ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Todos los gobiernos han usado y abusado del decreto-ley. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional ha venido utilizando manga ancha, de manera que ha dejado siempre en manos del poder ejecutivo el determinar si se da la extraordinaria y urgente necesidad que establece la Constitución. Muy burdo ha tenido que ser el comportamiento del actual Gobierno para que el alto tribunal se haya visto obligado a intervenir. Y es que no ha habido ningún otro ejecutivo que haya empleado con tanto descaro y profusión la figura del decreto-ley a la hora de legislar.

La razón habrá que buscarla, primero, en que Sánchez es el presidente de gobierno cuyo grupo parlamentario (el propio, el de su partido) es el más reducido de toda la historia democrática. Y segundo, en que Pedro Sánchez ha demostrado suficientemente que carece de escrúpulos, y que está dispuesto a saltarse cualquier obstáculo que se oponga a sus intereses.

El hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional algunas de las previsiones introducidas en los decretos-leyes por los que se establecía el estado de alarma tira por tierra el argumento del Gobierno acerca de la deslealtad de la oposición al no haber apoyado su aprobación. Aparece con claridad que el Gobierno no ha querido pactar y ha preferido tener las manos libres para introducir en los decretos-leyes todo aquello que le interesaba.

Resulta disparatado calificar de extraordinaria y urgente necesidad el cambio de la ubicación administrativa de los servicios destinados a gestionar las pensiones de los empleados públicos, trasladándolos del Ministerio de Hacienda al nuevo de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La única necesidad que se vislumbraba era la de dar satisfacción al capricho de un ministro deseoso de atribuciones y competencias, competencias que, por otra parte, no sabe muy bien después qué hacer con ellas, como lo demuestran los continuos fracasos en su gestión.

Es posible que hayan sido muchos los funcionarios que hayan recibido con cierto alivio la sentencia del Tribunal Constitucional, no porque en principio sus pensiones tengan un trato de favor con respecto al resto, sino porque los servicios de clases pasivas vienen funcionando sin problemas y con normalidad en el Ministerio de Hacienda, y la experiencia enseña que nunca se sabe lo que puede pasar con el actual titular del Ministerio de Seguridad Social.

Por el contrario, me imagino que muchos pensionistas y futuros jubilados estarán poseídos de cierta intranquilidad puesto que parece que la reforma de las pensiones va a depender del ministro Escrivá. Después del desastre cometido con el ingreso mínimo vital, surgen los peores augurios acerca de lo que vaya a suceder con las prestaciones de jubilación. El primer error cometido en lo que parece ser el proyecto del Ministerio es que continúa considerando a la Seguridad Social como algo ajeno al Estado y hace depender su viabilidad, por tanto, de las cotizaciones sociales, con lo que queda condicionada a los problemas demográficos, a los cambios en el empleo e incluso a las decisiones del gobierno acerca de beneficios fiscales a los empresarios.

El señor Escrivá permanece preso de la separación de fuentes y ha llegado a manifestar en alguna entrevista radiofónica que las pensiones no necesitan de los impuestos para financiarse. Debe ignorar que las cotizaciones sociales constituyen ya una figura contributiva y así se considera en todos los documentos de los organismos internaciones que las sitúan dentro de la presión fiscal como un impuesto más. El señor ministro, arrastrado quizás por el triunfalismo que caracteriza a todo el gobierno sanchista, mantiene que el sistema público de pensiones puede financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Bien es verdad que lo condiciona a las reformas que proyecta y que se reducen de manera principal a eliminar el desfase que existe entre la edad de jubilación legal y la real. Toda su estrategia de cara a la viabilidad del sistema parece limitarse a retrasar la edad de jubilación.

Este planteamiento prueba que una vez más se contempla la Seguridad Social como algo distinto al Estado, y por eso no se tienen en cuenta los efectos que tales medidas tienen sobre el empleo. El ministro independiente aprecia exclusivamente la posible disminución del gasto en pensiones, sin considerar el incremento que se puede ocasionar en la cuantía del seguro de desempleo o en otros tipos de ayudas y subsidios, a no ser que estemos dispuestos a condenar a los parados a la miseria y a la indigencia.

Cuando se habla de cerrar la brecha que existe entre la fecha legal de jubilación y la real no se debe olvidar que su principal causa se encuentra en los expedientes de regulación de empleo, en  los que se utiliza la jubilación anticipada como un instrumento más destinado a facilitar el acuerdo y el despido de los trabajadores.

Retrasar la edad de jubilación podría tener sentido si estuviésemos en una economía de pleno empleo y no en una sociedad que tiene la mayor tasa de paro de Europa, sin que parezca que ello vaya a cambiar en los próximos años por mucho que el problema se haga desaparecer en ese cuento de Alicia en el país de las maravillas que nos ha presentado el presidente del Gobierno y al que ha titulado Plan 2050.

El ministro independiente, con bastante descaro y en contra del sentido común, asevera que retrasar la edad de jubilación no va a influir en las cifras de paro. Atestigua que todos los estudios lo garantizan. Habrá que preguntar qué estudios utiliza. Deben ser los mismos que empleó para configurar con tanto éxito el ingreso mínimo vital, porque la mínima lógica nos dice que los puestos laborales ocupados por aquellos trabajadores que retrasan su jubilación no pueden ser ocupados al mismo tiempo por aquellos que aspiran a incorporarse al mercado laboral.

Escrivá recurre a unos teóricos estudios, y la ministra de Hacienda, para acometer la reforma fiscal, a los expertos, convenientemente elegidos. Hoy todo el mundo puede ser experto, porque cualquiera puede ser profesor universitario de las innumerables universidades que han ido surgiendo por todo el país. Hasta Pedro Sánchez lo fue con tesis doctoral y todo. Eso sí, regalada y copiada. Y ahora incluso a su señora, Begoña Gómez, la han hecho directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la UCM. Y tan extraordinaria. Dentro de poco la veremos cómo experta.

También el presidente del Gobierno ha recurrido a los expertos. Eso sí, en mayor cantidad (100), que para eso es el jefe. Le han escrito una carta a los Reyes Magos para 2050, una arcadia feliz donde todo es posible y en la que unas medidas no se oponen a otras. El papel es muy sufrido, lo aguanta todo. Sin embargo, no han debido abundar en la confección del Plan los expertos en Economía porque han prescindido del principio básico que da lugar a la ciencia económica: “Los medios son escasos”. En el Plan no existen las limitaciones. Tan es así que hasta se llega a prometer una herencia pública universal para que los jóvenes puedan comprar una vivienda o montar su propio negocio. Bien es verdad que eso es para el año 2050 y, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. Lo único cierto es que la herencia que recibirán los españoles en 2022 es la de una deuda equivalente al 130% del PIB, unos 30.000 euros per cápita.

republica 28-5-2021

Los desafueros y desatinos de un gobierno pueden cometerse de forma consciente, motivados por el propio beneficio y por objetivos bastardos, pero también se pueden deber a la propia ineptitud o incompetencia; nunca se sabe qué es más grave. Se trata de la clásica alternativa entre la maldad y la estupidez, y resulta difícil apostar sobre cuál de ellas puede producir resultados peores.

Este año, la Administración tributaria va a tener que soportar una importante carga adicional de trabajo, que sin duda la alejará de cometidos más provechosos en la persecución del fraude fiscal y -lo que puede ser aun peor-, un número considerable de ciudadanos, pertenecientes precisamente a las clases menos favorecidas y con menores conocimientos, se van a ver sorprendidos con una obligación administrativa para la que no están preparados y que no esperaban, y muchos de ellos, además, con una deuda tributaria con la que no contaban. Me refiero a las personas que durante la pandemia han estado en ERTE y las que han cobrado el Ingreso Mínimo Vital  (IMV).

El impuesto sobre la renta es un tributo personal, universal y progresivo que gira sobre la totalidad de las rentas del contribuyente. De ahí la necesidad de que cada uno de ellos (a pesar de que en las distintas fuentes de renta los pagadores hayan ido haciendo retenciones que ingresan posteriormente al fisco) tenga que hacer una declaración anual en la que habrán de englobar todos sus ingresos. Según las especiales características personales y familiares y, por tanto, las deducciones que correspondan al contribuyente, así como la tarifa progresiva y las retenciones practicadas, el resultado de la declaración será o bien positivo con la correspondiente cuota diferencial e ingreso en el fisco, o bien negativo con la consecuente devolución de Hacienda.

La Administración tributaria optó, hace ya muchos años, aun a costa de perder información, por liberar lo más posible a las rentas bajas de la obligación de declarar; al tiempo que se eximía ella misma de una carga de trabajo no demasiado productiva, para poderse dedicar a otras labores mucho más rentables en la persecución del fraude. Actualmente, están exentos de hacer la declaración del IRPF aquellos contribuyentes cuyas rentas de trabajo sean inferiores a 22.000 euros, que provengan además de un solo pagador o la cuantía de la segunda retribución o sucesivas no superen en total los 1.500 euros, y siempre que las rentas de capital, si las hubiere, estén por debajo de 1.600 euros. La condición de que haya un solo pagador tiene su razón de ser en que, al conocer este la totalidad de los ingresos, las retenciones que aplicará estarán en consonancia con la tarifa progresiva.

Cuando hay más de un pagador la cosa cambia, puesto que cada uno de ellos solo conoce una parte de la renta del contribuyente y no es posible, por lo tanto, aplicar la progresividad. El límite para no declarar se sitúa entonces en 14.000 euros, que viene a coincidir con la exención mínima del gravamen, puesto que la tarifa tiene un límite exento de 12.450 euros, al que habría que añadir las deducciones de carácter general.

Los trabajadores que durante 2020 han estado en un ERTE han contado con dos pagadores, la empresa correspondiente y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La gran mayoría de ellos, al comenzar la campaña del impuesto sobre la renta, se han encontrado con una desagradable sorpresa, la obligatoriedad de hacer declaración, a lo que muy pocos estarían acostumbrados y -lo que aún es peor- se ven en la necesidad de tener que ingresar en Hacienda unas cantidades que no tenían previstas. Ciertamente, eso no significa que el gravamen que tengan que soportar sea mayor que si hubieran continuando trabajando en sus empresas, sino que ahora tienen que pagar una cuantía que el SEPE no les había retenido; pero ello no les libra del sobresalto y de que no se desestabilice todavía más su maltrecha economía.

