ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

En las conversaciones que mantenía con un viejo amigo ya fallecido, al comentar los muchos errores que cometían nuestros políticos, me subrayaba siempre lo mismo: Platón tenía razón. Habría que ir al gobierno de los mejores, de los sabios. Mi contestación era también invariablemente idéntica. El problema radica en quién determina quiénes son los mejores.

Sin duda, la democracia es un sistema bastante imperfecto y en su funcionamiento, con frecuencia, se cometen muchos desatinos y desmanes, pero hoy por hoy no se ha inventado otro mejor. Lo que no quiere decir que su aplicación en los respectivos países no sea susceptible de perfeccionarse. Ciertamente para ser diputado, ministro o presidente del gobierno no se precisa título universitario ni se convocan oposiciones. Se exige solo ser elegido por los procedimientos que en cada caso determina la Constitución, pero no estaría mal que los designados tuviesen algún bagaje intelectual y técnico.

Comprendo las veleidades sofocráticas o noocráticas que invadían a menudo a mi amigo. Él era un intelectual (no ciertamente de la pléyade de la farándula que firma manifiestos) y, como tal intelectual, con desviaciones aristocráticas. Resultaba explicable que en ocasiones se desesperase cuando consideraba que el pueblo se equivocaba. Es una falacia y tiene mucho de demagogia afirmar rotundamente que el pueblo no se equivoca. Porque el pueblo con frecuencia se equivoca.

Lo que no es fácil de entender es que esos mismos arrebatos los sufra Pedro Sánchez -el de la tesis plagiada- y que exija a los otros el carnet de intelectual para estar en el gobierno. Le guste o no, él no debe el hecho de ser presidente del gobierno a sus dotes intelectuales, profesionales o técnicas, sino a los votos de los diputados de Podemos, a cuyos dirigentes tiene ahora como apestados y, lo que es peor, a los votos de aquellos que perpetraron un golpe de Estado. Es más, si ahora cuenta con 123 diputados, paradójicamente se los debe a esos mismos apoyos, porque el resultado que hubiese obtenido en las últimas elecciones habría sido muy inferior de haber seguido todos estos meses en la oposición. Y digo que paradójicamente porque el incremento de votos del PSOE corresponde a los que Podemos ha perdido.

El problema de Pedro Sánchez es que equivoca los escenarios. Mientras pretende nombrar ministros a técnicos e independientes, coloca a los políticos de su partido en sitios técnicos, al frente de las empresas públicas como si de un botín de guerra se tratase. En el fondo, todo gira alrededor de la misma finalidad, mantener el poder absoluto dentro y fuera del partido. Tras la moción de censura elaboró un gobierno no con los mejores, desde luego, sino con los que le convenían. Una parte, políticos de su extrema confianza (que eran pocos) estuviesen o no capacitados para el cometido. Lo importante era la fidelidad sin fisuras al jefe. La otra parte, por miembros de lo que denominaba sociedad civil, en una composición de lo más variopinto: una fiscal, dos jueces, una burócrata europea, un presentador de tele magacín y hasta un astronauta. Lo que buscaba es que no tuviesen personalidad política y que nadie le pudiera hacer sombra.

Es por eso por lo que Sánchez desbarató la federación de Madrid y, al margen de toda la estructura orgánica regional, colocó a dedo como candidato a presidente de la Comunidad a un catedrático de Metafísica, sin ningún enraizamiento en el partido, y que ya ha fracasado dos veces en el cometido. En estas últimas elecciones completó el cuadro y designó (aunque después se hiciese una mascarada de primarias) como candidato a la alcaldía de la capital de España a un buen entrenador de baloncesto. Y es por eso también por lo que hasta ahora se ha negado, como si tuviera mayoría absoluta, a hacer, bien sea a la derecha o a la izquierda, un gobierno de coalición. A Podemos lo más que le ofreció fue incorporar a técnicos independientes próximos a esa formación política. Las ofertas posteriores no iban en serio (me remito a mi artículo de hace dos semanas).

Y en ese «quid pro quo» que tan bien practica Sánchez -por eso alguien le llamó impostor-, tras el fracaso de la investidura, su acción política no se ha orientado a dialogar y negociar con las otras formaciones políticas, a fin de obtener el apoyo de diputados que le faltan, sino que ha mareado la perdiz y entretenido el tiempo, reuniéndose con los representantes de una imaginaria sociedad civil. Nunca he entendido demasiado bien este término. Desconfío de él. Pienso que no hay espacio intermedio entre el sector público y el sector privado (económico). A menudo lo que se llama sociedad civil es lisa y llanamente sociedad mercantil: fundaciones, asociaciones, institutos, etc., creados por las fuerzas económicas y por las grandes corporaciones con la finalidad de controlar la opinión pública, los valores, la cultura y otros muchos aspectos de la sociedad.

Con frecuencia, otras veces, la llamada sociedad civil es mera prolongación del sector público, solo que sin la transparencia y sin los controles exigidos a las instituciones públicas. La gran mayoría de las llamadas organizaciones no gubernamentales, a pesar de su nombre, tienen bastante de gubernamentales. Viven enchufadas directa o indirectamente a las ubres de los presupuestos, bien sean estos municipales, autonómicos o de la administración central. A menudo son instrumentos de determinadas fuerzas políticas que, cuando gobiernan en cualquier administración o institución pública, les transfieren recursos de forma opaca y sin la necesaria justificación.

Lo peor de todo este conglomerado tan variado de fundaciones, asociaciones, organizaciones e instituciones es que no se sabe muy bien a quién representan ni la manera en la que han sido designadas para ser portavoces de colectivos más amplios. Siendo una minoría, se constituyen en medios para forzar e imponer decisiones al margen de los verdaderos representantes de los ciudadanos. El recurso a la sociedad civil se transforma a menudo en un modo de bordear la democracia y los mecanismos constitucionales establecidos.

Tal es la estrategia que parece asumida por Pedro Sánchez en estos momentos. Las elecciones le han proporcionado tan solo 123 diputados y, para gobernar, pretende superar esta limitación, no acudiendo al resto de representantes de los ciudadanos, como sería lógico, sino a una supuesta sociedad civil constituida principalmente por organizaciones afines: ecologistas, feministas, asociaciones de la España desierta (a las que ha prometido algo tan ocurrente como diseminar los organismos públicos por los pueblos abandonados); representantes de la industria, de la enseñanza, del comercio, del turismo, etc., sin que nadie sepa quién les ha dado tal representación; artistas y cantantes que se definen como organizaciones culturales y, por último, como guinda, las representaciones sindicales y empresariales a las que sí se les supone una representación, pero no política, sino social y económica, y, que en lugar de llamarles a una ronda de consultas abracadabrante, lo que debería hacer un gobierno es promocionar y respetar la negociación social, cosa que precisamente no ha hecho Pedro Sánchez, que hasta ahora ha ignorado a los agentes sociales.

No parece que existan muchas dudas de que la sociedad civil por poco que sea es mucho más que los convocados por Sánchez. Además, la sociedad (sociedad civil, se supone) ya decidió en las pasadas elecciones. Otra cosa es que, a Sánchez, por mucho que lo celebrase por todo lo grande, proclamando que había ganado las elecciones, no le convenza el resultado, ya que no le permite gobernar autocráticamente. Por cierto, lo de ganar o perder en unas elecciones solo se puede afirmar en los sistemas presidencialistas, pero no en los parlamentarios. En estos, cada formación política obtiene un número de diputados, mayor o menor, y el ganar o perder está condicionado a las negociaciones y las alianzas que se establezcan entre ellos.

Sánchez hubiera deseado conseguir 350 diputados para poder ejercer el gobierno como un dictador. En realidad, no le gusta la democracia. No le complacía dentro de su partido, y por eso nunca estuvo dispuesto a someterse al Comité Federal, supremo órgano entre congresos. Con ayuda de las primarias, institución partidista de las más antidemocráticas, por caudillista, pero que paradójicamente se ha instalado en la mayoría de las formaciones como el bálsamo de Fierabrás, ha logrado hacerse con todo el poder en el PSOE y establecer un régimen radicalmente absolutista. Riámonos de aquello de «Quien se mueva no sale en la foto».

Tampoco le gusta en el sistema político y por eso no está dispuesto a compartir poder con nadie. Quiere un gobierno exclusivo de Pedro Sánchez y, para conseguirlo, pretende el apoyo de los otros partidos sin ofrecer nada a cambio; todo lo más un programa, que será papel mojado tan pronto obtenga el gobierno. Siendo en nuestro país constructiva la moción de censura, una vez en el poder, será imposible desalojarlo haga lo que haga.

