ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

ARTUR MAS Y EL DELITO DE MALVERSACIÓN

Es difícil de entender por qué ni la Fiscalía ni el Tribunal Superior de Cataluña han acusado del delito de malversación a Artur Mas y demás mártires. En principio, no caben demasiadas dudas de que los encausados desviaron recursos públicos. Se firmaron distintos contratos con empresas privadas de cara a suministrar artículos y servicios para la celebración del referéndum del 9-N. La excusa facilitada para exculparles es que las partidas de gasto fueron aprobadas con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional.

La malversación (como desviación de los recursos públicos de la utilidad general a la que estaban asignados, y orientándolos, por el contrario, a fines particulares) se produce independientemente de que haya o no haya una sentencia del Tribunal Constitucional. Nadie dudaba, ni siquiera los propios mandatarios de la Generalitat, de que la consulta era anticonstitucional y, sobre todo, que no caía bajo las competencias de una Comunidad Autónoma. Por lo tanto, los responsables eran plenamente conscientes de que los fondos se destinaban al interés particular de un partido político, concretamente a aquel al que pertenecen los encausados. Si la existencia de una sentencia previa fuese condición para encausar a una autoridad o funcionario por malversación de fondos públicos, este sería un delito inexistente.

Pero es que, además, el hecho de que las partidas de gasto hubieran sido aprobadas o incluso de que hubiesen sido adjudicados los contratos, no implica que estos se hubieran cumplido en todas sus prestaciones; en realidad, muchas se ejecutaron después de la sentencia del Tribunal Constitucional. El mismo auto del magistrado instructor enumera algunas de ellas: ordenadores, programas informáticos, personal dedicado el mismo día del referéndum a solucionar problemas y consultas, etc. También se señala en ese mismo auto cómo, tras la sentencia del Constitucional, la Generalitat podía haber desistido de los contratos y convenios, abonando tan solo la parte de ellos que se hubiese ejecutado. No se entiende la razón por la que los hechos y argumentaciones que el auto aplica a los delitos de desobediencia y de prevaricación no sirven igualmente para fundamentar el delito de malversación.

Por otra parte, este delito no se refiere únicamente a la desviación de partidas de gasto del presupuesto, sino también al uso indebido de bienes públicos, ya sean inmuebles o muebles. Es evidente que los encausados autorizaron e incluso indujeron la utilización, entre otras cosas, de todos los colegios públicos de Cataluña para que se celebrase el referéndum. Conviene recordar que ha habido funcionarios a los que se condenó por usar su despacho oficial para asuntos particulares.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia del tribunal contencioso administrativo número 3 de San Sebastián por el que se anulaba la subvención de 100.000 euros concedida por la Diputación de Guipúzcoa a la organización Gure Escude Dago (Está en nuestras manos) para sufragar los costes de la cadena humana a favor del derecho a decidir que se efectuó el 14 de junio entre Pamplona y Durango, a semejanza de la celebrada un año antes en Cataluña.

La sentencia del TSJPV no deja lugar a muchas dudas y, desde luego, es contundente. Aparte de anular la subvención y exigir por tanto su reembolso, reprocha a la Diputación que violase la ley y el derecho al subvencionar una actividad que no tiene conexión con el ámbito competencial de las Diputaciones y que constituye, además, un proyecto político partidario, rompiendo así la objetividad y la neutralidad que deben presidir la actuación de toda Administración en la utilización de fondos públicos.

Es una pena que esta argumentación del TSJPV no haya sido tenida en cuenta por su homologo catalán para considerar que los investigados no solo sean sospechosos de cometer un delito de prevaricación y desobediencia, sino también de malversación, al destinar recursos públicos a una actividad ligada a intereses particulares, claramente ilegal y sin conexión con el ámbito competencial de la Generalitat.

Es más, si estos criterios que manifiesta el TSJPV se aplicasen a la actuación financiera de la Generalitat, ¿cuántas subvenciones se deberían anular y de cuántos pagos se tendría que exigir el reintegro? Es difícil no pensar que la justicia, incluyendo la Fiscalía, adopta una postura demasiado laxa a la hora de enjuiciar a los responsables de la Generalitat. La explicación quizás haya que buscarla en la amenaza y en el chantaje que el nacionalismo practica, revistiendo toda acusación particular de ataque a Cataluña. La tendencia comenzó hace más de treinta años con Jordi Pujol y el caso Banca Catalana.

