ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El PSOE de Sánchez se ha especializado en acuñar palabras que, más tarde, a fuerza de repetirse, se usan como eslóganes publicitarios con los que poder modificar la opinión del personal, no solo la del electorado, sino también en el consumo interno del partido. Porque Sánchez se ve obligado a convencer a los de fuera, pero también a los de dentro.

El sanchismo, de cara al 40 Congreso, ya está preparando la escena y la correspondiente representación. La vicesecretaria general del partido y portavoz parlamentaria, peón para todo (ahora más necesario que nunca cuando se ha defenestrado a otros peones que parecían imprescindibles), ha comparecido ante la prensa para transmitir el nuevo vocablo que han parido, «España multinivel», que más o menos viene a decir lo mismo que antes se quería designar con lo de “federalismo asimétrico”.

En realidad, el término no es original. Se ha utilizado, aunque quizás con muy poco éxito, para dar respuesta a la globalización, superando el concepto de Estado-nación. Desde esta óptica, se defiende la distribución de competencias, pero no tanto en la descentralización del Estado hacia abajo, sino en la fijación de niveles competenciales hacia arriba, creando unidades políticas que puedan superar parcialmente la realidad del Estado y enfrentarse así a la integración de los mercados.

He señalado al principio «que quizás con poco éxito» porque no podemos estar demasiado orgullosos de las organizaciones internacionales creadas, desde luego, manifiestamente ineficaces para contraponerlas a las integraciones comerciales y financieras. Tal vez el intento más serio se haya realizado con la Unión Europea, pero las competencias se han asignado de forma asimétrica y los resultados conseguidos son los contrarios de los que se deberían haber buscado. Lejos de neutralizar la globalización, la Unión Europea se ha convertido en su plasmación más genuina, con todas sus consecuencias negativas.

Ahora bien, la ponencia del PSOE parece orientarse por otros derroteros. La España multinivel hace referencia a la estructura territorial en la que las distintas Autonomías se sitúan en diferentes niveles competenciales y de relaciones con el Estado. No es la primera vez que en el PSOE se plantea este problema, aunque en buena medida con otra terminología. El PSC ha hecho múltiples intentos de atraer al PSOE a su terreno, con un mapa territorial en el que haya órdenes y niveles distintos para clasificar las correspondientes Comunidades Autónomas. No todos somos iguales.

Con Maragall (en tiempos de Zapatero -llamado el Bambi, aunque habrá quien opine que le sentaría mejor el adjetivo de frívolo-) pusieron en circulación la expresión “federalismo asimétrico”, con la que se indicaba que debía haber Autonomías de primera y de segunda clase, e incluso de décima si fuera necesario, un traje a medida donde Cataluña y el País Vasco ocupasen el primer lugar. Faltaría más, que para eso tienen hechos diferenciales.

Hablando de hechos diferenciales, no se puede por menos que recordar un pequeño sketch de Boadella, en el que comenzaba afirmando que él, como buen catalán, poseía hechos diferenciales. Bien es verdad, reconocía inmediatamente, que, como no podía ser de otra manera, los otros, el resto del público, también los tenía. Pero en seguida agregaba con tono irónico que los suyos eran mejores, porque, de lo contrario, de qué valdría tenerlos. Lo malo de los nacionalistas catalanes y vascos -y que Boadella ridiculizaba- no está en que crean que tienen hechos diferenciales (allá ellos con sus ensoñaciones pueblerinas, que les llevan a defender que hoy en día existe otra cultura distinta de la de la Coca-Cola); lo peligroso se encuentra en defender que sus hechos diferenciales son superiores a los de los otros (supremacía) y que en función de ello pretendan traducirlos en derechos o privilegios adicionales

El federalismo asimétrico que planteaba el PSC nunca fue aceptado por la mayoría del PSOE. En tiempos de Rubalcaba esta formación se vio obligada a forzar una reunión con su marca catalana sobre el tema y a llegar a una postura conjunta, lo que se dio en llamar “el acuerdo de Granada”. El PSC consiguió múltiples concesiones del PSOE, entre ellas la apuesta clara por el Estado de las Autonomías y su desarrollo posterior hacia un proyecto federal, modificando lo que fuese necesario la Constitución. Pero, a su vez, el PSOE logró que se silenciase la calificación de asimétrico predicada del federalismo.

Con Pedro Sánchez, el tema ha vuelto a surgir con fuerza, en esta ocasión marcado por la necesidad que tiene el Gobierno de contar con el apoyo de catalanes y vascos para mantenerse en el poder. Se comenzó hablando del Estado plurinacional o nación de naciones. En el fondo, todo termina igual, en la desigualdad y en la autodeterminación.

La ponencia está redactada por Denis Itxaso, dirigente del Partido Socialista de Euskadi (PSE) –PSE, el de ahora, no el de antes- y delegado del Gobierno en el País Vasco. Es, por tanto, hasta cierto punto lógico que hable de la España multinivel, porque si alguna Comunidad muestra de forma clara la existencia de distintas categorías en nuestro Estado de las Autonomías, esa es Euskadi. Goza sin lugar a dudas de una situación privilegiada. Cada vez que Sánchez necesita del voto de los diputados vascos, o incluso cuando el lehendakari hace la merced de asistir a una reunión de los presidentes de las Comunidades Autónomas, los privilegios se incrementan. No deja de resultar curioso que el mismo gobierno que habla de armonización fiscal entre Autonomías transfiera al País Vasco tres nuevos impuestos.

La ponencia para vendernos la España multinivel acude a la cogobernanza, otro de los vocablos que ha acuñado el sanchismo. También se da aquí la asimetría. Para la mayoría de las Comunidades la cogobernanza significa asumir las responsabilidades, mientras el Gobierno central se apropia de las decisiones y de los laureles. Todo ello ha quedado suficientemente claro en la pandemia y se deja ver ya también en la forma de repartir los recursos europeos. Es algo así como las asociaciones público-privadas: el beneficio para el sector privado y las pérdidas, si las hay, para el Estado.

La óptica cambia cuando se trata de Comunidades que cuentan con partidos nacionalistas. La cogobernanza entonces se concreta en que son los gobiernos autonómicos los que mandan e imponen las condiciones, ya que el Ejecutivo central se encuentra en sus manos. Son muchas las concesiones que ha ido haciendo Sánchez a todas las formaciones políticas que le mantienen en el poder. El panorama se oscurece aún más de cara al futuro, las que tendrá que hacer en los dos años que faltan para terminar la legislatura.

Las cesiones principales van a tener sin duda a los golpistas catalanes como protagonistas. Al soberanismo vasco le queda ya poco por conseguir, como no sea la independencia, que desde la estricta perspectiva económica quizás fuese rentable para el resto de España. La ponencia hace referencia explícitamente a Cataluña. Se afirma en ella: “La mejora de la convivencia en la sociedad catalana y el mejor encaje del autogobierno catalán con el resto de España constituyen objetivos de primer orden para los socialistas».

Habría que recordarles a los que se definen como socialistas que el autogobierno de los catalanes (al igual que el de todos los españoles) no depende del ámbito territorial, sino de su carácter democrático. No se circunscribe a la Generalitat, también se incluyen, en tanta o mayor medida, el gobierno central y el de los respectivos ayuntamientos, siempre que el uno y los otros funcionen democráticamente y, si no es así, cualquiera que sea su ámbito, serán heterónomos, no autónomos.

El encaje de la Generalitat en España, al igual que el del resto de las Autonomías, se realiza mediante el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Sin Estado de derecho no puede subsistir el Estado social. A su vez, se desmiembra cuando los poderes públicos -que todos ellos lo son en virtud de la carta magna- delinquen y se rebelan contra ella. El conflicto político en Cataluña (la ponencia lo cita así en varios sitios) se circunscribe al que están creando los golpistas cuando tratan de violentar el orden político establecido por la Constitución.

Dejémonos de zarandajas. El único objetivo de primer orden que tienen los sanchistas es mantenerse en el gobierno y a ese fin se dirigen las cesiones a los golpistas catalanes. Es en este contexto en el que se incardina la España multinivel. El presidente de la Generalitat no tiene por qué ir a mezclarse con los otros presidentes autonómicos. Él tiene dos mesas bilaterales (dos, no una) para negociar; mejor digamos que para imponer sus pretensiones. Como ha dejado claro el vicepresidente de la Generalitat, ellos vienen a cobrar al contado. Le faltó añadir (aunque no ha hecho falta que lo hiciera) que reclamaban el pago por sus servicios: el haber convertido a Sánchez en presidente del gobierno y mantenerlo posteriormente en el poder. Lo que pasa es que Sánchez no paga con su peculio, sino con el dinero y los derechos que pertenecen al resto de España.

republica.com 5-8-2021

Quien se empeñe en descubrir versos sueltos en este Gobierno se equivoca. Más que nunca se cumple la afirmación que, en su tiempo, dicen que hizo Guerra asegurando que el que se moviera no saldría en la foto. La actual crisis de gobierno da buena cuenta de ello. En realidad, prueba algo más: que aun sin moverte, puedes ser arrojado fuera del retrato si ello entra dentro de las conveniencias de Pedro Sánchez. Con motivo de los indultos se tocó ya a rebato y todos los ministros no tuvieron más remedio que mancharse las manos. Incluso ha habido a quien, como al anterior ministro de Justicia, no le valió ni siquiera el haberse manchado no las manos, sino los pies y hasta la cabeza. Lo han cesado.

Ahora ha ocurrido prácticamente lo mismo con la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se cuestiona el primer estado de alarma. El Gobierno ha salido en tromba descalificando al alto tribunal. Hay a quienes ha extrañado la reacción de la ministra de Defensa que calificó la sentencia de elucubraciones. Lo curioso es que hizo tal afirmación sin conocer aún el texto, puesto que entonces solo se había hecho pública la parte dispositiva y el voto particular de Conde-Pumpido,-fiscal general de aciaga memoria durante la etapa Zapatero-, que, aunque no estaba publicado, su autor se encargó de dar a conocer yendo de medio de comunicación en medio de comunicación, arremetiendo contra sus compañeros del Tribunal Constitucional, quienes, según él, han dejado al Gobierno sin armas contra la pandemia.