A Pedro Sánchez no le gusta la democracia, como no sea la orgánica, que parece ser la que ha practicado estos días en sus contactos con la sociedad civil, tampoco la noocracia, a no ser que sea él el que elija a los sabios, lo sean o no. Lo suyo es la autocracia. Alguien podría pensar que su fijación por resucitar a Franco y andar con él para arriba y para abajo es porque se siente seducido por su figura y que tal vez le gustaría ejercer el poder de forma tan despótica como el dictador lo ejerció.

republica.com 15-9-2019

Pablo Sebastián, editor de este periódico, ha escrito -y con razón- que Pedro Sánchez no es la solución, sino el problema. En realidad, hay que decir que lo ha sido desde el primer momento, desde las elecciones de 2015. Paradójicamente, ahora habla de bloquear el gobierno, cuando él desde hace cuatro años se ha entregado con ahínco a este cometido y ha cerrado todas las salidas que no pasasen por ser él el presidente del ejecutivo.

El problema es que para esto último los resultados nunca se lo han puesto fácil. No obstante, con 90 diputados y 33 menos que Rajoy tuvo la osadía de presentarse a la investidura. Le daba igual con quién tuviera que pactar y el contenido del pacto, con tal de que fuese un escalón hacia su objetivo. Pretendió firmar un acuerdo al mismo tiempo con Ciudadanos y con Podemos. Misión imposible, teniendo en cuenta que ambas formaciones son como el agua y el aceite en casi todos los temas; no solo en política social y económica, sino también, e incluso en mayor medida, en política territorial. Dada la inviabilidad de casar dos programas tan dispares, optó por exigir la adhesión incondicional y gratuita de Pablo Iglesias con el argumento de que Podemos no podía votar en contra de un gobierno socialista. Bien es verdad que él se presentaba en buena medida con el programa de Ciudadanos, que de socialista tenía bien poco.

Hoy vuelve a repetir la misma jugada. No quiere oír hablar de gobierno de coalición. Pretende gobernar solo, aun cuando únicamente cuenta con 123 diputados. No me cansaré de repetirlo: es el mismo resultado que originó la dimisión de Pérez Rubalcaba e idéntico también al que obtuvo Rajoy en las elecciones de 2015 y que, ante la imposibilidad de formar gobierno, condujo a la repetición de elecciones en 2016. Pretende chantajear de nuevo a Pablo Iglesias responsabilizándole de no permitir por segunda vez que exista un gobierno de izquierdas.

De izquierdas no sé, pero de Pedro Sánchez no solo lo permitió, sino que hizo de aglutinante y artífice para que pudiera gobernar (el tiempo que pudo) con 85 diputados. Intuyo que precisamente esa experiencia es la que le ha llevado a desconfiar del actual presidente del gobierno en funciones. Ha salido bastante escaldado del experimento y con una pérdida de 30 diputados. Piensa -y es posible que este en lo cierto- que la única forma de garantizar (si es que lo es) que se cumpla lo pactado es estando en el gobierno.

El chantaje de Sánchez no solo se dirige a Podemos, sino a todos los otros partidos; a algunos con el argumento de que si no le apoyan no tendrá más remedio que pactar con los secesionistas, y a todos con la tesis de que no existe otra alternativa. Especial presión se está ejerciendo sobre Ciudadanos movilizando todos los medios, tanto interiores como exteriores. Interiores, desde las fuerzas económicas hasta los medios de comunicación social pasando por la contestación interna de algunos de sus dirigentes, curiosamente y de forma particular los que están conectados con el mundo económico. No se puede olvidar que son los puestos de esta área los mejor retribuidos y algunos de ellos podrían ser ocupados por la formación política que garantizase la investidura. Mayor gravedad tienen las presiones que vienen de fuera. Resulta indignante que un jefe de Estado extranjero intervenga en los asuntos políticos de otro Estado soberano, y más si lo hace a petición del presidente del gobierno de este último país.

La teoría de que no hay otra opción solo tiene visos de realidad desde la distorsión que, desde hace bastantes años, casi desde el principio de la democracia, se lleva haciendo de nuestro sistema político. Poco a poco se ha ido transformando lo que es un sistema parlamentario en un sistema presidencialista. Se comenzó por introducir la costumbre de que cada formación política en las elecciones generales designara un candidato a la presidencia del gobierno. Por supuesto, de forma extraoficial y sin ningún valor jurídico, pero que confunde sobre el verdadero sentido de estos comicios en los que no se elige al presidente del gobierno sino solo a diputados y senadores. Según nuestro sistema político, es el Congreso de los Diputados el que después de constituido debe elegir al jefe del ejecutivo. En sentido estricto, no hay candidato a la presidencia hasta que el jefe del Estado no lo designa, y no debería designarlo hasta que de las rondas con las distintas fuerzas políticas dedujese que algún español (no tiene por qué ser diputado) tiene probabilidad de obtener los apoyos necesarios.

Recientemente ha ido tomando fuerza en esta misma dirección de deformar nuestro sistema político otra práctica con efectos bastante negativos. Me refiero a las primarias. Las critiqué desde el principio, hace ya casi veinte años. Y más tarde, según iban adquiriendo popularidad, reiteradas veces en bastantes artículos. Frente a los que las tenían y tienen por un sistema más democrático, he pensado siempre que deterioran seriamente la democracia y consagran el caudillismo, eliminando la división de poderes dentro de los partidos. Quien es elegido por la militancia considera que no debe dar cuenta a nadie, excepto a las propias bases cuya opinión es siempre bastante fácil de manipular. En la actualidad, Pedro Sánchez constituye un buen ejemplo de ello. Nunca los sistemas asamblearios han sido buenos.

Pero es que, además, el llamado sistema de primarias se asienta sobre un principio falso, el del que nuestro sistema político es presidencialista y que, en consecuencia, los ciudadanos votan directamente al presidente del gobierno. Hablar de primarias implica aceptar que hay elecciones secundarias, es decir, que posteriormente los ciudadanos eligen al jefe del ejecutivo, lo cual no es cierto, eligen a los diputados y son estos los que escogen al presidente del gobierno. La inconsistencia llega al summum cuando se convocan primarias a la secretaria general o a la presidencia de un partido. ¿Dónde están después las secundarias?

Mientras ha existido el bipartidismo, esta distorsión de nuestro sistema político, transformándolo en la práctica de parlamentario en presidencialista, no tenía demasiada importancia, porque era siempre uno de los dos partidos el que se imponía, bien con mayoría absoluta, bien con una mayoría relativa muy sólida, que necesitaba solo completarla con unos cuantos diputados que normalmente obtenía de los partidos nacionalistas pagando el correspondiente peaje. Los votantes conocían de antemano, por tanto, que uno de los dos partidos ganaría las elecciones, sabían con que programa se presentaba cada uno y quién sería, si ganaba, el presidente de gobierno.

Con el fraccionamiento del espacio político la cosa se ha complicado. Las mayorías absolutas han desaparecido y, aunque un partido teóricamente haya ganado las elecciones, los escaños obtenidos resultan claramente insuficientes para gobernar en solitario. Se vieron las dificultades que Rajoy tuvo en las legislaturas pasadas y, por mucho que Pedro Sánchez pretenda ahora convencernos de lo contrario, va a ser difícil que pueda gobernar en solitario. Solo lo consiguió y únicamente por nueve meses, apoyándose en los golpistas, pero parece que la experiencia no convenció a Pablo Iglesias, que fue el muñidor de ese gobierno, y sin embargo no está dispuesto a repetirlo.

Políticos y electores tendrían que acostumbrarse a la nueva situación. Ningún partido puede pretender aplicar en exclusiva su programa. El programa tiene que ser objeto de negociación; pero de igual modo es muy posible que se tenga que negociar la composición del ejecutivo y, aunque ahora extrañe porque va en contra de todo lo que se ha vivido hasta el momento, tenga que pactarse la propia designación de presidente del gobierno. Un partido puede elegir en solitario a su secretario general o a su presidente, pero si necesita el concurso de otro u otros dos para llegar a la Moncloa, no podrá designar en solitario qué presidente de gobierno ha de ser investido.

Pedro Sánchez, para presionar a las demás formaciones políticas, mantiene que él es la única alternativa. Pero en realidad él es el problema. Su connivencia con los golpistas durante el último año le incapacita para tener el apoyo de los partidos constitucionalistas, que además no se fían de él y piensan que la cabra siempre tira al monte. La única opción que tiene es repetir de una o de otra forma el gobierno Frankenstein, y eso siempre que Podemos acepte por fin apoyarle. Pero eso no quiere decir que no haya otra alternativa, y que esté obligado a abrazar a los golpistas. Puede dimitir e incluso sin dimisión su grupo parlamentario puede proponer para presidente de gobierno a otros candidatos y que uno de ellos fuese aceptado por los diputados de otros partidos, dejando al margen a las formaciones sediciosas que además proclaman que están dispuestas a repetir la asonada.

