ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Milton Friedman, en una conferencia que pronunció en la Universidad de Londres y que, junto con otros trabajos, publicó en castellano hace ya muchos años la editorial Gedisa, relataba cómo al colaborar en un libro sobre la historia monetaria de los Estados Unidos se vio obligado a leer medio siglo de informes del Banco de la Reserva Federal, y que el único elemento que hizo más liviana esa tarea ingrata y tediosa fue la oscilación cíclica que estos informes atribuían a la importancia y efectividad de la política monetaria. En los años buenos se decía: «Gracias a la excelente política monetaria de la Reserva Federal…»; en los años malos, por el contrario, se afirmaba: «Pese a la excelente política de la Reserva Federal…», y luego se criticaba lo que consideraban políticas y medidas erróneas.

Seguro que algo parecido le sucedería al estudioso español que quisiera bucear en los informes del Banco de España (BE) y consultar en las hemerotecas las declaraciones de sus responsables. La experiencia sería también terriblemente monótona, porque año tras años vienen repitiendo las mismas cantinelas y proponiendo las mismas recetas. Entre sus obsesiones se encuentra siempre presente el tema de las pensiones públicas. Hay que reconocer, sin embargo, que en este aspecto el BE no es nada original, las pensiones constituyen también la obsesión de la OCDE, del FMI, de la Comisión, del BCE, etc., y, como no podía ser menos, de los servicios de estudios de todas las entidades financieras, que no en balde obtienen jugosos beneficios de los fondos privados de pensiones.

En el informe de 2018 publicado hace unos días no podía faltar el tema de las pensiones. El BE reitera la urgencia de la reforma del sistema y reprocha al Gobierno no haberla acometido ya, aun cuando no se hubiese logrado el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Lo cierto es que la postura resulta un tanto ingenua, puesto que en plena campaña electoral era imposible no ya la unanimidad, ni siquiera el mínimo acuerdo. Más bien, cada partido ha aprovechado la cuestión para apuntarse el tanto, presentándose como el máximo defensor del sistema público, al tiempo que reprochaba a los otros partidos que cuestionasen su viabilidad y que estuviesen dispuestos a reducir en el futuro la cuantía de las prestaciones.

No es la primera vez que ocurre. Ya sucedió a principio de los noventa, cuando el PSOE y el PP se acusaban mutuamente de poner en riesgo el sistema. El Pacto de Toledo nació en buena medida del deseo de sacar el tema de las pensiones de la confrontación política y electoral y convertirlo en un pacto de Estado. En realidad, este fue el único elemento positivo del pacto, tal vez junto al compromiso de todos los partidos de que las prestaciones se actualizasen todos los años con el IPC que, si bien garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, les privaba de cualquier participación en la prosperidad y en el crecimiento de la economía. Compromiso que, por otra parte, ha sido roto recientemente.

Al margen de esto, el Pacto de Toledo introdujo al sistema público en una trampa de difícil salida al ligar su financiación a un solo ingreso, el de las cotizaciones. Se le hace depender así de la pirámide de población, del número de trabajadores, del empleo y de la relación activos/pasivos. Incluso se le somete a soportar la ofensiva de los empresarios y de los políticos liberales, que demandarán la bajada de las cotizaciones como forma de ser más competitivos y crear más empleo. Se separó a la Seguridad Social del Estado, no solo administrativamente sino también financieramente. Para que la operación tuviese algunos visos de verisimilitud, la sanidad y otras prestaciones se sustrajeron a la SS, y se presentó a esta como un sistema cerrado (ahora reducido únicamente a pensiones) que tiene que autofinanciarse.

Este artificial fraccionamiento entre Estado y SS se refuerza con dos prácticas también erróneas y que inducen a confusión. La primera es la que se llama falsamente “hucha de las pensiones” constituida por los superávits en las cuentas de la SS (que lógicamente cada vez serán más raros), teóricamente destinada a enjugar los déficits que se producen en otros años. La segunda son los créditos que el Estado concede a la SS cuando la cuantía de sus ingresos es inferior a la de los gastos.

El error de fondo consiste en considerar a la SS como algo distinto del Estado, que precisa tener una hucha o que le preste el propio Estado. Lo lógico sería que los excedentes de la SS (cuando los hubiere) revirtiesen en el Estado y que sus déficits (en su caso) se enjugasen con aportaciones (no préstamos) del mismo Estado. Hasta el momento no hay ningún partido que defienda este planteamiento. Todos hablan de préstamos y no de aportaciones a fondo perdido. Es más, el discurso de algunos políticos se ha rodeado de sorprendente demagogia acerca de la hucha de las pensiones. El Tribunal de Cuentas participa de esa misma equivocación cuando afirma que la SS está en quiebra. Olvida que es parte del Estado y sus cuentas se integran en las estatales, y su deuda desaparece al consolidar las cuentas de la Administración central. Son todos los ingresos del Estado los que deben garantizar las pensiones públicas y no hay por qué dar a su financiación un tratamiento diferente del que se proporciona a la sanidad (antes estaba en la SS), a la educación, al seguro de desempleo, a los gastos de dependencia, etc. No se necesita una reforma de las pensiones, sino del sistema fiscal.

La solución que propone el informe del Banco de España es, como de costumbre, muy simple. Todo se reduce a minorar por uno u otro procedimiento las prestaciones, con el peligro de que el sistema quede convertido en pura beneficencia. Aconseja alargar la vida laboral y retrasar la edad legal de jubilación. La contestación parece evidente. Vale poco dilatar la edad legal, cuando la edad real es bastante inferior, ya que se utiliza la jubilación anticipada como un escape de la presión de los expedientes de regulación de empleo y un sustituto del seguro de desempleo. Es más, mientras el paro ascienda a tres millones de personas, es absurdo hablar de retrasar la edad de jubilación porque seguro de desempleo y prestaciones de jubilación constituyen vasos comunicantes. Lo que se ahorre en pensiones se gastará en seguro de desempleo.

Tampoco es muy feliz la idea de considerar la totalidad de la vida laboral a efectos de calcular las pensiones. En realidad, es tan solo una forma de reducir la cuantía de las prestaciones, amén de modificar la concepción que de las pensiones públicas tiene la Constitución española. Su razón, según la Carta Magna, no está en reintegrar al pensionista lo cotizado a lo largo de su vida laboral, sino en garantizar que el trabajador tras la jubilación contará con ingresos similares a los que tenía antes de jubilarse. No se trata de una prestación privada basada en el “do ut des”, dotación-rescate. No tiene por qué existir una equivalencia entre cotización y prestación. De ahí que se conforme como sistema de reparto y que su carácter sea público.

La idea de las pensiones que tiene nuestra Constitución se aleja de ese modelo liberal en el que estaba seguramente pensando Carlos Solchaga, ex ministro socialista de Economía, cuando, en contestación a los pensionistas que se manifestaban, afirmó que estaban recibiendo mucho más de lo que habían aportado. En el sistema español las cotizaciones, que en su mayor medida corren a cargo de los empresarios, tienen la condición de tributos y no de aportaciones a un fondo que se rescatará posteriormente, y las pensiones no son la recuperación de ningún ahorro personal sino una prestación social más, que al igual que la educación, el seguro de desempleo, la sanidad, etc., son propiedades (en el sentido aristotélico del término) que siguen necesariamente a la esencia del Estado social.

Carece de sentido plantear el tema como lucha entre generaciones. Primero porque todos o casi todos, antes o después, seremos pensionistas y los posibles recortes, si bien van a afectar a los jubilados actuales, tendrán un impacto aún mayor sobre los futuros pensionistas. Segundo porque durante toda su vida laboral los pensionistas actuales no solo han contribuido con las cotizaciones sociales, sino con impuestos con los que se han costeado la educación, las infraestructuras, etc., beneficiando así a las generaciones más jóvenes, y elevando la productividad de la economía y con ello el nivel de vida promedio de todos los ciudadanos. En los últimos cuarenta años se habrá duplicado la renta per cápita.

La viabilidad de las pensiones al igual que la de todos los gastos sociales no depende, como nos quieren hacer creer, de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce y de la decisión política y social sobre la distribución de lo que se produce. Sin embargo, son estos dos parámetros los que parecen estar en crisis. El pensamiento único neoliberal domina la Unión Europea, y la falta de una armonización fiscal, laboral y social dificulta la posibilidad de una política redistributiva y la suficiencia y progresividad de los sistemas fiscales. A su vez, la necesaria creación de empleo en España dentro de la Unión Monetaria parece conducir, tal como apuntan las últimas estadísticas, al estancamiento de la productividad. He ahí el verdadero peligro que acecha no solo a las pensiones, sino a todo el Estado Social.

republica.com 14-6-2019

Juvenal, poeta romano del siglo I, acuñó en su sátira X, la expresión “panem et circenses”, pan y juegos del circo. Pretendía censurar con ella el deterioro que se había ido produciendo en el sistema político de Roma. Simbolizaba el paso de la República (en el sentido ciceroniano del término, res-publica) al caudillaje del imperio, de la democracia al despotismo, de la participación popular al populismo, del pueblo a la masa. Ninguna tiranía se mantiene si no es con cierta complicidad de al menos alguna parte del pueblo, y los dictadores y emperadores romanos, comenzando por César, compraban esa connivencia a base de magnos espectáculos y de reparto de trigo entre los ciudadanos, más bien convertidos en súbditos.

La locución “pan y circo” ha pasado a la posterioridad hasta llegar a nuestros días. En España, en ocasiones, sufre alguna transformación como la de “pan y toros” empleada por ilustrados contra el casticismo de la Corte de Fernando VII y que incluso dio lugar a una zarzuela y a un artículo de Unamuno; y la de “pan y fútbol” que la oposición utilizó durante el franquismo para señalar la estrategia de la dictadura para mantener a los españoles alejados de la política.

Si las dictaduras necesitan conseguir cierta adhesión de los ciudadanos, esta se hace imprescindible cuando se trata de democracias. Aun cuando sean imperfectas, ya que, por imperfectas que sean, los ciudadanos votan periódicamente. Así que de una u otra forma todos los partidos terminan adoptando la estrategia de pan y circo, aprueban medidas electoralistas y asumen alguna forma de populismo. El populismo, en contra de lo que algunos creen, no es exclusivo de los partidos de derechas, también lo practican las formaciones políticas de izquierdas, especialmente después de aceptar la globalización y la Unión Monetaria, realidades que privan a los Estados de buena parte de su soberanía y, por lo tanto, a los gobiernos de la capacidad de practicar una política plenamente socialdemócrata. Al estrecharse enormemente el margen entre las políticas económicas y sociales aplicadas por los gobiernos de las distintas ideologías, no es extraño que unos y otros se refugien en medidas de corte populista.

