del Estado Social, pero por lo mismo también una de las partes más elaboradas de la teoría socialdemócrata. Se fundamenta en una estructura robusta de impuestos directos (IRPF, sociedades, patrimonio y sucesiones y donaciones), entrelazadas de manera coherente y que se complementan. El tronco central es sin duda el IRPF, que en teoría debería gravar con una tarifa progresiva la renta global, incluyendo todas las fuentes de cada uno de los contribuyentes, y considerando todas sus circunstancias personales. Los impuestos de patrimonio y sucesiones perfeccionan al IRPF haciendo más difícil la evasión y dificultan la acumulación de la renta y la riqueza, y el impuesto de sociedades, por su parte, impide que el gravamen sobre los ingresos personales se dilate en el tiempo al estancarlos en las corporaciones.

Pues bien, desde el año 1987 este andamiaje es el que se ha venido desmantelando poco apoco en España y me atrevo a decir que, aunque en menor medida, también en otros países. El IRPF ha dejado de ser un impuesto personal, puesto que no se grava de manera global la totalidad de la renta. Se emplean dos tarifas, una para los ingresos de capital, más reducida, y la general que se aplica al resto de las rentas. Además, al no cumplirse la acumulación de todos los ingresos en una única tarifa, la progresividad, como es lógico, es mucho más reducida. Todo ello sin contar con que la tarifa general ha ido sufriendo en distintos momentos reducciones sucesivas. Los tramos han pasado de 36 a 5 y el tipo marginal máximo del 65 al 45 %. Los impuestos de sucesiones y de patrimonio se cedieron a las Comunidades Autónomas que, desde el primer momento, entraron en competición para ver quién reducía más los gravámenes hasta que en la práctica casi han desaparecido; y ya hemos visto en qué ha quedado convertido el impuesto de sociedades, que tras reducir el tipo nominal del 35 al 25 se ha dado ocasión para que los distintos beneficios fiscales lo vacíen de contenido.

A nada de todo esto tiene intención de enfrentarse Pedro Sánchez, como tampoco la tuvo Rodríguez Zapatero. Todo lo contrario, eliminó el impuesto de patrimonio, colaboró al desarme de la progresividad en el IRPF y fueron sus gobiernos los que en buena medida contribuyeron a que el tipo efectivo medio del impuesto de sociedades se aproximase peligrosamente a cero. Sin embargo, todo programa socialdemócrata que pretenda serlo y el mantenimiento de lo que se llama vulgarmente economía del bienestar pasan forzosamente por la corrección y reforma del sistema fiscal siguiendo los parámetros anteriores. Miente quien se presente como el apóstol del Estado social y afirme que lo va a mantener y a incrementar a base de ocurrencias, gestos y medidas-parche más o menos populistas.

El Estado social tampoco se puede sostener acudiendo al incremento del déficit del sector público. Desde hace más de treinta años he venido combatiendo el santo temor al déficit de Echegaray y al dogmatismo de los que hacían una religión del presupuesto equilibrado. Pero antes no estábamos en la Unión Monetaria. Las circunstancias han cambiado sustancialmente, el endeudamiento público alcanza el 100% del PIB, porcentaje al que nunca nos habíamos ni siquiera acercado; además, gran parte de él es también exterior, lo que complica la situación especialmente, y esta es la razón de mayor peso cuando no controlamos nuestra propia moneda y dependemos de los mercados y del BCE.

En las circunstancias actuales, cualquier laxitud en el control de la estabilidad, tal como ha propuesto Pedro Sánchez, es una irresponsabilidad y constituye una huida de la verdadera solución que es el incremento sustancial de la presión fiscal. Ahora bien, esta medida es muy poco popular, sobre todo si no se limita a las grandes fortunas y a las multinacionales, y Pedro Sánchez, todo lo más, quiere aplicar (quizas no le queda otro remedio) una política popular, populista y además de una gran levedad.

republica.com 27-7-2018



ACUARIUS: SIENTE UN POBRE A SU MESA

PSOE Posted on Lun, junio 25, 2018 23:47:27

Allá por los años cincuenta el régimen franquista lanzó una campaña tendente a promover la caridad cristiana en Navidad. Se eligió el eslogan “Siente un pobre a su mesa”, eslogan que más tarde fue adoptado por Berlanga para dar título a una de sus mejores películas, orientada precisamente a denunciar la hipocresía que se ocultaba tras esta operación, cuya finalidad quedaba reducida a lavar la mala conciencia de la burguesía. En especial, resulta ilustrativo el papel que asume en el film Ollas Cocinex, el patrocinador, que emplea la campaña como instrumento de marketing y publicidad comercial. La censura del régimen prohibió el título de la película, que finalmente tuvo que tomar el nombre de uno de los protagonistas, “Plácido”, nombre con el que casi gana el óscar a la mejor película en lengua no inglesa y con el que ahora la conocemos.

Después de tantos años el film mantiene su vigencia, al constituirse en una denuncia permanente de bastantes de esos programas que, bajo el disfraz de piedad y conmiseración, aprovechan la mala conciencia y la sensibilidad popular, y explotan la pobreza con objetivos comerciales y publicitarios. La beneficencia a menudo resulta sospechosa. Bien es verdad que en la mayoría de los casos cuesta criticar actos aparentemente cargados de humanidad y que tienen como resultado disminuir el dolor y el sufrimiento de personas concretas, pero ello no puede ser excusa para silenciar la doblez y la hipocresía que animan determinadas actitudes e iniciativas.

Cómo no rememorar la película de Berlanga ante la utilización de las imágenes del Acuarius en la campaña publicitaria organizada por Benetton. ¿Pero acaso hay tanta diferencia ente los que buscan una rentabilidad económica y una rentabilidad política? El espectáculo orquestado por Pedro Sánchez alrededor del Acuarius y sus 630 inmigrantes tiene cierto tufillo a oportunismo. Resulta difícil no encuadrarlo en ese tinglado publicitario que ha creado desde que llegó al poder, repleto de gestos, símbolos y ocurrencias, todo ello dirigido a la propaganda y al reclamo político y a obtener en los próximos comicios mejores resultados. Un gobierno folclórico, que ha tardado una semana en mostrar las primeras lacras y que promete días gloriosos. Esa finalidad de rédito político y electoral no puede por menos que intuirse al constatar el circo montado alrededor de la llegada de los barcos, con la vicepresidenta del Gobierno, seis ministros, el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat valenciana y no se sabe cuántos alcaldes al retortero, amén de todos aquellos políticos que de una u otra forma se han subido al carro, seguros de obtener ventajas políticas.