No cometeré el error de lanzar nombres, lo que sería una osadía por mi parte. Parto además del convencimiento de que lo que se acaba de plantear, aunque casa plenamente con nuestra Constitución y se adecua fielmente al funcionamiento de un sistema parlamentario, carece de cualquier probabilidad de que suceda. Primero porque hasta ahora nunca se ha actuado de ese modo en España, pero segundo, y principalmente, porque Pedro Sánchez ha dado suficientes muestras de no estar dispuesto a dimitir nunca. Se aliaría con el diablo con tal de continuar en la presidencia del gobierno. Tampoco existe ninguna posibilidad de que el grupo parlamentario socialista pueda actuar al margen de Sánchez. Después de las primarias, su control sobre el partido es total ya que ha construido la Ejecutiva, el Comité Federal y el grupo parlamentario de manera que no pueda existir la mínima discrepancia.

En cualquier caso, lo que es totalmente cierto es que a Pedro Sánchez no le está permitido afirmar que no existe otra alternativa. Si repite el ejecutivo Frankenstein y se apoya en los sediciosos para continuar en la Moncloa, la responsabilidad será solo suya, y suya será también la responsabilidad de todas las cesiones que haga a los nacionalistas para mantenerse en el gobierno. No podrá echar la culpa a las otras formaciones políticas. Tampoco el grupo parlamentario socialista puede lavarse las manos, por mucho que mediante las primarias y las consultas a las bases Pedro Sánchez haya establecido un régimen autocrático dentro del partido socialista. Pedro Sánchez es el problema, pero los diputados del PSOE se convertirán en cómplices.

republica.com 5-7-2019

Me caben pocas dudas de que el problema más grave con el que se enfrenta la sociedad española, si prescindimos de la Unión Monetaria, es el golpe de Estado, todavía vivo, propiciado por el nacionalismo catalán. Con una diferencia entre ambos, la Moneda Única en cierta forma nos trasciende y aisladamente no podemos darle una respuesta adecuada. La cuestión catalana, sin embargo, es totalmente nuestra, y esperemos que no cometamos el error de permitir, que tal como ansían los golpistas, se internacionalice.

Ante la ofensiva del nacionalismo catalán, toda otra cuestión por importante que parezca adquiere un carácter secundario porque, además, en cierta medida va a estar condicionada por aquella. Es verdad que para grupos concretos de ciudadanos hay problemas que pueden ser más acuciantes, pero carecen de la generalidad y de las repercusiones que el golpe de Estado tiene para toda España, incluyendo Cataluña. Es más, sus consecuencias negativas afectan casi con total seguridad a todos los otros asuntos, sean sociales, económicos o políticos.

Estos efectos nocivos se han hecho presentes ya en Cataluña. No solo es que todos los indicadores señalen el perjuicio que el procés ha ocasionado a la economía catalana, sino que todas las instituciones democráticas están paralizadas. El Parlament se encuentra secuestrado por los independentistas, sin tomar ningún acuerdo desde que perdieron la mayoría. El Gobern no gobierna y se dedica tan solo a la propaganda y a divulgar un discurso falso y torticero acerca de España y Cataluña. El deterioro de la administración y de los servicios públicos es evidente y muchos millones de euros se han desviado de las necesidades públicas para mantener el proceso vivo mediante todo tipo de instrumentos, entre ellos las subvenciones a la prensa o la multiplicación de las llamadas embajadas.

Las libertades democráticas han dejado de existir en Cataluña, pero no por culpa de un Estado despótico que las recorta, tal como afirma el independentismo, sino por la actitud facciosa de una minoría que no tolera a nadie que piense de manera distinta. Es curioso que Torra se autoproclame paladín de la libertad de expresión cuando Cataluña se ha convertido en la única parte de España en la que se intentan abortar las manifestaciones que no gustan al poder, en la que son atacadas las sedes de los partidos políticos de la oposición y en la que son coaccionados y amenazados jueces, fiscales, políticos y todo aquel que sea señalado por el independentismo como traidor al procés. Por último y no menos importante, el hecho de que la actividad política prescinda de toda ideología, abandona la dinámica izquierda-derecha para reducirlo todo a una lucha fratricida a favor o en contra del independentismo.

El resto de España también está sufriendo las consecuencias negativas de lo que está sucediendo en Cataluña. En primer lugar con el deterioro de su imagen. El secesionismo, con el poder que otorga controlar los medios económicos y de todo tipo en manos de la Generalitat, ha puesto y continúa poniendo todo su interés en desacreditar al Estado español y en construir un relato falaz y artero acerca de Cataluña.

Pero, con todo, lo más grave es la amenaza que pueda representar esta situación de cara al futuro. Quizás la visión más elocuente y exhaustiva de lo que ha pasado en Cataluña la esté dando el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Uno de los mayores aciertos ha sido retransmitirlo íntegro. Las descripciones están siendo impactantes. A partir de las sesiones hasta ahora celebradas se vislumbra ya hasta qué punto estaba organizada la rebelión (se adecue o no a la calificación del Código Penal); y si falló no fue por falta de voluntad de los organizadores, sino por los tres motivos siguientes:

1) A pesar de ser Cataluña una de las regiones más descentralizadas de Europa, la Generalitat no cuenta con los instrumentos que podrían haber facilitado el éxito del golpe de Estado: las finanzas públicas (la mayoría de los impuestos y las cotizaciones sociales las gestiona el Estado); la justicia; la política exterior aun cuando intentan compensarlo con las llamadas embajadas; la policía (los mossos están sometidos a una doble dependencia: Generalitat y jueces).

2) Los partidarios de la independencia no superan el 50% de los residentes actualmente en Cataluña.

3) La repulsa que todo nacionalismo produce en la Unión Europea. Los esfuerzos y el dinero invertido por los independentistas han servido para intoxicar a algún sector de la opinión pública -o más bien publicada- del extranjero, pero no para romper el rechazo de las instituciones y mandatarios internacionales que no desean aventuras.

Pero lo que no ha podido ser hoy puede ser mañana. Que nadie se engañe, estos tres factores pueden cambiar en el futuro en función de la actitud y la respuesta del Estado español. Un gobierno complaciente o necesitado del voto de los independentistas concedería más competencias a la Generalitat, colaborando así a que en un futuro el golpe pudiera tener éxito. Del mismo modo, si el Estado no asume una postura enérgica y continúa permitiendo el adoctrinamiento en las escuelas, la utilización sectaria de los medios de comunicación públicos, las subvenciones con las que comprar a los medios privados y la discriminación y coacción permanente a los que no son independentistas es muy posible que la proporción de estos se vaya incrementando poco a poco. De hecho, han sido los errores y egoísmos de los partidos nacionales los que han permitido a base de concesiones que durante estos cuarenta años el nacionalismo haya ido ganando adeptos hasta llegar a la situación actual.

Un gobierno complaciente que para congratularse con los independentistas y conseguir sus votos realizase un discurso ambiguo favorecería sin duda la llamada internalización del conflicto y haría dudar a los gobiernos extranjeros.

Es en todo esto en lo que está pensando la parte más pragmática del independentismo. Conscientes de que la rebelión ha fracasado, porque no contaban con los medios adecuados, planean su estrategia a medio plazo. Esperan tiempos mejores. Sostienen la misma virulencia en el discurso, pero manteniendo cierta ambigüedad frente a la ley, sin traspasar la frontera del Código Penal. Piensan aprovechar este interregno para dotarse de mayores medios y cambiar las condiciones que han podido impedir que el golpe tuviese éxito. Ahora bien, para ello necesitan contar con un gobierno central propicio que, lejos de impedírselo y poner los medios para que nunca más se pueda repetir el desafío al Estado, se pliegue a muchas de sus exigencias y les facilite su estrategia.

El fraccionamiento del arco político nacional y la gran ambición de Pedro Sánchez, que, como ya se ha visto, está dispuesto a todo para llegar y mantenerse en el poder, facilitan esta estrategia de los golpistas. Es más, es posible que haya sido el propio PSC el que se la esté sugiriendo de cara a convencerles de que deben apoyar a Sanchez después de las elecciones. Ahí se inscriben las palabras de estos días de Iceta hablando de diez años y del 65%. Al igual que cuando habló del indulto, las palabras del primer secretario del PSC no son “flatus vocis”, simplemente dice lo que su señorito no se atreve a declarar pero que está pensando.