Robles, además, ha reprochado al Constitucional no tener sentido de Estado. Parece que el Gobierno tiene como marca de la casa acusar a todo y a todos los que se le oponen o contradicen de no tener sentido de Estado. Y es que tienden a identificar Estado con gobierno. Sánchez no ha estado dispuesto nunca a pactar con la oposición, pero le ha exigido siempre la adhesión a sus planteamientos bajo el argumento de que de lo contrario se sitúa frente a la Constitución, y frente al Estado. Es curioso que este reproche venga de quien se hizo famoso por el «no es no» y, basándose en ese eslogan, ganó las primarias en su partido.

Hasta este momento parece ser que la amonestación se dirigía a la oposición. Ahora se da un paso más y se orienta al Tribunal Constitucional, culpándole de carecer de sentido de Estado. Lo que no deja de ser paradójico en un ejecutivo que gobierna apoyándose en quienes no es que no tengan sentido de Estado, sino que claramente se declaran enemigos del Estado, lo denigran en el extranjero siempre que pueden, persiguen su desintegración, se sublevaron contra él y, además, repiten continuamente que lo volverán hacer.

En su afán por salvar a algún miembro dentro del gobierno Frankenstein, hay quienes colocan a la ministra de Defensa en otra onda. Se extrañan por tanto de la reacción que ha tenido frente a esta sentencia. A mí no me causa ninguna sorpresa. Recuerdo que aceptó el cargo de subsecretaria de Interior en el último gobierno de Felipe González, cuando otros muchos abandonaban el PSOE por la evidencia de los múltiples casos de corrupción y por su giro liberal. Bien es verdad que eso quizas le valió más tarde un sillón en el Consejo General del Poder Judicial. En 2016 aceptó ir en el número dos en las listas por Madrid con Pedro Sánchez, cuando ya se sospechaban sus tejemanejes para llegar a la presidencia del gobierno aliándose con quien fuese necesario, incluso con los que planeaban dar un golpe de Estado.

Robles se mantuvo al lado de Sánchez cuando se enfrento al Comité Federal y a su propia Ejecutiva y fue una de los ocho diputados (excluyendo los siete del PSC) que rompieron la disciplina de voto de su partido en la abstención a la investidura de Rajoy, única salida para que en aquellos momentos no se produjesen unas terceras elecciones, lo que hubiera supuesto un resultado desastroso para el partido socialista. A la vuelta de Sánchez, fue nombrada portavoz parlamentaria y desde ese cargo defendió en el Congreso la moción de censura en la que Sánchez salió elegido presidente de gobierno, acto un tanto vergonzoso y origen de toda la serie de despropósitos que han sucedido posteriormente en la política española.

Curiosamente, basó en buena medida su argumentación en la idea de que el PSOE era un partido con sentido de Estado. Digo curiosamente porque la investidura se fundamentaba y se hacía viable por el pacto con los que el año anterior habían dado un golpe de Estado y pensaban volver a repetirlo en cuanto pudieran. ¿Cómo se puede tener tanto cinismo? Desde ese momento, el Estado quedó dañado en sus cimientos, puesto que el Gobierno dependía y  quedaba condicionado a los que pretenden romper el Estado y no creen ni en la Constitución ni en las leyes, sino solo en la decisión de una ilusoria soberanía que no existe, la de los residentes en una porción del territorio nacional.

A partir de ese momento casi solo la justicia y algunas otras instituciones han actuado de contrapeso, y mantenido el Estado democrático y de derecho. De ahí la cantidad de ataques y de oprobios que ha sufrido por parte de los soberanistas y de ahí también que el Gobierno, por todos los medios, pretenda condicionar su actuación. A ello viene a añadirse otra razón, el concepto de Estado que mantiene Sánchez. El Estado soy yo. Rechaza todo aquello que pueda limitar su poder. A lo largo de estos años ha pretendido menoscabar al Tribunal Supremo, dudando de lo adecuado de un proceso impecable en transparencia y en equidad. Ha procurado intervenir en él a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, teniendo más éxito con la primera que con la segunda. Ha relativizado la gravedad de los delitos cometidos por los golpistas, y ha hecho caso omiso de los informes de la Fiscalía y del tribunal sentenciador en el tema de los indultos.

Sánchez ha esquivado los informes del Consejo General del Poder Judicial, ha lanzado contra esta alta institución una ofensiva y acusa al Partido Popular de bloquear su renovación. Pero lo cierto es que el bloqueo es mutuo, pues no se puede interpretar de otra manera el hecho de proponer como candidato al juez que introdujo en la sentencia del caso Gürtel unos juicios de valor orientados únicamente a preparar la moción de censura, y que recibieron posteriormente una dura reprimenda de la Audiencia Nacional. Si no aceptas mi propuesta es que estas bloqueando la renovación. Del mismo modo, ha procurado evitar los informes del Consejo de Estado, incluso ocultó al Parlamento el emitido por este último organismo acerca de la forma de gestionar los fondos europeos.

El Gobierno ha pretendido también desprestigiar al Tribunal de Cuentas y ha calificado de obstáculo para sus fines la acusación a un grupo de independentistas de haber malversado recursos públicos. Incluso se ha inhibido y ha guardado silencio ante los planteamientos de la Generalitat tendentes a avalar ante el tribunal a los defraudadores con una nueva malversación de fondos públicos. Malversación por malversación, malversación al cuadrado. Illa ha llegado a decir que le parecía legal.

El último episodio ha sido la ofensiva contra el Tribunal Constitucional. Sin entrar en el contenido de la sentencia, que sin duda, como todas, puede discutirse, lo cierto es que pone el dedo en la llaga sobre la principal motivación que mueve a Sánchez, la pretensión de gobernar de manera absolutista sin contrapesos ni equilibrios. Huye y ataca todo lo que le puede limitar. Esa forma autocrática de ejercer la autoridad la aplica no solo dentro del partido, sino, en lo que le resulta posible y le permiten sus escasos 120 diputados, también en el Estado.

De ahí que no sea raro que esquive toda fórmula que implique, tal como el estado de sitio, pactar con la oposición. Eso explica también por qué ha evitado lo más posible tener que negociar el estado de alarma, e inventarse la famosa cogobernanza, por la que delega las responsabilidades en las Comunidades Autónomas y guarda para sí todo lo que piensa que puede venderse como positivo. Por la misma razón, parece lógico que haya escogido para legislar la fórmula del decreto-ley, a pesar de estar reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad. 

Su forma de gobernar tenía que conducirle por fuerza a chocar
con el Tribunal Constitucional. Han sido ya varias las veces que este organismo ha tenido que declarar inconstitucionales determinadas medidas como la de haber intentado introducir en el decreto-ley del estado de alarma temas tan extraños al objeto como variar los miembros de la Comisión de secretos oficiales o incluir las Clases pasivas de los empleados públicos dentro de la Seguridad Social. O también haber nombrado unilateralmente y por decreto-ley a una administradora general de RTVE, hurtándole la competencia al Senado.

Se puede discrepar de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero la reacción desaforada del Gobierno indica de forma bastante clara que Sánchez no está dispuesto a admitir nada ni a nadie que pueda condicionar su actuación, que pretenda limitar su forma autocrática de gobernar. El Estado soy yo, por eso quien se me oponga no tiene sentido de Estado.

republica.com 29-7-2021

Leire Pajín ha pasado a los anales como ejemplo de megalomanía y petulancia con la frase “el próximo acontecimiento histórico del planeta es la coincidencia de la presidencia de Obama en EE. UU. y de Zapatero en la Unión Europea”. Ahí es nada. Pero a todo hay quien gane y el Gobierno de Sánchez no está dispuesto a que alguien le supere en prepotencia y ensueño de excelencia. Deja atrás a los Ejecutivos de Zapatero. Pedro Sanchez en Bruselas, en la reunión de la OTAN, peripatético él, en un simple paseíllo con el presidente de EEUU, ha arreglado todos los problemas mundiales e incluso cósmicos. El sanchismo en todo es lo más

España está a la cabeza de Europa en la vacunación, en ayudas sociales y en crecimiento económico; España es el país que más crecerá de Europa en 2021; España es el único país que ha elaborado un plan a treinta años vista. La llegada de los fondos europeos constituye, según Sánchez, junto con la entrada en el Mercado Común y la creación del euro, uno de los tres acontecimientos más importantes de la democracia. Al presidente del Gobierno se le olvidó incluir en ese grupo el acontecimiento de carácter planetario señalado por Leire Pajín; sin embargo, calificó el plan de recuperación como la mayor movilización de recursos desde el Plan Marshall. Todo es histórico. Todo, lo más grande.

Los recursos europeos se magnifican hasta extremos indecibles porque las cifras se utilizan sin discriminar, mezclando todo, préstamos y transferencias, y en términos brutos. Lo cierto es que, tomándolos en su justo valor, netos, y solo los que son transferencias, están muy por debajo de lo que han representado los fondos de cohesión y estructurales. A su vez, estos, en términos también netos, que es como hay que considerarlos, han sido muy inferiores a las transferencias que se producirían de los países ricos a los menos prósperos si en la Unión Europea (UE) existiese un sistema fiscal y presupuestario unitario.

Los fondos de recuperación no caen del cielo, sino que deben financiarlos todos los países. De los recursos que reciba España hay que descontar las aportaciones que nuestro país tenga que hacer como un miembro más de la UE. Podemos señalar a modo de ejemplo el hecho de que de los 80.000 millones de euros que va emitir como bonos este año la Comisión, alrededor de 8.000 van a recaer sobre España por uno u otro procedimiento, bien sea por un incremento de su endeudamiento público bien cediendo determinados impuestos a la UE.