Ante la comisión de seguimiento constituida con la participación de los seis ministerios implicados y de la Generalitat valenciana; ante las múltiples comparecencias de prensa, algunas de ellas solemnes como la de Carmen Calvo y Ximo Puig; ante los múltiples preparativos y el empeño y el esmero adoptados en que no se produzca el menor error y desliz; ante la expectación creada por la llegada a puerto, retransmitida en un maratón en directo por Radio Nacional, cabría deducir que los 630 pasajeros del Acuarius son los primeros inmigrantes que llegan a territorio español. Sin embargo, cada semana arriba a las costas españolas un porcentaje similar o mayor que los que transporta el Acuarius, sin que se monte ningún fasto.

Aun cuando no lo demuestre, se comprende el cabreo que debe de tener la presidenta de la Junta de Andalucía. No ha tenido más remedio que apoyar el gesto del presidente del Gobierno, pero ha dejado caer que Andalucía también existe y que lo que se celebra como un hecho humanitario, transcendental y único, y por el que se echan todas las campanas al vuelo en Valencia, está ocurriendo en las costas del Sur de España a diario. El mismo fin de semana que Italia se negaba a admitir a los inmigrantes del Acuarius, eran rescatadas frente al litoral andaluz 550 personas, a pesar de lo cual siete resultaron ahogadas; y al mismo tiempo que se producía la travesía hasta Valencia, mil irregulares eran recogidos en el Estrecho. En lo que va de año, Andalucía ha recibido 286 pateras con 7.128 inmigrantes, de los que 1.350 eran niños, y muchos de ellos viajaban sin sus padres. Este es el día a día de Andalucía. Sin fiesta, sin Navidad. A estos inmigrantes no los recibe la vicepresidenta del Gobierno, ni hay comisión de seis ministerios creada al efecto, ni salen por televisión, excepto cuando se ahogan. Los del Acuarius son los pobres que sienta a la mesa Pedro Sánchez, los que como en la película Plácido, nos hacen sentir buenos. En este caso, incluso mejores que los italianos y que los gobiernos conservadores. Los otros, los que no pertenecen a la campaña de Navidad, que se lo monten como puedan.

El gesto de Pedro Sánchez tiene mucho de folclore, de teatro, de exhibición, de campaña publicitaria, de rédito electoral; incluso de ocurrencia, sin reflexión y sin medir las consecuencias, porque las preguntas se acumulan: los barcos van a continuar llegando a Italia, ¿qué va a hacer España, seguirá recibiendo a todas aquellas naves que Italia u otros países se nieguen a aceptar? ¿Qué régimen jurídico se va a aplicar a los inmigrantes del Acuarius? ¿Se les va a conceder la condición de refugiados a todos? ¿Se les otorgará un tratamiento mejor que al resto de inmigrantes? ¿Se les recluirá en un centro de internamiento de extranjeros con la posibilidad después de tantas algaradas de ser deportados a su país? Cada media hora se han emitido opiniones diferentes. Y cada interlocutor ha mantenido una tesis distinta. Lo que no es extraño si consideramos las contradicciones en las que se incurre cuando se adopta una decisión tan precipitada y guiada exclusivamente por el marketing político a corto plazo.

Desde el exterior se ha alabado el gesto de España; no puede ser de otra manera. A nadie le gusta quedar como insensible e insolidario. Pero ¿estamos seguros de que la actitud adoptada por el Gobierno español va a colaborar positivamente a solucionar el enorme problema de las migraciones a nivel europeo? Y, sobre todo, después de este gesto de arrogancia, ¿va a quedar España en mejor postura de cara a la próxima cumbre para defender sus intereses en esta materia?

Las migraciones no son un problema de fácil solución, ni admiten posturas simples y demagógicas. Por supuesto, una vez más, la Unión Europea es incapaz de dar una respuesta coordinada; no suele hacerlo en casi ninguna materia, tal como se ha demostrado, por ejemplo, en los últimos tiempos en el campo judicial. No obstante, hay que reconocer que la inmigración es un terreno especialmente complejo, donde confluyen las contradicciones del sistema capitalista y del Estado social, porque si realmente el Estado quiere ser social y garantizar el bienestar de sus ciudadanos no tiene más remedio que poner límites a la solidaridad con los extranjeros.

Hoy, en toda Europa, el tema de la inmigración está retando a los políticos y poniendo en aprietos en especial a los partidos de izquierdas que ven cómo sus votantes se desplazan paradójicamente a formaciones a las que se califica de populistas o de ultraderecha, pero que han sabido entender y manejar el miedo al fenómeno migratorio de una amplia capa de la población, la de aquellos que pueden sufrir sus consecuencias, por encontrarse en situaciones más precarias. Frente a ello no vale esgrimir descalificaciones morales y negar el problema. La oposición de intereses existe. Todos los ciudadanos no se encuentran en la misma situación. Hay una gran parte, a los que la inmigración no les genera ninguna incomodidad, y pueden adoptar sin coste alguno posturas humanitarias y magnánimas. Incluso, en ocasiones, el balance puede ser positivo, por ejemplo, muchos empresarios pueden encontrar en la llegada de inmigrantes una fuerza de trabajo barata que como ejército de reserva tire hacia abajo de los salarios y empeore las condiciones laborales. Una alternativa a la deslocalización empresarial.

El hecho de que en España hasta ahora no hayan surgido partidos xenófobos no significa que entre amplias capas de la población no surjan descontentos y agravios que pueden estallar en cualquier momento. En ciertos ámbitos es fácil ser progresista y presumir de compasivo y piadoso. La inmigración no constituye ningún problema para los que vivimos en Pozuelo, Aravaca, Galapagar, la Moncloa o el barrio de Salamanca. Allí no se ven inmigrantes más que en el servicio doméstico, o en la hostelería, y desde luego no compiten en ningún aspecto con sus residentes. Cosa bien distinta ocurre para los que habitan en barrios más populares en los que mayoritariamente se asientan los inmigrantes. El hacinamiento en pisos y sus costumbres, propias de otras culturas, pueden crear más de un problema a los otros vecinos. Por más generosos que sean estos, es posible que vean con recelo cómo muchos extranjeros, al tener condiciones económicas más precarias que las suyas, acaparan las plazas en las guarderías y en los colegios públicos. Se sentirán también desplazados en las becas y en los servicios sociales. Muchos de los que se encuentran en paro no podrán por menos que pensar que los inmigrantes son los causantes en cierta medida de que no encuentren empleo. Otros, aun cuando posean un puesto de trabajo, especularán tal vez acerca de que su salario y sus condiciones laborales son bastante peores dado que los inmigrantes han hecho posible la precarización del mercado laboral.