Se dirá que constituyen un caso más, y que en la misma tesitura se encuentran todos aquellos que a lo largo del año hayan tenido dos o más trabajos, pero en estos supuestos no se puede evitar la duplicidad de pagadores y además no conforman un colectivo más o menos homogéneo de tres millones y medio de personas. En el asunto de los ERTE, el problema se podía haber obviado de manera sencilla. Solo hubiese sido necesario que el SEPE hubiese continuado realizando la misma retención que venían practicando las empresas, ya que contaba con toda la información requerida. Por otra parte, hay otra diferencia que justificaba la retención, el hecho de que, en teoría, los ERTE constituyen una situación provisional, y se supone que transitoria, aunque bien es verdad que está a punto de convertirse en algo crónico o permanente.

Mayor gravedad, si se quiere, tiene lo referente al IMV. Los perceptores del IMV (parece ser que al final serán unos 460.000) van a tener que hacer la declaración sobre el IRPF. Lo primero que hay que constatar es que esta obligación no deriva de ninguna norma tributaria, sino que está motivada por la incompetencia de un ministro que se dedica a hacer leyes desde el despacho desconociendo totalmente la realidad. Me consta que desde la Agencia Tributaria se han hecho gestiones para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (mucho nombre para ser en realidad la mitad de un ministerio) eliminase tal exigencia, pero por supuesto con escaso éxito, y es que en realidad es imposible la supresión porque, por desgracia y por ineptitud, esta obligación está en la base de la ayuda tal como se ha diseñado.

Contra toda lógica, y me extraña que apenas se haya señalado, esta prestación social, aun cuando no se dice explícitamente, se ha configurado como un impuesto negativo sobre la renta (INR), en cuanto que la cantidad a percibir se fija en cada caso como la diferencia entre una renta garantizada por ley y los ingresos obtenidos por el beneficiario en el ejercicio anterior. De ahí que la declaración del impuesto sobre la renta aparezca como un elemento sustancial de la prestación, y también la que la convierte en totalmente inoperante y difícil de gestionar.

No existe la proximidad necesaria entre la ayuda y la situación de indigencia, ya que su cuantía se determina en referencia a la renta del ejercicio anterior, renta que además se conoce con mucho retraso. Es decir, que la situación económica del beneficiario o beneficiarios del año 2020 será la que servirá para fijar la prestación en el 2022. Ni que decir tiene que en el mundo actual los cambios en la realidad económica se producen con mucha más celeridad. Una gran mayoría de ciudadanos depende económicamente de su puesto de trabajo. Su pérdida ocasiona la pobreza, sin que tengan un colchón de ahorro con el que resistir y cuyo remedio precisa de una inmediatez de la que carece el diseño dado al IMV.

Desde que hace ya bastantes años Friedman propusiera el impuesto negativo sobre la renta (por cierto, de acuerdo con su ideología liberal conservadora, como sustituto de todo otro subsidio o ayuda social) dada su complejidad, ningún país ha optado por implantarlo. Eso sí, ha hecho correr ríos de tinta en tesis universitarias, en informes de gabinetes de estudios, en artículos en revistas especializadas; todo ello desde la pura teoría y con desconocimiento total de la realidad. De todos estos papeles ha debido de beber el ministro independiente y no de la comprensión de la sociedad y del conocimiento de las condiciones sociales y económicas.

Esta figura de protección social, tal como se ha construido, implica que cada beneficiario va a recibir una cantidad diferente, no solo debido a la unidad de convivencia, sino porque de la renta garantizada en la ley hay que reducir los presuntos ingresos que hayan tenido los beneficiarios en el año anterior. Es hacer un traje a medida para cada uno de ellos. Su implantación fue ya un auténtico fracaso (véase mi artículo publicado en estas páginas el 3 de septiembre del año pasado con el título “El patinazo del ingreso mínimo vital”) y, como es de prever, el desatino será aún mayor en la gestión y en el control posterior.

El señor Escrivá ha echado sobre la Agencia Tributaria casi toda la tarea, y no puede ser de otra forma al haber prefigurado la prestación como un INR. No parece que tenga mucho sentido, dado el ingente fraude existente, desviar la atención de esta institución hacia las presuntas defraudaciones de cantidades insignificantes que puedan cometer perceptores que, en teoría, están en situación de pobreza. O bien la Administración tributaria pierde un tiempo precioso que debe dedicar a otros menesteres mucho más rentables desde el punto de vista fiscal, o no habrá nadie que controle esta prestación, constituyendo un agujero negro y las delicias de aquellos beneficiarios que tengan pocos escrúpulos. Desde luego, pocos serán los que acepten trabajos ocasionales- al menos de forma legal-, conscientes de que los ingresos así obtenidos se van a descontar después de la cuantía de la ayuda. Un incentivo importante para la economía sumergida.

Por otra parte, si el colectivo beneficiado es aquel para el que se supone que iba destinada la prestación, muchos de sus integrantes van a tener gran dificultad a la hora de hacer la declaración, aun cuando Hacienda, tal como ha prometido, instrumente medidas para simplificarlo. Incluso habrá quienes ni siquiera se enteren de que existe tal obligación.

En el artículo citado del 3 de septiembre ya señalaba que la palabra más repetida a lo largo del decreto ley era la palabra reglamento, lo que indica la indeterminación y ambigüedad de la norma y la cantidad de puntos que necesitaban desarrollo reglamentario posterior. Pues bien, a estas alturas nada de esto se ha producido.

Esta falta de concreción llega a la propia exigencia de hacer la declaración del IRPF, porque si bien queda clara su obligatoriedad, se mantiene la confusión acerca de cuál va a ser la consecuencia del incumplimiento. Incluso permanece en cierta oscuridad su tratamiento fiscal. El IMV está exento, pero si se acumulan otras ayudas de origen autonómico o provenientes de la Administración local la cuantía a partir de la cual se comienza a tributar, según apunta la Agencia Tributaria, es de 11.279, lo que crea cierta confusión cuando se considera la unidad de convivencia y la posibilidad de que incluso los menores puedan ser titulares de la prestación.

Una de las mayores contradicciones del IMV, tal como está planteado, es que la percepción del subsidio sea compatible con las distintas ayudas – llámense como se llamen-  que las Comunidades Autónomas conceden con la misma finalidad; es decir, que estas no minoren la renta garantizada, del mismo modo que lo hace cualquier otro ingreso. Perpetúa por tanto la desigualdad territorial anterior y la misma situación de caos entre regiones. El ministro Escriva ha venido justificando la creación del IMV en la petición de los organismos internacionales, pero la denuncia de estos se dirigía principalmente contra la disparidad que se producía entre las Comunidades, que es precisamente lo que la nueva ayuda no soluciona.

El IMV no remedia la pobreza e indigencia creadas por los cambios repentinos de la situación económica que se producen en crisis como la actual, y que se derivan fundamentalmente de la pérdida de empleo. Carece de la inmediatez precisa al remitir a las condiciones económicas de los beneficiarios con un desfase de casi dos años (declaración del IRPF). Si la gran mayoría de los casos de necesidad se producen como consecuencia de verse privado del puesto de trabajo, la vía lógica hubiese sido potenciar el seguro de desempleo y ampliarlo todo lo necesario, así como hacerlo extensivo a aquellos colectivos que no tienen derecho a su percepción.

Parece que el IMV esté destinado exclusivamente para los casos de exclusión y pobreza que podríamos llamar estructurales, de larga duración o indefinidos, pero para este objetivo hubiese sido mucho más fácil, lógico y conveniente haber utilizado las prestaciones y ayudas ya existentes en las Autonomías, aprovechar su experiencia, haber obtenido lo mejor de cada una de ellas y elaborar una sola para el conjunto del país, y desde luego mucho más simple y adaptada al segmento de población al que va dirigida. Pero ciertamente eso podía haber creado problemas con las Comunidades Autónomas y, sin duda, era mucho pedir a un Ejecutivo que precisa de los partidos nacionalistas y regionalistas para gobernar.

republica.com 23-4-2021

Después de cuatro años de reuniones, la comisión del Pacto de Toledo ha concluido su informe sobre la reforma del sistema público de pensiones, que -se supone- servirá de soporte a la futura ley. El informe tiene avances significativos, aun cuando se resiste a librarse del lastre originado por el propio Pacto de Toledo en 1995, la separación de fuentes y la disociación entre el Estado y la Seguridad Social (SS).

Para eliminar el actual déficit de la SS, el informe recomienda el procedimiento, defendido con frecuencia por los sindicatos, de mantener la dualidad, pero traspasando al presupuesto del Estado aquellas cargas que actualmente están presentes en las cuentas de la seguridad social y que no son en sentido estricto pensiones contributivas. Es lo que se denomina “gastos impropios”, y que engloba, por una parte, prestaciones derivadas de la actuación social del sector público, pero que no están ligadas a cotizaciones sociales y, por otra, las ayudas a las empresas en forma de reducción de cuotas para promocionar el empleo.

Todos estos gastos se estiman en 22.871 millones de euros y se supone que al final de 2023, cuando haya finalizado el traspaso, la SS se habrá librado del déficit. Pan para hoy y hambre para mañana, porque se continúa afirmando que las cotizaciones sociales tienen que mantenerse “como la fuente básica de las prestaciones contributivas”, con lo que para el futuro se dejarán las pensiones al albur de la variación de las cotizaciones o, lo que es lo mismo, de la evolución del mercado laboral y de los cambios demográficos, sin considerar ni la productividad,  ni la renta per cápita, ni la presión fiscal, que son las variables a tener en cuenta en todo tipo de gastos sociales.

Es verdad que tras calificar de fuente básica a las cotizaciones sociales, se añade: “…sin perjuicio de los apoyos y recursos económicos adicionales, como pueden ser las transferencias del Estado”. Y es también verdad que hablar de transferencias y no de préstamos es un paso importante, pero no podemos ocultar que los denomina recursos adicionales, lo que coloca a las pensiones en una situación peor que otro tipo de prestaciones, como, por ejemplo, la sanidad o la educación. No es por casualidad que en todas las crisis económicas las pensiones se encuentren en el centro de la diana.