Aun cuando hasta ahora nuestro país no ha recibido ni siquiera un solo euro, los distintos ministerios están gastando desde hace tiempo un dinero que España no ha cobrado, y lo hacen de manera precipitada, sin demasiada planificación  ni control. Me temo que los llamados fondos europeos vayan a ser un mal negocio para la hacienda pública española. Dentro de unos años podríamos descubrir que los recursos se han esfumado con escasos frutos; pero eso sí, el endeudamiento público se habrá incrementando de forma extraordinaria.

            La ostentación y la pomposidad han contagiado a todos los ministros. La de Trabajo, en la última firma del diálogo social sobre la prolongación de los ERTE, nos sorprendió a todos proclamando que con ese acuerdo España daba una lección a toda Europa, y se  convertía en un ejemplo para el mundo. Puestos a ser grandilocuentes…  casi como el acontecimiento planetario de Pajín. No parece, sin embargo, que sea nada extraordinario conseguir un acuerdo entre los agentes sociales, tanto más cuanto que beneficia a las dos partes y el Estado se muestra dispuesto a regarlo con dinero público sin poner límites.

            El Gobierno no tiene ningún motivo para presumir, dispara con pólvora del rey y, además, la medida estaba ya en la reforma laboral de Rajoy. Resulta llamativo que su implantación haya concitado la aquiescencia de todo el mundo, tanto de la izquierda como de la derecha. No parece que haya mérito en conseguir el apoyo de los sindicatos y de los empresarios cuando ambos se benefician de su aprobación y el único coste recae sobre el erario público. Coste sustancioso que se estima que ascenderá hasta septiembre en aproximadamente 22.000 millones de euros. Es posible que sea financiado por el SURE, pero tan solo como préstamo y no a fondo perdido, como algunos quieren dar a entender.

            Aun si tuviéramos la opinión más positiva de este instrumento legal, no podríamos renunciar a plantear algunas cuestiones. La primera consiste en saber si es posible continuar calificándolo como temporal cuando va a prolongarse como mínimo año y medio. La segunda y relacionada con la anterior es hasta qué punto no se está manteniendo a empresas zombis y, por lo tanto, dado que los recursos son limitados, no se deberían considerar otras alternativas; por ejemplo, haber potenciado y ampliado el seguro de desempleo.

En cualquier caso, para lo que de ningún modo se pueden utilizar los ERTE es para disfrazar las cifras de paro. El Gobierno afirma que son un recurso fundamental para proteger el empleo. Lo cual no es cierto. Los ERTE no impiden la aparición del desempleo, tan solo dan al fenómeno y a su cobertura un tratamiento diferente. Los trabajadores en estas circunstancias están obligados a abandonar, aunque sea temporalmente (la situación de parado en principio debería ser siempre temporal), su puesto de trabajo. Son desempleados, aunque no figuren formalmente en las estadísticas.

Jactarse, tal como ha hecho la ministra de Trabajo, de que en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor es engañarse a sí misma y ocultar la realidad. En mayo del año pasado las personas en ERTE ascendieron a 3,6 millones de personas. ¿Cuál hubiese sido el porcentaje de paro si a la cifra oficial, 3,8 millones, se le sumasen los 3,6 millones que se encontraban en ERTE? Quizás cuando el desempleo se analiza en horas trabajadas los datos comienzan a tener más sentido, el descenso en 2020 fue del 30%.

Con tal de vanagloriarse, el Gobierno está dispuesto a hacerse trampas y presentar un panorama económico falseado. Buena prueba de ello es la campaña de propaganda que se ha desplegado recientemente alrededor de las cifras de paro en mayo. El ministro Escrivá ha presumido de que la afiliación a la seguridad social había alcanzado ya cifras de prepandemia. No sé si pretende confundirnos o confundirse a sí mismo. Porque, según señala con razón el Banco de España, el ministro ha ofrecido el dato de afiliación en términos brutos sin descontar los trabajadores en ERTE, reducción que debe hacerse puesto que estos, aunque mantienen la afiliación a la seguridad social, lo hacen de manera nominal y por el único motivo de que lo financia el Estado. En ningún caso se puede decir que están trabajando.

En mayo de 2021 el número de parados se ha reducido en 129.378. Ha faltado tiempo para que los propagandistas del Gobierno vociferen que ha constituido el mayor descenso mensual de este mes en la serie histórica. Dadas las características de esta crisis, con bajada del PIB (y consecuente incremento del desempleo) en el año 2020, de forma totalmente desproporcionada y sin parangón en los cuarenta años de democracia, y sometida la evolución económica a las decisiones administrativas derivadas de la pandemia, los incrementos mensuales o trimestrales tienen poco sentido y seguramente menos las tasas interanuales. La única forma de juzgar cómo va la economía es comparar en cada momento los datos con los mismos de fechas similares anteriores a la pandemia.

En mayo de 2021 las cifras de paro ascendían a 3,78 millones de trabajadores, mientras que en 2019 se elevaban a 3,08 millones. Se ha incrementado por tanto en estos dos años en 700.000 personas, a las que hay que sumar 542.000 trabajadores que se encuentran en estos momentos en ERTE, mientras que en 2019 no había ninguno en esta situación. En definitiva, el dato significativo es que actualmente existen casi 1.242.000 parados más que en el mismo mes previo a la pandemia.

A lo largo de este año tendremos que acostumbramos a los continuos mensajes triunfalistas del Gobierno y de sus cañones mediáticos acerca de que estamos en plena recuperación y de que en este ejercicio la tasa de crecimiento de España va a ser superior a la del resto de los países europeos. Este último hecho no es ningún título de gloria ni para nuestra economía ni mucho menos para el Ejecutivo. Todo lo contrario. Si este año vamos a crecer más es porque la economía española se desmoronó en el ejercicio anterior en mucha mayor medida que todas las otras economías.

Si de verdad queremos saber cuál es la situación económica y en qué grado nos vamos recuperando de la debacle, si pretendemos también confrontar en cada momento la marcha de los distintos países, el índice significativo es el que resulta de comparar las cifras actuales con las correspondientes de 2019, es decir, con los valores anteriores a la pandemia. Muy pocos serán los países europeos, casi ninguno, que logren alcanzar ese nivel en 2021, casi todos lo harán en 2022, y hay que temer que España y algún otro país no lo consigan hasta el 2023. Cualquier otro discurso que utilice diferentes índices o tasas es tan solo una forma de engañar al personal y de hacerse trampas.

republica 18-6-2021

El 23 de mayo pasado el diario El País recogía en un reportaje lo que denominaba inquietud de los cuerpos superiores de la Administración por la reforma del acceso a la función pública que, según ha sugerido en varias ocasiones el ministro de Política Territorial, está estudiando el Gobierno. No es la primera vez que desde el Ejecutivo se cuestiona el sistema de oposiciones y que, utilizando el pretexto de la modernidad, han planteado modificar el acceso a la función pública.

Jordi Sevilla, siendo ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de Zapatero, propuso sustituir el sistema de oposiciones por otros mecanismos, según él, más modernos, pero sin duda mucho más discrecionales, en los que las garantías de neutralidad y objetividad son menores. Menos mal que esta ocurrencia, como otras muchas ideas geniales del ministro, quedó en mero proyecto. En múltiples ocasiones se ha señalado cómo las oposiciones han constituido un instrumento sustancial a la hora de asegurar la profesionalidad e independencia de los empleados públicos (ver mi artículo publicado en este medio el 13 de febrero de 2020 y titulado “El acceso a la judicatura y a la función pública”).

Allí ya señalaba cómo un renombrado administrativista escribió que las oposiciones fueron la única institución democrática que permaneció durante la época franquista. Incluso en todos estos años de democracia la Administración se ha convertido en un muro que ha contenido a menudo las veleidades autocráticas de los gobiernos. Es por eso por lo que los poderes públicos han pretendido siempre instrumentarla y moldearla según sus conveniencias, siendo las oposiciones, y la seguridad en el empleo que conlleva, una de las principales condiciones para que resista.

Me atrevería a decir que esa inquietud que se señala en los cuerpos superiores de la Administración debería extenderse a toda la función pública e incluso a todos los ciudadanos, ya que la neutralidad e independencia de la Administración es un bien inestimable en una sociedad democrática. El desasosiego es lógico si tenemos en cuenta los antecedentes de este Gobierno. Ha multiplicado el número de asesores ajenos a la función pública. Ha empleado como norma la excepcionalidad de nombrar directores generales no funcionarios. No ha tenido ningún reparo en confundir la libre designación con la libre remoción, cesando a los abogados del Estado que no se plegaron a sus enjuagues. Ha llenado las empresas públicas de políticos y paniaguados sin ninguna preparación, relegando a los empleados públicos. Pretende potenciar las agencias públicas que pueden contratar personal de forma discrecional. Ha nombrado como fiscal del Estado a una ministra, pero no a una ministra cualquiera, sino a una de las más sectarias, con la finalidad de mediatizar lo más posible el Ministerio Fiscal.

No es pasarse de susceptible, por tanto, suponer cuál va a ser la finalidad de la reforma, en la que muy probablemente se flexibilizarán los procedimientos objetivos para potenciar los discrecionales, que permitirán al órgano seleccionador separarse de los criterios de mérito y capacidad y atender a otros más partidistas o doctrinarios.

La zozobra se intensifica al considerar quién es el titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y cuáles son sus orígenes y sus méritos. Los políticos, que en su mayoría no son funcionarios, a menudo mantienen frente a la función pública un sentimiento de celos o de envidia, que se traduce además en desconfianza y prevención como ante todo lo que se desconoce.