Amplias capas de la población que tienen que luchar contra largas listas de espera de muchos meses en tratamientos o pruebas médicas puede ser que vean con prevención la ampliación de la población asistida, en especial cuando no va acompañada del incremento de los recursos destinados a esta prestación. La situación por supuesto es muy distinta (y podemos, por lo tanto, adoptar posturas más altruistas) para los que pertenecemos al grupo cada vez más numeroso que contamos con sanidad privada y pública y podemos jugar con una o con otra según nos convenga.

Todo ello es real y entra dentro de lo “humano, demasiado humano” y no vale negar los hechos con argumentos falaces. Desde esas posiciones relajadas y de comodidad económica se mantiene a menudo que los inmigrantes ocupan los puestos de trabajo que no quieren los nacionales. No es totalmente cierto. Es posible que no los quieran los españoles con esas condiciones laborales, que tan solo son posibles porque hay emigrantes dispuestos a aceptarlas. Se dice que los inmigrantes vienen a cuidar de nuestros hijos y ancianos, lo que es verdad para determinadas clases sociales; pero para otras, las que precisamente trabajan en el servicio doméstico, en el cuidado de enfermos y de dependientes, en la hostelería, en la construcción y en otros muchos servicios, la visión que tienen de los inmigrantes es más bien de competidores. Incluso el antagonismo y el enfrentamiento de intereses se puede establecer y quizás en primer término entre los inmigrantes ya establecidos en España y los que puedan llegar en el futuro. Por supuesto que todo sería más claro si no hubiese paro. Es más, la inmigración podría ser una solución para el tan cacareado déficit demográfico, pero con tres millones y medio de desempleados todos estos argumentos hacen aguas.

En cualquier caso, el problema de la migración es lo suficientemente grave y complejo para que no se use con fines propagandísticos de ningún tipo ni se utilice demagógicamente. La literatura universal ha recogido con frecuencia los dilemas éticos que plantea, que no son nada fáciles de resolver. Ya a finales del siglo XIX, Zola, en una de sus mejores novelas, “Germinal”, recoge el conflicto que se establece entre los mineros de Montsou, quienes, ante la vida de miseria y explotación a la que se ven sometidos, se han puesto en huelga, y los trabajadores belgas, cuya pobreza será seguramente mayor, ya que están en paro, y que la dirección de la mina trae a Francia para ocupar el puesto de los huelguistas. Es evidente que del final de la novela se deduce que los únicos beneficiados de esta importación de mano de obra son los dueños de las minas.

republica.com 22-6-2018



LOS PRESUPUESTOS Y EL NUEVO GOBIERNO

PSOE Posted on Mar, junio 19, 2018 12:37:19

¡Vae victis!, ¡Ay de los vencidos!, clamó el jefe galo después de haber sitiado y vencido a la ciudad de Roma o, visto desde la otra orilla, “La historia la escriben los vencedores”, afirmó Orwell en 1944. Viene esto a cuento del giro de 180 grados practicado por los altavoces mediáticos, articulistas, comentaristas y tertulianos. Todos son alabanzas y loas a Pedro Sánchez y al nuevo Gobierno, lo que contrasta de forma radical con lo que se decía antes de la moción de censura. Ahora que somos tan proclives a resucitar los tuits o a tirar de hemeroteca, muchos se sonrojarían si comparásemos sus opiniones de ahora con las de antaño, especialmente con las de hace dos años, ante el intento abortado de Pedro Sánchez de formar un gobierno Frankenstein. Es evidente que en política el éxito lo tapa todo y el fin justifica los medios. A pesar de ello, extraña el uso tan desmedido del botafumeiro, alabando todos y cada uno de los nombramientos realizados.

Se ha dicho que la formación de este Gobierno está llena de simbolismo y de guiños. Los guiños pueden ser tics nerviosos y, además, suelen desfigurar la cara y afean; y los símbolos remiten a lo simbolizado, pero nunca pueden sustituirlo y me temo que aquí todo quede en los símbolos, en gestos, en publicidad y propaganda. Ser ministro para que lo identifiquen a uno con un guiño resulta, como poco, humillante. Se afirma que es un gobierno feminista, lo que no sé si es bueno o es malo. Sería bueno si lo de las once mujeres y los seis hombres hubiera surgido de forma natural al escoger a los más capacitados, pero cuando uno se jacta de formar un gobierno feminista hay que pensar que esa proporción o desproporción se ha hecho a propósito, que se ha buscado expresamente (y cabría añadir que con una finalidad electoral), con lo que ya no se sabe si cada una de las once mujeres está ahí por sus méritos o por el hecho de ser mujer, y resulta inevitable preguntarse si con los mismos méritos pero siendo hombres hubiesen sido designados.

Se afirma también que es un gobierno muy sólido. Yo lo veo un poco folclórico, con astronauta, farándula y cese incorporados, un gobierno zapateril, con parecidas ocurrencias. Dios nos libre de que repita los mismos errores; parece que hay uno al menos que Sánchez no ha cometido, que es el de pretender ganarse el voto de la juventud nombrando ministro a una criaturita que se encontrase al comienzo de su carrera. La edad media de este Gobierno debe ser considerablemente superior, lo que al menos permite que, al margen de cualquier otra consideración, la mayoría de los nombrados tengan experiencia en cargos públicos.

Lo que tampoco comparto es que sea un gobierno más técnico que político. Salvo algunas excepciones, todos los currícula vitae, mejores o peores, remiten en su gran mayoría a cargos y puestos políticos. No es de extrañar ni puede ser de otra forma cuando la actividad política se ha convertido en una profesión y no de las mejores ni de las más apetecibles, pero los que se dedican a ella lo hacen desde muy temprana edad, en el mejor de los casos nada más terminar la carrera. No sé si es malo o bueno, pero es un hecho que invalida ese discurso tan extendido de reclamarse técnico, incluso algunos llegan a autodenominarse apolíticos.