Al margen de puntuales escarceos y de discrepancias hábilmente vendidas a sus respectivas clientelas, Sánchez y el independentismo constituyen una pareja de hecho. Los independentistas saben que su única opción es Sánchez, no digo el PSOE, sino Sánchez. En realidad son conscientes de ello desde hace mucho tiempo. Solo así se justifica la presencia de Torra, en sus tiempos de activista, en las puertas de Ferraz el día que Pedro Sánchez dimitió –o más bien fue defenestrado- como secretario general; y se supone que no iría solo.

A su vez, Sánchez sabe que su única posibilidad de permanecer en el gobierno es pactando con los secesionistas. Por mucho que lo negase, la idea del gobierno Frankenstein estuvo en su mente casi desde el principio, solo que, dada la oposición de su partido, tuvo que esperar la oportunidad, después de haber purgado a sus órganos directivos. Ahora niega de nuevo el pacto, pero sabe y los españoles deberían saber que su única posibilidad de gobierno es reviviendo el bloque de la moción de censura, y para ello ha eliminado toda oposición que pudiese darse en el grupo parlamentario.

Los ataques de Sánchez al independentismo catalán siempre son de guante blanco, incluso ambivalentes. Lo último ha sido compararlo con el Brexit, ante un elenco de importantes medios europeos. Es cierto que se refirió a las mentiras en ambos discursos. Pero no creo yo que él y su famosa tesis estén capacitados para juzgar si los partidarios del Brexit engañaron o no con sus argumentos. No obstante, en cualquier caso, lo más peligroso es que de sus palabras se puede inferir que la máxima responsabilidad de los golpistas ha sido mentir diciendo que España nos roba. El Brexit, se esté o no de acuerdo con él, es una decisión tomada por mayoría de toda la sociedad de Gran Bretaña, perfectamente legal y siguiendo los cauces adecuados. Los secesionistas catalanes, saltándose toda la legalidad, han dado un golpe de Estado intentando imponer la voluntad de una minoría a la de toda la nación española. Creo yo que hay diferencia. ¿Cómo no se va a extrañar luego la prensa extranjera de que estén en la cárcel? Si todo lo que han hecho es mentir…

Estas elecciones, por desgracia, no pueden plantearse en términos de izquierda y derecha. Eso es lo malo del nacionalismo, que termina contaminando todo. El quid de estos comicios se encuentra en saber si vamos a tener o no un gobierno Frankenstein para cuatro años. Si es que sí, el panorama es siniestro. Tras Cataluña vendrán el País Vasco, Navarra, Baleares, etc. Se incrementarán todas las fuerzas centrifugas. Los conflictos se harán endémicos. Olvidémonos de la redistribución territorial de la riqueza y la renta. Volveremos al cantonalismo de principios del siglo pasado, y el Estado, aun cuando subsistiese nominalmente, sería difícil que pudiera cumplir su misión. Sin Estado no hay política social, ni derecho, ni democracia.

Sánchez ha escogido como lema de campaña “Haz que pase”. Muy propio para una campaña electoral que comienza en Semana Santa, porque a los que hemos vivido muchos años en el nacional catolicismo nos recuerda inmediatamente la oración de Jesús en Getsemaní, tal como nos la narran Mateo y Lucas. “Padre, si es posible, haz que pase de mí este cáliz”. Cáliz en hebreo era sinónimo de suerte. Haz que pase de mi esta suerte, fatalidad, peripecia, lance, vicisitud, etc. El argot popular dio a la frase un carácter secular, y la ha empleado con cierto carácter burlón. Haz que pase de mí este cáliz, refiriéndose a una situación o persona insoportables. El día 28 veremos cuántos son los que pensando en el gobierno Frankenstein gritan “haz que pase de mí este cáliz”.

republica.com 12-4-2019

¿Eterno retorno? Esperemos que no. Simple intento de repetición. Sánchez, en la creencia de que su estrategia de 2016 y 2017 le resultó muy favorable, ahora intenta repetir la jugada. En ese libro de caballería titulado “Manual de resistencia”, en el que se retrata como otro Amadís de Gaula, reescribe la historia, la falsifica. Es una mezcla de pedantería, hipocresía y banalidad. En contra de lo que se relata en el libro, cualquiera que haya seguido con cierta objetividad y perspicacia la realidad política española de los últimos tres años habrá observado que está marcada por la desmedida pretensión de Pedro Sánchez (desmedida por el número de diputados con los que contaba) de llegar a presidente de gobierno por cualquier método y con cualquier aliado.

Desde el principio, tras las elecciones de 2015, Sánchez solo excluye una alianza, la del PP, y no por la corrupción, como reitera en su libro. No creo que la historia del PSOE desde la Transición le autorizase a introducir cordones sanitarios alrededor de otro partido político en función de los distintos procesos de corrupción en los que algunos de sus afiliados o cargos estuviesen inmersos, o que incluso afectasen a su financiación. Tampoco me imagino que el motivo fuese la discrepancia ideológica ya que Sánchez estuvo presto en pactar con Ciudadanos con un pensamiento económico al menos tan neoliberal, si no más que el del PP. El verdadero motivo es que la única alianza que le impedía alcanzar la presidencia de gobierno era con Rajoy, dado el número de diputados con los que cada uno contaba.

Muy distinta fue la postura del Comité Federal. No en lo relativo a la negociación con el PP. Aun cuando algún miembro pensase distinto, ninguno estaba dispuesto a asumir, mientras el secretario general mantenía una postura contraria, el coste frente a una militancia educada en considerar al PP como el culmen de todos los males. La verdadera diferencia es que el Comité Federal extendía el veto, y con mayor fuerza, a otras formaciones políticas. En primer lugar y principalmente, a las fuerzas políticas catalanas que estaban ya inmersas en el procés, aun cuando todavía no se había producido el golpe de Estado. Pero el veto fue mucho más lejos. Al secretario general se le prohibía sentarse a negociar (no solo pactar) con cualquier formación política que defendiese el derecho a decidir, y Podemos lo hacía. El mismo Sánchez reconoce este hecho en su libro.

Por supuesto, el secretario general no hizo el menor caso de esta última prohibición. En su megalomanía y concepción caudillista, despreciaba y desprecia la disposición estatutaria que establece que el máximo órgano entre congresos es el Comité Federal. El haber sido elegido por los militantes, mediante primarias, le hacía pensar que solo debía responder ante ellos, lo que resulta mucho más sencillo y al mismo tiempo más fácil de manipular. Así que acarició la idea de alcanzar la presidencia del Gobierno con el apoyo de Ciudadanos y Podemos. El proyecto fracasó. Resultó imposible reunir a dos formaciones políticas tan heterogéneas.

Tras esta decepción, una vez celebradas las elecciones de 2016 y aun cuando los resultados fueron aún peores que los de 2015, Sánchez continuó con la idea de llegar a la Presidencia del Gobierno. Solo le quedaba un camino, apoyarse en la totalidad de los partidos políticos, descartando al PP y Ciudadanos, lo que incluía a las formaciones políticas independentistas catalanas embarradas ya en el procés y en plena actitud de rebeldía. El proyecto se mantuvo en una cierta ambivalencia y los contactos fueron llevados a cabo con la mayor discreción, consciente Sánchez de la resistencia que despertaba en los órganos de su partido y más concretamente en el Comité Federal. Rubalcaba acuñó el término de gobierno Frankenstein.

La prueba de que la idea estaba presente en el sanchismo se encuentra en que un tiempo después se llevó a cabo mediante la moción de censura a Rajoy, incluso cuando los secesionistas habían perpetrado ya el golpe de Estado y no renunciaban a repetirlo en condiciones más favorables. Es más, se continuó gobernando posteriormente con el apoyo de lo que se llamó el bloque de la moción de censura.

Fue la percepción de que el supremo órgano entre congresos no le iba a permitir apoyarse en los partidos secesionistas la que empujó a Pedro Sánchez a planear una consulta a los militantes, en forma de primarias, que representaba una especie de plebiscito, un voto en blanco al secretario general. Sánchez, en su ya citado libro, falsea la motivación y presenta la consulta como la necesaria búsqueda de apoyo interno para negociar con Podemos y Ciudadanos, lo que resulta a todas luces falso puesto que esa negociación ya se había efectuado en el pasado sin ningún éxito.