En esta ocasión, ha faltado tiempo para que hiciera su aparición Puigdemont. Con el propósito de intimidar una vez más a los jueces, ha afirmado que el procesamiento de Artur Mas tendrá consecuencias: “Ya veremos cuáles, pero no nos limitaremos a dar un comunicado de prensa”. La argumentación siempre es la misma: “La solución a un problema político no puede venir de la ley y los tribunales”. Quizás no, pero lo que es evidente es que sin ley y de espaldas al derecho no hay solución posible. Los nacionalistas tienen la tendencia a contraponer la voluntad del pueblo a la ley; bien entendido que ellos son los únicos intérpretes de esa voluntad, por lo que se sienten legitimados para situarse al margen o por encima del derecho. En fin, nada nuevo, lo propio de todo régimen despótico: ellos son la ley.

ESPAÑA NOS ROBA

Hace algunos días, el Ministerio de Hacienda ha publicado los resultados para 2012 de lo que ha denominado sistema de las cuentas públicas territorializadas. En realidad, otro intento más de los muchos que ha habido de presentar las llamadas balanzas fiscales. En esta ocasión siguiendo una metodología ajena al propio Ministerio de Hacienda, elaborada por varios profesores de las Universidades de Valencia y Zaragoza y financiada por la fundación SEPI. Es una estadística de la que carece la mayoría de los países, y solo ha tenido aceptación en aquellos en los que se dan fuerzas secesionistas, normalmente pertenecientes a regiones prósperas, que las han popularizado para quejarse de su elevada contribución al resto de los territorios. En España ha sido el nacionalismo catalán el que principalmente las ha utilizado como instrumento para justificar su victimismo y esa proclama de “España nos roba”.

El concepto de balanza fiscal se refiere al resultado, positivo o negativo, entre lo que cada Comunidad contribuye al erario público, principalmente mediante los impuestos, y lo que obtiene del Estado mediante las infraestructuras, las prestaciones y los servicios públicos. Entendido de tal manera, el concepto tiene un vicio de partida: no son los ciudadanos los que aparecen como contribuyentes y receptores, sino las Comunidades Autónomas. Ahora bien, la equidad no puede medirse en clave territorial, sino personal. La cuestión no es tanto si una Comunidad recibe o paga más o menos, cuanto si dos ciudadanos, residan en el territorio que residan y siempre que se encuentren en idénticas circunstancias, son gravados en una cuantía similar y reciben los mismos servicios y prestaciones. Igualdad que ha comenzado a cuartearse en España debido precisamente a la transferencia a las Autonomías de facultades normativas sobre los impuestos.

Las múltiples versiones que se han venido haciendo de las balanzas fiscales indican bien a las claras la dificultad en su elaboración y el margen de relatividad que todas ellas tienen. En una economía interrelacionada y con una hacienda pública en gran parte centralizada, no resulta fácil regionalizar los ingresos y los gastos. La Comunidad en la que se ingresan los impuestos no tiene por qué ser, y la mayoría de las veces no lo es, la Comunidad cuyos residentes han soportado el gravamen.

En cuanto a los gastos, sí es fácil y casi inmediata la atribución de los acometidos por la propia Comunidad, pero resulta mucho más complejo repartir aquellos que realiza la Administración central. Surgen muchas dudas cuando se intenta saber qué es lo que hay que imputar y a quién. Las obras del AVE o una autopista que atraviesa varias Comunidades Autónomas, ¿en qué proporción deben ser atribuidas a ellas o a los puntos de origen y destino? ¿Cómo se reparten los gastos de defensa, de orden público o diplomáticos entre las distintas Autonomías? ¿Las pensiones de los jubilados que se trasladan a ciertas zonas costeras deberían imputarse a estas? Los gastos de mantenimiento de aquellos organismos e instituciones cuyo servicio se destina a toda España ¿deben aplicarse a la Autonomía en la que están situados o repartirse entre todas ellas? ¿Cómo se distribuyen las contribuciones que España paga a la Unión Europea o los intereses de la deuda pública?

El número posible de ejemplos sería casi infinito, lo que dota a los resultados de un carácter al menos relativo, dependiendo de los supuestos e hipótesis adoptados, pero ello no impide que en casi todas las versiones, excepto las elaboradas por la Generalitat con una metodología claramente subjetiva y sectaria, se produzca una cierta similitud en los hechos relevantes que las balanzas arrojan. Las que el Ministerio de Hacienda ha presentado la semana pasada coinciden en sus conclusiones esenciales con las elaboradas por el propio Ministerio en tiempos de Solbes con una metodología diferente, o las realizadas en varias ocasiones por la fundación BBVA.