En este sentido, cuando se trata de currículos políticos no resulta fácil valorarlos. Pienso en todo caso que en esta ocasión más bien se encuentran dentro de la media, al margen de esa excelencia con que los han calificado algunos medios. Veremos los resultados cuando pasemos de las musas al teatro. Quizas haya que detenerse en los títulos que ostenta la recién nombrada ministra de Hacienda: licenciada en medicina y cirugía y con un máster (hoy en día todo el mundo tiene un máster) en gestión hospitalaria, que no parecen los más adecuados para regir el ministerio de Hacienda, aun cuando haya elaborado varios años el presupuesto en la Junta de Andalucía. Ni siquiera posee un gran ascendiente político dentro del PSOE que pudiera compensar el déficit anterior. Pero, con todo, lo más grave es que se ha traído de Andalucía a las secretarias de Estado y a la subsecretaria, con lo que van a llenar el ministerio de técnicos de gestión hospitalaria o de diplomados laborales, y van a caer como astronautas en sus nuevos destinos. Está visto que este Gobierno va a ser el de los astronautas, y no precisamente por Duque. Pobres de los funcionarios a los que les toque enseñarles.

Y es que tal vez quien ha diseñado el Gobierno no es consciente de la relevancia de cada uno de los departamentos ministeriales, y ha infravalorado claramente el de Hacienda, cuando será seguramente más importante incluso que el de Economía, ya que de su buen funcionamiento va a depender en gran medida el fracaso o el éxito del Gobierno. Sin embargo, Pedro Sánchez se ha empeñado, siguiendo los pasos de Zapatero o los consejos de ese asesor áulico que se ha agenciado y que tampoco debe saber nada de la Administración, en recuperar ministerios sin apenas contenido. Una cosa es la relevancia y la dedicación que el Gobierno quiera dar a ciertas materias y otra que para ello haya que hacer guiños creando ministerios que se encontrarán, como ocurrió en la época de Zapatero con los de Igualdad y de Cultura, sin apenas contenido, y convertidos en poco más que algunas direcciones generales. Incluso los de Educación, Sanidad, Agricultura, etc., ministerios cuyas competencias en buena medida están transferidas a las Autonomías, no deberían desde luego desaparecer, pero sí podrían muy bien estar subsumidos en otros.

Mención especial merece el Ministerio de Igualdad por el grado de demagogia que siempre comporta y el mucho oportunismo electoral que conlleva. Digamos antes de nada que hace referencia tan solo a la lucha contra un tipo de discriminación, la de género, que sin duda puede ser importante, pero no más que la desigualdad entre clases y estratos sociales. Pero es que, además, la trascendencia de una idea o de un objetivo no se mide por la creación de un ministerio, sino porque informa toda la acción política. Se dice que cuando no se sabe o no se quiere resolver un problema se crea una comisión al efecto; algunos crean ministerios. La libertad, la igualdad, la democracia, pueden ser principios fundamentales e ideas fuerza de un Estado, pero por eso mismo deben estar presentes en todas las actuaciones de los poderes públicos sin necesidad de crear un ministerio de la libertad o de la democracia.

En fin, con tantos guiños, gesticulaciones y marketing los ministerios han pasado de trece a diecisiete. Y no es esto lo más preocupante, sino que toda la Administración se ha barajado como si se tratase de un paquete de naipes, sin considerar la parálisis administrativa que durante largo tiempo comportará y el dinero que se dilapidará inútilmente. El 24 de noviembre de 2011, con motivo del relevo del Ejecutivo de Zapatero por el de Rajoy, escribí en este mismo diario digital un artículo titulado «Ante un nuevo Gobierno». Me refería en él (hace más de seis años) a la tentación que acecha a los políticos, cuando comienzan a gobernar, de cambiar toda la organización administrativa sin reparar en los costes de tiempo y de dinero que conlleva. Aun a riesgo de ser tildado de prolijo no me resisto a reproducir algunos de los párrafos que entonces escribí, porque pienso que vienen como anillo al dedo en esta ocasión:

«…los políticos parecen no ser conscientes -o no quieren serlo- del despilfarro e ineficacias que se producen con las modificaciones administrativas bien se trate de fusiones, bien de divisiones de ministerios, y no digamos si se barajan múltiples áreas administrativas, y las direcciones generales que estaban en un departamento aparecen en otros o se cambian las competencias. En primer lugar, el derroche es inmenso en tiempo. Si todo cambio de gobierno conlleva una cierta parálisis de la Administración durante un lapso temporal, este se multiplica por diez o por veinte si además del titular del departamento y los lógicos cambios de altos cargos, se remodela también toda la estructura administrativa. Hay, por ejemplo, que corregir todas las órdenes de competencia, así como las estructuras presupuestarias y contables, lo que coherentemente implica una dilación –en el mejor de los casos– en la tramitación de los expedientes. Hay un proceso bastante largo hasta que la nueva estructura se asienta y la organización recupera su marcha de crucero.

Los caprichos o las ocurrencias de cada nuevo gobierno, dividiendo, juntando, troceando o pegando unidades administrativas, suelen salir carísimas. Se precisa cambiar todos los rótulos de los edificios, los membretes de oficios y resto de papelería. Deben revisarse un sinfín de contratos administrativos de servicios al incidir sobre unidades que se han transformado en otras. Se precisarán, con lo que ello supone, mudanzas y traslados de despachos y de edificios. Desde el punto de vista económico, especial gravedad tienen las modificaciones en los sistemas informáticos, ya que elevadas inversiones quedarán obsoletas con la nueva estructura y habrán de ser sustituidas por otras.

Todas estas modificaciones originan un alto coste en lo económico, pero también en el funcionamiento de los servicios porque resulta inevitable que durante bastante tiempo se produzcan cierta desorganización y desconcierto. Valga la anécdota que me contaba un alto cargo de Hacienda: cuando con Pedro Solbes se volvieron a unir los ministerios de Hacienda y de Economía, que se habían separado cuatro años antes en la segunda legislatura de Aznar, los subsecretarios de ambos departamentos aún estaban discutiendo por los despachos. Este tipo de reorganizaciones administrativas suelen constituir tan solo operaciones escaparate, pero lejos de ahorrar dinero al presupuesto incrementan el gasto y difícilmente pueden fundamentarse en la austeridad…».