En esa dinámica y con la única finalidad de conseguir buenos resultados electorales se roza a menudo la ilegalidad y se violentan las mismas formas democráticas. Buen ejemplo de ello han sido los nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez y, de forma especial, lo que han llamado “viernes sociales”. Si existe, manifiestamente, un abuso de la democracia cuando se utiliza el decreto-ley para cualquier tema sin que se cumplan las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad, el abuso se agrava cuando se aprueban en campaña electoral y con las cámaras disueltas y debe ser la Diputación permanente la que tenga que convalidarlos. Si bien es cierto que la Constitución lo permite, lo hace tan solo para prevenir los verdaderos y excepcionales casos de extraordinaria y urgente necesidad en los que resulta ineludible, por tanto, la aprobación, sin esperar a que las Cortes estén constituidas.

Un tertuliano habitual en casi todos los foros y que en todos ellos se esfuerza en justificar a Sánchez con las aseveraciones más peregrinas para respaldarlo, en esta ocasión, repite una y otra vez que los gobiernos no pueden estar parados, tienen que actuar, lo que no deja de ser cierto, pero actuar no quiere decir legislar, que es propio de las Cortes. Hay muchas tareas que un gobierno tiene que hacer, aparte de decretos-leyes.

El populismo se diferencia profundamente de la socialdemocracia. La socialdemocracia constituye una doctrina coherente en la que todas las medidas tienen un sentido, un puesto definido en el sistema, y perfectamente coordinadas entre sí. Lo que no ocurre con el populismo. En el populismo cada medida está dispersa sin relación con las otras, y en ocasiones, incluso, son contradictorias. Las medidas populistas no suelen tener un carácter universal. Son ocurrencias. No están dirigidas a constituir, tal como aspira el pensamiento socialdemócrata, una sociedad más justa e igualitaria, sino que se orientan a un número concreto de votantes de cara a obtener su adhesión. El resultado social es secundario, incluso no importa demasiado que pueda ser el contrario del que aparentemente se persigue. Lo que prima es el resultado electoral.

Entre los objetivos esenciales de la socialdemocracia se encuentra el de garantizar los derechos sociales y económicos y en consecuencia la igualdad de oportunidades, pero esa tarea le corresponde al Estado y es el Estado el que debe asumir su coste y distribuirlo adecuadamente mediante el sistema fiscal. El populismo, por el contrario, tiene alergia a la subida de impuestos, ya que la medida tiene mala prensa y acarrea un probable coste electoral. Cuando no hay más remedio, el populismo recurre a determinadas figuras tributarias, a menudo de índole demagógica, que apenas tienen impacto en la recaudación y que suelen ser de carácter indirecto, cuyos efectos se disfrazan más fácilmente. En todo caso no tiene ningún reparo en trasladar el coste de las medidas sobre algún otro grupo de ciudadanos. Buen ejemplo de ello fue la congelación de alquileres adoptada por el franquismo, ya que, amén de ser una dictadura, también practicaba el populismo. Siendo incapaz el régimen de proporcionar un nivel suficiente de salarios y de dar una solución adecuada a la carencia de viviendas, transfirió el coste de aplacar la exigencia popular al colectivo de arrendadores mediante la congelación del precio de los alquileres, con lo que destruyó este mercado para muchos años en España.

La política sobre vivienda, y más concretamente en lo referente a los alquileres, constituye un buen terreno en el que encontrar la diferencia entre populismo y socialdemocracia. El populismo, ante la tesitura de dar respuesta a la reivindicación popular de una vivienda digna, no tiene ningún inconveniente en emplear medidas que penalizan a los arrendadores, olvidando que, nos guste o no, nos movemos en una economía de mercado, y que este tiene sus leyes que son difíciles de violentar, porque al hacerlo se puede obtener un resultado contrario al teóricamente perseguido.

En España, antes de todo análisis y de adoptar cualquier postura en esta materia, conviene tener en cuenta dos datos. El primero es que el porcentaje de viviendas en régimen de alquiler -aun cuando se ha incrementado sustancialmente desde el comienzo de la crisis-, es muy reducido, el 22%, muy por debajo de la media de la Eurozona (33%), del de Francia (35%), Reino unido (36%) o Alemania (48%). El mercado es por tanto bastante estrecho y toda variación de la oferta influye fuertemente en el precio.

El segundo es que, a pesar de la demagogia a menudo empleada, el peso en el mercado de los fondos de inversión (los llamados socimis) es muy reducido. Se estima que entre el 2 y el 4%. La casi totalidad de las viviendas de alquiler está en manos de propietarios individuales o de familias, la mayoría de clase media, que redondean sus sueldos o pensiones con las rentas del arrendamiento de una o dos casas. Este colectivo suele tener una mentalidad conservadora, muy sensible a todo lo que hace referencia a la seguridad, y reacio a verse inmerso en procesos judiciales.

No resulta demasiado arriesgado pronosticar que las campañas de estigmatización de los desahucios y las medidas que se van a tomar a favor de los arrendatarios y en contra de los arrendadores van a desincentivar la oferta. Habrá pequeños propietarios que opten o bien por no alquilar el piso o bien por hacerlo con todas las garantías, eligiendo cuidadosamente el inquilino. Es muy posible, por tanto, que disminuya la oferta y se eleven los precios, al tiempo que se expulse del mercado a las personas y familias más necesitadas (emigrantes, contratados precarios, con hijos pequeños, ancianos, etc.), que no tendrán quien les alquile un piso al existir dudas de si en el futuro podrán pagar la renta, y al vaticinarse mayores dificultades ante su posible desalojo. El resultado sería, de nuevo, precisamente el contrario al que teóricamente se intenta conseguir.

Nadie duda de que la vivienda constituya un derecho constitucional y de que cada ciudadano sea acreedor a una solución habitacional, tal como se dice ahora. Pero la solución debe venir precisamente de la postura contraria. Desde la óptica socialdemócrata, se debe defender la intervención de los poderes públicos en el mercado, pero respetando sus leyes y sin destruirlo. El Estado debe actuar como un agente más incrementando la oferta, con lo que los precios descenderían y mejorarían las posibilidades y condiciones de los inquilinos. Son muchos los instrumentos que el sector público tiene en su mano. Citemos tan solo algunos esquemáticamente, a mero título de ejemplo:

1) Adoptar el régimen de alquiler para toda futura promoción de vivienda oficial. El de compra no ha servido precisamente para ayudar a los más necesitados, a los que con toda seguridad económicamente les está vedado comprar una vivienda, aunque sea de protección oficial, y que además incluso ha propiciado que algunos hiciesen negocios con la reventa al cabo de unos años.

2) Orientar al mercado del alquiler todos los recursos públicos destinados a la política de vivienda, eliminando por ejemplo la deducción por la compra en el IRPF, que no recae precisamente en las clases más desfavorecidas y constituye por añadidura un capítulo significativo del fraude fiscal. La propuesta quizás no resulte muy popular, pero eso no significa que no sea justa.

3) Constituir un seguro público de alquiler que garantice al arrendador el cobro. Serviría para movilizar, incrementando la oferta, muchas de las viviendas que en este momento están vacías por el miedo de los propietarios a que los inquilinos no les paguen o les destrocen el piso. Además, haría recaer sobre el Estado, y no sobre los arrendadores, el coste social en tanto se busca otra solución para la familia que se encuentre en condición crítica.

Ciertamente, no es el momento de desarrollar cada una de estas medidas, así como tampoco de tratar el tema de que se precise quizás dedicar más recursos públicos al problema de la vivienda, unido a la necesidad de una reforma fiscal en profundidad que garantice este y otros derechos sociales. Reforma fiscal de la que lógicamente los partidarios del “pan y circo” no quieren ni oír hablar. En estos puntos se pretende tan solo trazar unas pocas líneas que, referidos al mercado del alquiler, nos ayuden a comprender la gran diferencia que existe entre populismo y socialdemocracia.

republica.com 22-3-3019

Entre los muchos libros que se han publicado en lo que va de año, me ha llamado la atención uno que lleva por título “La trampa de la diversidad”. El reclamo no ha sido tanto el libro en sí mismo, como la furibunda reacción que su edición ha originado en una parte de la izquierda, siendo así que, paradójicamente, está escrito desde la izquierda. El libro se ha convertido en un revulsivo para determinados grupos progresistas, lo que hace sospechar que tal vez haya hecho diana. Buen ejemplo lo constituye la reacción del joven coordinador general de IU, quien se ha tomado la molestia de hacer una crítica en “eldiario.es” de nada menos que de 19 páginas. Si se descuida, casi tantas como las del propio libro. La crítica es en extremo premiosa, diría que hasta alambicada y enmarañada, empeñada en requerir para cada aseveración que en el libro se hace tales comprobaciones, análisis y pruebas que, para dar cumplimiento a estas exigencias, el autor del libro, Daniel Bernabé, tendría que haber escrito una enciclopedia de varios tomos y no un ensayo político.

Al margen de disquisiciones teóricas, disquisiciones que me atrevo a decir que no están claras ni para el propio Garzón (tengo comprobado que cuando no se habla ni se escribe con claridad es que tampoco se tiene claro lo que se quiere transmitir), hay que preguntarse qué es lo que indigna tanto al coordinador de IU. Al leer cualquier libro resulta difícil estar de acuerdo con todas sus afirmaciones, pero no por ello hay que reaccionar con agresividad y virulencia, a no ser que uno se sienta aludido personalmente. Ciertamente, estoy lejos de suscribir todas las tesis del ensayo, pero resaltaría ciertas ideas que me parecen acertadas y que tienen el mérito de interpelar a la izquierda desde la propia izquierda.