En líneas generales y salvo algunas excepciones, existe una correlación entre el saldo de las balanzas fiscales y la renta per cápita, según sea esta inferior o superior a la media nacional. El mal llamado déficit o superávit fiscal de una Comunidad es simplemente el resultado que se deduce de manera automática de la agregación de los saldos de sus residentes. La política redistributiva del Estado tiene que conducir, lógicamente, por regla general, a que las Autonomías con una renta per cápita inferior a la media nacional presenten superávit en su balanza fiscal. Por el contrario, parece natural que aquellas que disfrutan de una renta per cápita superior a la media arrojen déficit; este no tiene otra significación más que indicar que nos encontramos ante una Comunidad rica y más próspera que el resto.

Se produce una grave y enorme excepción con el País Vasco y Navarra que, a pesar de tener una renta per cápita muy superior a la media (segunda y tercera en el ranking), presentan saldo negativo, es decir, son receptoras de recursos del resto de la Autonomías. La razón hay que buscarla sin lugar a dudas en el especial régimen fiscal que se les otorgó en la Constitución y que es propio de la Edad Media, pero difícilmente tiene encaje en un Estado moderno, entre cuyas principales funciones está la redistributiva.

Se manifiesta también la inconsistencia del victimismo catalán, pues si, como es lógico, tienen lo que denominan un déficit fiscal, este no es mayor sino quizá menor del que lógicamente les correspondería. De hecho, Cataluña, con una renta per cápita mayor que la de Baleares, presenta en términos relativos (con respecto al PIB) un déficit fiscal menor (3,75 frente a 5,08); y si la renta per cápita de Madrid es superior a la de Cataluña no hay una diferencia tan grande como para justificar un desfase tan amplio como el que se produce en los datos del déficit fiscal (9,57% del PIB en Madrid frente a 3,75% en Cataluña).

El nacionalismo catalán ha basado su victimismo, entre otras falsedades, en la elaboración de unas balanzas fiscales sui generis con un criterio inasumible como es el del flujo monetario, esto es, atribuir el gasto o el ingreso a la Comunidad en la que se produce el pago o se realiza el cobro, lo que conduce a situaciones tan absurdas como que los gastos que ocasiona la permanencia de la Legión en Canarias se imputen a dicha Comunidad o que se considere a la Autonomía de Madrid como la única beneficiaria de la mayoría de los gastos de funcionamiento de la Administración central. Más bien al contrario, el criterio que debe adoptarse es el de la carga-beneficio, que atribuye cada partida a la Comunidad cuyos residentes soportan la carga fiscal o se benefician de los servicios correspondientes.

Por último, hay que resaltar que, gracias al papel redistributivo efectuado por la Hacienda Pública estatal, las transferencias anuales que algunas Comunidades reciben del resto de los territorios se elevan a cantidades bastante elevadas. Prescindiendo de Ceuta y Melilla por sus especiales características, citemos a Extremadura que es la Autonomía con menor renta per cápita: recibe el 15,60 % de su PIB, Asturias el 8,40%, Canarias el 8,58, Galicia el 7.21, Andalucía el 6,02%, y así sucesivamente. El principal factor que influye en estos flujos es el sistema fiscal que, aun cuando pensemos que no es suficientemente progresivo, sí tiene virtualidad para corregir, al menos en parte, la desigual distribución territorial que realiza el mercado. ¿Podemos imaginar qué sería de la situación económica y social de Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia, etc., sin este flujo anual de recursos?

En realidad, todo esto tiene poco de sorprendente y se produce, en mayor o menor medida pero de forma generalizada, entre los territorios de un mismo Estado. Donde está ausente, sin embargo es en la Unión Europea en la que se han integrado los mercados de productos y servicios y los financieros y en la que se ha gestado la Unión Monetaria con ausencia de una hacienda pública central que pueda asumir dicha función redistributiva. Esta carencia es la que hace imposible la moneda única, porque no resulta creíble que Alemania, Holanda, Austria, etc. estén en algún momento dispuestos a transferir anualmente el 9% de su PIB a los países del Sur, tal como hace Madrid dentro de España.