Si esto es verdad en todo nuevo gobierno, al que en principio se le supone una permanencia de al menos cuatro años, qué decir en el caso del que se acaba de constituir que es parlamentariamente endeble y con un claro carácter provisional, orientado a convocar de forma más o menos inmediata nuevas elecciones. La cosa no tiene demasiado sentido a no ser que todo él sea tan solo una operación de marketing, en la que poco importan los resultados, y por tanto la pérdida de tiempo, en el convencimiento de que no se va a poder realizar nada y solo interesan los anuncios, los gestos, los guiños, las poses y la venta de la mercancía, orientado todo ello a obtener mejores resultados en las próximas elecciones.

El pasado 7 de junio todos los medios de comunicación prestaron una gran atención a los decretos de nombramientos de ministros que aparecían en el BOE, pero pocos, más bien ninguno, reparó en el real decreto que los precedía por el que se ponía patas arriba toda la Administración sometiéndola a una especie de caleidoscopio. El simple hecho de que casi todos los ministerios hayan cambiado de nombre implica ya un derroche en rótulos de edificios, en impresos, en oficios, en papelería en general y en modificaciones de programas informáticos.

El real decreto, como es normal en todos estos casos debido a la urgencia, solo concreta hasta el nivel de secretarías de Estado, quedando el resto de la organización administrativa a la espera de un desarrollo posterior de cada ministerio que en unos más y en otros menos, pero en todos se dilatará considerablemente (en Cultura y en Igualdad quizás no, porque tienen poco que desarrollar) y mientras tanto casi toda la Administración, en buena medida en el limbo.

Lo más interesante de este decreto es la disposición final cuarta que literalmente dice así: “El Ministerio de Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto”. Ahí es nada. Se trata de cambiar todo el presupuesto -que a estas alturas aún no se ha aprobado, y que por el camino que va no estará operativo ni al final del ejercicio. Presupuesto que tanto el PSOE como Podemos no quisieron ni negociar y que ahora por imperativo del PNV se van a comer con patatas (Rajoy dixit); eso sí, aderezado de otra manera. Los mismos caballos pero con distintos arreos. Claro que, a lo mejor, a este Gobierno solo le interesan los arreos. Cosas del marketing político.

republica-com 15-6-2018



PEDRO SÁNCHEZ, LA CABRA TIRA AL MONTE

PSOE Posted on Lun, junio 11, 2018 19:34:15

Resulta harto evidente que, desde el inicio de la legislatura, Pedro Sánchez ha tenido un único objetivo: llegar a ser presidente del Gobierno, lo que constituye una aspiración respetable para un líder político, siempre que espere conseguirlo mediante los votos de los ciudadanos y no a cualquier precio. El problema se encuentra en que los electores no han ido en la misma dirección y no le premiaron con resultados suficientes para aspirar de forma directa y normal a su ansiada meta.

La historia es de sobra conocida: su enroque en el “no es no“, y la negativa a toda negociación con el partido mayoritario -ya que un acuerdo con esta formación le impedía lógicamente ser presidente de gobierno-; su predisposición a pactar con cualquiera otro partido, fuese el que fuese, con tal de asegurarse su objetivo de llegar a la Moncloa; su intento de casar contra natura a dos formaciones antitéticas como Podemos y Ciudadanos; la necesidad de una nueva consulta electoral; la parálisis del país de cerca de un año sin gobierno y, por último, el intento de formar un gobierno Frankenstein, con el apoyo de los independentistas y en contra del Comité Federal de su partido, que se vio obligado a forzar su dimisión para abortar la operación.

Desde hace más de quince años, en múltiples artículos he venido criticando las primarias y mostrando los defectos que ocasionan en el funcionamiento de los partidos y en su estructura democrática. Por este sistema tan imperfecto Sánchez retomó el control del PSOE, pero esta segunda vez de manera autocrática y despótica. Es el gran vicio de las primarias, porque al ser investido el líder directamente por los militantes, se debilitan y casi desaparecen los órganos intermedios, de manera que las posibles discrepancias resultan casi inviables.

Durante cierto tiempo parecía que Pedro Sánchez había abandonado sus pasadas veleidades de formar un gobierno Frankenstein, tanto más en cuanto que la situación en Cataluña se hacía cada vez más dura y el independentismo había dado un golpe de Estado. Es más, aunque ciertamente a remolque, se mantuvo unido al resto de partidos constitucionalistas en las medidas a tomar respecto al golpismo.

Pero la cabra siempre tira al monte y, por lo visto, el secretario general del PSOE no había perdido la esperanza de llegar al gobierno y, consciente de que las encuestas no le eran favorables y por lo tanto tampoco el porvenir ante las próximas elecciones, ha retornado al viejo proyecto de hacerse con el gobierno, aunque sea apoyándose en los partidos catalanes, a pesar de que ya no solo eran independentistas sino también golpistas. Contaba ahora con la ventaja de que no era fácil que en su partido se produjese resistencia. De todos modos, la decisión se adoptó al margen y con total desprecio de la Ejecutiva y del Comité federal, en el entendido de que después de las primarias dichos órganos son tan solo una prolongación del secretario general.

Se trataba de buscar un pretexto, una coartada, y la ocasión se presentó con la primera sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. En realidad, la sentencia no dice nada nuevo que no se conociese ya. Es más, lo sabido y publicado es mucho más extenso que su contenido, puesto que este no hace referencia a la totalidad del caso. Incluso todo ello ya había sido utilizado por el propio Pedro Sánchez en las pasadas campañas electorales y seguramente tenido en cuenta por los votantes en los comicios de 2015 y 2016. En buena medida, por lo tanto, estaba ya descontado.

Por otra parte, conviene no confundir el plano penal y el político. Ahora que se habla tanto de no judicializar la política, es curioso cómo nos dejamos llevar por la ley del péndulo. En ocasiones, cuestionamos y denigramos las sentencias hasta el extremo de linchar a un tribunal (como en el caso de la manada) o de intentar descalificar y coaccionar a los jueces (como en el proceso contra los golpistas catalanes). Pero en otros casos como en el de la sentencia que nos ocupa se concede a todas sus aseveraciones y expresiones la condición de «palabra de Dios» que hay que creer como si fuese una verdad revelada. Las sentencias se deben acatar y respetar, pero también es posible disentir en ocasiones, sobre todo en aquellos aspectos que se salen de los términos estrictos de una sentencia penal, y no se basan en los hechos, sino que constituyen más bien juicios de valor.