A pesar de que se traspasen al presupuesto del Estado los gastos impropios, la dependencia de las pensiones contributivas de las cotizaciones sociales como fuente básica de financiación amenaza con que, antes o después, retorne el déficit de la SS y con él la pretensión de reforma y la demanda de ajustes, y que dentro de 10, 15 o 20 años estemos en la misma situación. (Ver, entre otros, mi artículo del 14-12-2017, titulado “La OCDE y de nuevo los sofismas sobre las pensiones”).

La recomendación 2 del Pacto de Toledo señala que las pensiones contributivas deben mantener el poder adquisitivo y actualizarse, por tanto, anualmente por el IPC. Pero ello no garantiza nada en caso de dificultades económicas. Una recomendación como esta constituía el núcleo central del Pacto de Toledo original firmado en 1995, y eso no fue óbice para que Zapatero en 2010 congelase las pensiones y para que Rajoy elaborase una ley que cambiaba el sistema de actualización. En los momentos presentes, las tasas de inflación son muy reducidas, incluso negativas, con lo que regularizar las pensiones por el IPC no constituye un problema, pero la cosa puede cambiar radicalmente si la inflación alcanza niveles más elevados.

Es posible que detrás de estos planteamientos se encuentre el propósito de incluir en la futura ley la modificación de otros aspectos del sistema público de manera que compense los cambios futuros en el mercado laboral y en el deterioro de la pirámide de población. Algo de ello se insinúa en la recomendación 12 indicando que la edad de jubilación real debe acercarse a la legal. Quizás quien se haya expresado de forma más clara sobre esta materia sea el actual ministro, no solo desde su actual cargo, sino también desde su anterior puesto al frente de la AIReF, y es de suponer que por ese camino se vaya a adentrar la nueva ley.

El ministro independiente (dependiente, como el resto de ministros, de los golpistas) ha defendido que el retraso en la edad de jubilación y la entrada de emigrantes compensarán la tendencia demográfica negativa. Lo cual podría ser cierto siempre que España estuviese en situación de pleno empleo, pero no cuando mantenemos más de tres millones de parados, y sin demasiadas esperanzas de que la tasa de desempleo se reduzca sustancialmente, al menos a corto plazo. Este error es una consecuencia más de separar SS y Estado y considerarlos como compartimentos estancos. Desde una óptica global, el posible ahorro en pensiones se compensaría con un mayor gasto en el seguro de desempleo, o en otro tipo de ayuda a los parados. Desde luego, lo que tiene mucho menos sentido es incentivar, tal como proponen el ministro y el mismo Pacto de Toledo, el retraso voluntario de la edad de jubilación, mientras que las cifras de paro mantengan los niveles actuales y constituyan el problema número uno de la economía española.

Por otra parte, las jubilaciones anticipadas tienen su origen en buena medida en los expedientes de regulación de empleo, y se utilizan para facilitar el despido de los trabajadores en las crisis o en la reestructuración de empresas y como complemento al seguro de desempleo. Una vez más, la interrelación entre Estado y SS es un hecho y reducir los gastos de uno influye en la otra.

La prueba de que el informe actual del Pacto de Toledo continúa esclavo de la antigua filosofía es que mantiene, en su recomendación número 3,  la hucha de las pensiones. Subraya que, una vez que se recupere el equilibrio de las cuentas de la SS, deberá retomarse la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva. Conservar la hucha de las pensiones resulta contradictorio con defender que los déficits de la SS, cuando existan, se enjuguen con aportaciones del Estado y no con préstamos. El Fondo de Reserva se invierte en deuda pública, por lo que en realidad se trata de un préstamo de la SS al Estado. Para ser coherentes, los excedentes se deberían transferir al Estado, lo mismo que se pide a este que sufrague los déficits.

No se puede negar que el reciente informe del Pacto de Toledo da pasos en la buena dirección, pero no termina de despegar y de abandonar la teoría de la separación de fuentes. En la recomendación 19 bis se afirma que “ante el riesgo de una reducción de ingresos de la SS debida a la digitalización, hay que corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales en un contexto productivo y demográfico muy distinto al de las últimas décadas del siglo XX”. Y continúa: “Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente aumento del empleo, habrá que encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la SS más allá de las cotizaciones sociales”.

Todo ello es muy cierto, pero ¿qué mecanismos innovadores? Los únicos ingresos posibles son las aportaciones del Estado.  Son todos los impuestos, incluyendo las cotizaciones sociales, pero también los gravámenes que inciden sobre el capital y no exclusivamente sobre la mano de obra, los que tienen que financiar las pensiones, al igual que financian la totalidad de los servicios públicos y el resto de las prestaciones sociales. Es el Estado, con todos sus ingresos, el que debe garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Dejémonos de dar rodeos, y de inventar soluciones ingeniosas que no son más que pan para hoy y hambre para mañana.

republica.com 13-11-2020

Se suele confundir Gobierno con Administración, y así en muchas ocasiones se echan sobre la Administración las culpas que solo son de los gobiernos. Sus ineptitudes a la hora de elaborar leyes, devienen en fracasos cuya responsabilidad se intenta imputar a los funcionarios. Bien sé que la elaboración de las leyes pertenece al Parlamento, pero los Ejecutivos son los que preparan y aprueban los proyectos y cuando, como en estos momentos, solo se legisla por decreto-ley, es el Gobierno y solo el Gobierno el responsable. Esta forma de legislar, la mayoría de las veces de dudosa constitucionalidad, tiene el grave inconveniente de su tramitación exprés, sin que en su paso por las correspondientes comisiones parlamentarias se pueda ir limando el proyecto y adecuándolo quizás mucho más a la realidad.

Muchas leyes (sobre todo tratándose de decretos-leyes) son piezas de laboratorio, o de gabinete, fruto de ocurrencias políticas sin conexión con la realidad y con desconocimiento absoluto de la Administración que tiene que aplicarlas. Después devienen los colapsos o, lo que es peor, una gestión desastrosa, con resultados contrarios a los que, al menos en teoría, se buscaban. Parece que por estos derroteros ha transitado el ingreso mínimo vital (IMV) fruto mucho más del interés político de apuntarse un tanto que de solucionar los verdaderos problemas existentes.

En tiempos de desolación no hacer mudanza, decía San Ignacio (bien es verdad que en un sentido distinto), pero este Gobierno se ha empeñado en hacer mudanzas a su mayor gloria y al de un ministro arribista en una época en la que España pasa por una enorme tribulación. En lugar de ir dando soluciones puntuales, simples y rápidas a las necesidades sociales que se van a presentar de forma extraordinaria como consecuencia de la pandemia, ha pretendido elaborar una figura de una inmensa complejidad en un momento en el que la Administración, al igual que gran parte de la actividad económica, se encuentra a medio gas y muchos de sus organismos con una sobrecarga de trabajo derivada de los problemas creados por la crisis económica y sanitaria.

A lo largo de todo el preámbulo del decreto-ley por el que se aprueba el IMV se mezclan continuamente la doble intención de dar respuesta a las necesidades surgidas del Covid junto con la de constituir una prestación social de carácter permanente que combata la marginación y la pobreza. Es esta doble característica las que condenan por partida doble el proyecto. La urgencia impuesta por el Covid ha hecho que la elaboración de esta norma haya sido precipitada y su diseño tenga muchas lagunas, remisiones constantes a un desarrollo reglamentario, que no se sabe cuándo llegará. Pero la complejidad de un instrumento que tiene vocación de permanencia (tanto más si su diseño se elabora desde un despacho y con desconocimiento de la realidad) hace imposible la aplicación rápida e imperiosa que se precisa en los momentos actuales. No se ha conseguido ni una cosa ni otra. Solo hay que constatar el bloqueo de la Administración y los problemas económicos de los que deberían recibirlo.

Se ha construido desde la pura teoría, con total ignorancia de la Administración que tenía que aplicarlo y del colectivo al que va dirigido. Da la impresión de que en el Gobierno hay más de un astronauta. Basta leer el decreto-ley, o descargarse el impreso de solicitud, para percatarse de la complejidad de la figura que se ha diseñado y lo alejada que está de la capacidad del colectivo al que teóricamente va dirigido, las personas en riesgo de exclusión.

La nueva prestación se configura como una especie de impuesto negativo sobre la renta, figura que desde que Friedman la propuso (como se ve tiene un origen muy progresista) ha hecho correr ríos de tinta y llenado muchos folios en las universidades, en los institutos de estudios, en las revistas especializadas e incluso en algún periódico; pero, mas allá de los gabinetes, ningún país se ha atrevido a aplicarla debido a su complejidad y difícil control.

Aun cuando no se defina como tal, su diseño es el de un impuesto negativo sobre la renta, en tanto en cuanto la ayuda viene fijada  por la diferencia entre la renta garantizada por la ley y los ingresos obtenidos por el beneficiario o beneficiarios en el año anterior. Hay que suponer que, si se aplicase correctamente, habría una gran disparidad en el importe de las ayudas, no solo por la introducción de la unidad de convivencia -de la que hablaremos más adelante-, sino porque va a depender de la renta que se haya obtenido en el ejercicio precedente.

De aquí la obligación que se impone a los perceptores de la prestación de que tengan que presentar anualmente la declaración del impuesto sobre la renta. Carga burocrática para este colectivo que se supone que en su gran mayoría no está acostumbrado a ello; pero carga adicional también para la Agencia Tributaria. Se da un paso atrás en lo que ha sido la política, al menos teórica, de esta institución, eximiendo de tal obligación al mayor número posible de contribuyentes, y liberándose a sí misma de un volumen de trabajo que podría apartarla de otras labores más importantes y rentables desde el punto de vista fiscal.

En el momento actual es muy amplio el abanico de los contribuyentes que están exentos de declarar y no es arriesgado suponer que la mayoría de los presuntos beneficiarios del IMV hayan estado hasta ahora libres de esa obligación que se les impondrá de cara al futuro. Serán muchos cientos de miles de declaraciones, si no millones, a añadir a las que ya recibe las que se vea obligada a procesar la Agencia Tributaria. Pero la sobrecarga de trabajo para este organismo no se termina aquí, puesto que el decreto-ley remite a la Agencia Tributaria la tarea de contrastar la información en materia económica que hayan facilitado los beneficiarios. Es de suponer que todo ello irá en detrimento de la finalidad principal de esta institución que es perseguir el fraude en material fiscal, en el que están en juego cantidades mucho más importantes que las que se puedan derivar de las pequeñas trampas de los beneficiarios de una ayuda orientada a solucionar la pobreza.