PACTAR CON LOS INDEPENDENTISTAS

En los momentos actuales, la principal y casi única función del Parlamento es la de formar gobierno. Pero, en lugar de ello, los padres de la patria se dedican a lo que se ha dado en llamar bárbaramente “postureo”, es decir, al espectáculo, a la farsa. Los diputados se agitan, se distorsionan, se contonean. Pretenden controlar al Gobierno, ese Gobierno que no existe más que en funciones, porque ellos no lo han nombrado. Crean comisiones, debaten proposiciones no de ley que son brindis al sol, dado que no pueden aprobar leyes. Se trata de actos de mera propaganda de los distintos partidos, ya que todos están pensando en las próximas elecciones. Y es que si el Ejecutivo es un gobierno en funciones, el Congreso actual es un parlamento provisional, porque es muy posible que tenga que disolverse en poco más de un mes.

Pues bien, al terminar una de esas sesiones dedicadas al torneo dialéctico, en la que se había discutido y votado acerca de la unidad de España, Albert Rivera, que en este teatrillo pretende oficiar de hombre de Estado, acuñó eso de que “Hoy los españoles puede estar tranquilos porque tres cuartas partes de las Cortes defienden la unidad de España y apoyarán sin fisuras al Gobierno”. Pero, lo cierto es que los españoles -incluyendo a la mayoría de los catalanes, los que no quieren la independencia- estamos cada vez más inquietos en esta materia. Y lo ocurrido en las Cortes ese mismo día no ha sido precisamente tranquilizador.

Los tres partidos que se autodenominan constitucionalistas fueron incapaces de ponerse de acuerdo en un mismo texto. Lo impidió el PSOE introduciendo en el debate la tan cacareada reforma de la Constitución, sin aclarar, como siempre, en qué consiste. Sin duda, hay muchas cosas que cambiar en la Carta Magna, lo que no se vislumbra es qué modificaciones podrían solucionar el llamado “problema catalán”. En primer lugar, porque los independentistas están claramente ya en otra onda, más bien hay que decir que siempre han estado en ella, porque cualquier paso dado en la autonomía únicamente constituía, en su mentalidad, un nuevo escalón en el que auparse para continuar la ascensión hacia la independencia.

En segundo lugar, porque junto al principio de la unidad de España, y totalmente fundido con él, debe colocarse el de la igualdad de todos los españoles, sin privilegio alguno por motivos territoriales, y eso es lo que jamás han aceptado los nacionalistas. Existe la sospecha de que lo que algunos pretenden con la reforma de la Constitución es introducir en la Carta Magna aquella parte del último Estatuto que el Tribunal Constitucional anuló. En tercer lugar, porque en esta materia resulta muy difícil creer que se produzca un consenso, al menos aproximado, al que hubo en 1978. Es de suponer que Ciudadanos no hubiese podido votar a favor de la versión presentada por el PSOE si, en lugar de la afirmación genérica sobre su reforma, se explicitase lo que se pretende modificar de la Constitución en el tema territorial.

A pesar de las palabras de Albert Rivera y de las protestas de falta de lealtad que realiza de vez en cuando Pedro Sánchez con respecto a la unión de España, lo cierto es que desde la etapa de Zapatero el PSOE da pocos motivos de sosiego acerca de su firmeza en la lucha contra el independentismo. Hasta hace muy poco tiempo, tal como no se priva de repetir Pablo Iglesias, el PSC defendía el derecho a la autodeterminación de Cataluña, e incluso en los momentos actuales son múltiples los concejales de este partido que han dado su aquiescencia para que sus respectivos ayuntamientos se adhieran a la plataforma por la independencia.

Por otra parte, es difícil olvidar aquellas imprudentes palabras de Zapatero: Pasqual, aprobaré lo que venga de Cataluña”. Zapatero propició un Estatuto de autonomía anticonstitucional, fuente de todos los conflictos posteriores. El problema no lo causó, tal como a menudo se afirma, ni el Tribunal Constitucional ni quienes recurrieron el Estatuto, sino quienes lo elaboraron y aprobaron.

Durante todos estos años, desde que Convergencia se deslizó por la senda del soberanismo, Pedro Sánchez y sus adláteres han adoptado frente a esta ofensiva una postura en extremo tibia. Se han situado entre el independentismo y el Gobierno, en una tercera vía, culpabilizando al primero y responsabilizando al segundo, lo que representa romper la unidad de acción. Su tesis es que hay que negociar, pero eso es lo realmente preocupante, porque el independentismo solo quiere negociar la separación de Cataluña con España. Cualquier paso en ese terreno es entrar en su juego.