Uno se sorprende al escuchar que se había creado una inmensa indignación ciudadana, un clamor popular acerca de que la situación era insostenible. El único griterío lo constituía el de Ciudadanos que, ante los buenos augurios de las encuestas, reclamaban elecciones anticipadas. ¿qué había cambiado del 23 al 24 de mayo para que se produjese tal cataclismo?. ¿De verdad creemos que el mayor problema de los ciudadanos se encuentra en unos hechos que por muy corruptos que fuesen se produjeron en dos ayuntamientos de Madrid hace quince años? Lejos de mi intención disculpar la corrupción del Partido Popular, pero tampoco me gusta que me engañen o me tomen por tonto, y que utilicen una sentencia judicial que apenas añade nada a lo ya sabido como excusa para tapar la ambición del secretario general del PSOE y para justificar su pacto espurio con los golpistas. La corrupción es sin duda una lacra, pero no solo ni principalmente la narrada en esta sentencia, sino la que ha afectado desde el primer momento de la Transición a casi todos los partidos que han gobernado en Ayuntamientos y en Comunidades Autónomas, y habitualmente en proporción directa al tiempo que lo han hecho.

Que la sentencia es un pretexto aparece de forma bastante clara cuando quien la ha usado es el secretario del partido socialista. No se trata, tal como se dice, de poner el ventilador, pero si se colocasen en un platillo los casos de corrupción del PSOE desde los principios de la democracia y en otro los del PP resultaría difícil saber cuál de los dos pesaría más. Y si hablamos de financiación irregular, la mayoría de los partidos de uno o de otro modo la han practicado. Para no irnos muy lejos, ¿qué es el caso de los ERE sino un sistema de dopaje? Los recursos que estaban dedicados a los parados se han dirigido al clientelismo, es decir, un medio para conseguir adhesiones y votos. Pedro Sánchez se desliga del tema dando a entender que es un problema de Andalucía o de los dos presidentes que han dimitido; pero si se profundiza en el tema, Sánchez sería como mínimo participe a título lucrativo, ya que dicho clientelismo no solo ha servido para obtener mejores resultados en la Comunidad Autónoma sino también en las elecciones generales en las que él aparecía como candidato a presidente del gobierno.

La prueba de que la sentencia se utiliza como pretexto es que mientras Sánchez proponía que se censurase al PP por corrupción, pedía el voto al partido más corrupto de España, el del 3%, el de la familia Pujol, el que durante más de treinta y cinco años ha saqueado las finanzas públicas no solo para enriquecerse, sino para ir creando estructuras independentistas y supremacistas, en buena medida xenófobas, que preparasen una futura secesión. Incluso Esquerra, que se jacta de su honradez y pureza, ha sido cómplice, al menos en la última temporada, de esta corrupción que es de las peores, no solo por la cantidad de fondos empleados, sino por las graves consecuencias y resultados que acarrea.

A estas alturas no puedo por menos que suscribir las palabras de Rodríguez Ibarra: «El independentismo me preocupa mucho más que lo que haya robado el PP». Hay problemas más graves que la corrupción, sobre todo cuando esta se ha cometido hace quince años y no parece que pueda repetirse. La integridad territorial es desde luego uno de ellos y de los más importantes, no por cierto patrioterismo o nacionalismo españolista, sino porque, como certeramente ha afirmado Alfonso Guerra, detrás de la unidad está la igualdad. A lo que habría que añadir que detrás del Estado se encuentran la política redistributiva y social.

Por escandaloso que aparentemente pueda parecer, lo más negativo de la actuación de un político no se encuentra en la posible corrupción, al menos en el sentido restrictivo en que lo hace el Código Penal. La ineptitud, la estulticia, la incompetencia y el sectarismo en un gobierno pueden tener consecuencias mucho más negativas para la ciudadanía que lo que entendemos vulgarmente por corrupción. Otra cosa es el juicio ético o penal que merezca tal comportamiento. El 7 de mayo del 2015 en este mismo diario digital escribía un artículo que titulé «Los dos Ratos». Criticaba yo entonces la tesis mantenida por algunos comentaristas de diferenciar entre el Rato gran artífice de la economía nacional entre los años 1996 y 2004, que sería acreedor a todo tipo de elogios y el otro, el Rato de Bankia, de las tarjetas opacas y de las cuentas en Suiza, que merecería todo tipo de reproches, vilipendios y anatemas. Discrepaba profundamente, porque los errores y los pecados sociales del primer Rato serían mayores, a mi juicio, que los del segundo, pues, en su calidad de responsable económico, inició un proceso que introdujo a la sociedad española en una ratonera de la que aún no hemos salido por completo, y que ha producido enormes y numerosos daños y costes sociales y económicos.

Ni la corrupción ni la sentencia están en el origen de la moción de censura que se celebró a finales de la semana pasada. Son exclusivamente la excusa. La verdadera razón se halla en la ambición mostrada desde el primer día por Pedro Sánchez, dispuesto a conseguir la presidencia del Gobierno, aunque fuese con el voto de los independentistas, y en el deseo de estos de librarse de Rajoy. Sánchez simplemente ha retomado su objetivo de hace dos años y que el Comité federal de su partido no le permitió acometer.

A pesar de su reiterada autoproclamación de hombre de Estado e incluso de su apoyo al art 155, su postura ha estado siempre regida por la ambigüedad y por el seguimiento al PSC. El PSC ha venido siendo uno de los factores de inestabilidad del PSOE y que le ha arrastrado a las situaciones más críticas, una verruga difícil de controlar. Estuvo detrás de los enormes errores cometidos por Zapatero con respecto al Estatuto de Cataluña, aprobando un texto inconstitucional y que ha sido en buena parte el origen de los conflictos con los nacionalistas. El PSC ha estado detrás de la ambigüedad que ha mostrado siempre Pedro Sánchez, con discursos como el de nación de naciones o situándose durante mucho tiempo en una extraña equidistancia: si bien criticaba duramente al independentismo, no lo hacía nunca sin censurar al mismo tiempo al Gobierno, acusándole de no hacer política en Cataluña. Hasta el último momento, cuando ya la declaración de la independencia era un hecho, estuvo oponiéndose a la aplicación del artículo 155. El PSC también ha estado detrás de que Sánchez abogase y forzase una aplicación mitigada de dicho artículo y por el plazo más breve posible.