Pocas dudas hay, aunque parece que algunos lo cuestionan, de que a principios de los ochenta se produce una inversión profunda del pensamiento político en el mundo occidental. En los años cincuenta, sesenta e incluso setenta la ideología socialdemócrata fue ganando terreno hasta hacerse dominante en la concepción del Estado y de la política en los países desarrollados occidentales. Este pensamiento contagia incluso a los partidos conservadores, que asumen muchos de sus principios y termina informando las constituciones de todos los países. En todas ellas se establece el Estado social frente al Estado liberal. Incluso España, que sale de una dictadura, copia en su Constitución el espíritu y la letra de los Estados vecinos de Europa.

En 1980, sin embargo, coincidiendo con los gobiernos de Reagan y Thatcher, comienza un proceso inverso. Aprovechando las dos crisis del petróleo de la década de los setenta, se declaró sin razón alguna la muerte de Keynes. Poco a poco se va imponiendo la globalización en la economía, con lo que los mercados y muchas empresas se hacen transnacionales, mientras que el poder político se mantiene encerrado en el estrecho campo del Estado-nación. Comienza a desmoronarse así la columna en la que se asentaba el Estado social, la subordinación de las fuerzas económicas al poder político democrático. Lo más grave de esta situación es que los partidos de izquierdas asumen la globalización y lo hacen no como una decisión política libremente adoptada por cada uno de los Estados, sino como un hecho social y económico obligatorio e imposible de eludir.

A su vez, la Unión Europea que se había mantenido durante bastantes años sin apenas modificaciones, emprende en los años ochenta una carrera en orden a la integración, pero siempre en la misma dirección, la del neoliberalismo económico, la de encarnar la globalización en sus estructuras. El último paso de este proceso ha sido la Unión Monetaria en la que al renunciar los Estados a la moneda propia renuncian al mismo tiempo a la capacidad de control sobre la encomia entregándosela a los mercados o a instituciones políticamente irresponsables y carentes de configuración democrática, tales como el Banco Central Europeo. La izquierda europea no parece haber sido consciente de que al dar la aquiescencia a la moneda única se echaba en manos del neoliberalismo económico y cerraba casi cualquier posibilidad de instrumentar en el futuro una política economía de izquierdas.

Esta evolución de la realidad económica y política en las últimas seis décadas resulta bastante evidente, al menos para los que tenemos ya una cierta edad y hemos sido testigos presenciales de ella. No necesitamos ni fuentes empíricas ni encuestas ni examen de los resultados electorales que parecen necesitar las nuevas generaciones de la izquierda, tal como reclama Garzón en su artículo. Basta por ejemplo comprobar cómo han evolucionado los sistemas fiscales (incluso en España) y las normas laborales de los distintos países, o ver los discursos y el pensamiento de los principales mandatarios de la izquierda: Tony Blair, Schröder, Felipe González o, últimamente en España, Zapatero y Sánchez.

En contra de lo que algunos parecen defender, no se precisa hacer una tesis doctoral acerca de si se denomina neoliberalismo económico, clase dominante, oligarquía financiera, etc., para aceptar que a partir de principios de los ochenta, una serie de grupos sociales, económicos y políticos, sea cual sea su denominación, se rebelan contra el Estado social pensando que se ha ido demasiado lejos en la política redistributiva. Alguien lo ha llamado “rebelión de los ricos”. No en vano el primer detonante se produce con las reformas fiscales de Reagan y Thatcher. No creo demasiado en las teorías conspiratorias, pero cuando la finalidad es común resulta lógico pensar que los grupos confluyan de forma natural (sin ser necesario que se pongan explícitamente de acuerdo) en establecer una estrategia para conseguir por todos los medios posibles el logro de sus objetivos, entre ellos el de fragmentar las clases sociales y las posiciones ideológicas contrarias a sus intereses.

El subtítulo del libro de Daniel Bernabé reza así: “Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora”. Con la palabra diversidad Bernabé se refiere a todas esas políticas y reivindicaciones transversales que afectan a determinados grupos sociales definidos por criterios diferentes de la situación económica de sus componentes: matrimonio homosexual, lenguaje inclusivo, igualdad de retribuciones entre hombres y mujeres, derechos de los animales, memoria histórica, educación para la ciudadanía, defensa del medio ambiente y un largo etcétera. Nada negativo encuentra Bernabé en todas estas reivindicaciones, ni en los grupos que las defienden, siempre que no compitan y suplanten la lucha más global e integral entre clases sociales, es decir aquella que se produce frente a una oligarquía que quiere imponer sus intereses y su modelo económico, en detrimento de la mayoría social menos afortunada.

Del libro de Bernabé parece deducirse algo más, y es que esa minoría a la que se denomina neoliberalismo propicia esas reivindicaciones más particulares y la diversidad en los planteamientos que de ellas se derivan para romper la unidad de las clases bajas y desviar así la atención de las exigencias más generales y universales. No sé hasta qué punto es siempre así. Desde luego en España existe un caso en el que se cumple este aserto de forma clara. El nacionalismo y el regionalismo dividen a la izquierda y la apartan de su finalidad principal y de sus aspiraciones más genuinas. La España plural colabora muy eficazmente a los intereses del neoliberalismo y de la clase dominante.

El 15-M desapareció de Cataluña en cuanto hizo su aparición el soberanismo, y las reivindicaciones sociales y laborales se transformaron en exigencias independentistas. Esa fue la habilidad de Artur Más. Cuando, como consecuencia de los ajustes de los que era cómplice, la contestación y la crítica se dirigieron hacia él, hasta el extremo de que se vio forzado a entrar en helicóptero en el Parlament, supo quitarse de en medio y hacer únicos responsables a los extremeños, andaluces, castellanos, aragoneses, gallegos, etc., que, según los nacionalistas, se estaban aprovechando de los catalanes.

Lo más grave es que la desorientación que afecta a la izquierda catalana se ha contagiado a buena parte de la izquierda del resto de España, que de forma inexplicable ha asumido los argumentos y la causa de los secesionistas. El absurdo ha llegado a tal extremo que el Parlamento español se encuentra dividido en dos mitades casi iguales, pero la mayoritaria, donde se sitúa la izquierda, está sometida al dictado de los golpistas.

Bernabé nos advierte acerca del peligro de que lo que en su libro llama diversidad sirva de coartada y pretexto para que determinados gobiernos que implementan políticas de derechas puedan presentarse a sus electores como representantes de la izquierda. La política económica de Zapatero, bajo la batuta de Solbes y Salgado, fue pura continuación -cuando no superación- de los errores de Aznar, y entre ambos generaron las condiciones para la recesión en la que se vio sometida posteriormente la economía española. Su política fiscal estuvo entre las más reaccionarias que han existido, eliminando el impuesto de patrimonio, reduciendo el IRPF y modificando el impuesto de sociedades hasta el extremo de que el tipo efectivo de las grandes empresas llegó a no superar el 3%, y eso sin hablar de las medidas que acometió al final de su mandato cuando entró en pánico ante la crisis. Sin embargo, se ha pretendido considerar a sus gobiernos de izquierdas por el hecho de mantener la paridad de género en su composición, aprobar el matrimonio gay o crear un ministerio de la igualdad.

Sánchez se mantiene en la misma senda de Zapatero. Es más, intenta superarlo introduciendo más mujeres que hombres en su Ejecutivo. Y pretende que su gobierno pase por izquierdista por exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, aunque después no sepa qué hacer con ellos. Bernabé se refiere explícitamente a este tema: “Yo soy nieto de un represaliado republicano, que fue trabajador esclavo durante la dictadura. Con esto quiero decir que la Memoria Histórica es algo que me toca de manera personal, pero entiendo que eso no puede utilizarse para esconder otras cosas. No me parece inocente que el Gobierno de Pedro Sánchez se centre en El Valle de los Caídos al mismo tiempo que evita derogar la reforma laboral. Si el PSOE quisiera, tardaría una mañana en publicar la lista de amnistiados fiscales, pero no está dispuesto a meterse en conflictos económicos con las élites”. No deja de ser curioso que los que hemos sufrido a Franco casi ya nos hemos olvidado de él. Y que sean los que no lo han conocido los que se empeñan en utilizarlo como un comodín, especialmente los golpistas, para acreditar su pedigrí democrático y de izquierdas.

Tanto Zapatero como Sánchez han creado el Ministerio de Igualdad, pero resulta significativo que su cometido no sea enfrentarse a la desigualdad con mayúscula, la que se produce entre las distintas capas sociales, la que describe en su libro Thomas Piketty, sino tan solo la que se supone que hay entre mujeres y hombres. Es también revelador que cuando la vicepresidenta del Gobierno, en un gesto de audacia, anuncia que van a regular la composición de los consejos de administración de las empresas privadas se refiere tan solo a la proporción que se debe dar entre mujeres y hombres, pero por supuesto ni se le ocurre hablar de la presencia entre sus miembros de representantes de los trabajadores, sean hombres o mujeres, lo que antes se llamaba cogestión.

Nada que objetar a la batalla del feminismo, siempre que no se caiga en el ridículo de querer cambiar la Constitución para adaptarla a lo que llaman lenguaje inclusivo, o emplear la expresión ininteligible de “los derechos de los niños y las derechas de las niñas”, pero sobre todo que no se pretenda con ella blanquear la incapacidad e impotencia que una parte de la izquierda tiene después de asumir la globalización y la Unión Monetaria para separarse de las políticas de derechas.

Es posible que los llamados impuestos ecológicos generen efectos beneficiosos de cara al medio ambiente, pero suelen tener un carácter regresivo desde el punto de vista de la equidad fiscal, ya que todos ellos tienen la condición de indirectos; y, además, en la mayoría de los casos inciden más en las clases modestas que en las adineradas, que pueden eludirlo de forma más sencilla. Es lo que ocurre con el gravamen al gasóleo que proyecta el actual Gobierno. Y también sucede lo mismo en lo referente a las penalizaciones establecidas por el Ayuntamiento de Madrid de cara a la movilidad y a las restricciones por contaminación. No toda medida a favor de la lucha contra el cambio climático puede ser aceptable sin más para la izquierda, sin tener en cuenta otras consideraciones.