No existe mayor sofisma que el de mantener que no se puede responder con la ley y los tribunales a un problema político. En una democracia la ley es el fundamento de toda acción política, de manera que fuera de la ley no existe la política, lo único que existe es la anarquía y la delincuencia, y son por supuesto los tribunales los encargados de restablecer el Estado de derecho. La postura irenista mantenida por Pedro Sánchez conduce sin duda al desastre. La historia demuestra que frente a los nacionalistas -y más concretamente frente al soberanismo catalán- de nada valen las concesiones. Tal como afirmaba Ortega, no cabe solución, solo conllevar el problema. Obviamente, por ambas partes, pero si la otra parte no quiere, no queda otra opción más que la fuerza, de la ley, pero la fuerza.

De forma un tanto empalagosa se afirma que hay que reformar la Constitución para que los catalanes se sientan cómodos. Antes que nada habría que decir que muchos catalanes, la mayoría, se sienten muy cómodos, al menos tan cómodos como los de otras regiones de España. Desde la Transición, buena parte de la política española ha estado condicionada por el intento de incorporar las pretensiones y los gustos de los nacionalistas. Se hizo una Constitución a su medida. En Cataluña este hecho se manifestó en el buen resultado obtenido en el referéndum, muy superior incluso al alcanzado en otras regiones; en el País Vasco y Navarra, concediéndoles el privilegio del concierto, régimen propio de la Edad Media o de una monarquía absoluta, pero totalmente incompatible con un Estado social de derecho y una hacienda pública moderna.

Así y todo, el nacionalismo nunca ha estado cómodo. Siempre ha pretendido más y más privilegios (ellos los llaman singularidades) y, dado el sistema electoral que los convertía a menudo en árbitros de los dos partidos mayoritarios, los conseguían porque los gobiernos en minoría se veían forzados a concedérselos. Convergencia se ha vanagloriado a menudo de haber colaborado a la gobernabilidad del Estado, pero en realidad lo único que han hecho siempre ha sido chantajear al Gobierno central para obtener concesiones, no tanto para Cataluña como para los intereses de una determinada clase política.

El nacionalismo practica una distorsión en el lenguaje nada inocente, pero que se está introyectando de forma muy hábil incluso en el discurso de los que combaten el soberanismo, y es la identificación de Cataluña con la Generalitat y con su Gobierno. Así, se habla del Parlamento o del presidente de Cataluña, cuando en realidad habría que referirse al Parlamento o al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo cual cambia mucho (sobre todo en el ámbito de las competencias). Se afirma que Cataluña está en quiebra, cuando en realidad goza de muy buena salud económica y las únicas finanzas que se encuentran en estado de insolvencia son las de la Generalitat. La Generalitat es tan solo una de las tres Administraciones con las que cuenta Cataluña. Se sostiene que la hacienda estatal sea visto obligada a prestar a Cataluña, cuando en realidad está prestando tan solo a la Comunidad Autónoma, y en ese confusionismo los nacionalistas pretenden defender que los recursos han salido antes de Cataluña, lo cual puede ser cierto, pero no de la Generalitat, que recibe lo que le corresponde y si mantiene un déficit mayor que el de otras economías es tan solo por su mala gestión o porque aborda competencias que no le corresponden. Todo el victimismo del nacionalismo catalán termina diluyéndose al considerar que los sueldos del presidente y de los consejeros de la Generalitat son los más elevados de todas las Comunidades Autónomas.

Otra de las falacias que se repite con cierta insistencia es que la falta de diálogo ha sido la causante de que el independentismo haya aumentado en los últimos años. Este argumento participa de la confusión de creer que porque dos fenómenos coincidan en el tiempo uno es causa del otro. El origen del incremento habría que buscarlo más bien en la enorme crisis económica, que ha fustigado a Cataluña, como a otras regiones, y en sus terribles secuelas, que ha generado las críticas y las más duras protestas, adquiriendo según las latitudes distintos ropajes, y que en Cataluña se ha revestido de independentismo.