En esta ocasión, no ha disimulado y ha pedido directamente el voto a los nacionalistas. Lo ha conseguido y ya es presidente del Gobierno. Los sanchistas afirman que no ha habido pactos y que no se ha pagado ni se va a pagar precio alguno. Difícil de creer. Al menos con el PNV se ha pactado, que se sepa, el mantenimiento de los presupuestos (esos presupuestos, que según afirmaba el partido socialista nunca podría votar) y la no convocatoria inmediata de elecciones. No habrá habido pactos, pero Pedro Sánchez desde la tribuna no ha dejado de hacer guiños a los secesionistas, comprando por ejemplo el relato independentista acerca del último estatuto y prometiendo su modificación para incorporar la parte declarada inconstitucional en su día. Pero, mientras tanto, el golpe de Estado continúa activo. Nadie ha renegado de la declaración unilateral de independencia, y el muy honorable y xenófobo presidente de la Generalitat reta permanentemente al Estado.

Haya habido o no haya habido pactos, Sánchez debería preguntarse por qué los golpistas le prefieren a Rajoy o a Rivera. No creo que el motivo sea la corrupción ¿Qué esperan de él? Es más, cabría interrogarse acerca de por qué Torra se encontraba gritando en la puerta de Ferraz a favor de Pedro Sánchez (según aparece en la famosa foto) en la noche que el Comité federal defenestró al hoy presidente del Gobierno. ¿Los parlamentarios socialistas se han parado a pensar que todos los que votaron a favor de Sánchez, excepto ellos, supuestamente, defienden el derecho de autodeterminación?

El otro día en la moción de censura, Aitor Esteban inició su intervención en tono irónico, riéndose del gran Estado español cuyo Gobierno estaba pendiente de los cinco diputados del País Vasco. Comentario humillante, pero cierto. El Gobierno de España lo han decidido quienes no creen en España y quieren separarse de ella, los que pretenden romper el Estado español. Es mentira que a Rajoy le haya echado la corrupción, por muy grande que sea la del Partido Popular. No creo yo que la corrupción preocupase mucho al PDeCAT. A Rajoy le han desalojado de la Moncloa los secesionistas, que piensan sentirse más cómodos y tener más oportunidades con Pedro Sánchez. Al nuevo presidente de Gobierno lo han nombrado los mismos que en Cataluña designaron al xenófobo Torra. Quizás sea verdad que haya que modificar la Constitución, pero para impedir que los que quieren destruir el Estado sean los que decidan precisamente sobre el Estado. El tiempo dirá cómo termina la aventura, pero si yo fuese militante socialista no estaría nada contento. Es muy posible que el pasado sábado el PSOE haya iniciado una carrera hacia su total desaparición.

Para los que consideramos perversa la Unión Monetaria, pero también sabemos que es difícil, casi imposible, que un país en solitario pueda abandonar el euro, tal vez encontremos en todo esto un efecto colateral positivo. Y es que entre lo de Italia y lo de España cabe la posibilidad de que la moneda única comience a desquebrajarse. A lo mejor, hay que terminar dando las gracias a Pedro Sánchez.

republica.com 8-6-2018



SOMOS LA IZQUIERDA

PSOE Posted on Vie, julio 07, 2017 09:56:31

El Congreso de Pedro Sánchez (porque no ha sido tanto del PSOE como del Secretario general) se ha celebrado bajo el lema de “Somos la izquierda”. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, afirma el refrán popular. Mal asunto cuando las cosas no se ven y hay que proclamarlas y publicitarlas. Si se es de izquierdas no hace falta decirlo. El partido socialista ha tenido siempre tendencia al nominalismo, a manipular palabras como izquierda y derecha contraponiéndolas, pero sin prestar demasiado interés a los contenidos. Ellos, hiciesen lo que hiciesen, eran la izquierda y el PP, la derecha. Es más, tal como ahora, no se limitan a manifestar que son un partido de izquierdas sino que son la izquierda, la totalidad de la izquierda, excluyendo así de este ámbito a cualquier otra formación política.

Ha sido la apropiación de esta ideología la que les ha permitido desde la Transición gobernar la mayor parte del tiempo. En nombre de los descamisados y con los votos de la izquierda se realizaba una política bastante de derechas. A lo largo de todos esos años fueron múltiples las reformas laborales acometidas, todas ellas con pérdida progresiva de los derechos de los trabajadores, múltiples cambios en los impuestos con deterioro de la progresividad del sistema fiscal, sucesivas modificaciones del sistema público de pensiones con empobrecimiento gradual de las prestaciones… En realidad, nada distinto de las políticas realizadas por los otros partidos socialdemócratas europeos. De ahí el declive de todos ellos.

Alardear de izquierdismo cuando se está en la oposición es fácil, lo difícil es demostrarlo cuando se está en el gobierno, y ahí es donde han fallado los partidos socialdemócratas. Es más, han ido aceptando y asumiendo principios que hacen imposible un gobierno de izquierdas en el futuro. La globalización pone obstáculos sin límites al mantenimiento del Estado social y la Unión Monetaria no deja ningún margen a otra política que no sea la del neoliberalismo económico. Los diecisiete años transcurridos desde la creación del euro han dejado bien claro lo que se puede esperar de la Eurozona. Quienes piensan que es posible aplicar otra política o son unos ingenuos o, lo que es peor, unos hipócritas. Es más es la misma democracia la que se pone en peligro con la moneda única.

Pedro Sánchez no solo se ha envuelto en la bandera de la izquierda durante las primarias, sino que con ese congreso que ha construido a su medida intenta convencernos de que el partido socialista es la izquierda. Todo ello sin desplegar un programa coherente que justifique tamaña pretensión, tan solo el odio indiscriminado hacia Rajoy y al Partido Popular, como si tal aversión, casi física, fuese bastante para autoproclamarse “la izquierda”. Su discurso se ha construido sobre esquemas muy simples. El primero es la creación de un cordón sanitario alrededor del PP, denominando al resto de las formaciones bajo la expresión “fuerzas del cambio” y situando al PSOE a la cabeza de la revuelta. Lo cierto es que el montaje tiene un error de partida, porque el partido socialista no está fuera sino dentro de esa elite política que los indignados ambicionan cambiar. Esa es la razón por la que el bipartidismo ha venido a resultar inservible.