La convocatoria de unas primarias en estos términos constituía sin lugar a dudas una trampa, pues con tan solo quince días de plazo era imposible que se pudiera presentar otra candidatura diferente a la del secretario general, tanto más cuanto que la de este iba a contar con todos los medios que le otorgaba el cargo que ostentaba. Fue la conciencia de ello la que llevó al Comité Federal a forzar la dimisión de Pedro Sánchez. Los acontecimientos posteriores son plenamente conocidos. Al final, fueron convocadas las primarias a las que Sánchez se presentó y ganó, basando toda su estrategia en ocultar durante la campaña su posición respecto al tema de Cataluña y especialmente frente a las futuras alianzas con los partidos sediciosos, al tiempo que centraba el debate en el “no es no” contra el Partido Popular. Izquierda-derecha. Señalaba como traidores a los miembros del Comité Federal que le habían defenestrado.

El triunfo de las primarias permitió a Pedro Sánchez conformar los órganos de dirección del PSOE con una composición que le era totalmente favorable, de manera que el partido no constituía ya ningún obstáculo para la operación que le había sido vetada un año atrás (ver mi artículo de 1-6-2017). Ocurría, sin embargo, que en todo ese tiempo la situación en Cataluña se había radicalizado y estaba a punto de perpetrarse el golpe de Estado. En tales circunstancias se hacía imposible una alianza como la que necesitaba Sánchez para llegar a la Moncloa. Es más, en ese contexto tuvo que revestirse de constitucionalista. Hubo que esperar a que fracasase el golpe de Estado y que dejase de estar en vigor el artículo 155, para que se presentase la ocasión adecuada. Aparentemente fue la sentencia de Gürtel, aunque en realidad constituyó más bien, como es bien sabido, un pretexto.

Prescindiendo de detalles, después de la moción de censura y tras las muchas cesiones que ha hecho a los golpistas (ver mi artículo de 15-11-2018), Sánchez creyó que había llegado al máximo que podía llegar. La cascada de protestas levantadas en su propio partido y la indignación mostrada en la sociedad con temas como el del relator o el de los 23 puntos le llevaron al convencimiento de que no podía avanzar más en las concesiones al independentismo sin poner en peligro el resultado de las elecciones que, antes o después, se vería obligado a convocar. Decide por tanto repetir la estrategia que tan buenos resultados le había dado: antes convocar primarias, ahora convocar elecciones.

El doctor Sánchez aprovecha la negativa de los golpistas a votar sus presupuestos para disolver las Cortes, argumentando y vanagloriándose de que no ha cedido frente al independentismo, desmarcándose así de los nueve meses anteriores, con la intención de que el debate electoral se centre en el binomio izquierda-derecha, y su discurso en un intento de meter en el mismo saco a Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Confía en que gracias a las transferencias de votos de Podemos, que incomprensiblemente se ha ayuntado aún más con los golpistas, y a la división en cinco partidos del arco parlamentario, aun cuando sus resultados no sean demasiado boyantes, hará posible que el PSOE sea el partido más votado, y que él llegue a ser presidente de nuevo con el bloque que ganó la moción de censura.

El triunfo en los comicios generales, y ocupado el PSOE en las elecciones europeas, autonómicas y municipales, poca contestación interna puede haber, y con cuatro años por delante la repulsa popular no importa demasiado. Estos condicionantes permitirán a Sánchez ceder ante los independentistas en muchas de las cuestiones que hasta ahora no se había atrevido a transigir. Recuerdo que un gran número de sus botafumeiros, en la primera etapa de su secretaría general rechazaban indignados que Sánchez estuviese dispuesto a llegar a la presidencia de gobierno con el apoyo de los secesionistas. El caso es que dos años después llegó, incluso cuando los secesionistas ya se habían transformado en golpistas. Ahora gritan soliviantados que Sánchez jamás pondrá en peligro la Constitución y la Unidad de España. Veremos.

republica.com 15-3-2019

En su estrategia de alejar del debate electoral la ignominia de haber sido presidente del Gobierno gracias al apoyo de los golpistas, Pedro Sánchez pretende centrar la cuestión en el binomio izquierda-derecha. Soy un convencido de que el antagonismo existe. Hay claras diferencias entre un pensamiento, una teoría, una ideología, como se la quiera llamar, de izquierda y otra de derecha; y cuando esa diferencia se niega es porque existen importantes intereses en esconder tal distinción.

Aranguren, en el capitulo IX de su obra “Ética y política”, contestaba con una metáfora a los que ya entonces (1966) hablaban de la superación de tal dicotomía. Refería que, ante la opinión extendida de que no existía el demonio, Baudelaire realizaba con agudeza la siguiente reflexión: “La última astucia del diablo es divulgar la noticia de su muerte”. Por cierto, la frase fue recogida muchos años después (1995) en la película de Bryan Singer “Sospechosos habituales”. Pues bien, añadía Aranguren, la última astucia de la derecha es propagar el rumor de la superación de la antítesis derecha-izquierda.

Mientras haya clases sociales –y, como las meigas, haberlas, haylas- mientras se mantengan profundas diferencias económicas, mientras persistan hirientes injusticias, por fuerza tiene que darse disparidad entre las ideologías políticas. De lo que no estoy nada seguro es que esa distinción pueda trazarse de forma tan nítida cuando hablamos de partidos, especialmente si solo nos fijamos en las siglas, los nombres o las posiciones que ocupan en el arco parlamentario. No es izquierda todo lo que reluce, ni el que dice Señor, Señor, entrará, según San Mateo, en el reino de los cielos. Un partido no es de izquierdas por repetir que lo es, o por calificar—mejor diríamos descalificar— de derechas al adversario político.

De hecho, la distancia entre los partidos políticos que se denominan de izquierdas y de derechas se ha ido reduciendo progresivamente, al menos en los países occidentales. Los partidos conservadores a lo largo del tiempo han ido asumiendo muchos de los principios y los supuestos del Estado Social. A su vez, los partidos socialdemócratas se han hecho socialiberales, adoptando los axiomas del neoliberalismo. Es más, estas últimas formaciones políticas han defendido la globalización y la Unión Monetaria sin ser conscientes -o tal vez siéndolo- de que su aceptación implicaba de hecho la casi eliminación de toda posibilidad de realizar una política de izquierdas, o, dicho de otro modo, los parámetros económicos creados por ambas realidades convierten a menudo las medidas que en teoría podían ser claramente de izquierdas en contraproducentes, ya que el resultado obtenido es el contrario del que teóricamente se pretendía conseguir.

Este proceso de transformación de la socialdemocracia ha sido palpable en todos los países, y desde hace muchos años también en el nuestro. Recuerdo que allá por el año 89, en un debate informal acerca de las señas de identidad del socialismo organizado por Sotelo y Paramio, en el que nos enfrentamos dialécticamente críticos y oficialistas, estos llegaron a la feliz conclusión de que, dada la dificultad que tenían para distinguir su mensaje de cualquier otra corriente política, socialismo era “lo que hacían los socialistas”. Muy ilustrativo, ciertamente. Expresión de hasta dónde se puede llegar en la desideologización y el pragmatismo. Pero si no queremos caer en un cinismo de tal calibre, la frase deberíamos construirla a la inversa, un partido solo es socialista, progresista o de izquierdas si promueve y lleva a cabo una política propia de ese nombre. El problema surge cuando hemos construido un entorno social y económico en el que esas políticas apenas son viables.

Un partido no es socialista, progresista o de izquierdas por autodenominarse así, ni tampoco por tener muchos años de historia. El PSOE en las primeras elecciones democráticas apareció en los carteles con el eslogan de “Cien años de honradez”, al que de forma maliciosa el Partido Comunista añadía “y cuarenta de vacaciones”, en alusión a su práctica ausencia de la realidad política durante los cuarenta años de franquismo. Luego se vio además que la honradez del pasado no era garantía de la honradez en el futuro.

Ahora es Esquerra Republicana de Cataluña la que continuamente hace referencia a su historia pasada, tal vez en un intento de justificar su maridaje espurio con el partido más corrupto y reaccionario social y económicamente hablando de la realidad política española (CiU y sus metamorfosis). En el caso de Esquerra Republicana su historia misma deja mucho que desear. También quizás habría que hablar de cuarenta años de vacaciones. De su nombre lo único cierto tal vez sea lo “de Cataluña”. Parece ser que no fue muy leal precisamente con la República y lo de izquierda resulta difícil de creer cuando lo único que le importa es la independencia de Cataluña. En fin, en todo caso y parafraseando a Celaya, allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos.