El libro de Bernabé “La trampa de la diversidad” reta a buena parte de los partidos socialdemócratas, y de otras formaciones más a la izquierda, que han asumido la globalización y la moneda única y que se ven por tanto impotentes para implementar o incluso defender una auténtica política de izquierdas. Sienten la tentación de agarrarse a determinadas batallas, que serán perfectamente lícitas y justas, pero que no pueden ni deben sustituir la lucha por la desigualdad social y económica. Interpela, en definitiva, a aquellos que afirman que el euro no es ningún problema y que el problema está en la monarquía.

republica.com 2-11-2018

El Gobierno de Pedro Sánchez se podría denominar el de los tristes destinos o, mejor, el de los anuncios y desmentidos; pero pocos proyectos han durado tan poco como el intento de eliminar la desgravación fiscal a la inversión en fondos de pensiones. Al día siguiente de difundirlo, se producía ya la rectificación. Algunos medios lanzaron la idea de que el Gobierno no quería enemistarse con tantos contribuyentes como se aprovechan de la desgravación.

La afirmación no creo que tenga mucha consistencia, porque los beneficiados con los fondos de pensiones no son tanto los contribuyentes como los bancos. Los partícipes lo único que obtienen es retrasar el pago de los impuestos, ya que la deducción actual se compensa con la cuantía que tendrán que abonar en el momento del rescate. Como contrapartida, pierden la administración de su inversión, que entregan a la entidad gestora, más preocupada de la ganancia del banco al que pertenece, que de la de los partícipes. Las comisiones se terminan comiendo cualquier asomo de rentabilidad. Hasta el año 2006 se podía dudar de la conveniencia que para el contribuyente tenía esta figura financiera, ya que en el momento del rescate se tributaba tan solo por el 60% del total. Pero, a partir de esa fecha, no parece que haya duda alguna, ya que la imposición es del 100% al recuperar el fondo.

Lo que, sin embargo, sí es seguro, es que las grandes favorecidas por los planes de pensiones son las entidades financieras, puesto que a través de ellos cuentan con cuantiosos fondos cautivos que pueden gestionar a su antojo según sus conveniencias y que les proporcionan importantes comisiones. De ahí la defensa a ultranza que los bancos realizan de la desgravación, porque por lo menos crean el espejismo de que esta figura financiera es ventajosa para los contribuyentes.

Los intereses de las entidades financieras en incentivar los fondos de pensiones son los que han estado detrás de la ofensiva lanzada desde los años ochenta en contra del sistema público de pensiones. Desde entonces, los cañones informativos del poder económico no han dejado de bombardear con múltiples consignas acerca de la previsible quiebra de la Seguridad Social, pronosticando la hecatombe para determinadas fechas. Sin embargo, los días señalados fueron llegando sin que se cumpliesen los negros augurios de los expertos a sueldo.

Los intereses financieros están también detrás de todas las voces que estos días han surgido en tono crítico al conocerse que el Pacto de Toledo había aprobado la actualización anual de las pensiones por el IPC. Hasta Solchaga ha salido del escondite de sus negocios para saltar a la palestra y afirmar que los jubilados no han pagado todo lo que reciben. Ante la algarabía de despropósitos escuchados, he considerado conveniente contestar una vez más a algunos de ellos. Tengo que reconocer que lo hago con cierta apatía por no poder decir nada nuevo, distinto de lo que he repetido en bastantes ocasiones (ver los últimos artículos sobre este tema en este diario digital publicados el 8, el 15 y el 22 de marzo de este año, respectivamente). Pero, como los tópicos, los sofismas y las falacias son también los mismos, no tengo más remedio que reiterar los argumentos. Ahora bien, la referencia a los tres artículos anteriores me exime de un relato pormenorizado, y me permite limitarme a señalar tan solo a modo de resumen los puntos más relevantes y significativos sin entrar a fondo en ellos:

1) La actualización de las pensiones con el IPC no representa ninguna subida real, simplemente se trata de impedir que se reduzca su cuantía. Tampoco constituye un coste real para el Estado, porque si la inflación eleva en términos nominales el gasto público, incluyendo las pensiones, en la misma medida incrementa los ingresos de todas las administraciones públicas. Si, no obstante, el gasto de la Seguridad Social se incrementa año tras año en términos reales, son otras las variables responsables, por ejemplo, se debe al hecho de que las prestaciones de los nuevos jubilados sean más elevadas que las de aquellos que abandonan el sistema, manifestación clara de cómo las pensiones crecen menos que los salarios.

2) Las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que deben hacer frente a su desembolso.

3) No hay ninguna razón para diferenciar el gasto en pensiones de otras partidas del presupuesto tales como la educación, la sanidad, la justicia, el seguro de desempleo, la defensa o los intereses de la deuda. A nadie se le ocurre afirmar que tales gastos son inviables y que el Estado va a dejar de costearlos.

4) La viabilidad de las pensiones, como la del resto de los gastos públicos, no depende de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce. Gracias a los incrementos de productividad, menos trabajadores pueden generar un mayor output.

5) En los países occidentales la productividad viene creciendo paulatinamente desde 1700. En concreto, en el periodo 1980-2012, la tasa promedio de crecimiento fue del 1,8%. Aun cuando esta tasa es bastante más reducida que la de los periodos anteriores, es lo suficientemente elevada como para que la renta per cápita durante estos años se haya incrementado en términos reales el 77% y se haya creado, por lo tanto, sobrada riqueza para que no exista ningún obstáculo en la financiación del Estado social en su conjunto, incluyendo por supuesto las pensiones. Eso sí, siempre que el Estado como socio destacado del sistema productivo se apropie mediante impuestos de una parte suficiente de la producción.

6) Los problemas, de existir, no son de producción sino de distribución, y de la decisión social y política de crear y perfeccionar un sistema fiscal dotado de la progresividad y suficiencia apropiadas para financiar la totalidad de las prestaciones del Estado social.

7) No es verdad sin más que los impuestos se opongan al crecimiento. Más bien, si se emplean adecuadamente, puede ser al contrario. Los pensionistas tienen una propensión marginal a consumir bastante más elevada que los contribuyentes de rentas altas -sobre quienes en mayor medida deben recaer los impuestos-, por lo que los recursos en sus manos contribuirán más a la expansión económica que en el bolsillo de los contribuyentes.

8) La próxima revolución industrial, que ya se vislumbra, incrementará significativamente la productividad, pero por el mismo motivo puede reducir de forma considerable el número de puestos de trabajo. La alternativa al desempleo es, tal como ha ocurrido ya en otros momentos de la Historia, el reparto del trabajo, empleando al menos parcialmente los incrementos de productividad en disminuir la jornada de trabajo o la vida activa de la población.

9) El sistema público de pensiones, a pesar de ser de reparto, no constituye ninguna injusticia intergeneracional. Los más interesados en que no se reduzcan las pensiones son los futuros pensionistas.

10) Si la productividad crece y cada generación es más rica que la anterior se debe a que parte con un bagaje técnico y de conocimientos mucho mayor, que ha sido posible gracias al esfuerzo de las anteriores generaciones.

11) Concretamente en el caso de España, los jubilados actuales han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. Con sus impuestos han facilitado en buena medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No le parece, señor Solchaga, que al menos han aportado tanto como reciben? ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

12) El sistema de pensiones español comparado con los de otros países no tiene nada de generoso, a pesar de las manifestaciones de sus detractores, que se fijan exclusivamente en el porcentaje que la pensión que se reconoce en el momento de la jubilación representa respecto del último salario sin considerar otras variables.

13) Según datos de Eurostat para 2015, en España el porcentaje que representa el gasto en pensiones sobre el PIB es inferior al de Grecia, Francia, Portugal, Austria, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Bélgica, Italia y Alemania. Tan solo los países que provienen del bloque del Este mantienen un porcentaje inferior.

14) En España el gasto por pensionista es inferior al de Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Suecia, Austria, Reino Unido, Finlandia, Italia, Francia, Irlanda, Alemania, etc.

15) En todos los países de la Unión Europea las pensiones se revalorizan periódicamente de acuerdo con la evolución de una o varias de estas tres variables: los precios, los salarios y el PIB. Estoy seguro de que los jubilados españoles estarían encantados con que a la evolución de los precios se añadiese la del PIB y la de los salarios a la hora de actualizar sus pensiones.

16) Por último, es bueno recordar que la presión fiscal española se sitúa ocho puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Nadie puede decir que no existe margen para mantener el sistema público de pensiones y actualizar las prestaciones anualmente de acuerdo con el IPC.

republica.com 5-10-2018

Entre las muchas propuestas que Podemos ha hecho al actual Gobierno se encuentra la reforma del mercado del alquiler. La petición es muy loable, ya que no en vano el disfrute de una vivienda digna y adecuada aparece como un derecho fundamental en la Constitución española. Pero como en el caso de otros muchos derechos –por ejemplo, el de disponer de un puesto de trabajo (pleno empleo)-, su aplicación en la práctica deja mucho que desear, y es que las cosas son más fáciles de enunciar que de realizar. En cualquier caso, no basta con tener buenas intenciones, sino que hay que saber cómo llevarlas a cabo; no sea que se adopten medidas que lejos de mejorar la situación, la empeoren. Así ha ocurrido con la mayoría de las leyes de arrendamientos urbanos aprobadas, que, si bien fueron elaboradas desde posturas muchas veces antagónicas, sus resultados fueron finalmente idénticos. En el mejor de los casos, dejaron las cosas igual que estaban; y es que en ninguna de ellas se incidió sobre las verdaderas causas del problema.

Ahora que la memoria histórica está de moda conviene recurrir a ella para algo más que para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. En el caso de la vivienda, y más concretamente del alquiler, hay que remontarse al franquismo, incluso a los años posteriores a la Guerra Civil para entender los defectos y problemas actuales. España había quedado tan arrasada que, principalmente en las ciudades, se produjo una carencia radical de viviendas. A pesar de ello, desde 1939 hasta 1955 se mantuvo una parálisis de la construcción residencial. La iniciativa privada no tenía ningún incentivo para invertir en este sector, dada la falta de capacidad adquisitiva de la población, y el sector público no quiso o no pudo construir viviendas baratas, al menos en el número necesario.

El régimen, de acuerdo con su condición de dictadura populista (aun quedaba algo de la revolución pendiente de los falangistas), para aplacar a los ciudadanos e incapaz de solucionar el problema por sí mismo, echó sobre las espaldas de un sector concreto, los propietarios de bienes inmuebles (los llamados caseros), el coste de paliar (no de corregir) la situación. Estableció la congelación de las rentas y la prórroga forzosa para todos los contratos de arrendamiento. Las leyes de 1946, de 1955 e incluso la de 1964, mantienen, como norma general con algunas excepciones, el contrato indefinido con renovación anual, renovación obligatoria para el arrendador y potestativa para el arrendatario, y se congela el precio del alquiler (desde 1964 se permite la actualización por el coste de la vida). Se establece también un régimen de subrogaciones familiares que, salvo excepciones, hacía que, en la práctica, el propietario perdiera indefinidamente la disponibilidad de facto de la vivienda, ya que era muy difícil que pudiera recuperarla.