Sin duda, son aquellos cuya profesión ha sido únicamente la política y que desde muy jóvenes se han dedicado exclusivamente a la militancia los que se muestran más reticentes y con cierto desprecio ante la Administración. Se podría decir de ellos lo que se aplicaba hace bastantes años a las mujeres que no se habían incorporado al mercado laboral: de profesión, sus labores. Se entiende entonces que el señor Iceta no sea el más indicado para acometer la reforma de la función pública. No solo es que no sea funcionario, sino que no posee una mala licenciatura, ya que abandonó enseguida los estudios universitarios e ingresó en las juventudes socialistas a los 17 años.

Hay otra característica de Iceta que le inhabilita aún más para acometer esta operación. Proviene del PSC. No es ningún secreto que tradicionalmente la profesión de empleado público no se encontraba entre las preferencias de los ciudadanos catalanes. Sus predilecciones se orientaban más bien al sector privado; tan solo una vez establecida la Autonomía, la sociedad catalana ha ido viendo con mejores ojos la función pública.

Es verdad, sin embargo, que casi todas las administraciones autonómicas, especialmente aquellas como Cataluña cuyo gobierno ha estado en manos del mismo partido, no se han formado con la exigida neutralidad, y el acceso a la función pública deja mucho que desear desde la óptica de la objetividad y la igualdad de oportunidades. Particularmente, el nacionalismo se ha esforzado por configurar la administración catalana como una prolongación del propio soberanismo, y el PSC, tras tantos años de coqueteo con los independentistas, ha tenido por fuerza que contagiarse de esta concepción de la función pública. Es lógico, por tanto, que la presencia de Iceta al frente de la reforma de la Administración, en especial del sistema de reclutamiento de los empleados públicos, cree todo tipo de alarmas.

Los que denostan el sistema de oposiciones basan su crítica principalmente en su carácter memorístico. Hay una concepción cada vez más extendida que menosprecia la memoria y le concede un puesto secundario dentro de las facultades humanas. No obstante, por poco que se profundice, hay que reconocer que su funcionamiento es esencial en la actividad intelectual. Es más, sin ella no existe nada, ni raciocinios, ni pensamientos, ni siquiera  conciencia del propio yo. La persona solo es tal cuando es capaz de unir el presente con el pasado y predicar las distintas vivencias del mismo sujeto. El que haya sufrido la desgracia de tener un familiar con Alzheimer sabe cómo la conciencia y la persona van deteriorándose al mismo ritmo que la memoria.

La memoria, qué duda cabe, es un factor fundamental en el aprendizaje y, por lo tanto, debe serlo también en las oposiciones. No obstante, la memoria se puede utilizar de dos maneras distintas.  Ha sido el psicólogo David Paul Ausubel quien ha distinguido entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico. El primero se efectúa cuando las nuevas ideas se relacionan y se sistematizan con las antiguas. Los contenidos recién aprendidos adquieren su significado a la luz de los conocimientos que se poseen con anterioridad, de manera que tanto los viejos como los nuevos se entrelazan y se modifican mutuamente. Existe una elaboración.

Totalmente distinto es el aprendizaje memorístico o repetitivo en el que las nuevas ideas se archivan en la memoria de modo mecánico sin elaboración alguna y sin relación con los conocimientos previos.Se basa en retener mentalmente datos sin procesarlos detenidamente. La mayoría de las veces no son comprendidos y tampoco se intenta analizar su significado. La información se repite las veces necesarias hasta que se recuerda. Normalmente se trata de un conocimiento a muy corto plazo, al no estar relacionado con ninguno otro contenido.

La casi totalidad de los ejercicios de las oposiciones se basan en un aprendizaje significativo, bien sea mediante la resolución de problemas prácticos o por la realización de pruebas escritas sobre diferentes temarios. No obstante, es verdad que han ido imponiéndose los ejercicios orales en los que se aplica el mero aprendizaje memorístico. Sin saber por qué, puesto que los programas oficiales no lo dicen, los preparadores y los tribunales someten a los opositores a ejercicios orales inhumanos, inhumanos porque están lejos de la elaboración intelectual propia de los seres racionales, en los que deben recitar los temas como papagayos, a la máxima velocidad posible y como si fuese el padre nuestro o la lista de los reyes godos, sin entender muy bien lo que se recita. Tan es así que no se habla de exponer un tema sino de cantarlo, porque realmente es eso lo que se hace, cantar.

Ciertamente este tipo de ejercicio constituye una proporción muy reducida de la totalidad de las pruebas de cada una de las oposiciones. Citaré a título de ejemplo las oposiciones a interventores y auditores del Estado, que son las que más conozco. El proceso selectivo consta de seis ejercicios. Cinco de ellos sin duda corresponden a lo que hemos llamado aprendizaje significativo, dos de contabilidad superior y matemática financiera, otros dos escritos sobre distintos temas y uno de idioma; pero el sexto, que es oral, se ha convertido en una prueba irracional que lo único que evalúa es quién es el que puede “cantar” cuatro temas de quince minutos cada uno, a la mayor velocidad posible, para introducir en ellos toda la cantidad factible de materia. Es evidente que esta forma de recitar (cantar) los temas no permite juzgar la comprensión de los conocimientos ni la claridad en la exposición ni la capacidad de expresión oral, que es lo que paradójicamente dispone la convocatoria de la oposición para este sexto ejercicio. Pero una cosa es el BOE y otra la práctica impuesta por preparadores y tribunales.

Resulta bastante indudable que esta manera de entender el ejercicio oral resulta irracional para toda persona con un mínimo de sentido común y proporciona munición y argumentos a los que reniegan de las oposiciones y pretenden cambiarlas. Aunque haga referencia a una porción reducida de sus pruebas, los detractores se las ingenian para extrapolarla a la totalidad y poner así en cuestión el sistema de oposición en su conjunto como algo obsoleto.

La preocupación de los cuerpos superiores es lógica, pero harían bien, además de intranquilizarse, en promover el cambio de aquellos elementos que son irracionales, porque si ellos no acometen las reformas de todo aquello que es lógico modificar, el Gobierno se sentirá justificado para aprobar su reforma y la eliminación de las oposiciones.

republica 11-6-2021.

Bla, bla, bla. Es increíble la palabrería que rodea el tema de los indultos. Todo ello para justificar lo injustificable. El caso es que algunos se lo creen o fingen creérselo. La doblez y la hipocresía llega a extremos inauditos. El ministro de Justicia afirma que hay que ver los indultos con naturalidad. Puede que tenga razón, pero verlos con naturalidad es mirar lo que hay debajo de toda esa charlatanería de frases grandilocuentes y egregios cometidos.

Si prescindimos una vez más de la representación y de toda la farfolla creada para ocultar la verdadera realidad, lo que encontramos es algo muy simple, pero al mismo tiempo bastante grave: el cohecho más insólito cometido por un gobierno. ¿No hablaríamos de cohecho frente a un funcionario que recibiese un notable patrimonio, por ejemplo, un chalet o algo similar, de una empresa a la que hubiera concedido una importante adjudicación o concesión administrativa?

Lo que hace distinto este indulto de cualquiera que se haya otorgado anteriormente es que en ningún otro caso quien lo concedía debía el gobierno y el mantenerse en el poder a aquellos a quienes indultaba. No cabe comparación posible. Malamente Sánchez puede recurrir al hecho de que Felipe González indultase al general Armada, ya que este no había nombrado presidente del gobierno a González. Y lo mismo cabe decir de Aznar y Barrionuevo. La afirmación de Pedro Sánchez de que actuaría igual si tuviese 300 diputados no resulta demasiado creíble, teniendo en cuenta que defendía todo lo contrario cuando no era presidente de gobierno. Por otra parte, su aseveración actual resulta un brindis al sol de igual manera que si el funcionario del ejemplo anterior nos asegurase que la adjudicación se habría producido igual si no le hubiesen regalado el chalet.

El hecho de que Pedro Sánchez deba el gobierno a los golpistas es lo que contamina todo en esta ocasión y, tal como afirma el informe del Tribunal Supremo, convierte la medida de gracia en una especie de autoindulto, prohibido por el artículo 103 de la Constitución. Quien concede la medida de gracia no solo es el Gobierno, sino quien está detrás y mueve y fuerza al Gobierno. En este contexto, todo otro argumento deviene sospechoso y constituye un subterfugio.

Entre las múltiples excusas y pretextos que conforman esa enorme hojarasca con la que se pretende ocultar la verdadera razón, hay un alegato especialmente peligroso y es el empleado por Sánchez en Bruselas, contraponiendo el entendimiento y la concordia, valores que él dice seguir, y que designó como valores constitucionales, con los que afirma que no lo son como la revancha y la venganza que, lógicamente, atribuye a los tribunales y a todos los que se oponen al indulto. Formulación parecida realizó al día siguiente en el Parlamento, alegando que hay tiempo para el castigo y tiempo para la concordia, y cierta similitud se encuentra en las declaraciones del portavoz de En Comú Podem, al proclamar que ha terminado el tiempo de la justicia y comienza el de la política. Qué manía tienen estos muchachos de separar la justicia y la ley de la política.

La gravedad de este planteamiento radica en que Sánchez, de alguna manera, asume el discurso de los independentistas que consideran a los encarcelados presos políticos y las penas y hasta la misma sentencia, fruto de la venganza y de la revancha. La argumentación del nacionalismo, participada por Podemos y ahora parece que por el propio sanchismo, es que el indulto (mejor la amnistía) es el último mecanismo que repara los derechos humanos violados. El Gobierno, mediante la medida de gracia, corrige los desafueros de la justicia (revancha y venganza).

Que el Ejecutivo dé cobertura a estas ideas tiene muy graves repercusiones en el exterior, legitima frente al extranjero el mensaje del nacionalismo. ¿Cómo van a creer los organismos internacionales y las instituciones de otros países que los independentistas catalanes son unos delincuentes si no lo cree el propio gobierno?

En ese blablablá con el que se pretenden justificar los indultos se encuentra también la teoría del diálogo, la concordia y la pacificación, que choca frontalmente con la postura de los golpistas que no solo no se arrepienten de nada, sino que proclaman con toda desfachatez que van a volver a repetir el golpe. Incluso alguno en el culmen de la chulería ha llegado a pregonar que se metan los indultos por donde les quepa.