Resulta bastante difícil reconocer como socialista a un partido que defiende el tipo único en el impuesto sobre la renta o que elimina el impuesto de patrimonio, y desde luego es imposible tener como de izquierdas a una formación política que persigue por métodos ilegales y por la fuerza la ruptura del Estado, especialmente cuando lo que pretende es defender los privilegios de regiones prósperas a costa de los territorios menos desarrollados. Detrás del independentismo catalán se oculta la rebelión de los ricos, de la oligarquía catalana, ante las exigencias derivadas de la aplicación territorial de la política redistributiva del Estado social.

No dudo de que el nacionalismo, como todo movimiento reaccionario, haya sabido esconder los motivos económicos bastardos tras una mística sensiblera capaz de convencer a muchos incautos, empleando de forma abusiva y fuera de contexto palabras como libertad o democracia. Hay una cierta similitud con el neoliberalismo económico que esconde los intereses económicos de los pudientes tras el nombre de la libertad y de la defensa de los derechos del individuo frente a un Estado asfixiante.

Los planteamientos más reaccionarios se encuentran en la base del neoliberalismo económico y del nacionalismo de las regiones más ricas. En los momentos actuales las cotas mayores de desigualdad susceptibles de ser corregidas se dan seguramente a nivel territorial, desigualdad que, lejos de corregirse, se incrementa año tras año y que, desde luego, se haría mucho mayor de tener éxito las pretensiones nacionalistas. La diferencia en el nivel de oportunidades dependiendo del domicilio afecta en mayor medida, como es lógico, a las clases bajas. Por esa razón, y por mucho que se empeñen en presentarse con otro ropaje, todo nacionalismo se basa en el supremacismo cuando no en la xenofobia, y termina lindando más que ninguna otra formación política con la ultraderecha.

La valoración, sin embargo, tiene que volverse mucho más negativa cuando se intentan conseguir estos objetivos por procedimientos ilegales contraviniendo todo tipo de normas. Nos movemos ya en un plano distinto y mucho más radical. No se trata ya de izquierdas y derechas, sino de legal-ilegal, constitucional o inconstitucional, ley o anarquía. Nos enfrentamos con el intento, realizado por una parte del Estado, de expropiación de la soberanía que corresponde al todo. Y, además, por la fuerza, por métodos ilegales y coercitivos.

No hay Estado social, si antes no es democrático, y no hay Estado democrático sin Estado de derecho. Subvertir el Estado de derecho es quebrar el orden político, la democracia, la seguridad jurídica, es dañar gravemente la economía y por ende toda política social y redistributiva. Por eso, en los momentos actuales, ante el reto golpista y anárquico que se vive en Cataluña y que constituye una amenaza para toda España, el debate fundamental, de cara a las próximas elecciones, no puede centrarse en el sentido clásico entre izquierda y derecha, tal como pretende Sánchez. Hay una alternativa más radical. Quiénes están dispuestos y quiénes no a parar el golpe de Estado. La cuestión esencial a la que Sánchez, le guste o no, tiene que responder es si piensa continuar aliado con los golpistas y si está dispuesto a ser de nuevo presidente de Gobierno con su apoyo.

republica.com 8-3-2019

Decíamos en el artículo de la semana anterior que el relato de Pedro Sánchez se fundamenta, en gran medida, en hacer que nos olvidemos de Cataluña y que no recordemos que había sido y es presidente del Gobierno gracias a los golpistas. Pero si esto no es posible o no lo consigue, su estrategia va a pasar por situarse ficticiamente en el medio entre unos independentistas cerriles que solo quieren negociar el derecho de autodeterminación y una derecha retrógrada que por toda solución propone aplicar el 155. “In media virtus”, que dirían los escolásticos, y su postura según él es la virtuosa: la solución de Cataluña no puede venir de la mano dura sino del diálogo.

Alega que los resultados del Gobierno anterior fueron mucho peores: dos referéndums de autodeterminación y una declaración unilateral de independencia, etc. A Sánchez hay que recordarle que, si todo eso no se ha repetido últimamente, no es gracias al gobierno frankenstein, sino a que los líderes secesionistas han tomado conciencia del fracaso del primer golpe y, principalmente, al miedo a las consecuencias penales. De ahí que al mismo tiempo que no abdican lo más mínimo de sus bravuconadas, material de consumo para su clientela, tengan sumo cuidado en no traspasar la débil frontera que les separa de acabar acusados en los tribunales. No es el diálogo de Pedro Sánchez el que los mantiene dentro de un cierto orden, sino la justicia. Es más, el independentismo tantea el terreno para poder recorrer el camino máximo posible sin incurrir en delito. Bien es verdad que ese máximo posible se ha hecho más laxo con el sanchismo, ya que la actual Fiscal general parece estar de vacaciones.

Que son los tribunales y los jueces los únicos que están siendo eficaces contra los sediciosos aparece de forma clara al contemplar el empeño que ponen en arremeter con lo que llaman “judicialización de la política”. Es un problema político, repiten sin cesar. Nadie lo duda, pero lo convirtieron en un problema penal en cuanto se saltaron la ley, la Constitución y pretendieron la segregación por la fuerza de una región española. Son ellos los que han judicializado la política, y ahora quieren politizar la justicia cuando presionan a los tribunales e intentan que el Gobierno haga lo mismo.

Sánchez no puede estar, como pretende, en el medio, porque en esta materia no puede haber medio. Se está con los constitucionalistas o con los golpistas, y Sánchez hasta cierto punto ha comprado el discurso de los sediciosos: la España nación de naciones; es un problema político; no se debe judicializar la política, etc. Por eso, el relato de Sánchez resulta tan torticero e hipócrita cuando con tono melifluo afirma que lo único que pide es que la oposición actual sea tan leal como él lo fue estando en la oposición con el Gobierno de Rajoy.

En primer lugar, hay mucho que decir acerca de su pretendida lealtad en la oposición. Desde que Pedro Sánchez ocupa la Secretaría General, el PSOE ha seguido la estela del PSC. Y el PSC no ha sabido nunca en qué terreno se encontraba. Se ha movido en la mayor ambigüedad. Llegó incluso a defender el derecho a decidir. Bastantes de sus miembros incluso se han pasado a las filas independentistas. Fue el PSC el que terminó elaborando un Estatuto anticonstitucional y arrastró a Zapatero a esa aventura, y su corrección por el alto tribunal ha servido de excusa y pretexto a los secesionistas para tirarse al monte. Pedro Sánchez ha empleado los retos que el procés presentaba al Gobierno anterior para desgastarle, culpabilizándole de la situación en Cataluña. Cada vez que los sanchistas criticaban al independentismo se sentían en la obligación de atacar al mismo tiempo a Rajoy y al PP, repartiendo las culpas por igual.

En esto Sánchez no ha cambiado nada. Antes y ahora responsabiliza a los populares del incremento sufrido en el número de los que se consideran independentistas. Es el mismo argumento que utilizan los golpistas. En este razonamiento, sin embargo, anida una falacia. El número de nacionalistas se ha mantenido constante a lo largo de los años y de las distintas elecciones. El porcentaje de votos cosechados por el nacionalismo en los múltiples comicios autonómicos no ha variado. Lo que sí se modificaba en cada elección era la distribución entre los distintos partidos.

¿Dónde se encuentra la novedad de los últimos años? En la radicalización sufrida por los líderes, especialmente los de Convergencia, que han arrastrado tras de sí a todos sus votantes. Los nacionalistas han pasado a proclamarse secesionistas y posteriormente a abrazar la sedición y el golpismo, desde el mismo momento en el que estuvieron dispuestos a defender y a llevar a cabo la declaración unilateral de independencia. La culpabilidad en esta metamorfosis solo se puede atribuir a los propios independentistas; y, si hablamos de causa, no andamos desencaminados si señalamos la crisis económica y la pretensión del Gobern de la Generalitat de librarse de la responsabilidad de los ajustes y trasladarla a un sujeto externo al que llamaron Estado español, y a su intención de obtener una situación económica privilegiada frente a las otras Autonomías, reclamando el excepcional régimen fiscal del País Vasco.

Sánchez, lejos de ser la personificación de la lealtad de la que ahora se pavonea, ha sido una rémora para el anterior Gobierno a la hora de que tener que tomar medidas más o menos estrictas en Cataluña. Siguiendo la estela del PSC, ha coartado a menudo las actuaciones contra el independentismo. Sánchez e Iceta se mantuvieron siempre en contra de aplicar el 155, siendo en buena medida responsables de que este artículo no se aplicase antes, dando lugar a los aciagos acontecimientos del 1º de octubre, que se hubiesen podido evitar asumiendo el Estado al menos algunas competencias como las de Interior o las de Hacienda.