Pretender solucionar el problema del nacionalismo catalán a base de concesiones es de una gran ingenuidad. Bien lo experimentó el propio Azaña quien, después de ser un defensor acérrimo del Estatuto catalán en la II República, se quejaba amargamente en su obra “La velada en Benicarló” de la deslealtad del nacionalismo catalán; primero cuando Companys, aprovechando la revolución de Asturias, proclamó unilateralmente el Estado catalán, y más tarde por el comportamiento de la Generalitat en plena guerra civil. De ahí la intranquilidad que produce la postura ambigua de Pedro Sánchez tendente a la cataplasma, al diálogo y a la negociación. Son difíciles, por no decir imposibles, nuevas concesiones sin romper el principio de igualdad. La actitud adoptada por Ciudadanos, al convertirse en un partido acólito del PSOE, tampoco infunde mucha tranquilidad. Albert Rivera haría bien en reflexionar en ello, ya que el gran activo (quizás el único) de su formación política ha sido oponerse al nacionalismo.

TAMAYAZO EN CATALUÑA

No puede por menos que sorprender la presión a la que ha estado sometida la CUP durante más de tres meses, hasta el último instante en el que vencía el plazo para convocar nuevas elecciones. Se les ha responsabilizado de que el proceso -tal como lo llaman los independentistas- no llegase a buen puerto. Lo cierto es, sin embargo, que desde el primer momento la CUP se negó a adherirse a esa lista pastiche creada por Artur Mas para embozarse detrás de Esquerra Republicana y de no se sabe cuántas organizaciones de las llamadas civiles pero que, en realidad, son tan solo apéndices de la Generalitat, colgadas de sus ubres. Durante la campaña electoral, sus dirigentes y candidatos repitieron hasta la saciedad que nunca votarían como presidente a Artur Mas, por lo que parece que nadie debería haberse extrañado de su postura tras las elecciones.

No obstante, desde Junts pel sí estaban dispuestos a proclamar su victoria fuese cual fuese el resultado del 27-S, y puesto que no fue bueno -lejos de esa mayoría absoluta que reclamaban- ni en votos ni en escaños, se apoderaron en seguida de los votos de la CUP, como si fuesen propios; que si bien no les servían para justificar la victoria soberanista en el seudoplebiscito que habían pretendido convocar, sí les proporcionaba una mayoría para la sesión de investidura. Y ahí comenzaba un culebrón de más de tres meses, puesto que en JPS estaban dispuestos a todo, excepto a renunciar a su candidato, que por cierto iba en la lista escondido en el cuarto lugar. Eso era justo lo que la CUP no podía conceder si no quería traicionar lo que explícitamente había prometido a sus electores a lo largo de toda la campaña. Culebrón que ha pasado por las etapas más diversas y las propuestas más atípicas, cayendo a menudo en lo grotesco y en el esperpento.

En estos tres meses ha habido todo tipo de acontecimientos y elementos sorprendentes. No es desde luego el menor el de que apenas haya habido, hasta el último momento y cuando el descalabro de la repetición de las elecciones parecía inminente, ninguna presión sobre Artur Mas para que abandonase la escena, cuando parecía a todas luces la forma más lógica y sencilla de solucionar el problema. Es más, en cualquier otra formación política que no fuese Convergencia, ante fracasos electorales tan palmarios, se le habría exigido su dimisión. Artur Mas, tras intentar desnaturalizar las elecciones autonómicas haciéndolas pasar por un plebiscito, las pierde estrepitosamente. La coalición JPS, en la que se intentó englobar a todas las fuerzas soberanistas, obtuvo tan solo 62 diputados y el 39,55% de los votantes, lo que representa el 30,66% del censo electoral.

La situación era aún más evidente para Convergencia puesto que en 2012 había perdido ya 12 diputados con respecto a 2010. Para comprender el fracaso de Mas y adónde le ha llevado su operación independentista, conviene recordar que CiU obtuvo 62 diputados en 2010, es decir, los mismos que ha obtenido el 27-S con Esquerra, y con todo ese batiburrillo formado por Òmnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana, Súmate,[] Solidaritat Catalana per la Independència, Reagrupament, Catalunya Sí, Catalunya Acció y Avancem, y con marionetas como Lluís Llach, Josep Maria Forné y Germà Bel. Quizá haya sido en las últimas generales en las que el fiasco de Convergencia ha sido más claro: de ser la primera fuerza en el 2011 con 16 diputados ha pasado al cuarto lugar con la mitad de escaños (ocho).