Hay algunos periodistas que, puestos a especular, se han aventurado a ser exegetas e interpretar en clave buenista las intenciones de Sánchez; y especulan acerca de que el objetivo del presidente del Gobierno es ser el pacificador de Cataluña, al igual que Zapatero lo fue del País Vasco. A pesar de ser una versión interesada, es totalmente ilusoria y fantasiosa. Zapatero no fue pacificador de nada. Más bien inició el incendio en Cataluña con la aprobación de un estatuto inconstitucional, y no realizó un desaguisado en el País Vasco porque ETA rompió la negociación con el atentado del aeropuerto de Barajas. Si el terrorismo fue derrotado no se debió a ningún diálogo establecido con Zapatero, sino al haber perdido la batalla, gracias a la política antiterrorista y a los policías y a los jueces.

Sánchez no es tan ingenuo como para pensar que por la vía del diálogo se puede llegar a lo que llama “la pacificación de Cataluña”. El soberanismo catalán da pruebas todos los días de que la única pacificación que busca es la independencia y que no cejará hasta conseguirla. Por otra parte, es que quizás a Pedro Sánchez no le importe demasiado la reconciliación en Cataluña. No persigue tanto el futuro, perpetuarse en la historia, como el presente: mantenerse en el poder y en el gobierno.

Entre los que tras una apariencia de bienintencionados buscan justificar al Gobierno se encuentran aquellos que aseveran a diario que el otro camino ya se ha seguido y que ahora habrá que intentar el del diálogo. Nada menos cierto, porque el único sendero recorrido desde la Transición ha sido el de las cesiones en las que ha terminado siempre toda negociación. Concesiones que solo han servido de plataforma para realizar nuevas reivindicaciones.

La historia es muy distinta de cómo la cuenta Sánchez. La ruptura constitucional del golpismo, el referéndum del primero de octubre y la declaración unilateral de independencia no eran contra Rajoy y contra el PP, sino contra el Estado. Y si después no se ha repetido el golpe no ha sido gracias a los diálogos de Sanchez y sus mesas de negociaciones, que lo único que han generado han sido nuevas cesiones y dar más alas a los golpistas, sino a la acción de la justicia y al miedo al castigo que ahora se quiere eliminar. Eso es lo único que, al margen de bravuconadas, mantiene relativamente parado al secesionismo.

La actuación del sanchismo a rebufo del PSC sirvió únicamente de rémora. Participó en la aprobación del artículo 155, pero a remolque, con reticencias y poniendo toda clase de limitaciones. Cuando, basado en ello, Sánchez tiene la osadía de reclamar el apoyo del PP a los indultos, habría que contestarle que, hasta donde sabemos, el Ejecutivo de Rajoy no dependía de los soberanistas catalanes. En todo caso, si la implantación del 155 tuvo algún impacto fue el de facilitar la moción de censura que les costó el gobierno a los populares.

Por último, en la descripción del ruido que rodea el tema de los indultos habrá que incluir a ese periodista que para justificarlos va de tertulia en tertulia afirmando “Que algo habrá que hacer”. Hacer por hacer… por qué no jugar a los bolos o al pinacle. El activismo sinsentido, aparte de ser ilógico, puede acarrear resultados muy negativos. Hay soluciones que empeoran el problema.

Pero dejémonos de zarandajas y de monsergas. Como decíamos al principio del artículo, solo hay una motivación que explique los indultos, mantener en el poder a Pedro Sánchez. Lo que resulta irónico es que el PSOE pretenda proclamarse el único partido que tiene sentido de Estado, cuando está dispuesto a permitir que el Estado se trocee con tal de permanecer en el gobierno.

republica.com 4-6-2021

Hace aproximadamente un año publiqué, en la editorial El Viejo Topo, mi último libro, “Una historia insólita, el Gobierno Frankenstein”. Tal como indica el título, mi pretensión era narrar la gestación en el tiempo de una realidad tan inaudita como la de que en la España del siglo XXI se hubiese producido un golpe de Estado en Cataluña, que los golpistas desde la cárcel o desde el exilio continuasen rigiendo esa Autonomía y, lo que era mucho más grave, que al mismo tiempo condicionasen y en cierto modo rigiesen el gobierno de España. Las situaciones que se estaban produciendo y, que sin duda se iban a producir, no podían por menos que sorprendernos a todos.

Al finalizar el libro, se desataba la epidemia y se decretaba el primer estado de alarma, que introducía variables nuevas de máxima relevancia, de modo que creí conveniente, antes de publicarlo, añadir un epílogo en el que me preguntaba, sin pretensión de hacer de profeta, cuál sería el impacto de la nueva situación en el segundo gobierno Frankenstein que acababa de constituirse. A pesar de ello, no se podía decir que Sánchez fuese un presidente recién nombrado, llevaba ya casi dos años durmiendo en el colchón de la Moncloa.

Las perspectivas no eran para él especialmente halagüeñas. No había podido ejecutar su propio presupuesto, continuaba con el de Montoro, que tanto había denostado. En 2019 el déficit se había desmandado y, en el intento de ocultarlo, sufrió la corrección y la reprimenda de Eurostat, que en seguida pilló el pufo en las cuentas públicas. Sánchez, que había llegado a la Moncloa por un solo voto de diferencia y apoyándose en un conglomerado de fuerzas difíciles de armonizar, había renunciado ya a elaborar unos presupuestos para 2020. La actividad económica entraba en un proceso de desaceleración, la evolución del empleo comenzaba a cambiar de signo, y todo indicaba que la negativa a subir los impuestos y los propios estabilizadores automáticos iban a complicar más las finanzas públicas. Por último, dar satisfacción a las fuerzas políticas que le habían hecho presidente no iba a ser nada fácil.

En esta tesitura surge la pandemia. Era, ciertamente, una coyuntura inesperada, y que colocaba al nuevo Gobierno en una difícil encrucijada y para la que desde luego no estaba preparado, pero también era posible que Sánchez, y así lo indicaba yo entonces en el epílogo, acariciase la idea de utilizar la crisis sanitaria para ocultar todos sus errores y equivocaciones y convertirla en la coartada perfecta que le permitiese acometer toda serie de desafueros e irregularidades. Podía ser la cortina que encubriese las contradicciones de un gobierno Frankenstein, y le evitase toda crítica, ya que cualquier censura se disfrazaría de deslealtad y de falta de colaboración en la solución de los graves problemas que afligían a la sociedad española.

Se ha cumplido un año y esta última estrategia parece haberse cumplido al milímetro. La única preocupación del Gobierno en la pandemia no ha sido salvar vidas, como repiten a diario, ni minimizar los enormes costes económicos que se derivan de la crisis sanitaria, sino sacar de ella la máxima rentabilidad política. En una primera etapa pensaron que colocándose al frente de la manifestación podían conseguir apreciables beneficios electorales. De ahí el primer estado de alarma y las durísimas medidas de confinamiento aprobadas, sin comparación con otros países, que hundieron la economía más que en ningún otro Estado de la Eurozona. Pero pronto comprobaron su incapacidad para solucionar los problemas que se presentaban, y que los costes políticos podían ser más elevados que los beneficios, con lo que la factoría de la Moncloa acuñó inmediatamente una palabra, la de cogobernanza”. Comenzaba un nuevo periodo que podríamos denominar de “culpas fuera”.

Casi siempre que se ha dado en el plano económico una agrupación público-privada el resultado ha sido el mismo, privatización de beneficios y socialización de pérdidas. Algo parecido representa la cogobernanza sanchista en el ámbito político: los costes los asumen las Comunidades; los triunfos, para el Gobierno. No soy precisamente un defensor del Estado de las Autonomías, pero tengo que reconocer que en líneas generales durante este tiempo las Comunidades Autónomas han estado mucho más a la altura de las circunstancias que el Ejecutivo. Cada una de ellas ha hecho lo que ha podido, incluso sin que Sánchez les concediese los medios necesarios. Es más, en algunas como en el caso de Madrid el Gobierno ha jugado claramente en contra. Se ha producido el resultado lógico, la heterogeneidad y que cada Autonomía aplicase medidas distintas, con lo que el caos ha estado servido.

Sánchez se ha colocado por encima del bien y del mal, como si el tema no fuese con él. Se ha lavado las manos en todos los asuntos que podían ser desagradables, derivando las culpas a las Comunidades Autónomas o incluso a la Unión Europea, como en el caso de las vacunas. Es más, no ha asumido ni siquiera la responsabilidad de las competencias que mantiene totalmente en exclusiva, tales como las referentes al Ministerio del Interior o a los aeropuertos.

El Gobierno es el principal responsable (excepto en el País Vasco y en Cataluña, donde las políticas de orden público están transferidas), de que se cumplan o no las medidas adoptadas, ya que las policías municipales carecen en la mayoría de los casos de medios y capacidad suficiente para conseguir este objetivo. Por ello resulta paradójico que se hayan empleado por ejemplo las fiestas ilegales en Madrid como arma con la que denostar al Gobierno de la capital, cuando la responsabilidad era del Ejecutivo central. El sectarismo ha funcionado de forma llamativa. Los controles han sido bastantes exhaustivos cuando las normas eran las establecidas con carácter obligatorio por el Gobierno o por ese Consejo territorial que Sánchez maneja a su antojo y cuyos acuerdos se han transformado de recomendaciones en preceptos. Sin embargo, las cosas cambian por completo y las fuerzas del orden desaparecen cuando se trata de controlar las medidas impuestas por las Autonomías.