Parece ser una constante en el comportamiento del ministro independiente. Cuando estuvo de presidente de la AIREF, un pequeño organismo creado para dar respuesta a los caprichos de Bruselas, y cuya misión radica únicamente en constatar si las previsiones del Gobierno son creíbles y revisar más tarde si estas se han cumplido, quiso emular a la Intervención General, eso sí, utilizando toda su información y medios. Ahora quiere construir en el Instituto de la Seguridad Social su propia Agencia Tributaria, aunque poniendo a su disposición la del Ministerio de Hacienda.

Como si no fuese suficiente complicación la configuración de esta figura como un impuesto negativo sobre la renta, se mete en danza el patrimonio de los beneficiarios, añadiendo no solo más complejidad, sino creando ciertas contradicciones. Se deja exenta la vivienda propia, dando ventaja a los que la tienen sobre los que viven de alquiler, y genera múltiples situaciones injustas como la de aquellos que, estando alquilados, mantienen una participación en otra casa que a su vez está alquilada.

La casuística es interminable y se incrementa de forma sustancial al introducir el concepto de unidad de convivientes, mucho más amplio que el de familia, y por lo tanto con más supuestos. Esperemos que a nadie le dé por recurrir al Tribunal Constitucional y a este fallar en la línea que lo hizo en 1989, acerca de que a un contribuyente por el hecho de estar casado o inscrito en una familia no puede dársele un tratamiento peor que si estuviese soltero.

La falta de aptitud de esta prestación para dar respuesta a los graves problemas sociales que se van a presentar con motivo de la epidemia y de la crisis económica aparece de modo evidente en el hecho de su referencia a la renta del beneficiario o beneficiarios del ejercicio anterior. Porque las mayores necesidades sin duda surgirán en aquellos que han visto cambiar radicalmente su situación económica de un año a otro. Es cierto que en el decreto-ley se plantea, como no podía ser de otra manera, la cuestión y se admite la excepción de que puedan considerarse los ingresos del año actual, pero con tal ambigüedad y falta de concreción acerca de su comprobación que va a dar lugar a múltiples interpretaciones. Por otra parte, parece que el legislador no se resiste a remitir a ciertos límites en la renta y en el patrimonio del ejercicio anterior, constituyendo seguramente una condición insalvable para muchos.

Buena prueba de esta inoperancia es el hecho de que gobiernos y sindicatos estén hablando de prorrogar el seguro de desempleo a aquellos que les vence en el presente ejercicio. Quizas por ahí se debería haber empezado.

Lo que parece que tiene aún menos lógica es que las distintas ayudas que las Comunidades conceden con la misma finalidad – llámense como se llamen- no se consideren como ingresos del beneficiario, a la hora de restarlas de la renta garantizada y sí se tenga en cuenta cualquier otro ingreso; bueno, excepto los derivados de violencia de género y de trata de seres humanos, que están continuamente exceptuados de los reiterados condicionantes que la norma va estableciendo a lo largo de todo su contenido texto. La compatibilidad con las ayudas autonómicas deja la situación en el mismo caos de antes y perpetúa la desigualdad territorial, que es precisamente lo que habían criticado los organismos internacionales, aunque sea únicamente porque dificulta la movilidad geográfica de la mano de obra. Está claro que este Gobierno no puede librarse del control de los nacionalismos y regionalismos, ya que los necesita para gobernar.

El punto número 4 del artículo 8 del decreto-ley estipula que con la finalidad de que la percepción del IMV no desincentive la participación en el mercado laboral se hace compatible con las rentas de trabajo o con la actividad económica por cuenta propia. Pero lo cierto es que la compatibilidad es muy relativa, por no decir inexistente, puesto que los recursos obtenidos no figuran entre los exentos en el punto e) del artículo 18, es decir, que se deducirán como un ingreso más de la renta garantizada. Es difícil creer que alguien esté dispuesto a trabajar cuando su remuneración va a ser descontada más tarde de la percepción que recibe como prestación social. A no ser (y eso es lo que va a ocurrir) que en la mayoría de los casos el trabajo se haga en negro, con lo que la economía sumergida puede incrementarse de forma sustancial. La retahíla de sanciones estipuladas tanto para los beneficiarios como para los colaboradores en el incumplimiento es un brindis al sol y suscita cierta hilaridad. La compatibilidad establecida en el art. 8 anterior choca además con el requisito de estar inscrito como demandante de empleo fijado en el apartado d) del punto 1 del art.7.

El señor Escrivá ha vendido que iba a conceder de oficio el IMV a 75.000 familias. En realidad, lo único que ha hecho es cambiar la percepción que ya recibían por hijo o menor a cargo, que desaparece para este año y se engloba en la nueva prestación. No sé si cobrarán más o menos, pero lo cierto es que se les va a complicar la situación burocráticamente porque la operación no termina de entenderse, ya que, después de decir que es una prestación extinguida, concede la opción de que aquellos que consideren que no tienen derecho al IMV puedan el 31 de diciembre solicitar de nuevo la prestación anterior.

El señor ministro ha establecido en el decreto que sea la AIREF la que evalúe anualmente los resultados de la nueva prestación. Sabe bien que esta tarea excede sus funciones y -lo que es más importante- de su capacidad y de los medios con los que cuenta. ¿No será acaso que creyendo que mantiene aún una fuerte ascendencia sobre esta institución espera un cheque en blanco?

Lo que el ministro sí hace es crear burocracia. Constituye una comisión de seguimiento formada por no se sabe cuántos altos cargos y un consejo consultivo con representaciones de todo tipo de instituciones. Uno se pregunta si para cada prestación social que concede el Estado o cada impuesto que gestiona van a necesitarse tantos órganos pluripersonales. Más importante sería que contrastase el numero de funcionarios del que dispone y si van a ser capaces de gestionar una prestación tan compleja como la que se ha diseñado. Bien es verdad que en un brote de megalomanía ha logrado que en el decreto-ley se establezca que todas las otras administraciones, aun las locales y autonómicas, estén a su servicio. Pero una cosa son las determinaciones legales y otra muy distinta su cumplimiento.

Según se van conociendo, los primeros resultados no son muy halagüeños, y confirman la incapacidad de la Administración para dar respuesta con esta prestación a las urgencias que se están presentando. Tan es así que se han visto obligados a contratar a una empresa pública que se dedica a la construcción y a la ingeniería, que a su vez ha tenido que reclutar personal en paro sin preparación administrativa alguna. El desastre parece que está siendo absoluto. Por una parte, los recursos no llegan a los necesitados, pero, por otra y no es menos grave, es muy previsible que cuando lleguen, los fallos en la gestión y en el control hagan que no estén los que son y no sean los que están, es decir, que al final los beneficiarios no sean los más necesitados, sino los más listillos y aquellos con más necesidades se queden fuera y se produzcan numerosas y profundas injusticias. Por poco que se conozca la técnica fiscal y presupuestaria se sabe que cuantos más requisitos incidan en una desgravación fiscal o en una prestación social, más difícil será su control y mayores facilidades se darán al fraude y a la picaresca.

Hay que preguntarse si no hubiese sido más sensato, al menos en los momentos actuales, haber desarrollado el seguro de desempleo, extendiéndolo en el tiempo y ampliándolo a los colectivos de trabajadores carentes de esta cobertura, y potenciar y armonizar las ayudas autonómicas. Pienso que los resultados hubiesen sido mejores y más inmediatos, bien es verdad que a lo mejor se hubiesen molestado las Comunidades Autónomas, especialmente las fuerzas regionalistas y nacionalistas y sobre todo no habría servido para el postureo del gobierno, y de algún ministro.

republica.com  4-9.2020

No es por casualidad que en los múltiples rifirrafes acaecidos entre los países del Norte y los del Sur, previos a los acuerdos del Consejo Europeo, el halcón de los primeros (me niego a llamarles “frugales”), el líder holandés, se refirió a las reformas que debería acometer España, citando expresamente la laboral y la de las pensiones. Son palabras que los optimistas y pro europeos no deberían echar en saco roto. En los ajustes practicados durante los mal llamados rescates de la crisis anterior el tema de las pensiones ha estado siempre presente.

Algo, por supuesto, tiene que ver la política neoliberal que impera en Europa, el poder que en ella mantienen los lobbies financieros, y el interés que estos tienen en expandir los fondos privados de pensiones. La ofensiva internacional cuenta, pero hay que reconocer que dentro de España llevamos tiempo (al menos desde el Pacto de Toledo) poniendo las pensiones a los pies de los caballos.

Hace unos días el Tribunal de Cuentas ha publicado el Informe de Fiscalización de la Seguridad Social (SS) del año 2018. Este organismo, siempre tan diligente y tan rápido. Después alguno dirá que nadie hace caso a sus informes. Con todo, lo peor es el contenido. Se limita a repetir el tópico de que la SS está en quiebra y de que el problema se agravará en los próximos años. Realiza un análisis del balance y viene a concluir su desequilibrio patrimonial. Por otra parte, es algo que todo el mundo sabe y que los medios de comunicación repiten a diario.

Bien es verdad que este documento les ha venido muy bien a muchos periodistas. Han titulado “Demoledor informe del Tribunal de Cuentas”, como si este organismo hubiese realizado un gran hallazgo, cuando solo ha descubierto el Mediterráneo, porque el desequilibrio patrimonial consiste en las deudas que la SS mantiene con el Estado. Todo se reduce a un juego contable, ya que el Estado y la SS son la misma cosa. El pasivo de la SS se corresponde con un activo del Estado y ambos desaparecen del balance cuando se consolidan. Ni que decir tiene que la SS nunca podrá pagar esos préstamos y el Estado sabe que jamás podrá cobrarlos.

Habrá que preguntarse entonces por qué los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, se han empeñado en canalizar los recursos de un presupuesto a otro como préstamos en lugar de como aportaciones, que es además lo que se encuentra estipulado en la ley (la SS se financia por cotizaciones sociales y por aportaciones del Estado). Posiblemente la intención sea la de acogotar a la SS y justificar así las sucesivas reformas de las pensiones, cada una de ellas más restrictiva que la anterior.