Pedro Sánchez llegó a afirmar que el PSOE va a representar a los del 15-M, aquellos que hace seis años se reunieron en la Puerta del Sol. Olvida que en ese momento quien gobernaba era Zapatero y el partido socialista, y que la repulsa se dirigía entonces principalmente contra ese gobierno. Ponerse ahora al frente de la manifestación no deja de ser un considerable ejercicio de cinismo. Alguien dirá que se trata de un nuevo PSOE, lo único que tiene de nuevo el partido socialista de Pedro Sánchez es haber intensificado enormemente las estructuras caudillistas (ver mi artículo del 1 de junio pasado “El 18 de Brumario”). Es difícil hablar de un nuevo PSOE cuando los ideólogos son Manu Escudero, José Félix Tezanos o Cristina Narbona, y cuando muchos de sus dirigentes, comenzando por Pedro Sánchez, han estado plenamente implicados en la etapa anterior. ¿Acaso no dieron su apoyo a los recortes y a las reformas de Zapatero?, ¿acaso no votaron sí en el Congreso a la reforma de la Constitución? ¿Abandonó el escaño alguno de ellos?

No se puede estar en misa y repicando, nadar y guardar la ropa, hacerse izquierdista en la oposición y practicar una política neoliberal y conservadora en el gobierno. Cuando no se está en el poder se dispara con pólvora del rey y determinadas posiciones no tienen coste; se puede practicar cierta superchería y presentarse para ganar votos como paladín de los derechos sociales y de las clases trabajadoras a pesar de que los intereses y compromisos contraídos encaminen por una línea de actuación radicalmente distinta. En Pedro Sánchez todo es puro tacticismo. Tacticismo y un elevado grado de hipocresía es cambiar de postura en la votación del Tratado de libre comercio con Canadá, conscientes de que los votos socialistas no hacen peligrar la sanción por España del Tratado. ¿La postura sería la misma de estar en el gobierno? La abstención es una forma de poner una vela a Dios y otra al diablo. Es una manera de atraer a los votantes de Podemos y de agradecer su apoyo a las organizaciones sindicales sin romper con la Unión Europea y con sus correligionarios. Es algo así como el “sí crítico” que algunos, especialmente los sindicatos, dieron en el pasado al Tratado de Maastricht y a la moneda única, y del que supongo que ahora estarán arrepentidos.

Moscovici, comisario de Asuntos Económicos Europeos, ha llamado ya la atención seriamente a Pedro Sánchez, le ha recordado dónde está situado el partido socialista: “Si se quiere ser un partido de gobierno, hay que ser creíble y europeísta”. Si se quiere el poder, hay que mantener los compromisos europeos. “Ser de izquierdas no es estar contra la globalización”. Este es el gran error de la socialdemocracia europea, en el que el PSOE está enjaulado, no haberse percatado de que asumir la globalización era aceptar el derrumbe del Estado social. La abultada hipoteca que pesa sobre el partido socialista y sobre su posible ideología de izquierdas es estar a favor de la Unión Monetaria (ver mi artículo “Podemos, Pedro Sánchez y la socialdemocracia” de 9 de abril de 2015).

El pretendido izquierdismo de Pedro Sánchez es mero tacticismo, por ello sometido a múltiples paradojas, y desaparecería inmediatamente si algún día alcanzase el gobierno. Su conversión nacionalista -incompatible con un pensamiento de izquierdas- es mero oportunismo, agradecimiento al PSC por el apoyo manifestado en las primarias. El PSC alardea de ser un partido diferente del PSOE y por lo tanto de tener el derecho de actuar de forma independiente cuando desee, pero lo cierto es que sus votos terminan eligiendo a los secretarios generales del PSOE y condicionando fuertemente su actuación en materia autonómica y especialmente en el tema de Cataluña, donde el PSC se mueve en tierra de nadie y lleno de contradicciones, y obliga al PSOE a que persista en la ambigüedad.

Es cierto que Pedro Sánchez ha manifestado ya estar en contra del golpe de Estado que pretenden dar los sediciosos catalanes, ¡solo faltaba! Pero la cuestión está en saber hasta qué punto el Gobierno va a poder contar con el apoyo del partido socialista en las medidas que ha de tomar para evitarlo y es en ese terreno donde persisten la indeterminación y el equívoco. Surge la duda cada vez que los líderes del PSOE, en el afán de censurar a cualquier precio al PP, se sitúan en una rara equidistancia entre los golpistas y el Gobierno. La alarma se hace mucho más evidente cuando se considera el discurso y sobre todo lo que ha sido y lo que es la actuación del PSC. De su antigua defensa del derecho a decidir, a la inconstitucionalidad del Estatuto, pasando por los ayuntamientos con gobiernos socialistas que apoyan el referéndum y las recientes manifestaciones de Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma, que parecen peligrosísimas, acerca del art. 155 de la Constitución. Se puede estar o no de acuerdo sobre la oportunidad de acudir a dicho artículo -aunque uno piensa que para algo se puso en la Constitución y no se me ocurre otra situación más delicada que la presente para aplicarlo-, pero en todo caso lo que resulta a todas luces impresentable y gravísimo es que un miembro de la Ejecutiva federal del PSOE dude de su legalidad y que amenace, al estilo de los golpistas, con acudir a las instancias internacionales si se llegara a aplicar.

Pedro Sánchez se debate en el laberinto que él mismo ha creado en torno al término nación de naciones. En una cosa al menos estoy de acuerdo con Zapatero, en que el concepto de nación es un término discutido y discutible, pero, por esa razón, lo mejor es no utilizarlo, puesto que cada uno lo entiende a su modo y se presta a la confusión. En realidad yo no sé muy bien qué es y me temo que casi nadie lo sepa con seguridad. Resulta preferible hablar del Estado, que hoy en día a pesar de todos sus defectos, viene a ser el baluarte de la clases bajas y medias frente al poder económico; por lo que desde la óptica de izquierdas hay que huir de todo lo que sin motivo lo debilite o lo fraccione, bien por arriba (la globalización) bien por abajo (los nacionalismos), tanto más si la tendencia proviene de las regiones ricas que quieren aminorar o romper la función redistributiva tanto en el ámbito personal como en el regional. No seamos ingenuos, todos sabemos que tras la demanda de nacionalidad propia los separatistas esconden la exigencia de soberanía e independencia. Si, tal como dice Pedro Sánchez, se trata de sentimientos, cada uno es muy dueño de sentirse como quiera; es más, incluso, si se es tan tonto como para ello, considerarse superior a otras personas o colectivos, siempre que tales sentimientos no se conviertan en privilegios o derechos discriminatorios. Si de sentimientos se trata, no sé qué pintan en las leyes, y mucho menos en la Carta Magna.

republica.com 30-6-2017



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