Algo parecido ha ocurrido con las fronteras y con el transporte aéreo, competencia exclusiva del Gobierno central. A diferencia de otros países, España ha sido totalmente renuente a prohibir o al menos dificultar la entrada de extranjeros. Siempre ha ido con retraso. E incluso, cuando al final ha impuesto condiciones como la necesidad de presentar una PCR, no ha hecho nada para controlarlo. La falta de vigilancia es tanto más inexplicable cuanto que la verificación en los aeropuertos no presenta ninguna dificultad al poder realizarse al mismo tiempo que el pasaporte o el documento nacional de identidad. La dejación del Gobierno en esta materia ha sido tan llamativa que ha provocado incluso la crítica de uno de los apoyos del Gobierno Frankenstein, el portavoz parlamentario del PNV. El Gobierno, en su línea, ha tirado balones fuera y responsabiliza a Europa y al Acuerdo de Schengen de su negativa al cierre de fronteras, lo que no tiene ninguna verosimilitud, puesto que han sido muchos los países miembros que lo han puesto en práctica en distintas ocasiones. La misma España mantiene cerradas las fronteras con Portugal.

No es la única vez que Sánchez se escuda de manera tramposa en la UE. Lo ha hecho, por ejemplo, con las rebajas del IVA en las mascarillas y en la factura de la luz. Especial relevancia tiene el asunto de las vacunas. En él se ha plasmado perfectamente la  asimetría que ha presidido todo el plan sanchista: apropiarse de los éxitos y adjudicar a los demás los fracasos. En un acto impúdico de propaganda, el Gobierno etiquetó los primeros paquetes de vacunas que llegaban con enormes carteles en los que aparecía en letras grandes, Gobierno de España; intentó apuntarse el tanto, pero tan pronto vislumbró el notable fracaso que iba a representar el suministro se escudó tras la UE.

Ciertamente, la UE se ha cubierto de gloria en un tema tan sensible. Incluso los que hace mucho tiempo hemos abandonado esa postura bobalicona de admiración hacia ella, y somos conscientes de las enormes contradicciones y lacras de las que está afectada, no podíamos sospechar que el fracaso en este caso fuese tan enorme. Era difícil de prever que una organización con tal poder económico y político fuese incapaz de resolver adecuadamente un asunto, por una parte, de tanta importancia, pero al mismo tiempo relativamente sencillo de gestionar, como han demostrado algunos países cuyo potencial es infinitamente menor que el de la UE.

El retraso en el aprovisionamiento de las vacunas es de una extrema gravedad, y su coste va a ser muy elevado, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico. Es absurdo que se haya perdido tanto tiempo y esfuerzo en aprobar unos fondos económicos (por otro lado, todavía en el alero) para intentar recomponer la situación económica y a la vez no se haya puesto la diligencia adecuada en evitar la demora en la vacunación, en buena medida responsable del deterioro económico que se va a producir. Sánchez, como viene siendo habitual, se ha desentendido del problema refugiándose en la UE, como si esta organización fuese independiente de los gobiernos y España no fuese el cuarto país más importante de ella.

Durante los meses en los que el abastecimiento de vacunas ha sido un total desastre, Sánchez ha estado totalmente ausente, pero logró desviar la atención mediática del problema principal, la carencia de material, hacia un hecho de mucha menor relevancia, sobre si una u otra Comunidad vacunaban a mayor o menor velocidad. El absentismo de Sánchez se ha traducido también en la ausencia de un verdadero plan de vacunación. Aparte de que frecuentemente ha sufrido modificaciones, se ha elaborado en unos términos tan generalistas que, junto a un suministro del material irregular y caótico, ha conducido a que los colectivos y el orden de los vacunados estén siendo dispares en cada una de las Autonomías.

Sin embargo, en cuanto las vacunas han comenzado a llegar de una manera más regular y en mayor número, a Sánchez le ha faltado tiempo para salir a la palestra en tono triunfalista como si fuese el mecenas que las proporcionaba, para anunciar la vacunación masiva en los próximos meses, con un calendario inventado y sin dar prueba alguna de que se vaya a cumplir. Se fija el famoso 70% para finales del mes de agosto, con lo que se da por perdido el verano, y que en realidad significa una corrección de las promesas anteriores que lo fijaban para finales del mes de junio. Pero Sánchez confía en la falta de memoria de los ciudadanos, con lo que ha convertido su comparecencia en un acto de propaganda orientado a la campaña electoral de Madrid, en la que él es el auténtico candidato, puesto que Gabilondo es tan solo una marioneta como lo fue Illa en el Ministerio de Sanidad y en las elecciones catalanas.

El lavado de manos de Sánchez durante la pandemia ha tenido, en el fondo, un carácter aparente, librarse de todo coste político, porque en realidad ha mantenido casi todo el tiempo el estado de alarma que le permitía, por una parte, situarse al margen, echando toda la responsabilidad sobre las Autonomías, pero, por otra, actuar despóticamente e imponer sus decisiones cuando lo creía conveniente y de acuerdo con sus intereses políticos. El asunto está siendo especialmente llamativo con la Comunidad de Madrid. Sánchez usa la pandemia como arma en su particular guerra con Ayuso, aunque las víctimas sean los madrileños. Resulta sorprendente escuchar a un presidente de gobierno en pleno estado de alarma, y por lo tanto con poderes absolutos, afirmar que Madrid es un desmadre donde se hace circular el virus.

republica.com 16-4-2021

¿Qué les pasa a los catalanes? Todas las encuestas arrojan el resultado de que, aunque con oscilaciones, el número de los ciudadanos que se inclinan por la independencia es inferior al de los que la rechazan. No obstante, el panorama cambia cuando llegan las elecciones, el sesgo hacia el nacionalismo es mayoritario, no solo porque los partidos secesionistas son los que obtienen más escaños, lo que puede explicarse como consecuencia de los defectos de la ley electoral, sino porque gran parte de los catalanes que se declaran en las encuestas en contra de la independencia terminan votando a partidos que, si bien no se proclaman nacionalistas en la práctica, su simpatía e incluso complicidad con el nacionalismo resulta innegable.

No es infrecuente escuchar de muchos catalanes, de esos que se confiesan anti independentistas, el lamento de que el Estado les ha abandonado, se ha inhibido, dejándoles en manos del nacionalismo. Tienen su parte de razón, desde la Transición los partidos nacionales se han preocupado sobre todo de sus intereses, permitiendo que los nacionalistas campasen a sus anchas por Cataluña y el País Vasco, a cambio de conseguir su apoyo en el Parlamento español. De esta manera, poco a poco, el nacionalismo ha terminado apoderándose de todas las instituciones en sus respectivos territorios y, lo que es peor, ha impuesto progresivamente su discurso y su punto de vista a toda la sociedad.

Pero no es menos cierto que todo esto no hubiese sido posible sin el silencio, la pasividad, e incluso en muchos casos la complicidad, de la población no independentista. En cierto modo, las reivindicaciones nacionalistas y su victimismo beneficiaban a toda la sociedad en cuanto significaban obtener ventajas evidentes frente a otros territorios. Por otra parte, el conformismo era más cómodo y la aceptación de las reglas de juego podía acarrear beneficios inmediatos, quizás nada despreciables.

Buen ejemplo de ello lo ha constituido gran parte del empresariado, de los medios de comunicación y de otras muchas entidades que han visto recompensada su fidelidad al régimen (este sí que ha sido y es un régimen) de manera muy generosa, pero es que este modo de actuar se ha extendido también a muchos ciudadanos particulares a los que tampoco les iba mal el paraguas del victimismo. Muy pocos han sido los que han plantado cara. La mayoría han optado por amoldarse y recolectar los beneficios.

Solo cuando la situación subió de nivel y se dio un salto cualitativo, cuando el nacionalismo se declaró ya en franca rebeldía y se convirtió en golpismo, cuando vieron que los secesionistas estaban dispuestos a declarar la independencia unilateralmente, sonó la señal de alarma, la mayoría de los empresarios se asustaron. Vivían bien en la ambivalencia, pero el envite era demasiado fuerte. Gran parte de ellos se situaron en la tercera vía, “sí, pero no”, y la mayoría silenciosa de ciudadanos salió por primera vez a la calle de forma masiva. Un partido que había sido hasta entonces cuantitativamente secundario en Cataluña, Ciudadanos, se alzó como la fuerza política más votada.

Pero el tiempo pasa y parece que lo borra todo, lo que en el caso de Cataluña resulta un poco incomprensible, porque durante cuatro años se ha extendido el caos; y la violencia se ha adueñado con frecuencia de las calles de toda la Comunidad Autónoma. Los golpistas continúan sin arrepentirse de nada y afirman que están dispuestos a repetir el golpe. El Gobierno ha sido desgobierno, más pendiente del procés y de su propaganda secesionista, que de la gestión y de los problemas de los administrados. Por eso resulta tan difícil comprender los resultados actuales de las encuestas, no ya que el voto independentista se mantenga (el fanatismo suele dar razón de casi todo), sino que gran parte de la sociedad silenciosa se inclinen por formaciones políticas que mantienen cierta complicidad con el secesionismo. ¿Dónde están las izquierdas catalanas?

Es cierto que, en Cataluña, desde hace tiempo, al menos desde el inicio del procés, el enfrentamiento político no se plantea en términos de izquierda y derecha, sino de independencia o no independencia. No hay más que considerar el extraño matrimonio entre Convergencia -o lo que queda de ella- y Esquerra. Llevan gobernando juntos casi una década. Incluso cuentan siempre con el apoyo de la CUP cuando la necesitan en el Parlament. Pero precisamente por eso se entiende mal la traslación de votos que las encuestas arrojan de Ciudadanos al PSC, porque si hay un partido que en Cataluña ha defendido a esa más de la mitad de ciudadanos humillados y ofendidos ha sido la formación naranja.

Sin duda, Ciudadanos cometió un gran error, convertirse en partido nacional, y no quedarse en Cataluña, que es donde tiene un sentido y un perfil propio. He criticado a Ciudadanos en bastantes artículos y también en mi último libro “Una historia insólita, el gobierno Frankenstein”, pero estas críticas iban dirigidas a su comportamiento en la política nacional, no en Cataluña, donde han mantenido una posición bastante digna. Aunque hayan podido cometer alguna equivocación ¿cómo compararles con el comportamiento errático y torticero seguido por el PSC?.