Lo curioso es que este Gobierno, que se llama progresista y que se presentó con la promesa de derogar la ley sobre las pensiones del anterior Ejecutivo, continúe transfiriendo los recursos a la SS como préstamos y no como aportaciones. Es más, no ha condonado la deuda -como sería lógico-, con lo que se habría terminado la amenaza de quiebra de la SS. Da la sensación de que también pretende que las pensiones continúen estando a los pies de los caballos. Tampoco parece que sea un asunto que importe demasiado a Podemos. Ellos a lo suyo, a continuar embarrados con la Monarquía, que les debe de parecer el problema número uno de la sociedad española.

Mientras se mantenga la ficción de que la SS y el Estado son dos realidades independientes y de que la primera debe financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales habrá una espada de Damocles gravitando sobre las pensiones. Siempre habrá quien haga estudios de rigor muy dudosos como el que acaba de publicar el Banco de España, acerca de que los pensionistas reciben más de lo que han cotizado. Hace tiempo ya que Solchaga afirmó algo parecido. Al menos hay que agradecer al ex ministro que no tratase de revestir una posición ideológica de informe técnico.

En cualquier caso, no sé si la afirmación tiene otro valor y finalidad que mantener la ofensiva contra las pensiones, porque en esta prestación, como en casi todas y también en los servicios públicos, habrá quien reciba más de lo que ha aportado y quien contribuya más de lo que obtenga. En esto consiste precisamente la función redistributiva del Estado. A nadie se le ocurre preguntar si los alumnos de enseñanza media o universitaria o los enfermos de los hospitales o los perceptores del seguro de desempleo o los empresarios que reciben subvenciones o créditos subsidiados, etc., han tributado más o menos de lo que perciben.

El ministro independiente (que depende ahora, como el resto de los ministros, de los golpistas) accedió al cargo y me atrevo a decir que presentó como mérito frente a Sánchez su tesis de que el sistema público de pensiones era viable, pero lo cierto es que no ha hecho nada para consolidarlo. Ha debido de estar muy entretenido y, lo que es peor, ha mantenido muy entretenida, más que entretenida colapsada, a la Administración de la SS, con el nuevo invento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ahora parece no servir siquiera para solucionar el problema de los trabajadores que en este momento agotan la prestación por desempleo.

Según anuncia la prensa, el Gobierno y los sindicatos están negociando prorrogar en este momento dicha prestación. Es, sin duda, una medida justa y necesaria, pero si el IMV no vale para dar respuesta a estas contingencias, ¿cuál va a ser su papel y quiénes van a ser sus perceptores? Da la impresión de que se va a dirigir a los mismos que cobraban ayudas similares de las distintas Comunidades Autónomas, aunque para ese viaje no hacían falta tales alforjas, especialmente cuando ni siquiera se pretende unificar tales prestaciones; se supone que para no incomodar a los nacionalistas.

Lo único que este Gobierno ha hecho hasta ahora por las pensiones ha sido actualizarlas por el IPC, pero como medida puntual. En realidad, ha consistido en mantener lo que ya había pactado el anterior Gobierno del PP con el PNV. Hay que añadir que, en estos momentos, teniendo en cuenta la baja tasa de inflación, tal actualización carece casi de importancia. Aunque sí puede tenerla -y mucha- de cara al futuro, y hoy por hoy sigue vigente la anterior ley de Rajoy sin que el gobierno sanchista, ni siquiera su facción podemita, hayan hecho nada para derogarla o al menos para corregirla.

En España, desde el pacto de Toledo se viene vendiendo como un gran éxito la actualización de las pensiones por el IPC. Se trata de una victoria raquítica si la comparamos con lo que realizan otros países. Portugal, en función del PIB; Holanda, Alemania o Suecia, de acuerdo con el incremento salarial. En todos estos casos la regularización, por lo tanto, es de mayor cuantía. Prueba de ello es el hecho (hecho que paradójicamente utilizan los detractores de las pensiones para mostrar la inviabilidad del sistema) de la mayor cuantía que cobran los nuevos pensionistas cuando aceden al sistema con respecto a la que dejan de percibir aquellos que lo abandonan por defunción. Señal inequívoca de que la evolución al alza de los salarios ha sido muy superior a la de las pensiones.

Que la SS no es algo independiente del Estado aparece de forma clara al reparar en cómo determinadas medidas que los gobiernos adoptan de cara a su política económica pueden afectar negativamente a la salud financiera del sistema. La bajada, exenciones o beneficios concedidos en diferentes casos a las cotizaciones sociales, o la utilización de las jubilaciones anticipadas para facilitar las regulaciones de empleo o el cierre de empresas, en lugar de usar el seguro de desempleo prologando su cobertura los años necesarios, son fórmulas por las que se traspasan cargas del Estado a la SS. No hay por qué criticar en principio tales medidas, pueden ser las más acertadas en determinados momentos, pero siempre que se acepte la íntima unión entre Estado y SS y que las transferencias necesarias de recursos que el primero realice a la segunda sean aportaciones y no préstamos.

De cara al futuro, las pensiones públicas tienen problemas, indudablemente, pero los mismos que la sanidad, la educación, el seguro de desempleo, la dependencia o este nuevo invento del IMV. Ni más ni menos. Los problemas, más bien el problema, es la insuficiencia recaudatoria de nuestra Hacienda Pública, resultado de muchos años de deterioro, los seis puntos de presión fiscal que nos separan de la media de la Eurozona. Es verdad que el control del gasto público deja bastante que desear, sobre todo en las Autonomías y en los Ayuntamientos, pero por mucho que se erradicase toda la corrupción, se suprimiesen los asesores a dedo, se cerrasen organismos innecesarios, se eliminasen duplicidades, etc, todo ello sería una fracción insignificante comparada con las grandes partidas de gasto y con los recursos imprescindibles para mantener el Estado social. Nos guste o no, la reforma fiscal es imprescindible y la urgencia en cerrar el déficit de recaudación, apremiante (véase mi artículo del 17 de julio pasado).

Nadie quiere coger el toro por los cuernos. Pedro Sánchez ya ha afirmado que se olvida del tema hasta 2023, es decir, ad calendas graecas. Se argumenta que hay que esperar a salir de la crisis. Ya veremos cuándo salimos de la crisis…; pero es que, además, la crisis no afecta a todos por igual. Hay muchos contribuyentes que no están viendo mermada su capacidad económica, incluso en algunos casos la están incrementando. Los impuestos directos solo afectan a los ingresos, a las ganancias, al patrimonio, con lo que de forma inmediata el gravamen de aquellos que están siendo perjudicados por la crisis se reducirá (es lo que se llama estabilizadores automáticos) y por lo tanto en líneas generales tampoco les afectaría la posible reforma si recayese sobre este tipo de tributos.

Tampoco es cierto que dicha reforma fuera a agravar la crisis, siempre que los recursos obtenidos se utilizaran de manera adecuada, ya que retornarían a la sociedad, y precisamente a los colectivos más necesitados y con una fuerte propensión al consumo. Por otra parte, una reforma fiscal no se hace en un día. Si de verdad hubiese voluntad de acometerla, se debería comenzar a planificar y a discutir ya en las Cortes con la finalidad de que pudiese entrar en vigor quizás dentro de un par de años. Es evidente que este Gobierno no tiene la menor intención de llevarla a cabo. Eso sí, el nivel que puede alcanzar la deuda pública puede ser de antología, campo apropiado para que nos obliguen a todo tipo de recortes, comenzando por las pensiones, con resultados muy negativos no solo para la equidad, sino también para la propia actividad económica.

Lo más llamativo es el silencio de Podemos sobre todos estos temas. Era de suponer que fuese en este ámbito en el que se produjesen los enfrentamientos con Sánchez y sus acólitos. Pero he aquí que no. Se han encelado y entablan una batalla sobre la forma de Estado, que no creo yo que, en los momentos actuales, inmersos en una epidemia de resultados impredecibles y una crisis económica que puede ser devastadora para una buena parte de la sociedad, sea el tema más urgente, ni el que más importe al personal. Únicamente a los nacionalistas, pero solo como medio para romper el Estado. Además, su debate actual no solo es contraproducente, sino de difícil solución. No se cumplen los requisitos para modificar la Constitución en esta materia. Solo se conseguiría dividir a la sociedad en el peor momento posible. Da la impresión de ser una cortina de humo para ocultar otros problemas. La duda es si se trata de una contienda real o ficticia y de si Pedro Sánchez no está en el ajo, repartiéndose entre las dos partes del Gobierno los papeles de policía bueno y policía malo.

republica.com 21-8-2020

El Gobierno sanchista haría bien en abandonar el triunfalismo. Particularmente la ministra de Trabajo quien, de forma un tanto infantil, con tono satisfecho y como si se tratase de un mérito del Ejecutivo, repite que tal o cual cifra es única en la historia. Ha llamado la atención de forma especial el tuit lanzado hace varios días por la ministra con ocasión de la publicación del número de prestaciones por seguro de desempleo pagadas en abril, en el que presume y dice sentirse orgullosa de que haya alcanzado la cifra histórica de 5.197.451, todo un logro de la protección social de este Gobierno. Ni que decir tiene que el susodicho tuit ha suscitado los comentarios más irónicos y también más ácidos.

No seré yo el que abunde en ellos, ni adjudicaré en principio al Gobierno la responsabilidad directa en el ingente incremento del número de parados, que es lo que en principio indica sin más ese dato. Pero sí quisiera que quedase claro que donde hay que situar principalmente los logros de los gobiernos es en minimizar el nivel de desempleo, bien sea del temporal (ERTE) bien del definitivo (ERE). Y no estoy muy seguro de que el Gobierno Frankenstein esté aplicando el máximo de interés en garantizar que tanto los ERTE como los ERE que se aprueban sean los necesarios, todos lo necesarios, pero solo los necesarios.

Todo el mundo está de acuerdo en que antes de que una empresa quiebre y todos los trabajadores vayan al paro, es preferible que despida el número que sea preciso de asalariados para que continúe siendo viable y, a su vez, que antes de que el despido sea definitivo es mejor que los empresarios puedan suspender temporalmente el contrato de trabajo. Pero no todo son, tal como se pone siempre como ejemplo, empresas pequeñas. Existe también la posibilidad de que ciertas sociedades aprovechen la ocasión y lo que pretendan sea simplemente maximizar el beneficio sin que su viabilidad se encuentre en ningún momento en peligro.