La situación fue haciéndose insostenible para los propietarios, que vieron cómo las rentas congeladas se iban separando más y más de la revalorización de las casas y, lo que era peor, del coste de los materiales de construcción y mano de obra que se precisaban para las reparaciones de los edificios. Se llegó al extremo de que las rentas obtenidas del alquiler no compensaban los gastos de mantenimiento, lo que llevó a muchos a desentenderse de su propiedad y a abandonar los edificios, acometiendo tan solo las obras más imprescindibles, con lo que los inmuebles se fueron deteriorando progresivamente.

No obstante, y al mismo tiempo, según se constituía una clase con cierta capacidad económica y relativamente amplia, fue surgiendo un sector de la construcción orientado a la obra residencial, viviendas destinadas al mercado de compra y venta y no al del alquiler, ya que el primero era mucho más productivo y más rentable. El crecimiento de este negocio estuvo íntimamente unido al desarrollo de la figura de la propiedad horizontal que, si bien era ya contemplada en el Código Civil (art. 396), no adquirió la mayoría de edad hasta 1960 con la Ley de 21 de julio. Este sistema facilitaba y agilizaba la compra de la vivienda por una capa importante de la población desplazando el sistema de alquiler. Incluso a los antiguos arrendadores se les permitió vender la casa por pisos, eso sí, concediendo el derecho de tanteo a los inquilinos capitalizando la renta al 4,5%. Ciertamente, el precio así calculado era muy inferior al de mercado. No obstante, la mayoría de los propietarios aceptaron este mecanismo como mal menor y para no perder así la totalidad de la inversión.

Había muerto en nuestro país el mercado del alquiler para consagrarse de cara al futuro el sistema de adquisición de la vivienda propia. Desde entonces se puede decir que España se situó a la cabeza de los países europeos respecto al porcentaje de las familias que optaban por la compra en lugar del arrendamiento. Con la democracia se liberalizó el mercado del alquiler, incluso pasándose de rosca en algunos momentos, como en 1985 con el llamado decreto Boyer, que dejaba la duración del contrato a la libre decisión de las partes y eliminaba la prórroga forzosa; la pauta general pasó a ser la renovación anual, dando así al arrendador la oportunidad de variar el precio del alquiler todos los años. El resultado fue el contrario del pretendido, puesto que se dejó en una gran indefensión a los inquilinos, reforzando la tendencia de que optasen por la compra todos aquellos que tenían alguna posibilidad.

A partir de ese momento, han sido muchos los intentos para reconstruir un mercado del alquiler, elemento fundamental para dar solución al problema de la vivienda, pero todos ellos han tenido poco éxito ya que han incidido siempre sobre factores no sustanciales y, a menudo, con una orientación equivocada. Las actuaciones dirigidas a potenciar el mercado del alquiler deberían comenzar por analizarlo y detectar los factores que inciden sobre la oferta y la demanda.

Comencemos por la demanda. Los intereses de las entidades financieras, unidos a las tasas de inflación, han propiciado y popularizado las hipotecas, haciendo creer a muchos que la compra entraba dentro de sus posibilidades y extendiendo la idea de que el alquiler era tirar el dinero. La consecuencia de esta política se ha visto en la actual crisis, con cientos de miles de insolventes.

El sector público ha sido también responsable de la reducción de la demanda en el mercado de alquiler, ya que los incentivos fiscales a la vivienda se han canalizado en su mayoría a la compra, mediante una deducción fiscal, lo que constituye la peor fórmula posible por varios motivos. El primero, porque hace relativamente fácil el fraude. La administración tributaria resulta incapaz de controlar, por simples procedimientos de gestión, si se cumplen todos los requisitos exigidos en la ley; por cierto, bastante alambicados. Como mucho, en todo caso se comprueba la veracidad de la hipoteca y de la anualidad pagada del préstamo. Solo si el contribuyente sufriese una inspección, probabilidad muy remota, se examinaría exhaustivamente que la deducción se adecua a la ley en todos sus aspectos.

Segundo, porque el procedimiento es totalmente regresivo, empezando porque excluye de la ayuda a los ciudadanos de menores ingresos, los exentos del IRPF. También quedan descartados todos aquellos que carecen de la capacidad económica necesaria para adquirir una vivienda. Y para los que sí pueden acogerse a ella, la cuantía de la ayuda está en consonancia con el precio de la vivienda. Es más, hasta 1998 se mantuvo una normativa radicalmente injusta. Los intereses de la hipoteca se deducían de la base imponible del impuesto, no de la cuota, con lo que era el tipo marginal el que entraba en juego y, por lo tanto, la cuantía del beneficio que recibía el contribuyente era tanto más elevada cuanto mayor era su renta.

Si los ingentes recursos públicos destinados a incentivar la compra de viviendas, ayudando en muchos casos a quien no lo necesitaba, se hubiesen dedicado a estimular la vivienda en alquiler, muy posiblemente la demanda en este mercado habría alcanzado un volumen mayor.

Desde el punto de vista de la ampliación de la oferta, el primer factor negativo ha sido el comportamiento del sector público, que para paliar la insuficiencia de vivienda que presentan las capas más bajas de la población, optó por la modalidad de venta (viviendas de protección oficial) frente a la de facilitar viviendas en alquiler, que tiene sin duda claras ventajas frente a la primera. Por muy barata que sea la vivienda, la compra no está al alcance de los ciudadanos pertenecientes a los estratos más necesitados de la sociedad. Se han dado muchos casos en los que alguien después de ser agraciado con un piso de protección oficial ha tenido que renunciar a él por carecer de capacidad económica para abonar el precio. La previsión constitucional no sostiene que todo español tiene derecho a tener una casa en propiedad, sino a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Por otra parte, el estado de necesidad no es igual a lo largo de toda la vida. En muchos casos, especialmente en el de los jóvenes, la falta de medios económicos es provisional, durante un cierto periodo de tiempo. No tiene sentido, por tanto, que la protección pública sea para toda la vida, situación que se produce cuando se concede en propiedad un piso de protección oficial. No es infrecuente que el beneficiado, con el tiempo, al cambiar de situación económica, quiera cambiar también de vivienda, y termine vendiendo el piso subvencionado, obteniendo de esta forma un beneficio que no le correspondería.

No hay duda de que para que el mercado de alquiler funcione es imprescindible conseguir que la oferta sea suficientemente amplia y en ese cometido el sector público asume un papel importante; pero no es suficiente, resulta imprescindible la colaboración del sector privado. El Estado puede lograr que inversiones importantes se canalicen a la construcción de viviendas destinadas al alquiler, pero esto será siempre un porcentaje reducido en este mercado, en el que la oferta está totalmente fragmentada. En general, las viviendas que se alquilan, y las que están vacías y son potencialmente arrendables, pertenecen a personas y familias de clase media que en su mayoría alquilan un piso, todo lo más, dos. Es importante conocer la psicología de este grupo social y saber cuáles son los estímulos por los que se mueven.

Si algo caracteriza a este colectivo es su conservadurismo en materia económica y su predisposición a no asumir riesgos en su patrimonio. De ahí que el factor más decisivo para que se inclinen por no arrendar y mantener el piso vacío es el miedo a la morosidad y a no poder desalojar al inquilino en caso de incumplimiento o a verse inmersos en un proceso judicial para el que no están acostumbrados ni preparados, además del riesgo de que cuando el piso se recupere este haya sufrido importantes desperfectos. El anatema con que una parte de la sociedad ha calificado el desahucio no ha colaborado mucho a infundir confianza. Quizas no se ha sabido distinguir bien entre las distintas clases de desahucios.

El porcentaje de población que en España vive de alquiler se ha elevado sustancialmente con la crisis económica (20%); así y todo, estamos muy lejos del porcentaje de los países similares al nuestro, dentro de la UE. Francia, por ejemplo, se sitúa en el 37%, y Alemania en el 50%. Solo los países provenientes del bloque del Este, debido al régimen económico del que partían, nos superan en el porcentaje de vivienda en propiedad. Nadie parece discutir la importancia, tanto desde el punto de vista social como desde el económico, de un buen funcionamiento del mercado de alquiler, pero para ello hay que ampliar tanto la oferta como la demanda, hacer más ancho el mercado.

Para evitar niveles de precios inadecuados, el Estado debería incrementar la oferta introduciendo en el mercado un nivel importante de casas de protección pública dadas en arriendo. En ese sentido, hay que congratularse del anuncio del ministro de Fomento de promocionar 20.000 viviendas en alquiler; eso sí, siempre que no sea uno de tantos brindis al sol que realiza este Gobierno de cara a la próxima campaña electoral, pero sin ninguna realidad o consistencia. El Estado tendrá que incentivar también la posible oferta de los miles y miles de pequeños propietarios que prefieren mantener las casas vacías y no habrá mejor forma de incentivarles que introducir mecanismo que disminuyan el riesgo para ellos de posibles incumplimientos del contrato por parte del inquilino. El gobierno de turno, sobre todo, tendrá que tener cuidado en evitar aprobar determinadas medidas coactivas que lejos de ampliar la oferta la reduzcan aún más y hagan salir del mercado a muchos de los que en estos momentos están en él. Es importante sacar las debidas lecciones de la Historia.

republica.com 20-9-2018

También podría haber titulado este artículo “La rebelión de los pensionistas (III)”, porque va a ser seguramente el asunto de las pensiones el que acabe dando la puntilla al presidente del Gobierno. Rajoy ha sido un superviviente. Con su carácter gallego y con cierta dosis de sentido común ha resistido todos los envites, que no han sido pocos. Su principal error, sin embargo, ha sido el de los nombramientos de sus ministros; entre los que sobresale el de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez quien, como se han encargado de vocear en Internet, no ha tenido ningún empleo ni público ni privado, solo político, y nunca ha cotizado a la Seguridad Social. Y aunque en su currículum aparece como economista y licenciada en Derecho, me temo que lo que posee es uno de esos títulos híbridos que dan algunos centros universitarios de la iglesia, que pretenden abarcar todo, pero cuyos alumnos terminan no siendo ni juristas ni economistas.