Lo más que se puede esperar del PSC es la constitución de un tripartito, y conviene no olvidar que todo este fregado catalán comenzó precisamente con el anterior tripartito y la alianza de Zapatero con Maragall. Fue el primer intento de cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Ciertamente no en rebeldía como lo hicieron en 2017 los independentistas, pero sí arteramente aprobando un estatuto anti constitucional, estatuto que en el fondo nadie demandaba. Solo hay que considerar la enorme abstención que se produjo en el referéndum de su aprobación. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Resulta, por tanto, bastante incomprensible que aquellos que se quejan del independentismo, terminen votando a un partido que entre otras cosas pretende indultar a los golpistas para que prueben de nuevo, a ver si tienen éxito.

Lo más inconcebible es que parece que las buenas perspectivas del PSC se deben a presentar como candidato a Salvador Illa. Es difícil de entender. Se desconoce cuáles son sus gracias. Lo mejor que se puede decir de él es que es educado, modoso, de buenos ademanes y palabras. Claro que todo esto también podría interpretarse como amorfo, ni chicha ni limoná, y que cuando habla no se le entiende nada porque parece que está rezando. Pero más allá de todo esto, como ministro de Sanidad no ha brillado con luz propia. Ha sido tan solo una marioneta en manos de Sánchez, transmitía lo que este decidía. Su permanencia al frente del Ministerio de Sanidad se ha caracterizado por la inoperancia más absoluta. Tomó posesión de un medio ministerio (Sanidad) que era parte de otro casi sin competencias (Sanidad y Consumo). Un ardid para que tuviera un sitio en el Consejo de Ministros y desde esta plataforma se dedicase a su auténtica misión, servir de cemento a ese maridaje espurio que Sánchez pretende mantener con el nacionalismo golpista.

El hombre propone y Dios dispone. Así que se ha tenido que  enfrentar con la pandemia más grave de los últimos cien años. Sin preparación y sin medios no es de extrañar que su gestión haya sido un desastre, tanto más cuanto que desde el comienzo se echó en manos de un chisgarabís, locuaz y frívolo, que no tenía ni siquiera la categoría de subdirector general y que toda su “expertitud” (que diría Calvo) consiste en haber entrado en la función pública por la puerta de atrás, gracias a un importante pariente del PP.

Las dificultades con las que se encontró Illa al comienzo de su mandato son notorias. La distribución de competencias y medios entre las Comunidades Autónomas hacían del Ministerio un gigante de barro y dificultaban gravemente la gestión. Pero su languidez y su carencia radical de experiencia no solo sanitaria sino en la Administración Pública le convirtieron en una marioneta en manos de Sánchez. La subordinación de los criterios sanitarios a las conveniencias políticas cerraba toda posible solución.

El sometimiento a los intereses políticos estuvo presente desde el primer momento. Se reaccionó tarde. Había que mantener las manifestaciones feministas. “El machismo mata más que el coronavirus”, lema de los carteles, parece ahora una broma macabra. Se permitió la entrada por los aeropuertos de todos los italianos que quisieron pasar cuando en Italia la epidemia estaba ya desbocada. En una semana se pasó de asegurar que en nuestro país no había ningún problema a decretar el estado de alarma e imponer el confinamiento más duro de toda Europa.

Se adoptó un sistema de mando único, lo que a todo el mundo le pareció bien dada la gravedad de la situación. El problema surgió cuando ese mando único, el Ministerio de Sanidad y el señor Illa, comenzaron hacer aguas por todas partes. Pretendieron centralizar todas las compras, pero resultó un auténtico desastre. Los suministros no llegaban y muchos de los contratos eran fraudulentos y adjudicados sin el menor rigor, y aún está por conocerse qué hubo detrás de todas esas contrataciones. Al final cada Comunidad, a pesar de no tener competencias (estaban atribuidas al mando único), tuvo que apañarse como pudo.

No es el momento de relatar la inmensa acumulación de desatinos cometidos a lo largo de toda la pandemia. Los engaños y las rectificaciones han estado presentes en todo el proceso. “Donde ayer dije digo hoy digo diego”. Las mascarillas pasaron de no convenientes a ser obligatorias. Y las FFP que ayer se consideraban improcedentes e incluso egoístas resulta que son las que ahora Alemania considera como las únicas aceptables. La desescalada fue caótica y llena de prejuicios políticos, sin informes y al margen de todo criterio científico, y con un comité de expertos fantasma o inexistente.

Ante la catástrofe, el Gobierno optó por descargar la responsabilidad en las Comunidades Autónomas -pero sin darles al mismo tiempo los medios y la autoridad necesarias-, que ha pretendido mantener en sus manos para intervenir cuando por sus conveniencias políticas le pareciese necesario. Buen ejemplo de ello fue el sainete de Madrid que para demostrar quién mandaba no dudó primero en fabricar un engendro jurídico tumbado por los tribunales y al final decretar un estado de alarma reducido a una sola provincia con el que hizo el ridículo más absoluto, demostrándose que la Comunidad Autónoma tenía razón en su estrategia. La llamada “cogobernanza”, una de tantas palabras elaborada por la fábrica de la Moncloa, ha sido un caos, convirtiendo el mapa de España en la lucha contra la epidemia en un espectáculo de lo más heterogéneo y variado. Illa aseguró que no habría diecisiete navidades distintas y lo cierto es que si nos descuidamos acaba habiendo cincuenta.

A su vez, el Gobierno ha sido totalmente reacio a utilizar las competencias que permanecían exclusivamente en sus manos. A pesar de la petición de las Autonomías afectadas, se negó siempre a establecer en los aeropuertos y en las estaciones de ferrocarril controles efectivos, incluso cuando después de la aparición de la cepa británica y casi todos los países habían anulado ya todos los vuelos con Inglaterra Sánchez, rechazó hacerlo. El Ministerio del Interior, tan presente en la primera etapa incluso con entorchados en todas las ruedas de prensa, desapareció posteriormente como por asomo, con lo que la mayoría de las Autonomías se han encontrado sin medios para asegurar que se cumplían las medidas que iban adoptando.

El último escándalo, por ahora, lo ha constituido el de la vacunación. Como es habitual, el Gobierno ha lanzado la responsabilidad hacia fuera. En este caso a la Unión Europea, que, como es habitual, está demostrando lo que es, un bodrio burocrático incapaz de dar solución eficaz a cualquier problema. No obstante, Sánchez intentó ponerse las condecoraciones y venderlo a bombo y platillo, colocando en el primer envío un cartel monumental, que decía “Gobierno de España”. Algo infantil ciertamente, pero muy revelador de su finalidad de representación y propaganda. Ahora, ante las dificultades, echará balones fuera y trasladará todas las culpas a la Unión Europea.

Se dirá que todo esto es imputable principalmente al Gobierno y no a Illa. En alguna medida es verdad, pero el ahora candidato a la presidencia de la Generalitat ha sido el hombre de paja, el instrumento, el medio del que se ha valido Sánchez para implementar esta política tan desastrosa y para intentar vender como triunfos y aciertos los mayores descalabros. “No se arrepiente de nada”, ha manifestado en la despedida el hasta ahora ministro, y aleccionó a su sucesora anticipando que lo va a pasar bomba. La mayor prueba de la insignificancia de Salvador Illa consiste en que se ha considerado que puede dejar el Ministerio en el momento más crítico de la epidemia sin que pase absolutamente nada. Lo cual es cierto.

¿Es este personaje anodino el que quieren los catalanes para presidente de la Generalitat? Lo cierto es que Salvador Illa nunca va a serlo. Primero porque lo más probable es que se vuelva a formar un gobierno independentista y segundo porque, aunque diesen los números y se intentase constituir un tripartito, Esquerra nunca aceptaría no presidirlo y tener que votar de presidente a un hombre del PSC. ¿Entonces a qué tanto interés en colocar a Illa de candidato? Me da la impresión de que la finalidad ha sido otra, nombrar a Iceta, no en un ministerio cualquiera, sino en el de Administración Territorial. Pero eso merece quizás otro artículo.

republica.com 5-2-2021

¿Democracia orgánica o republica bananera? En realidad, no sé a qué carta quedarme. Solo hay una sola cosa que sí parece ser cierta, que el sanchismo huye de los mecanismos clásicos de una democracia representativa. Todo en él es publicidad y propaganda, y habitualmente se basa en las más radicales mentiras, simulacros y teatro. Se ha convertido ya en rutina que, siguiendo las peores costumbres de las repúblicas bananeras, el jefe se dirija en largas sesiones al pueblo usando a su antojo los medios de comunicación a los que controla en su mayoría; en un escenario perfectamente montado, a veces hasta lo ridículo, con pianista incluido, al que se retribuye generosamente concediéndole la nacionalidad española en detrimento de los otros muchos miles de aspirantes que estaban antes que él en la cola.

Al final del 2020, Pedro Sánchez ha comparecido en una alocución de hora y media para decirnos que ha cumplido; al tiempo que presentaba un documento respaldado por unos palmeros a los que se ha llamado expertos. Todos ellos profesores de estudios superiores, de los miles y miles que hay en España, provenientes de los cientos y cientos de universidades que han surgido al abrigo de las Autonomías y de los negocios privados. Los profesores universitarios se han multiplicado como las setas. Hasta nuestro ínclito presidente lo ha sido, con doctorado incluido, eso sí, donado, de la misma forma que antes lo habían recibido gratuitamente los miembros que componían el tribunal que le calificó. Conozco a uno de ellos que recibió idéntico privilegio, solo que en este caso no tanto por la política como por la ayuda de su papá, importante en el mundo del deporte.