Las prestaciones sociales son una consecuencia. Vienen después, como último recurso, una vez que se ha hecho todo lo posible por mantener los puestos de trabajo. De lo contrario,se podría predicar del Gobierno ese epigrama de Juan de Iriarte:

El señor don Juan de Robres,
con caridad sin igual,
hizo este santo hospital…
pero antes hizo los pobres.

A su vez, para enjuiciar la política social no se puede considerar únicamente el número de personas que cobran las prestaciones, sino la relación entre beneficiarios y parados, es decir, la cobertura del seguro de desempleo, y es muy pronto para saber cómo va quedar esta al final de la crisis. Conviene no dejarse engañar por la idea de que en parte lo va a pagar Europa a través del SURE. La Unión Europea solo nos va a prestar fondos para que lo paguemos nosotros. El SURE actúa únicamente como prestamista. Antes de que la pandemia hiciese su aparición, la cobertura del seguro se encontraba aproximadamente en el 65%, en otras palabras, más de un tercio de parados no estaban cubiertos. El Gobierno de Pedro Sánchez no había mostrado por ello, ni siquiera en la campaña electoral, la menor preocupación; ninguna iniciativa, ni siquiera la promesa de cambiar la legislación con el objetivo de elevar la tasa. No obstante, sí mostró y continúa mostrando una gran inquietud por lo que llama el ingreso mínimo vital.

En ese intento por justificar la creación de esta última prestación social, el ministro independiente (dependiente, como todos los demás ministros, de los golpistas) indica cómo los organismos internacionales colocan a España en un puesto preeminente respecto del índice de pobreza.  El señor Escrivá, como buen economista que es, sabe que lo que se conoce por índice de pobreza (bien relativa, bien absoluta) es en realidad un índice de desigualdad social (aunque parezca mentira, existe otro tipo de desigualdad que la de género), pues mide, en un país, el número de ciudadanos cuya renta está por debajo de un determinado porcentaje de la renta media.

Como la renta media o renta per cápita es distinta en cada nación, también tiene que serlo la línea divisoria hacia la pobreza. O, dicho de otra manera, lo que se tiene por pobre en Suecia o Dinamarca tiene poco que ver con la renta a partir de la cual se considera pobre en Bulgaria. Y el pobre de España no es el pobre de Marruecos, o de Guatemala. De ahí que haya tantos marroquíes o latinoamericanos que estén dispuestos a venir a ser pobres a España. Convengamos por tanto que lo que mide el índice de pobreza es la desigualdad social, y ahí, sí, todos los índices confeccionados para medir esta realidad indican que España se encuentra en el pelotón de cabeza de los países de la Unión Europea.

Ahora bien, de cara a remediarlo, deberíamos preguntarnos dónde se encuentran las causas de este triste privilegio y si la solución radica en crear un subsidio más, llamado ingreso mínimo vital, o el tema es de una mayor complejidad. Sin duda, el primer factor a tener en cuenta es que nuestra tasa de paro es la segunda, si no la primera más alta de la Unión Europea. Pocas cosas contribuyen más a la desigualdad social que el número de parados; sobre todo si la cobertura del seguro de desempleo, y este puede ser el segundo factor, no es la adecuada. Ya hemos dicho que antes de que comenzase la crisis dos terceras parte de los parados no tenían cobertura alguna.

El tercer factor a considerar es la estructura de nuestro sistema económico, con sectores de productividad aparente baja. Insisto en lo de productividad aparente y su divorcio de la productividad real. Citemos por ejemplo el sector público (sanitarios, profesores y educadores, policías, ejército, bomberos, personal de la administración judicial, etc.), en el que la productividad real puede ser muy alta, tal como se está demostrando en la epidemia, pero por decisión política sus salarios (y por lo tanto la productividad aparente) son relativamente bajos. Es la diferencia entre valor y precio.

Consideremos otras áreas fundamentales de la economía española, pero que mantienen condiciones laborales precarias y salarios bajos: la agricultura, la hostelería y el turismo. A la agricultura se refería la ministra de Trabajo cuando mandaba a la inspección que investigase las condiciones laborales e incluso si existían posibles casos de malos tratos y esclavitud en el campo; y a la hostelería y al turismo aludía el ministro de Consumo cuando hablaba de sectores de bajo valor añadido, precarios y estacionales.

Estas manifestaciones han incendiado los citados sectores, y han levantado todo tipo de críticas. Hay que reconocer que tales comentarios no se han caracterizado precisamente por el tacto y quizás han sido exagerados, pero tienen su fondo de verdad. El problema no está en las afirmaciones en sí mismas, sino en que parece que estigmatizan y responsabilizan a priori a los empresarios y no se preguntan si en una economía globalizada, dentro de la Unión Europea y sin moneda propia, las condiciones laborales en estos sectores pueden ser, en líneas generales, distintas.

No dudo que puedan darse casos de comportamientos abusivos y arbitrarios entre los propietarios de las explotaciones agrícolas o entre los empresarios de la hostelería, pero creo que el problema es mucho más profundo. Se trata de sectores que se mueven en una economía totalmente abierta, al albur de la competencia exterior, en concurrencia con países con niveles salariales mucho más bajos que el nuestro, sean cuales sean los índices de pobreza. Además, carecemos de moneda propia con la que poder construir una barricada de defensa entre precios exteriores e interiores. Si mantuviésemos aún la peseta, se podría fijar un tipo de cambio que hiciese compatible un precio exterior, por ejemplo, en dólares, competitivo en los mercados exteriores, con un contravalor en pesetas capaz de soportar salarios dignos, en consonancia con los precios relativos interiores. Ciertamente, vía importaciones se perjudicaría la capacidad adquisitiva de los trabajadores de otros sectores con retribuciones más elevadas, o de los perceptores de rentas de capital, pero de eso se trata precisamente, de disminuir las desigualdades.

Mientras tengamos que mantener el mismo tipo de cambio que Alemania u Holanda, por ejemplo, me temo que la competitividad exterior en algunos sectores solo se puede salvaguardar a base de deprimir los costes, entre otros los laborales. Esto es algo que quizás tengan que comenzar a comprender los ministros podemitas. Van a tener que enterarse, quieran o no, de las limitaciones que crea la Unión Monetaria. Tal vez el señor Garzón no vuelva a repetir más en televisión eso de que el euro no representa ningún inconveniente.

El último factor, pero no el menos importante, que genera el hecho de que España se encuentre a la cabeza de la desigualdad social en Europa radica en las ofensivas que ha sufrido durante más de treinta años su sistema fiscal. No ha habido gobierno del PSOE o del PP que se preciara que no estuviese dispuesto a dar uno o varios tajos a la suficiencia y a la progresividad de nuestro sistema tributario. El problema se agravará y mucho de ahora en adelante, puesto que la recesión económica va a hundir la recaudación.

Retornando al seguro de desempleo y al ingreso mínimo vital, bien haría el Gobierno en dedicar más atención al primero y quizás un poco menos al segundo. La reforma en profundidad del seguro de desempleo logrando que la cobertura se acercase al 100% dejaría casi vacío de contenido el ingreso mínimo vital, restringido a algo secundario y para colectivos residuales, instalados la mayoría de ellos en la marginalidad. Quedaría reducido a lo que en realidad es, un subsidio graciable de último recurso. El seguro de paro tiene un origen, una causa: la falta de empleo adecuado. Se asocia a la dignidad de ser trabajador, que no se pierde por la incapacidad temporal de la sociedad de dotarle de un puesto de trabajo.

El salario mínimo vital se va a superponer a las ayudas con nombres diversos que conceden las Comunidades Autónomas, con el consiguiente peligro de duplicidad. Y además se prevé que sea compatible con todo tipo de ingreso, incluso salario. Este último punto se intenta justificar en la necesidad de que los beneficiarios mantengan un incentivo para buscar trabajo. Me temo que el resultado va a ser el contrario. Primero, se sitúa muy cerca del complemento salarial que planteaba Ciudadanos y tan denostado, con razón, por Podemos. Es difícil distinguir a quién se está subvencionando, si al trabajador o al empresario. Segundo, existe el riesgo de que un grupúsculo social se instale plácidamente en esa situación de precariedad, prefiriendo completar sus rentas con distintos ingresos de una u otra procedencia y renuncie a encontrar un puesto de trabajo. El salario mínimo vital debería ser la última red de protección social y constituirse por tanto solo después de que el seguro de desempleo haya llegado casi al 100% de cobertura.

En cualquier caso, aun guardando todas las distancias, pues no estamos en el siglo XIX, no deberíamos echar en saco roto la definición que Carl Marx da del lumpen proletariado en su obra “El 18 de brumario”: “Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpem proletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème: con estos elementos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de diciembre, «Sociedad de beneficencia» en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora”.

No diluyamos el Estado social y la economía del bienestar consolidando una sociedad de beneficencia.

republica.com 22-5-2020

Múltiples han sido las filtraciones acerca de las disputas y enfrentamientos acaecidos en los Consejos de Ministros de los días 14 y 17 de marzo pasados. Todas coinciden a la hora de señalar cuáles fueron las discrepancias: el papel que Pablo Iglesias pretendía ocupar en el gabinete de crisis y la extensión a los alquileres de las mismas medidas que se van a aplicar a las hipotecas. La controversia por los alquileres parece continuar, y es que da la impresión de que al final a la vicepresidenta Calviño le terminan metiendo todos los goles.

Sorprende la fijación que estos muchachos de Podemos tienen con los alquileres y la manía que profesan a los arrendadores. Acaso se deba a que muchos de ellos o sus parejas se dieron a conocer y comenzaron su carrera política obstaculizando los desahucios. Se podría entender quizás su animadversión a los bancos, aunque incluso en este caso habría que basar el hecho en la ignorancia. Muchas veces, cuando se emprenden acciones contra las entidades financieras no se daña a los banqueros (consejeros y ejecutivos, que continúan cobrando esos sueldos desproporcionados e insultantes) ni a los accionistas (bien sean grandes o pequeños), sino a los clientes, ya sean deudores (hipotecarios o no) o depositantes. En otra ocasión hablaremos de los bancos y de las demagogias a ellos asociadas. Retornemos ahora a los alquileres. Da la impresión de que se quiere aprovechar la crisis del coronavirus para volver a las obsesiones de siempre y tratar de conseguir lo que hasta ahora no había sido posible.