Parecería lógico que no hubiese hecho falta la pretensión de la CUP para su dimisión y que hubiera sido su propia formación política (Convergencia) la que en primer lugar reclamase su alejamiento de la escena política. Pero nada de eso se produjo. Todo lo contrario. Durante tres largos meses han cerrado filas para defender su liderazgo, y no solo Convergencia, sino Esquerra Republicana y todo ese batiburrillo de asociaciones creadas con la pretensión de representar a las sociedades civiles, desde la Asamblea Nacional Catalana hasta Ómnium Cultural pasando por otras muchas de distinto pelaje. Lo coherente habría sido que hubiesen presionado a Mas para que cediese y dejase libre el camino. Sin embargo, las presiones y coacciones se han ensañado con la CUP hasta niveles insoportables. ¿Qué se esconde detrás de todo ello?, ¿qué intereses se ocultan en Cataluña?

Una formación política que en tres años ve cómo su líder cambia radicalmente los planteamientos programáticos pasando de un nacionalismo moderado a un independentismo dogmático y sectario, y que en esa travesía pierde la mitad de sus votantes y sin embargo no produce en su interior ninguna crítica, controversia u oposición, ¿qué secretos encubre? Solo al final y ya al borde del abismo se ha producido el cambio. Aunque se tiene la impresión que este cambio se ha originado no tanto por la imposición externa cuanto por los propios razonamientos interesados de Mas.

Tras la última votación de la CUP, Artur Mas sabía que tenía perdida la presidencia. Su última baza, y casi a la desesperada, era la de reeditar en la consulta que se avecinaba el batiburrillo de la lista en común, para lo que tanteó a Esquerra con la inusual propuesta de que entrasen a formar parte del gobierno en funciones. La radical negativa de los republicanos le convenció de que no tenía nada que hacer y de que unas nuevas elecciones en solitario le conducirían al fracaso más absoluto, tanto de él como de la formación que pilotaba, lo que le llevó a hacer de la necesidad virtud, y a presentar lo que era ya un hecho consumado como un acto de generosidad e inmolación por la causa, con lo que de momento salvaba a Convergencia, se aseguraba que ponía en su lugar a un hombre de su entera confianza y sometía a la CUP, que sorprendentemente se hacía el harakiri. Todo ello sin descartar que pueda seguir actuando como hombre fuerte en la sombra y con la esperanza de volver algún día en loor de multitudes.

Lo que resulta más incomprensible es la postura adoptada a última hora por la CUP. Tras más de tres meses de resistir presiones y de proclamar una y otra vez que sus decisiones se adoptaban en asamblea, tras procesos alambicados y eternos de votaciones en plenarios, la rendición se ejecuta en pocas horas y se decide únicamente por un grupo muy reducido de dirigentes. Bien es verdad que ya había resultado sorprendente la postura de su cabeza de lista que, tras afirmar en diversas ocasiones que nunca, nunca, nunca, investiría a Más como presidente, dimite como diputado para no tener que hacer lo que tantas veces había prometido. Caso insólito el de un político que dimite no por incumplir sus promesas electorales, sino porque la mayoría de sus bases le obligan a cumplirlas.

La CUP podría argüir que su compromiso con los votantes era el de no apoyar a Mas como presidente de la Generalitat y que esa condición se ha cumplido. Pero se supone que su repulsa a Mas no era por el simple hecho de que les cayera especialmente antipático, sino por lo que representaba, y en ese sentido el nuevo presidente no tiene nada que envidiar al anterior. Pero, sobre todo, lo inaudito consiste en que se aten las manos de cara al futuro y acepten dar un cheque en blanco al nuevo gobierno a lo largo de toda la legislatura. Les ceden dos diputados y se comprometen a que el resto del grupo no votará nunca en contra, de manera que siempre puedan contar con mayoría absoluta.

Por si todo eso no fuese bastante, acceden a que se les imponga una purga al estilo estalinista y se someten a un proceso de reconciliación abjurando de sus errores y pidiendo perdón por los daños ocasionados al proceso. Solo les ha faltado calarse el sambenito. De nuevo, se establece que esto del nacionalismo tiene mucho que ver con la religión. Es imposible, en cualquier caso, no preguntarse con qué armas cuenta Mas y qué ha ocurrido en los dos últimos días para que se haya producido un cambio tan radical.

En fin, se demuestra una vez más que cuando la ideología de izquierdas se amanceba con el nacionalismo la primera pierde siempre y termina diluyéndose. Y es que el nacionalismo es un dios celoso que como el del Antiguo Testamento no soporta los rivales. Todo, todo, debe sacrificarse a sus intereses. Podemos haría bien en tomar buena nota de ello.