Lo cierto es que Fátima Báñez ha empujado al Gobierno de Rajoy a aprobar dos de las leyes más nocivas desde el punto de vista social: la de la reforma laboral y la de las pensiones. La primera hizo perder al PP casi la mitad de los diputados en las pasadas elecciones, y la de las pensiones y el empecinamiento actual a no corregirla les puede conducir a perder parte del resto. No sé si Rajoy se ha dado cuenta de que entre los actuales pensionistas y los que están a punto de jubilarse se encuentra una buena parte de sus votantes.

Pocas veces se ha podido ver tan indignados a los pensionistas. Lo que no tiene nada de extraño, porque es ahora cuando comienzan a manifestarse los efectos perversos de la reforma. En los años anteriores, en plena crisis, la inflación era negativa o cercana a cero con lo que la actualización o no de las pensiones apenas tenía importancia. Es en este año, cuando el incremento de los precios ha comenzado a tener cierta relevancia y además se acerca ya 2019, momento en el que entrará en vigor el factor de sostenibilidad que deprimirá aun más las prestaciones futuras.

Rajoy recurre una vez más a Europa y a poner como pantalla la necesidad que hubo de eludir el rescate. No caben demasiadas dudas de que Bruselas y más bien Frankfurt estuvieron detrás de la aprobación de ambas leyes. Es más, en cierto modo estas exigencias estaban ya implícitas en la carta que Trichet y Fernández Ordóñez enviaron a Zapatero en 2011. Sin embargo, no está nada claro que, de no haber aprobado la ley de pensiones, se hubiera tenido que instrumentar el rescate. Entre otras cosas, porque las fechas no cuadran.

No se le puede negar a Rajoy el mérito de no haber sucumbido a las presiones de los poderes económicos y mediáticos que pretendían, asustados por los elevados tipos de interés que dañaban fuertemente sus intereses, que se pidiese el rescate. De ello no se deduce, sin embargo, que la negociación con Europa fuese la epopeya que intenta vendernos de Guindos en su libro “España amenazada”. Rescatar a España no era lo mismo que rescatar a Grecia o a Portugal, y la situación y dimensión económica de estos países no son iguales que las del nuestro. Merkel tampoco quería, por razones de su política interior, que Rajoy solicitase el rescate; y, sobre todo, las dificultades que sufría España eran similares a las de Italia, país gobernado en ese momento por Monti, impuesto por Berlin y Bruselas; y además Draghi era italiano.

Todo ello coadyuvó a que no fuese necesario pedir el rescate. En la solución tuvo mucho que ver el ortodoxo Monti que, contra todo pronóstico, en la Cumbre de junio de 2012 se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aprobaba que fuese la Unión Europea (MEDE) la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis. A esta pretensión se sumó inmediatamente Rajoy, inmerso en la crisis de la banca española, y un poco más tarde, aunque quizás con menos decisión, Hollande. Merkel no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades.

Aun cuando esa cumbre no sirvió para que el MEDE absorbiese el coste de las crisis bancarias de España e Irlanda, sí fue el precedente de que tan solo un mes después Mario Draghi pronunciase la famosa frase “El BCE hará todo lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, eso será suficiente”, que sirvió para despejar los negros nubarrones que se cernían sobre el euro y sobre las deudas italiana y española. En todo caso, lo que parece evidente es que la ley de pensiones que se aprobó más tarde (2013) no ha tenido nada que ver en la superación de la crisis, ni con la corrección del déficit ni con la recuperación económica. Curiosamente hasta este momento ha sido totalmente inoperante, y es precisamente ahora cuando la economía lleva varios años de crecimiento, cuando comienza a surtir sus efectos.

Es por esto por lo que se entiende muy mal la cerrazón de Rajoy de no actualizar las pensiones, siquiera de acuerdo con la inflación. Ya no hay presión de la Unión Europea, al menos no tiene la misma fuerza. La política de austeridad pierde puntos y se pone en cuestión. ¿Cómo se puede afirmar que la crisis ha pasado y que la economía va viento en popa y al mismo tiempo defender que hay que recortar la renta a una parte importante de la población, tan vulnerable como la de los pensionistas? Además, son en buena medida el huerto electoral del Partido Popular. Hay que remarcar el hecho de que la cuestión no radica en subir o no subir las pensiones, sino de si se reducen, pues esa es la consecuencia al no regularizarlas por la inflación.

España es de las pocas economías en las que no se actualizan (porque el índice de revalorización de la ley es realmente una broma macabra). Alguien le ha soplado a Rajoy que solo dos países lo hacen con el IPC, lo cual puede ser cierto tan solo a medias porque los otros o bien lo hacen con la evolución de la economía (PIB nominal) o con los salarios, y ambas variables llevan ya un componente de precios. En estos casos la actualización no se limita a mantener el valor adquisitivo de las pensiones, eso se da por descontado, sino que se intenta que además participen de alguna forma de la bonanza de la economía cuando esta se produce. Supongo que los jubilados españoles estarían encantados de que sus prestaciones se regularizasen de acuerdo con la evolución nominal de la economía, o de los salarios. Saldrían sin duda ganando, solo hay que constatar que la prestación media de los pensionistas que salen del sistema es bastante inferior a la de los que entran.

Tanto Ciudadanos como el PP y el Gobierno pretenden engañar a los jubilados limitando la posible mejora a las pensiones mínimas y a las de viudedad. Deberían tener en cuenta que en materia de pensiones ninguna prestación es alta. La pensión máxima lleva bloqueada desde hace treinta años, de manera que son muchos los jubilados que están cobrando una prestación menor de la que les correspondería de acuerdo con su cotización. Los gobiernos son proclives a realizar una única política redistributiva, la que transfiere fondos de los pobres a los muy pobres. Entre los pensionistas hay muy pocos ricos; economías sencillas, como mucho, clase media, pero clase media de verdad y no la que pinta Albert Rivera en sus peticiones de bonificaciones y subvenciones. Los niveles medios y altos de las pensiones hacen referencia en su mayor parte a trabajadores muy normales, incluso modestos, que simplemente han cotizado a lo largo de toda su vida profesional. Tratarles como ricos y manifestar que solo se van a subir -mejor dicho, que no se van a bajar- las pensiones mínimas no tiene sentido.

En cuanto a las pensiones de viudedad, hay cosas difícilmente explicables. La Biblia establece como una de las principales obligaciones religiosas la de socorrer a los huérfanos y a las viudas, hasta el extremo de instituir la ley del levirato, exigencia de casarse con la viuda del hermano difunto. Esa condición de debilidad social de las viudas se ha perpetuado a lo largo del tiempo y ha llegado a nuestra sociedad capitalista desde el momento en que era el marido el que trabajaba fuera de casa y el que proporcionaba los recursos económicos. Su defunción era un drama para la familia. Pero esta situación hace tiempo que está cambiando. La incorporación de la mujer al mercado laboral hace que, en primer lugar, tengamos que hablar también del viudo y, en segundo lugar, que las circunstancias económicas se hayan modificado. Sin embargo, se produce la inconsistencia de que la pensión de viudedad es compatible con todas las rentas del trabajo (cosa que no ocurre en otros países como Francia, Italia o Alemania), pero incompatible con la propia jubilación. En cualquier caso, en las circunstancias actuales no se puede decir que todas las pensiones de viudedad sean las más necesitadas de subida.

Ciudadanos, el PP y el Gobierno quieren engañar también al personal estableciendo la posible mejora mediante una reducción en el IRPF. Es curiosa la buena prensa que en ciertos ambientes tiene la rebaja de impuestos y la repulsa que suscita el incremento del gasto, cuando en principio tendrían que tener el mismo efecto macroeconómico. Los resultados distributivos, sin embargo, casi siempre son distintos. Las minoraciones impositivas son mucho menos transparentes y, como van unidas a otras muchas variables, nunca se sabe a quién benefician y sobre todo en qué medida. Eso es lo que ocurre con la oferta que Rivera va pregonando para ocultar su falta de propuestas para los pensionistas. La subida del límite exento de 12.000 a 14.000 euros no implica que beneficie precisamente a los perceptores de estas rentas, que podrían estar ya exentos, beneficia a todos los contribuyentes y en mayor medida a aquellos que tengan un tipo marginal más alto, es decir, a los de rentas superiores. Hay que esperar que ni los pensionistas ni las clases bajas se dejen engañar. Cuando oigan hablar de reducciones de gravámenes en impuestos progresivos como los del IRPF, deberían echarse a temblar porque seguro que por uno u otro motivo terminan resultando perjudicados.

Tampoco parece que ni el PSOE ni Podemos se aclaren mucho en esta materia. Su actuación, demasiado sesgada por sus intereses electorales, no termina de abandonar el reducido círculo de las cotizaciones, del fondo de reserva y de considerar a las pensiones como un problema diferente al del resto de las prestaciones y servicios del Estado de bienestar. Sobre todo, son incapaces de hablar claro a los ciudadanos y de decirles abiertamente que todo ello solo es posible manteniendo un sistema fiscal potente, estructurado y progresivo, que hay que subir los impuestos, y que lo que pone en peligro las pensiones y el resto de logros del Estado social, han sido las rebajas fiscales que de forma un tanto demagógica tanto el PSOE como el PP han venido practicando desde mediados de los ochenta.

Proponer impuestos a la banca está muy bien y tiene muy buena prensa, pero que nadie crea que con ello está resuelto el problema. Detrás de los bancos casi nunca se sabe quién hay o, lo que es peor, está el Estado que termina haciéndose cargo de las insolvencias. Lo importante es gravar a los banqueros, a los accionistas y a los ejecutivos, pero no solo de la banca, sino de otras muchas empresas. En general, restituir la imposición de las rentas de capital a las que casi se ha eximido de tributar y reformar globalmente todos los impuestos directos (IRPF, Sociedades, Sucesiones y Patrimonio) para que recuperen la virtualidad de la que se les ha privado a lo largo de las tres últimas décadas. El mensaje de que hay que subir los impuestos no es fácil para una formación política, pero, si de verdad quieren ser creíbles, no tendrán más remedio que afrontarlo. Todo lo demás es demagogia y pretender engañar al personal, y al personal no se le engaña tan fácilmente.