Hay quienes citan reiteradamente el art. 47 de la Constitución que estipula que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y es que, después de atacar con dureza a lo que llaman el régimen del 78, han descubierto la virtualidad social que tiene nuestra carta magna. Algunos veníamos repitiéndolo desde hace muchos años; manteniendo incluso que al ser una de las últimas que se habían redactado era también una de las más completas de Europa en materia social. Solo que, precisamente por eso, llegamos tarde y en aquel momento todos los países iban ya de retirada. Para nosotros esa vía se encontraba casi inédita y no habíamos comenzado a recorrerla. No es la Constitución lo que hay que cambiar, sino las políticas. La gran cuestión, sin embargo, es si con una economía globalizada y con los parámetros que rigen la Unión Europea y la Eurozona determinadas políticas son factibles o, al menos, hasta qué medida.

Por otra parte, por poca idea que se posea de constitucionalismo, es sabido, que el derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución no es exigible ni individual ni directamente ante los tribunales. Su virtualidad radica, al igual que la del resto de los contemplados en el capítulo tercero, en ser principio rector de la política social y económica, y en tener que informar, tal como indica el punto 3 del art. 53 de nuestra Constitución la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Pues bien, si no puede ser un derecho exigible ante los tribunales, malamente puede configurarse como una exigencia frente a terceros, mediante la apropiación de la vivienda; bien sea a través de la ocupación por la fuerza, bien manteniendo la posesión sin cumplir los requisitos contractuales acordados.

Son los poderes públicos, los obligados a proporcionar a aquellos españoles que no puedan obtenerla por sus medios, esa vivienda digna y adecuada que determina la Constitución, y a repercutir este coste social entre todos los contribuyentes según su capacidad económica, es decir, mediante impuestos. No parece muy equitativo, más bien una pura lotería,  que tenga que ser el arrendador respectivo quien tenga que asumir la carga social destinada a paliar el deterioro en la posición social o económica de su inquilino. Es como si el médico o el maestro debieran atender gratuitamente y a su costa (y no a la del Estado) a las familias en riesgo de exclusión social, o los tenderos y comerciantes de todo tipo hubieran de suministrar todos sus productos sin contrapartida a las familias socialmente vulnerables.

Por supuesto que individualmente cada uno puede manifestar su solidaridad como estime conveniente. Me parecen bien las caridades, siempre que su práctica sea voluntaria (aunque pienso que a menudo subyace en ellas más trampas de las que se cree). Lo que no es adecuado es imponerlas obligatoriamente; en especial si se debe a la ineptitud de los poderes públicos, que ocultan mediante estas cargas su incapacidad para cumplir los deberes que les imponen la Constitución y las prescripciones del Estado social.

El problema es ciertamente de justicia: distribuir adecuadamente el coste de la política social de forma generalizada en función de la capacidad económica de cada ciudadano. Pero es también una cuestión de eficacia conseguir los objetivos propuestos. Social puede ser el Estado; por el contrario, el mercado no lo es nunca y el resultado puede ser nefasto cuando se pretende hacerlo social a la fuerza. El mercado del alquiler, como cualquier otro, se rige por las leyes de la oferta y la demanda. Si se quieren precios más asequibles y mejores condiciones para los arrendatarios, el camino tiene que ser ampliar la oferta, nunca medidas que puedan restringirla (ver también mis artículos del 20-9-2018 y del 21-3-2019 en este mismo medio).

El mercado español es un mercado muy atomizado. A pesar de la campaña desatada de forma un tanto demagógica en contra de las sociedades de inversión inmobiliaria (las llamadas socimis), su peso en el mercado es muy reducido, escasamente del 2 al 4%. El resto, es decir por encima del 96%, está en manos de pequeños propietarios o familias, la mayoría de clase media, que redondean sus sueldos o pensiones con estos ingresos. Este colectivo se caracteriza por una mentalidad muy conservadora que no quiere riesgo, que en buena medida ha canalizado su inversión al mercado inmobiliario porque lo considera mucho más seguro que el de los activos financieros y cuyos miembros están dispuestos a salirse de él en cuanto vislumbren que el riesgo aumenta.

Una gran parte de ellos consideran que padecen ya indefensión y que se encuentran en una posición de inferioridad frente al arrendatario, que puede impunemente dejar de pagar el alquiler. Su única arma es el desahucio. Desahucio que suele dilatarse en el tiempo y que, cuando al final se logra, el piso suele presentar grandes desperfectos, a lo que hay que añadir a menudo considerables deudas en suministros. Y, desde luego, en raras ocasiones se recuperan las rentas dejadas de ingresar. Campañas como las de estigmatización de los desahucios y la previsible aprobación de medidas a favor de los arrendatarios y en contra de los arrendadores incrementan su intranquilidad y sus dudas acerca de si van a verse inmersos en líos judiciales y en escándalos públicos, que es lo último que desean.

Todas estas políticas y actuaciones encaminadas teóricamente a defender a los inquilinos lo que están provocando o pueden provocar es una reducción de la oferta, con la consiguiente elevación del precio o, lo que es aun peor, que los arrendadores adopten medidas muy selectivas a la hora de alquilar. Se expulsará así del mercado a los más vulnerables (emigrantes, parados y precarios con riesgo de desempleo, familias con hijos pequeños o con ancianos, etc.), precisamente a los que se dice querer proteger. Este colectivo, ante la duda de los posibles arrendadores acerca de si van a poder hacer frente al pago de la renta y la sospecha de que en caso de conflicto va a ser mucho más arduo el desalojo, tendrá enormes dificultades para encontrar quien esté dispuesto a alquilarles el piso. El resultado será el contrario al que se pretendía conseguir. Bien es verdad que al populismo, se denomine de derechas o de izquierdas, no le interesa excesivamente el resultado, sino la demagogia, el electoralismo, el postureo y quizás pasar por progresista.

Desde el Estado social, desde el pensamiento socialdemócrata (pensamiento, no partidos), la estrategia debe ser muy otra. El Estado debe actuar en el mercado, pero sin distorsionar sus leyes y sin provocar, por tanto, el efecto contrario al que se persigue. Se trata de aumentar la oferta de pisos en alquiler, y abaratar de esta manera el precio y mejorar las condiciones. Todas las ayudas públicas deberían concentrarse en el alquiler y no en la compra. Es absurdo que estemos hablando de colectivos vulnerables y en situación de marginación social y pretendamos al mismo tiempo subvencionar la compra de las viviendas.

El sistema de protección pública ha fracasado entre otras cosas por basarlo en la propiedad de la vivienda. Las personas realmente necesitadas no disponen de capacidad económica para adquirir los pisos por subvencionados que estén. Por otra parte, las condiciones económicas y sociales de una persona o de una familia suelen variar a lo largo de su existencia, de manera que la necesidad de ayuda no tiene por qué ser uniforme ni constante. El sistema de protección pública al alquiler tiene la ventaja de ahorrar recursos para poder cubrir muchas más necesidades, e incluso evitar que nadie obtenga pingues ganancias vendiendo el piso cuando su situación social ha cambiado.

En nuestro país se ha venido protegiendo de una manera absurda la propiedad en lugar del alquiler, quizás como herencia del régimen franquista que en su versión populista destruyó el mercado del alquiler congelando el precio. Desde la Transición, la política de apoyo a este derecho social se ha fundamentado básicamente en la deducción fiscal en el IRPF a la adquisición de la primera vivienda, deducción de la que no se benefician precisamente las clases más bajas y que, además, constituye un instrumento generalizado de evasión fiscal. Curiosamente, no se ha escuchado a ninguna de esas voces que se autodenominan progresistas plantear su supresión y canalizar los recursos al mercado del alquiler. La explicación se encuentra posiblemente en que tal medida sería muy poco popular y supondría costes electorales evidentes.

Todo lo anterior, unido tal vez a una política paternalista mal entendida que ha protegido en exceso al arrendatario frente al arrendador, explica que en España el porcentaje de viviendas en alquiler llegue apenas al 22%. Mientras que la media de la Eurozona se sitúa en el 33%; en Francia el 35%; Reino Unido el 36% y Alemania el 48%. Solo los países que provienen del Este -y por lo tanto de un sistema de propiedad diferente- tienen un porcentaje inferior al nuestro. En España el mercado, como se ve, es muy estrecho y en consecuencia cualquier variación en la oferta va a influir de manera significativa en el precio.

Una política socialdemócrata tiene que ser realista. Dada la desigualdad económica actual (otra cosa es que se pretenda corregir de cara al futuro), no todo el mundo puede ser dueño de su vivienda y mucho menos desde los primeros años de su vida laboral. Ni todo el mundo puede alquilar un chalet en Galapagar (lo digo sin ningún reproche) ni un piso de 100 metros en el centro de Madrid. A la hora de diseñar las soluciones habitacionales (como ahora se dice), hay que considerar la capacidad económica de los demandantes del alquiler, tanto más si, como afirma el ministro de la Seguridad Social, queremos basar nuestras pensiones en la llegada de los emigrantes. No entendí en su día por qué la prensa se metió tanto con María Antonia Trujillo cuando siendo ministra planteó su plan de soluciones habitacionales. Jamás he participado de la idea de que cualquier empleo es mejor que ninguno. Sin embargo, es posible que esto aplicado a la vivienda sí sea cierto. Por lo menos de forma provisional, cualquier vivienda es mejor que quedarse en la calle.

Es difícil entender la razón por la que el tema de los alquileres se mezcla en las discusiones acerca de las medidas económicas contra la crisis del Covid 19. La finalidad, desde luego, no puede ser ser suspender los desahucios, porque como es lógico están paralizados forzosamente como tantas otras actuaciones judiciales mientras dure el estado de alarma. Y cuesta creer que los que se llaman progresistas den barra libre para despedir, aunque sea de forma temporal, a todas las empresas (pequeñas, medianas y grandes, multinacionales, del Ibex o del Eurostoxx), y quieran hacer recaer el coste de los despidos al menos parcialmente sobre pequeños propietarios que poseen uno o dos pisos arrendados.