En todos esos días, Iceta y su discípulo Sánchez, no dudaron en utilizar, en contra de lo que dicen ahora, los conflictos en Cataluña como arma electoral con la que perjudicar al adversario. Tan solo cuando la ofensiva sediciosa llegó al límite y los golpistas declararon unilateralmente la independencia, Sánchez aceptó que se aplicase el artículo 155, pero imponiendo múltiples limitaciones tanto en sus competencias -dejando fuera algo tan importante como los medios de comunicación públicos-, como en su duración, que hicieron que la medida perdiese gran parte de su eficacia.

Sin duda fue la moción de censura el exponente de la máxima deslealtad de Sanchez, al apoyarse en los golpistas para llegar a presidente del Gobierno y al hacer posteriormente toda clase de cesiones para mantenerse en el cargo. ¿Cabe mayor acrobacia? No deja de resultar chistoso, aunque muy indignante, que encima pida lealtad a los partidos de la oposición, identificando aquella con la complicidad en su vergonzosa trayectoria de concesiones. La lealtad no es a un gobierno, sino a la nación y al Estado, y colaborar con Sánchez en su coqueteo con los golpistas no es lealtad, sino todo lo contrario.

Pedro Sánchez es un artista en reescribir la historia, en manipularla y presentarla según sus intereses. Sirva de ejemplo el libro que ha publicado. Poco en él es verdad. Resulta que Sánchez quiere y respeta a Rajoy, y Junquera ama y ama muchísimo a España. El libro del colchón nos sirve, no obstante, para intuir por dónde va a ir el discurso engañoso en esta campaña electoral. No solo se quiere presentar como el summum de la lealtad, también quiere aparecer como hombre de Estado, moderado, a los efectos de situar a los otros partidos en la crispación. Él, que ha convulsionado la política española desde el inicio de la legislatura estableciendo un cordón sanitario alrededor de lo que llamaba la derecha; él, que ganó las primarias a base de remover los sentimientos más sectarios en las bases y que redujo todo su mensaje a anatematizar a la derecha y a oponerse radicalmente a todo pacto con el PP.

De cara a las próximas elecciones, retornará de nuevo a centrar su relato en la contraposición izquierda-derecha. Pero de eso hablaremos la próxima semana.

republica.com 1-3-2019

Si algo caracteriza a Pedro Sánchez por encima de cualquier otro aspecto es su condición camaleónica, es su capacidad de cambiar de relato y de afirmar hoy lo contrario de lo que declaró ayer. Ya lo decía su elocuente vicepresidenta: “Eso era antes de ser presidente”. Pues bien, ahora, de cara a las elecciones, le conviene dar un giro de 180 grados, va a procurar vender una apariencia radicalmente distinta de la realidad y presentarse como buen tartufo con una nueva careta. Por eso, si queremos juzgar los méritos y deméritos del doctor Sánchez habremos de fijarnos en sus obras y no en sus palabras. Si queremos intuir cómo se va a comportar en el futuro, no podemos fiarnos de sus promesas, sino que deberemos proyectar hacia adelante la historia pasada, no solo desde que es presidente del Gobierno, sino al menos desde su enroque en el “no es no”.

En esta campaña electoral va a intentar convencernos de que él no ha pactado con el golpismo, de que no ha hecho concesiones, y para ello agitará la ruptura de la negociación anunciada pomposamente el otro día. El que no haya cedido (más bien que no haya podido ceder) por ahora en la grande, no quiere decir que no haya cedido en muchas chicas hasta donde su propio partido y el clamor social se lo permitían, y tampoco garantiza que no esté dispuesto en ceder también en lo grande si se presentan condiciones más favorables. El mismo Tardá lo ha dicho: “Habíamos llegado ya muy lejos en el pacto”. Al independentismo, como siempre, le ha fallado la perspectiva y ha echado un órdago que en estos momentos el doctor Sánchez no podía aceptar.

Al grito de que hay que dialogar son muchas las concesiones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho al golpismo. Les liberó del control que el Ministerio de Hacienda tenía sobre las cuentas de la Generalitat y que minimizaba el riesgo de que los fondos públicos se empleasen en preparar un nuevo golpe de Estado; trasladó a las cárceles catalanas a los sediciosos pretendiendo hacer pasar lo que era una mera recomendación de la ley, como obligación, cuando había muchos motivos para no hacerlo; retiró múltiples recursos que el anterior gobierno había interpuesto ante el Tribunal Constitucional acerca de ciertas leyes que habían sido aprobadas por el Parlament y sobre las que existían serias sospechas de que vulnerasen la Carta Magna. Y está consintiendo que en Cataluña los CDR impidan las manifestaciones legales que no les gustan y coaccionen y persigan a los no independentistas (jueces, políticos, policías, etc.).

La ministra de Justicia, para no incomodar a los sediciosos, pretendió dejar tirado al juez Llarena en la patética demanda judicial de Bruselas. Y por el mismo motivo forzó a la Abogacía General del Estado a cambiar la calificación en el proceso penal del 1-0. De igual forma, para agradar a los independentistas, varios miembros del Gobierno, entre los que se encontraba Pedro Sánchez, hablaron de indultos, de que creían que los procesados no debían estar en prisión provisional y de que pensaban que no había habido rebelión en el golpe de Estado de los independentistas.

Se han establecido relaciones bilaterales, creando múltiples mesas, entre el Gobierno español y el Consejo de Gobierno de la Generalitat, a pesar de que este se ha negado a participar de los foros comunes con otras Comunidades Autónomas. Con esta bilateralidad se pretende dar la impresión de que la negociación se establece entre dos poderes soberanos e iguales. Esa misma imagen es la que se ofrece cuando se acepta que la reunión entre el presidente del Gobierno español y el presidente del Consejo de Gobierno de la Generalitat se celebren alternativamente en Madrid y Barcelona. Además, se consintió que en el orden del día figurara el derecho de autodeterminación y la libertad de los presos del procés.

Pedro Sánchez mendigó en Pedralbes una entrevista con el supremacista Torras y, para conseguirla, el Gobierno accedió a celebrar, según los deseos de los independentistas, una mini cumbre con un comunicado final en el que se eliminó toda referencia a la Constitución. Así mismo, se aceptó recibir una lista de 21 puntos disparatados y ofensivos para el Estado español, tan disparados y ofensivos que el Gobierno ha preferido mantenerlos en secreto y solo se han conocido cuando la Generalitat ha creído que le convenía publicarlos.

Últimamente los intereses de Sánchez han estado asociados a la aprobación de los presupuestos y por eso se intensificó el cortejo a los golpistas. En este sentido, se han consignado en el proyecto de presupuestos unos créditos para inversión en Cataluña con un incremento desproporcionado y muy discriminatorio para el resto de Comunidades Autónomas, pero, además, se asumió el esquema del independentismo de crear mesas de negociación al margen de las instituciones y de nombrar lo que llaman un relator, y aun cuando el Gobierno ha pretendido minimizar la figura quitándole toda relevancia, lo cierto es que la referencia a una vieja aspiración de los independentistas, la de nombrar un intermediario de cara a poder internacionalizar el proceso, resulta inevitable.

Algunas de estas cesiones pueden considerarse aparentemente y a primera vista sin demasiada importancia, pero tienen un gran valor simbólico para los secesionistas y para su relato. El independentismo vive de símbolos: la bilateralidad, la intermediación, la supremacía frente al Estado. En política las cosas no son como son, sino como parecen. Y lo que parece y los independentistas quieren dar a entender es que hay una negociación entre dos estados soberanos, por eso se pretende que el diálogo se celebre en mesas bilaterales al margen de las instituciones de las Cortes y del Parlament.

El coro de botafumeiros que acompaña a Pedro Sánchez ha repetido sin cesar, para justificar lo injustificable, que el Gobierno no ha hecho nada ilegal y que no ha transgredido la Constitución. Solo faltaba. Es evidente que hoy por hoy es un paso que nadie puede dar. Pero la cuestión no es esa. El problema es que progresivamente se está facilitando el camino y dotando de armas a los independentistas para que, en un futuro, un nuevo golpe de Estado acabe teniendo éxito. La malignidad del fin, se quiera o no, se traslada a los medios. Si el fin es anticonstitucional, en cierta manera los medios también.