Rajoy, por su parte, haría mal en minusvalorar el problema. Sus votos salen principalmente del grupo de los jubilados, colectivo que está realmente indignado. Han tomado conciencia de que pertenecen a las generaciones que han levantado el país en las últimas décadas, que incluso han mantenido en buena parte la economía en la reciente crisis y ven cómo ahora se les quiere condenar a morir en la indigencia. Presiento que no van a consentirlo y que pueden llevarse a Rajoy y al PP por delante.

republica.com 23-3-2018

En el artículo de la semana pasada, al filo de la manifestación de pensionistas, traté el tema de las pensiones. No obstante, limité mi análisis a la conveniencia de que las prestaciones se actualicen anualmente por la inflación; postulé la necesidad de que su cuantía en términos reales no se recorte ni se produzcan transferencias del colectivo de los pensionistas a otros colectivos o, lo que es lo mismo, que los poderes públicos no utilicen la inflación y las pensiones para solucionar sus problemas presupuestarios. Al final del artículo prometí abordar esta semana el manido tema de la suficiencia financiera del sistema público de pensiones.

Anticipaba ya que la solución del problema no podía restringirse a bajar la cuantía de las pensiones. Así, lo soluciona cualquiera. Aunque en realidad, en este caso no se trata de solución sino más bien de destrucción progresiva del sistema público. Adelantaba también que, si realmente se pretende resolver la cuestión, hay que rescatar las pensiones del estrecho campo al que las confinó el Pacto de Toledo con la separación de fuentes y de su exclusiva financiación mediante cotizaciones sociales. En ese marco no hay salida posible, ya que entran en funcionamiento todos esos condicionantes de la pirámide de población, del empleo, de los salarios, e incluso de la presión de los empresarios y la permisividad de algunas fuerzas políticas acerca de la reducción de las cotizaciones sociales, alegando como excusa que se trata de un impuesto al trabajo.

Hay que negar hasta que haya que plantearse el problema. ¿Por qué específicamente nos preguntamos si es posible la financiación de las pensiones públicas y no de la educación, de la sanidad, del ejército, de la policía, de las ayudas a la dependencia, del pago de la deuda, de las subvenciones a los empresarios y emprendedores, de los gastos de los Ayuntamientos, de las Comunidades Autónomas, del servicio exterior del Estado, de la justicia, del seguro de desempleo, del AVE, y de otras muchas obras públicas, y de tantas y tantas partidas de gasto público? Si de algún capitulo de gasto no se debería dudar, es precisamente del de las pensiones, porque en cierto modo se trata de una deuda contraída por el Estado: devolver a los jubilados lo que han aportado (en su conjunto) a lo largo de su vida activa.

La pregunta que hay que hacerse es qué estructura fiscal se precisa para financiar los múltiples aspectos de un Estado social, al que recurrimos continuamente para reclamarle toda clase de servicios y prestaciones, pero al que somos totalmente renuentes a la hora de financiarlo. La cuestión habrá que plantearla en toda su amplitud. Es el conjunto de los ingresos del Estado el que debe financiar todos los gastos, sin hacer corralitos, sin comportamientos estancos y sin crear impuestos afectados a finalidades concretas. Desde esta perspectiva, la variable estratégica no es la pirámide de población o la tasa de natalidad. Si lo fuesen, la salida sería relativamente sencilla, permitir mayores tasas de emigración. ¿Pero para qué queremos incrementar la población activa si se va a traducir en un número mayor de desempleados? Tampoco podemos afirmar que el quid radique, en sentido estricto, en el número de ocupados. Lo importante no es cuántos producen sino cuánto se produce. Lo que no es lo mismo. Un número más reducido de personas puede producir una cantidad mayor de bienes si se incrementa la productividad.

Desde esa perspectiva global, en la que todos los ingresos financian la totalidad de los gastos, la variable fundamental es la evolución de la renta global del país (sea cual sea el número de activos) y cómo se reparte. Más concretamente, qué porción va al Estado, como accionista mayoritario de la economía nacional, para financiar la totalidad de los bienes y servicios públicos, entre los que se encuentran las pensiones.

Thomas Piketty, en su libro “El capital en el siglo XXI”, realiza un enorme esfuerzo para obtener series históricas de determinadas magnitudes, remontándose de manera estimable en el tiempo. Entre las variables que estudia se encuentra la elevación de la renta per cápita como resultado del incremento de la productividad. El PIB por habitante apenas creció hasta 1700, con lo que tampoco se modificó sustancialmente el nivel económico y el género de vida de las sociedades. La realidad económica comienza a modificarse de forma notable a partir de la Revolución Industrial. En la Europa occidental la renta per cápita en términos constantes pasó de 100 euros mensuales en 1700 a más de 2.500 euros en 2012, con un crecimiento anual promedio del 1%.

Por supuesto, la evolución no ha sido homogénea a lo largo de todo este tiempo. Centrándonos en los últimos treinta dos años (1980-2012), la tasa promedio fue del 1,8%. Aun cuando esta tasa es bastante más reducida que la de las décadas anteriores, es lo suficientemente elevada como para que la renta per cápita durante estos años se haya incrementado en términos reales el 77% y se haya creado sobrada riqueza para que no exista ningún obstáculo en la financiación en su conjunto del Estado social, incluyendo por supuesto las pensiones. Podemos afirmar que por término medio somos cada vez más ricos, por lo que se viene abajo el famoso discurso de la austeridad y ese intento de convencernos de que ahora no es posible lo que ayer sí lo era.

Un ejemplo muy fácil ayudará a entender lo que afirmamos. En aras de la claridad, el supuesto se ha simplificado al máximo, pero el resultado sería siempre parecido por mucho que lo complicásemos. Para hacerlo lo más sencillo posible se ha supuesto que el único gasto que tiene que afrontar el Estado es el de las pensiones, de manera que el producto se reparte entre el excedente empresarial, los trabajadores y el Estado, es decir, los pensionistas. Todos los datos se expresan en moneda constante prescindiendo de la inflación.

En el año t, existen 20 millones de trabajadores y 8 millones de pensionistas y la renta nacional ha ascendido a 800.000 millones de euros. El excedente empresarial neto de impuestos alcanza el 51% del producto o, lo que es lo mismo, 408.000 millones de euros. La retribución media anual neta de los 20 millones de trabajadores es de 16.000 euros, y la cantidad global, por tanto, dedicada a salarios asciende a 320.000 millones. Los impuestos absorben los 72.000 millones de euros restantes, con lo que se puede hacer frente a una pensión anual media de 9.000 euros.

En el año t+25, el número de trabajadores ha descendido a 16 millones, mientras que el número de pensionistas sube hasta los 12 millones. La renta nacional debido al incremento de productividad se ha elevado en un 25%, ascendiendo por tanto a un billón de euros. El excedente empresarial mantiene su participación en la renta del 51%, en este caso 510.000 millones de euros. Para mantener la pensión media en 9.000 euros anuales (sin pérdida de poder adquisitivo) los impuestos alcanzan los 108.000 millones de euros, lo que permite un sobrante de 382.000 millones de euros que, dividido por el número de trabajadores, ofrece un salario medio de 23.875 euros.

Este sencillo ejemplo desmonta todas las profecías catastrofistas de los que ponen en duda la viabilidad del sistema público de pensiones. El incremento de un 25% del PIB (porcentaje más bien modesto de acuerdo con la tendencia existente en Europa desde 1700) permite que, aun cuando la cifra de los jubilados haya crecido un 50% (cuatro millones) y los ocupados hayan descendido en un número similar, las pensiones puedan mantener el poder adquisitivo y al mismo tiempo es posible un crecimiento sustancial del excedente empresarial y del salario medio.

La viabilidad del sistema público de pensiones, al igual que la del resto de las prestaciones sociales, no es un problema de producción, sino de distribución. Trabajadores, empresarios y Estado concurren a participar en la renta nacional. No es tanto una cuestión económica sino política. ¿Qué parte de la renta debe ir mediante impuestos al Estado para acometer todas las cargas del sector público? John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años la idea de que cambios como la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida exigirían una redistribución de los bienes y servicios que habrían de ser producidos y, en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados.

El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente como para garantizarse una pensión de jubilación digna?

Hay dos tipos de ahorro: el individual y voluntario; y el público y obligatorio mediante impuestos. Desde el punto de vista del Estado social, no se puede confiar en el ahorro privado y voluntario para proporcionar los recursos necesarios a los jubilados. Solo algunos, muy pocos, tendrían en ese caso una pensión digna. Sin embargo, la economía nacional produce recursos suficientes para que el ahorro público y obligatorio del Estado (impuestos) subvenga a cubrir con carácter general esta contingencia.

La verdadera amenaza a las pensiones y en general al conjunto del Estado social radica en esa postura cada vez más generalizada que se opone a la subida de impuestos a pesar de que España cuenta con una presión fiscal muy por debajo de la media Europea; y el mayor peligro se encuentra en las fuerzas políticas como Ciudadanos que van más allá, puesto que para pactar con el Gobierno lo primero que exigen es la bajada de impuestos y se niegan después a la actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación. Eso sí, pretenden engañar al personal (como buen partido populista) afirmando que la rebaja impositiva va dirigida a los pensionistas.

Los detractores del sistema público de pensiones adoptan a menudo un tono compasivo, preocupándose de las futuras generaciones y considerando que no rebajar las pensiones constituye una enorme injusticia intergeneracional, ya que, según dicen, se hará recaer sobre las próximas generaciones una carga muy pesada. En primer lugar, hay que señalar que los más interesados en que se mantengan las pensiones públicas o en que no se reduzca su cuantía son los jubilados del futuro, porque el efecto de cualquier recorte o reforma será tanto mayor cuanto más se aleje del presente.

En segundo lugar, si cada generación es más rica que la precedente se debe en buena medida a que parten de un nivel técnico, educacional y social mayor, gracias al esfuerzo realizado por las anteriores generaciones que acumularon un bagaje de estructuras y de inteligencia colectiva que ha hecho posible el incremento de la productividad.

Concretamente en el caso de España, los jubilados actuales han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. También con sus impuestos han facilitado en buena medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

republica.com 16-3-2018

Las pensiones públicas se han visto siempre amenazadas, pero no por las limitaciones económicas, sino por los intereses del sistema financiero y de las fuerzas económicas. La ofensiva ha sido constante. Ya en los años ochenta y noventa el sistema público sufrió varias reformas, todas ellas encaminadas al empeoramiento de las condiciones para los beneficiarios, pero ha sido en este siglo, con la llegada del euro y principalmente con la crisis económica, cuando el ataque ha sido férreo y ha afectado a los mismos cimientos del sistema.