Antes de que una empresa quiebre por supuesto que hay que dejar que regularice su plantilla, poniendo, eso sí, en funcionamiento de forma generalizada el seguro de desempleo. Pero en momentos como estos de grave crisis, ¿hay que permitírselo también a aquellas empresas (grandes o pequeñas) cuyo único perjuicio en caso de no acudir al expediente de regulación de empleo sería obtener unos menores beneficios?

En estos días de aflicción generalizada, los medios de comunicación airean con buenas dosis de moralina las donaciones de ciertas compañías. Quizás sean los años los que me hacen desconfiar del altruismo de las empresas, va contra su propia naturaleza, esa no es su finalidad. Al igual que desconfío del izquierdismo del Gobierno cuando sus miembros hacen homilías en lugar de adoptar medidas. ¿No sería preferible que las empresas hicieran esfuerzos para no hacer recortes de plantilla y el Gobierno, en lugar de preocuparse tanto de los alquileres, luz, agua, etc., autorizase únicamente los expedientes de regulación de empleo de aquellas empresas cuya viabilidad está en peligro de no formalizarse el despido? ¿Dónde ha quedado la derogación tan prometida de la reforma laboral? El Gobierno tendría que preguntarse si el mejor escudo social no es minimizar los despidos y, en los casos en que estos sean imprescindibles, aplicar de forma generosa el seguro de desempleo.

Republica.com 27-3-2020

Hay un discurso que puede inducir a confusión, el haber dado por terminada la crisis en cuanto la tasa del Producto Interior Bruto abandonó la senda negativa. Estrictamente y desde un punto de vista técnico, la afirmación puede ser correcta, pero ello no quiere decir que hayan desaparecido los efectos ni que las cosas hayan vuelto al punto de partida, como si nada hubiese ocurrido. Muchas son las lesiones que permanecen. La mejor forma de identificarlas es comparar el valor que toman ciertas variables estratégicas en los momentos actuales con el que alcanzaban esas mismas magnitudes antes de la recesión.

Parece incuestionable que la crisis y sus consecuencias no han afectado por igual a todos los países de la Eurozona. La variable que quizás exprese más fehacientemente la huella de la recesión es el incremento en el stock del endeudamiento público, una losa que va a pesar sobre las poblaciones de cara al futuro. Solo los países del Norte (Alemania, Holanda, Bélgica, Austria) lo han mantenido más o menos constante. Los del Sur, sin embargo, lo han incrementado sustancialmente: Grecia desde 2007 hasta la fecha ha pasado del 100% al 180% del PIB; Portugal, del 75 al 125%; España, del 36 al 97%. Incluso Italia y Francia no se han visto libres de esta evolución negativa (del 106 al 134%, y del 64% al 97%, respectivamente). Estos datos son ya bastante significativos de qué países han soportado y continúan soportando el coste de la crisis.

Una variable que tiene también relevancia, especialmente para España por los elevados niveles que su tasa ha alcanzado siempre, es el desempleo. En nuestro país, ha pasado de representar el 8% de la población activa en el 2007 al 14% en la actualidad, llegando a ser del 26% en 2013. Para comprender bien la importancia de estos números, sobre todo de cara al futuro, hay que relacionarlos con otras dos magnitudes, los salarios y la productividad. El objetivo no puede consistir tan solo en crear empleos, sino empleos dignos y con un nivel retributivo adecuado.

Si se ha podido superar, al menos parcialmente, la desorbitada tasa de paro (26% en el 2013), a la que nos había condenado la crisis,  ha sido pagando un alto precio en fuertes ajustes salariales, lo que permitió cerrar la brecha del comercio exterior hasta el punto de que por primera en mucho tiempo se ha logrado un superávit en la balanza por cuenta corriente. La productividad, a su vez, es la variable que relaciona el empleo con la retribución de los trabajadores. Con salarios elevados solo se creará empleo si la tasa de productividad es también elevada, y viceversa.

Bien es verdad que en esta relación se puede entrometer otra magnitud, los beneficios empresariales. Puede ocurrir que un incremento de productividad no se traduzca en su totalidad en subida salarial porque se desvíe parcialmente al excedente empresarial. Los aumentos en productividad son una condición necesaria pero no suficiente para la subida de los salarios. Se precisa, además, que la distribución de la renta sea neutral y, al menos, no perjudique a los trabajadores en favor de los empresarios.

Hace justamente un año (el 6 de diciembre) en un artículo en este diario titulado “Trabajar menos, ganar más”, señalaba yo la importancia que para el bienestar de las poblaciones ha tenido el incremento de la productividad. Citando a Thomas Piketty, mostraba cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la renta per cápita: “El PIB por habitante apenas creció hasta 1700, con lo que tampoco se modificó sustancialmente el nivel económico y el género de vida de las sociedades. La realidad económica comienza a modificarse de forma notable a partir de la Revolución Industrial. En la Europa occidental la renta per cápita pasó de 100 euros mensuales en 1700 a más de 2.500 euros en 2012, con un crecimiento anual promedio del 1%. Ciertamente, la evolución no ha sido homogénea a lo largo de todo este tiempo. En el siglo XVIII el crecimiento fue tan solo del 0,2% anual, elevándose al 1,1% en el siglo XIX y al 1,9% en el (siglo) XX. El poder adquisitivo promedio en Europa se incrementó escasamente entre 1700 y 1820, sin embargo se multiplicó por dos entre 1820 y 1913 y por seis entre 1913 y 2012”.  Centrándonos en la segunda mitad del siglo XX, la producción por habitante en Europa creció anualmente como media el 3,4% en el periodo 1950-1980; mientras que entre 1980 y 2012 lo hizo a una tasa promedio del 1,8%. Como se puede apreciar, este último periodo constituye una excepción que invierte la tendencia.

Son los incrementos continuos de productividad los que originan la elevación de la renta per cápita, y esta elevación puede asegurar la subida de los salarios, la reducción de la jornada laboral, el mantenimiento de las pensiones y, en general, el sostenimiento del Estado del bienestar. Es cierto que la renta per cápita es una media, por lo que, al mismo tiempo, se precisará una distribución adecuada de la producción entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, ya que este último, en gran medida, lo devuelve a las familias en forma de prestaciones. No obstante y conviene incidir en ello, el incremento de la productividad es una cuestión previa.

A lo largo de la historia el aumento de la productividad ha permitido elevar la retribución de los trabajadores, bien en dinero, bien en especie, reduciendo el tiempo de trabajo (jornadas más cortas, días festivos, vacaciones, reducción de la edad de jubilación). El reparto del tiempo de trabajo colaboro a que el paro no se haya visto incrementado de forma desmesurada por los adelantos técnicos y científicos. Del mismo modo, con vistas al futuro, podría compensar los efectos de la tercera revolución tecnológica que se encuentra a las puertas y, conjuntamente con un seguro de desempleo global, convertirse también en una alternativa más consistente que la renta básica que algunos plantean como el bálsamo de Fierabrás (ver en este diario mi artículo del 5 de enero del 2017 titulado “Renta básica o el reparto del tiempo de trabajo”).

En múltiples ocasiones (por ejemplo, en mi libro “Economía, mentiras y trampas”, editorial Península; o en estas páginas, el articulo del 14 de diciembre de 2017 titulado “La OCDE y de nuevo los sofismas sobre las pensiones”), he venido refutando la falacia tan extendida que sostiene que el sistema de pensiones públicas está condicionado  por el número de activos. Su viabilidad, al igual que en el caso de cualquier otra prestación social, depende, por un lado, de los incrementos de la productividad (veinte trabajadores pueden producir igual que cien) y, por otro, de la parte de renta que la sociedad está dispuesta a destinar al sector público.

Se deduce de todo lo anterior, volvamos a repetirlo, la importancia que los aumentos en la productividad han tenido a la hora de incrementar y garantizar el bienestar de las sociedades, y la relevancia que sin duda tienen que tener en el futuro para mantener el Estado social. Conviene, en cualquier caso, no identificar productividad con competitividad. Ser más competitivos no implica ser más productivos. La competitividad es un concepto relativo. Se refiere siempre a otro. Competir es cosa al menos de dos. Todos los países pueden hacerse al mismo tiempo más productivos (producir más cosas con idénticos medios u obtener lo mismo con menores recursos), pero todos no pueden hacerse a la vez más competitivos. Un país gana competitividad a condición de que otros la pierdan. La competitividad no tiende a hacer más grande el pastel, tan solo a quitarle un trozo al vecino. Se puede ganar competitividad incrementando la productividad, pero cuando este incremento no se produce, los gobiernos suelen acudir a la reducción de costes, que la mayoría de las veces se concreta en la contención de los salarios.

Ya se ha señalado cómo desde 1950 hay dos etapas bien definidas en Europa y, por ende, en España. De 1950 a 1980, y de 1980  a 2013, siendo el crecimiento de la renta y de la productividad mucho más alto en la primera que en la segunda. Y aun dentro de esta última el proceso va siendo descendente según nos acercamos al momento actual. Habrá que preguntarse si la razón de tal desaceleración, que contradice la tendencia histórica, no radica en la aceptación con carácter general de la globalización en la economía.

En España se produce un fenómeno hasta cierto punto curioso. Durante las crisis, a medida que van aumentando las cifras de paro, se incrementan también las tasas de productividad. La explicación radica en que los despidos comienzan por los empleos más precarios y de baja productividad. Lógicamente, la media se eleva. En la recuperación económica el proceso se invierte, los empleos que se crean son, por término medio, progresivamente peores y, por lo tanto, la media desciende.

En los momentos actuales la economía española se enfrenta a una encrucijada sin duda difícil y problemática. Tras la recesión, las desorbitadas cifras de paro se han ido corrigiendo, pero han dejado una grave mácula, las reducidas tasas de productividad, negativas en 2018 y todo indica que también lo va a ser en el presente año. Ello revela que el empleo que se está creando es de muy baja calidad, lo que se traduce en condiciones laborales desfavorables y retribuciones reducidas. La actividad económica ha entrado en un proceso de desaceleración y la tasa de paro es aún elevada. El próximo gobierno se va a encontrar ante una alternativa difícil de despejar, tanto más difícil cuanto que en ese ejecutivo no van a abundar los conocimientos económicos. Si no se cambia el modelo de crecimiento -lo cual no es sencillo dentro de la Unión Europea-, habrá que renunciar o bien a subir los salarios o bien a la creación de empleo.

Republica.com 6-12-2019