Frente a todas estas concesiones del Gobierno, el independentismo no ha dado un paso atrás en sus reivindicaciones, no ha aportado nada como no sea apoyar a Pedro Sánchez en la moción de censura y en otras múltiples votaciones. Aunque bien es verdad que esa era la finalidad del presidente del Gobierno. El diálogo no va dirigido a solucionar el problema de Cataluña, sino a conseguir mantenerse en el poder. De ahí que cuando comprobó que los independentistas no estaban dispuestos a retirar la enmienda a la totalidad en los presupuestos, escenificó la ruptura del tan cacareado diálogo con el pretexto de que el secesionismo pretendía discutir sobre el derecho de autodeterminación. Menudo descubrimiento, cuando en la primera entrevista de Sánchez con Torra ya se aceptó que figurase en el orden del día, junto al tema de los golpistas presos.

De cara a los comicios del 28 de abril, el sanchismo va a transmutarse, pretenderá convencernos de que no se ha doblegado frente a los sediciosos. Intentarán metamorfosearse, borrar todas las cesiones realizadas, que la sociedad se olvide de que el secretario general del partido socialista fue presidente del Gobierno gracias al apoyo de los golpistas, y tratarán de ocultar lo que aún es más grave: que está dispuesto a repetir la aventura y a constituir la misma mayoría después de las elecciones si es que los resultados lo permiten.

republica.com 22-2-2019

Se suponía que los Parlamentos hacían las leyes y los Ejecutivos los decretos, los reglamentos, el desarrollo de las leyes. Aunque bien es verdad que siempre han existidos listillos que han creído que era más importante hacer los reglamentos que las leyes. Hagan ustedes las leyes, que ya haré yo los reglamentos, dicen que afirmaba con tono retador don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Pero Pedro Sánchez está dispuesto a hacer las leyes y los reglamentos y para ello ha encontrado el subterfugio del decreto-ley que prevé nuestra Constitución en su artículo 86, pero solo para los casos de extraordinaria y urgente necesidad. Es verdad que todos los gobiernos se han extralimitado en su utilización, pero ninguno como el doctor Sánchez, que lo mantiene como la única forma legislativa. Hasta la realidad más baladí se considera de extraordinaria y urgente necesidad.

Incluso el ministro astronauta se ha aprendido la treta y en el último consejo de ministros utilizó el decreto-ley para cambiar la forma de control de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), excepcionandoles de la ley general presupuestaria, y sustituyendo la fiscalización previa por el control financiero permanente. Conviene antes que nada resaltar que los OPIs son órganos de investigación, pero también son públicos, es decir, los recursos que manejan son de todos los españoles y es fundamental garantizar no solo que tenemos buenos investigadores (todo el mundo se cree muy bueno en su profesión), sino también que se emplean los recursos adecuadamente, con eficacia, con eficiencia y orientándolos a la finalidad y del modo que el Parlamento ha decidido, en otras palabras, de acuerdo con la ley.

La historia es antigua, los responsables de casi todos los organismos, en aras de una supuesta eficacia, pretenden liberarse del yugo de la ley y del control previo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), confundiendo una con el otro. Actualmente, la fiscalización previa está muy limitada a determinados actos y hechos jurídicos que se consideran esenciales, y el tiempo que los expedientes permanecen en las intervenciones es muy reducido, cinco días por término medio. De existir rigideces y retrasos no se encuentran desde luego en el control previo, sino en la normativa aplicable, en la carencia de recursos económicos (en la época de crisis se ha hecho evidente), pero con mayor probabilidad en la ineptidud de los gestores y altos cargos que esconden su incompetencia tras la excusa de la intervención.

Lo que realmente incomoda a los gestores que se muestran descontentos, es la norma, el hecho de tener que someterse a procedimientos reglados; ahora bien, son estos procedimientos los que garantizan que los recursos se utilizan adecuadamente, que no se desvían a finalidades espurias, que no se malgastan y que se cumple la igualdad de oportunidades. En contra de lo que piensan muchos, no sé si por conveniencia o por ignorancia, la ausencia de norma no incrementa la eficacia, sino todo lo contrario, el despilfarro, el amiguismo e incluso la corrupción.

A menudo he señalado cómo los casos de corrupción se han acumulado allí donde el control de la intervención es más deficiente, primero en los ayuntamientos, donde el interventor es nombrado por los alcaldes; segundo en las Comunidades Autónomas, ya que los interventores generales no suelen ser funcionarios y se encuentran muy mediatizados como recientemente ha demostrado el proceso de los ERE en la comunidad andaluza, de donde son oriundas las actuales autoridades del Ministerio de Hacienda; y, por último, en los entes y organismos de la Administración central (por ejemplo, en las empresas públicas) en los que no existe la fiscalización previa.

Los políticos que compiten para ver quién asume mejor el papel de campeón contra la corrupción se van normalmente por las ramas a la hora de proponer medidas, medidas carentes de eficacia y que solo tienen valor de pura propaganda de cara a la galería. Por el contrario, pocos se preocupan de acometer reformas realmente efectivas como la potenciación de los órganos de control. Más bien, tal como estamos viendo en este caso, el camino seguido es el contrario y se elimina la fiscalización previa con el pretexto de incrementar la eficacia.

Se ha publicado que los OPIs fueron sometidos al régimen de fiscalización previa en 2014. Solo es cierto parcialmente, puesto que en ese año lo único que se hizo fue recuperar el régimen de control que primigeniamente tenían y que había sido modificado, al igual que se hace ahora, a finales de la década de los noventa. El cambio de 2014 obedeció precisamente a la mala gestión y a las múltiples irregularidades que los informes de control a posteriori habían detectado en el funcionamiento de estas entidades desde que se les había librado de la intervención a priori. No hubiera estado mal que el Gobierno actual, antes de tomar esta medida, hubiese consultado los numerosos documentos que se encuentran en la IGAE y que describen los defectos y las lacras que se están dando en la actividad de estos organismos.

Al lado de una corrupción a lo grande, de casos espectaculares, aquellos que terminan en el juzgado y salen en la prensa, se encuentra una corrupción a lo pequeño, tanto o más importante, porque puede emponzoñar a la totalidad de una entidad cuando el control se relaja; es el amiguismo, la endogamia, los contratos amañados, el reclutamiento de personal sin seguir los criterios de mérito y capacidad, las subvenciones concedidas de forma arbitraria o no justificadas adecuadamente con posterioridad, etc. Algo de todo ello hemos intuido en este tiempo de atrás en el mundo universitario. Los escándalos que se han hecho públicos, han mostrado tan solo la punta de ese magma de irregularidades y pequeñas corrupciones sobre el que se asienta la universidad, precisamente por la ausencia de control en su régimen administrativo.

Es hasta cierto punto lógico que los investigadores no entiendan mucho de gestión del gasto público y que en esa ignorancia consideren como recursos propios los fondos provenientes de las subvenciones que se les conceden para los proyectos de investigación. En buena medida es explicable que piensen que no tienen por qué justificar su aplicación. Tampoco nos puede extrañar demasiado que el ministro astronauta no esté muy ducho en Derecho Administrativo y en gestión presupuestaria. Cómo lo va a estar cuando incluso desconoce los rudimentos más elementales de la hacienda pública y piensa, según ha dicho, que las personas físicas pueden tributar como sociedades para ahorrarse impuestos. Son las consecuencias de elegir como ministros a los famosillos por el único motivo de serlo.

Por el contrario lo que no es fácil de comprender es la inactividad y la indolencia del Ministerio de Hacienda permitiendo que se incremente el descontrol en los recursos propios. Bien es verdad que algo aclara el hecho del desembarco en el Ministerio de la brigada sanitaria de la Junta de Andalucía, una jubilosa panda de amigas, cuyos currículos giran principalmente alrededor de los másteres en medicina, cuando no en la diplomatura de ciencias laborales. Titulaciones y conocimientos todos ellos muy respetables, pero no demasiado apropiados para regir un ministerio tan complejo y fundamental como el de Hacienda.

Hace ocho meses, todos los que conocemos un poco la Administración quedamos profundamente sorprendidos cuando al publicarse la estructura del Ministerio de Hacienda vimos con estupor que se ubicaba a la IGAE en la Subsecretaría. Jamás había sido así. No tenía sentido ni por las competencias ni por criterios de jerarquía administrativa. No resulta lógico que un subsecretario (La IGAE tiene esta categoría administrativa) dependa de otro subsecretario. La IGAE, que funcionalmente depende del Consejo de Ministros, lo lógico es que se hubiese adscrito directamente al ministro, o al menos a la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gasto Público. La explicación llegó más tarde. La subsecretaria desconocia la estructura administrativa y creía que su puesto era el segundo en importancia en el ministerio; pensaba que iba detrás de la ministra y por eso reclamó la IGAE. Creo que su cabreo fue monumental cuando se enteró de que no era así y de que las secretarias de Estado tenían más categoría que ella. En fin, que así nos va moviéndonos entre astronautas.

republica.com 15-2-2019