Las pensiones públicas han estado en el centro de todas las políticas de austeridad y de los diversos ajustes impuestos a los países miembros por Bruselas. En España la agresión se inició en aquella fatídica noche de mayo de 2010 en la que, contra toda lógica, Zapatero y su ministra de Economía se entregaron sin resistencia alguna a las presiones de Alemania. Junto al tajo dado a las retribuciones de los empleados públicos, se congelaron las pensiones. La ofensiva continuó con la reforma acometida más tarde, en 2011, por el mismo Zapatero, en la que ya se perfilaba el factor de sostenibilidad; pero se consumó y perfeccionó con la emprendida por Rajoy en 2013, con efectos letales tanto por la eliminación de la actualización anual de la pensión por el incremento del IPC, como por la concreción del factor de sostenibilidad, que amenaza seriamente la cuantía de las futuras prestaciones.

Todas estas modificaciones en el sistema han tenido un mismo origen, la coacción, de una o de otra forma de Bruselas. Difícilmente se puede hablar por tanto de haber superado la crisis, si no se les restituyen a los pensionistas sus anteriores derechos. No puede extrañarnos, en consecuencia, el grado de virulencia que están mostrando las múltiples manifestaciones de pensionistas. Era evidente que cuando la inflación retornase a tasas normales, iba a hacerse presente uno de los efectos más negativos de la reforma, la depreciación progresiva de la cuantía en términos reales de las prestaciones.

Durante este tiempo, las distintas fuerzas políticas han estado mareando la perdiz sin enfrentarse seriamente con este problema. Tan solo cuando los pensionistas se han echado a la calle es cuando han intervenido, pero con una única finalidad: pescar votos en río revuelto. Junto a los muchos errores, el Pacto de Toledo tenía dos aspectos positivos. El primero, el compromiso de todos los partidos de no utilizar las pensiones como arma electoral; el segundo, garantizar a los jubilados que sus prestaciones mantendrían el poder adquisitivo. Ambos factores parecen haberse perdido en el momento presente.

En el tema de las pensiones -que afecta tanto a los jubilados actuales como a los futuros- se dan dos aspectos que, aunque conectados, conviene separar. Uno es el de la actualización anual de las pensiones, contemplado hasta en la Carta Magna; el otro es el de la solvencia del sistema en el futuro.

La actualización o no de las pensiones por el IPC es un falso problema que solo aparece como tal cuando se rodea de falacias. En la época en la que estaba vigente la actualización de las prestaciones por el IPC, si la inflación había crecido más de lo esperado y había que pagar la correspondiente diferencia a los jubilados, casi todos los medios de comunicación asumían la mentira de que representaba un coste adicional al erario público, lo que no es cierto, ya que con la inflación también se incrementan los ingresos del sector público en igual o mayor cuantía.

Antiguamente muchas familias de economía modesta cuando iban a tener un hijo afirmaban, con cierta ironía, esa especie de máxima de que los niños traían un pan debajo del brazo, lo cual en la mayoría de los casos no era cierto. Pero algo parecido, y en esta ocasión sí que con razón, se puede predicar del impacto de la inflación sobre el presupuesto del Estado. La inflación viene con su financiación debajo del brazo, porque si bien puede incrementar los gastos del Estado, también aumenta automáticamente todos los ingresos.

Hacienda afirma que este año la recaudación impositiva va viento en popa. La razón hay que buscarla ciertamente en que la economía en términos reales está creciendo un 3%, pero también en el incremento de los precios, que aumenta de forma automática los ingresos del Estado. No hay, por lo tanto, ninguna razón para negarse a la actualización. Rechazarla es tan solo aprovechar la inflación para hacer una transferencia de recursos del colectivo de los pensionistas a las otras aplicaciones presupuestarias o a la reducción del déficit.

La excusa que utiliza el Gobierno, y de alguna forma también Ciudadanos, la carencia de recursos presupuestarios, no es aceptable. Es un tema de elección, de decisión política. ¿Por qué el recorte tiene que ser en las pensiones y no en otras partidas de gasto? ¿Por qué no en defensa, en la financiación de las Comunidades Autónomas, en los gastos de los Ayuntamientos o en las inversiones públicas? ¿Por qué no prescindir de los compromisos adquiridos con Ciudadanos de bajada de impuestos, de establecer los complementos salariales que en el fondo suponen una subvención a los empresarios, o de reducir las cotizaciones sociales? ¿Por qué quitar a los pensionistas lo que les corresponde para dedicarlo a otras partidas quizás mucho más dudosas e inadecuadas?

La no actualización puede considerarse un robo, un verdadero expolio. Constituye sin justificación un impuesto específico a los pensionistas. Impuesto que tiene un carácter acumulativo, lo que produce a medio plazo efectos devastadores en las pensiones. Imaginemos una inflación promedio anual del 2%. El primer año la no actualización es equivalente a un impuesto del 2%, el segundo año sería de un 4% (1,02 x 1,02), del 6% el tercer año (1,02 x 1,02 x 1,02). Y así sucesivamente. El año diez, el impuesto acumulativo sería equivalente al 22%. El año veinte, el impuesto sería del 48%. Es decir, para una persona que llevase 20 años de jubilación, la pensión sin actualización anual sería la mitad de lo que le correspondería si se hubiese actualizado año a año.

La protesta de los pensionistas está obligando a todos los partidos a pronunciarse. El Gobierno se está viendo forzado a dar una alternativa, alternativa que no es fácil de entender. Se trata de conceder a algunos pensionistas una desgravación fiscal. Todos los gobiernos tienen la tentación, contra la lógica más elemental de la Hacienda Pública, de conceder las ayudas sociales como minoración de ingresos, en lugar de a través del correspondiente capítulo de gastos. Además de los muchos defectos que la teoría impositiva predica de los gastos fiscales, hay que señalar que la finalidad de la administración tributaria es la de cobrar los impuestos y perseguir el fraude, no la de gestionar las pensiones. Para este cometido, ya está el Ministerio de Trabajo.

Aun cuando no se conoce bien en qué va a consistir el alcance concreto de la medida, se puede afirmar que solo hay una explicación para huir de la actualización anual de las pensiones por el IPC y establecer en su lugar una prestación social a los pensionistas. La razón hay que buscarla en que el coste de esta ayuda será muy inferior al de la actualización, seguramente porque el número de beneficiarios será muy reducido, pero también y principalmente porque la prestación no será acumulativa y en el caso de la actualización, sí.

El Gobierno en su argumentación está utilizando cifras que pueden inducir a engaño. Afirma que la pensión media ha crecido en el último año el 14%. El dato puede ser cierto, pero la razón no es, tal como se asegura, porque ese haya sido el incremento de las pensiones individuales, sino porque las prestaciones de los jubilados que abandonan el sistema es sustancialmente inferior a la de los jubilados que se incorporan, lo que es más bien revelador de cómo la cuantía de las pensiones se deteriora a lo largo del tiempo, y eso que hasta ahora se han venido actualizando por el IPC.

Desde el Ministerio de Trabajo, departamento del que han surgido las reformas más duras y reaccionarias (no sé por qué los pensionistas se fueron a manifestar ante el Ministerio de Hacienda en lugar de ir al de Trabajo, que es el que elaboró la ley), se ha filtrado un cuadro que ha recogido algún periódico de Madrid. Pretende mostrar cómo evolucionará en el futuro el porcentaje del gasto en pensiones sobre el PIB, si se actualizasen las prestaciones por el IPC. Distingue varios escenarios según el incremento real de la economía, pero curiosamente la hipótesis que escoge para la inflación siempre es la misma, 1,8%. La razón es evidente, los datos son idénticos sea cual sea la inflación; incluso si esta fuese cero y por lo tanto no hubiese ninguna actualización de las prestaciones. No sé si los datos son buenos o malos. Solo el ministerio tiene las tripas, y conoce las hipótesis sobre las que se han elaborado, pero cuadros como este se vienen confeccionando desde los años ochenta sin que jamás se haya acertado en las previsiones a tan largo plazo. En cualquier caso, lo que es seguro es que la evolución del porcentaje del gasto sobre el PIB no depende de la inflación ni de que se actualicen las pensiones. Otra cosa es que se quiera aprovechar la inflación para rebajar las prestaciones a los jubilados y conseguir así que el gasto total se reduzca. En ese caso es innegable que cuanto mayor sea el IPC, mayor será el recorte que se dé en términos reales a las pensiones y menor, el gasto total, lo que no tiene mucho sentido.

Ante el tema de la revalorización, el líder de Ciudadanos se pone trascendente y afirma que ese no es el problema, sino que hay que acudir al tema de la sostenibilidad a largo plazo, y habla de crear empleo, de subir los salarios, de arreglar el problema de la natalidad, de la conciliación. Todo eso está muy bien, pero, mientras se consigue, permítase a los jubilados actuales no perder al menos poder adquisitivo. Es la falsa parábola de la caña y el pez, que tanto emplean los que se oponen a las prestaciones sociales. Lo de enseñar a pescar puede ser muy bueno, pero mientras aprende, désele el pez al que lo necesita, porque mientras aprende o no se ha podido morir de hambre. Algo parecido ocurre con las pensiones. Mientras se crea empleo, se corrige la tasa de natalidad o se suben los salarios, manténgase el poder adquisitivo de los pensionistas.

La viabilidad del sistema público de pensiones no se puede cifrar en el mero hecho de rebajar poco a poco las prestaciones, que es lo que se lleva haciendo reforma tras reforma. Eso no es hacerlo viable, sino destruirlo paso a paso. Además, así soluciona el problema cualquiera. El remedio tampoco puede venir ni de la natalidad ni de la conciliación, ni siquiera del empleo y de los salarios en sí mismos. Para mostrar y asegurar la viabilidad del sistema hay que sacar las pensiones del estrecho margen de la Seguridad Social y de las cotizaciones y situarlo entre todas las obligaciones del Estado y de un Estado Social que es el que establece nuestra Constitución. Pero este aspecto merece un artículo completo, así que lo dejamos para la próxima semana.

republica.com 9-3-2018