El informe que es ante todo un compendio de gráficos, cuadros, y porcentajes (da la impresión de que los cumplimientos se evalúan al peso) comienza, como es usual en todo lo que en estos tiempos sale de la Moncloa, en tono mitinero y supertriunfalista. Todo es histórico, único, a la cabeza de todos los demás. Hasta Filomena. “España se sitúa, de esta manera, a la vanguardia de la rendición de cuentas con un ejercicio singular y pionero… somos el primero de los países de nuestro entorno que no solo somete al escrutinio público el cumplimiento de su programa de gobierno, sino que también comienza a experimentar un sistema de verificación externo e independiente que confirma la calidad y la veracidad de la rendición de cuentas presentada ante los ciudadanos”.

Como se ve, nos movemos en un lenguaje épico y retorico. En transparencia, estamos a la vanguardia de todos los países. Hay que tener descaro e impostura. Un gobierno que se ha caracterizado por declarar secreto de Estado las cosas más nimias, con la intención de no tener que dar explicaciones prácticamente de nada; un gobierno que ha sufrido legión de requerimientos del Consejo de la Transparencia, sin que en general haya hecho el menor caso a ninguno de ellos.

Tan solo cuando este organismo le ha concedido un plazo perentorio de diez días (o de lo contrario recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa) para facilitar los nombres de los miembros de ese comité fantasma de expertos -tras el cual el ministro filósofo y candidato se ha escudado siempre para revestir de razones sanitarias lo que eran simple decisiones políticas-, se han dignado a decirnos quiénes eran los afortunados que lo componían, o, mejor dicho, que en realidad ese comité nunca existió y todo quedaba reducido al locuaz Simón, nombrado en su momento a dedo por ser familiar de un ministro del PP, y a los funcionarios de un departamento inexistente desde hacía muchos años.

Como ha insistido Calvo, funcionarios, expertos, cualificados, que tienen ese cargo, especialmente el doctor Simón, por razón de su “expertitud”. Ahí es nada, “expertitud”. Esta palabra debe de formar parte del lenguaje inclusivo. Y es esa misma expertitud la que ha servido para elegir a los palmeros que han puesto su firma en el informe de marras. “Verificación externa e independiente”. Tan independientes que han sido designados todos por el Gobierno. Yo me los guiso y yo me los como, como Juan Palomo. Todos pertenecen a la misma familia ideológica y con tanta expertitud que no han sentido vergüenza de echar su firma a un bodrio como ese.

“Ejercicio singular y pionero para conocer el cumplimiento de las promesas adquiridas por el Gobierno en la investidura”. Afirman que es un ejercicio de calidad democrática. No lo veo yo así. Ejercicio de calidad democrática sería contrastar el cumplimiento de las promesas realizadas en la campaña electoral, pero por supuesto que no se pretende nada de eso. Ya lo dijo claramente Calvo, al negar que el presidente del Gobierno hubiese manifestado que en Cataluña se había producido un delito de rebelión, porque cuando Sánchez dijo lo que dijo no era presidente del Gobierno. Una cosa eran las afirmaciones y promesas realizadas antes de las elecciones y otra lo dicho o hecho después. Que desde luego no casan en absoluto. Esa sería la verdadera rendición de cuentas que podría interesar al ciudadano.

Lo que han presentado no es una rendición de cuentas del Gobierno hacia el exterior, del Gobierno frente a la sociedad. Es una rendición de cuentas en el interior del Gobierno, del sanchismo frente a sus otros nueve socios, que le facilitaron la investidura. Pedro Sánchez ha pretendido decirles a todos que está cumpliendo sus acuerdos, acuerdos en su mayoría bastardos con organizaciones políticas casi todas ellas sectarias o egoístamente provinciales o regionales.

De ahí la importancia que Sánchez ha pretendido dar a los presupuestos. Ciertamente, había un elemento de representación, de imagen. Era una vergüenza que Sánchez gobernase casi tres años con unas cuentas que no eran los suyas, que él mismo se había negado a apoyar y que, además, había criticado duramente. Aunque en contra de lo que se cree y se dice con frecuencia, la elaboración de unos nuevos presupuestos no resultaba imprescindible para que Sánchez continuase en la Moncloa toda la legislatura, siempre que estuviese dispuesto -y no hay duda de que lo estaba- a seguir manejando con total alegría los decretos leyes. Con ellos se pueden modificar cuanto se quiera y sea preciso en los presupuestos. Solo hay que retribuir generosamente a quienes los apruebe. La constatación más evidente es que Sanchez ha ocupado la Moncloa durante casi tres años sin ninguna dificultad, a pesar de utilizar unas cuentas públicas prestadas.

Sanchez descartó de antemano elaborar unos presupuestos para 2020, que es lo que se esperaba de él una vez ganadas las elecciones, tal como Felipe González hizo para 1983, aprobándose incluso un presupuesto extraordinario. Entonces, el PSOE estaba virgen y los usos presupuestarios, no tan deteriorados. Sánchez, por el contrario, no ha tenido ninguna prisa en elaborar unas nuevas cuentas. Para él ha constituido un problema de imagen y, lo que le resultaba quizás más importante, un instrumento para consolidar el apoyo de sus nueve socios, conglomerado contra natura que conforma el gobierno Frankenstein. Sánchez, al englobar todas sus peticiones en el presupuesto, expresaba que estaba dispuesto a cumplir sus compromisos.

La mayor parte de la prensa, realizando, tal como nos tiene acostumbrados, una lectura de la situación bastante superficial y mecánica, ha interpretado la aprobación de los presupuestos como un gran triunfo de Sánchez, sin caer en la cuenta de que en realidad se trata del simple resultado de una confluencia de fuleros dispuestos a sacar tajada de esa situación de decepción política y de multiplicidad de partidos, aunque ello vaya en detrimento de los intereses de la mayoría. No hay nada de meritorio ni de exitoso en esos presupuestos, sino, por una parte, previsiones erróneas que van a servir para engañar al personal y presentar un panorama ilusorio y, por otra, muchos intereses bastardos que confluyen para distorsionar la justicia y equidad que deben regir las relaciones entre regiones.

La casi totalidad de los compromisos cuyos cumplimientos anuncia Sánchez no son nada convenientes para la mayoría de los españoles, porque en el mejor de los casos implican privilegios de unos determinados grupos o regiones frente a otros. Pero, con todo, lo peor y más preocupante son las promesas, principalmente las que corresponden al País Vasco y a Cataluña, que no se incluyen explícitamente en los presupuestos, pero que atacan gravemente a la ley, a la justicia y al armazón jurídico del Estado.

Pedro Sánchez en el “Aló presidente” de fin de año ha querido dejar claro que está dispuesto a conceder los indultos a los golpistas catalanes. En realidad, ya había mandado a sus profetas por delante para preparar el camino. Ábalos, con la finalidad de justificar los indultos, había manifestado que el Gobierno tiene la obligación de buscar la reconciliación y Calvo criticó de forma rotunda el informe de la Fiscalía contrario al indulto. Paradójicamente, echaba en cara que las razones esgrimidas fueran políticas y no jurídicas.

Nada menos cierto. Cualquiera que lea el informe del Ministerio Fiscal puede comprobar que los argumentos que emplea se basan en que no se dan las condiciones para el indulto, principalmente el arrepentimiento y el propósito de no volver a intentarlo. Si cita la política es tan solo para señalar algo obvio, que el derecho de gracia no se puede ejercer por meros motivos políticos. Debió de ser esto último lo que molestó principalmente a la señora Calvo, porque de forma bronca terminaba su alocución afirmando que los informes no eran vinculantes, que la decisión era del Gobierno y poco más o menos que este iba a hacer lo que le diese la gana.

Pedro Sánchez, en su plática de fin de año, recogía el relevo de sus heraldos para lanzar el mismo mensaje: “Este es un gobierno que no ha escondido sus intenciones desde el principio. Es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España”. Estaba bien especificado eso de gobierno, porque Sánchez sí que ha cambiado. No quizás de pensamiento, pero sí de discurso, pero ya se sabe que, como dice Calvo, una cosa es cuando se es presidente y otra antes de serlo. Este Gobierno sí ha apostado desde el principio, si no por la reconciliación, el recuentro y la convivencia, sí por los independentistas y por los golpistas como medio para poder subsistir. Es el plus que le permite a Sánchez ocupar el poder. Pero esto no tiene nada que ver con la convivencia en Cataluña y menos con el reencuentro con el resto de España, que los nacionalistas no desean.

La opción de gobernar con los nacionalistas y golpistas empuja a Sánchez al más radical cinismo, al afirmar que “cuando hablamos de Cataluña todos somos responsables”. Tanto descaro es difícil de creer. Fuera de los que se han sublevado y han dado un golpe de Estado, los únicos que pueden ser culpables son este Gobierno y las fuerzas políticas que han justificado la rebelión y que ponen las condiciones para que el golpe pueda repetirse. Desde luego, no se puede culpabilizar ni a esa más de la mitad de catalanes que están siendo marginados por sus ideas y condenados a ocupar un puesto secundario en Cataluña, y mucho menos al resto de españoles a los que se ha pretendido hurtar su soberanía y que contemplan con sorpresa cómo un gobierno y unas formaciones políticas estatales a las que quizás han votado se colocan del lado de los golpistas y los premian con privilegios.

Lo más extraño es que los líderes socialistas y de Podemos de los territorios perjudicados no hayan levantado la voz oponiéndose a la acción del Gobierno. Hasta ahora las críticas han sido muy escasas, por no decir nulas. Tan solo García-Page se ha posicionado frente al indulto recordando primero el exabrupto de Junqueras, “Que el indulto se lo metan por donde les quepa”, y añadiendo después algo muy razonable: ¿Cómo conceder el indulto a los que afirman que están dispuestos a repetirlo? García-Page con lógica se pregunta: “¿Qué responsabilidad asumiríamos si les indultásemos, y mañana volvieran por el mismo camino? ¿Qué ridículo histórico no cometeríamos?”. La verdad es que ya lo estamos cometiendo, porque jamás han abandonado la ruta.

republica.com 15-1-2021